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FINANZAS

Comisión Permanente

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Secretario Administrativo SRA. MASTRANGELO LORENA GLORIA

Jefe SRA. SARA GABRIELA M

Martes 16.00hs

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  • FINANZAS

Reunión del día 31/08/2004

- AFJP

- En la ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de agosto del año 2004, a la hora 17 y 19:
SR. PRESIDENTE FRIGERI Damos comienzo a la reunión de la Comisión de Finanzas. Hoy vamos a conversar acerca de las AFJP. Para ello hemos invitado a miembros de la Unión de AFJP, a quienes agradecemos su presencia en nuestra comisión, para analizar qué ha pasado desde 1994 hasta la fecha con este sistema.

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También, evaluaremos cuáles son las metas a las que se arribaron y cuáles son las que quedaron pendientes. Entonces, queda abierto el tema para cualquier pregunta porque esta es una cuestión de actualidad.

Agradecemos la presencia de Carlos Peguet, presidente de la Unión de AFJP; Jorge Saumell, vicepresidente 1°; Andrés Hammar, vicepresidente 2° y de Ricardo Sarinelli.

Cuando inicien la exposición, trataremos de no interrumpir salvo que haya alguna pregunta de algún tema central para que nos den una explicación.

SR. PEGUET En nombre de la Unión de AFJP quiero agradecer que nos hayan permitido estar aquí.

La reforma de 1994 trata de cubrir tres grandes objetivos. Primero, hacer que el sistema dé beneficios importantes. Segundo, que los beneficios sean financiables y tercero que cubra una parte importante de la población.

Voy a adelantarme a las conclusiones de esta evaluación de la perfomance del sistema, que es mixto ya que tiene responsabilidades tanto del sistema estatal como del privado.

Les decía que me voy a adelantar a las conclusiones tratando de señalar que desde el punto de vista de las prestaciones el sistema cumplió razonablemente los objetivos que se habían planteado. Desde el punto de vista de la sustentabilidad financiera, es decir de cómo financiarlo, si bien es un sistema autofinanciable porque la acumulación surge del ahorro de las cuentas individuales respecto de lo que es el déficit global del sistema, no se corrigió pero lo peor de la transición ya pasó.

Vamos a ver que hay un déficit del sistema decreciente en el tiempo y con una perspectiva que no tienen muchos países del mundo en cuanto a que esta deuda viene bajando a un ritmo sostenido con las generaciones futuras.

En cuanto a la cobertura hay aspectos notables a mejorar pero quizás cuando miremos algunos números veremos que hay que separar algunas cosas; cuando se dice que en cierto tiempo habrá vastas porciones de la población que no estén cubiertas veremos que los números que muestra el sistema están contaminados por información de autónomos, monotributistas y algunas otras particularidades que ensucian los número.

Por otro lado el sistema fue concebido como de contribuciones, es decir que si no hay contribuciones no hay beneficios y hoy el problema que el sistema no puede solucionar porque es parte de un país y no es una isla dentro de él, es que hay vastas capas de la población que tienen problemas de empleo y vamos a ver que el sistema es una buena herramienta pero mal puede solucionar en forma mágica todos los problemas estructurales del país.

Cualquier sistema previsional no es sostenible si no hay crecimiento, esta es otra de las conclusiones.

Habiendo adelantado algunas de las conclusiones de nuestro trabajo pero tratando de mostrarlas con números queremos explicar que la reforma que hubo en 1994 fue fundamentalmente para equilibrar un sistema de reparto que tenía déficit importantes.



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En cualquier sistema previsional, para financiar un salario de sustitución -se llama así a una jubilación que reemplaza al salario en la etapa activa-, se necesita una relación de aportantes a jubilados de tres a uno.

En el año 1993, esta relación venía decreciendo pues estaba en un 1,7 por ciento de aportantes respecto de los jubilados. Concretamente, el sistema tenía un déficit difícil de sostener en el tiempo con promesas vinculadas con distintos beneficios que, cada día, generaban deuda previsional creciente.

Si miramos el año actual -2004- notamos que la situación no ha cambiado demasiado. Esto demuestra que, computando todos los aportantes del sistema, es decir, aquellos que están en capitalización como en reparto, vemos que hay 1.300.000 personas que aportan por cada jubilado.

Entonces, a la fecha esta relación seguiría siendo tan insostenible como cuando se promovió la reforma del año 94. Asimismo, se definió como objetivo central crear un sistema mixto que tenía un componente estatal solidario. Hoy, el sistema es mixto.

Básicamente, el componente solidario es el PBU. Un componente de la gestión privada se genera a partir del ahorro que se capitaliza en cuentas individuales.

Como esquema de transición, además de que el Estado se hacía cargo de la Prestación Básica Universal, también se lo hacía de una especie de transición encargándose de prestaciones basadas en la historia previsional de cada individuo. Es decir, tenía que reconocer los aportes históricos que se habían hecho al sistema de reparto. Esto se materializó a través de la prestación compensatoria o la de permanencia para aquellos que decidieron quedarse en el sistema de reparto. Todos saben que el sistema sigue siendo opcional, es decir, la gente puede optar por la alternativa de reparto.

En el caso del componente privado existe una gestión privada de contribuciones definidas. No se promete un beneficio definido sino que hay una contribución y, a partir de la rentabilidad que generan esos aportes que se capitalizan, se genera un beneficio.

Nacieron 26 compañías y hoy hay 12 de ellas operando en el mercado. Se trata de un mercado donde existe libre oferta de alternativas y hay un volumen de gente que se traspasa y elige la compañía que ofrece mejores relaciones de precio, de performance o de seguridad.

El sistema también ha planteado una transición a 20 años porque no se podía materializar de una sola vez toda la deuda acumulada con las generaciones que habían hecho aportes. A diferencia del sistema chileno se decidió no generar un bono con una materialización inmediata de la deuda, sino que el Estado se hizo cargo del pago en cuotas a través del tiempo de dicha deuda previsional mediante la prestación compensatoria o prestación por permanencia.

Eso hace que hoy el componente estatal dentro de los beneficios que otorga el sistema sea relativamente importante. Recién estamos en los inicios de una transición entre un sistema y otro que, para ser completada, requiere un período de 30 años.

Aquí debemos hablar de la famosa promesa del 82 por ciento móvil. Se pasó, entonces, a un sistema de contribuciones definidas. En definitiva, se debe generar un salario de sustitución razonable. El sistema de beneficios definidos, por otro lado, ha sido dejado de lado en la mayoría de los países del mundo porque es insostenible.

Es muy difícil sostener un porcentaje elevado de la última contribución promedio del sistema. Obviamente, el sistema requería de una necesidad de financiación en la transición. La idea era sustituir el ahorro que se dedicaba a cuentas particulares para pagar o compensar ese déficit previsional.

Ahora me voy a referir a la situación de un jubilado en la actualidad y también a una proyección a futuro.



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Proyecciones podemos hacer muchas pero en esta presentación vemos los datos relativos al año pasado.

Una jubilación promedio, considerada como salario sustituido, significaba algo más de 600 pesos y equivalía a más del 60 por ciento del salario en la etapa activa. Al respecto, como producto de la transición, todavía había una parte importante de ese beneficio a cargo del Estado; y en el ámbito privado hablamos de un menor porcentaje en el caso de las jubilaciones.

Con el objeto de mostrar la progresión, está previsto que los 71 pesos de aporte al sistema privado pasen a ser 114 en el año 2005; y así sucesivamente en forma creciente.

Se pagaron contribuciones que representaban un 60, 65 ó 70 por ciento del salario, aplicándose un mecanismo de actualización. Y éste no ha sido un logro menor porque se ha cumplido claramente lo prometido.

Pensando en una jubilación a futuro, independientemente de que el porcentaje del salario sustituido crece, si se completa el círculo de los treinta años de aporte al sistema privado, el Estado ya paga una parte menor, el 21 por ciento del compromiso total, y el 62 por ciento del beneficio de la gestión privada.

Podemos hacer muchos supuestos, pero básicamente éste se hizo con la pauta de un período de aporte del orden de 40 años con algo más del 60 por ciento de cumplimiento. No se consideró que la persona aporta todos los años porque puede ser que en algún momento no tenga trabajo o lo haga en una economía no formal. Además, dentro de las pautas de estimación se considera que hay un crecimiento moderado del salario. Si uno plantea que el salario crece más que el 1 por ciento anual, probablemente la tasa de sustitución sea distinta y no así el salario final. Y, en cuanto a la rentabilidad estamos hablando de un 5 por ciento.

Para darles una idea, dentro de las propuestas de reestructuración de la deuda, y aun con la penalización prevista, se estaría cumpliendo con creces, o por lo menos razonablemente, ese objetivo de rentabilidad a valores constantes.

Estos son datos del sistema de salario promedio, en una condición promedio y con una edad de jubilación de 65 años y una tasa de regularidad de 30 años.

Para entender de alguna manera qué es relevante dentro de la gestión privada, quiero comentarles que se hace sobre la base de cada 100 pesos de jubilación. Se pone el foco no necesariamente en los aspectos relevantes de la composición del futuro beneficio, ya que el 31 por ciento proviene del aporte y el 77 por ciento de la capitalización a determinada tasa de interés -como dijimos es del 5 por ciento anual- sino que también vemos la comisión de seguro y de gastos. Queremos generar eficiencia en el sistema pero ese no pasa a ser el factor más relevante del proceso de acumulación dado que el seguro es caro porque es alto el beneficio que se brinda tanto por invalidez como por muerte. A diferencia de ello, en las jubilaciones el beneficio no es definido sino que surge como resultado de la acumulación.

Volviendo al caso del seguro para cubrir contingencias de muerte e invalidez, se cubre un porcentaje en forma específica: el 75 por ciento del salario en la etapa activa. El beneficio se otorga a varones, a mujeres, no tiene límites, también tienen derecho las viudas. Todo ello cuesta dinero y acarrea un costo que se paga en forma constante. Asimismo está la parte del Estado, lo que ocurre es que no es explícita a partir de una comisión que sale de una cuenta individual. De todos modos se paga tanto en un sistema como en el otro, incluso a la gente que optó por quedar en el sistema de reparto con los mismos beneficios. Los gastos administrativos se confunden con el seguro; me refiero a la mitad de ese 10 por ciento de gastos.

Por otro lado, ¿cuáles son los aspectos relevantes del aporte?

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Fundamentalmente, éstas que están acá. Primero, la tasa de ahorro; y no es lo mismo si acumulamos a un ritmo del 7 u 8 por ciento que si lo hacemos al 20 por ciento. Hay un punto a remontar dado que el sistema no es sustentable y vamos a ver algunos números después de Latinoamérica. Esto no fue pensado así.

Hace cuatro años que vivimos una etapa de transición. En la última etapa del gobierno de De la Rúa se definió que, para mejorar el consumo, se bajara el aporte del 11 al 5 por ciento. Después hubo un cronograma que se fue postergando en el tiempo y solamente se cumplió una primer suba del 5 al 7 por ciento. Es un problema claro porque si el sistema no ahorra, no va a proveer los beneficios que estábamos señalando antes.

Segundo, las sensibilidades. No es lo mismo aportar veinte años en el sistema que hacerlo de manera normal, es decir cuando se anota una persona de 20 años y se jubila a los 65, puesto que aporta una cierta cantidad de tiempo con regularidad. Pero cuanto menos cumplen, más son los excluidos. Y, a su vez, más son los costos del sistema porque hay que repartirlos sobre una base de aportantes menor.

Por último, no es lo mismo aportar por salarios totales que si hay evasión. Ha habido esquemas de discrecionalidad -como en el régimen de autónomos- que son claramente un desincentivo al aporte. Se trata de algo más de un millón de autónomos. En los últimos números de aportes están apenas por encima de los 100 mil entre el régimen de monotributo y otros. En el esquema de autónomos se hizo un reparto del aporte donde se considera que el autónomo también está aportando como empleador. Entonces queda muy poco dinero para capitalizar en cuenta.

Ahora estamos mostrando algunas sensibilidades. El 80 por ciento es un número excesivo por lograr en un salario de destitución. Un salario de destitución del orden del 60 por ciento a una tasa del 11 por ciento, implica que si mantenemos una tasa de ahorro al nivel de 7, ya cae notablemente el salario destituido. No se acumula dinero suficiente en la cuenta con ese nivel de aporte. La Argentina tiene hoy la tasa de ahorro más baja de toda Latinoamérica. Tenemos datos de Uruguay, Colombia, El Salvador y Chile en materia de cuentas de capitalización; no nos referimos al costo del valor total y de los otros impuestos al trabajo que van a cargo del empleador.

Claramente, estábamos en un sistema transitorio que se ha convertido en semipermanente y que así como está no va a funcionar para generar salarios razonables. Sensibilizando también esto no sólo al cumplimiento sino a los plazos de inscripción y la regularidad a nivel del 60 por ciento -o sea que una persona durante 45 años aporta 30-, se logran tasas de destitución razonables si el plazo de inscripción es alto. Pero también vamos a tener situaciones, dado que en este sistema el período es muy corto, en las que vamos a obtener relativamente menos previsibilidad. En esto es clave la lucha contra la evasión para lograr, al menos, que las tasas de regularidad sobrepasen el 60, lo que sería un factor relevante.

El sistema toma aproximadamente el 35 ó 40 por ciento de los anotados, lo cual es un número muy ácido porque es exactamente lo que deberían aportar para el mes correspondiente. Si uno saca de un lado -por ejemplo, de la gente atrasada que se va poniendo al día- y le saca a los autónomos y monotributistas -que en muchos países de Latinoamérica realizan una aportación mejor-, nuestros números mejorarían. A pesar de la grave crisis de trabajo que atravesamos, estamos en niveles de regularidad del 50 por ciento. A veces se magnifica el problema de la regularidad más allá de lo que es. Aquel trabajador que está inscrito como dependiente en realidad hoy tiene niveles que no son buenos, pero no son tan malos como surgen de algunas estadísticas que se publican.

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Actualmente sobre un total de 12.000.000 de afiliados, 9.700.000 están afiliados al sistema de capitalización, con una relación de aportantes del 37 por ciento.

Si de los 9.700.000 sacamos a los monotributistas o autónomos el grado de cumplimiento llega al 50 por ciento y para la gente que se quedó en el sistema de reparto -que generalmente es gente mayor- el nivel de cumplimiento no es mejor. Es decir que éste no es un problema ni del sistema de capitalización ni de la gente que lo eligió sino que es un problema estructural del mercado económico, de trabajo y de los sistemas de control de la evasión.

Hoy se están administrando 48 mil millones de pesos los cuales corresponden a una valuación de bonos que serán motivo de una reestructuración en el orden del 60 por ciento sobre ese total.

Otro punto importante para comentar es que no están registrados a valor dólar sino a aproximadamente a un 55 por ciento de su calidad original. Es decir que no necesariamente se pierde a un valor de 3 pesos por dólar porque la contabilidad con la cual se calculan los beneficios jubilatorios no es una contabilidad que registra la deuda pública a 3 pesos por dólar sino a 1,5 ó 1,6. Además se motiva en virtud de que las administradoras fueron comprando títulos de la deuda pública a paridades por debajo de cien, entonces fueron construyendo una cartera a tasas de rendimiento relativamente importante.

Los beneficiarios del sistema de capitalización son 170 mil y hoy la actividad está ocupando a más de 12.000.000 personas.

En la siguiente filmina se muestra a nivel de Latinoamérica, Europa central y del Este qué sistemas se están implementando por tipo de país.

Como decíamos el ahorro en cuentas individuales ha sido también estigmatizado como uno de los muchos males de la Argentina pero entendemos que a veces se sobredimensiona el problema.

En un informe del Banco Mundial se muestra que de casi 3 puntos del déficit del producto que tiene el sistema previsional en el Argentina al 2002, el 1,7 está originado por la transferencia de las cajas provinciales y la reducción de los aportes patronales.

En cuanto a la pérdida de ingresos por transferencia al sistema de capitalización, hasta 2002 se perdió el 1,14 por ciento sobre el PBI, pero al menos como contrapartida el Estado se estaba ahorrando beneficios que si no hubiera existido la reforma hubieran sido a cargo del Estado. Al menos en lo relativo a lo que se destinaba a cuentas de capitalización tenía como contrapartida un ahorro por beneficios no otorgados. Las otras fueron medidas de déficit provincial o transferencias de ingresos para mejorar el costo laboral y el consumo.

Hay otros temas que evidentemente ya hemos comentado y que hoy siguen haciendo que el déficit sea elevado que es la sistemática caída de la relación de activos y jubilados y el grado de cumplimiento que inicialmente estuvo por encima del 60 por ciento y hoy está en 35.

Últimos estudios de la Secretaría de Seguridad Social muestran que el sistema dejaría de tener déficit en el 2020 en forma decreciente en el tiempo y a diferencia de otros países del mundo como Italia o España donde el Estado bienestar ha sido activo, la Argentina se está sacando de encima la deuda que otros países no la han escrito, no la han documentado pero que están comprometidos.

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En definitiva, hoy el Estado recibe aportes para pagar beneficios hacia delante.

Lo que sí va a existir en la Argentina -esto es preocupante- que, si no solucionamos el problema de la cobertura, tendremos la necesidad del aporte de asistencialismo para cubrir aquellos bolsones de población que están quedando fuera del sistema por no hacer los aportes correspondientes.

SR. PRESIDENTE FRIGERI En el cuadro anterior se hacía referencia al 1,05 del PBI. Arrancamos con 1,14 y, luego de una cuenta, queda el 0,09. ¿Qué es lo que se ahorra el sistema? ¿Son jubilaciones que está pagando el nuevo sistema?

SR. PEGUET Por un lado se está ahorrando toda la siniestralidad de los inválidos y muerte por invalidez que ha venido ocurriendo en los últimos años.

El informe hace referencia al hecho de qué fue lo que le dijimos a la gente en el año 94. En ese momento les dijimos: "Ahora no tienen un sistema basado en el 82 por ciento móvil, pero el aporte es suyo". Esto fue lo que se le dijo a la gente.

Si uno computara un sistema de beneficios, como el que existía antes del 94, se gastaría esa cantidad de dinero más lo que el sistema está abonando en materia de pensiones por invalidez o muertes. Por otro lado, el Estado se está ahorrando ese compromiso a futuro.

La idea era parar ese drenaje y que las administradoras comenzaran a pagar, no tanto las pensiones sino también los beneficios por muerte o invalidez.

Lamentablemente, yo no tengo la apertura de todos esos subcomponentes. Todo pasa por la siniestralidad. Igualmente, el informe del Banco Mundial se los podemos hacer llegar.

Asimismo, la deuda del Estado con el sistema de capitalización se registra. El Estado no registra la deuda previsional. Cuando uno lidia con los grandes países del mundo, éstos no admiten que tienen una deuda no registrada que es tres veces el producto. Si la Argentina no tiene una deuda no registrada, contaría con una situación de privilegio, incluso en el tema del asistencialismo.

La Argentina dice que tiene una deuda insostenible. Después de la reestructuración podrá quedar en un 80 ó 90 por ciento de deuda. Pero, existen países que tienen solamente deuda previsional de 200 puntos en lo relativo al producto.

En un caso está documentada como una deuda explícita y, en otros, son deudas con futuras generaciones. Algunos dirán que esa deuda la pagarán bajando subsidios.

Esto no ha sido fácil de explicarle a los organismos internacionales. En otra de las láminas se menciona que las AFJP son solamente bancos. Aquí hemos hecho una lista con sindicatos, obras sociales, seguros, asociaciones de profesionales, cooperativas. Es una simplificación del carácter de banca y de banca extranjera.

Cuando comenzó la reforma de la baja de los aportes, las AFJP tenían y tienen un problema insoluble. Me refiero a que la comisión que cobran es únicamente por el aporte.

Todas las administradoras del fondo que existen en el mundo cobran una comisión sobre el fondo que administran. A esta altura nosotros estamos cobrando una comisión neta del costo del seguro que es del orden del 1 por ciento de los fondos que se administran. En España las comisiones están en el orden del 1,70.

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Y en Estados Unidos 0,40 y 0,50. Hay capacidad para mejorar y ser más eficientes. Pero cuando a uno le plantean que la comisión representa un 30 por ciento del aporte el sistema, se parte de una situación difícil de explicar. De todos modos reitero que se cobra la comisión por única vez sobre el aporte y que se hizo un esfuerzo muy grande cuando se dispuso la baja de los aportes del 11 al 5 por ciento. Las administradoras bajaron un 30 por ciento las comisiones como parte de una baja puntual que se negoció en el costo del seguro, que ahora renació. Eso fue producto de un gran esfuerzo personal de las compañías.

Como vemos en la pantalla casi un 60 por ciento de la comisión se destina al costo del seguro y el 10 por ciento a tasas, impuestos y comisiones médicas. Esto se cobra a los afiliados que aportan; es decir solamente a un 13 por ciento del total. Si el número de aportantes fuera mayor, tal vez los costos podrían disminuir.

Las comisiones son competitivas a nivel internacional. Nación AFJP es testigo del mercado, es una compañía que está en el promedio, no es más cara ni más barata que el resto, no está ganando dinero sino que está equilibrada económicamente.

Quiero comentarles que el 60 por ciento de la comisión se destina a financiar el seguro de vida y el seguro por invalidez y el 40 por ciento restante es comisión neta; y de ese porcentaje el 80 por ciento son gastos propios y el 20 por ciento impuestos. Pareciera que por ser una actividad de carácter previsional debería privilegiar la capitalización del dinero en cuenta. Sin embargo, quiero comentarles que la tasa de ingresos brutos y la tasa municipal representa un 5 y pico por ciento o más de la comisión neta.

En la siguiente proyección tenemos algunos datos sobre la composición del 21 por ciento. La actividad no solamente no cuenta con subsidios sino que es una de las más penalizadas a nivel país en lo relativo a ingresos brutos y tasas municipales.

Otro tema es el relativo a que las administradoras invirtieron mal el dinero. Hay una capitalización, una tasa interna de retorno entre julio y marzo del 94 sobre los beneficios del plazo fijo y del sistema de capitalización. Este cuadro surge de un aporte externo que hizo la UADE. Dirán que todavía a la deuda le falta reestructurarse pero aun ni en las peores condiciones de quita que se están planteando, la capitalización tendría una performance mala respecto de otros rendimientos financieros.

En el aspecto empírico contamos con la demostración de las comisiones, con los datos suministrados por la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones. En Perú representa el 3,19 por ciento del aporte; en Uruguay el 2,95 por ciento; en Colombia el 3 por ciento; en El Salvador el 2,97 por ciento; en Chile el 2,42 por ciento; en México el 1,41 por ciento -pero en este caso no se pagan costos de seguro porque de ello se hace cargo el ANSES mexicano-; y en Argentina el 2,50 por ciento. Prácticamente al igual que Chile es un sistema que tiene 20 años de funcionamiento y las inversiones amortizadas.

El resultado de las AFJP desde el inicio del sistema a la fecha ha sido de 135 millones netos de pérdida, un patrimonio neto y una inversión igual a 1.100 millones de pesos o dólares en aquel momento. Y a pesar de la pérdida están activados 255 millones de gastos diferidos; me refiero a los gastos de lanzamiento que todavía no fueron amortizados. Si esa cifra se mandara directamente a la cuenta de resultados las pérdidas del sistema serían 400 millones. Alguien puede decir que se pagaron dividendos, pero son contados los casos de las compañías que pagaron dividendos.

Sobre estos temas también se puede pedir información a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones que tiene los datos mensuales de los balances de las compañías.

Algunos señalaron que en realidad se licita un seguro y que las compañías están vinculadas, pero no está claro el resultado. Vemos en esta imagen que en el período se cobraron primas por 2.800 millones. Se pagaron siniestros por 2.500 millones y el resultado financiero, con las reservas, fue de 1.400 millones.

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Y todavía faltan pagar 2 mil millones de siniestros pendientes. La cuenta se ha cubierto con un saldo deficitario del costo del seguro a través del reaseguro externo. Dicho sea de paso, el reaseguro internacional se ha retirado de la actividad porque ha sido bastante malo el negocio.

Finalmente, podemos decir que entre los 2.500 de siniestros pagados y los 2.000 pendientes se han transferido a los afiliados casi 4.500 millones, contra 2.800 de primas. Se han transferido a cuenta de resultados financieros más beneficios que las primas cobradas.

La siguiente lámina muestra datos oficiales de inversiones, obtenidos de la Superintendencia de Seguros. Ustedes saben que el menú de inversiones está reglamentado por ley. Existía siempre una limitación de la liquidez mínima del 1 por ciento, que en la gestión del presidente Kirchner subió a 5. El índice de máxima de inversiones se llevó al 10 por ciento con límites que son diariamente supervisados por la Superintendencia. Hay fundamentos en la aportación de Títulos Públicos basados en la deuda soberana, que es una deuda triple A. Había que financiar una transición del sistema de capitalización financiando al Estado por el déficit que tenía. La proporción de Títulos Públicos en las administradoras -dentro de esos 48 mil millones-, que llegó a superar el 75 por ciento, es una expresión contable de la deuda producto de haberla multiplicado por 1,40 más el CER.

La deuda a diciembre del 2001 estaba en el 50 por ciento porque era difícil excederse a menos que fuera por razón contable. ¿Cuál es la razón contable? Ustedes tienen un fondo de deuda y un aporte que no lo contabilizan a valor de mercado y otros activos que vienen bajando de precio, entonces en la proporción total de activos la deuda sube de proporción. Cuando multiplica por 1,40 y se aplica el CER, se obtiene el valor adecuado. Y por eso dicen que las administradoras compraron el 75 por ciento de los Títulos Públicos, cosa que no es cierta.

El límite del sistema era de un 50 por ciento. Y el 75 por ciento se fue haciendo mediante una inversión compulsiva en LETES a fines del 2001 sobre lo cual a los quince días las administradoras presentaron reclamos -que hoy están ganados en segunda instancia- con respecto a la inversión compulsiva en LETES.

Un punto importante es analizar cuáles eran las alternativas de inversión en la debacle financiera que empezó en el 2001. La Bolsa tenía un índice Merval de 400 que, si se lo divide por tres, muy groseramente da un Merval de 300 puntos en dólares. Durante diez años en la Argentina el promedio era de 150, pero no hubo inversiones que pudieran resistir el vendaval que ocurrió a partir de la devaluación.

Ahora proyectamos la explicación de los Títulos Públicos en datos porcentuales. Es una figura contable.

Por otro lado, cuando se implementa un sistema como éste, la proporción de Títulos Públicos en poder de cada país es alta, salvo en sistemas donde hay una transición desde hace mucho tiempo -como en Chile- o en países que tienen muy poca deuda externa y tienen poco interés de colocarlos.

El gráfico muestra que El Salvador tiene 82 por ciento de Títulos Públicos en la cartera de fondos de pensión; México, 82; Ecuador, 79; Bulgaria, 74. En fin, no es un número llamativo en comparación con países donde estas reformas se han implementado.

A partir de nuestra responsabilidad fiduciaria, desde el momento que ocurrió el default, hubo una cantidad de medidas de pesificación, de eliminación de garantías, etcétera. Ante cada una de esas acciones, hicimos las coberturas legales del caso.

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En la reestructuración pendiente estamos tratando de lograr un equilibrio entre un planteo de país que requiere tener una deuda sustentable con una negociación que garantice una jubilación sustentable. Es decir que nos dé la posibilidad de brindar salarios de sustitución razonables en el tiempo.

Tenemos la responsabilidad por ser gestores, por haber cobrado comisiones y además porque la ley establece la responsabilidad fiduciaria de defender los intereses de los afiliados.

Entendemos que en definitiva no eran iguales las bases de negociación respecto de la deuda con los otros acreedores, ni por su origen ni por la posibilidad de reestructuración porque por ejemplo los fondos de pensión por necesitar los flujos en muy largo plazo pueden ofrecer condiciones de pago que otros acreedores no tienen intención de hacer ya que quieren cobrar inmediatamente.

Nosotros queremos seguir invirtiendo y hemos tratado de buscar proyectos concretos a partir del quiebre del crédito y a través de vehículos como los fideicomisos para financiar exportaciones, caminos rurales y también hay un proyecto de conexiones de gas domiciliario para algunas provincias. Básicamente las condiciones que buscamos para esas inversiones es que haya rentabilidad real, no una gran rentabilidad pero sí inflación más algún índice.

El problema que tenemos es que se ha eliminado la indexación en la Argentina y es muy complicado dar dinero a largo plazo a tasa de interés fija en pesos. Para algunos proyectos que son de largo plazo estamos encontrando dificultades para ver el vehículo y no todo el mundo se puede endeudar en dólares.

En cuanto a las grandes prestaciones que se pagaron en el sistema donde los beneficios fueron pagados por la administradora, una prestación por invalidez de 1996 dio una diferencia del 78 por ciento a favor del sistema de capitalización sobre el sistema de reparto. En cuanto a jubilación fue menor, del 4 ó 5 por ciento de diferencia porque como el componente estatal quedó fijo y es mayoritario quedó licuado dentro del aumento de capitalización.

Hemos trabajado en buscar propuestas para reestructurar la deuda y para mejorar el sistema. Pensamos que el Estado tendrá que cubrir con prestaciones asistenciales a los que no cumplan los requisitos. Probablemente habrá que flexibilizar algunos requisitos para acceder a prestaciones, por ejemplo el PBU ya que es muy rígido con respecto a la realidad del mercado laboral.

Como dijimos anteriormente hay que retomar el aporte del 11 por ciento porque si no, no vamos a poder cumplir el rol que se pretende; actualmente se aporta el 11 por ciento al sistema de reparto y el 7 en capitalización lo cual no tiene sentido.

Sería útil como mecanismo de eficiencia y como una mejor distribución para todos los afiliados poder cobrar una comisión más pequeña pero sobre los fondos y poner en juego algo de la comisión sobre la base del éxito de la rentabilidad.

También sería bueno separar el costo de la comisión pura del seguro porque dentro del seguro hay otros costos que nosotros no somos responsables si no que responden a una legislación.

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Entendemos que hay mucha superposición entre beneficios de otras ramas de la seguridad social. Me refiero a los sistemas de riesgo del trabajo, beneficios de seguro de vida, convenios especiales. Esto hace que se multipliquen los beneficios y que alguien los pague.

En las etapas de crisis es útil tener multifondos para que las personas que están cerca de la edad de jubilarse tengan un fondo más estable y no con tantas volatilidades.

Asimismo, consideramos que debería revisarse el tema del traspaso para evitar los costos comerciales que hoy posee la actividad.

Además, podemos referirnos a la banda de medición de la rentabilidad. Si bien hay diferencias de rentabilidad los proyectos tienden a tener los mismos tipos de inversiones y a no tomar riesgos. A esto se lo denomina el efecto manada. Creemos que esta actividad no tendría que tener los costos fiscales que posee, por ejemplo, a nivel provincial. Esto impacta directamente en el costo del sistema.

Además, tenemos mecanismos de ajuste que hoy están prohibidos por los problemas de indexación. Hay un régimen penal previsto por la ley que creemos que es excesivo respecto de lo que son las responsabilidades de los administradores.

El sistema debería poder otorgar beneficios para que, ante una situación de emergencia, la gente tenga una alternativa de liquidez para el fondo acumulado.

Como conclusión puedo precisar que el sistema de capitalización es parte del sistema de seguridad social. Es una gestión privada dentro de un sistema que es mucho más comprensivo.

Para los que aportan, consideramos que los beneficios se pueden sostener a pesar de la reestructuración siempre que se respeten los fundamentos. Los aportes tienen que estar a niveles y tasas razonables de ahorro, tal cual hacíamos referencia con el tema del 11 por ciento.

Para los que no aportan deberíamos mejorarles la situación y la recaudación. El ahorro obligatorio puede ser el único motor de inversiones en los próximos años. Creemos que la transición no fue ordenada. Un error sería volver a hacer una reforma que intente pagar costos a futuro y tengamos que ir de un lado a otro en forma permanente. Creemos que el gobierno debe definir el rol que le pretende dar al sistema.

El sistema de capitalización debe ser más eficiente y hay que optimizar el régimen de inversiones.

Un último punto que deseamos analizar se vincula con el hecho de ver el rol de las administradoras. Un 40 por ciento de los fondos acumulados no están en deuda pública. Existe una parte importante que está en condiciones líquidas para ser invertido en proyectos muy rápidamente a medida que aparezcan los vehículos, es decir, las garantías.

Creemos que no hay ahorro de largo plazo en la Argentina por hoy y, probablemente, por mucho tiempo.

Hay 320 millones de recaudación mensual. Una parte importante puede ir a la economía real a través de distintos instrumentos financieros. Hemos tratado de llevar propuestas y generar incentivos a través de reuniones con cámaras empresarias. Con los gobiernos provinciales hemos concretado algo en la provincia de Buenos Aires.

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La idea es generar un efecto multiplicador a partir de cuatro o cinco proyectos pilotos.

En este cuadro básicamente estamos refiriéndonos a las acciones, los objetivos y las consecuencias del aporte a las inversiones en la economía real. Además mostramos cuáles son los estudios y los proyectos que se vienen estudiando y desarrollando. Concretamente, hay un proyecto de construcción de caminos rurales; en cambio, acerca de las calles en los municipios existe una posibilidad pero todavía no hay un proyecto concreto. De todos modos, hay cuatro proyectos en municipios a ejecutarse en la primera etapa, y otros tres que se iniciarán a fin de año.

Acerca del transporte y la distribución de energía hay un proyecto importante de tendido de gas domiciliario que abarataría los costos. Actualmente hablamos de poblaciones que tienen que comprar la garrafa cuando existiría la posibilidad de pagar un pequeño costo para la instalación del gas domiciliario. Hay un caso concreto de gas domiciliario en el norte de la provincia de Buenos Aires y otro en Entre Ríos.

El gobierno tiene prevista la ejecución de varios proyectos de gasoductos tendientes a solucionar la crisis energética. Esto requiere de nuestra participación tanto en el nuevo gasoducto que se está construyendo como en el de la zona de Mendoza.

Hubo financiación y exportación a pequeñas y medianas empresas a través de distintos productos que han salido al mercado y las administradoras han sido la masa crítica dentro de los proyectos.

Hay caminos rurales que podrían mejorarse. Por ejemplo, se estima para la provincia de Buenos Aires la construcción de 2.400 kilómetros de caminos de hormigón, lo que beneficiaría al radio de influencia de casi a dos millones y medio de hectáreas y generaría el círculo virtuoso entre capital e inversión. Además implicaría menores costos porque permitiría sacar la producción agrícola y ganadera aunque esté lloviendo; éste es un beneficio concreto. También está el beneficio social de la inserción al permitir el acceso a colegios, sanatorios, etcétera.

En la siguiente proyección vemos algunas de las obras que tenemos en carpeta, las ya realizadas en el último tiempo, y los afiliados equivalentes; no sé si este dato es relevante. Hay 465 millones de pesos.

Este es el resumen de lo que queríamos transmitirles con ideas claras. Asumimos que hay muchos temas para mejorar y mucha eficiencia a alcanzar. Pero tenemos propuestas y hoy estamos desarrollando tres vertientes de actividades. La primera tiene que ver con los sistemas de reestructuración de deudas, tema importante a solucionar; la segunda con la reforma del sistema y las adecuaciones que hagan que el sistema sea más eficiente; y la tercera con los proyectos dedicados a ser los grandes promotores y proveedores de recursos e inversiones a largo plazo. Sobre este último punto creo que todos estamos de acuerdo en que están faltando.

Quedamos a disposición de los señores diputados para contestar las preguntas que nos quieran formular.

SR. PRESIDENTE FRIGERI Tiene la palabra el señor diputado Breard.

SR. BREARD Señor presidente: quisiera formular una pregunta acerca de los caminos críticos y la estimulación de la reestructuración de la deuda en los tres bonos que presenta el gobierno nacional: bono a la par, bono bajo la par y combinado. ¿Qué tienen previsto como atractivo?

SR. PEGUET Los diarios dicen muchas cosas. En realidad hablan de los dólares, de no los dólares.

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Tenemos que tratar de lograr un equilibrio entre una deuda pagable, porque si un acreedor pretende hacer el gran negocio de sacarle hasta el último peso, resulta que eso puede terminar en un negocio pésimo porque si adeuda al deudor estamos en el mismo problema de fondo.

SR. BREARD ¿Cuál es el menú que a ustedes les gusta?

SR. PEGUET El sistema integrado de jubilaciones y pensiones no es integrado...

SR. PEGUET No se conocen cuentas en muchas de las cajas especiales que hay a nivel provincial o en regímenes particulares que no fueron alineados. Es muy importante porque hay 11 millones de personas dentro de ciertas reglas de juego comunes.

SR. BREARD No le reconocen los aportes; de buena fe se anotó en el sistema de capitalización y cuando fue a la Caja de Corrientes para cobrar la jubilación no le reconocen los aportes porque no tienen convenio con ustedes.

SR. SAUMELL Los regímenes de reciprocidad han sido suscriptos gradualmente entre el gobierno nacional y las provincias. Mientras que estos regímenes de reciprocidad no sean regularizados esta reforma queda a la mitad.

SR. BREARD Entonces hay enriquecimiento sin causa por parte de ustedes.

SR. SAUMELL No, este dinero va a una cuenta individual. El dinero lo tiene.

SR. BREARD Este es un tema que hay que resolver, no es un tema menor.

SR. SAUMELL Ningún dinero que esté destinado a un fondo de pensión va a otro lugar que no sea la cuenta individual.

SR. BREARD Yo lo que digo es que él no puede disponer de ese dinero para jubilarse.

SR. FRIGERI ¿No será que la Caja de Corrientes "bicicleteó" el dinero y no aportó?

SR. BREARD No, él se anotó en el sistema de capitalización y se quiere ir a la Caja de Corrientes porque tiene más años pero como no tienen reciprocidad y no tienen el convenio firmado su dinero queda en el Limbo.

SR. SAUMELL No queda en el limbo, cuando hay un aporte que tiene que ir a una cuenta, queda en la cuenta individual.

SR. BREARD Él está bien afiliado. Eligió el sistema de capitalización.

SR. SAUMELL Si está en el sistema de capitalización va a recibir el dinero de su cuenta.

SR. BREARD Pero él quiere jubilarse en la Caja de Corrientes.

SR. PEGUET Corrientes no transfirió su caja de empleados públicos municipales. Nosotros no tenemos afiliados de ese tipo, tenemos gente que trabaja en forma privada en Corrientes.

SR. BREARD El tema fue que era empleado de la provincia, dejó de ser empleado de la provincia y siguió haciendo los aportes al sistema de capitalización, cuando quiso usar ese servicio para complementarlos y jubilarse en la Caja de Corrientes no lo pudo hacer. Acá hay un problema que hay que resolver.

SR. SAUMELL Es un problema de cómputos de años. No es que pierda el dinero de su cuenta, sino que no tiene la suma del cómputo de años. Ese es el problema que surge por no haber firmado el convenio.

SR. BREARD Este es un tema que hay que resolver, insisto.

SR. SAUMELL Ha quedado a mitad de camino.

SR. FRIGERI El aporte que hizo en la caja de capitalización es suyo, los convenios que se firman es para sumar años pero no le van a dar más dinero del que aportó.

SRA. CASSESE ¿Es un problema que surge porque la provincia no firma?

SR. PEGUET No, nosotros firmamos con la provincia, debe ser un sistema propiciado desde la ANSES.

La provincia debería poder computar los años aportados pero el dinero está en la cuenta.

SR. GUTIÉRREZ (J.C.) Pero esos son convenios de reciprocidad que como todo convenio es bilateral, por ejemplo, las cajas provinciales tienen convenio con la caja nacional.

SR. BREARD No nos hagamos los distraídos cuando es un problema serio.

SR. SAUMELL Quiero clarificar este tema. No tenemos responsabilidad delegada, a nosotros no nos han dado la potestad para firmar ese convenio.

SR. BREARD Cada uno dice que no le corresponde y no tiene solución pero tenemos que ver cuál es la solución.

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SRA. CASSESE Lo planteado por el señor diputado Breard amerita una solución.

En realidad, es una parte del problema. Hoy hay cerca de 11 millones de afiliados al régimen de capitalización. Yo soy afiliada de Orígenes. Concretamente, estamos en un serio problema. Ustedes han mencionado que todavía no se conoce cuál es la oferta, la propuesta. Y como diputados, representantes del pueblo de la Nación Argentina y, en este caso, de 11 millones de personas queremos encontrar una solución.

Desgraciadamente, hemos visto la semana anterior al payaso que no supo hacer nada en el PAMI y que tampoco sabe hacer algo respecto de las AFJP. Concretamente, ha hecho un gran show con el tema del Orígenes. Estamos muy preocupados por la situación de 11 millones de afiliados, de los cuales muchos somos parte de este sistema.

Quisiera saber si todo esto es a raíz de una propuesta del gobierno nacional porque sabemos que hay muchos beneficiarios o damnificados conforme la resolución que se tome.

Me alarma que una resolución tan importante para un tercio del pueblo argentino sea tomada por este señor.

Desearía saber si es una decisión del señor González Gaviola o del gobierno. Nosotros, como representantes de estos 11 millones de afiliados, ¿podremos legislar al respecto?

Si nuestros jubilados del sistema de reparto están preocupados por el hecho de que le aumenten 50 ó 100 pesos la jubilación, imagínense lo que sucede con 11 millones de personas que estamos aportando desde hace tanto tiempo. No sé en manos de quién nos encontramos.

Quisiera saber si esto es como una especie de contrato de adhesión o si figura jurídicamente desde el momento del inicio del sistema de capitalización.

El sistema, más allá de sus imperfecciones, ha estado financiando al Estado. Sabemos perfectamente que el sistema está muy líquido. Lógicamente, los fondos que ustedes manejan serán un aporte importante para la financiación del crecimiento de nuestro país.

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Estamos preocupados por nuestra gente.

SR. SAUMELL Compartimos la misma preocupación. Es más, creo que una de las virtudes de este sistema es que al darnos un mandato con una responsabilidad fiduciaria, también nos impone responsabilidades penales si no cumplimos nuestra gestión como mandatarios. Somos responsables por una administración, y como buenos hombres de negocios defendemos ese patrimonio que no es nuestro. Creo que ésta es una de las grandes virtudes que a lo mejor se conoce poco.

Es posible que en el pasado algún funcionario haya tenido un padre que cobró una magra jubilación. Debido a la firma de algún decreto o norma quizás cobró muy poco como docente jubilado.

En este caso tenemos la responsabilidad concreta y el interés legítimo de proteger y conservar nuestro trabajo. A la vez somos responsables porque respondemos penalmente si no hacemos las cosas bien.

En relación con la pregunta acerca de si podemos tener una expectativa razonable de la negociación, como comentó el señor diputado Frigeri, estamos en conversaciones. Y si efectivamente no hubiera una respuesta razonable nos veríamos en la obligación de hacerlo público, y ello excedería nuestra posibilidad concreta de cerrar el caso porque sí. Este es un punto muy serio y delicado.

SRA. CASSESE Conocemos la voluntad del gobierno nacional. Particularmente me he interesado por este tema en distintos ámbitos y sabemos que está en conversaciones y elaborando propuestas.

Tenemos una gran preocupación en relación con la responsabilidad fiduciaria. Como recién se señalaba, apretar demasiado a un deudor que no puede pagar, no le sirve a nadie: ni al deudor ni a quien debe cobrar.

Reitero que muchos diputados estamos preocupados por este tema y estamos a su disposición para ayudar a encontrar una solución favorable a la subsistencia del sistema y a la seguridad jurídica de nuestros afiliados.

SR. POGGI Estamos haciendo una división entre el stock a la fecha y el flujo de 320 millones de pesos de ingreso mensuales al fondo. A este respecto, quisiera saber qué consideran necesario, además de la modificación de la legislación, para que el flujo de ingresos se vuelque a la economía real. Digo esto porque el primer objetivo es canalizar el ahorro y la producción.

SR. SAUMELL Algunos puntos ya fueron desarrollados.

La protección del capital es importante. Si bien es cierto que nosotros tenemos miedo a los mecanismos de indexación, sabemos que en el pasado reprodujeron los procesos inflacionarios. A este respecto, personalmente tengo un diagnóstico distinto porque cuando se incluyeron mecanismos indexatorios en los contratos en la década del 80, y se hablaba de inflación inercial, uno podía atribuirles parte de la responsabilidad del proceso inflacionario creciente. Si no tenemos inflación, el mecanismo indexatorio por sí mismo no origina inflación. En todo caso lo que hace es proteger el capital y permitir la financiación a largo plazo.

Ustedes saben que más del 50 por ciento de los plazos fijos se hacen a 30 días y en consecuencia son depósitos de baja calidad. No se puede hacer un financiamiento a largo plazo de esa forma. Me parece que éste es el mejor síntoma que refleja con claridad que hay cierta incertidumbre a futuro.

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Si nosotros queremos destrabar esto y aprovechar esta oferta de crédito -porque naturalmente son fondos a largo plazo de los que no vamos a tener ese riesgo de corrida o de liquidez que suelen tener los bancos- tenemos que dar la posibilidad de que quede protegida frente a lo que puede ser un riesgo a diez, quince o veinte años. Un crédito hipotecario, si no fuera una protección de capital, debería ser con una tasa de interés variable y muy alta. Eso afectaría el valor cuota y haría que la gente de menores recursos no pueda acceder a una vivienda.

Realmente estamos convencidos de que esto debería revisarse porque el mecanismo indexatorio per se no es el origen de la inflación. La mayoría de los presentes tenemos mucho aprendizaje sobre materia inflacionaria. Si tenemos una situación de equilibrio monetario y fiscal y no hay shocks exógenos, la situación es bastante estable y podemos aventurar cómo va a ser el futuro. No deberíamos tener temor.

En el tema de caminos rurales, estamos tratando de realizar un proyecto que está sustentado en lo que se llama "moneda carne", justamente para favorecer a los empresarios ganaderos que con caminos de asfalto van a poder sacar la producción ganadera de su campo. Es una manera de proteger el capital en una moneda que refleje el poder adquisitivo del tomador del crédito. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, la preservación del capital vía el ajuste sobre el salario del tomador de un préstamo hipotecario para que pueda acceder a su vivienda.

Hoy que hemos tomado una cierta distancia de la crisis tendríamos que despejar algunas rigideces y salir de esta situación tan trabada. No tenemos crédito a largo plazo y podemos corregirlo sin necesariamente provocar problemas macroeconómicos al Ministerio de Economía.

SR. PRESIDENTE FRIGERI Estoy preocupado porque el país necesita eliminar la pobreza en el tiempo. Argentina va tener que crecer no menos del 4 ó 5 por ciento; y lo podrá hacer en la medida en que tenga inversión.

Somos conscientes de lo que se dijo hoy en el sentido de que del ahorro de los bancos casi el 80 por ciento está a menos de 60 días, por lo que es de baja calidad. Y si dan crédito hipotecario algunos bancos, lo hacen cada tanto porque se descalzan en el tiempo.

El otro mercado sin duda es el mercado accionario. Tenemos 120 empresas cotizando en Argentina. En Chile hay 240, el doble. A nivel interno, el ahorro contractual es importante.

Les diría que esto es cuestión de tiempo. Estamos usando la capacidad instalada ociosa en un 71 por ciento, considerando que el sector automotor está trabajado al 40 por ciento. Por lo tanto, hay sectores que están arriba del 90 por ciento y para otros sectores no hay crecimiento.

Cuando uno tiene acceso a este patrimonio de 300 millones mensuales -y acompaño la idea de que el aporte tiene que estar en el 11 por ciento, porque hemos perdido 7 mil millones de aporte adicional-, con esos 7 mil millones, hoy estaríamos hablando de financiar la tasa de crecimiento del 4 ó 5 por ciento.

Me pondría muy mal si me rebotan la indexación a punto de perder de mi vivienda. Sé que hay proyectos empresarios, rurales y exportadores, pero considero que estamos en un impasse en el que el Estado le da plata del presupuesto y cuando van a las AFJP para financiar vivienda, están sobrando 8 mil millones.

Aparte en la Argentina todavía estamos teniendo un rechazo al crédito de vivienda porque la gente tiene miedo de qué pasará en el futuro. Entonces los bancos no tienen posibilidades de colocar crédito hipotecario. Imagínense si un crédito hipotecario va indexado. Quizá no. Es posible que dentro de poco haya inversiones en programas industriales de metal metálica, de papel, o de aquellos que están al borde de la capacidad instalada.

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vmn

finanzas

Yo creo que esos fondos van a servir y van a tener que ser indexados por CER.

Creo que estos fondos son imprescindibles en un país que no tendrá en el corto plazo el financiamiento que necesita a largo plazo y sería bueno sentarnos a estudiar cuánto afecta al consumo subir del 7 al 11 por ciento el aporte ya que creo que si el que aporta al sistema de reparto puede aportar el 11 por ciento no hay ninguna razón para que el que aporta al sistema de capitalización -que supuestamente está mejor- también lo haga ya que va a su cuenta porque estamos buscando ahorro genuino a largo plazo. Argentina está necesitando abrir esta brecha.

Lo que está ocurriendo hoy es cierto, quizás la gente no quiera tomar un crédito hipotecario indexado, pero en la industria va a empezar a haber demanda en la medida en que exista la certidumbre ya que necesitan invertir para crecer en la producción.

La Argentina necesita crecer a tasas no inferiores al 4 ó 5 por ciento y lo puede hacer en los próximos años en la medida en que tenga posibilidad de inversión; creo que está todo preparado para eso.

También es cierto lo que ustedes dicen ya que un crédito a veinte años tiene que estar indexado más allá de la tasa, no me cabe ninguna duda.

El CER va a ser utilizado en ese mecanismo, no digo en dólares porque en la Argentina los créditos en dólares están limitados a aquel sector que produce divisas en su producción.

Tenemos que ver qué podemos hacer con el seguro, hay que ver qué costos podemos disminuir. Es cierto que existe un doble gasto, porque para la misma persona la ART tiene gastos de seguro por incapacidad y la AFJP también. Algo deberíamos ordenar y creo que es una tarea en la que la Superintendencia debería estar ocupada.

Otro de los temas que hay que analizar es técnico, el efecto "manada", por qué invirtieron todos en lo mismo; nadie se desvió porque tienen una gran pena, las AFJP que están por debajo de un promedio tienen que responder con capital. Quizás una apertura a la dispersión no sería desaconsejable en un momento en que hay que invertir en distintas cosas según la demanda que exista.

Creo que este sistema debería esmerarse en algo que no ha dado resultado en ningún lado, a pesar de que tienen grandes gastos millonarios en promoción, y es en aumentar la cantidad de aportantes.

Uno de los grandes desafíos que tenemos en la Argentina es contar con un 60 ó 70 por ciento de aportantes porque cuando alguien no aporta en ningún lado cuando se jubile deberá tener una partida en el presupuesto para que alguien le dé dinero para que sobreviva.

En cuanto al aporte, deberíamos tratar de llevarlo lo más alto posible a pesar de que no sé si la respuesta la estamos dando bien con el sistema, ésta es una duda que tengo.

En cuanto a los otros temas, hemos escuchado lo que nos han dicho y creo que algunos datos los tenemos que analizar un poco más. Por ejemplo, he escuchado que el déficit nacional y provincial de 1994 se lo deben a las AFJP, a mi entender el déficit fue lo que se le dio al sistema de capitalización más las comisiones, si fueron 36 o 40 mil millones ese es el déficit pero si el sistema perdió cien mil millones tendría que buscarlo en otro lado.

Estas son las respuestas que nosotros tenemos que dar porque dentro de poco tiempo este tema va a ser legislado en la Cámara.

SR. GARCÍA Quisiera saber si la posibilidad del que está en el sistema de capitalización de volver al sistema de reparto, es decir la elección libre dando un grado de certeza o de confianza, ayudaría a ambos sistemas a mejorar su oferta.

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SR. PEGUET Nosotros nunca hemos planteado objeciones. Hay una asignación de afiliados al sistema que en la práctica no funciona correctamente porque hay muy poco plazo para que la persona pueda decidir antes de ser direccionada hacia una compañía.

En este caso, por defecto, el sistema es el de capitalización. Cuando una persona, casi en el mes de alta laboral, no tiene la capacidad de suscribir y decir que se quiere quedar en el sistema de reparto o ir a tal administradora, de hecho termina siendo sorteado.

Nosotros no tenemos problema en que esa situación se corrija y aquella persona que no tuvo la opción de elegir sí pueda hacerlo. No coincidimos en un sistema de ida y vuelta permanente.

Puede darse el caso de que en los últimos años del sistema mucha gente se iría a reparto debido a que el sistema de capitalización, por un problema de interés compuesto, no le da a la gente el tiempo suficiente para capitalizar. De esa forma, reparto se quedaría con el costo del seguro y la siniestralidad. Siempre, alguien termina pagando los costos de ese arbitraje.

Lo más razonable hubiera sido, de entrada, tener un sistema de elección con más tiempo. No hay tiempo, físicamente hablando, de ir a buscar a una persona, explicarle cómo funciona el sistema porque en el mes de alta se le asigna en forma directa.

SR. SAUMELL Nosotros vemos con mucha preocupación este tema. Los sistemas previsionales deben tener un atributo esencial que está dado por su estabilidad en el tiempo. Si no, mediante el tema del ida y vuelta que se comentaba anteriormente, ambos sistemas terminan desequilibrados. Entonces, se produce la selección adversa.

¿Cuáles son los aportes que mejor se aprovechan desde el punto de vista de la capitalización? Los que mejor se aprovechan son los del inicio del sistema. Hay muchos años para absorber las comisiones que se fueron cobrando. Esos fondos acumulados por interés compuesto resultan ser los más eficientes.

Si una persona entrara en el régimen de capitalización a los 64 años y 9 meses y tuviera tan sólo tres meses de aporte en dicho sistema pierde plata. Los jóvenes empiezan en el sistema de capitalización en sus inicios y a medida que van llegando a la finalización de su etapa activa, tienen un gran estímulo como para pasarse al sistema de reparto. Eso coincide con la etapa en la cual la siniestralidad de esa persona aumenta.

Curiosamente, al establecer un esquema de esa naturaleza terminamos generando un costo fiscal.

SR. PEGUET Los que siempre son beneficiarios de este proceso de selección son aquellos que tienen mayor información y mayor nivel económico. Los que terminan pagando los costos son aquellos que tienen menor nivel de información.

SR. GARCÍA Los que tienen menos información son aquellos que han sido menos beneficiados por este sistema de capitalización.

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Este es un tema que evidentemente no podemos discutir hoy, pero creo que su consideración está pendiente en el sistema.

SR. PRESIDENTE FRIGERI Realmente la explicación brindada ha sido muy buena; y al respecto les comento a los diputados que mañana contarán con la documentación respectiva que nos están dejando nuestros invitados.

Agradezco a todos los que han participado de esta reunión.

Sin más asuntos que tratar, damos por finalizada la reunión de la Comisión de Finanzas.

- Es la hora 18 y 56.