Su preocupación por la situación institucional que atraviesa la Justicia de la Provincia de Misiones a raíz de las arbitrarias persecuciones contra Jueces y funcionarios de rango constitucional.

Señor presidente:

En la Provincia de Misiones, como corolario del triunfo electoral del oficialismo gobernante, están aconteciendo situaciones extremadamente preocupantes.

En efecto, en diciembre el gobierno ha promovido el juicio político de la ministro del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Marta Catella; el jurado de enjuiciamiento contra el Fiscal de Estado Lloyd Jorge Wickstrom y el juez Alarcón, este último de la ciudad de Oberá.

Los tres casos tienen en común que los funcionarios se han destacado por sus firmes posturas en contra de actos del gobierno. En el caso de la Dra. Catella, es evidente que la misma no goza del beneplácito del gobierno pues, como Presidente del tribunal Electoral provincial, ha fallado en dos causas con resultado adverso a las pretensiones electorales del oficialismo, otorgando bancas de diputado y concejal a partidos de la oposición cuando el oficialismo pretendía su titularidad pese a que ni la Constitución ni la ley lo habilitaba a ello.

El Fiscal de Estado de la Provincia de Misiones, Dr. Wickstrom, se ha destacado por su firme defensa del patrimonio público, denunciando penalmente hasta al mismo gobernador en casos de evidentes delitos cometidos en el ejercicio de su función pública. Estas denuncias han sido recepcionadas por los medios periodísticos nacionales.

El Juez de instrucción penal, Dr. Alarcón, es quien ha tenido a su cargo la instrucción penal en el caso del homicidio de una vecina de la ciudad de Oberá, donde se encuentra involucrado el hijo de la influyente diputada oficialista Abogada Marlene Carvallo. El día en que el juez Alarcón debía avanzar en la clarificación del homicidio, ingresó al Superior Tribunal un pedido de jurado de enjuiciamiento en su contra y el Presidente del tribunal ordenó, en un acto de barbarie procesal, el secuestro del expediente penal, arrancando de facto al Dr. Alarcón la conducción del proceso.

Cuando a más de estos antecedentes se observa la pobreza y falta de solidez y seriedad de las denuncias efectuadas, no cabe sino concluir que en Misiones reina el más absoluto desprecio por la independencia del Poder Judicial y de los cargos constitucionales.

Como si todo esto fuera poco, los medios periodísticos oficialistas ya anuncian una seguidilla de persecuciones contra jueces no adictos, con lo que el panorama se agrava a límites insoportables para una convivencia republicana.

Corresponde que el Congreso de la Nación diga también su palabra frente a estos hechos de atropello a la justicia misionera pues ellos vulneran la dignidad de todas las instituciones republicanas argentinas. Nos equivocaríamos grandemente si consideráramos que se trata de una cuestión "provinciana". Lo que sucede hoy en Misiones puede suceder en todo el país y debemos impedirlo. Esa es nuestra obligación constitucional. Por ello, pido el acompañamiento del presente proyecto.