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FINANZAS
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 103
Secretario Administrativo SRA. MASTRANGELO LORENA GLORIA
Jefe SRA. SARA GABRIELA M
Martes 16.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2105 Internos 2105/02
cfinanzas@hcdn.gob.ar
- FINANZAS
Reunión del día 30/04/2004
- RIESGO CREDITICIO
INVITADOS
- señor Alfredo Vicens Presidente de la Cámara de Empresas de Información Comercial
- señor Eduardo Vázquez Secretario de la Cámara de Empresas de Información Comercial
- señor Miguel Mónaco Vicepresidente de la Cámara de Empresas de Información Comercial
En Buenos Aires, a los treinta días del mes de marzo, a la hora 17 y 43:
SR. PRESIDENTE FRIGERI Damos comienzo a la reunión de la Comisión de Finanzas con la presencia de los integrantes de la Cámara de Empresas de Información Comercial. Se encuentran presentes los señores Alfredo Vicens, presidente; Roberto Miguel Mónaco, vicepresidente, y Eduardo Vázquez, secretario.
La idea de esta reunión es comenzar a desarrollar un tema que ya ha sido considerado en no pocas oportunidades y sobre el que ya hemos legislado para ver de qué manera, sobre todo luego de lo sucedido en los años 2001 y 2002, aquellas empresas que solicitan un crédito puedan acceder al mismo sin estar calificadas con un riesgo alto que las inhabilite para hacerlo.
Con respecto a este tema, hay que decir lo justo: el Banco Central también cambió normas, y en un momento determinado cada tres días de mora que tenía un crédito lo evaluaba como un día de mora.
De todos modos, en un mercado donde hay mucha liquidez, hay gente que ha quedado afuera del mercado del crédito. A nosotros nos interesa ver de qué manera aquellas personas que han cumplido pueden quedar habilitadas nuevamente para quela actividad económica siga evolucionando.
Nos gustaría que los representantes de la Cámara de Empresas de Información Comercial nos expliquen cómo trabajan, cómo requieren los datos a los bancos, cómo elaboran la información, etcétera. Porque a veces y sin querer, son los culpables de cosas.
Es decir, una empresa no tiene crédito porque figura con riesgo, y el que le da el crédito requiere los datos para ver si le puede prestar o no. Y según la ley, quienes informan sobre el riesgo tienen la obligación de tener los datos por cinco años, y en caso de que se pague, por dos años.
El proyecto de ley que sancionamos y está en el Senado decía que para la persona que haya cumplido, los pasos se acortaran más rápidamente, y que a aquél que tenía una refinanciación con el 30 por ciento cumplida se le permitiera una reclasificación. Frente a esto ustedes decían que era como borrar los archivos, pero en realidad no era así. Se los dejaba transitoriamente en una época, lo cual modificaba una ley anterior.
Creo que lo mejor es que escuchemos las exposiciones de los señores invitados y luego formularemos preguntas tales como: ¿cómo se generan los datos? ¿Cómo se nutren? ¿A qué datos ustedes le agregan información? Porque hay una central de riesgo crediticio en el Banco Central, que es la que éste toma para calificar a los bancos y previsionar los créditos.
Tiene la palabra el señor Vicens.
La idea de esta reunión es comenzar a desarrollar un tema que ya ha sido considerado en no pocas oportunidades y sobre el que ya hemos legislado para ver de qué manera, sobre todo luego de lo sucedido en los años 2001 y 2002, aquellas empresas que solicitan un crédito puedan acceder al mismo sin estar calificadas con un riesgo alto que las inhabilite para hacerlo.
Con respecto a este tema, hay que decir lo justo: el Banco Central también cambió normas, y en un momento determinado cada tres días de mora que tenía un crédito lo evaluaba como un día de mora.
De todos modos, en un mercado donde hay mucha liquidez, hay gente que ha quedado afuera del mercado del crédito. A nosotros nos interesa ver de qué manera aquellas personas que han cumplido pueden quedar habilitadas nuevamente para quela actividad económica siga evolucionando.
Nos gustaría que los representantes de la Cámara de Empresas de Información Comercial nos expliquen cómo trabajan, cómo requieren los datos a los bancos, cómo elaboran la información, etcétera. Porque a veces y sin querer, son los culpables de cosas.
Es decir, una empresa no tiene crédito porque figura con riesgo, y el que le da el crédito requiere los datos para ver si le puede prestar o no. Y según la ley, quienes informan sobre el riesgo tienen la obligación de tener los datos por cinco años, y en caso de que se pague, por dos años.
El proyecto de ley que sancionamos y está en el Senado decía que para la persona que haya cumplido, los pasos se acortaran más rápidamente, y que a aquél que tenía una refinanciación con el 30 por ciento cumplida se le permitiera una reclasificación. Frente a esto ustedes decían que era como borrar los archivos, pero en realidad no era así. Se los dejaba transitoriamente en una época, lo cual modificaba una ley anterior.
Creo que lo mejor es que escuchemos las exposiciones de los señores invitados y luego formularemos preguntas tales como: ¿cómo se generan los datos? ¿Cómo se nutren? ¿A qué datos ustedes le agregan información? Porque hay una central de riesgo crediticio en el Banco Central, que es la que éste toma para calificar a los bancos y previsionar los créditos.
Tiene la palabra el señor Vicens.
SR. VICENS Señor presidente: en primer lugar quiero agradecer la posibilidad de ponernos a disposición y contribuir en el esclarecimiento de lo que es la forma de funcionar y la actividad que desarrollamos. Sin dudas este es uno de los objetivos centrales de la Cámara de Empresas de Información Comercial que nos agrupa, que ha sido constituida desde 1987 y tiene como integrantes a los nueve agentes más grandes de la actividad que actualmente proveen servicios al mercado. Pero no somos los únicos ni todos hacemos lo mismo, con lo cual el esclarecimiento va a tener que ser a partir de una buena dosis de paciencia para que ustedes puedan darnos la oportunidad de poder esclarecer bien qué se hace, cómo se hace, por qué se hace y para qué se hace.
Me parece importante definir las nueve empresas que están en la cámara ya que ustedes van a identificar los agentes más grandes del sector. Se trata de Activa Informes Comerciales, Decidir, Dun & Bradstreet Argentina, Fidetilas S.A. -cuyo titular es el vicepresidente de la cámara, sentado a mi izquierda-, Nosis, Organización Veraz -la cual presido como gerente general- Serinco, Seven -una empresa del interior del país- y Síntesis, cuyo titular es el señor Eduardo Vázquez.
Decía que no todos hacemos lo mismo ni atendemos a los mismos clientes. Cada uno tiende a explotar el servicio con mucha focalización sobre el tipo de cliente que constituye la parte más importante de su negocio. De esta forma hay algunos que se especializan en cierto tipo de actividades. El caso nuestro está muy focalizado en la actividad financiera, básicamente en los otorgantes de créditos más grandes. Hay otras que se especializan en las empresas de comercio o industria que usan los servicios para verificar los antecedentes crediticios y el grado de cumplimiento de todas aquellas empresas con las que están contratando permanentemente la provisión de servicios. También hay otras que se focalizan puntualmente en ciertas geografía, como es el caso de Seven, en Córdoba, y de otras empresas que están liderando su propio mercado y no hemos podido todavía incorporarlas a la cámara.
Los servicios que brindamos también se diferencian por características. Es decir que no todos colectamos la misma información. Si bien el gran factor común es la base de datos pública, no todos atendemos el mismo perfil de clientes. Hay empresas que damos informes que más que nada buscan la construcción de historias de crédito para verificar el cumplimiento del pago de una obligación en cuotas.
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Hay otras que se dedican a proveer servicios de análisis de balance, o que están volcadas más que nada a las personas jurídicas, y atienden la demanda de aquellos que están operando y requieren esa información.
Por supuesto que también hay otras empresas que tienen un área de servicio que simplemente pasa por lo que podríamos denominar gestoría, que consiste en poner al alcance de la mano de cualquier interesado un servicio de información que contenga lo que se obtiene en una base de datos pública. Por ejemplo, si alguien quiere verificar el dominio de un automotor y no quiere molestarse hasta un registro, desde su casa, en la medida en que es cliente de una empresa, puede solicitarlo y estar recibiéndolo vía Internet. Esto pasa de igual forma con todo lo que sería registro de inmuebles en cada una de las distintas jurisdicciones.
De forma tal que es muy difícil establecer un único patrón, pero ciertamente lo que sí sabemos es que lo que más se ha difundido y lo que genera mayor grado de preocupación y de conocimiento en la opinión pública es todo el concepto tradicional de informes de crédito, que está focalizado más que nada sobre las personas.
Toda esta diversidad hace que cada uno tenga procedimientos distintos, pero esto no obsta para que tengamos un compromiso común, que es el que nos permite compartir la condición de ser miembros de la cámara. Ese compromiso es el de establecer un propio código de ética para el desarrollo de la actividad, lo que constituye algo así como una autorregulación que contempla todos los requerimientos estipulados en la ley de habeas data -que es la ley que regula la actividad- y su reglamentación correspondiente, y se constituye en nuestro norte a la hora de definir si está bien o mal lo que estamos haciendo en las distintas empresas.
Lo que también tenemos en la cámara es una definición específica de un código de ética, y tenemos el compromiso de que quien no lo respete será no sólo sancionado sino también denunciado por malas prácticas ante la autoridad de aplicación de la ley.
Vale la aclaración de que quienes estamos asociados a la Cámara de Empresas de Información Comercial no somos los únicos en el mercado. Si bien tenemos diecisiete años de trayectoria, existen otros emprendimientos que están más que nada ubicados geográficamente en ciertas localidades, y que están fundamentalmente agrupados en la Federación de Entidades Empresarias de Informes Crediticios de la República Argentina. La FEEICRA es la representante de todas las bases de datos que operan en cada una de las cámaras de comercio de aquellas localidades que han logrado constituir un servicio por intermedio del cual intercambian información de morosidad, y algunas tienen una posición sumamente relevante en los distintos mercados.
Vale la pena mencionar los casos de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Rosario, Mendoza o Neuquén. Muchos de ustedes estarán familiarizados con esta realidad que estoy comentando.
También la FEEICRA está constituyéndose como un representante que agrupa una enorme cantidad de agentes activos presentes en el sector.
Tanto la Cámara de Empresas de Información Comercial como la FEEICRA formamos parte del Consejo Consultivo creado por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que es la autoridad de aplicación, según lo dispone la ley 25.326, de habeas data, y su correspondiente reglamentación.
La ley de habeas data tiene alcances sobre todo tipo de actividades que tratan datos personales, ya sean del sector público o privado. En nuestro caso, todas las empresas que estamos agrupadas en la cámara somos empresas privadas -algunas de ellas con participación extranjera- que tenemos un fin de lucro.
La FEEICRA, en general, agrupa a asociaciones y cámaras de comercio locales que también tienen una explotación rentable de un servicio, pero que de pronto no tienen el mismo nivel de claridad en el fin de lucro que persiguen.
Como cámara participamos intensamente en el debate de todo lo que fue la discusión de la ley de habeas data. Esta historia duró seis años, y empezó en junio de 1996, cuando la Cámara de Diputados aprobó el primer proyecto de habeas data, que después fue modificado en Senado y volvió en revisión a Diputados. En 1997 fue definitivamente sancionado como ley y finalmente fue vetada por el Poder Ejecutivo.
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A partir de ese momento se estableció un canal de diálogo y comunicación con los sectores interesados, entre los que entiendo que tuvimos una participación protagónica, contribuyendo con opiniones para orientar la iniciativa de modo que los legisladores restablecieran, reanalizaran y reformularan el proyecto vetado. De esa forma en 1997 se inició el tratamiento de un proyecto en el Senado, una propuesta originada en el Ministerio de Justicia, y fue sancionado. Luego, en 1999, fue considerada por la Cámara de Diputados, en 2000 fue sancionada y es comúnmente conocida como la ley de habeas data, y lleva el número 25.326.
A partir de allí, en los días calientes de noviembre de 2001, época trágica si la medimos en términos de la historia económica del país, apareció la reglamentación, y empezó a funcionar lo que era la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que se constituye de esta forma como un ente autónomo, integrante del Ministerio de Justicia y encargado de regular todo lo referente al tratamiento de los datos personales.
En ese debate nosotros aprendimos mucho, enriquecimos nuestro punto de vista, nos acercamos más a las buenas prácticas, de alguna forma exigidos por las circunstancias, y supimos acompañar este proceso de maduración de un adecuado equilibrio entre el derecho a la privacidad y el de acceder a la información, que tiene lugar cuando se habla de la privacidad.
Precisamente hoy contamos con una ley donde se regula específicamente una sección particular, el artículo 26, los límites dentro de los cuales las empresas de informes comerciales debemos proveer el servicio. Tenemos una reglamentación no plena para todos los artículos pero bastante abundante.
He traído una carpeta con documentación que dejo a disposición de la comisión. Además, deseo comentarles que pueden acceder a la web tanto de nuestra cámara como a la de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales para buscar más información. Allí podrán observar el texto de la ley articulado con la correspondiente reglamentación, lo que facilita mucho la lectura.
En este marco de regulación que está contenido por la ley, la reglamentación y el accionar de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales encontramos nuestro propio límite a la actividad y el marco en el que tenemos que resolver nuestras disidencias e interactuar con la autoridad de aplicación para encontrar, por lo menos, la comprensión necesaria para alentar el desarrollo de estos servicios.
Ahora bien, la ley de habeas data no sólo trata datos que hacen a la actividad comercial de una persona sino que encuadra normativamente a todos aquellos que están tratando cualquier tipo de dato personal y hace consideraciones especiales.
En el texto de la ley se establecen regímenes específicos y se definen algunas consideraciones especiales para ciertas actividades que fueron producto del debate y de la explicación a cada uno de los legisladores que participó de por qué era necesario hacer algún tipo de salvedad a los principios generales que se aplican para el tratamiento de cualquier dato personal.
Nos parece que es un modo apropiado definir un marco normativo en donde se genera una autoridad de aplicación, que es la dirección, porque le da una dinámica que se necesita cuando se analiza el problema de la privacidad, desde el punto de vista de que lo que se trata de controlar es el efecto dañino que se produce en un tratamiento irresponsable de un dato personal, cuando se saca de contexto de la actividad para la cual se ha colectado. No hay que mirarlo como una foto sino como una historia dinámica, es decir que cada sociedad es la expresión de un punto de equilibrio entre el derecho a la privacidad y el derecho al acceso a la información y debe definirse en función de lo que la ciudadanía entiende que corresponde.
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Este no es punto de equilibrio que se pueda sostener en el tiempo en forma fija. Para ejemplificarlo con un dato concreto, la opinión pública puede entender que los datos de seguridad son absolutamente peligrosos y que su tratamiento podría producir algún tipo de conflicto y daño sobre las personas.
Seguramente esta idea hoy está mucho más presente y tiende a proteger mucho más a las personas y a preservar su privacidad, ante hechos que cambiaron la historia, como el atentado ocurrido el 11 de septiembre de 2001. Hay hechos de la realidad social que hacen que el individuo se convenza de que a veces tiene que renunciar en parte a cierto grado de su privacidad en pos del beneficio común y del mejoramiento de los mecanismos de salvaguarda y seguridad.
Este es un tema muy vigente en nuestra sociedad. De pronto, estamos viviendo una seria preocupación de la opinión pública debido a los hechos que son por todos conocidos. Esto puede derivar en el establecimiento de un mayor tipo de exigencias o de permisibilidad al tratamiento de los datos personales en tanto estén focalizados en reforzar la seguridad de la sociedad.
Este ejemplo también sirve para demostrar que es buena la figura jurídica de una dirección que acompañe día a día el natural proceso de evolución que se produce entre el tipo de dato y el uso que se hace de éste, lo cual representa el eje de pensamiento sobre el que se apoya la ley.
A nuestro criterio la ley está definida con muchísima propiedad. No solamente desde la condición de proveedores de informes comerciales o de tratantes de información personal de carácter comercial, sino también desde la condición de ciudadanos, entendemos que es una legislación por demás superior, razonable y equitativa de lo que hoy está en vigencia en otros países.
Ello se debe simplemente a que hemos tenido la oportunidad de copiar razonablemente bien una legislación que en otros países ha quedado un poco desactualizada. En términos generales, nuestra ley conforma un marco adecuado y razonable para garantizar al ciudadano una adecuada protección de sus datos personales.
Al hablar de la privacidad versus el derecho a la información y de su aplicación específica a lo que es la actividad de los informes de crédito, debemos tener en cuenta el marco específico existente contenido en el artículo 26, en el que se definen los derechos y las obligaciones de quienes estamos considerados agentes del sector. En este sentido, es sumamente importante entender que siempre se conceden ciertos beneficios a cambio de un conjunto de obligaciones, que me gustaría mencionar rápidamente, ya que constituyen el eje de pensamiento de la actividad de la cámara.
Con respecto a estas concesiones especiales al tratamiento de la información es importante señalar que únicamente son válidas en tanto y en cuanto usemos el dato para el fin específico para el cual lo hemos colectado: el de constituirnos como empresas proveedoras de información, de informes comerciales y de todo lo que se relacione con el uso de ese dato con el objeto de facilitar el cierre de un negocio comercial. Si ese mismo dato fuera usado en otro ámbito y con otro propósito, estaríamos contemplados dentro de lo que sería el tratamiento de un dato personal que no está protegido por el régimen específico. Insisto en que no se trata del único régimen específico, ya que los datos de salud tienen un régimen especial, así como también los datos de marketing.
De esta manera se da una serie de actividades que van perfilando o demandando un marco legal específico para cada una de ellas, que vemos que irán creciendo en el tiempo. Necesariamente cada actividad tendrá que explicar ante la autoridad de aplicación de la ley qué cosas le impiden desarrollar su actividad y será dicha autoridad quien resolverá si está de acuerdo o no y pedir las correcciones necesarias en caso de no considerar razonable algún aspecto.
El eje de nuestra actividad reside en lograr la máxima transparencia en la información comercial, porque entendemos que esto es lo que hace a la democratización del crédito. Este tipo de servicios no es ningún invento argentino, sino que muy por el contrario, existe desde la propia génesis del comercio. En los puestos de la Edad Media ya se anotaban a los malos cumplidores o a los morosos en el palote del puerto y hasta había penas de muerte para quienes no pagaban las deudas. Por suerte hemos evolucionado y esto ahora al menos parece ser un poco más civilizado.
T.6 Uno de los grandes aciertos de la ley es que define que el dato comercial no se considera sensible, y lo define porque en el artículo 2° relata específicamente qué es lo que se tiene que considerar sensible. Define como datos sensibles aquellos referentes a la salud, a la vida sexual, a la afiliación política y todo lo atinente al área más reservada de la persona, en donde su tratamiento puede crear algún tipo de discriminación que afecte su vida social.
Está claro que la ley considera a los datos comerciales no como datos sensibles y los somete a un tratamiento especial que contempla ciertas facultades para tratar la información comercial, para facilitarla y lo compromete a una serie de obligaciones por parte de los prestadores del servicio que precisamente pretenden garantizar al ciudadano que lo que se hace debe estar enmarcado dentro de ese conjunto de principios que voy a comentar.
Los privilegios que se pueden encontrar en el artículo 26 de la ley es que este equilibrio tutela por igual los derechos del deudor y del acreedor, pero al acreedor le reconoce el derecho de acceder a la información de quien le solicita un préstamo, ya que en eso está la protección de su propio patrimonio. Esto no significa que permita el libertinaje de hacer con esa información un uso indebido. También nos da el derecho a los proveedores del servicio de colectar esa información sin previo consentimiento del propio titular, porque se entiende que el dato crediticio es tanto de quien debe como de quien tiene la acreencia. Es decir, es un dato compartido que es de propiedad tanto del deudor como del acreedor.
Finalmente se entendió, después de un largo debate, que si uno ponía como requisito necesario el previo consentimiento, iba a ser muy difícil alentar el desarrollo de esta actividad y ello estaba condicionando el futuro desarrollo del mercado del crédito.
También comprometió a las empresas del sector a definir un período de tiempo muy preciso y riguroso durante el cual pueden preservar la información. Es decir, está clarísimo en ese artículo especial que nosotros no podemos tener información de morosidad o incumplimiento de pago que supere los cinco años. Además, contempla un caso especial para los incumplimientos resueltos. Por ejemplo cuando existe un atraso en una aversión de pago recurrente y después se logra regularizarla. En ese caso admite que se pueda archivar, mostrar y almacenar el dato hasta dos años posteriores a la fecha de cancelación, en tanto y en cuanto ese plazo no supere el máximo de cinco años desde el inicio del incumplimiento.
Este es el período de tiempo que se conoce en la actividad y en la jerga como el derecho al olvido. Hubo un profundo debate alrededor de todo esto y se apeló a la experiencia de la legislación de otros mercados. Por eso yo diría que nosotros tenemos uno de los plazos más cortos que existen en la ley internacional; que haya una limitación de cinco años indica simplemente que cada persona que quiere incumplir una obligación comercial, cada cinco años lo puede repetir. Esto no está mal ni está bien, es un patrón de medida que se definió en el ámbito más apropiado que fue la discusión de la ley y es cuestión de respetarla y no de discutirla, aun cuando desde nuestro punto de vista pueda haber procesos judiciales en donde la información debe ser eliminada antes de que ni siquiera se pueda obtener la sentencia de una demanda judicial.
Esto es lo que definieron las instituciones, y nuestro compromiso después de que la ley fue aprobada es el de respetarla a rajatablas y éste es uno de los patrones más sólidos de las empresas que estamos agrupadas en la cámara.
Contra estos privilegios nos obligó a definir claramente el tipo de servicio que prestamos. Estos privilegios existen en tanto y en cuanto el fin específico del uso de ese dato sea el de facilitar el cierre de una transacción comercial. No se puede usar con otro sentido.
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Y además que no sean excesivos los datos, que sean útiles y necesarios para el fin para el cual se provee el servicio, que es todo lo que se refiere al comportamiento crediticio y comercial de una persona, y todo lo que tenga que ver con su capacidad de pago. Estos son los aspectos y las variantes centrales del uso que hacemos de la información.
Esto es lo que nosotros llamamos principio de pertinencia, es decir, no podemos colectar información que no sea considerada útil para el fin para el cual prestamos servicio, que es tomar una decisión para apoyar el cierre de una transacción comercial.
También tenemos otro principio muy importante, que es uno de los pilares de la actividad. Me refiero al propósito permitido, que en la jerga es muy conocido pero suena un poco difícil de comprender. Simplemente es el uso legítimo. Esta información, colectada, tratada y puesta a disposición dentro de este marco legal, únicamente está disponible para quienes van a hacer un uso legítimo de ella, que es para apoyar una decisión de tipo comercial y crediticia. No debe ser utilizada para otro propósito.
Existe una única forma de comprobar esto, que es la de llevar un adecuado control de todos los lugares en los cuales se facilita la información, verificando que quien accede a ella es alguien que está dentro de una actividad que justifica que realmente está dentro de ese concepto de tener el derecho legítimo de acceder a esa información.
Otro de los compromisos que tenemos como sector es el derecho de acceso al titular del dato. Nadie con más derecho que él para conocer la información que se tiene colectada en las distintas bases de datos sobre su propia persona. Esto es algo que hemos aceptado con todo compromiso y, en términos generales, todas las empresas que actúan en plaza con un sentido razonable de responsabilidad estamos absolutamente abiertas y gustosas de poder atender los llamados de los ciudadanos, queriendo conocer qué es lo que dice su informe de crédito en la base de datos de las distintas empresas.
En ese aspecto, dentro de la web de la cámara podrán encontrar las formas de contactarse con cada una de las empresas. Esto es lo que hemos alcanzado a consolidar a nivel institucional.
Por supuesto que esto está directamente vinculado con otro aspecto, que es el de la identificación de quien consulta, y este es otro de los pilares. Diría que el uso legítimo, es decir, el propósito permitido, junto con la clara identificación de quien obtiene la información, conforman un corsé para asegurarse que ésta se use con los fines que están permitidos dentro de este marco regulatorio.
La correcta identificación de quien requiere cada uno de los informes comerciales y ese registro para que cuando una persona acceda a su propia información sea adecuadamente informada de quiénes han recibido históricamente esa información, es el marco dentro del cual nace al propio titular del dato el derecho de verificar -no hay nadie más indicado que él- si quien lo ha consultado ha tenido un derecho legítimo o si es alguien que de pronto está haciendo una promoción comercial y le ha hecho llegar una oferta.
Es decir que la identificación de quién recibe la información es un aspecto central que permite cerrar este mecanismo que garantiza el ámbito dentro del cual circula la información, asegurándose el derecho legítimo.
Por supuesto que hay una serie de factores vinculados con la seguridad, la confidencialidad, el compromiso de volcar todos nuestros esfuerzos para actualizar la información, para rectificarla en el caso que corresponda, aun no siendo los proveedores en primera instancia de esa información. Es decir que cuando estamos colectando información de fuente pública y cuando un ciudadano nos hace llegar su inquietud en el sentido de que objeta cierta información, entendemos que nuestra obligación es esclarecer la situación, verificar previamente su identidad para asegurarnos de que es el titular legítimo de esa información, y por supuesto, agotar los medios a nuestro alcance para esclarecer la información, actualizándola o rectificándola o -si esto no fuera posible- para suprimir la información del registro. Este es el derecho de actualización, rectificación o supresión, que está específicamente contemplado en la ley.
Por supuesto que otro de los compromisos es el que establece un derecho de olvido, únicamente aplicable para nuestra actividad. Está claro que nadie puede tener información de incumplimientos de crédito por más de cinco años. Esto es lo que se definió. Este es un juego muy armónico, porque esta figura de los dos años, que seguramente es una de las preocupaciones centrales de la comisión, busca construir algo así como una valorización de la historia de créditos.
Por supuesto que todo esto también está comprometido con el secreto profesional. Cada una de las empresas tiene que asegurarse en cada uno de sus empleados, y hacer formalmente la declaración de que no puede estar difundiendo información, porque quien está trabajando en una empresa obviamente accede sin las restricciones que tienen los clientes, que están sujetos a un contrato formal con un compromiso de responsabilidad compartida si existe un mal uso de la información.
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En este caso, todos los ámbitos de la empresa internamente están cubiertos por el secreto profesional. Tenemos el compromiso de asegurar el secreto profesional sobre toda la información que tratamos. En términos generales, estos son los compromisos de mayor relevancia que considero corresponde destacar.
Obviamente, los participantes de la Cámara de Empresas de Información Comercial tenemos en común un compromiso absolutamente firme y decidido de luchar por la buena práctica. Nosotros somos los primeros que hemos asumido la ley y la reglamentación y la hemos puesto en práctica aun antes de que estuviera en vigencia. El mismo día en el que se aprobó la ley nosotros entendimos que correspondía anticiparnos de modo de hacer nuestros esfuerzos a fin de ser percibidos como gente responsable en el tratamiento de los datos personales. Entiendo que estamos bastante más adelante que otras actividades en las que se tratan datos personales, llámense marketing o salud, y cuyo mal uso puede generar un daño al ciudadano.
En este caso, creemos que estamos liderando este proceso de tratamiento responsable y así es como queremos ser percibidos por la opinión pública. Ese compromiso se manifiesta tanto con los clientes como con los titulares de los datos.
Volviendo sobre la misma figura, con los clientes nosotros procuramos que quien contrata el servicio tenga un derecho legítimo para pedir esa información, se verifica, se firman compromisos de corresponsabilidad en caso de que existiera algún problema, también se los compromete a mantener absoluta reserva y confidencialidad sobre la información y a no divulgarla si no es con el propósito específico por el cual han pedido el informe.
Con el titular del dato nosotros estamos garantizando el derecho de acceso. En este caso creo que son muy pocas las bases de datos que operan en el mercado, incluso las del sector público, que pueden verificar que cumplan el derecho de acceso. Nosotros nos sentimos bien por ser quienes estamos liderando este proceso y ustedes, como ciudadanos, tienen todo el derecho reconocido en la ley de constituirse en un registro público y decir: "Señor, usted tiene la obligación de darme toda la información que tenga colectada sobre mi persona". Al respecto, todavía falta bastante, recién se empieza, la dirección tiene que ponerse claramente más activa y debe llevar a la práctica todos los principios que sabiamente están reconocidos en la regulación.
Mucho antes de la reglamentación definimos nuestro propio código de ética: al titular no sólo le garantizamos el derecho de acceso sino que atendemos con lealtad todos los pedidos de rectificación y actualización, previa comprobación de que lo que pide sea real. Esta es una necesidad que tenemos porque no podemos abrir irresponsablemente a cualquier comprobante que nos acerquen la rectificación de un dato, ya que ello puede significar la desprotección para quien está recibiendo un informe.
Tomamos a nuestro cargo el proceso de validación y verificación de que la rectificación corresponde, porque para eso estamos asumiendo este compromiso. De hecho, agotamos nuestros esfuerzos y hay momentos, cuando la fuente no depende de nosotros, en que lo único que nos queda es estar permanentemente en contacto y aceptar hasta la opinión del interesado directo, que es el titular del dato, si no tenemos forma de convalidarla.
El gran tema que aporta a la actividad es que estamos informando permanentemente a cada ciudadano quiénes accedieron a su propio registro de crédito. Esto es muy importante porque cierra el círculo virtuoso sobre el cual se apoya este marco legal y normativo porque permite simplemente constatar el propósito permitido en el uso de la información.
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Sin ese requisito no hay forma de verificar el uso legítimo y se constituye en un mecanismo prácticamente poco seguro.
La cámara está muy activa y pretende darle entidad a la industria. Sus representantes somos abiertos y estamos dispuestos a incorporar a todos aquellos que quieran compartir el código de ética que aprobamos y al cual nos comprometimos mucho antes de la entrada en vigencia de la ley.
Este código de ética es respetado por todos los integrantes de la cámara y nuestro compromiso es el de sancionar a quien no lo respete, denunciándolo ante la autoridad de aplicación, que es la dirección. Asimismo, tenemos que constituirnos ante dicha autoridad en agentes denunciantes de las prácticas abusivas que vemos en el mercado respecto de lo que no vamos a escatimar ningún esfuerzo.
En definitiva, estos son en términos generales nuestro marco normativo y la idea general de nuestra actividad. Lo que nuestra cámara busca -lo cual es muy fuerte para nosotros- es construir una cultura de buenas prácticas en el mercado, al menos en lo que se refiere al manejo y tratamiento de los datos personales.
Dejo a los señores diputados una carpeta con la dirección de nuestra página web, en la que podrán encontrar más información, y quedo a disposición de ustedes a fin de evacuar con mayor precisión las inquietudes que tengan.
Me parece importante definir las nueve empresas que están en la cámara ya que ustedes van a identificar los agentes más grandes del sector. Se trata de Activa Informes Comerciales, Decidir, Dun & Bradstreet Argentina, Fidetilas S.A. -cuyo titular es el vicepresidente de la cámara, sentado a mi izquierda-, Nosis, Organización Veraz -la cual presido como gerente general- Serinco, Seven -una empresa del interior del país- y Síntesis, cuyo titular es el señor Eduardo Vázquez.
Decía que no todos hacemos lo mismo ni atendemos a los mismos clientes. Cada uno tiende a explotar el servicio con mucha focalización sobre el tipo de cliente que constituye la parte más importante de su negocio. De esta forma hay algunos que se especializan en cierto tipo de actividades. El caso nuestro está muy focalizado en la actividad financiera, básicamente en los otorgantes de créditos más grandes. Hay otras que se especializan en las empresas de comercio o industria que usan los servicios para verificar los antecedentes crediticios y el grado de cumplimiento de todas aquellas empresas con las que están contratando permanentemente la provisión de servicios. También hay otras que se focalizan puntualmente en ciertas geografía, como es el caso de Seven, en Córdoba, y de otras empresas que están liderando su propio mercado y no hemos podido todavía incorporarlas a la cámara.
Los servicios que brindamos también se diferencian por características. Es decir que no todos colectamos la misma información. Si bien el gran factor común es la base de datos pública, no todos atendemos el mismo perfil de clientes. Hay empresas que damos informes que más que nada buscan la construcción de historias de crédito para verificar el cumplimiento del pago de una obligación en cuotas.
T.3
Hay otras que se dedican a proveer servicios de análisis de balance, o que están volcadas más que nada a las personas jurídicas, y atienden la demanda de aquellos que están operando y requieren esa información.
Por supuesto que también hay otras empresas que tienen un área de servicio que simplemente pasa por lo que podríamos denominar gestoría, que consiste en poner al alcance de la mano de cualquier interesado un servicio de información que contenga lo que se obtiene en una base de datos pública. Por ejemplo, si alguien quiere verificar el dominio de un automotor y no quiere molestarse hasta un registro, desde su casa, en la medida en que es cliente de una empresa, puede solicitarlo y estar recibiéndolo vía Internet. Esto pasa de igual forma con todo lo que sería registro de inmuebles en cada una de las distintas jurisdicciones.
De forma tal que es muy difícil establecer un único patrón, pero ciertamente lo que sí sabemos es que lo que más se ha difundido y lo que genera mayor grado de preocupación y de conocimiento en la opinión pública es todo el concepto tradicional de informes de crédito, que está focalizado más que nada sobre las personas.
Toda esta diversidad hace que cada uno tenga procedimientos distintos, pero esto no obsta para que tengamos un compromiso común, que es el que nos permite compartir la condición de ser miembros de la cámara. Ese compromiso es el de establecer un propio código de ética para el desarrollo de la actividad, lo que constituye algo así como una autorregulación que contempla todos los requerimientos estipulados en la ley de habeas data -que es la ley que regula la actividad- y su reglamentación correspondiente, y se constituye en nuestro norte a la hora de definir si está bien o mal lo que estamos haciendo en las distintas empresas.
Lo que también tenemos en la cámara es una definición específica de un código de ética, y tenemos el compromiso de que quien no lo respete será no sólo sancionado sino también denunciado por malas prácticas ante la autoridad de aplicación de la ley.
Vale la aclaración de que quienes estamos asociados a la Cámara de Empresas de Información Comercial no somos los únicos en el mercado. Si bien tenemos diecisiete años de trayectoria, existen otros emprendimientos que están más que nada ubicados geográficamente en ciertas localidades, y que están fundamentalmente agrupados en la Federación de Entidades Empresarias de Informes Crediticios de la República Argentina. La FEEICRA es la representante de todas las bases de datos que operan en cada una de las cámaras de comercio de aquellas localidades que han logrado constituir un servicio por intermedio del cual intercambian información de morosidad, y algunas tienen una posición sumamente relevante en los distintos mercados.
Vale la pena mencionar los casos de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Rosario, Mendoza o Neuquén. Muchos de ustedes estarán familiarizados con esta realidad que estoy comentando.
También la FEEICRA está constituyéndose como un representante que agrupa una enorme cantidad de agentes activos presentes en el sector.
Tanto la Cámara de Empresas de Información Comercial como la FEEICRA formamos parte del Consejo Consultivo creado por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que es la autoridad de aplicación, según lo dispone la ley 25.326, de habeas data, y su correspondiente reglamentación.
La ley de habeas data tiene alcances sobre todo tipo de actividades que tratan datos personales, ya sean del sector público o privado. En nuestro caso, todas las empresas que estamos agrupadas en la cámara somos empresas privadas -algunas de ellas con participación extranjera- que tenemos un fin de lucro.
La FEEICRA, en general, agrupa a asociaciones y cámaras de comercio locales que también tienen una explotación rentable de un servicio, pero que de pronto no tienen el mismo nivel de claridad en el fin de lucro que persiguen.
Como cámara participamos intensamente en el debate de todo lo que fue la discusión de la ley de habeas data. Esta historia duró seis años, y empezó en junio de 1996, cuando la Cámara de Diputados aprobó el primer proyecto de habeas data, que después fue modificado en Senado y volvió en revisión a Diputados. En 1997 fue definitivamente sancionado como ley y finalmente fue vetada por el Poder Ejecutivo.
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A partir de ese momento se estableció un canal de diálogo y comunicación con los sectores interesados, entre los que entiendo que tuvimos una participación protagónica, contribuyendo con opiniones para orientar la iniciativa de modo que los legisladores restablecieran, reanalizaran y reformularan el proyecto vetado. De esa forma en 1997 se inició el tratamiento de un proyecto en el Senado, una propuesta originada en el Ministerio de Justicia, y fue sancionado. Luego, en 1999, fue considerada por la Cámara de Diputados, en 2000 fue sancionada y es comúnmente conocida como la ley de habeas data, y lleva el número 25.326.
A partir de allí, en los días calientes de noviembre de 2001, época trágica si la medimos en términos de la historia económica del país, apareció la reglamentación, y empezó a funcionar lo que era la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que se constituye de esta forma como un ente autónomo, integrante del Ministerio de Justicia y encargado de regular todo lo referente al tratamiento de los datos personales.
En ese debate nosotros aprendimos mucho, enriquecimos nuestro punto de vista, nos acercamos más a las buenas prácticas, de alguna forma exigidos por las circunstancias, y supimos acompañar este proceso de maduración de un adecuado equilibrio entre el derecho a la privacidad y el de acceder a la información, que tiene lugar cuando se habla de la privacidad.
Precisamente hoy contamos con una ley donde se regula específicamente una sección particular, el artículo 26, los límites dentro de los cuales las empresas de informes comerciales debemos proveer el servicio. Tenemos una reglamentación no plena para todos los artículos pero bastante abundante.
He traído una carpeta con documentación que dejo a disposición de la comisión. Además, deseo comentarles que pueden acceder a la web tanto de nuestra cámara como a la de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales para buscar más información. Allí podrán observar el texto de la ley articulado con la correspondiente reglamentación, lo que facilita mucho la lectura.
En este marco de regulación que está contenido por la ley, la reglamentación y el accionar de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales encontramos nuestro propio límite a la actividad y el marco en el que tenemos que resolver nuestras disidencias e interactuar con la autoridad de aplicación para encontrar, por lo menos, la comprensión necesaria para alentar el desarrollo de estos servicios.
Ahora bien, la ley de habeas data no sólo trata datos que hacen a la actividad comercial de una persona sino que encuadra normativamente a todos aquellos que están tratando cualquier tipo de dato personal y hace consideraciones especiales.
En el texto de la ley se establecen regímenes específicos y se definen algunas consideraciones especiales para ciertas actividades que fueron producto del debate y de la explicación a cada uno de los legisladores que participó de por qué era necesario hacer algún tipo de salvedad a los principios generales que se aplican para el tratamiento de cualquier dato personal.
Nos parece que es un modo apropiado definir un marco normativo en donde se genera una autoridad de aplicación, que es la dirección, porque le da una dinámica que se necesita cuando se analiza el problema de la privacidad, desde el punto de vista de que lo que se trata de controlar es el efecto dañino que se produce en un tratamiento irresponsable de un dato personal, cuando se saca de contexto de la actividad para la cual se ha colectado. No hay que mirarlo como una foto sino como una historia dinámica, es decir que cada sociedad es la expresión de un punto de equilibrio entre el derecho a la privacidad y el derecho al acceso a la información y debe definirse en función de lo que la ciudadanía entiende que corresponde.
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Este no es punto de equilibrio que se pueda sostener en el tiempo en forma fija. Para ejemplificarlo con un dato concreto, la opinión pública puede entender que los datos de seguridad son absolutamente peligrosos y que su tratamiento podría producir algún tipo de conflicto y daño sobre las personas.
Seguramente esta idea hoy está mucho más presente y tiende a proteger mucho más a las personas y a preservar su privacidad, ante hechos que cambiaron la historia, como el atentado ocurrido el 11 de septiembre de 2001. Hay hechos de la realidad social que hacen que el individuo se convenza de que a veces tiene que renunciar en parte a cierto grado de su privacidad en pos del beneficio común y del mejoramiento de los mecanismos de salvaguarda y seguridad.
Este es un tema muy vigente en nuestra sociedad. De pronto, estamos viviendo una seria preocupación de la opinión pública debido a los hechos que son por todos conocidos. Esto puede derivar en el establecimiento de un mayor tipo de exigencias o de permisibilidad al tratamiento de los datos personales en tanto estén focalizados en reforzar la seguridad de la sociedad.
Este ejemplo también sirve para demostrar que es buena la figura jurídica de una dirección que acompañe día a día el natural proceso de evolución que se produce entre el tipo de dato y el uso que se hace de éste, lo cual representa el eje de pensamiento sobre el que se apoya la ley.
A nuestro criterio la ley está definida con muchísima propiedad. No solamente desde la condición de proveedores de informes comerciales o de tratantes de información personal de carácter comercial, sino también desde la condición de ciudadanos, entendemos que es una legislación por demás superior, razonable y equitativa de lo que hoy está en vigencia en otros países.
Ello se debe simplemente a que hemos tenido la oportunidad de copiar razonablemente bien una legislación que en otros países ha quedado un poco desactualizada. En términos generales, nuestra ley conforma un marco adecuado y razonable para garantizar al ciudadano una adecuada protección de sus datos personales.
Al hablar de la privacidad versus el derecho a la información y de su aplicación específica a lo que es la actividad de los informes de crédito, debemos tener en cuenta el marco específico existente contenido en el artículo 26, en el que se definen los derechos y las obligaciones de quienes estamos considerados agentes del sector. En este sentido, es sumamente importante entender que siempre se conceden ciertos beneficios a cambio de un conjunto de obligaciones, que me gustaría mencionar rápidamente, ya que constituyen el eje de pensamiento de la actividad de la cámara.
Con respecto a estas concesiones especiales al tratamiento de la información es importante señalar que únicamente son válidas en tanto y en cuanto usemos el dato para el fin específico para el cual lo hemos colectado: el de constituirnos como empresas proveedoras de información, de informes comerciales y de todo lo que se relacione con el uso de ese dato con el objeto de facilitar el cierre de un negocio comercial. Si ese mismo dato fuera usado en otro ámbito y con otro propósito, estaríamos contemplados dentro de lo que sería el tratamiento de un dato personal que no está protegido por el régimen específico. Insisto en que no se trata del único régimen específico, ya que los datos de salud tienen un régimen especial, así como también los datos de marketing.
De esta manera se da una serie de actividades que van perfilando o demandando un marco legal específico para cada una de ellas, que vemos que irán creciendo en el tiempo. Necesariamente cada actividad tendrá que explicar ante la autoridad de aplicación de la ley qué cosas le impiden desarrollar su actividad y será dicha autoridad quien resolverá si está de acuerdo o no y pedir las correcciones necesarias en caso de no considerar razonable algún aspecto.
El eje de nuestra actividad reside en lograr la máxima transparencia en la información comercial, porque entendemos que esto es lo que hace a la democratización del crédito. Este tipo de servicios no es ningún invento argentino, sino que muy por el contrario, existe desde la propia génesis del comercio. En los puestos de la Edad Media ya se anotaban a los malos cumplidores o a los morosos en el palote del puerto y hasta había penas de muerte para quienes no pagaban las deudas. Por suerte hemos evolucionado y esto ahora al menos parece ser un poco más civilizado.
T.6 Uno de los grandes aciertos de la ley es que define que el dato comercial no se considera sensible, y lo define porque en el artículo 2° relata específicamente qué es lo que se tiene que considerar sensible. Define como datos sensibles aquellos referentes a la salud, a la vida sexual, a la afiliación política y todo lo atinente al área más reservada de la persona, en donde su tratamiento puede crear algún tipo de discriminación que afecte su vida social.
Está claro que la ley considera a los datos comerciales no como datos sensibles y los somete a un tratamiento especial que contempla ciertas facultades para tratar la información comercial, para facilitarla y lo compromete a una serie de obligaciones por parte de los prestadores del servicio que precisamente pretenden garantizar al ciudadano que lo que se hace debe estar enmarcado dentro de ese conjunto de principios que voy a comentar.
Los privilegios que se pueden encontrar en el artículo 26 de la ley es que este equilibrio tutela por igual los derechos del deudor y del acreedor, pero al acreedor le reconoce el derecho de acceder a la información de quien le solicita un préstamo, ya que en eso está la protección de su propio patrimonio. Esto no significa que permita el libertinaje de hacer con esa información un uso indebido. También nos da el derecho a los proveedores del servicio de colectar esa información sin previo consentimiento del propio titular, porque se entiende que el dato crediticio es tanto de quien debe como de quien tiene la acreencia. Es decir, es un dato compartido que es de propiedad tanto del deudor como del acreedor.
Finalmente se entendió, después de un largo debate, que si uno ponía como requisito necesario el previo consentimiento, iba a ser muy difícil alentar el desarrollo de esta actividad y ello estaba condicionando el futuro desarrollo del mercado del crédito.
También comprometió a las empresas del sector a definir un período de tiempo muy preciso y riguroso durante el cual pueden preservar la información. Es decir, está clarísimo en ese artículo especial que nosotros no podemos tener información de morosidad o incumplimiento de pago que supere los cinco años. Además, contempla un caso especial para los incumplimientos resueltos. Por ejemplo cuando existe un atraso en una aversión de pago recurrente y después se logra regularizarla. En ese caso admite que se pueda archivar, mostrar y almacenar el dato hasta dos años posteriores a la fecha de cancelación, en tanto y en cuanto ese plazo no supere el máximo de cinco años desde el inicio del incumplimiento.
Este es el período de tiempo que se conoce en la actividad y en la jerga como el derecho al olvido. Hubo un profundo debate alrededor de todo esto y se apeló a la experiencia de la legislación de otros mercados. Por eso yo diría que nosotros tenemos uno de los plazos más cortos que existen en la ley internacional; que haya una limitación de cinco años indica simplemente que cada persona que quiere incumplir una obligación comercial, cada cinco años lo puede repetir. Esto no está mal ni está bien, es un patrón de medida que se definió en el ámbito más apropiado que fue la discusión de la ley y es cuestión de respetarla y no de discutirla, aun cuando desde nuestro punto de vista pueda haber procesos judiciales en donde la información debe ser eliminada antes de que ni siquiera se pueda obtener la sentencia de una demanda judicial.
Esto es lo que definieron las instituciones, y nuestro compromiso después de que la ley fue aprobada es el de respetarla a rajatablas y éste es uno de los patrones más sólidos de las empresas que estamos agrupadas en la cámara.
Contra estos privilegios nos obligó a definir claramente el tipo de servicio que prestamos. Estos privilegios existen en tanto y en cuanto el fin específico del uso de ese dato sea el de facilitar el cierre de una transacción comercial. No se puede usar con otro sentido.
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Y además que no sean excesivos los datos, que sean útiles y necesarios para el fin para el cual se provee el servicio, que es todo lo que se refiere al comportamiento crediticio y comercial de una persona, y todo lo que tenga que ver con su capacidad de pago. Estos son los aspectos y las variantes centrales del uso que hacemos de la información.
Esto es lo que nosotros llamamos principio de pertinencia, es decir, no podemos colectar información que no sea considerada útil para el fin para el cual prestamos servicio, que es tomar una decisión para apoyar el cierre de una transacción comercial.
También tenemos otro principio muy importante, que es uno de los pilares de la actividad. Me refiero al propósito permitido, que en la jerga es muy conocido pero suena un poco difícil de comprender. Simplemente es el uso legítimo. Esta información, colectada, tratada y puesta a disposición dentro de este marco legal, únicamente está disponible para quienes van a hacer un uso legítimo de ella, que es para apoyar una decisión de tipo comercial y crediticia. No debe ser utilizada para otro propósito.
Existe una única forma de comprobar esto, que es la de llevar un adecuado control de todos los lugares en los cuales se facilita la información, verificando que quien accede a ella es alguien que está dentro de una actividad que justifica que realmente está dentro de ese concepto de tener el derecho legítimo de acceder a esa información.
Otro de los compromisos que tenemos como sector es el derecho de acceso al titular del dato. Nadie con más derecho que él para conocer la información que se tiene colectada en las distintas bases de datos sobre su propia persona. Esto es algo que hemos aceptado con todo compromiso y, en términos generales, todas las empresas que actúan en plaza con un sentido razonable de responsabilidad estamos absolutamente abiertas y gustosas de poder atender los llamados de los ciudadanos, queriendo conocer qué es lo que dice su informe de crédito en la base de datos de las distintas empresas.
En ese aspecto, dentro de la web de la cámara podrán encontrar las formas de contactarse con cada una de las empresas. Esto es lo que hemos alcanzado a consolidar a nivel institucional.
Por supuesto que esto está directamente vinculado con otro aspecto, que es el de la identificación de quien consulta, y este es otro de los pilares. Diría que el uso legítimo, es decir, el propósito permitido, junto con la clara identificación de quien obtiene la información, conforman un corsé para asegurarse que ésta se use con los fines que están permitidos dentro de este marco regulatorio.
La correcta identificación de quien requiere cada uno de los informes comerciales y ese registro para que cuando una persona acceda a su propia información sea adecuadamente informada de quiénes han recibido históricamente esa información, es el marco dentro del cual nace al propio titular del dato el derecho de verificar -no hay nadie más indicado que él- si quien lo ha consultado ha tenido un derecho legítimo o si es alguien que de pronto está haciendo una promoción comercial y le ha hecho llegar una oferta.
Es decir que la identificación de quién recibe la información es un aspecto central que permite cerrar este mecanismo que garantiza el ámbito dentro del cual circula la información, asegurándose el derecho legítimo.
Por supuesto que hay una serie de factores vinculados con la seguridad, la confidencialidad, el compromiso de volcar todos nuestros esfuerzos para actualizar la información, para rectificarla en el caso que corresponda, aun no siendo los proveedores en primera instancia de esa información. Es decir que cuando estamos colectando información de fuente pública y cuando un ciudadano nos hace llegar su inquietud en el sentido de que objeta cierta información, entendemos que nuestra obligación es esclarecer la situación, verificar previamente su identidad para asegurarnos de que es el titular legítimo de esa información, y por supuesto, agotar los medios a nuestro alcance para esclarecer la información, actualizándola o rectificándola o -si esto no fuera posible- para suprimir la información del registro. Este es el derecho de actualización, rectificación o supresión, que está específicamente contemplado en la ley.
Por supuesto que otro de los compromisos es el que establece un derecho de olvido, únicamente aplicable para nuestra actividad. Está claro que nadie puede tener información de incumplimientos de crédito por más de cinco años. Esto es lo que se definió. Este es un juego muy armónico, porque esta figura de los dos años, que seguramente es una de las preocupaciones centrales de la comisión, busca construir algo así como una valorización de la historia de créditos.
Por supuesto que todo esto también está comprometido con el secreto profesional. Cada una de las empresas tiene que asegurarse en cada uno de sus empleados, y hacer formalmente la declaración de que no puede estar difundiendo información, porque quien está trabajando en una empresa obviamente accede sin las restricciones que tienen los clientes, que están sujetos a un contrato formal con un compromiso de responsabilidad compartida si existe un mal uso de la información.
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En este caso, todos los ámbitos de la empresa internamente están cubiertos por el secreto profesional. Tenemos el compromiso de asegurar el secreto profesional sobre toda la información que tratamos. En términos generales, estos son los compromisos de mayor relevancia que considero corresponde destacar.
Obviamente, los participantes de la Cámara de Empresas de Información Comercial tenemos en común un compromiso absolutamente firme y decidido de luchar por la buena práctica. Nosotros somos los primeros que hemos asumido la ley y la reglamentación y la hemos puesto en práctica aun antes de que estuviera en vigencia. El mismo día en el que se aprobó la ley nosotros entendimos que correspondía anticiparnos de modo de hacer nuestros esfuerzos a fin de ser percibidos como gente responsable en el tratamiento de los datos personales. Entiendo que estamos bastante más adelante que otras actividades en las que se tratan datos personales, llámense marketing o salud, y cuyo mal uso puede generar un daño al ciudadano.
En este caso, creemos que estamos liderando este proceso de tratamiento responsable y así es como queremos ser percibidos por la opinión pública. Ese compromiso se manifiesta tanto con los clientes como con los titulares de los datos.
Volviendo sobre la misma figura, con los clientes nosotros procuramos que quien contrata el servicio tenga un derecho legítimo para pedir esa información, se verifica, se firman compromisos de corresponsabilidad en caso de que existiera algún problema, también se los compromete a mantener absoluta reserva y confidencialidad sobre la información y a no divulgarla si no es con el propósito específico por el cual han pedido el informe.
Con el titular del dato nosotros estamos garantizando el derecho de acceso. En este caso creo que son muy pocas las bases de datos que operan en el mercado, incluso las del sector público, que pueden verificar que cumplan el derecho de acceso. Nosotros nos sentimos bien por ser quienes estamos liderando este proceso y ustedes, como ciudadanos, tienen todo el derecho reconocido en la ley de constituirse en un registro público y decir: "Señor, usted tiene la obligación de darme toda la información que tenga colectada sobre mi persona". Al respecto, todavía falta bastante, recién se empieza, la dirección tiene que ponerse claramente más activa y debe llevar a la práctica todos los principios que sabiamente están reconocidos en la regulación.
Mucho antes de la reglamentación definimos nuestro propio código de ética: al titular no sólo le garantizamos el derecho de acceso sino que atendemos con lealtad todos los pedidos de rectificación y actualización, previa comprobación de que lo que pide sea real. Esta es una necesidad que tenemos porque no podemos abrir irresponsablemente a cualquier comprobante que nos acerquen la rectificación de un dato, ya que ello puede significar la desprotección para quien está recibiendo un informe.
Tomamos a nuestro cargo el proceso de validación y verificación de que la rectificación corresponde, porque para eso estamos asumiendo este compromiso. De hecho, agotamos nuestros esfuerzos y hay momentos, cuando la fuente no depende de nosotros, en que lo único que nos queda es estar permanentemente en contacto y aceptar hasta la opinión del interesado directo, que es el titular del dato, si no tenemos forma de convalidarla.
El gran tema que aporta a la actividad es que estamos informando permanentemente a cada ciudadano quiénes accedieron a su propio registro de crédito. Esto es muy importante porque cierra el círculo virtuoso sobre el cual se apoya este marco legal y normativo porque permite simplemente constatar el propósito permitido en el uso de la información.
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Sin ese requisito no hay forma de verificar el uso legítimo y se constituye en un mecanismo prácticamente poco seguro.
La cámara está muy activa y pretende darle entidad a la industria. Sus representantes somos abiertos y estamos dispuestos a incorporar a todos aquellos que quieran compartir el código de ética que aprobamos y al cual nos comprometimos mucho antes de la entrada en vigencia de la ley.
Este código de ética es respetado por todos los integrantes de la cámara y nuestro compromiso es el de sancionar a quien no lo respete, denunciándolo ante la autoridad de aplicación, que es la dirección. Asimismo, tenemos que constituirnos ante dicha autoridad en agentes denunciantes de las prácticas abusivas que vemos en el mercado respecto de lo que no vamos a escatimar ningún esfuerzo.
En definitiva, estos son en términos generales nuestro marco normativo y la idea general de nuestra actividad. Lo que nuestra cámara busca -lo cual es muy fuerte para nosotros- es construir una cultura de buenas prácticas en el mercado, al menos en lo que se refiere al manejo y tratamiento de los datos personales.
Dejo a los señores diputados una carpeta con la dirección de nuestra página web, en la que podrán encontrar más información, y quedo a disposición de ustedes a fin de evacuar con mayor precisión las inquietudes que tengan.
SR. PRESIDENTE FRIGERI Hemos recibido una información muy detallada de parte del presidente de la cámara, Alfredo Vicens.
Tiene la palabra el señor diputado González.
Tiene la palabra el señor diputado González.
SR. GONZÁLEZ (R.A.) Quisiera formular dos preguntas concretas. En primer lugar, me gustaría saber qué le requieren a la persona que desea verificar sus datos, es decir, de qué forma una persona común, que no está asociada a la empresa, puede acceder a sus datos. Me gustaría saber qué requisitos se piden: si lo tiene que hacer por escrito, cómo, dónde, en qué lugar, etcétera.
En segundo lugar, quisiera saber cuál es la fuente de información de las bases de datos con las que ustedes cuentan. Si se trata de fuentes de información públicas -como podría ser el Banco Central-, y si además se originan a su vez en convenios con empresas privadas, como podrían ser bancos, otros dadores de créditos, organizaciones, cámaras o federaciones, que alimentan la base de datos.
En segundo lugar, quisiera saber cuál es la fuente de información de las bases de datos con las que ustedes cuentan. Si se trata de fuentes de información públicas -como podría ser el Banco Central-, y si además se originan a su vez en convenios con empresas privadas, como podrían ser bancos, otros dadores de créditos, organizaciones, cámaras o federaciones, que alimentan la base de datos.
SR. VICENS Precisamente el derecho de acceso es una de las inquietudes que más nos interesa difundir, porque para nosotros representa la oportunidad de demostrar un compromiso serio.
Si algo está mal, está muy lejos del espíritu de las empresas que proveemos este servicio decir algo que no corresponde. Esto no es viable en ningún mercado y por eso el derecho de acceso es algo que estamos difundiendo.
Cada empresa tiene sus mecanismos y en el folleto que voy a dejar a los señores legisladores figura la forma de contactarse con cada una de las empresas. Como no todas hacen lo mismo, cada una tiene distintos niveles de demanda respecto de ese tipo de servicios.
A título de ejemplo le doy el de nuestra compañía, que cuenta con un call centre montado con toda la información a fin de que el individuo llame, validando que sea el propio interesado quien requiere la información. El teléfono al que debe comunicarse es el 4348-4463, donde estamos recibiendo innumerables cantidad de llamados. Se verifica el registro de crédito -respecto de lo que se ha hecho cultura antes de ir a solicitarlo-, porque se entiende que de esa forma se está más informado. Esto es absolutamente sin costo alguno, como corresponde, y se lo hace en forma telefónica, porque es la más eficiente.
La validación se hace a través de las preguntas de desafío, que en nuestra jerga se denominan challenge questions. Por ejemplo, nosotros recibimos un llamado suyo y usted sabe que es solamente el titular del dato quien puede recabar y acceder a esta información. Entonces, le preguntamos su número de documento -hasta acá es fácil-, con quién está casado, con qué banco trabaja, cuál es el límite de su tarjeta de crédito -acá se empieza a complicar un poco más-, etcétera.
T.10Tenemos una serie de preguntas al igual que se hace en los mercados más evolucionados. Este es el mecanismo de validación de que quien está requiriendo la información está habilitado y es quien corresponde.
Si algo está mal, está muy lejos del espíritu de las empresas que proveemos este servicio decir algo que no corresponde. Esto no es viable en ningún mercado y por eso el derecho de acceso es algo que estamos difundiendo.
Cada empresa tiene sus mecanismos y en el folleto que voy a dejar a los señores legisladores figura la forma de contactarse con cada una de las empresas. Como no todas hacen lo mismo, cada una tiene distintos niveles de demanda respecto de ese tipo de servicios.
A título de ejemplo le doy el de nuestra compañía, que cuenta con un call centre montado con toda la información a fin de que el individuo llame, validando que sea el propio interesado quien requiere la información. El teléfono al que debe comunicarse es el 4348-4463, donde estamos recibiendo innumerables cantidad de llamados. Se verifica el registro de crédito -respecto de lo que se ha hecho cultura antes de ir a solicitarlo-, porque se entiende que de esa forma se está más informado. Esto es absolutamente sin costo alguno, como corresponde, y se lo hace en forma telefónica, porque es la más eficiente.
La validación se hace a través de las preguntas de desafío, que en nuestra jerga se denominan challenge questions. Por ejemplo, nosotros recibimos un llamado suyo y usted sabe que es solamente el titular del dato quien puede recabar y acceder a esta información. Entonces, le preguntamos su número de documento -hasta acá es fácil-, con quién está casado, con qué banco trabaja, cuál es el límite de su tarjeta de crédito -acá se empieza a complicar un poco más-, etcétera.
T.10Tenemos una serie de preguntas al igual que se hace en los mercados más evolucionados. Este es el mecanismo de validación de que quien está requiriendo la información está habilitado y es quien corresponde.
SR. GONZÁLEZ (R.A.) Quiere decir que saben mucho de nosotros.
SR. VICENS Seguramente, pero fíjese el tema de cómo se utiliza. Esperemos que le haya servido para ir a algún lugar y encontrar absolutamente facilitado el acceso al crédito. Ese es el gran objetivo de la actividad.
SR. MÓNACO Quiero recalcar que este derecho al acceso es gratuito. Es decir, las empresas de la cámara difundimos que cada seis meses en forma gratuita cada ciudadano o persona física o jurídica tiene el derecho a conocer todos los datos que se tienen de ella y todas las personas que lo han consultado.
A modo de anécdota le cuento que hay gente que se arrima a nuestras compañías para incluirse en las bases. El fraude de documentos en Argentina es alto, y hay gente que no sabe por qué está en una base, porque le han adulterado el documento. Por eso ya existen en nuestras empresas herramientas protectoras para que no se permita seguir dando crédito a una persona que le han sustraído o adulterado su documento.
A modo de anécdota le cuento que hay gente que se arrima a nuestras compañías para incluirse en las bases. El fraude de documentos en Argentina es alto, y hay gente que no sabe por qué está en una base, porque le han adulterado el documento. Por eso ya existen en nuestras empresas herramientas protectoras para que no se permita seguir dando crédito a una persona que le han sustraído o adulterado su documento.
SR. VICENS En cuanto a la pregunta de cómo se conoce la información voy a tipificar las grandes fuentes con un ejemplo concreto. De todas formas las fuentes no son comunes porque cada uno hace esfuerzos para colectar en mejor medida cierto tipo de información que puede corresponder a un mayor interés manifestado en su posicionamiento dentro del mercado.
Toda la información pública es un dato que está a disposición no solamente de las empresas proveedoras del servicio sino de cualquier ciudadano. Lo que nosotros hacemos es recopilar la información, tratarla, acumularla en el tiempo y ponerla a disposición en tiempo y forma en el minuto que la necesite y en el lugar que usted quiera. Este es el gran atributo de la actividad para facilitar el desarrollo de las aprobaciones de créditos.
De manera que una fuente importante es la información que proviene del Banco Central. Nosotros estamos muy convencidos de que es una enorme contribución al mercado pero ni de casualidad puede llegar a constituirse en la única proveedora de información porque hay mucha más información que no está en las posibilidades de colectar del Banco Central.
Lo importante de la fuente del Banco Central es que hace a la transparencia de toda la información de las deudas del sistema financiero, ya que es el Banco Central quien tiene la potestad de forzar la publicación. Después está toda la información que no está en el Banco Central y sobre la que nosotros no tenemos ninguna injerencia en función del tratamiento. Solamente somos repetidores de la información. Si tenemos algún problema lo que asumimos es el compromiso de hacer nuestro mejor esfuerzo por esclarecerlo, poniéndonos en contacto específicamente con quienes aportaron la información para aclararlo.
Hasta acá tenemos dos bases de datos, la central de deudores del sistema financiero, y la constituida por la lectura de los saldos de deuda al cierre de cada mes de cada una de las entidades financieras, que está no sólo a disposición nuestra sino de cualquier ciudadano que acceda por Internet.
Después está la central de cheques rechazados, que es la que lleva el registro de todos los cheques que en cada una de las cuentas corrientes son rechazados en el mercado. También accedemos a esta información en igualdad de condiciones, y lo que hacemos es, a partir de esa fuente primaria de información, le vamos agregando valor y la vamos conservando en el tiempo, siempre dentro del marco de lo establecido por el derecho de olvido, que es que si hay un incumplimiento, lo eliminamos al quinto año.
Otra fuente es la información judicial de todo lo que hace a la justicia comercial. Si bien en Capital Federal existe en forma anticipada una acordada de la cámara, es la misma información que cualquier individuo o ciudadano común puede colectar si asiste a la mesa de entrada de cada una de las secretarías, de cada uno de los tribunales y se encarga de recopilar sistemáticamente y en forma repetida todas las demandas judiciales que se inician en el fuero comercial. Hay muchas transacciones comerciales que no se operan dentro de la justicia comercial y estas las estamos descartando porque entendemos que no está reunida la suficiente garantía como para poder acceder a esa información.
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Es más, cuando la información correspondiente a los bancos públicos entra en el camino judicial, tramita en la Justicia Federal y esta es una información que tampoco tenemos porque no está autorizada su colección. A nuestro criterio, esto termina siendo una desprotección y una desventaja para los bancos públicos, pero es así.
Hay otros mecanismos alternativos para cubrir esto, pero somos muy meticulosos en colectar aquella información del ámbito judicial que es precisamente aquélla cuya colección está convalidada, acordada y autorizada.
También tenemos toda la información de los boletines oficiales, los edictos, las constituciones de sociedades, etcétera. En definitiva, podemos aprovechar muy bien todo lo que se publica sistemáticamente en cualquier medio oficial porque estamos dedicados a esto, lo hacemos todos los días, lo perfeccionamos y encontramos las fisuras y las formas de corregir la calidad de la información. Este es el secreto de la industria, porque para nosotros este es un medio de vida y no una situación circunstancial.
También somos muy meticulosos en cuanto a la información de la AFIP. En cuanto a todo lo que está puesto en los portales de las instituciones públicas que están a disposición de cualquier persona, nuestra expertise es colectarla, tratarla, incorporarla y señalar claramente el origen de la información. Muchas veces las personas se informan que tienen un embargo de la AFIP porque nosotros se lo avisamos en su propio informe. Y no es culpa nuestra que la AFIP le haya decretado un embargo, y sin embargo esto es lo que está pasando. Nosotros somos repetidores, y en este caso entendemos que la bronca siempre se dirige a quien está dando la noticia. Es el problema del mensajero, pero esta es nuestra actividad, y lo único que nos queda es tratar de actuar con absoluta lealtad y con el compromiso de mejorar la actividad con nuestra contribución.
En términos generales, estas son las grandes bases de datos públicas. En forma puntual una empresa puede ir al registro del automotor o al registro de inmuebles de cada una de las jurisdicciones locales, y puede estar colectando esa información porque se la ha pedido algún cliente.
Esto es más simple de ver cuando uno se pone en la figura del gestor. Esto es la comodidad de entregar en la casa a un individuo un informe que desea obtener, o el know how de saber dónde está la información y qué es lo que ésta está indicando. Para ello se capacita al usuario del servicio, para que la interpretación que se haga de esa información esté de acuerdo con las limitaciones que tiene.
No todas las fuentes de información tienen la misma calidad. Descartamos muchísima información por baja calidad. Ustedes bien saben que, por ejemplo, no todas las demandas judiciales contemplan que se consigne el número de documento. Si así fuera significaría un avance muy importante, pero en este país no hay mayor impunidad que la de llamarse, por ejemplo, Pérez. Espero que entre los presentes no haya nadie que se llame así, pero nunca nadie va a tener la seguridad de que a un apellido demasiado común corresponda una demanda judicial. Entonces, toda esa información es sistemáticamente descartada.
Digo esto a modo de ejemplo, pero sin lugar a dudas, lo que más contribuye al desarrollo de la actividad y le da vida propia es la propia base de información que denuncian cada una de las carteras de clientes de cada una de las empresas que estamos en el sector.
Toda la información pública es un dato que está a disposición no solamente de las empresas proveedoras del servicio sino de cualquier ciudadano. Lo que nosotros hacemos es recopilar la información, tratarla, acumularla en el tiempo y ponerla a disposición en tiempo y forma en el minuto que la necesite y en el lugar que usted quiera. Este es el gran atributo de la actividad para facilitar el desarrollo de las aprobaciones de créditos.
De manera que una fuente importante es la información que proviene del Banco Central. Nosotros estamos muy convencidos de que es una enorme contribución al mercado pero ni de casualidad puede llegar a constituirse en la única proveedora de información porque hay mucha más información que no está en las posibilidades de colectar del Banco Central.
Lo importante de la fuente del Banco Central es que hace a la transparencia de toda la información de las deudas del sistema financiero, ya que es el Banco Central quien tiene la potestad de forzar la publicación. Después está toda la información que no está en el Banco Central y sobre la que nosotros no tenemos ninguna injerencia en función del tratamiento. Solamente somos repetidores de la información. Si tenemos algún problema lo que asumimos es el compromiso de hacer nuestro mejor esfuerzo por esclarecerlo, poniéndonos en contacto específicamente con quienes aportaron la información para aclararlo.
Hasta acá tenemos dos bases de datos, la central de deudores del sistema financiero, y la constituida por la lectura de los saldos de deuda al cierre de cada mes de cada una de las entidades financieras, que está no sólo a disposición nuestra sino de cualquier ciudadano que acceda por Internet.
Después está la central de cheques rechazados, que es la que lleva el registro de todos los cheques que en cada una de las cuentas corrientes son rechazados en el mercado. También accedemos a esta información en igualdad de condiciones, y lo que hacemos es, a partir de esa fuente primaria de información, le vamos agregando valor y la vamos conservando en el tiempo, siempre dentro del marco de lo establecido por el derecho de olvido, que es que si hay un incumplimiento, lo eliminamos al quinto año.
Otra fuente es la información judicial de todo lo que hace a la justicia comercial. Si bien en Capital Federal existe en forma anticipada una acordada de la cámara, es la misma información que cualquier individuo o ciudadano común puede colectar si asiste a la mesa de entrada de cada una de las secretarías, de cada uno de los tribunales y se encarga de recopilar sistemáticamente y en forma repetida todas las demandas judiciales que se inician en el fuero comercial. Hay muchas transacciones comerciales que no se operan dentro de la justicia comercial y estas las estamos descartando porque entendemos que no está reunida la suficiente garantía como para poder acceder a esa información.
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Es más, cuando la información correspondiente a los bancos públicos entra en el camino judicial, tramita en la Justicia Federal y esta es una información que tampoco tenemos porque no está autorizada su colección. A nuestro criterio, esto termina siendo una desprotección y una desventaja para los bancos públicos, pero es así.
Hay otros mecanismos alternativos para cubrir esto, pero somos muy meticulosos en colectar aquella información del ámbito judicial que es precisamente aquélla cuya colección está convalidada, acordada y autorizada.
También tenemos toda la información de los boletines oficiales, los edictos, las constituciones de sociedades, etcétera. En definitiva, podemos aprovechar muy bien todo lo que se publica sistemáticamente en cualquier medio oficial porque estamos dedicados a esto, lo hacemos todos los días, lo perfeccionamos y encontramos las fisuras y las formas de corregir la calidad de la información. Este es el secreto de la industria, porque para nosotros este es un medio de vida y no una situación circunstancial.
También somos muy meticulosos en cuanto a la información de la AFIP. En cuanto a todo lo que está puesto en los portales de las instituciones públicas que están a disposición de cualquier persona, nuestra expertise es colectarla, tratarla, incorporarla y señalar claramente el origen de la información. Muchas veces las personas se informan que tienen un embargo de la AFIP porque nosotros se lo avisamos en su propio informe. Y no es culpa nuestra que la AFIP le haya decretado un embargo, y sin embargo esto es lo que está pasando. Nosotros somos repetidores, y en este caso entendemos que la bronca siempre se dirige a quien está dando la noticia. Es el problema del mensajero, pero esta es nuestra actividad, y lo único que nos queda es tratar de actuar con absoluta lealtad y con el compromiso de mejorar la actividad con nuestra contribución.
En términos generales, estas son las grandes bases de datos públicas. En forma puntual una empresa puede ir al registro del automotor o al registro de inmuebles de cada una de las jurisdicciones locales, y puede estar colectando esa información porque se la ha pedido algún cliente.
Esto es más simple de ver cuando uno se pone en la figura del gestor. Esto es la comodidad de entregar en la casa a un individuo un informe que desea obtener, o el know how de saber dónde está la información y qué es lo que ésta está indicando. Para ello se capacita al usuario del servicio, para que la interpretación que se haga de esa información esté de acuerdo con las limitaciones que tiene.
No todas las fuentes de información tienen la misma calidad. Descartamos muchísima información por baja calidad. Ustedes bien saben que, por ejemplo, no todas las demandas judiciales contemplan que se consigne el número de documento. Si así fuera significaría un avance muy importante, pero en este país no hay mayor impunidad que la de llamarse, por ejemplo, Pérez. Espero que entre los presentes no haya nadie que se llame así, pero nunca nadie va a tener la seguridad de que a un apellido demasiado común corresponda una demanda judicial. Entonces, toda esa información es sistemáticamente descartada.
Digo esto a modo de ejemplo, pero sin lugar a dudas, lo que más contribuye al desarrollo de la actividad y le da vida propia es la propia base de información que denuncian cada una de las carteras de clientes de cada una de las empresas que estamos en el sector.
SR. PRESIDENTE FRIGERI Lo cierto es que estamos hablando de un tema que hace feliz a mucha gente e infeliz a otra, y generalmente a nosotros nos vienen a ver los que no son felices, porque hay mucha gente que tiene problemas. Este tipo de información le sirve al comercio para poder actuar, pero en otro momento le molesta y lo saca de circulación. Hay actores de ambos lados.
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No quiero monopolizar el uso de la palabra, pero es positivo el énfasis que le ponen a una tarea, aunque por otro lado, hay gente que por una pequeña falla o un atraso no es objeto de crédito. Creo que hasta ahora la explicación de ustedes es perfecta, esto es de una gran utilidad, considero que sin esta herramienta se movería muy mal la parte comercial en general.
Tiene la palabra el señor diputado Zimmermann.
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No quiero monopolizar el uso de la palabra, pero es positivo el énfasis que le ponen a una tarea, aunque por otro lado, hay gente que por una pequeña falla o un atraso no es objeto de crédito. Creo que hasta ahora la explicación de ustedes es perfecta, esto es de una gran utilidad, considero que sin esta herramienta se movería muy mal la parte comercial en general.
Tiene la palabra el señor diputado Zimmermann.
SR. ZIMMERMANN Quiero agradecer la presencia de todos ustedes en la comisión y felicitarlos por la explicación que nos han dado.
Escuché hablar de derechos y obligaciones, de la utilización de datos para fines específicos y de que una de las obligaciones que tiene la Cámara de Empresas de Información Comercial es ser agente denunciante. Ahora bien, a mí, como a tanta gente, me preocupa el mal uso de la información. Por eso quiero hacer una pregunta sobre las multas, los apercibimientos y las sanciones que existen en los organismos de control con respecto a este tema.
Escuché hablar de derechos y obligaciones, de la utilización de datos para fines específicos y de que una de las obligaciones que tiene la Cámara de Empresas de Información Comercial es ser agente denunciante. Ahora bien, a mí, como a tanta gente, me preocupa el mal uso de la información. Por eso quiero hacer una pregunta sobre las multas, los apercibimientos y las sanciones que existen en los organismos de control con respecto a este tema.
SR. PRESIDENTE FRIGERI Tiene la palabra el señor Vicens.
SR. VICENS No le puedo garantizar que alguna empresa no esté haciendo énfasis en esto.
En nuestro caso particular puedo decir que no estamos accediendo a esa información porque puede afectar la capacidad de pago de la misma forma en que lo puede afectar tener un juicio laboral sin sentencia, que quizás valga más que el propio patrimonio de la empresa. Como no está totalmente demostrado que esto contribuya al esclarecimiento de una decisión comercial, preferimos dejarlo de lado; esto es algo que se va decidiendo en el día a día. De pronto ese tipo de dato y de multa alcanza mayor relevancia en un mercado, mayor calidad de información y se asegura la posibilidad de esclarecer cualquier disputa en la información, entonces reúne las condiciones como para considerarlo. Este es un tema muy cambiante, en general nos focalizamos por el grado de pertinencia que tenga cada dato para tomar una decisión comercial, no conozco de empresas que estén colectando información de multas y sanciones que no sean las que se originan propiamente a partir de la operatoria del sistema financiero, que es el que publica el Banco Central.
Somos empresas que mantenemos un compromiso, la federación de entidades del interior se comprometió a hacer esfuerzos para agruparse alrededor de un código de ética de la actividad, pero hay una enorme cantidad de empresas satélites que aparecen y desaparecen y que tienen la impunidad de competir en términos de abusar de ciertas fuentes de información aun robándolas de la base de datos públicos. Si alguna empresa de la cámara procede de esa forma, los primeros en conocerlo van a ser las autoridades de aplicación de la ley.
Esto es lo que nos conviene, esto es lo que necesitamos que sea comprendido por la opinión pública.
En nuestro caso particular puedo decir que no estamos accediendo a esa información porque puede afectar la capacidad de pago de la misma forma en que lo puede afectar tener un juicio laboral sin sentencia, que quizás valga más que el propio patrimonio de la empresa. Como no está totalmente demostrado que esto contribuya al esclarecimiento de una decisión comercial, preferimos dejarlo de lado; esto es algo que se va decidiendo en el día a día. De pronto ese tipo de dato y de multa alcanza mayor relevancia en un mercado, mayor calidad de información y se asegura la posibilidad de esclarecer cualquier disputa en la información, entonces reúne las condiciones como para considerarlo. Este es un tema muy cambiante, en general nos focalizamos por el grado de pertinencia que tenga cada dato para tomar una decisión comercial, no conozco de empresas que estén colectando información de multas y sanciones que no sean las que se originan propiamente a partir de la operatoria del sistema financiero, que es el que publica el Banco Central.
Somos empresas que mantenemos un compromiso, la federación de entidades del interior se comprometió a hacer esfuerzos para agruparse alrededor de un código de ética de la actividad, pero hay una enorme cantidad de empresas satélites que aparecen y desaparecen y que tienen la impunidad de competir en términos de abusar de ciertas fuentes de información aun robándolas de la base de datos públicos. Si alguna empresa de la cámara procede de esa forma, los primeros en conocerlo van a ser las autoridades de aplicación de la ley.
Esto es lo que nos conviene, esto es lo que necesitamos que sea comprendido por la opinión pública.
SR. PRESIDENTE FRIGERI Tiene la palabra el señor diputado Cisterna.
SR. CISTERNA Quiero comenzar mi intervención leyendo una síntesis de la sentencia de un juez. Dice así: "Las organizaciones de datos comerciales funcionan como una virtual inhabilitación o como una sanción fundamentalmente al pequeño y mediano comerciante lo cual implica separarlo, alejarlo o excluirlo de la cadena de crédito." Esto se decidió en un juicio caratulado Ozán María Brígida contra el Banco Central de la República Argentina.
Estas palabras sirven para iniciar la conversación, después de tantas explicaciones que usted ha dado sobre cómo funciona el sistema. Podría señalar también que existen numerosas causas con perjudicados por los informes de estas empresas, mal incluidos en estos listados. Hace pocos días se publicaba que un banco tuvo que pagar 11 mil pesos a un hombre que fue incluido por error en el Veraz, lo que implica que la verificación que deben hacer los órganos de información no es tan exacta.
Buscando antecedentes he encontrado que existen numerosos casos de gente que ha recurrido a la Justicia por su mala inclusión en los informes de algunas empresas que integran la cámara a la que ustedes representan.
T.13
Fundamentalmente, se refiere a los datos relacionados con el sistema bancario. Por eso quería saber qué datos contiene el informe que ustedes hacen al Banco Central.
Lo que decía el juez es cierto. Uno va al banco, pide un crédito, y le dicen: "estás en el Veraz, no tenés acceso al crédito". Y se terminó la discusión. No hay ningún otro tipo de información. Y cito de ejemplo de Veraz, porque es la empresa de mayor conocimiento público.
La primera pregunta que quiero formular entonces está orientada a qué información le producen ustedes a un banco que solicita informes sobre un cliente que desea acceder a un crédito. ¿Qué información da la empresa que provee estos datos?
Estas palabras sirven para iniciar la conversación, después de tantas explicaciones que usted ha dado sobre cómo funciona el sistema. Podría señalar también que existen numerosas causas con perjudicados por los informes de estas empresas, mal incluidos en estos listados. Hace pocos días se publicaba que un banco tuvo que pagar 11 mil pesos a un hombre que fue incluido por error en el Veraz, lo que implica que la verificación que deben hacer los órganos de información no es tan exacta.
Buscando antecedentes he encontrado que existen numerosos casos de gente que ha recurrido a la Justicia por su mala inclusión en los informes de algunas empresas que integran la cámara a la que ustedes representan.
T.13
Fundamentalmente, se refiere a los datos relacionados con el sistema bancario. Por eso quería saber qué datos contiene el informe que ustedes hacen al Banco Central.
Lo que decía el juez es cierto. Uno va al banco, pide un crédito, y le dicen: "estás en el Veraz, no tenés acceso al crédito". Y se terminó la discusión. No hay ningún otro tipo de información. Y cito de ejemplo de Veraz, porque es la empresa de mayor conocimiento público.
La primera pregunta que quiero formular entonces está orientada a qué información le producen ustedes a un banco que solicita informes sobre un cliente que desea acceder a un crédito. ¿Qué información da la empresa que provee estos datos?
SR. PRESIDENTE FRIGERI Creo que la central de riesgo crediticio del Banco Central es la que le da la información a ellos. No es al revés. El Banco Central es el que va a determinado banco e investiga si se le dio un crédito a determinada persona. Esto queda en la central de riesgo crediticio del Banco Central y el Veraz, y por lo que entendí hasta ahora, ellos agregan más cosas. Entonces, los bancos no dan créditos hasta que verifican si quien lo solicita está en la central de riesgo crediticio y en el Veraz. Lo que sucede es que cuando una persona paga el Banco Central se demora entre 60 y 90 días en actualizar los datos.
SR. CISTERNA Pero yo tengo algunos casos en los que se me planteó...
SR. VICENS Puedo contribuir a esclarecer esta inquietud, que sin duda estábamos esperando que surgiera, ya que constituye uno de los problemas de la actividad.
Es importante comprender que cuando la fuente de información es de nuestro absoluto compromiso y manejo, nosotros obligamos a quien provee la información a que provea datos precisos, ciertos, oportunos y actualizados.
Cuando la fuente de información es regulada por el Banco Central -que obliga a todas las entidades financieras a mandarle todo su saldo de deuda al cierre de cada mes y con dos meses de retraso lo pone en el mercado-, lo que nosotros hacemos -y el 95 por ciento de las disputas judiciales tienen que ver con estos problemas- es repetir fielmente lo que el individuo encuentra si ingresa en la base de datos de la web del Banco Central, donde dice que tal banco informó una deuda de tantos pesos con calificación 3 o 4.
Esto aparece como un capítulo específico dentro de nuestros informes, estableciendo claramente que la fuente de información es el Banco Central, y el individuo puede ir y verificar lo que nosotros le estamos diciendo. Pero no está en nuestras posibilidades corregir esa información desde el origen.
El problema surge cuando esta información se difunde. Pero nosotros no podemos dejar de contemplarla, porque es muy importante para mejorar el grado de transparencia de todo el mercado. Realmente no podemos suprimirla hasta tanto no nos conste que dicha información es equivocada.
Es importante comprender que cuando la fuente de información es de nuestro absoluto compromiso y manejo, nosotros obligamos a quien provee la información a que provea datos precisos, ciertos, oportunos y actualizados.
Cuando la fuente de información es regulada por el Banco Central -que obliga a todas las entidades financieras a mandarle todo su saldo de deuda al cierre de cada mes y con dos meses de retraso lo pone en el mercado-, lo que nosotros hacemos -y el 95 por ciento de las disputas judiciales tienen que ver con estos problemas- es repetir fielmente lo que el individuo encuentra si ingresa en la base de datos de la web del Banco Central, donde dice que tal banco informó una deuda de tantos pesos con calificación 3 o 4.
Esto aparece como un capítulo específico dentro de nuestros informes, estableciendo claramente que la fuente de información es el Banco Central, y el individuo puede ir y verificar lo que nosotros le estamos diciendo. Pero no está en nuestras posibilidades corregir esa información desde el origen.
El problema surge cuando esta información se difunde. Pero nosotros no podemos dejar de contemplarla, porque es muy importante para mejorar el grado de transparencia de todo el mercado. Realmente no podemos suprimirla hasta tanto no nos conste que dicha información es equivocada.
SR. CISTERNA Pongamos un ejemplo. Yo voy a pedir un crédito al banco y éste me informa que no me lo puede dar porque estoy en el Veraz. Este es el informe que tiene el banco. Lo que yo quiero saber es si lo que ustedes informan es sólo aquello que les da el Banco Central.
SR. VICENS Es un segmento del informe de crédito. La información del Banco Central, como ya he anticipado, consiste en la validación de identidad, que sirve para prevenir el fraude, la falsedad de legajos, el fraude crediticio, estableciendo el nombre, número de documento, domicilio, etcétera, de las personas.
Asimismo, figuran las observaciones, que serían los datos de incumplimiento. En el interior las empresas operan con esta información, a la cual le agregan la central de deudores del Banco Central. Así proceden las empresas de las cámaras de comercio locales, que ellos denominan afectación. Esto se da cuando se denuncia que alguien no ha cumplido una obligación de pago. Luego está la central de deudores del Banco Central, que se toma con absoluta precisión. Se trata simplemente la recopilación histórica de lo que el Banco Central vino diciendo en la web del Banco Central en el tiempo permitido, lo cual se puede verificar con absoluta precisión.
T.14Dentro de eso se incorporan las propias fuentes de información, como por ejemplo la información que nos remiten los propios clientes en forma directa y que es complementaria de la otra. En ese caso es muy bajo el nivel de litigio y nosotros tenemos una posición de forzar a quien nos da la información a contestarnos en tiempo y forma -dentro de los plazos que marca la ley para actualizar la información- si la información es cierta y la mantiene o si el titular del dato tiene razón y se puede haber equivocado -que no es lo que pasa comúnmente. Si la respuesta fuera dudosa nosotros suprimimos la información. Es decir que hay un conjunto de información. El total del genérico, cuando se toma un informe de créditos y si la empresa que lo provee es tal, se le dice que figura y eso es todo. Estamos pagando los platos rotos -por supuesto es el riesgo de la actividad- y no tenemos forma de impedirlo. Corresponde a las posiciones del mercado.
Asimismo, figuran las observaciones, que serían los datos de incumplimiento. En el interior las empresas operan con esta información, a la cual le agregan la central de deudores del Banco Central. Así proceden las empresas de las cámaras de comercio locales, que ellos denominan afectación. Esto se da cuando se denuncia que alguien no ha cumplido una obligación de pago. Luego está la central de deudores del Banco Central, que se toma con absoluta precisión. Se trata simplemente la recopilación histórica de lo que el Banco Central vino diciendo en la web del Banco Central en el tiempo permitido, lo cual se puede verificar con absoluta precisión.
T.14Dentro de eso se incorporan las propias fuentes de información, como por ejemplo la información que nos remiten los propios clientes en forma directa y que es complementaria de la otra. En ese caso es muy bajo el nivel de litigio y nosotros tenemos una posición de forzar a quien nos da la información a contestarnos en tiempo y forma -dentro de los plazos que marca la ley para actualizar la información- si la información es cierta y la mantiene o si el titular del dato tiene razón y se puede haber equivocado -que no es lo que pasa comúnmente. Si la respuesta fuera dudosa nosotros suprimimos la información. Es decir que hay un conjunto de información. El total del genérico, cuando se toma un informe de créditos y si la empresa que lo provee es tal, se le dice que figura y eso es todo. Estamos pagando los platos rotos -por supuesto es el riesgo de la actividad- y no tenemos forma de impedirlo. Corresponde a las posiciones del mercado.
SR. MÓNACO El Banco Central nos remite cerca de cinco millones de datos. De esos cinco millones hay un buen porcentaje que nuestras empresas dejan de lado porque su documento no es correcto.
Los software que nuestras empresas desarrollan son para enderezar, validar, rectificar o suprimir información que no se carga. En Argentina, en los últimos años no todos los bancos han desarrollado políticas de consistencia del dato para alimentar al Banco Central, que es quien nos alimenta a nosotros.
Las calificaciones del Central, de 1 a 9, las da el Central, no las dan nuestras empresas. En la plaza se dice que, por ejemplo, alguien está en situación 3 por calificación del Central; por circular histórica del Central de hace muchos años. La plaza Argentina -como en otras ciudades del mundo- se acostumbró a que una calificación 3 sea una persona que tiene algún grado de incumplimiento, y son nuestros clientes, no nosotros, los que dicen: "te doy o no te doy".
Hay muchas empresas, pos diciembre del 2001 y pos crisis argentina, que están diciendo que si una empresa -sobre todo las agrícolas o las agroexportadoras- hubiera tenido algún inconveniente en el período negro, es decir, el primer semestre del 2002, igual dan crédito. Quiere decir que está en la madurez del mercado leer el pasado.
Nosotros, como decía Alfredo, cumplimos con la ley del olvido, pero son las instituciones que dan crédito -sean empresas o bancos- quienes tienen la potestad y la atribución de decir: "te doy crédito o no".
Los software que nuestras empresas desarrollan son para enderezar, validar, rectificar o suprimir información que no se carga. En Argentina, en los últimos años no todos los bancos han desarrollado políticas de consistencia del dato para alimentar al Banco Central, que es quien nos alimenta a nosotros.
Las calificaciones del Central, de 1 a 9, las da el Central, no las dan nuestras empresas. En la plaza se dice que, por ejemplo, alguien está en situación 3 por calificación del Central; por circular histórica del Central de hace muchos años. La plaza Argentina -como en otras ciudades del mundo- se acostumbró a que una calificación 3 sea una persona que tiene algún grado de incumplimiento, y son nuestros clientes, no nosotros, los que dicen: "te doy o no te doy".
Hay muchas empresas, pos diciembre del 2001 y pos crisis argentina, que están diciendo que si una empresa -sobre todo las agrícolas o las agroexportadoras- hubiera tenido algún inconveniente en el período negro, es decir, el primer semestre del 2002, igual dan crédito. Quiere decir que está en la madurez del mercado leer el pasado.
Nosotros, como decía Alfredo, cumplimos con la ley del olvido, pero son las instituciones que dan crédito -sean empresas o bancos- quienes tienen la potestad y la atribución de decir: "te doy crédito o no".
SR. PRESIDENTE FRIGERI Si alguien está en una posición 3 según calificación del Banco Central, éste puede obligarlo a previsionar ese crédito, en el porcentaje que de el 3, con un 15, 12 o 20 por ciento a pérdida.
De manera que sus empresas no califican ni previsionan, esto lo hace el Banco Central. Cuando uno quiere modificar esa realidad hay que ir al Banco Central, cuando suavice la aplicación de las normas. Porque el Banco Central puede decir que quien tenga una calificación 3 no va previsionado, y el que otorga el crédito puede darlo o no, pero si lo da, no tiene que mandar a pérdida nada. Esto es importante.
Por un lado, estamos viendo que hay alguien que ha enriquecido datos del Banco Central con otros datos más que hacen que el individuo se sienta -entre comillas- violado, porque tiene muchos datos de su vida que no le interesa que tengan.
Por otro lado, con la situación moderna de la actividad comercial, esta información es muy necesaria para operar con rapidez, de lo contrario sería tremendamente lento otorgar un crédito o no. Pero también es cierto que hay gente que va a un lugar a comprar un lavarropas y le dicen que no porque figura en el Veraz, y tal vez tiene una cuota atrasada de su tarjeta de crédito.
De manera que sus empresas no califican ni previsionan, esto lo hace el Banco Central. Cuando uno quiere modificar esa realidad hay que ir al Banco Central, cuando suavice la aplicación de las normas. Porque el Banco Central puede decir que quien tenga una calificación 3 no va previsionado, y el que otorga el crédito puede darlo o no, pero si lo da, no tiene que mandar a pérdida nada. Esto es importante.
Por un lado, estamos viendo que hay alguien que ha enriquecido datos del Banco Central con otros datos más que hacen que el individuo se sienta -entre comillas- violado, porque tiene muchos datos de su vida que no le interesa que tengan.
Por otro lado, con la situación moderna de la actividad comercial, esta información es muy necesaria para operar con rapidez, de lo contrario sería tremendamente lento otorgar un crédito o no. Pero también es cierto que hay gente que va a un lugar a comprar un lavarropas y le dicen que no porque figura en el Veraz, y tal vez tiene una cuota atrasada de su tarjeta de crédito.
SR. MÓNACO Después de la sanción de la ley de habeas data Argentina está entre los cinco países del mundo que puede transar con la Unión Europea, a raíz de que tiene un sistema de protección perfectible y mejorable por el Estado y los privados. Pero esto no es solamente para temas locales sino también internacionales.
SR. VICENS Este tema de la información del Banco Central merece una aclaración.
T.15
Hay algunas empresas en la cámara que tienen más de cuarenta años de antigüedad. En cambio, el Banco Central empezó a desarrollar esta actividad en 1996. Para ese entonces, ya había un montón de agentes que estaban constituidos como tal.
De todas formas, no es poca la contribución que puede hacer el Banco Central, valiéndose de su condición de ser un controlador del mercado y tener la autoridad para obligar a las entidades a aportar su información. A criterio nuestro, su contribución es enorme para transparentar la información del sistema financiero, porque en la medida en que se provee sistemáticamente permite formar historia de crédito.
Estamos totalmente de acuerdo con que exista una central de deudores del Banco Central. Para que no se nos mal interprete, también debo decir que estamos absolutamente en desacuerdo con algunas prácticas con las que se opera. Por ejemplo, entendemos que Internet no es el ámbito más adecuado, porque no ofrece ninguna garantía para controlar quién tiene en sus manos la información. Justamente, nuestro expertise, nuestro mayor activo, es garantizar a cada uno en qué lugar se colectó la información. Si eso se realiza por Internet, no hay control posible; se rompió el propósito establecido, el derecho de acceso y todo otro compromiso.
Otra de las objeciones que tenemos es sobre el grado de subjetividad implícita que tiene la información del Banco Central, aunque esto es mejorable.
En primer lugar, no se creó cultura entre los ciudadanos, se hizo todo torpemente. ¿Cuándo ustedes se enteraron que operaba la central de deudores del Banco Central? Conocíamos las de las empresas privadas. ¿Cuántos saben que la información está en Internet? ¿Cuántos han entrado y han encontrado que la cifra que dice allí se corresponda con sus registros? ¿Existe una explicación de cómo se conforma?
Ahora bien, esto no puede ser culpa de las empresas. Nosotros estamos totalmente abiertos y dispuestos a colaborar. Hemos acercado nuestras opiniones y esperamos en algún momento poder construir un marco como para poder decir: estamos de acuerdo con que aquí hay problemas. ¿Cuál es la solución? Los problemas de información se resuelven con más información, dentro de un marco de mucha responsabilidad. Ese es el compromiso de la cámara.
¿Cuál es el problema del Banco Central? Es muy simple: una cosa es cumplir el rol de supervisor de un sistema financiero. En ese carácter tiene que definir pautas de calificación para medir la solvencia de la cartera crediticia integral de un banco. Así, dice: si en algún otro banco ese individuo tiene una calificación peor, usted lo tiene que poner en la peor situación. Entonces, quizás por dos pesos mandó 50 millones a morosidad, y eso castiga las relaciones patrimoniales y tiene que hacer previsiones.
¿Cuál es el problema entonces? El Banco Central empezó queriendo aplicar patrones de estándar de calidad de la solvencia del sistema, sin darse cuenta de que no había un proceso cultural que acompañara todo esto. Así decía: a éste lo tenés que poner en 5. Eso significaba previsión, pérdida en el balance, etcétera. Entonces, automáticamente el banco está orientando su accionar para mejorar la calificación que hace. El Banco Central presume que le hacen trampa y, entonces, se pone más inflexible en la calificación, y así se generó el desastre en el que caímos.
Esto es así porque realmente se está usando la información que se colecta con el propósito de verificar la solvencia general de una cartera de crédito de una entidad financiera, a efectos de crear una opinión en el mercado de la calidad de crédito de esa persona.
Si uno colecta información para algo, la tiene que utilizar para eso y nada más. Si la quiere usar para otra cosa, tiene que utilizar patrones mucho más objetivos. No me importa que la actividad en la cual está el individuo esté comprometida porque hoy la economía del país no le permite levantar la cabeza. Lo que me importa es si él, aun estando en el peor de los mundos, hace esfuerzos por pagar rigurosamente sus compromisos. Porque si por estar en la peor actividad uno lo condena, se produce la profecía autocumplida.
Estos son todos problemas de manejo de información, que deberíamos estar en condiciones de mejorar. Es importante una contribución en este sentido. Debemos propiciar esto.
T.16
Tenemos que definir importes mínimos. Estas son propuestas que sería bueno impulsar, estamos a disposición de ustedes para contribuir con ideas, porque lo que nosotros queremos es mejorar la actividad.
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Hay algunas empresas en la cámara que tienen más de cuarenta años de antigüedad. En cambio, el Banco Central empezó a desarrollar esta actividad en 1996. Para ese entonces, ya había un montón de agentes que estaban constituidos como tal.
De todas formas, no es poca la contribución que puede hacer el Banco Central, valiéndose de su condición de ser un controlador del mercado y tener la autoridad para obligar a las entidades a aportar su información. A criterio nuestro, su contribución es enorme para transparentar la información del sistema financiero, porque en la medida en que se provee sistemáticamente permite formar historia de crédito.
Estamos totalmente de acuerdo con que exista una central de deudores del Banco Central. Para que no se nos mal interprete, también debo decir que estamos absolutamente en desacuerdo con algunas prácticas con las que se opera. Por ejemplo, entendemos que Internet no es el ámbito más adecuado, porque no ofrece ninguna garantía para controlar quién tiene en sus manos la información. Justamente, nuestro expertise, nuestro mayor activo, es garantizar a cada uno en qué lugar se colectó la información. Si eso se realiza por Internet, no hay control posible; se rompió el propósito establecido, el derecho de acceso y todo otro compromiso.
Otra de las objeciones que tenemos es sobre el grado de subjetividad implícita que tiene la información del Banco Central, aunque esto es mejorable.
En primer lugar, no se creó cultura entre los ciudadanos, se hizo todo torpemente. ¿Cuándo ustedes se enteraron que operaba la central de deudores del Banco Central? Conocíamos las de las empresas privadas. ¿Cuántos saben que la información está en Internet? ¿Cuántos han entrado y han encontrado que la cifra que dice allí se corresponda con sus registros? ¿Existe una explicación de cómo se conforma?
Ahora bien, esto no puede ser culpa de las empresas. Nosotros estamos totalmente abiertos y dispuestos a colaborar. Hemos acercado nuestras opiniones y esperamos en algún momento poder construir un marco como para poder decir: estamos de acuerdo con que aquí hay problemas. ¿Cuál es la solución? Los problemas de información se resuelven con más información, dentro de un marco de mucha responsabilidad. Ese es el compromiso de la cámara.
¿Cuál es el problema del Banco Central? Es muy simple: una cosa es cumplir el rol de supervisor de un sistema financiero. En ese carácter tiene que definir pautas de calificación para medir la solvencia de la cartera crediticia integral de un banco. Así, dice: si en algún otro banco ese individuo tiene una calificación peor, usted lo tiene que poner en la peor situación. Entonces, quizás por dos pesos mandó 50 millones a morosidad, y eso castiga las relaciones patrimoniales y tiene que hacer previsiones.
¿Cuál es el problema entonces? El Banco Central empezó queriendo aplicar patrones de estándar de calidad de la solvencia del sistema, sin darse cuenta de que no había un proceso cultural que acompañara todo esto. Así decía: a éste lo tenés que poner en 5. Eso significaba previsión, pérdida en el balance, etcétera. Entonces, automáticamente el banco está orientando su accionar para mejorar la calificación que hace. El Banco Central presume que le hacen trampa y, entonces, se pone más inflexible en la calificación, y así se generó el desastre en el que caímos.
Esto es así porque realmente se está usando la información que se colecta con el propósito de verificar la solvencia general de una cartera de crédito de una entidad financiera, a efectos de crear una opinión en el mercado de la calidad de crédito de esa persona.
Si uno colecta información para algo, la tiene que utilizar para eso y nada más. Si la quiere usar para otra cosa, tiene que utilizar patrones mucho más objetivos. No me importa que la actividad en la cual está el individuo esté comprometida porque hoy la economía del país no le permite levantar la cabeza. Lo que me importa es si él, aun estando en el peor de los mundos, hace esfuerzos por pagar rigurosamente sus compromisos. Porque si por estar en la peor actividad uno lo condena, se produce la profecía autocumplida.
Estos son todos problemas de manejo de información, que deberíamos estar en condiciones de mejorar. Es importante una contribución en este sentido. Debemos propiciar esto.
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Tenemos que definir importes mínimos. Estas son propuestas que sería bueno impulsar, estamos a disposición de ustedes para contribuir con ideas, porque lo que nosotros queremos es mejorar la actividad.
SR. PRESIDENTE FRIGERI El señor Vicens comentaba que en un momento se calificaba como de riesgo a una actividad y a otra no y esto merece cierto grado de previsión, entonces debemos discutir el tema. El Banco Central ha flexibilizado el previsionamiento, pero son rutinas distintas.
Deseo preguntarle si fue en enero de 1996 o en enero de 1995 cuando se empezó con el previsionamiento. ¿Fue con el efecto tequila?
Deseo preguntarle si fue en enero de 1996 o en enero de 1995 cuando se empezó con el previsionamiento. ¿Fue con el efecto tequila?
SR. VICENS Cuando empezamos con las normas de Basilea.
SR. PRESIDENTE FRIGERI Fue cuando la cadena de pagos se había alargado y empezamos a previsionar si había mora a los 60 o 90 días. Eso fue duro.
Tiene la palabra la señora diputada González.
Tiene la palabra la señora diputada González.
SRA. GONZÁLEZ (M.A.) Sé que algunos diputados tienen reunión de bloque pero yo me quedaría conversando mucho más sobre el tema.
Desde ya agradezco la sinceridad de las personas invitadas y del doctor Vicens porque, como bien expresaron tanto el presidente de la comisión como algunos diputados que me han precedido en el uso de la palabra, desde este lado del mostrador escuchamos a las víctimas del Veraz, así es como se autocalifican. Hablamos del Veraz justamente por lo que usted bien dijo, por la falta de información, yo creo que nadie puede ser libre si no tiene información.
Las personas que recurren a nosotros nos comentan que fueron a sacar una tarjeta de crédito o a solicitar un crédito y que figuran en el Veraz, entonces, se presentaron diez veces a los efectos de demostrar que el crédito había sido pagado. Así como ustedes ipso facto, no ipso iure, califican de morosa a una persona -usted ha contado la fuente de información que tiene-, es decir, si yo no pagué mi tarjeta que venció ayer mañana estoy en el Veraz, le pregunto de qué manera se libera.
Ustedes son conscientes y han aclarado que se trata de empresas con fines de lucro. Nosotros intentamos resguardar a la otra parte, que no es su cliente. Porque su cliente es la empresa que recurre a usted por un honorario para que le brinde información lo más veraz posible. Pero del otro lado está la persona que de alguna manera es la que ha incumplido.
Desgraciadamente los que figuran en el Veraz no son los grandes incumplidores porque a ellos sí los quisiéramos ver incluidos, ustedes y nosotros, pero lamentablemente ni el Veraz los alcanza.
Una de las críticas que me llegan con respecto a este tema es la falta de rapidez en liberar a las personas que han cumplido. Esta es una preocupación bastante habitual que he recogido hasta el año pasado; la verdad es que este año no he tenido ninguna al respecto.
Otro punto a tener en cuenta, como usted bien dijo respondiendo al diputado Rafael González, es que figura la familia entera. En consecuencia si yo, María América González -me pongo como ejemplo para no dar nombres-, por cualquier motivo figuro en el Veraz como deudora y mi hijo mayor de edad quiere sacar una tarjeta de crédito, no se la dan porque la madre figura en el Veraz. Ahora bien, esa misma entidad le da gratis la tarjeta Banelco, en un supermercado, para poder retirar dinero en efectivo, pero no le otorga la tarjeta de crédito de esa misma entidad bancaria porque la mamá figura en el Veraz.
Desde ya agradezco la sinceridad de las personas invitadas y del doctor Vicens porque, como bien expresaron tanto el presidente de la comisión como algunos diputados que me han precedido en el uso de la palabra, desde este lado del mostrador escuchamos a las víctimas del Veraz, así es como se autocalifican. Hablamos del Veraz justamente por lo que usted bien dijo, por la falta de información, yo creo que nadie puede ser libre si no tiene información.
Las personas que recurren a nosotros nos comentan que fueron a sacar una tarjeta de crédito o a solicitar un crédito y que figuran en el Veraz, entonces, se presentaron diez veces a los efectos de demostrar que el crédito había sido pagado. Así como ustedes ipso facto, no ipso iure, califican de morosa a una persona -usted ha contado la fuente de información que tiene-, es decir, si yo no pagué mi tarjeta que venció ayer mañana estoy en el Veraz, le pregunto de qué manera se libera.
Ustedes son conscientes y han aclarado que se trata de empresas con fines de lucro. Nosotros intentamos resguardar a la otra parte, que no es su cliente. Porque su cliente es la empresa que recurre a usted por un honorario para que le brinde información lo más veraz posible. Pero del otro lado está la persona que de alguna manera es la que ha incumplido.
Desgraciadamente los que figuran en el Veraz no son los grandes incumplidores porque a ellos sí los quisiéramos ver incluidos, ustedes y nosotros, pero lamentablemente ni el Veraz los alcanza.
Una de las críticas que me llegan con respecto a este tema es la falta de rapidez en liberar a las personas que han cumplido. Esta es una preocupación bastante habitual que he recogido hasta el año pasado; la verdad es que este año no he tenido ninguna al respecto.
Otro punto a tener en cuenta, como usted bien dijo respondiendo al diputado Rafael González, es que figura la familia entera. En consecuencia si yo, María América González -me pongo como ejemplo para no dar nombres-, por cualquier motivo figuro en el Veraz como deudora y mi hijo mayor de edad quiere sacar una tarjeta de crédito, no se la dan porque la madre figura en el Veraz. Ahora bien, esa misma entidad le da gratis la tarjeta Banelco, en un supermercado, para poder retirar dinero en efectivo, pero no le otorga la tarjeta de crédito de esa misma entidad bancaria porque la mamá figura en el Veraz.
SR. VICENS (M.A.) Me ha hecho muchas preguntas juntas.
SRA. GONZÁLEZ También me interesa el código de ética.
SRA. CASSESE Quiero hacer una pregunta sobre un tema parecido al que plantea la señora diputada González.
SR. PRESIDENTE FRIGERI Tiene la palabra la señora diputada Cassese.
SRA. CASSESE He recibido muchas quejas, y fíjese que justamente provienen de mujeres, ya que nosotras habitualmente atendemos a consumidores y a los vecinos de nuestros distritos.
Desde lo jurídico pregunto si puede haber relación directa entre el consumidor informado a vuestros clientes con el Veraz.
T.17
Quisiera saber si hay una relación jurídica directa si yo o cualquier vecino va al Veraz. Es decir, si las personas pueden pedir que se les dé de baja un crédito impago o si puede ir cualquier persona y presentar los recibos de lo que aparece que no está pago.
En segundo lugar, tal como lo planteó la señora diputada María América González, me gustaría algún comentario respecto de los tiempos y la dilación.
Finalmente, y en relación con lo que decían de que están abiertos a cualquier propuesta, me gustaría saber si es posible transitar algún camino relacionado con un blanqueo o moratoria para que las empresas de riesgo crediticio afiliadas a la cámara, a través de algún instrumento en el cual también nosotros podamos trabajar, puedan brindar a la ciudadanía, tan castigada en los últimos tiempos, la posibilidad automática o personal de hacer un crédito -como sucede en Rentas cuando uno no puede pagar- para liberar su situación o al menos aliviarla.
No estamos hablando del gran deudor ni del mediano, sino de aquella señora que no pudo terminar de pagar la tarjeta o que no pudo pagar la cuota de la heladera que compró en Frávega, que también figura en las informaciones.
¿Es directa la relación? ¿Es posible transitar un camino hacia un blanqueo o una moratoria para todos los ciudadanos?
Desde lo jurídico pregunto si puede haber relación directa entre el consumidor informado a vuestros clientes con el Veraz.
T.17
Quisiera saber si hay una relación jurídica directa si yo o cualquier vecino va al Veraz. Es decir, si las personas pueden pedir que se les dé de baja un crédito impago o si puede ir cualquier persona y presentar los recibos de lo que aparece que no está pago.
En segundo lugar, tal como lo planteó la señora diputada María América González, me gustaría algún comentario respecto de los tiempos y la dilación.
Finalmente, y en relación con lo que decían de que están abiertos a cualquier propuesta, me gustaría saber si es posible transitar algún camino relacionado con un blanqueo o moratoria para que las empresas de riesgo crediticio afiliadas a la cámara, a través de algún instrumento en el cual también nosotros podamos trabajar, puedan brindar a la ciudadanía, tan castigada en los últimos tiempos, la posibilidad automática o personal de hacer un crédito -como sucede en Rentas cuando uno no puede pagar- para liberar su situación o al menos aliviarla.
No estamos hablando del gran deudor ni del mediano, sino de aquella señora que no pudo terminar de pagar la tarjeta o que no pudo pagar la cuota de la heladera que compró en Frávega, que también figura en las informaciones.
¿Es directa la relación? ¿Es posible transitar un camino hacia un blanqueo o una moratoria para todos los ciudadanos?
SR. PRESIDENTE FRIGERI Tiene la palabra el señor diputado Poggi.
SR. POGGI Quisiera saber si hay una estadística de los reclamos ciertos de titulares de datos por errores, es decir, un porcentaje de reclamos en relación con la cantidad de usuarios y datos. En segundo lugar, deseo conocer cuál es el tiempo medio en el que se rectifica un dato.
SR. MÓNACO Con respecto al tema de plazos, la ley nos marca diez días hábiles. Para conocimiento de cualquier ciudadano común o consumidor que se acerque, todas las empresas de la Cámara cumplimos a rajatabla el plazo. Y si conseguimos con anterioridad la verificación de lo que dicen que se canceló, lo hacemos antes. A su vez, tenemos la obligación -en los casos de Frávega o Garbarino, que fueron citados como ejemplo- de notificar a Frávega, Garbarino, al Banco Nación o a quien sea. Tenemos diez días hábiles y lo estamos cumpliendo. Por eso esto me llama la atención, porque estas quejas tal vez hoy sean un poco viejas.
Cuando una persona dice que una deuda no es suya o que canceló determinado juicio, se bloquea automáticamente. Todas las empresas de la cámara hacen el bloqueo, lo que significa que todos aquellos que están en trámite de subsanar su situación no se ven perjudicados. Tenemos diez días y avisamos a quien virtualmente haya rechazado el crédito.
Cuando una persona dice que una deuda no es suya o que canceló determinado juicio, se bloquea automáticamente. Todas las empresas de la cámara hacen el bloqueo, lo que significa que todos aquellos que están en trámite de subsanar su situación no se ven perjudicados. Tenemos diez días y avisamos a quien virtualmente haya rechazado el crédito.
SR. PRESIDENTE FRIGERI En este caso, ¿ustedes pueden tener una información distinta de la del Banco Central?
SR. MÓNACO Sí, porque a su vez nosotros tenemos algo más, que denominamos el correo staff, es decir, un correo con los bancos que nos permite que las rectificaciones que estos vayan haciendo, porque una persona se presenta en el banco y éste nos notifica a nosotros, en algunos casos vayamos antes que el Banco Central.
SR. VICENS Diariamente recibimos de parte de las propias entidades lo que se va corrigiendo en el Banco Central, que aparece corregido en la web recién a los tres meses.
SR. PRESIDENTE FRIGERI Sería la misma información, pero actualizada más rápidamente.
SR. VICENS Exactamente. Pero hay un tema más particular. El hecho de que se sepa la relación entre un padre y un hijo no es propio de un informe de crédito. No constan en ningún caso. Están las relaciones societarias, que se publican en el Boletín Oficial. Son los integrantes de una sociedad. Pedir un informe sobre ellos no es poca cosa -por la falta de confiabilidad en la información- conocer el comportamiento de crédito de quienes conducen la sociedad, que es además uno de los patrones de medidas del Banco Central.
La sociedad en general tiene que ser calificada en parte por el comportamiento crediticio que tienen las empresas. Entonces, siempre se vincula a los integrantes del directorio y se menciona en qué sociedades participan las personas.
T.18En el caso de las relaciones conyugales estamos colectando la información del cliente para que cuando existe una responsabilidad conjunta, al consultarlo conjuntamente, se establezca la relación marido y mujer. Pero nunca, ni de casualidad, se señala que va un hijo a la cola del reporte. No existe ninguna vinculación que no sea originada en una responsabilidad compartida.
La sociedad en general tiene que ser calificada en parte por el comportamiento crediticio que tienen las empresas. Entonces, siempre se vincula a los integrantes del directorio y se menciona en qué sociedades participan las personas.
T.18En el caso de las relaciones conyugales estamos colectando la información del cliente para que cuando existe una responsabilidad conjunta, al consultarlo conjuntamente, se establezca la relación marido y mujer. Pero nunca, ni de casualidad, se señala que va un hijo a la cola del reporte. No existe ninguna vinculación que no sea originada en una responsabilidad compartida.
SRA. GONZÁLEZ (M.A) ¿Y marido y mujer por qué?
SR. VICENS Por si se trata de una cuenta recíproca o una cuenta de una tarjeta de crédito abierta a nombre de los dos.
SRA. GONZÁLEZ (M.A) Pero el caso que yo comenté se trata de una persona que tuvo un crédito en su tarjeta, no lo pagó, y cuando la esposa la va a pedir le dicen que no porque ella y su esposo figuran en el Veraz.
SR. MÓNACO ¿El informe es de Veraz o de alguna otra empresa?
SRA. GONZÁLEZ (M.A) Es de Veraz. Por lo menos siempre hablan de Veraz.
SR. VICENS No quiero eludir la respuesta, pero es una afirmación injusta.
SR. MÓNACO En realidad quería aclarar yo este tema porque el señor Vicens es el presidente de Veraz, y en realidad hay un grupo de empresas que están vendiendo datos de familiares y de hijos que no son las que integran la cámara a la que pertenecemos.
SRA. GONZÁLEZ (M.A) ¿Cómo sabemos de quién se trata?
SR. MÓNACO Preguntándole a la institución o banco quién le proveyó la información.
SR. VICENS Hay otro tema adicional. A nosotros nos tienen que hacer cargo de que lo que digamos sea cierto y que sea pertinente y no excesivo. La única forma de constatar esto es que el ciudadano sepa que puede llamar y enterarse de qué está diciendo el informe de crédito de cualquiera de las empresas. Esta es la mejor recomendación
Pero hay un tema que quiero dejar para el postre. Por lo general siempre se manifiestan los problemas por las veces en que alguien tiene una dificultad para acceder al crédito. Ahora, yo pregunto: ¿se imaginan cuánto menos crédito habría si no existiera como existe hoy la posibilidad de que le financien el 50 por ciento de un auto con la sola presentación del documento de identidad cuando uno va a un concesionario? ¿Ustedes creen que detrás del mostrador hay un loco que les da un crédito por el 50 por ciento del auto sin conocer cómo pagan sus deudas? Eso es posible en cada punto de venta de crédito de cualquier shopping en tiempo real porque hay un buen servicio de informe de crédito detrás, que es central para el desarrollo del crédito en el mercado.
De manera que es mucha más la información positiva que tenemos que la información negativa, que es la que hace ruido. Y estamos empeñados en agrandar cada vez más la brecha. En esto es importante el Banco Central, porque es mucho más relevante que el Central diga quien paga bien sus deudas a que acuse al que no paga. A quien paga bien le tiene que hacer un cuadro y publicarlo por todo el mercado porque es la forma de que ese individuo sea favorecido por su buena conducta de crédito. Esto es por lo que estamos peleando.
Por otro lado, en este momento hay más de 10 millones de historias de crédito en el mercado que son de muy buen cumplimiento y son la llave de entrada al mercado del crédito. Esto no significa que va a haber una entidad del otro lado lista a aprobarle una operación, porque lo que hay es un informe de crédito objetivo que únicamente dice si se atrasó o no en el pago de una cuota y si lo pudo resolver dentro de los dos años de los que hablábamos. Lo que no vamos a poder resolver es una política de riesgo de una institución que dice que como no tiene fondos no le da crédito a nadie. Son cosas totalmente independientes que a veces se solapan para usar como argumento que el informe de crédito no responde a las pautas establecidas, pero no se toman el trabajo de analizar en detalle para ver si realmente no están perdiendo a un buen cliente.
Pero hay un tema que quiero dejar para el postre. Por lo general siempre se manifiestan los problemas por las veces en que alguien tiene una dificultad para acceder al crédito. Ahora, yo pregunto: ¿se imaginan cuánto menos crédito habría si no existiera como existe hoy la posibilidad de que le financien el 50 por ciento de un auto con la sola presentación del documento de identidad cuando uno va a un concesionario? ¿Ustedes creen que detrás del mostrador hay un loco que les da un crédito por el 50 por ciento del auto sin conocer cómo pagan sus deudas? Eso es posible en cada punto de venta de crédito de cualquier shopping en tiempo real porque hay un buen servicio de informe de crédito detrás, que es central para el desarrollo del crédito en el mercado.
De manera que es mucha más la información positiva que tenemos que la información negativa, que es la que hace ruido. Y estamos empeñados en agrandar cada vez más la brecha. En esto es importante el Banco Central, porque es mucho más relevante que el Central diga quien paga bien sus deudas a que acuse al que no paga. A quien paga bien le tiene que hacer un cuadro y publicarlo por todo el mercado porque es la forma de que ese individuo sea favorecido por su buena conducta de crédito. Esto es por lo que estamos peleando.
Por otro lado, en este momento hay más de 10 millones de historias de crédito en el mercado que son de muy buen cumplimiento y son la llave de entrada al mercado del crédito. Esto no significa que va a haber una entidad del otro lado lista a aprobarle una operación, porque lo que hay es un informe de crédito objetivo que únicamente dice si se atrasó o no en el pago de una cuota y si lo pudo resolver dentro de los dos años de los que hablábamos. Lo que no vamos a poder resolver es una política de riesgo de una institución que dice que como no tiene fondos no le da crédito a nadie. Son cosas totalmente independientes que a veces se solapan para usar como argumento que el informe de crédito no responde a las pautas establecidas, pero no se toman el trabajo de analizar en detalle para ver si realmente no están perdiendo a un buen cliente.
SR. VICENS Nosotros tenemos una gran satisfacción de ver los índices más bajos de morosidad en el mercado después del porrazo que nos dimos. Lo que hay que hacer es empezar a construir equilibrio en la tutela de los derechos del deudor y del acreedor. Facilitar y fomentar la difusión de la historia de crédito y no vaciarla de contenido como resultaría de crearle la sospecha a quien use un informe de crédito de que puede haber -por imposición de una ley- información que se desacople. Eso lo único que produce es vaciar de contenido las historias de crédito. El que está dando un crédito quiere saber todo y quiere definir el grado de riesgo que tiene sobre cada persona. Si vamos a extraer parte de la información negativa, lo que hacemos es igualar al que cumplió siempre con sus créditos con aquél que tuvo un problema y tuvo la voluntad y la fortuna de poder resolverlo -y consta en el legajo de crédito- con aquel que no pago aún pudiendo pagar, y que únicamente va a pagar si le conviene volver a insertarse en el mercado, ya que con el pago borra su mal dato crediticio. Este no es un tema menor.
T.19
T.19
SR. VÁZQUEZ Incluso las empresas que hacemos algo más que lo que hacen las de bases de datos -que discernimos lo que ellos hacen más otras cosas, además de visitar a las empresas y transmitir el descargo in situ de alguna situación anómala que tengan-, creemos que también las instituciones financieras deberían invertir un poco más, para los créditos que valgan la pena, en un informe de mayor envergadura que el que arman las empresas de bases de datos, que simplemente pueden ser tenidos en cuenta para una primera instancia.
Hay muchas empresas que se basan el informe de bases de datos y deniegan un crédito en primera instancia, cuando esa misma empresa, permitiéndole hacer un balance entre lo bueno y lo malo, tendría una situación diferente.
Hay muchas empresas que se basan el informe de bases de datos y deniegan un crédito en primera instancia, cuando esa misma empresa, permitiéndole hacer un balance entre lo bueno y lo malo, tendría una situación diferente.
SR. MÓNACO Quería contestar la pregunta sobre el blanqueo.
Si hiciéramos una compulsa en el mercado financiero argentino, privado y estatal, no creo que en este momento de pequeña brisa incipiente hacia el crédito, los señores banqueros estén dispuestos a arriesgar nuevamente, después del porrazo que se pegaron en diciembre de 2001. Tanto el Banco Nación como el Banco Provincia, a través de pliegos licitatorios, nos solicitan información. Por eso no creo que el mercado todavía esté preparado y maduro para satisfacer esa inquietud.
Más de una vez hemos discutido este asunto, pero no somos nosotros los que podríamos hacer este blanqueo. El asunto es si quien nos compra la información a nosotros está dispuesto a hacerlo.
Si hiciéramos una compulsa en el mercado financiero argentino, privado y estatal, no creo que en este momento de pequeña brisa incipiente hacia el crédito, los señores banqueros estén dispuestos a arriesgar nuevamente, después del porrazo que se pegaron en diciembre de 2001. Tanto el Banco Nación como el Banco Provincia, a través de pliegos licitatorios, nos solicitan información. Por eso no creo que el mercado todavía esté preparado y maduro para satisfacer esa inquietud.
Más de una vez hemos discutido este asunto, pero no somos nosotros los que podríamos hacer este blanqueo. El asunto es si quien nos compra la información a nosotros está dispuesto a hacerlo.
SR. PRESIDENTE FRIGERI Esto no pasa por ustedes. A veces nos ponemos de mal humor cuando hay ciertas normas que se mantienen en el tiempo, por más que el ciclo económico sea distinto.
En 1998, cuando crecíamos al 8 por ciento, podíamos tener una política de calificación de empresas y de previsionamiento distinta a la que podíamos tener en el 2000 o 2001, cuando la economía crecía al menos 4 por ciento. Sin embargo, mantuvimos la misma. Esa rigidez determinó que muchas veces una norma buena se transformara en mala.
Me parece que sería malo romper algo que hoy tiene un esquema. Sería mejor que el Banco Central dijera que si alguien se demoró tres días en pagar la tarjeta de crédito, no pasa nada, no hay que previsionarlo o multarlo. Después, el banco que va a dar el crédito toma la información y hace lo que quiere, pero al menos de antemano no mandan el crédito a pérdida.
Esta es una discusión que mantenemos con el Banco Central. Por eso viene muy bien toda la aclaración que tuvimos, en el sentido de que ustedes no son ni buenos ni malos sino que brindan un servicio de información, que puede ser que agilice los créditos, y efectivamente es así porque no me imagino tener que buscar todos los datos para que un negocio le otorgue un crédito si no tiene la posibilidad de informarse rápidamente.
Por eso agradezco al presidente de la Cámara de Empresas de Información Comercial, así como a los señores Mónaco y Vázquez, por toda la información que nos han brindado. Continuaremos analizando el tema con la central de riesgos del Banco Central, pero me siento muy satisfecho por haber aclarado una serie de inquietudes que teníamos con respecto a este tema.
En 1998, cuando crecíamos al 8 por ciento, podíamos tener una política de calificación de empresas y de previsionamiento distinta a la que podíamos tener en el 2000 o 2001, cuando la economía crecía al menos 4 por ciento. Sin embargo, mantuvimos la misma. Esa rigidez determinó que muchas veces una norma buena se transformara en mala.
Me parece que sería malo romper algo que hoy tiene un esquema. Sería mejor que el Banco Central dijera que si alguien se demoró tres días en pagar la tarjeta de crédito, no pasa nada, no hay que previsionarlo o multarlo. Después, el banco que va a dar el crédito toma la información y hace lo que quiere, pero al menos de antemano no mandan el crédito a pérdida.
Esta es una discusión que mantenemos con el Banco Central. Por eso viene muy bien toda la aclaración que tuvimos, en el sentido de que ustedes no son ni buenos ni malos sino que brindan un servicio de información, que puede ser que agilice los créditos, y efectivamente es así porque no me imagino tener que buscar todos los datos para que un negocio le otorgue un crédito si no tiene la posibilidad de informarse rápidamente.
Por eso agradezco al presidente de la Cámara de Empresas de Información Comercial, así como a los señores Mónaco y Vázquez, por toda la información que nos han brindado. Continuaremos analizando el tema con la central de riesgos del Banco Central, pero me siento muy satisfecho por haber aclarado una serie de inquietudes que teníamos con respecto a este tema.
SR. VICENS Quedamos absolutamente a disposición de la comisión y, al mismo tiempo, nosotros necesitamos enriquecernos con sus puntos de vista.
SR. VÁZQUEZ Como corolario, debo decir que la decisión sobre el crédito siempre la tiene quien lo otorga y no nosotros.
SR. PRESIDENTE FRIGERI No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la reunión.
- Es la hora 19 y 14.