Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, por intermedio de los organismos competentes, se sirva informar sobre las siguientes cuestiones referidas al otorgamiento del Certificado Nacional de Discapacidad:

1. Cantidad de trámites iniciados ante el Servicio Nacional de Rehabilitación para solicitar Certificado de Discapacidad desde mayo del 2006 a la fecha.

2. Cantidad de certificados de discapacidad otorgados por el Servicio Nacional de Rehabilitación desde mayo de 2006 a la fecha con individualización de los otorgados a personas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3. Si el Servicio Nacional de Rehabilitación atiende directamente a los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los deriva a los establecimientos de la Ciudad para el otorgamiento del certificado.

En caso de así serlo, ¿cuáles son las razones que justifican tal proceder no contemplado en el Convenio Marco de Cooperación entre Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires?.

4. Descripción de los programas y actividades llevadas a cabo por el Servicio Nacional de Rehabilitación con el fin de proporcionar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires asistencia técnica y científica para la evaluación y valoración de la discapacidad, de acuerdo con la clasificación vigente y los nuevos criterios de clasificación internacional, a los efectos de extender los correspondientes Certificados de Discapacidad en el marco de lo establecido por el artículo 3° de la Ley N° 22.431 y Convenio Nº 10 Marco de Cooperación Técnica entre el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5. Descripción de las actividades informativas, - contenido y distribución -, realizada por el Servicio Nacional de Rehabilitación con el fin de facilitar a los beneficiarios la obtención del Certificado de Discapacidad. Especialmente se expliciten aquellas referidas a la difusión de la entrada en vigencia del Convenio Nº 10 con la Ciudad de Buenos Aires.

6. Registro de reclamos por parte del Servicio Nacional por inconvenientes y demoras en la prestación del servicio de otorgamiento de certificados.

7. Se especifique el número de reclamos, contenido de los mismos y respuestas brindadas desde mayo de 2006 a la fecha.

Señor presidente:

El artículo 3° de la ley 22.431 sobre "Sistema de Protección Integral de los Discapacitados", modificado por la ley 25.504, obliga al Ministerio de Salud de la Nación a otorgar el certificado de discapacidad que acredita plenamente la discapacidad en todo el territorio nacional y en todos los supuestos en que sea necesario invocarla.

Por su parte, el Decreto 106 del 2005, confiere al Servicio Nacional de Rehabilitación la función de aplicar el artículo 3° de la ley 22.431 (punto 12 del Anexo II del decreto 106/05).

En el marco de esta normativa, la Ciudad de Buenos Aires firmó con el Gobierno Nacional, el 27 de abril de 2006 el Convenio N° 10, de dos años de vigencia, por el cual se compromete a constituir las juntas evaluadoras y a otorgar certificados de discapacidad de conformidad con la ley 22.431.

En cumplimiento de dicho convenio y por resolución del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 1562/2007, el Ministro de Salud estableció los 6 hospitales que emitirán certificados: Hospital General de Agudos "P. Piñero", Hospital General de Agudos "J. A. Penna", Instituto de Rehabilitación Psicofísica (I.R.E.P), el Hospital de Rehabilitación "M. Rocca", el Hospital de Oftalmología "Santa Lucía" y Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear

A fin de implementar el proceso de certificación en la Ciudad se capacitó al personal administrativo y al profesional. Además a los operarios del 0- 800 salud, puerta de entrada al sistema.

Siguiendo una interpretación errónea de la normativa vigente, actualmente el Servicio Nacional de Rehabilitación rechaza la solicitud de certificados de discapacidad por parte de las personas que concurren a sus dependencias y que poseen domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto agrava la situación de puesta en marcha del sistema de certificación en la Ciudad, que se ve colapsado de pedidos y con varios meses de demora en los turnos.

Consecuencia final de este proceso es el perjuicio directo que sufren las personas discapacitadas, quienes ven disminuidos sus derechos por falta de un sistema expedito de otorgamiento de certificados. En el espíritu de la normativa vigente reside la construcción de un sistema eficiente, no el descargo de tareas de un servicio en otros. La complementariedad entre los servicios debe ser la regla y no la excepción.

En aras de resolver esta cuestión, requerimos se informe a esta Cámara y a su Comisión de Discapacidad sobre la real situación, demoras e inconvenientes en la entrega de certificados de discapacidad a fin de estudiar y promover los cambios legales, funcionales o de cultura interna necesarios para contener una demanda social ampliamente justificada.