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LEGISLACION GENERAL
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P02 Oficina 235
Of. Administrativa: Piso P02 Oficina 234
Secretario Administrativo DR. TRIANTAFILO GUILLERMO
Miércoles 16.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 60752246 Internos 2246
clgeneral@hcdn.gob.ar
- LEGISLACION GENERAL
Reunión del día 02/09/2010
- .
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los dos días del mes de septiembre de 2010, a la hora 10 y 29:
SRA. PRESIDENTA IBARRA Damos comienzo a la reunión de la Comisión de Legislación General. En el temario de hoy tenemos diez proyectos de ley -presentados en distintas épocas y por distintos bloques- vinculados con la regulación de venta de tierras a extranjeros. Esos proyectos son de autoría de los señores diputados Solanas -mandato cumplido-, Benas, Basteiro, Susana García, Conti, Orsolini, Cuccovillo, Rodolfo Fernández, Carrió y Bertone.
La idea es que hoy los autores presenten sus proyectos y expliquen sus fundamentos.
También les quiero comentar que tenemos algunos problemas en relación con el giro de estas iniciativas, tal como conversábamos recién con la señora diputada Benas, puesto que la mayoría de los proyectos han sido girados a esta Comisión de Legislación General y a la de Asuntos Constitucionales, otros han sido girados también a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y otros han sido girados también a la Comisión de Agricultura y Ganadería. Por este motivo, vamos a hablar entre los cuatro presidentes de estas comisiones para decidir la unificación de giro de estos diez expedientes.
Como dije, la idea es hacer hoy una presentación de las propuestas y pasarlas inmediatamente a asesores para su tratamiento técnico a fin de obtener consenso para tratarlas rápidamente en el recinto.
Tiene la palabra el señor diputado Erro.
La idea es que hoy los autores presenten sus proyectos y expliquen sus fundamentos.
También les quiero comentar que tenemos algunos problemas en relación con el giro de estas iniciativas, tal como conversábamos recién con la señora diputada Benas, puesto que la mayoría de los proyectos han sido girados a esta Comisión de Legislación General y a la de Asuntos Constitucionales, otros han sido girados también a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y otros han sido girados también a la Comisión de Agricultura y Ganadería. Por este motivo, vamos a hablar entre los cuatro presidentes de estas comisiones para decidir la unificación de giro de estos diez expedientes.
Como dije, la idea es hacer hoy una presentación de las propuestas y pasarlas inmediatamente a asesores para su tratamiento técnico a fin de obtener consenso para tratarlas rápidamente en el recinto.
Tiene la palabra el señor diputado Erro.
SR. ERRO Antes de dar tratamiento a este tema tan importante, quiero hacer un pedido. Hace dos reuniones pedimos el tratamiento de varios temas que son de interés del bloque de la Unión Cívica Radical. Nos gustaría acordar con ustedes su tratamiento; de lo contrario, tendremos que hacer una presentación por escrito peticionando el tratamiento de esos temas.
SRA. PRESIDENTA IBARRA Señor diputado: en reuniones anteriores habíamos hecho un planteo en el sentido de que todos los bloques iban a presentar propuestas de tratamiento de distintos proyectos.
De hecho, se hizo una agenda en función de los temas más pedidos. La idea era tratar en primer lugar el tema de los trabajadores de las empresas recuperadas, que tuvo fuerte consenso la semana anterior y lo estamos tratando en asesores. Hoy está en tratamiento el tema de la extranjerización de tierras. Y tenemos una lista de pedidos de tratamiento de distintas cuestiones.
La idea es juntarnos en la mesa de la comisión y armar una agenda. Otra cuestión cuyo tratamiento se ha solicitado es el de la adopción, que es un tema importante que tenemos pendiente.
Por eso, propongo que entre todos los bloques elaboremos una agenda con todos los temas para tratar de acá a fin de año.
De hecho, se hizo una agenda en función de los temas más pedidos. La idea era tratar en primer lugar el tema de los trabajadores de las empresas recuperadas, que tuvo fuerte consenso la semana anterior y lo estamos tratando en asesores. Hoy está en tratamiento el tema de la extranjerización de tierras. Y tenemos una lista de pedidos de tratamiento de distintas cuestiones.
La idea es juntarnos en la mesa de la comisión y armar una agenda. Otra cuestión cuyo tratamiento se ha solicitado es el de la adopción, que es un tema importante que tenemos pendiente.
Por eso, propongo que entre todos los bloques elaboremos una agenda con todos los temas para tratar de acá a fin de año.
SR. ERRO Señora presidenta: hago este planteo porque todos sabemos que si pasan dos años desde la presentación de los proyectos y éstos no se trataron, se caen, y realmente es una pena porque todos los asuntos son importantes.
SRA. PRESIDENTA IBARRA Por eso mi propuesta es elaborar una agenda en función de los pedidos de los distintos bloques. Además de los proyectos que tenemos en tratamiento, se ha solicitado la consideración de varias iniciativas sobre diversos temas.
Entonces, veamos cuáles son las prioridades, porque lo cierto es que vamos a tener que fijarnos prioridades. Si les parece bien, lo podemos decidir en la próxima reunión de comisión.
Señor diputado Erro: ¿usted se refiere a las dos transferencias?
Entonces, veamos cuáles son las prioridades, porque lo cierto es que vamos a tener que fijarnos prioridades. Si les parece bien, lo podemos decidir en la próxima reunión de comisión.
Señor diputado Erro: ¿usted se refiere a las dos transferencias?
SR. ERRO No; me estoy refiriendo a varios temas.
SRA. PRESIDENTA IBARRA Porque con respecto a las dos transferencias, se están pidiendo los informes pertinentes.
Volviendo al tema de hoy, que es la regulación de venta de tierras a extranjeros, los autores de proyectos sobre este tema que se encuentran presentes son los señores diputados Benas, Orsolini, Carrió y Conti, y está llegando el señor diputado Basteiro.
Tiene la palabra la señora diputada Benas.
Volviendo al tema de hoy, que es la regulación de venta de tierras a extranjeros, los autores de proyectos sobre este tema que se encuentran presentes son los señores diputados Benas, Orsolini, Carrió y Conti, y está llegando el señor diputado Basteiro.
Tiene la palabra la señora diputada Benas.
SR. BENAS Habida cuenta de que se ha presentado una importante cantidad de iniciativas sobre el mismo tema, para presentar el proyecto me parece importante destacar cuáles son los puntos esenciales que la iniciativa de mi autoría intenta abordar.
Básicamente mi proyecto intenta proteger los inmuebles rurales que están localizados fuera de los ejidos urbanos y que abarcan una unidad económica de producción. Sé que no en todas las provincias está definida la medida de la unidad económica de producción, pero es un criterio que está definido en el Código Civil y me interesa considerarlo, tanto en este tema como en otros que he abordado.
La intención también es destacar la protección de aquellos inmuebles que contengan o se extiendan sobre cursos de agua, fuentes de agua subterráneas o superficiales, bosques nativos, áreas protegidas, los declarados de interés cultural, y también -esto es de la mayor importancia- aquellos ubicados en zonas de seguridad de frontera.
Creo que con estas precisiones podemos avanzar en la restricción a la adquisición de estos inmuebles por parte de personas físicas, jurídicas o empresas extranjeras, o de empresas localizadas aquí pero cuya titularidad tenga domicilio en el extranjero.
Como les comentaba, hago un detallado análisis de cuáles serían los sujetos alcanzados por esta norma -creo que podemos compatibilizarlo con otros proyectos- y exceptúo a los sujetos extranjeros que tengan más de diez años de residencia en nuestro país, entendiendo que no serían aplicables las mismas condiciones que planteo en forma general.
Avanzar con una norma de este tipo es la respuesta concreta que tenemos que dar en defensa de la soberanía de nuestro país. Nosotros entendemos que el suelo no es sólo un recurso natural sino también un constituyente esencial de la identidad nacional.
La verdad es que en la década del 90 el proceso de extranjerización de tierras ha sido muy preocupante. En muchas zonas de nuestro país algunos millonarios extranjeros muy famosos han comprado enormes extensiones de tierra, lo que a mi entender genera una seria amenaza a los conceptos de soberanía nacional que tenemos la obligación de proteger.
No quiero extenderme mucho más en mi exposición dado que son muchos los proyectos a presentar. Tengo voluntad de compatibilizar mi propuesta con la de otros legisladores, entendiendo que a todos nos une el mismo interés de proteger el territorio argentino.
Nosotros queremos que los argentinos sean los propietarios de nuestro suelo, sobre todo en aquellas áreas donde de ninguna manera podemos permitir que sean extranjeros los que tengan el dominio de las tierras; me refiero fundamentalmente a las zonas de frontera, porque tienen que ver con la seguridad nacional.
Y con el mismo énfasis digo lo siguiente: con respecto a las zonas ocupadas por bosques nativos o que contengan agua -que es un recurso vital y estratégico-, como ocurre en muchos lugares del sur de nuestro país, deberíamos resguardar de manos extranjeras estos bienes de todos.
Básicamente mi proyecto intenta proteger los inmuebles rurales que están localizados fuera de los ejidos urbanos y que abarcan una unidad económica de producción. Sé que no en todas las provincias está definida la medida de la unidad económica de producción, pero es un criterio que está definido en el Código Civil y me interesa considerarlo, tanto en este tema como en otros que he abordado.
La intención también es destacar la protección de aquellos inmuebles que contengan o se extiendan sobre cursos de agua, fuentes de agua subterráneas o superficiales, bosques nativos, áreas protegidas, los declarados de interés cultural, y también -esto es de la mayor importancia- aquellos ubicados en zonas de seguridad de frontera.
Creo que con estas precisiones podemos avanzar en la restricción a la adquisición de estos inmuebles por parte de personas físicas, jurídicas o empresas extranjeras, o de empresas localizadas aquí pero cuya titularidad tenga domicilio en el extranjero.
Como les comentaba, hago un detallado análisis de cuáles serían los sujetos alcanzados por esta norma -creo que podemos compatibilizarlo con otros proyectos- y exceptúo a los sujetos extranjeros que tengan más de diez años de residencia en nuestro país, entendiendo que no serían aplicables las mismas condiciones que planteo en forma general.
Avanzar con una norma de este tipo es la respuesta concreta que tenemos que dar en defensa de la soberanía de nuestro país. Nosotros entendemos que el suelo no es sólo un recurso natural sino también un constituyente esencial de la identidad nacional.
La verdad es que en la década del 90 el proceso de extranjerización de tierras ha sido muy preocupante. En muchas zonas de nuestro país algunos millonarios extranjeros muy famosos han comprado enormes extensiones de tierra, lo que a mi entender genera una seria amenaza a los conceptos de soberanía nacional que tenemos la obligación de proteger.
No quiero extenderme mucho más en mi exposición dado que son muchos los proyectos a presentar. Tengo voluntad de compatibilizar mi propuesta con la de otros legisladores, entendiendo que a todos nos une el mismo interés de proteger el territorio argentino.
Nosotros queremos que los argentinos sean los propietarios de nuestro suelo, sobre todo en aquellas áreas donde de ninguna manera podemos permitir que sean extranjeros los que tengan el dominio de las tierras; me refiero fundamentalmente a las zonas de frontera, porque tienen que ver con la seguridad nacional.
Y con el mismo énfasis digo lo siguiente: con respecto a las zonas ocupadas por bosques nativos o que contengan agua -que es un recurso vital y estratégico-, como ocurre en muchos lugares del sur de nuestro país, deberíamos resguardar de manos extranjeras estos bienes de todos.
SRA. PRESIDENTA IBARRA Tiene la palabra la señora diputada Carrió.
SRA. CARRIÓ Voy a tratar de ser muy breve, señora presidenta. Luego de la crisis de 2001 tuve oportunidad de estar en México; recuerdo que fue en marzo de 2002. Allí todos los carteles y propagandas decían: "Argentina de remate". Lo que se proponía en ese momento era comprar tierras en la Argentina, atento a lo que estaba sucediendo, para prácticamente apoderarse del bien más valioso. Recordemos que en aquel momento nuestro país atravesaba una situación de extrema gravedad.
Cuando regresamos, estuvimos reunidos con la gente de la Federación Agraria; recuerdo que en ese momento tenía mejor relación con Bussi que la que tengo ahora. Justamente me tocó a mí presentar este proyecto, que después continúa Susana García cuando dejo de ser diputada y que obviamente tienen otros diputados del ARI, como la diputada Benas, de Santa Fe, quien ingresó en mi lista cuando yo era candadita a presidenta por el partido que fundé. Y por supuesto el diputado Orsolini, como representante de la Federación Agraria, tiene el derecho indisputable de presentar ese proyecto de origen, que fue del ARI y de la Federación Agraria.
Pero creo que la situación se ha agravado. En ese momento la preocupación era el tema de la extranjerización; no la compra de tierras por parte de los extranjeros residentes sino la compra por fondos de inversión de extranjeros no residentes en la Argentina. Es importante aclarar esto, porque hay mucha gente extranjera que reside en nuestro país y que hoy tiene tierras. Esto está absolutamente garantizado.
El problema son los fondos de inversión y las sociedades, es decir, fondos de inversión con origen en Gran Caimán y sobre todo las sociedades uruguayas que muchas veces lavan dinero de corrupción en la Argentina. La situación es muy clara: cuando uno va por distintas provincias, como la de Buenos Aires, a uno le dicen "este campo es de fulano o de mengano" -generalmente se trata de personas muy vinculadas con la política-, pero cuando uno va a buscar las sociedades, advierte que son uruguayas.
Es decir que el problema no es sólo la extranjerización sino el lavado de dinero por corrupción a través de la compra de tierras.
De modo que el hecho de que existan sociedades anónimas y éstas sean nominativas -es decir, que la Argentina sepa quiénes son los propietarios extranjeros, que pueden ser no residentes siempre que algunos sean residentes y otros argentinos- es decisivamente importante en la lucha contra la corrupción en el país, porque ahí van a salir los hombres de palo; y cuando salgan los hombres de palo en las acciones nominativas se va a poder saber quién es el real dueño de la tierra.
En la década del 90 nosotros también investigamos un caso en la provincia de Buenos Aires donde un primer ministro de Malasia compró grandes extensiones de tierra. No tengo información para conocer si esto se corresponde con lo que se ha comprado en la Cordillera. Pero nosotros tenemos los testimonios de quienes cuidaban ese campo y cómo también venía el lavado de la corrupción de gobiernos corruptos de países extranjeros.
Pero creo que ahora la situación se ha agravado, y me parece que todos los países, aun los más liberales, están tomando medidas muy restrictivas. Ustedes saben que los países desarrollados tienen muy bien reglamentado el tema de la tierra. En Suiza, por ejemplo, a nadie se le ocurre que la tierra puede tener la capacidad de disposición que tiene acá, así como tampoco en España, en Francia o en Estados Unidos. En ningún país civilizado existe este sistema de liberalidad absoluta en cuanto a la tierra, porque -como se dijo acá- también se juega una porción de soberanía.
¿Cuál es la mayor reserva de valor en el mundo que viene, sobre todo teniendo en cuenta que es un mundo en crisis? La mayor reserva de valor son la tierra y el agua. No es que toda la tierra del mundo sea importante. La más importante o la mayor reserva de valor es la tierra que tiene agua. En este sentido, el primer país, que incluso está muy por delante de Brasil, en condiciones óptimas, es Argentina.
En consecuencia, Argentina vendría a ser la vedette de la inversión mundial en materia de tierras y de agua, que son los dos commodities. En realidad, el commodity no es la tierra sino la soja y los cereales. Estos elementos junto con el agua -que va a ser el commoditie más valioso del mundo, como lo fue el petróleo en el siglo pasado- componen este acervo.
Como los intereses que genera la rentabilidad del capital no van a obtener mejor rentabilidad, la compra de la tierra está ligada a una producción y a una rentabilidad asegurada a través del oro verde por lo menos por cincuenta años en el mundo. Se trata de una rentabilidad asegurada a partir de la propiedad de la tierra, que es mucho más importante que la del petróleo; diría que incluso es mucho más importante que la de la otra vedette del mundo de hoy, que es el oro, donde nosotros también tenemos un sistema de saqueo absoluto, al estilo de Potosí, en materia de minería.
En consecuencia, no se trata de una restricción sólo en función de criterios nacionalistas y de soberanía popular, sino que en el mundo global se debe garantizar que esto no sea para el Estado argentino sino para los argentinos, y para los extranjeros que quieran residir o habitar en el suelo argentino, como dice el Preámbulo de la Constitución Nacional.
Es una definición estratégica. Por eso no importan las condiciones del consenso; importa que se avance en este tema. Hemos perdido diez años. Esta Comisión de Legislación General nunca ha puesto el tema en tratamiento, y menos todavía cuando yo lo intenté en 2005 y en 2007.
Creo que ahora hay condiciones para esto y tenemos que avanzar en este proyecto. Como dije, ya no se trata solamente de una cuestión en términos de nacionalismo o de soberanía en los términos del siglo XX, sino que se trata de una cuestión estratégica de cara al siglo XXI.
No se puede esperar más. Hoy China, como estado, está comprando grandes extensiones -a veces, estados- en el África. La necesidad de territorio para su propia población, la cantidad de dinero de que se dispone, va a exigir además medidas de protección para el pequeño propietario.
Es mentira que al pequeño propietario se lo va a poder proteger, incluso con esta ley, porque el precio de la tierra va a ser tan alto que, salvo una alta rentabilidad del campo -que es lo que estamos tratando de garantizar con las medidas en materia agropecuaria-, va a ser imposible que no venda. Hoy la venta de una pequeña propiedad de un campo puede asegurar la vida de tres generaciones, y puede no dar de comer a la presente generación.
Por otro lado, no se puede competir con este tipo de inversiones. Tengamos en cuenta que el excedente de dinero que hay en el mundo producto de operaciones de negocios como los del narcotráfico asciende a 500 mil billones.
La territorialización no es sólo de la inversión excedente por inversión. La territorialización es una política central del lavado de dinero del narcotráfico. Esto es especialmente importante en las zonas de frontera. Si yo territorializo y privatizo territorio, llega un momento en que ese territorio pasa a ser propiedad privada de testaferros de los sectores narcotraficantes y entonces las poblaciones de allí empiezan a tener el mando, e incluso la jurisdicción; es lo que se llama fuera de la ley, fuera del reglamento, fuera del pavimento -así lo llamaba en el régimen de las favelas, por ejemplo, un gran intelectual de la Universidad de San Pablo.
Me parece que es importante avanzar en esta cuestión, aun avanzando en lo que se pueda avanzar. Es una definición estratégica para el futuro de la Nación y puede ser tomada como una política de Estado para todos.
A lo que en su origen fue una política de protección a los pequeños propietarios, como era la propuesta de Federación Agraria, se sumó la nuestra, que en ese momento estábamos investigando el lavado de dinero por corrupción y queríamos saber quiénes eran los verdaderos propietarios. En este sentido, hoy estamos hablando del registro de propietarios de la tierra que va a existir.
Asimismo, el hecho de que quien compre la tierra deba justificar el origen de los fondos -aunque también lo tiene que hacer en los términos de la ley sobre lavado de dinero- es otro elemento que empieza a permitir que resguardemos lo único que nos queda.
El otro tema es el de los recursos de oro y plata, pero los bienes más valiosos para las generaciones posteriores de la Argentina son el agua y la tierra.
Nosotros hemos trabajado mucho en contra de extranjerizaciones concretas. Un caso típico e impresionante es el de Lewis, en Río Negro. En efecto, Lewis es propietario en Chile; es propietario del otro lado de la frontera, en la Argentina; es propietario en la costa, y además, tiene un aeropuerto privado al lado de las Malvinas.
En consecuencia, se darán cuenta de qué manera hay un esquema en donde primero es propiedad privada y después soberanía, al estilo de lo que fue el feudalismo. En realidad, la globalización va a ser una especie de gran poliarquía o nuevo feudalismo mundial. Esto es lo que hay que evitar, al igual que la compra de los esteros del Iberá, que están en manos privadas y se trata de la mayor reserva de agua dulce que tiene el mundo.
Entonces, no se trata de excluir ni de expulsar, pero sí de dar una regulación, porque de lo contrario el saqueo es escandaloso.
Cuando regresamos, estuvimos reunidos con la gente de la Federación Agraria; recuerdo que en ese momento tenía mejor relación con Bussi que la que tengo ahora. Justamente me tocó a mí presentar este proyecto, que después continúa Susana García cuando dejo de ser diputada y que obviamente tienen otros diputados del ARI, como la diputada Benas, de Santa Fe, quien ingresó en mi lista cuando yo era candadita a presidenta por el partido que fundé. Y por supuesto el diputado Orsolini, como representante de la Federación Agraria, tiene el derecho indisputable de presentar ese proyecto de origen, que fue del ARI y de la Federación Agraria.
Pero creo que la situación se ha agravado. En ese momento la preocupación era el tema de la extranjerización; no la compra de tierras por parte de los extranjeros residentes sino la compra por fondos de inversión de extranjeros no residentes en la Argentina. Es importante aclarar esto, porque hay mucha gente extranjera que reside en nuestro país y que hoy tiene tierras. Esto está absolutamente garantizado.
El problema son los fondos de inversión y las sociedades, es decir, fondos de inversión con origen en Gran Caimán y sobre todo las sociedades uruguayas que muchas veces lavan dinero de corrupción en la Argentina. La situación es muy clara: cuando uno va por distintas provincias, como la de Buenos Aires, a uno le dicen "este campo es de fulano o de mengano" -generalmente se trata de personas muy vinculadas con la política-, pero cuando uno va a buscar las sociedades, advierte que son uruguayas.
Es decir que el problema no es sólo la extranjerización sino el lavado de dinero por corrupción a través de la compra de tierras.
De modo que el hecho de que existan sociedades anónimas y éstas sean nominativas -es decir, que la Argentina sepa quiénes son los propietarios extranjeros, que pueden ser no residentes siempre que algunos sean residentes y otros argentinos- es decisivamente importante en la lucha contra la corrupción en el país, porque ahí van a salir los hombres de palo; y cuando salgan los hombres de palo en las acciones nominativas se va a poder saber quién es el real dueño de la tierra.
En la década del 90 nosotros también investigamos un caso en la provincia de Buenos Aires donde un primer ministro de Malasia compró grandes extensiones de tierra. No tengo información para conocer si esto se corresponde con lo que se ha comprado en la Cordillera. Pero nosotros tenemos los testimonios de quienes cuidaban ese campo y cómo también venía el lavado de la corrupción de gobiernos corruptos de países extranjeros.
Pero creo que ahora la situación se ha agravado, y me parece que todos los países, aun los más liberales, están tomando medidas muy restrictivas. Ustedes saben que los países desarrollados tienen muy bien reglamentado el tema de la tierra. En Suiza, por ejemplo, a nadie se le ocurre que la tierra puede tener la capacidad de disposición que tiene acá, así como tampoco en España, en Francia o en Estados Unidos. En ningún país civilizado existe este sistema de liberalidad absoluta en cuanto a la tierra, porque -como se dijo acá- también se juega una porción de soberanía.
¿Cuál es la mayor reserva de valor en el mundo que viene, sobre todo teniendo en cuenta que es un mundo en crisis? La mayor reserva de valor son la tierra y el agua. No es que toda la tierra del mundo sea importante. La más importante o la mayor reserva de valor es la tierra que tiene agua. En este sentido, el primer país, que incluso está muy por delante de Brasil, en condiciones óptimas, es Argentina.
En consecuencia, Argentina vendría a ser la vedette de la inversión mundial en materia de tierras y de agua, que son los dos commodities. En realidad, el commodity no es la tierra sino la soja y los cereales. Estos elementos junto con el agua -que va a ser el commoditie más valioso del mundo, como lo fue el petróleo en el siglo pasado- componen este acervo.
Como los intereses que genera la rentabilidad del capital no van a obtener mejor rentabilidad, la compra de la tierra está ligada a una producción y a una rentabilidad asegurada a través del oro verde por lo menos por cincuenta años en el mundo. Se trata de una rentabilidad asegurada a partir de la propiedad de la tierra, que es mucho más importante que la del petróleo; diría que incluso es mucho más importante que la de la otra vedette del mundo de hoy, que es el oro, donde nosotros también tenemos un sistema de saqueo absoluto, al estilo de Potosí, en materia de minería.
En consecuencia, no se trata de una restricción sólo en función de criterios nacionalistas y de soberanía popular, sino que en el mundo global se debe garantizar que esto no sea para el Estado argentino sino para los argentinos, y para los extranjeros que quieran residir o habitar en el suelo argentino, como dice el Preámbulo de la Constitución Nacional.
Es una definición estratégica. Por eso no importan las condiciones del consenso; importa que se avance en este tema. Hemos perdido diez años. Esta Comisión de Legislación General nunca ha puesto el tema en tratamiento, y menos todavía cuando yo lo intenté en 2005 y en 2007.
Creo que ahora hay condiciones para esto y tenemos que avanzar en este proyecto. Como dije, ya no se trata solamente de una cuestión en términos de nacionalismo o de soberanía en los términos del siglo XX, sino que se trata de una cuestión estratégica de cara al siglo XXI.
No se puede esperar más. Hoy China, como estado, está comprando grandes extensiones -a veces, estados- en el África. La necesidad de territorio para su propia población, la cantidad de dinero de que se dispone, va a exigir además medidas de protección para el pequeño propietario.
Es mentira que al pequeño propietario se lo va a poder proteger, incluso con esta ley, porque el precio de la tierra va a ser tan alto que, salvo una alta rentabilidad del campo -que es lo que estamos tratando de garantizar con las medidas en materia agropecuaria-, va a ser imposible que no venda. Hoy la venta de una pequeña propiedad de un campo puede asegurar la vida de tres generaciones, y puede no dar de comer a la presente generación.
Por otro lado, no se puede competir con este tipo de inversiones. Tengamos en cuenta que el excedente de dinero que hay en el mundo producto de operaciones de negocios como los del narcotráfico asciende a 500 mil billones.
La territorialización no es sólo de la inversión excedente por inversión. La territorialización es una política central del lavado de dinero del narcotráfico. Esto es especialmente importante en las zonas de frontera. Si yo territorializo y privatizo territorio, llega un momento en que ese territorio pasa a ser propiedad privada de testaferros de los sectores narcotraficantes y entonces las poblaciones de allí empiezan a tener el mando, e incluso la jurisdicción; es lo que se llama fuera de la ley, fuera del reglamento, fuera del pavimento -así lo llamaba en el régimen de las favelas, por ejemplo, un gran intelectual de la Universidad de San Pablo.
Me parece que es importante avanzar en esta cuestión, aun avanzando en lo que se pueda avanzar. Es una definición estratégica para el futuro de la Nación y puede ser tomada como una política de Estado para todos.
A lo que en su origen fue una política de protección a los pequeños propietarios, como era la propuesta de Federación Agraria, se sumó la nuestra, que en ese momento estábamos investigando el lavado de dinero por corrupción y queríamos saber quiénes eran los verdaderos propietarios. En este sentido, hoy estamos hablando del registro de propietarios de la tierra que va a existir.
Asimismo, el hecho de que quien compre la tierra deba justificar el origen de los fondos -aunque también lo tiene que hacer en los términos de la ley sobre lavado de dinero- es otro elemento que empieza a permitir que resguardemos lo único que nos queda.
El otro tema es el de los recursos de oro y plata, pero los bienes más valiosos para las generaciones posteriores de la Argentina son el agua y la tierra.
Nosotros hemos trabajado mucho en contra de extranjerizaciones concretas. Un caso típico e impresionante es el de Lewis, en Río Negro. En efecto, Lewis es propietario en Chile; es propietario del otro lado de la frontera, en la Argentina; es propietario en la costa, y además, tiene un aeropuerto privado al lado de las Malvinas.
En consecuencia, se darán cuenta de qué manera hay un esquema en donde primero es propiedad privada y después soberanía, al estilo de lo que fue el feudalismo. En realidad, la globalización va a ser una especie de gran poliarquía o nuevo feudalismo mundial. Esto es lo que hay que evitar, al igual que la compra de los esteros del Iberá, que están en manos privadas y se trata de la mayor reserva de agua dulce que tiene el mundo.
Entonces, no se trata de excluir ni de expulsar, pero sí de dar una regulación, porque de lo contrario el saqueo es escandaloso.
SRA. PRESIDENTA IBARRA Tiene la palabra el señor diputado Orsolini.
SR. ORSOLINI Señora presidenta: en primer lugar, agradezco la invitación que me cursaron para asistir a esta reunión.
En este tema voy a seguir la misma línea que han venido expresando las dos legisladoras preopinantes, diputadas Benas y Carrió.
Ustedes saben que tengo pertenencia sectorial, y específicamente provengo de la Federación Agraria Argentina. Esa entidad advirtió cómo se había concentrado la tierra en la década del 90, especialmente en manos de empresas o personas extranjeras, e hizo un relevamiento en los años 2000 y 2001 que nos indicó que alrededor de 7 millones de hectáreas -al menos hasta donde pudimos obtener información- estaban en manos extranjeras.
Así fue que hemos trabajado en este proyecto, que primero fue tomado por la señora diputada Carrió y luego continuado por otros diputados, a quienes les estamos totalmente agradecidos.
Por eso es realmente una satisfacción para nosotros que hoy tengamos varios proyectos sobre el tema y que la mayoría de ellos apunten a lo que todos queremos, que es cuidar el patrimonio de los argentinos y especialmente la soberanía, y además, cuidar nuestros recursos.
Acá estamos hablando, en primer término, del recurso primordial tierra, pero como bien decía hace instantes la señora diputada Carrió, ese recurso viene unido a una serie de cuestiones sumamente importantes. No es casualidad que muchos de estos capitales, cuya procedencia desconocemos, que tampoco sabemos si son legales o no, si son legítimos o no -algunos lo serán, pero otros habrá que investigarlos-, vengan a comprar tierras en la Argentina, algunos por medio de testaferros.
En algunos casos tenemos que reconocer que vienen a producir, pero también vienen a hacerlo en gran escala, agudizando así la concentración que hoy tenemos en la Argentina. Tengo muchos datos al respecto.
De acuerdo con la información que pudimos obtener -porque no hay un registro que nos brinde la información precisa-, hay alrededor de 24, 25 y hasta 27 millones de hectáreas en manos de extranjeros o de empresas extranjeras.
El otro día participé de un evento de biotecnología, al que asistió el ministro Domínguez, quien acababa de volver de una gira por China y por India. Él decía que en esos países, sobre todo en la India, le preguntaban cómo había que hacer para adquirir tierras en la Argentina, y que allá una hectárea de tierra vale 200 mil euros, mientras que en las zonas más ricas de la Argentina, una hectárea de tierra cuesta 20 mil dólares.
Ni hablemos de lo que cuesta en nuestras zonas; como ustedes saben, yo soy chaqueño.
Entonces, no es casualidad que hoy tengamos este avasallamiento de estos empresarios, de estas empresas o de estas personas, que -como se decía recién aquí- no sólo empiezan a querer adquirir la riqueza natural tierra sino también otras riquezas naturales estratégicas.
Recién la señora diputada Carrió mencionaba el tema de los esteros del Iberá. Quiero aclarar que a mí me tocó actuar personalmente en este tema -no sé si hay acá algún diputado de la provincia de Corrientes-, con el señor Douglas Tompkins. En esta misma sala, cuando yo presenté este proyecto estaban la médica que atendía la sala de primeros auxilios de la zona de los esteros del Iberá, el intendente de una localidad muy cercana a esa zona y una maestra de la escuela.
El campo que compra Douglas Tompkins en Corrientes, con gran parte de los esteros del Iberá, pertenecía a la firma Pérez Companc. En ese lugar vivían familias desde hacía más de cien años, es decir, tres generaciones. Vivían ahí, a la vera del estero, y jamás tuvieron inconvenientes; algunos ni siquiera hablaban el castellano porque únicamente se manejaban con el idioma guaraní. Esas familias jamás se adjudicaron el medio ambiente, como dice el señor Douglas Tompkins, que -entre comillas- es ecologista, está sembrando pinos y haciendo forestación y deforestación.
También sabemos que es propietario, o por lo menos accionista, de una firma que se llama Forestal Andina y que tiene muchas tierras en Chile.
Ese señor ha expulsado a todos los pobladores de los esteros del Iberá. Nos decía la médica que tuvieron que cerrar la sala de primeros auxilios porque alambró y levantó muros. Tenían que pedirle permiso a él para entrar y salir, cuando con la otra firma jamás habían tenido inconvenientes. Hizo todo eso con la excusa de que las familias que vivían allí estaban depredando la fauna del lugar, cuando lo único que hacían -como lo hicieron sus padres y sus abuelos- era matar una nutria de vez en cuando para poder comer.
Son personas que, con el mote de ecologistas, vienen y se instalan en nuestro país. Otro caso es el de Lewis -que también citó la señora diputada Carrió-, quien se instaló en Río Negro y prácticamente se adueñó del Lago Escondido. Recién ahora, luego de tres años de estar en la Justicia, se logró que abra un camino hacia el Lago Escondido, que es patrimonio de todos.
Luego de una pelea muy importante, por lo menos en Corrientes logramos que los esteros del Iberá se declaren patrimonio de los correntinos a fin de que no se pueda seguir avanzando sobre ellos.
Como ustedes saben, hoy tenemos la guerra por el petróleo, pero dentro de treinta o cuarenta años vamos a tener la guerra por el agua. Y la Argentina, conjuntamente con algunos otros países del Mercosur, tiene la mayor reserva de agua dulce del mundo, que es el Acuífero Guaraní.
En nuestro proyecto tenemos cuatro grandes definiciones o conceptos. Una de ellas es la definición de inmuebles rurales, es decir, qué es un inmuele rural. Otro concepto son los distintos tipos de requisitos o condiciones que establecemos para ser propietarios, que son muy similares. No le estamos cerrando la puerta a los extranjeros sino que estamos poniendo algunas condiciones y restricciones.
Otra definición es quién va a ser la autoridad de aplicación de la ley. Lógicamente va a ser el Estado, sin ninguna duda, y nosotros creemos que debe ser el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Y el cuarto concepto es la creación de un registro de productores y de propietarios de inmuebles rurales. Creemos que es imperiosa la necesidad de tener un registro, no sólo para saber quiénes son los propietarios extranjeros sino también para saber quiénes son los propietarios argentinos, porque tenemos un nivel de concentración monstruoso en la Argentina. Hoy realmente da pánico ver algunos números con los niveles de concentración que se están dando en todo sentido, y especialmente en la tierra.
Recién hablaban de los esteros del Iberá y del Lago Escondido, que son los casos más emblemáticos, pero también podemos decir que en la provincia de Catamarca una empresa norteamericana compró 117 mil hectáreas con 300 familias adentro e incluso con una iglesia, y se las está expulsando.
Entonces, creo que tenemos que avanzar con esta iniciativa. Este proyecto está para ser discutido y modificado, pero tenemos que avanzar en esta idea de poner un límite y una restricción a la extranjerización de la tierra.
También tenemos que trabajar respecto de la concentración de la tierra, no solo ya en manos de extranjeros sino también en manos nacionales, porque de lo contrario, lamentablemente vamos a terminar con lo que ya está pasando hoy acá: todo el interior del país viene a engrosar los cordones de pobreza de las grandes ciudades, tanto del conurbano bonaerense como de Rosario o de Córdoba. En mi provincia pasa lo mismo; hay un millón de habitantes en Chaco, y 500 mil están en Resistencia y en los dos o tres municipios satélites que existen allí.
Considero que la mejor forma de empezar a poner algún freno a estas cuestiones de concentración es avanzar con este tipo de legislación, y creo que así vamos a encontrar el camino que realmente los argentinos necesitamos andar para tener un país equilibrado como todos queremos, sobre todo quienes vivimos en el interior.
En este tema voy a seguir la misma línea que han venido expresando las dos legisladoras preopinantes, diputadas Benas y Carrió.
Ustedes saben que tengo pertenencia sectorial, y específicamente provengo de la Federación Agraria Argentina. Esa entidad advirtió cómo se había concentrado la tierra en la década del 90, especialmente en manos de empresas o personas extranjeras, e hizo un relevamiento en los años 2000 y 2001 que nos indicó que alrededor de 7 millones de hectáreas -al menos hasta donde pudimos obtener información- estaban en manos extranjeras.
Así fue que hemos trabajado en este proyecto, que primero fue tomado por la señora diputada Carrió y luego continuado por otros diputados, a quienes les estamos totalmente agradecidos.
Por eso es realmente una satisfacción para nosotros que hoy tengamos varios proyectos sobre el tema y que la mayoría de ellos apunten a lo que todos queremos, que es cuidar el patrimonio de los argentinos y especialmente la soberanía, y además, cuidar nuestros recursos.
Acá estamos hablando, en primer término, del recurso primordial tierra, pero como bien decía hace instantes la señora diputada Carrió, ese recurso viene unido a una serie de cuestiones sumamente importantes. No es casualidad que muchos de estos capitales, cuya procedencia desconocemos, que tampoco sabemos si son legales o no, si son legítimos o no -algunos lo serán, pero otros habrá que investigarlos-, vengan a comprar tierras en la Argentina, algunos por medio de testaferros.
En algunos casos tenemos que reconocer que vienen a producir, pero también vienen a hacerlo en gran escala, agudizando así la concentración que hoy tenemos en la Argentina. Tengo muchos datos al respecto.
De acuerdo con la información que pudimos obtener -porque no hay un registro que nos brinde la información precisa-, hay alrededor de 24, 25 y hasta 27 millones de hectáreas en manos de extranjeros o de empresas extranjeras.
El otro día participé de un evento de biotecnología, al que asistió el ministro Domínguez, quien acababa de volver de una gira por China y por India. Él decía que en esos países, sobre todo en la India, le preguntaban cómo había que hacer para adquirir tierras en la Argentina, y que allá una hectárea de tierra vale 200 mil euros, mientras que en las zonas más ricas de la Argentina, una hectárea de tierra cuesta 20 mil dólares.
Ni hablemos de lo que cuesta en nuestras zonas; como ustedes saben, yo soy chaqueño.
Entonces, no es casualidad que hoy tengamos este avasallamiento de estos empresarios, de estas empresas o de estas personas, que -como se decía recién aquí- no sólo empiezan a querer adquirir la riqueza natural tierra sino también otras riquezas naturales estratégicas.
Recién la señora diputada Carrió mencionaba el tema de los esteros del Iberá. Quiero aclarar que a mí me tocó actuar personalmente en este tema -no sé si hay acá algún diputado de la provincia de Corrientes-, con el señor Douglas Tompkins. En esta misma sala, cuando yo presenté este proyecto estaban la médica que atendía la sala de primeros auxilios de la zona de los esteros del Iberá, el intendente de una localidad muy cercana a esa zona y una maestra de la escuela.
El campo que compra Douglas Tompkins en Corrientes, con gran parte de los esteros del Iberá, pertenecía a la firma Pérez Companc. En ese lugar vivían familias desde hacía más de cien años, es decir, tres generaciones. Vivían ahí, a la vera del estero, y jamás tuvieron inconvenientes; algunos ni siquiera hablaban el castellano porque únicamente se manejaban con el idioma guaraní. Esas familias jamás se adjudicaron el medio ambiente, como dice el señor Douglas Tompkins, que -entre comillas- es ecologista, está sembrando pinos y haciendo forestación y deforestación.
También sabemos que es propietario, o por lo menos accionista, de una firma que se llama Forestal Andina y que tiene muchas tierras en Chile.
Ese señor ha expulsado a todos los pobladores de los esteros del Iberá. Nos decía la médica que tuvieron que cerrar la sala de primeros auxilios porque alambró y levantó muros. Tenían que pedirle permiso a él para entrar y salir, cuando con la otra firma jamás habían tenido inconvenientes. Hizo todo eso con la excusa de que las familias que vivían allí estaban depredando la fauna del lugar, cuando lo único que hacían -como lo hicieron sus padres y sus abuelos- era matar una nutria de vez en cuando para poder comer.
Son personas que, con el mote de ecologistas, vienen y se instalan en nuestro país. Otro caso es el de Lewis -que también citó la señora diputada Carrió-, quien se instaló en Río Negro y prácticamente se adueñó del Lago Escondido. Recién ahora, luego de tres años de estar en la Justicia, se logró que abra un camino hacia el Lago Escondido, que es patrimonio de todos.
Luego de una pelea muy importante, por lo menos en Corrientes logramos que los esteros del Iberá se declaren patrimonio de los correntinos a fin de que no se pueda seguir avanzando sobre ellos.
Como ustedes saben, hoy tenemos la guerra por el petróleo, pero dentro de treinta o cuarenta años vamos a tener la guerra por el agua. Y la Argentina, conjuntamente con algunos otros países del Mercosur, tiene la mayor reserva de agua dulce del mundo, que es el Acuífero Guaraní.
En nuestro proyecto tenemos cuatro grandes definiciones o conceptos. Una de ellas es la definición de inmuebles rurales, es decir, qué es un inmuele rural. Otro concepto son los distintos tipos de requisitos o condiciones que establecemos para ser propietarios, que son muy similares. No le estamos cerrando la puerta a los extranjeros sino que estamos poniendo algunas condiciones y restricciones.
Otra definición es quién va a ser la autoridad de aplicación de la ley. Lógicamente va a ser el Estado, sin ninguna duda, y nosotros creemos que debe ser el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Y el cuarto concepto es la creación de un registro de productores y de propietarios de inmuebles rurales. Creemos que es imperiosa la necesidad de tener un registro, no sólo para saber quiénes son los propietarios extranjeros sino también para saber quiénes son los propietarios argentinos, porque tenemos un nivel de concentración monstruoso en la Argentina. Hoy realmente da pánico ver algunos números con los niveles de concentración que se están dando en todo sentido, y especialmente en la tierra.
Recién hablaban de los esteros del Iberá y del Lago Escondido, que son los casos más emblemáticos, pero también podemos decir que en la provincia de Catamarca una empresa norteamericana compró 117 mil hectáreas con 300 familias adentro e incluso con una iglesia, y se las está expulsando.
Entonces, creo que tenemos que avanzar con esta iniciativa. Este proyecto está para ser discutido y modificado, pero tenemos que avanzar en esta idea de poner un límite y una restricción a la extranjerización de la tierra.
También tenemos que trabajar respecto de la concentración de la tierra, no solo ya en manos de extranjeros sino también en manos nacionales, porque de lo contrario, lamentablemente vamos a terminar con lo que ya está pasando hoy acá: todo el interior del país viene a engrosar los cordones de pobreza de las grandes ciudades, tanto del conurbano bonaerense como de Rosario o de Córdoba. En mi provincia pasa lo mismo; hay un millón de habitantes en Chaco, y 500 mil están en Resistencia y en los dos o tres municipios satélites que existen allí.
Considero que la mejor forma de empezar a poner algún freno a estas cuestiones de concentración es avanzar con este tipo de legislación, y creo que así vamos a encontrar el camino que realmente los argentinos necesitamos andar para tener un país equilibrado como todos queremos, sobre todo quienes vivimos en el interior.
SRA. PRESIDENTA IBARRA Tiene la palabra la señora diputada Conti.
SRA. CONTI Señora presidenta: a medida que los oradores seamos más, me parece que los nuevos argumentos van a ser menores. Creo que contamos con una base diagnóstica y una proposición de deseos muy compartidas.
Cuando presenté este proyecto de ley, yo era senadora de la Nación, y lo hice luego de mantener conversaciones con la Federación Agraria, que tenía preferencias por Lilita, no por mí (Risas.). Pero en realidad en aquel momento presenté otra iniciativa, porque el enfoque que se me planteaba hacía hincapié solamente en la unidad productiva agropecuaria, y yo quería ver el tema desde un punto de vista más amplio.
En aquel momento, entonces, consulté con técnicos de la Secretaría de Ambiente para que me ayudaran en la confección del proyecto, y al presentarlo esta última vez lo actualicé un poco.
No voy a describir las finalidades del régimen, los sujetos obligados o los alcances de la restricción por dos razones: primero, porque varios de ustedes lo enunciaron, y segundo, porque no son artículos inamovibles. Creo que hay que buscar el punto para colaborar con los objetivos que acá se han ido planteando. Por otra parte, no quiero ser reiterativa.
Conversando con el presidente de mi bloque, diputado Agustín Rossi, y como el ministro de Agricultura -el propio diputado Orsolini está pidiendo que esa cartera actúe como autoridad de aplicación- estuvo mencionando algo sobre la extranjerización en relación con una ley de arrendamiento, tendríamos que ver la posibilidad de escucharlo, así como también al doctor Bibiloni, a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de manera que nos actualicen lo que está ocurriendo.
Es verdad que hay mucha información y mucho material importante, pero cuando se dice "esto es de esto", lo que aparece en los papeles es exactamente lo que dijo la señora diputada Carrió.
Entonces, deberíamos analizar si dentro de la propuesta de trabajo y del cronograma estamos en condiciones de escuchar a los funcionarios mencionados, a cuyo efecto el presidente de nuestro bloque se pone a disposición de la señora presidenta para coordinar su comparecencia.
Cuando presenté este proyecto de ley, yo era senadora de la Nación, y lo hice luego de mantener conversaciones con la Federación Agraria, que tenía preferencias por Lilita, no por mí (Risas.). Pero en realidad en aquel momento presenté otra iniciativa, porque el enfoque que se me planteaba hacía hincapié solamente en la unidad productiva agropecuaria, y yo quería ver el tema desde un punto de vista más amplio.
En aquel momento, entonces, consulté con técnicos de la Secretaría de Ambiente para que me ayudaran en la confección del proyecto, y al presentarlo esta última vez lo actualicé un poco.
No voy a describir las finalidades del régimen, los sujetos obligados o los alcances de la restricción por dos razones: primero, porque varios de ustedes lo enunciaron, y segundo, porque no son artículos inamovibles. Creo que hay que buscar el punto para colaborar con los objetivos que acá se han ido planteando. Por otra parte, no quiero ser reiterativa.
Conversando con el presidente de mi bloque, diputado Agustín Rossi, y como el ministro de Agricultura -el propio diputado Orsolini está pidiendo que esa cartera actúe como autoridad de aplicación- estuvo mencionando algo sobre la extranjerización en relación con una ley de arrendamiento, tendríamos que ver la posibilidad de escucharlo, así como también al doctor Bibiloni, a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de manera que nos actualicen lo que está ocurriendo.
Es verdad que hay mucha información y mucho material importante, pero cuando se dice "esto es de esto", lo que aparece en los papeles es exactamente lo que dijo la señora diputada Carrió.
Entonces, deberíamos analizar si dentro de la propuesta de trabajo y del cronograma estamos en condiciones de escuchar a los funcionarios mencionados, a cuyo efecto el presidente de nuestro bloque se pone a disposición de la señora presidenta para coordinar su comparecencia.
SRA. PRESIDENTA IBARRA Gracias, diputada Conti.
Tiene la palabra el señor diputado Basteiro.
Tiene la palabra el señor diputado Basteiro.
SR. BASTEIRO Señora presidenta: como bien señalaba la señora diputada Conti, los argumentos que venimos escuchando son coincidentes en cuanto a los motivos que llevaron a cada uno de nosotros a presentar proyectos vinculados con la problemática de la extranjerización de la tierra.
Yo presenté un primer proyecto en septiembre de 2003. En aquel momento, convencido de que la historia no empieza cuando uno llega ni termina cuando uno se va, el proyecto presentado tenía el objetivo -como mencionaba recién la diputada Conti- de preservar el medio ambiente y los recursos naturales, y limitaba la compra de tierra por parte de extranjeros precisamente con el principal objetivo de preservar esos recursos naturales.
Existía un proyecto que ponía el eje principal en la unidad productiva rural, sobre la posibilidad de que también fuesen adquiridos por personas extranjeras.
En función de esto -precisamente recién planteé que la historia no comienza cuando uno llega ni termina cuando uno se va-, si vamos muy atrás en la historia del Parlamento argentino, ya Alfredo Palacios allá por la década del 20 se había puesto a trabajar en esta problemática. Palacios hace un viaje al norte argentino y a partir de ahí, viendo las condiciones de lo que era el proceso rural -principalmente en el norte de Santa Fe-, viene con esa idea y elabora un proyecto que intenta hacer una mejor distribución de la tierra en manos de argentinos, limitando la posibilidad de que caiga en intereses foráneos.
Mi proyecto de ley regula la compra de tierras ubicadas en zonas no urbanas. El tema principal es el siguiente: si estas tierras son compradas para algún emprendimiento productivo, la compra se permite -digamos, no entra en contradicción con los argumentos del propio proyecto-, pero sí se prohíbe la compra para personas extranjeras, sean éstas físicas o jurídicas. Incluso hay un largo listado de empresas o personas jurídicas con sede en el exterior y con menos de un 30 por ciento de capital extranjero. Toda empresa que tenga un porcentaje de capital extranjero mayor al 30 por ciento no estaría en condiciones de poder asumir la compra de tierras en la Argentina.
De todos modos, creo que no inventamos nada. Muchos de estos proyectos ya son legislación en otros países, especialmente en España y Estados Unidos. Cuando en el año 2003 presentamos el proyecto, estuvimos viendo la legislación de estos países y observamos que allí no solo es imposible comprar tierras -cientos, miles o millones de hectáreas, como sucede en la Argentina- sino que es imposible comprar una propiedad o un terreno para construir una casa si uno no es residente. Si uno es extranjero, para poder adquirir una propiedad en esos países tiene que residir en ellos, tener habilitadas cuentas bancarias, tener legalidad administrativa dentro de cada uno de esos países. En la Argentina nada de eso sucede. Hay una gran deficiencia en la legislación.
El tema empezó a tratarse nuevamente en 2002 -después de muchos años- al albor de lo que había sido la década del 90 y la devaluación de 2001, que abrió en forma aluvional la aparición de millonarios comprando cientos, miles o millones de hectáreas y kilómetros cuadrados en nuestro país.
Tengamos en cuenta que no fueron los diputados quienes descubrieron estos temas. Si nos remitimos a los archivos periodísticos veremos que los primeros que empezaron a exponer el conflicto claramente fueron muchos diarios y revistas especializados. Reconozco a la Federación Agraria como una de las organizaciones que desde hace mucho tiempo venía reclamando que nos metiéramos en este proyecto. Justamente en 2003 tuve la oportunidad de participar como orador en un panel sobre extranjerización de la tierra en un congreso de la Federación Agraria.
Lamentablemente tenemos que decir que no ha habido avances sostenibles, ni entre nosotros ni entre las organizaciones que proclamaban esto, porque los datos que hoy siguen apareciendo en los medios son los mismos que yo tengo desde 2004. En ese momento decíamos que había 16 millones ya vendidos y otros 15 en proceso de venta, y hoy seguimos repitiendo los mismos datos de 2004.
Tengo números precisos sobre lo que ocurre en Misiones, que creo vale la pena mencionar porque dan cuenta de la envergadura del conflicto y de dónde se están comprando esas tierras. En Misiones, un grupo chileno desembarcó en la selva misionera y compró 172 mil hectáreas para llevar adelante emprendimientos forestales; principalmente plantar pinos, en una zona en la que nada tiene que hacer el pino -lo que genera un impacto ambiental importante-, obviamente para la producción de pasta de celulosa, para la fabricación de papel. Este es un tema que tendríamos que tener en cuenta.
También sabemos lo que ocurrió en Santa Fe, donde Soros, bajo la firma Cresud, compró 400 mil hectáreas -aunque yo creo que a esta altura la cifra debe ser mayor.
Creo que deberíamos tener en cuenta estos casos para legislar rápidamente.
Solamente en 2004, en Entre Ríos se han vendido 150 mil hectáreas a nombre de empresas o emprendimientos extranjeros, sin tener en cuenta lo que había sucedido en la década del 90.
En Corrientes, particularmente en la zona del Iberá, 440 mil hectáreas fueron compradas por empresas o personas extranjeras.
En Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán y La Rioja, las tierras extranjerizadas suman 120 mil hectáreas. A fin del año pasado se estaban ofertando un millón y medio de hectáreas. En la zona de los Valles Calchaquíes había una gran finca de un millón y medio de hectáreas que había sido puesta a la venta; seguramente a esta altura ya ha sido comprada, porque este dato es de 2002.
En Catamarca se venden campos del tamaño de la isla Gran Malvina en apenas 8 dólares por hectárea. En el último año, en esa provincia se vendieron 100 mil hectáreas a un grupo holandés, y los operadores inmobiliarios tenían prevista la venta de un millón y medio de hectáreas.
En Salta hay dos millones y medio de hectáreas a la venta. Desde el año 2002 está en oferta la finca Jasimaná, en el corazón de la selva salteña, que tiene una superficie de un millón y medio de hectáreas.
En Chaco, la superficie extranjerizada llega a 500 mil hectáreas.
En Formosa, los campos en manos de empresas extranjeras suman 490 mil hectáreas.
En Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, un grupo de propietarios de tierras en las distintas provincias suman 3 millones y medio de hectáreas. Podríamos decir que allí están los más mediatizados, como Turner, Benetton y Lewis.
Lo que ocurre en Mendoza no es menor: 250 mil hectáreas -que equivalen a más de doce veces la superficie de la Capital Federal- fueron compradas por empresarios de Malasia. Ya hay 500 mil hectáreas en manos extranjeras y 800 mil en venta.
En San Luis sucede lo mismo.
En el caso de la provincia de San Juan, el 20 por ciento de su territorio está a la venta. Seguramente en aquellos años las tierras terminaron siendo adquiridas por las empresas mineras que hoy comenzaron las explotaciones.
Los datos son lo suficientemente complejos como para no seguir esperando. Si están dadas las condiciones y hay apoyo de la mayoría de los bloques, quizás podamos consensuar proyectos en común. Creo que hoy el objetivo principal es la defensa de los recursos naturales, principalmente el agua en la zona del Acuífero Guaraní, del Iberá y en los hielos del sur.
No seamos el único país de la región que no tiene una legislación al respecto. Uruguay, Brasil y Perú tienen legislación restrictiva para la compra de extranjeros no residentes y de empresas extranjeras, que son las que han desembarcado en los últimos años. Estas últimas, en poco tiempo no solo depredan el medio ambiente sino que también crean condiciones jurídicas de falta de soberanía, concretas y puntuales. En este sentido, varios señores diputados plantearon el caso de extranjeros que compran tierras de frontera; si bien esto está prohibido por la Constitución Nacional, sortean esa situación mediante testaferros.
Por lo expuesto, creo que tenemos que legislar rápidamente.
Yo presenté un primer proyecto en septiembre de 2003. En aquel momento, convencido de que la historia no empieza cuando uno llega ni termina cuando uno se va, el proyecto presentado tenía el objetivo -como mencionaba recién la diputada Conti- de preservar el medio ambiente y los recursos naturales, y limitaba la compra de tierra por parte de extranjeros precisamente con el principal objetivo de preservar esos recursos naturales.
Existía un proyecto que ponía el eje principal en la unidad productiva rural, sobre la posibilidad de que también fuesen adquiridos por personas extranjeras.
En función de esto -precisamente recién planteé que la historia no comienza cuando uno llega ni termina cuando uno se va-, si vamos muy atrás en la historia del Parlamento argentino, ya Alfredo Palacios allá por la década del 20 se había puesto a trabajar en esta problemática. Palacios hace un viaje al norte argentino y a partir de ahí, viendo las condiciones de lo que era el proceso rural -principalmente en el norte de Santa Fe-, viene con esa idea y elabora un proyecto que intenta hacer una mejor distribución de la tierra en manos de argentinos, limitando la posibilidad de que caiga en intereses foráneos.
Mi proyecto de ley regula la compra de tierras ubicadas en zonas no urbanas. El tema principal es el siguiente: si estas tierras son compradas para algún emprendimiento productivo, la compra se permite -digamos, no entra en contradicción con los argumentos del propio proyecto-, pero sí se prohíbe la compra para personas extranjeras, sean éstas físicas o jurídicas. Incluso hay un largo listado de empresas o personas jurídicas con sede en el exterior y con menos de un 30 por ciento de capital extranjero. Toda empresa que tenga un porcentaje de capital extranjero mayor al 30 por ciento no estaría en condiciones de poder asumir la compra de tierras en la Argentina.
De todos modos, creo que no inventamos nada. Muchos de estos proyectos ya son legislación en otros países, especialmente en España y Estados Unidos. Cuando en el año 2003 presentamos el proyecto, estuvimos viendo la legislación de estos países y observamos que allí no solo es imposible comprar tierras -cientos, miles o millones de hectáreas, como sucede en la Argentina- sino que es imposible comprar una propiedad o un terreno para construir una casa si uno no es residente. Si uno es extranjero, para poder adquirir una propiedad en esos países tiene que residir en ellos, tener habilitadas cuentas bancarias, tener legalidad administrativa dentro de cada uno de esos países. En la Argentina nada de eso sucede. Hay una gran deficiencia en la legislación.
El tema empezó a tratarse nuevamente en 2002 -después de muchos años- al albor de lo que había sido la década del 90 y la devaluación de 2001, que abrió en forma aluvional la aparición de millonarios comprando cientos, miles o millones de hectáreas y kilómetros cuadrados en nuestro país.
Tengamos en cuenta que no fueron los diputados quienes descubrieron estos temas. Si nos remitimos a los archivos periodísticos veremos que los primeros que empezaron a exponer el conflicto claramente fueron muchos diarios y revistas especializados. Reconozco a la Federación Agraria como una de las organizaciones que desde hace mucho tiempo venía reclamando que nos metiéramos en este proyecto. Justamente en 2003 tuve la oportunidad de participar como orador en un panel sobre extranjerización de la tierra en un congreso de la Federación Agraria.
Lamentablemente tenemos que decir que no ha habido avances sostenibles, ni entre nosotros ni entre las organizaciones que proclamaban esto, porque los datos que hoy siguen apareciendo en los medios son los mismos que yo tengo desde 2004. En ese momento decíamos que había 16 millones ya vendidos y otros 15 en proceso de venta, y hoy seguimos repitiendo los mismos datos de 2004.
Tengo números precisos sobre lo que ocurre en Misiones, que creo vale la pena mencionar porque dan cuenta de la envergadura del conflicto y de dónde se están comprando esas tierras. En Misiones, un grupo chileno desembarcó en la selva misionera y compró 172 mil hectáreas para llevar adelante emprendimientos forestales; principalmente plantar pinos, en una zona en la que nada tiene que hacer el pino -lo que genera un impacto ambiental importante-, obviamente para la producción de pasta de celulosa, para la fabricación de papel. Este es un tema que tendríamos que tener en cuenta.
También sabemos lo que ocurrió en Santa Fe, donde Soros, bajo la firma Cresud, compró 400 mil hectáreas -aunque yo creo que a esta altura la cifra debe ser mayor.
Creo que deberíamos tener en cuenta estos casos para legislar rápidamente.
Solamente en 2004, en Entre Ríos se han vendido 150 mil hectáreas a nombre de empresas o emprendimientos extranjeros, sin tener en cuenta lo que había sucedido en la década del 90.
En Corrientes, particularmente en la zona del Iberá, 440 mil hectáreas fueron compradas por empresas o personas extranjeras.
En Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán y La Rioja, las tierras extranjerizadas suman 120 mil hectáreas. A fin del año pasado se estaban ofertando un millón y medio de hectáreas. En la zona de los Valles Calchaquíes había una gran finca de un millón y medio de hectáreas que había sido puesta a la venta; seguramente a esta altura ya ha sido comprada, porque este dato es de 2002.
En Catamarca se venden campos del tamaño de la isla Gran Malvina en apenas 8 dólares por hectárea. En el último año, en esa provincia se vendieron 100 mil hectáreas a un grupo holandés, y los operadores inmobiliarios tenían prevista la venta de un millón y medio de hectáreas.
En Salta hay dos millones y medio de hectáreas a la venta. Desde el año 2002 está en oferta la finca Jasimaná, en el corazón de la selva salteña, que tiene una superficie de un millón y medio de hectáreas.
En Chaco, la superficie extranjerizada llega a 500 mil hectáreas.
En Formosa, los campos en manos de empresas extranjeras suman 490 mil hectáreas.
En Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, un grupo de propietarios de tierras en las distintas provincias suman 3 millones y medio de hectáreas. Podríamos decir que allí están los más mediatizados, como Turner, Benetton y Lewis.
Lo que ocurre en Mendoza no es menor: 250 mil hectáreas -que equivalen a más de doce veces la superficie de la Capital Federal- fueron compradas por empresarios de Malasia. Ya hay 500 mil hectáreas en manos extranjeras y 800 mil en venta.
En San Luis sucede lo mismo.
En el caso de la provincia de San Juan, el 20 por ciento de su territorio está a la venta. Seguramente en aquellos años las tierras terminaron siendo adquiridas por las empresas mineras que hoy comenzaron las explotaciones.
Los datos son lo suficientemente complejos como para no seguir esperando. Si están dadas las condiciones y hay apoyo de la mayoría de los bloques, quizás podamos consensuar proyectos en común. Creo que hoy el objetivo principal es la defensa de los recursos naturales, principalmente el agua en la zona del Acuífero Guaraní, del Iberá y en los hielos del sur.
No seamos el único país de la región que no tiene una legislación al respecto. Uruguay, Brasil y Perú tienen legislación restrictiva para la compra de extranjeros no residentes y de empresas extranjeras, que son las que han desembarcado en los últimos años. Estas últimas, en poco tiempo no solo depredan el medio ambiente sino que también crean condiciones jurídicas de falta de soberanía, concretas y puntuales. En este sentido, varios señores diputados plantearon el caso de extranjeros que compran tierras de frontera; si bien esto está prohibido por la Constitución Nacional, sortean esa situación mediante testaferros.
Por lo expuesto, creo que tenemos que legislar rápidamente.
SRA. PRESIDENTA IBARRA Muchas gracias, diputado Basteiro.
Tengo anotados a varios señores diputados que me han pedido la palabra. Como sé que algunos se tienen que retirar, quiero plantear lo siguiente. Propongo que elaboremos una propuesta de trabajo, porque creo que hay voluntad de los bloques para trabajar en los distintos expedientes, y a su vez esta Presidencia tiene la voluntad política de emitir dictamen para llevarlo al recinto.
Tengo anotados a varios señores diputados que me han pedido la palabra. Como sé que algunos se tienen que retirar, quiero plantear lo siguiente. Propongo que elaboremos una propuesta de trabajo, porque creo que hay voluntad de los bloques para trabajar en los distintos expedientes, y a su vez esta Presidencia tiene la voluntad política de emitir dictamen para llevarlo al recinto.
SRA. CARRIÓ ¿En qué tiempo?
SRA. PRESIDENTA IBARRA Ahora voy a ir haciendo la propuesta, que vamos a elaborar entre todos.
La idea que quiero proponer es la siguiente. Entre mañana y la semana que viene necesito resolver el problema de los giros. Me voy a comunicar con la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y los presidentes de las otras dos comisiones para que entre los cuatro lleguemos a un consenso para unificar el giro. A partir de allí se haría una reunión conjunta de asesores y después pasaríamos a la reunión conjunta de diputados.
El martes que viene esta comisión va a realizar la reunión de asesores, conjunta con las comisiones de Justicia y de Legislación del Trabajo, para tratar el tema de las empresas recuperadas.
La propuesta que hago, para que la evaluemos, es que el jueves que viene, una vez unificado el giro, hagamos una nueva reunión de diputados, ya conjunta, para escuchar -tal como lo propuso la señora diputada Conti- a los dos funcionarios mencionados y a alguna otra persona que se pueda proponer. Podemos invitar a especialistas, trabajadores y representantes de alguna asociación a fin de tener una reunión informativa.
El martes siguiente realizaríamos una reunión de asesores conjunta, y quizás de allí ya podemos sacar un dictamen.
Esta propuesta nos permitiría no bloquear el trabajo que estamos haciendo con el tema de las empresas recuperadas y poder ensamblar al mismo tiempo este asunto.
Entonces, la propuesta de esta Presidencia es la siguiente: unificar los giros, hacer una reunión informativa el jueves que viene, realizar una reunión conjunta de todos los asesores el otro martes y ver si podemos discutir el tema en conjunto el otro jueves. Pongo esta propuesta a consideración de la comisión.
La idea que quiero proponer es la siguiente. Entre mañana y la semana que viene necesito resolver el problema de los giros. Me voy a comunicar con la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y los presidentes de las otras dos comisiones para que entre los cuatro lleguemos a un consenso para unificar el giro. A partir de allí se haría una reunión conjunta de asesores y después pasaríamos a la reunión conjunta de diputados.
El martes que viene esta comisión va a realizar la reunión de asesores, conjunta con las comisiones de Justicia y de Legislación del Trabajo, para tratar el tema de las empresas recuperadas.
La propuesta que hago, para que la evaluemos, es que el jueves que viene, una vez unificado el giro, hagamos una nueva reunión de diputados, ya conjunta, para escuchar -tal como lo propuso la señora diputada Conti- a los dos funcionarios mencionados y a alguna otra persona que se pueda proponer. Podemos invitar a especialistas, trabajadores y representantes de alguna asociación a fin de tener una reunión informativa.
El martes siguiente realizaríamos una reunión de asesores conjunta, y quizás de allí ya podemos sacar un dictamen.
Esta propuesta nos permitiría no bloquear el trabajo que estamos haciendo con el tema de las empresas recuperadas y poder ensamblar al mismo tiempo este asunto.
Entonces, la propuesta de esta Presidencia es la siguiente: unificar los giros, hacer una reunión informativa el jueves que viene, realizar una reunión conjunta de todos los asesores el otro martes y ver si podemos discutir el tema en conjunto el otro jueves. Pongo esta propuesta a consideración de la comisión.
SR. ORSOLINI Si me permite, señora presidenta, quiero hacer una pregunta: ¿el jueves que viene también se trataría este tema o no? Como no pertenezco a esta comisión, me gustaría saberlo.
SRA. PRESIDENTA IBARRA Cada vez que tratemos este tema, voy a convocar a todos los autores de los proyectos. Además de que me lo impone el Reglamento, siempre es muy importante el aporte de los autores de los proyectos.
Si hay asentimiento, se procederá conforme a la propuesta de trabajo indicada por esta Presidencia.
Asentimiento.
Si hay asentimiento, se procederá conforme a la propuesta de trabajo indicada por esta Presidencia.
Asentimiento.
SRA. PRESIDENTA IBARRA Tiene la palabra el señor diputado Vega.
SR. VEGA Mi preocupación es muy concreta, señora presidenta. Quiero saber hasta qué punto podemos sancionar esta norma estando vigentes 58 tratados de promoción y protección de las inversiones extranjeras. Argentina es el país campeón en la firma de tratados de promoción y protección de las inversiones extranjeras, y en esos tratados ha delegado jurisdicción y ha declinado jurisdicción en el CIADI. Si nosotros tocamos un interés extranjero...
SRA. PRESIDENTA IBARRA Señor diputado Vega: la señora diputada Carrió le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
SR. VEGA Después se la voy a conceder, pero primero quiero terminar con mi idea. La señora diputada sabe que la respeto y la quiero.
Estos tratados de promoción y protección de las inversiones extranjeras son un plexo normativo en la Argentina que creo que la Comisión de Legislación General va a tener que mirar cuidadosamente para evitar la vergüenza que tenemos en este momento, dado que los argentinos tenemos demandas por 18 mil millones de dólares ante los tribunales del CIADI -que es el Banco Mundial- por haber violado estas normas. Estoy hablando de 58 tratados bilaterales de promoción y protección de las inversiones extranjeras.
Creo que al momento de analizar el proyecto, con el que indudablemente estamos todos de acuerdo, la comisión debería ver de qué manera no comprometemos los intereses del país estando vigentes estos tratados por decisión del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Les aclaro que estos tratados se renuevan cada diez años; fueron prorrogados y actualmente todos están en vigencia. Nosotros hemos presentado un proyecto -y aquí está el señor diputado Pais- que dice que este es un obstáculo para cualquier medida seria como la que se pretende con estos proyectos.
Insisto, señora presidenta, en que debemos mirar con cuidado este plexo normativo antes de tomar decisiones que neutralicen la política legislativa o que comprometan los intereses del país. Veamos cómo desarmar ese plexo normativo que hoy nos ata a los argentinos.
Con mucho gusto le cedo ahora la palabra a la señora diputada Carrió.
Estos tratados de promoción y protección de las inversiones extranjeras son un plexo normativo en la Argentina que creo que la Comisión de Legislación General va a tener que mirar cuidadosamente para evitar la vergüenza que tenemos en este momento, dado que los argentinos tenemos demandas por 18 mil millones de dólares ante los tribunales del CIADI -que es el Banco Mundial- por haber violado estas normas. Estoy hablando de 58 tratados bilaterales de promoción y protección de las inversiones extranjeras.
Creo que al momento de analizar el proyecto, con el que indudablemente estamos todos de acuerdo, la comisión debería ver de qué manera no comprometemos los intereses del país estando vigentes estos tratados por decisión del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Les aclaro que estos tratados se renuevan cada diez años; fueron prorrogados y actualmente todos están en vigencia. Nosotros hemos presentado un proyecto -y aquí está el señor diputado Pais- que dice que este es un obstáculo para cualquier medida seria como la que se pretende con estos proyectos.
Insisto, señora presidenta, en que debemos mirar con cuidado este plexo normativo antes de tomar decisiones que neutralicen la política legislativa o que comprometan los intereses del país. Veamos cómo desarmar ese plexo normativo que hoy nos ata a los argentinos.
Con mucho gusto le cedo ahora la palabra a la señora diputada Carrió.
SRA. PRESIDENTA IBARRA Tiene la palabra el señor diputado Pinedo, pero la señora diputada Carrió le pide una interrupción para efectuar una aclaración. ¿Se la concede, señor diputado Pinedo?
SR. PINEDO Sí, señora presidenta. Voy a ser más generoso que el señor diputado Vega. (Risas.)
SRA. PRESIDENTA IBARRA Para una interrupción tiene la palabra la señora diputada Carrió.
SRA. CARRIÓ Señora presidenta: me parece que el señor diputado Vega me tendría que haber preguntado, como jefa del bloque y autora del proyecto, si revisamos esos tratados. Y los revisamos, porque son tratados que vienen de la década del 90.
Aclaro que las leyes se aplican para el futuro y no son retroactivas.
La primera parte consiste en evitar lo que viene. No vamos a evitar lo que está. La segunda parte tiene que ser analizada cuando veamos qué hacemos con la tierra en el marco de la Constitución que tenemos, y lamento profundamente que no se me haya consultado si había revisado o no los tratados.
Aclaro que las leyes se aplican para el futuro y no son retroactivas.
La primera parte consiste en evitar lo que viene. No vamos a evitar lo que está. La segunda parte tiene que ser analizada cuando veamos qué hacemos con la tierra en el marco de la Constitución que tenemos, y lamento profundamente que no se me haya consultado si había revisado o no los tratados.
SRA. PRESIDENTA IBARRA Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Pinedo.
SR. PINEDO Señora presidenta: no voy a hacer una larga exposición sobre este tema, sino que simplemente quiero arrimar algunas sugerencias para su tratamiento, de manera de avanzar en la consideración del asunto.
Como mecanismo de análisis de este tema, en primer lugar deberíamos definir claramente cuáles son los intereses jurídicos que queremos proteger. Me parece que no es un interés jurídico legítimo atacar al diferente, al otro, al que no es de nuestro grupo, es decir, al extranjero. No solamente me parece que como criterio es bastante primitivo, sino que, además, claramente no está previsto en la Constitución.
Supongo que todos conocemos el artículo 20 de la Constitución Nacional, que establece que los extranjeros pueden poseer, comprar y vender bienes raíces. A su vez, el artículo 28 establece que las leyes que dicte el Congreso no pueden desnaturalizar las garantías constitucionales previstas en los artículos anteriores.
De manera que me parece importante, como metodología de trabajo, que definamos cuáles son los intereses jurídicos que queremos proteger, y entonces tomar medidas adecuadas a la protección de esos bienes jurídicos legítimos.
Algunas cosas no dependen de que uno sea extranjero o argentino. Por ejemplo, la depredación de los recursos naturales, la protección del medio ambiente o el tema del acceso a los bienes públicos, como los lagos o el mar. En efecto, pueden depredar tanto los argentinos como los extranjeros.
Entonces, si queremos detener la depredación, hagamos eso, pero no vayamos por el atajo del prejuicio y de la xenofobia.
Ahora bien, hay algunos aspectos que me parece que son valiosos y que deberían ser considerados. Por ejemplo, que haya un registro de propietarios extranjeros me parece útil, porque puede servir a la Nación para tomar políticas vinculadas con aspectos relevantes para la soberanía nacional, por ejemplo en temas de seguridad nacional.
Justificar el origen del dinero también me parece absolutamente relevante, útil y necesario en este rubro, que como dijo la señora diputada Carrió, es un rubro favorito para lavadores de dinero proveniente de delitos.
Asimismo, es importante la protección de los sectores de frontera, o como dice en su título un proyecto del señor diputado Vega, los "sectores de seguridad", que es un concepto más amplio, o "los sectores de interés cultural". Antes estaba previsto esto, creo que en una legislación dictada por un gobierno militar, aunque me parece que después se derogó; no estoy muy seguro. Me refiero a la prohibición de que los extranjeros compren tierras en la frontera.
Como mecanismo de análisis de este tema, en primer lugar deberíamos definir claramente cuáles son los intereses jurídicos que queremos proteger. Me parece que no es un interés jurídico legítimo atacar al diferente, al otro, al que no es de nuestro grupo, es decir, al extranjero. No solamente me parece que como criterio es bastante primitivo, sino que, además, claramente no está previsto en la Constitución.
Supongo que todos conocemos el artículo 20 de la Constitución Nacional, que establece que los extranjeros pueden poseer, comprar y vender bienes raíces. A su vez, el artículo 28 establece que las leyes que dicte el Congreso no pueden desnaturalizar las garantías constitucionales previstas en los artículos anteriores.
De manera que me parece importante, como metodología de trabajo, que definamos cuáles son los intereses jurídicos que queremos proteger, y entonces tomar medidas adecuadas a la protección de esos bienes jurídicos legítimos.
Algunas cosas no dependen de que uno sea extranjero o argentino. Por ejemplo, la depredación de los recursos naturales, la protección del medio ambiente o el tema del acceso a los bienes públicos, como los lagos o el mar. En efecto, pueden depredar tanto los argentinos como los extranjeros.
Entonces, si queremos detener la depredación, hagamos eso, pero no vayamos por el atajo del prejuicio y de la xenofobia.
Ahora bien, hay algunos aspectos que me parece que son valiosos y que deberían ser considerados. Por ejemplo, que haya un registro de propietarios extranjeros me parece útil, porque puede servir a la Nación para tomar políticas vinculadas con aspectos relevantes para la soberanía nacional, por ejemplo en temas de seguridad nacional.
Justificar el origen del dinero también me parece absolutamente relevante, útil y necesario en este rubro, que como dijo la señora diputada Carrió, es un rubro favorito para lavadores de dinero proveniente de delitos.
Asimismo, es importante la protección de los sectores de frontera, o como dice en su título un proyecto del señor diputado Vega, los "sectores de seguridad", que es un concepto más amplio, o "los sectores de interés cultural". Antes estaba previsto esto, creo que en una legislación dictada por un gobierno militar, aunque me parece que después se derogó; no estoy muy seguro. Me refiero a la prohibición de que los extranjeros compren tierras en la frontera.
SRA. BERTONE No; sigue vigente.
SR. PINEDO Si está vigente, entonces no sería una gran novedad.
Otro tema que me parece que no está en la discusión, pero que a partir de conversaciones con el señor diputado Vega entendíamos interesante que estuviera, es el de prohibir la propiedad por parte de Estados extranjeros, o por lo menos analizar ese aspecto.
Estados extranjeros o personas jurídicas con participación de Estados extranjeros, porque determinadas situaciones se someten a decisión soberana de otro lugar. No es lo mismo un ciudadano extranjero que un Estado extranjero; y en el futuro puede ser más notorio esto.
Me parece razonable que no puedan ser titulares de bienes raíces o de propiedades inmobiliarias sociedades que no están autorizadas o registradas para ejercer el comercio o desarrollar actividades en la Argentina.
Otro tema que me parece que no está en la discusión, pero que a partir de conversaciones con el señor diputado Vega entendíamos interesante que estuviera, es el de prohibir la propiedad por parte de Estados extranjeros, o por lo menos analizar ese aspecto.
Estados extranjeros o personas jurídicas con participación de Estados extranjeros, porque determinadas situaciones se someten a decisión soberana de otro lugar. No es lo mismo un ciudadano extranjero que un Estado extranjero; y en el futuro puede ser más notorio esto.
Me parece razonable que no puedan ser titulares de bienes raíces o de propiedades inmobiliarias sociedades que no están autorizadas o registradas para ejercer el comercio o desarrollar actividades en la Argentina.
SRA. PRESIDENTA IBARRA A continuación le voy a dar la palabra a los señores diputados Pais y Tunessi, y luego le cederé el uso de la palabra a la señora diputada Bertone y al señor diputado Fernández, que también son autores de proyectos y se acaban de incorporar a esta reunión.
Tiene la palabra el señor diputado Pais.
Tiene la palabra el señor diputado Pais.
SR. PAIS Señora presidenta: para complementar su propuesta justamente, y en función de las inquietudes del señor diputado Pinedo, me interesaría que en la citación también se incluya a la autoridad de aplicación del decreto 15.385/44, de zonas de frontera -creo que es la Secretaría de Seguridad Interior, pero a lo mejor debe ser una oficina técnica- para que nos informe. Seguramente el señor diputado Pinedo no conoce, porque la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires no es área de frontera, pero en el interior del país, en provincias...
SR. PINEDO Sí es área de frontera, marítima.
SR. PAIS ...como las de la Patagonia, al día de hoy sigue interviniendo para la adquisición de inmuebles, inclusive urbanos, la autoridad de aplicación de áreas de frontera; expresamente, supedita la autorización para la adquisición de inmuebles. Esto está vigente en este momento.
A mi juicio, evidentemente el bien jurídico protegido es el interés nacional. En eso enmarco soberanía nacional y el ejercicio por parte del Estado nacional y del pueblo de la Nación Argentina de todas las prerrogativas que en su territorio le manda la Constitución, sin interferencia; y si se considera que una desproporción en la dimensión de los inmuebles, en la capacidad de producción de esos inmuebles y en los bienes y recursos naturales que tienen esos inmuebles afecta ese interés nacional por manos extranjeras, ahí es donde tenemos que intervenir. Esto es lo que justifica el tratamiento de esta legislación.
También debemos tener en cuenta que la ley de defensa nacional, que incluso modificó el decreto de áreas de frontera, nos indica expresamente -y lo tenemos como derecho positivo vigente en la República Argentina- la conveniencia de que estén en manos de argentinos las propiedades ubicadas en territorios y áreas de frontera, que constituyen una gran parte del territorio nacional.
Por eso digo que el bien jurídico tutelado también está en cumplir esta normativa, que por deficiencias políticas y por aplicar un criterio muy laxo en su utilización fue vulnerada tremendamente. Les digo más: por lo que pude averiguar -espero que lo ratifiquen-, fue vulnerada fundamentalmente durante los años 1997 y 1998 -ni siquiera en toda la década del 90- y no en esta década. En determinadas épocas, algunos funcionarios fueron muy flexibles en las autorizaciones para la adquisición de inmuebles y de grandes propiedades en el territorio nacional.
Por otro lado, es cierto lo que plantea el señor diputado Vega en cuanto a los tratados de promoción y protección de las inversiones extranjeras, que evidentemente nos limitarían cualquier acción en relación con los inmuebles y las adquisiciones ya existentes. Pero a través de esos tratados nuestro país no ha renunciado a su potestad de legislar en la materia, cosa que es competencia del Congreso de la Nación, fundamentalmente por dos cuestiones. En primer lugar, porque estamos legislando sobre el régimen de propiedad en el marco del Código Civil, que ha sido delegado por las provincias al Congreso de la Nación; y segundo, porque en este Congreso tenemos la responsabilidad de legislar en materia de defensa y de seguridad nacional y estos proyectos apuntan precisamente a la preservación de nuestro territorio; no solo es un recurso natural de nuestro territorio sino que es el sustento físico de la Nación, del Estado y del pueblo de la República Argentina.
Creo que tenemos esa competencia plena y que eventualmente tendremos que analizar el tema de los tratados bilaterales de inversión, sabiendo incluso que la legislación va a tener que avanzar hacia adelante y que en todo caso tendremos que poner bajo un paraguas jurídico las situaciones de las inversiones ya existentes en virtud de esos tratados de inversiones bilaterales. A su vez, creemos que el Estado debe ir denunciando para después el día de mañana, con una adecuada preservación del interés nacional, legislar o tratar nuevamente con los distintos países un marco de inversiones más equitativo y menos flexible que el que tenemos hoy.
Entiendo que esta norma es absolutamente necesaria, positiva y urgente. Por eso pido que convoquemos también a la autoridad de aplicación del decreto de las zonas de frontera.
A mi juicio, evidentemente el bien jurídico protegido es el interés nacional. En eso enmarco soberanía nacional y el ejercicio por parte del Estado nacional y del pueblo de la Nación Argentina de todas las prerrogativas que en su territorio le manda la Constitución, sin interferencia; y si se considera que una desproporción en la dimensión de los inmuebles, en la capacidad de producción de esos inmuebles y en los bienes y recursos naturales que tienen esos inmuebles afecta ese interés nacional por manos extranjeras, ahí es donde tenemos que intervenir. Esto es lo que justifica el tratamiento de esta legislación.
También debemos tener en cuenta que la ley de defensa nacional, que incluso modificó el decreto de áreas de frontera, nos indica expresamente -y lo tenemos como derecho positivo vigente en la República Argentina- la conveniencia de que estén en manos de argentinos las propiedades ubicadas en territorios y áreas de frontera, que constituyen una gran parte del territorio nacional.
Por eso digo que el bien jurídico tutelado también está en cumplir esta normativa, que por deficiencias políticas y por aplicar un criterio muy laxo en su utilización fue vulnerada tremendamente. Les digo más: por lo que pude averiguar -espero que lo ratifiquen-, fue vulnerada fundamentalmente durante los años 1997 y 1998 -ni siquiera en toda la década del 90- y no en esta década. En determinadas épocas, algunos funcionarios fueron muy flexibles en las autorizaciones para la adquisición de inmuebles y de grandes propiedades en el territorio nacional.
Por otro lado, es cierto lo que plantea el señor diputado Vega en cuanto a los tratados de promoción y protección de las inversiones extranjeras, que evidentemente nos limitarían cualquier acción en relación con los inmuebles y las adquisiciones ya existentes. Pero a través de esos tratados nuestro país no ha renunciado a su potestad de legislar en la materia, cosa que es competencia del Congreso de la Nación, fundamentalmente por dos cuestiones. En primer lugar, porque estamos legislando sobre el régimen de propiedad en el marco del Código Civil, que ha sido delegado por las provincias al Congreso de la Nación; y segundo, porque en este Congreso tenemos la responsabilidad de legislar en materia de defensa y de seguridad nacional y estos proyectos apuntan precisamente a la preservación de nuestro territorio; no solo es un recurso natural de nuestro territorio sino que es el sustento físico de la Nación, del Estado y del pueblo de la República Argentina.
Creo que tenemos esa competencia plena y que eventualmente tendremos que analizar el tema de los tratados bilaterales de inversión, sabiendo incluso que la legislación va a tener que avanzar hacia adelante y que en todo caso tendremos que poner bajo un paraguas jurídico las situaciones de las inversiones ya existentes en virtud de esos tratados de inversiones bilaterales. A su vez, creemos que el Estado debe ir denunciando para después el día de mañana, con una adecuada preservación del interés nacional, legislar o tratar nuevamente con los distintos países un marco de inversiones más equitativo y menos flexible que el que tenemos hoy.
Entiendo que esta norma es absolutamente necesaria, positiva y urgente. Por eso pido que convoquemos también a la autoridad de aplicación del decreto de las zonas de frontera.
SRA. PRESIDENTA IBARRA Les quiero comentar que entre los giros no hay nada vinculado a Defensa.
Tiene la palabra el señor diputado Tunessi.
Tiene la palabra el señor diputado Tunessi.
SR. TUNESSI Sin perjuicio de que el bloque de la Unión Cívica Radical está de acuerdo con el procedimiento que se imprime al trámite y, en líneas generales, con el contenido de la legislación, se me ocurre que sería pertinente enfocarlo desde la lógica de un régimen regulatorio para la venta de tierras o la inversión en tierras por personas extranjeras. Existen distintas iniciativas, algunas restrictivas y otras de prohibición, y otras que hablan de una regulación particular para este tipo de inversiones.
Si lo enfocamos desde la lógica de la regulación, estamos reglamentando un derecho y de ninguna manera es incompatible con los artículos de la Constitución Nacional que se citaron ni con los tratados de promoción y protección de las inversiones extranjeras, a los que obviamente habrá que analizar.
De hecho, se formularía una legislación que establecería determinadas restricciones; sería una especie de marco regulatorio para el proceso de inversiones en materia de tierras. Enfocándolo de esa forma podremos sortear estas acechanzas que se plantean, como la cuestión de la constitucionalidad y, sobre todo, el tema de la inversión extranjera. Es decir que debería enfocarse como un marco regulatorio para la inversión en materia de tierras.
Desde ya que este tema tiene que ver con la soberanía, pero también con la soberanía alimentaria, con la concentración de la tierra -como se ha planteado acá-, con la posibilidad de la creación de un registro de productores -para que se sepa efectivamente qué, quién y cómo produce-, con la demografía, con la integración del territorio y con la idea de que ningún país renuncia a la posibilidad de planificar y de tener una visión estratégica respecto del manejo y desarrollo de su producción, su tierra y sus inversiones.
Entonces, no es una idea chauvinista de que queremos expulsar a los extranjeros como si fueran mala palabra. De hecho, la mayoría de los proyectos contempla que las iniciativas de tipo productivo con personas extranjeras radicadas en el país pueden desarrollarse, aunque sometidas a determinadas condiciones. Eso no se está impidiendo; simplemente se está regulando en qué condiciones se debe tener la tierra, para que no sea con fines especulativos.
Además, los números son inapelables: estamos hablando de entre 18 y 19 millones de hectáreas, muchas de ellas sin fines productivos y con tenencia puramente especulativa.
Un régimen regulatorio creo que sería el camino. Aliento que podamos avanzar en los plazos que la presidenta ha establecido, y expresamos nuestra total predisposición. Espero que lo podamos hacer con los asesores.
Y después tendremos que seguir trabajando para ya concretar una idea o una forma más específica que nos permita discutir a los diputados sobre un poco ideas más acabadas.
Si lo enfocamos desde la lógica de la regulación, estamos reglamentando un derecho y de ninguna manera es incompatible con los artículos de la Constitución Nacional que se citaron ni con los tratados de promoción y protección de las inversiones extranjeras, a los que obviamente habrá que analizar.
De hecho, se formularía una legislación que establecería determinadas restricciones; sería una especie de marco regulatorio para el proceso de inversiones en materia de tierras. Enfocándolo de esa forma podremos sortear estas acechanzas que se plantean, como la cuestión de la constitucionalidad y, sobre todo, el tema de la inversión extranjera. Es decir que debería enfocarse como un marco regulatorio para la inversión en materia de tierras.
Desde ya que este tema tiene que ver con la soberanía, pero también con la soberanía alimentaria, con la concentración de la tierra -como se ha planteado acá-, con la posibilidad de la creación de un registro de productores -para que se sepa efectivamente qué, quién y cómo produce-, con la demografía, con la integración del territorio y con la idea de que ningún país renuncia a la posibilidad de planificar y de tener una visión estratégica respecto del manejo y desarrollo de su producción, su tierra y sus inversiones.
Entonces, no es una idea chauvinista de que queremos expulsar a los extranjeros como si fueran mala palabra. De hecho, la mayoría de los proyectos contempla que las iniciativas de tipo productivo con personas extranjeras radicadas en el país pueden desarrollarse, aunque sometidas a determinadas condiciones. Eso no se está impidiendo; simplemente se está regulando en qué condiciones se debe tener la tierra, para que no sea con fines especulativos.
Además, los números son inapelables: estamos hablando de entre 18 y 19 millones de hectáreas, muchas de ellas sin fines productivos y con tenencia puramente especulativa.
Un régimen regulatorio creo que sería el camino. Aliento que podamos avanzar en los plazos que la presidenta ha establecido, y expresamos nuestra total predisposición. Espero que lo podamos hacer con los asesores.
Y después tendremos que seguir trabajando para ya concretar una idea o una forma más específica que nos permita discutir a los diputados sobre un poco ideas más acabadas.
SRA. PRESIDENTA IBARRA Muchas gracias, señor diputado Tunessi.
Tiene la palabra la señora diputada Bertone.
Tiene la palabra la señora diputada Bertone.
SRA. BERTONE Señora presidenta: antes que nada quiero aclarar que estaba esperando en mi despacho que se hiciera la hora de la reunión. Lamento haberme perdido esta discusión, siendo que tengo un proyecto...
SRA. PRESIDENTA IBARRA La Presidencia le pide disculpas si le llegó mal el horario de citación. Aparentemente fue un error.
SRA. BERTONE Lo digo por el interés que tengo sobre este tema. Como usted sabe, señora presidenta, durante el año 2002 -es decir, durante mi primer período como diputada-, presenté un proyecto en el que me acompañaron los entonces diputados Acavallo, Daher, Balduzzi, Baigorria, Conte Grand, Solanas, Cisterna, Canevarolo, Zúñiga y Lafalla. Eran diputados de distinta extracción política pero estaban preocupados por la extranjerización de la tierra ya en los años 2001 y 2002, sobre todo en la Patagonia. Recuerdo que en aquel momento había comentarios -muy fuertes, por cierto- que indicaban que las provincias argentinas iban a pagar deudas con tierras.
Ese proyecto de varios artículos, que he reproducido y ahora está contenido en el expediente 5679-d-2010, habla de la prohibición de enajenar o gravar bienes de dominio público o privado del Estado nacional o provincial. El proyecto prevé toda una reglamentación y un régimen jurídico para el caso de que se den esas situaciones, es decir, un régimen procesal.
Hoy, en función de lo que veo que están discutiendo y de los planteos formulados por los señores diputados preopinantes, rescato como lo más importante del proyecto al artículo 7º. Este artículo habla de las restricciones para la adquisición de propiedad privada impuesta en interés público para quienes pretendan adquirir recursos naturales, cualquiera sea su naturaleza, de bienes de dominio público o privado del Estado nacional o de estados provinciales, o bienes del dominio privado de los particulares, ya se trate de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que además de los regímenes generales que prevé nuestro régimen jurídico argentino, cumplan algunos requisitos más. Y estos requisitos son: la nacionalidad argentina del adquirente, el compromiso expreso de no producir externalidades negativas derivadas de las actividades inherentes a la explotación de los recursos naturales de que se trate y pagar en la República Argentina el precio de la operación de adquisición de los derechos que se adquieran.
En concordancia con lo que indicaba el señor diputado Tunessi, en el artículo 21 se prevén las siguientes excepciones: que la tierra sea afectada a extranjeros que exploten personal o familiarmente la tierra o tengan por finalidad la instalación de centros de investigación, de experimentación, de educación, de asentamiento de establecimientos destinados a la producción de bienes industriales o de servicios, o destinados a embajadas y delegaciones de terceros países, o sean utilizados para asentamientos residenciales.
Ese es el principal interés que conservo en cuanto al proyecto originario.
Lamento que el señor diputado Pinedo se haya retirado, porque mi proyecto también contempla en sus fundamentos la legislación comparada al respecto. En el 2002 había estudiado el tema con más profundidad. Por ejemplo, analizamos qué ocurría en otros lugares como España, Perú, México y República Checa. Este último es un ejemplo muy cercano, porque es lo que han previsto antes de ingresar a la Unión Europea. Y precisamente han previsto mantener las restricciones legales existentes para la propiedad de la tierra antes de la fecha de incorporación a la Unión Europea.
También consideramos lo que ocurre en Polonia, en Canadá y en Estados Unidos. La legislación de este último país dice claramente que ningún extranjero o persona que no sea ciudadano de los Estados Unidos o que no haya declarado su intención de convertirse en ciudadano de los Estados Unidos en el modo previsto por la ley, podrá adquirir títulos o poseer ninguna tierra en cualquiera de los territorios de los Estados Unidos, salvo disposición en contrario.
Me parece que esto va en consonancia con lo que decía el señor diputado País. El Congreso está habilitado para sancionar esta norma más allá de los tratados internacionales y de lo que la propia Constitución Nacional establece sobre la posibilidad de los extranjeros de comprar tierras. Creo que tenemos que dar un marco regulatorio a este tema.
En la Patagonia existe preocupación porque grandes extensiones de tierra han sido compradas por asociaciones que se dicen ambientalistas o protectoras del medio ambiente, que no solo compran tierras en nuestro país sino también Chile. Hasta hacen dudar del régimen de fronteras que tenemos y, sobre todo, en la cuestión de la defensa de la soberanía.
En ese sentido, estoy absolutamente sorprendida de que se haya puesto en tratamiento este tema. Me siento muy contenta, y lamento haberme perdido las exposiciones precedentes. Espero que realmente el Congreso argentino pueda debatir el proyecto en el recinto y sancionar una ley de esta naturaleza, que sería realmente relevante para nuestro país.
Ese proyecto de varios artículos, que he reproducido y ahora está contenido en el expediente 5679-d-2010, habla de la prohibición de enajenar o gravar bienes de dominio público o privado del Estado nacional o provincial. El proyecto prevé toda una reglamentación y un régimen jurídico para el caso de que se den esas situaciones, es decir, un régimen procesal.
Hoy, en función de lo que veo que están discutiendo y de los planteos formulados por los señores diputados preopinantes, rescato como lo más importante del proyecto al artículo 7º. Este artículo habla de las restricciones para la adquisición de propiedad privada impuesta en interés público para quienes pretendan adquirir recursos naturales, cualquiera sea su naturaleza, de bienes de dominio público o privado del Estado nacional o de estados provinciales, o bienes del dominio privado de los particulares, ya se trate de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que además de los regímenes generales que prevé nuestro régimen jurídico argentino, cumplan algunos requisitos más. Y estos requisitos son: la nacionalidad argentina del adquirente, el compromiso expreso de no producir externalidades negativas derivadas de las actividades inherentes a la explotación de los recursos naturales de que se trate y pagar en la República Argentina el precio de la operación de adquisición de los derechos que se adquieran.
En concordancia con lo que indicaba el señor diputado Tunessi, en el artículo 21 se prevén las siguientes excepciones: que la tierra sea afectada a extranjeros que exploten personal o familiarmente la tierra o tengan por finalidad la instalación de centros de investigación, de experimentación, de educación, de asentamiento de establecimientos destinados a la producción de bienes industriales o de servicios, o destinados a embajadas y delegaciones de terceros países, o sean utilizados para asentamientos residenciales.
Ese es el principal interés que conservo en cuanto al proyecto originario.
Lamento que el señor diputado Pinedo se haya retirado, porque mi proyecto también contempla en sus fundamentos la legislación comparada al respecto. En el 2002 había estudiado el tema con más profundidad. Por ejemplo, analizamos qué ocurría en otros lugares como España, Perú, México y República Checa. Este último es un ejemplo muy cercano, porque es lo que han previsto antes de ingresar a la Unión Europea. Y precisamente han previsto mantener las restricciones legales existentes para la propiedad de la tierra antes de la fecha de incorporación a la Unión Europea.
También consideramos lo que ocurre en Polonia, en Canadá y en Estados Unidos. La legislación de este último país dice claramente que ningún extranjero o persona que no sea ciudadano de los Estados Unidos o que no haya declarado su intención de convertirse en ciudadano de los Estados Unidos en el modo previsto por la ley, podrá adquirir títulos o poseer ninguna tierra en cualquiera de los territorios de los Estados Unidos, salvo disposición en contrario.
Me parece que esto va en consonancia con lo que decía el señor diputado País. El Congreso está habilitado para sancionar esta norma más allá de los tratados internacionales y de lo que la propia Constitución Nacional establece sobre la posibilidad de los extranjeros de comprar tierras. Creo que tenemos que dar un marco regulatorio a este tema.
En la Patagonia existe preocupación porque grandes extensiones de tierra han sido compradas por asociaciones que se dicen ambientalistas o protectoras del medio ambiente, que no solo compran tierras en nuestro país sino también Chile. Hasta hacen dudar del régimen de fronteras que tenemos y, sobre todo, en la cuestión de la defensa de la soberanía.
En ese sentido, estoy absolutamente sorprendida de que se haya puesto en tratamiento este tema. Me siento muy contenta, y lamento haberme perdido las exposiciones precedentes. Espero que realmente el Congreso argentino pueda debatir el proyecto en el recinto y sancionar una ley de esta naturaleza, que sería realmente relevante para nuestro país.
SRA. PRESIDENTA IBARRA Le reitero las disculpas del caso a la señora diputada Bertone, sobre todo atendiendo a la representación que tiene de su provincia, porque efectivamente me confirman por la Secretaría de la comisión que hubo una citación enviada por correo electrónico con horario de inicio para las 11 de la mañana.
Tiene la palabra el señor diputado Fernández, que entiendo debe haber tenido el mismo inconveniente, por lo que también le pido disculpas.
Tiene la palabra el señor diputado Fernández, que entiendo debe haber tenido el mismo inconveniente, por lo que también le pido disculpas.
SR. FERNÁNDEZ Señora presidenta: lo importante es que los señores diputados estamos tratando un tema que la Argentina necesita desde hace mucho tiempo. No se sabía por qué no se trataban en este Congreso los más de cincuenta proyectos presentados. Por eso, lo importante es que hayamos empezado su tratamiento.
En general, creo que todos pensamos lo mismo. Yo vengo de la provincia de Corrientes; vivo a 40 kilómetros de la frontera con Brasil y a 80 de la frontera con el Paraguay. Soy desarrollista y mi municipio está administrado por nosotros desde hace veinte años. Incentivamos la inversión privada, no somos xenófobos, pero sí queremos que los argentinos tengamos la última palabra.
Si bien hay reglamentaciones, como la ley de zona de seguridad de fronteras, la verdad es que la pasan por arriba, entre los escribanos y la falta de control. Sabemos que a diario los extranjeros compran incluso campos linderos con los países limítrofes. Se sabe públicamente, pero la verdad es que las autoridades de aplicación no hacen absolutamente nada.
Entonces, espero que lo que salga de acá se cumpla. De lo contrario, si sancionamos una ley que después no se cumple, vamos a estar en lo mismo.
Nosotros no venimos acá para estar en la televisión; venimos para dar soluciones al interior del país, porque tenemos que diferenciar la inversión genuina de la especulativa. La inversión genuina es la que viene a invertir y se queda en el país, y me refiero tanto al inversor extranjero como a sus socios argentinos. Les dan trabajo a los argentinos y permiten el desarrollo.
Nosotros tenemos 100 mil hectáreas forestadas con pinos y eucaliptus por empresas chilenas, pero están ahí y nosotros controlamos desde los municipios. Si se acoplan con la comunidad y colaboran con ella, mejor; si se aíslan y quieren hacer algo fuera de lugar, los denunciamos.
Entonces, una cosa es atraer la inversión privada y otra cosa es que vengan a pasarnos por arriba.
En segundo lugar, la soberanía y la seguridad nacional no son negociables. ¿Quién nos asegura -como decía la señora diputada Bertone- qué es lo que hacen con los campos en la Patagonia? Sabemos que muchos de los inversores extranjeros especulativos quieren tomar los recursos naturales.
En el año 2007 reformamos la Constitución provincial -yo fui diputado constituyente- y establecimos una cláusula según la cual ningún extranjero puede comprar tierras fiscales provinciales alrededor de los esteros del Iberá. Algunos inversores, incluso amigos, me decían "Ustedes pusieron un límite a la inversión extranjera". Yo digo que no, porque antes no estaba esa cláusula y tampoco venían a invertir los especuladores. Y les digo "¿Por qué vinieron ustedes? A plantar y a invertir en la forestación." Ustedes saben que hay una demora de 15 a 25 años para recuperar lo que uno invierte.
Entonces, muchas veces quieren hacer aparecer que cuando se habla de este tema ahuyentamos la inversión extranjera, pero no es así, porque ellos saben que la naturaleza que tenemos nosotros no se encuentra casi en ninguna parte del mundo y que las rentas de la Argentina, comparadas con las de otros países, son mayores.
Yo comparto también lo que dicen acá. Muchas veces ponemos como ejemplo a Estados Unidos y a algunos países de Europa, pero si un argentino va a comprar tierras a Europa o a Estados Unidos, no lo dejan; para hacerlo tiene que asociarse con un nacional. Por eso, me parece que muchos comentarios se hacen cuando uno está de un lado del mostrador y no del otro.
El proyecto que nosotros presentamos a pedido de la Federación de Cooperativas de Corrientes plantea casi lo mismo que las iniciativas de los demás colegas. Lo único que nosotros pedimos es un registro nacional de productores agropecuarios, nativos y extranjeros, y que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, junto con los ministerios provinciales, sean la autoridad de aplicación.
Lo que esperamos es que eso se cumpla, porque la verdad -y aquí está mi colega del Chaco que lo sabe- es que se compran tierras en la frontera y ninguna autoridad, ni provincial ni nacional, controla eso.
Yo pediría que tratemos de sacar una buena ley que tenga de todo un poco, que no ahuyente la inversión extranjera pero que la controle, sobre todo a la especulativa; a la genuina no, porque la genuina viene, invierte, se desarrolla y colabora con las comunidades. Uno se da cuenta enseguida de la diferencia.
Permanentemente se ponen como ejemplo las miles de hectáreas que se han comprado en las zonas más ricas de la Argentina. Muchas veces los inversores van con la plata en la mano e incentivan a los propietarios de cierta edad para que les vendan sus tierras. De manera que ahí también hay cómplices argentinos, que creen que con el dinero van a poder cambiar la idiosincrasia de los pueblos del interior. En eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de soberanía nacional no hay que declamarla sino que hay que ejercerla.
Nosotros únicamente quisimos colaborar; fuimos una vía de la Federación de Cooperativas de Corrientes, que integra Coninagro. Eso no quiere decir que hayamos presentado un proyecto que han elaborado ellos. Nosotros humildemente tratamos de volcar en el papel lo que conocemos, por lo menos, de nuestras zonas.
Por ejemplo, en Misiones -puedo decir esto porque vivo a 40 kilómetros del límite con esa provincia-, de 3 millones de hectáreas que tiene la provincia, un millón está en manos de extranjeros, y tiene una invasión de habitantes brasileños -una invasión pacífica, entre comillas- que cruzan el río Pepirí Guazú, que tiene 50 metros de ancho, talan el bosque natural y se lo llevan para el otro lado. Sin embargo, nadie controla eso.
Basta ver el mapa argentino para darse cuenta de que Misiones es una península. Entonces, me planteo lo siguiente: si de los 3 millones de hectáreas que tiene, un millón está en manos de extranjeros, a lo que se suman las papeleras que se encuentran allí, ¿qué país queremos?
Si bien hablamos de "nuestros hermanos" uruguayos, chilenos, brasileños o paraguayos, creo que también tenemos que poner un límite. Una cosa es la integración latinoamericana y otra cosa es dejar que cualquiera entre a nuestro país y haga lo que quiera, tanto con las inversiones especulativas como con la presión demográfica en las zonas de frontera.
El hecho de proponer que exista un registro de productores y propietarios de tierra para la agricultura, tanto nativos como extranjeros, no es coartar la libertad de compra de nadie. Siempre que se respeten las leyes argentinas, bienvenidos sean.
En general, creo que todos pensamos lo mismo. Yo vengo de la provincia de Corrientes; vivo a 40 kilómetros de la frontera con Brasil y a 80 de la frontera con el Paraguay. Soy desarrollista y mi municipio está administrado por nosotros desde hace veinte años. Incentivamos la inversión privada, no somos xenófobos, pero sí queremos que los argentinos tengamos la última palabra.
Si bien hay reglamentaciones, como la ley de zona de seguridad de fronteras, la verdad es que la pasan por arriba, entre los escribanos y la falta de control. Sabemos que a diario los extranjeros compran incluso campos linderos con los países limítrofes. Se sabe públicamente, pero la verdad es que las autoridades de aplicación no hacen absolutamente nada.
Entonces, espero que lo que salga de acá se cumpla. De lo contrario, si sancionamos una ley que después no se cumple, vamos a estar en lo mismo.
Nosotros no venimos acá para estar en la televisión; venimos para dar soluciones al interior del país, porque tenemos que diferenciar la inversión genuina de la especulativa. La inversión genuina es la que viene a invertir y se queda en el país, y me refiero tanto al inversor extranjero como a sus socios argentinos. Les dan trabajo a los argentinos y permiten el desarrollo.
Nosotros tenemos 100 mil hectáreas forestadas con pinos y eucaliptus por empresas chilenas, pero están ahí y nosotros controlamos desde los municipios. Si se acoplan con la comunidad y colaboran con ella, mejor; si se aíslan y quieren hacer algo fuera de lugar, los denunciamos.
Entonces, una cosa es atraer la inversión privada y otra cosa es que vengan a pasarnos por arriba.
En segundo lugar, la soberanía y la seguridad nacional no son negociables. ¿Quién nos asegura -como decía la señora diputada Bertone- qué es lo que hacen con los campos en la Patagonia? Sabemos que muchos de los inversores extranjeros especulativos quieren tomar los recursos naturales.
En el año 2007 reformamos la Constitución provincial -yo fui diputado constituyente- y establecimos una cláusula según la cual ningún extranjero puede comprar tierras fiscales provinciales alrededor de los esteros del Iberá. Algunos inversores, incluso amigos, me decían "Ustedes pusieron un límite a la inversión extranjera". Yo digo que no, porque antes no estaba esa cláusula y tampoco venían a invertir los especuladores. Y les digo "¿Por qué vinieron ustedes? A plantar y a invertir en la forestación." Ustedes saben que hay una demora de 15 a 25 años para recuperar lo que uno invierte.
Entonces, muchas veces quieren hacer aparecer que cuando se habla de este tema ahuyentamos la inversión extranjera, pero no es así, porque ellos saben que la naturaleza que tenemos nosotros no se encuentra casi en ninguna parte del mundo y que las rentas de la Argentina, comparadas con las de otros países, son mayores.
Yo comparto también lo que dicen acá. Muchas veces ponemos como ejemplo a Estados Unidos y a algunos países de Europa, pero si un argentino va a comprar tierras a Europa o a Estados Unidos, no lo dejan; para hacerlo tiene que asociarse con un nacional. Por eso, me parece que muchos comentarios se hacen cuando uno está de un lado del mostrador y no del otro.
El proyecto que nosotros presentamos a pedido de la Federación de Cooperativas de Corrientes plantea casi lo mismo que las iniciativas de los demás colegas. Lo único que nosotros pedimos es un registro nacional de productores agropecuarios, nativos y extranjeros, y que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, junto con los ministerios provinciales, sean la autoridad de aplicación.
Lo que esperamos es que eso se cumpla, porque la verdad -y aquí está mi colega del Chaco que lo sabe- es que se compran tierras en la frontera y ninguna autoridad, ni provincial ni nacional, controla eso.
Yo pediría que tratemos de sacar una buena ley que tenga de todo un poco, que no ahuyente la inversión extranjera pero que la controle, sobre todo a la especulativa; a la genuina no, porque la genuina viene, invierte, se desarrolla y colabora con las comunidades. Uno se da cuenta enseguida de la diferencia.
Permanentemente se ponen como ejemplo las miles de hectáreas que se han comprado en las zonas más ricas de la Argentina. Muchas veces los inversores van con la plata en la mano e incentivan a los propietarios de cierta edad para que les vendan sus tierras. De manera que ahí también hay cómplices argentinos, que creen que con el dinero van a poder cambiar la idiosincrasia de los pueblos del interior. En eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de soberanía nacional no hay que declamarla sino que hay que ejercerla.
Nosotros únicamente quisimos colaborar; fuimos una vía de la Federación de Cooperativas de Corrientes, que integra Coninagro. Eso no quiere decir que hayamos presentado un proyecto que han elaborado ellos. Nosotros humildemente tratamos de volcar en el papel lo que conocemos, por lo menos, de nuestras zonas.
Por ejemplo, en Misiones -puedo decir esto porque vivo a 40 kilómetros del límite con esa provincia-, de 3 millones de hectáreas que tiene la provincia, un millón está en manos de extranjeros, y tiene una invasión de habitantes brasileños -una invasión pacífica, entre comillas- que cruzan el río Pepirí Guazú, que tiene 50 metros de ancho, talan el bosque natural y se lo llevan para el otro lado. Sin embargo, nadie controla eso.
Basta ver el mapa argentino para darse cuenta de que Misiones es una península. Entonces, me planteo lo siguiente: si de los 3 millones de hectáreas que tiene, un millón está en manos de extranjeros, a lo que se suman las papeleras que se encuentran allí, ¿qué país queremos?
Si bien hablamos de "nuestros hermanos" uruguayos, chilenos, brasileños o paraguayos, creo que también tenemos que poner un límite. Una cosa es la integración latinoamericana y otra cosa es dejar que cualquiera entre a nuestro país y haga lo que quiera, tanto con las inversiones especulativas como con la presión demográfica en las zonas de frontera.
El hecho de proponer que exista un registro de productores y propietarios de tierra para la agricultura, tanto nativos como extranjeros, no es coartar la libertad de compra de nadie. Siempre que se respeten las leyes argentinas, bienvenidos sean.
SRA. PRESIDENTA IBARRA Tiene la palabra la señora diputada Benas.
SRA. BENAS Simplemente quiero hacer una pregunta. Veo que en las distintas intervenciones se habla de un registro de productores y también de un registro nacional de propiedades inmuebles en manos de extranjeros, que es lo que yo propongo en el proyecto. Son dos cosas diferentes. En realidad, por lo que estamos tratando, estamos hablando de la propiedad inmueble. Me parece bien que se haga un registro de productores, pero creo que no refleja esto que estamos trabajando, porque inclusive vamos a tener diferencias. Una cosa son los productores que además son propietarios de un inmueble, y otra cosa distinta son aquellos productores que no son propietarios.
Reitero que me parece bien que se genere un registro de productores -de hecho, yo lo propongo en otros proyectos-, pero creo que en esta norma tenemos que ser claros acerca de qué tipo de registro vamos a generar. Si no, sería imposible chequear lo que es objeto del interés de estos proyectos.
Quería aclarar esto porque me parece que ya varios señores diputados plantearon la cuestión. De alguna forma vamos a tener que compatibilizarlo para trabajar después.
Reitero que me parece bien que se genere un registro de productores -de hecho, yo lo propongo en otros proyectos-, pero creo que en esta norma tenemos que ser claros acerca de qué tipo de registro vamos a generar. Si no, sería imposible chequear lo que es objeto del interés de estos proyectos.
Quería aclarar esto porque me parece que ya varios señores diputados plantearon la cuestión. De alguna forma vamos a tener que compatibilizarlo para trabajar después.
SRA. PRESIDENTA IBARRA Tiene la palabra el señor diputado Merlo.
SR. MERLO En el artículo 15 de nuestro proyecto planteamos con claridad lo que dice la señora diputada Benas. Concretamente, solicitamos la creación de un registro de productores agropecuarios y propietarios de inmuebles rurales, que dependerá del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; es decir, que se registre a los productores pero también a los propietarios de inmuebles.
SRA. PRESIDENTA IBARRA De todos modos, me parece que sobre esos puntos van a trabajar más técnicamente los asesores, para conocer los beneficios o los alcances de cada una de las registraciones.
Tiene la palabra el señor diputado Erro.
Tiene la palabra el señor diputado Erro.
SR. ERRO El señor diputado Basteiro hizo una enumeración de la cantidad de tierras que se han adquirido, fundamentalmente en el norte. También escuché atentamente al señor diputado Pinedo cuando habló de la adquisición de tierras por parte de Estados extranjeros.
Quiero citar, para aquellos que no lo conocen, un ejemplo paradigmático. En 1982 nosotros estábamos luchando por las Islas Malvinas. Anteriormente a ese proceso, la estancia más grande en superficie de la Argentina era la estancia El Cóndor, en Santa Cruz, que pertenecía a la Corona Británica. Para que tengan una idea de la dimensión, iba desde el Atlántico hasta la Cordillera, y en lugar de recorrerla a caballo, como se hace en cualquier estancia, había que recorrerla en avioneta. Este es un ejemplo fuertísimo: mientras la Argentina reclamaba por las Islas Malvinas, la Corona Británica era dueña de la principal estancia de nuestro país. Me parece que este es un ejemplo muy fuerte que debemos tener en cuenta al tratar una norma de tanta importancia.
Quiero citar, para aquellos que no lo conocen, un ejemplo paradigmático. En 1982 nosotros estábamos luchando por las Islas Malvinas. Anteriormente a ese proceso, la estancia más grande en superficie de la Argentina era la estancia El Cóndor, en Santa Cruz, que pertenecía a la Corona Británica. Para que tengan una idea de la dimensión, iba desde el Atlántico hasta la Cordillera, y en lugar de recorrerla a caballo, como se hace en cualquier estancia, había que recorrerla en avioneta. Este es un ejemplo fuertísimo: mientras la Argentina reclamaba por las Islas Malvinas, la Corona Británica era dueña de la principal estancia de nuestro país. Me parece que este es un ejemplo muy fuerte que debemos tener en cuenta al tratar una norma de tanta importancia.
SRA. PRESIDENTA IBARRA Esta Presidencia va a hablar con los presidentes de las otras comisiones a las que han sido girados algunos proyectos para unificar el giro, y oportunamente les mandaremos la notificación para la nueva reunión conjunta.
Queda finalizada la reunión.
Queda finalizada la reunión.
- Es la hora 11 y 53.