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COMERCIO
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- COMERCIO
Reunión del día 07/06/2000
- RELACIÓN ENTRE SUPERMERCADISTA Y PROVEEDORES
- En Buenos Aires, a los seis días del mes de junio de 2000, a la hora 10 y 27:
SR. PRESIDENTE FLORES Vamos a dar comienzo a la reunión de la Comisión de Comercio agradeciendo la presencia de los representantes de las organizaciones y cámaras de provincia de actividades mercantiles.
Previo a escuchar a nuestros invitados quiero manifestar que esta comisión resolvió hace varias semanas que la temática vinculada a la situación de los supermercados y la relación entre proveedores y supermercados merecía un análisis detenido por parte de la misma. Desde entonces iniciamos una convocatoria a diferentes entidades incluyendo a la cámara que nuclea a los supermercados, cuyos representantes no pudieron concurrir la semana pasada debido a la situación particular que se vivió en el Congreso de la Nación. De todas maneras la secretaría de la Comisión de Comercio está coordinando la concurrencia de los mismos para una fecha que se adecue tanto a la agenda de la comisión como a la de la Cámara de Supermercados.
También se había convocado para la semana anterior a la Coordinadora de Actividades Mercantiles y a entidades de distintas provincias a quienes se les planteó que si tenían interés en participar de la reunión lo hicieran en el día de la fecha.
La idea es realizar un diagnóstico de la situación para que, a partir de éste, la Comisión de Comercio pueda debatir sobre la conveniencia o no de dar soluciones legislativas a esta problemática.
La metodología de trabajo que propongo para realizar la reunión es que en primer término los representantes de las entidades que nos visitan se presenten. Luego pasaríamos a escuchar una breve exposición por parte de cada uno de ellos comenzando con el representante de la Coordinadora de Actividades Mercantiles. Una vez escuchadas las exposiciones, los señores diputados podrán hacer las preguntas pertinentes.
Iniciarán la exposición los representantes de CAME y luego las distintas entidades que nos visitan.
Se encuentran presentes los señores Mauricio Fernández, de la Comisión de Comercio de Río Gallegos; Francisco Matilla y Juan Carlos Stahlberg, secretario general y vicepresidente adjunto de la Coordinadora de Actividades Mercantiles respectivamente; Ricardo Villada y Carlos Zarif, secretario y presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta respectivamente; Humberto Alías D'Abate, de la Cámara de Comercio e Industria de Salta; Omar González y Luis González, tesorero y presidente de la Cámara de Comerciantes de Rawson de la provincia de San Juan respectivamente, y Adriana Marino, presidenta de la Unión Industrial de San Juan.
Tiene la palabra el señor Matilla.
Previo a escuchar a nuestros invitados quiero manifestar que esta comisión resolvió hace varias semanas que la temática vinculada a la situación de los supermercados y la relación entre proveedores y supermercados merecía un análisis detenido por parte de la misma. Desde entonces iniciamos una convocatoria a diferentes entidades incluyendo a la cámara que nuclea a los supermercados, cuyos representantes no pudieron concurrir la semana pasada debido a la situación particular que se vivió en el Congreso de la Nación. De todas maneras la secretaría de la Comisión de Comercio está coordinando la concurrencia de los mismos para una fecha que se adecue tanto a la agenda de la comisión como a la de la Cámara de Supermercados.
También se había convocado para la semana anterior a la Coordinadora de Actividades Mercantiles y a entidades de distintas provincias a quienes se les planteó que si tenían interés en participar de la reunión lo hicieran en el día de la fecha.
La idea es realizar un diagnóstico de la situación para que, a partir de éste, la Comisión de Comercio pueda debatir sobre la conveniencia o no de dar soluciones legislativas a esta problemática.
La metodología de trabajo que propongo para realizar la reunión es que en primer término los representantes de las entidades que nos visitan se presenten. Luego pasaríamos a escuchar una breve exposición por parte de cada uno de ellos comenzando con el representante de la Coordinadora de Actividades Mercantiles. Una vez escuchadas las exposiciones, los señores diputados podrán hacer las preguntas pertinentes.
Iniciarán la exposición los representantes de CAME y luego las distintas entidades que nos visitan.
Se encuentran presentes los señores Mauricio Fernández, de la Comisión de Comercio de Río Gallegos; Francisco Matilla y Juan Carlos Stahlberg, secretario general y vicepresidente adjunto de la Coordinadora de Actividades Mercantiles respectivamente; Ricardo Villada y Carlos Zarif, secretario y presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta respectivamente; Humberto Alías D'Abate, de la Cámara de Comercio e Industria de Salta; Omar González y Luis González, tesorero y presidente de la Cámara de Comerciantes de Rawson de la provincia de San Juan respectivamente, y Adriana Marino, presidenta de la Unión Industrial de San Juan.
Tiene la palabra el señor Matilla.
SR. MATILLA La Coordinadora de Actividades Mercantiles, desde hace unos cuantos años, ha transitado esta misma sala en busca de una ley o disposiciones legales que regulen la actividad comercial en el país, o sea el proceso de intercambio y comercialización en el país, que está huérfano porque existe un vacío tremendo en cuanto a disposiciones legales que reglamenten la actividad.
Estamos convencidos de que no hay libertad sin un marco regulatorio que determine las reglas dentro de las cuales debe desenvolverse la actividad. No hay posibilidad de partido sin campo de juego, referí o reglamento. Eso es lo que garantiza la posibilidad de que pueda jugarse el partido. Esta es una realidad que se da también en la actividad comercial. Pero tiene un agravante que no es nuevo porque viene desde hace mucho tiempo: contamos con una Secretaría de Comercio que jamás cumplió con las funciones de promover, desarrollar, alentar y regular el comercio como actividad. Nunca cumplió estas funciones y hoy funciona más como una ventanilla para los consumidores que como una puerta abierta al comercio donde puedan expresar sus preocupaciones, problemas, inconvenientes en las distintas ciudades del país.
Esa entidad atiende lo que emana de las leyes de defensa de la competencia y del consumidor y las normas de lealtad comercial, pero no los problemas que hacen a las políticas de comercio del interior del país.
Este de defensa del consumidor sea una realidad; estamos trabajando en el tema de los tribunales arbitrales; creemos, además, que una ley de defensa del consumidor es una garantía de competencia. Sin embargo, entendemos que los ámbitos administrativos encargados de cada uno de los dos aspectos involucrados en esto -la defensa del consumidor y el comercio- deben estar diferenciados, pues existen entre ambos intereses encontrados y no corresponde defender unos sin contemplar los otros.
Esa es una primera reflexión que queremos expresar ante esta comisión.
Por otro lado, es indispensable que exista una regulación en materia de comercio interior y precisamente vamos a dejar a los señores diputados un trabajo que hemos elaborado al respecto. El consumismo es un factor fundamental para la macroeconomía y se ha desarrollado un sistema de distribución altamente sofisticado, cada vez más imaginativo y dotado de una moderna tecnología, con el objeto de poner a disposición del consumidor productos en tanta cantidad y de tal variedad que la capacidad de compra de la población se ha visto superada. Esta abundancia en la oferta de productos, que no ha tenido parangón en la historia de nuestro país, no ha significado un bienestar generalizado sino que, muy por el contrario, al crear en el consumidor más necesidades insatisfechas ha acentuado en muchos casos las carencias.
Existe una gran oferta de productos, realizada por grandes empresas, muchas veces trasnacionales; hay grandes superficies comerciales, que se han ido concentrando cada vez más debido al esquema económico de globalización que hoy está vigente en el mundo. Sabemos que ésta es la realidad pero lo que tenemos que evaluar es si simplemente debemos acompañarla o si debemos insertarnos en ella tratando de provocar algún cambio que atenúe sus efectos.
Esto es lo que nos lleva a plantear la necesidad de regular el comercio interior, tal como ocurre -los señores diputados lo saben- en otros países. No cabe duda de que el pequeño y mediano comercio tradicional -que ha dado en llamarse "comercio de proximidad"-, constituye un factor fundamental para el desarrollo de las ciudades.
Pirenne decía que las ciudades son hijas del comercio y creemos que ésta es una realidad. En este sentido, vemos que el último congreso de la Comunidad Europea de comercio y ciudad -del cual tuve la suerte de participar-, se desarrolló bajo el lema "No existe ciudad sin comercio".
Muchas veces no sabemos qué es primero si la población misma de la ciudad o el comercio. Parece que se van desarrollando casi natural y conjuntamente, incluso el comercio es anterior al desarrollo de otras actividades productivas, es anterior a la industria y a la producción primaria, porque no es dable pensar estos otros tipos de actividad económica sin una red de abastecimiento de insumos.
El comercio además es vital para el equilibrio sociodemográfico del país. Esta ha sido la experiencia en otros países. Francia se vio obligada a regular la actividad comercial porque el desarrollo de las grandes superficies comerciales y las concentraciones que éstas producían estaba produciendo grandes migraciones internas dentro del país, dejando sin población zonas rurales y pequeñas poblaciones del interior de las provincias francesas. Hay datos estadísticos a los que se puede acceder en la Secretaría de Comercio de Francia que así lo indican. Estos son datos de la realidad y eso es lo que está ocurriendo en nuestro país.
Las grandes concentraciones comerciales, a través de sus sofisticados sistemas de ofertas -muchas veces podríamos decir no muy éticos sistemas de ofertas-, están produciendo desertizaciones comerciales en las ciudades satélites a las ciudades donde se instalan y están dejando los centros de esas ciudades sin actividad comercial, con todas las consecuencias que ello trae consigo.
Hace poco yo estaba en la ciudad de Neuquén, a donde fui por invitación del Concejo Deliberante local, y analizábamos cómo la instalación de hipermercados en esa ciudad ha producido en una serie de ciudades satélite un impacto negativo sobre el comercio, el empleo y la población. Éstos son efectos que jamás se han estudiado en el país y es necesario estudiarlos, que estén reglamentados y que se determinen y se evalúen a la hora de autorizar la implantación de estas superficies comerciales.
El sector de la distribución comercial en la Argentina es básico y esencial desde el punto de vista económico. Si tenemos en cuenta que solamente el 9 por ciento del producto bruto interno se exporta y que el resto se consume internamente, apreciamos cuál es la magnitud del comercio en la Argentina. El mercado interno en la Argentina es fundamental desde el punto de vista económico y por eso es necesario que un movimiento económico de tal magnitud esté regulado y se establezcan las reglas del juego dentro de las cuales debe desenvolverse.
El comercio pequeño y mediano, el de proximidad, constituyó, desde siempre, en la Argentina, una actividad fundamental en la distribución y en el empleo.
Y una actividad fundamental y esencial para acercar productos, bienes y algunos tipos de servicios a las poblaciones más alejadas de nuestro país.
Siempre pongo como ejemplo un viejo aviso publicitario de YPF en el que aparecía la imagen de la Ruta 2 con una voz que decía: "Aquí están todas", y luego aparecía la imagen de una pequeña población aislada con una voz que decía: "Acá está YPF".
En el pequeño comercio pasa lo mismo porque en las grandes ciudades están todos pero en los pueblos está sólo el pequeño y mediano comerciante que abastece, muchas veces con sacrificios, a esa población.
Por ello, si no mantenemos un equilibrio en la red de distribución llegará el momento en que ni siquiera los bienes necesarios podrán llegar a las pequeñas poblaciones.
Por otro lado, hemos elaborado un cuadro de distribución de la población en la República Argentina y hemos llegado a la conclusión de que tenemos 1.380 poblaciones de 500 a 1.000 habitantes, 189 poblaciones de 10 mil a 50 mil, 39 poblaciones de 50 mil a 99 mil y 37 poblaciones de 100 mil a 500 mil. En estas últimas se encuentra el 60 por ciento de la población del país, y esas ciudades dependen casi exclusivamente del pequeño y mediano comerciante y son las que se están viendo afectadas por las grandes superficies aún sin tenerlas en sus centros urbanos ni en la periferia.
Esas ciudades son las que están sufriendo los problemas de las migraciones por la instalación de las grandes superficies comerciales en las ciudades vecinas que ejercen un poder de atracción del consumo y un impacto terrible sobre el empleo.
El empleo en el comercio sigue hoy cobijado en el pequeño y mediano comercio. Del total de los locales de comercios que tenemos en el país un 50 por ciento está atendido unipersonalmente por el trabajador autónomo. Un 32 por ciento tiene entre dos y tres ocupados; un 8 por ciento tiene entre cuatro a cinco ocupados y un 4,7 por ciento tiene entre seis a diez. En ese segmento está el 57 por ciento de la población ocupada del sector comercial del país.
Los grandes establecimientos que tienen entre 50 y 100 empleados dan empleo al 15 por ciento de la población del sector comercial.
Según datos del INDEC, las 938 bocas que había en diciembre de 1999 en los hiper y supermercados ocupaban a una población de 89.138 personas.
Los shoppings tienen 4239 locales con una población ocupada de 15.300 trabajadores. El comercio tradicional tiene aproximadamente 420.000 establecimientos en todo el país y cuenta con 1.500.000 personas ocupadas. Por lo tanto, en total suman 1.694.483 empleados, de los cuales el 93 por ciento está ubicado dentro del pequeño y mediano comercio tradicional.
Estas son las razones por las que creemos que es necesario regular esta actividad. Estamos convencidos de que es a la Nación a quien le corresponde esto, porque los efectos de la implementación de las grandes superficies trascienden hoy los límites geográficos de las provincias y municipios.
Participamos en una audiencia pública para la instalación de una gran superficie comercial en la Capital Federal, a una cuadra de la General Paz y muy cerca del Acceso Norte, donde se escuchó a entidades representativas, a entidades vecinales y particulares de la ciudad de Buenos Aires. Pero ese centro comercial no iba a impactar sólo en la Capital Federal, sino también en ciudades de la provincia muy cercanas, más con las vías de acceso rápidas que circundaban dicho emprendimiento. Me refiero a las avenidas del Libertador y Cabildo, ya al Acceso Norte y la General Paz.
Hoy, la influencia de los centros comerciales no se mide en distancia sino en tiempo y así lo publicitan ellos cuando dicen: Carrefour a 5 minutos, Norte a 10 minutos, etcétera.
Esto indica que la legislación debe ser nacional; el impacto que produce trasciende los límites políticos, municipales y provinciales. En varias provincias están ubicados en las zonas limítrofes. En Resistencia está ubicado a mitad de camino con la ciudad de Corrientes y en Santa Fe a mitad de camino con la localidad de Paraná. Los impactos exceden los límites de las jurisdicciones políticas. Por eso entendemos que la regulación debe ser nacional con participación de los municipios y las provincias en la valuación de los impactos. Deben tenerse en cuenta no sólo los efectos que produce en el empleo y la distribución, sino también, como ha sido valuado en otras partes del mundo, el impacto que tiene sobre las migraciones poblacionales. Esto ha sido valuado muy bien, y puedo poner a su disposición un atlas de España que evalúa las migraciones que producen estas grandes superficies comerciales.
Por esto decimos que las regulaciones deben darse a nivel nacional y que la Constitución habilita que así sea. Es necesario que esto se resuelva rápidamente por la situación del pequeño y mediano comercio.
Vamos a dar algunos datos comparativos para que vean cuál ha sido el impacto en la última década de estas implantaciones comerciales.
En 1991, según datos del Indec, la población ocupada del sector era de 2.539.502 personas y en diciembre de 1999 la población ocupada era de 1.695.000 personas, es decir que se produjo una caída del 33,27 por ciento. En el censo económico de 1994 el número de comercios era de 506.659 y a fines de 1999 sólo alcanzó a los 425 mil, incluyendo los 938 hiper y supermercados, es decir que se registró una caída del 16,06 por ciento, con un significativo achicamiento también en la cantidad de personal ocupado.
Creo que no son necesarias mayores consideraciones para evaluar la necesidad de una ley de comercio interior. Muy rápidamente queremos dejar sentado qué debería contener.
Nosotros creemos que es necesaria una ley de ordenamiento del comercio interior que establezca los principios generales del sector, subordinado a la Constitución Nacional, que garantice la libertad de comercio y de empresa, y, además, la igualdad de oportunidades; que categorice la actividad comercial por sectores, entre distribuidores mayoristas y minoristas, por tamaño de establecimientos, grandes, medianas y pequeñas superficies.
También debería reglamentar la oferta comercial determinando los horarios, los días no laborables y feriados obligatorios y estableciendo la forma de contratos cuando sea necesario. Debería determinar las obligaciones y los derechos del comprador, fijar las pautas que regulen la relación entre los distintos estratos comerciales, definiendo y reglamentando las promociones de ventas, fijando normas generales, reglamentando las modalidades, las ventas con rebajas, las liquidaciones, las promociones, las ventas de saldos o productos discontinuados, y la venta con incentivos promocionales, definiendo y reglamentando las modalidades de venta a distancia, en sus distintas formas, automática y la venta piramidal.
Insistimos en que el fundamento de nuestra posición es que solamente regulando la actividad comercial se garantizará la libertad dentro de una igualdad de oportunidades y con mayores opciones de compra para el consumidor que es lo que más nos preocupa.
Estamos convencidos de que no hay libertad sin un marco regulatorio que determine las reglas dentro de las cuales debe desenvolverse la actividad. No hay posibilidad de partido sin campo de juego, referí o reglamento. Eso es lo que garantiza la posibilidad de que pueda jugarse el partido. Esta es una realidad que se da también en la actividad comercial. Pero tiene un agravante que no es nuevo porque viene desde hace mucho tiempo: contamos con una Secretaría de Comercio que jamás cumplió con las funciones de promover, desarrollar, alentar y regular el comercio como actividad. Nunca cumplió estas funciones y hoy funciona más como una ventanilla para los consumidores que como una puerta abierta al comercio donde puedan expresar sus preocupaciones, problemas, inconvenientes en las distintas ciudades del país.
Esa entidad atiende lo que emana de las leyes de defensa de la competencia y del consumidor y las normas de lealtad comercial, pero no los problemas que hacen a las políticas de comercio del interior del país.
Este de defensa del consumidor sea una realidad; estamos trabajando en el tema de los tribunales arbitrales; creemos, además, que una ley de defensa del consumidor es una garantía de competencia. Sin embargo, entendemos que los ámbitos administrativos encargados de cada uno de los dos aspectos involucrados en esto -la defensa del consumidor y el comercio- deben estar diferenciados, pues existen entre ambos intereses encontrados y no corresponde defender unos sin contemplar los otros.
Esa es una primera reflexión que queremos expresar ante esta comisión.
Por otro lado, es indispensable que exista una regulación en materia de comercio interior y precisamente vamos a dejar a los señores diputados un trabajo que hemos elaborado al respecto. El consumismo es un factor fundamental para la macroeconomía y se ha desarrollado un sistema de distribución altamente sofisticado, cada vez más imaginativo y dotado de una moderna tecnología, con el objeto de poner a disposición del consumidor productos en tanta cantidad y de tal variedad que la capacidad de compra de la población se ha visto superada. Esta abundancia en la oferta de productos, que no ha tenido parangón en la historia de nuestro país, no ha significado un bienestar generalizado sino que, muy por el contrario, al crear en el consumidor más necesidades insatisfechas ha acentuado en muchos casos las carencias.
Existe una gran oferta de productos, realizada por grandes empresas, muchas veces trasnacionales; hay grandes superficies comerciales, que se han ido concentrando cada vez más debido al esquema económico de globalización que hoy está vigente en el mundo. Sabemos que ésta es la realidad pero lo que tenemos que evaluar es si simplemente debemos acompañarla o si debemos insertarnos en ella tratando de provocar algún cambio que atenúe sus efectos.
Esto es lo que nos lleva a plantear la necesidad de regular el comercio interior, tal como ocurre -los señores diputados lo saben- en otros países. No cabe duda de que el pequeño y mediano comercio tradicional -que ha dado en llamarse "comercio de proximidad"-, constituye un factor fundamental para el desarrollo de las ciudades.
Pirenne decía que las ciudades son hijas del comercio y creemos que ésta es una realidad. En este sentido, vemos que el último congreso de la Comunidad Europea de comercio y ciudad -del cual tuve la suerte de participar-, se desarrolló bajo el lema "No existe ciudad sin comercio".
Muchas veces no sabemos qué es primero si la población misma de la ciudad o el comercio. Parece que se van desarrollando casi natural y conjuntamente, incluso el comercio es anterior al desarrollo de otras actividades productivas, es anterior a la industria y a la producción primaria, porque no es dable pensar estos otros tipos de actividad económica sin una red de abastecimiento de insumos.
El comercio además es vital para el equilibrio sociodemográfico del país. Esta ha sido la experiencia en otros países. Francia se vio obligada a regular la actividad comercial porque el desarrollo de las grandes superficies comerciales y las concentraciones que éstas producían estaba produciendo grandes migraciones internas dentro del país, dejando sin población zonas rurales y pequeñas poblaciones del interior de las provincias francesas. Hay datos estadísticos a los que se puede acceder en la Secretaría de Comercio de Francia que así lo indican. Estos son datos de la realidad y eso es lo que está ocurriendo en nuestro país.
Las grandes concentraciones comerciales, a través de sus sofisticados sistemas de ofertas -muchas veces podríamos decir no muy éticos sistemas de ofertas-, están produciendo desertizaciones comerciales en las ciudades satélites a las ciudades donde se instalan y están dejando los centros de esas ciudades sin actividad comercial, con todas las consecuencias que ello trae consigo.
Hace poco yo estaba en la ciudad de Neuquén, a donde fui por invitación del Concejo Deliberante local, y analizábamos cómo la instalación de hipermercados en esa ciudad ha producido en una serie de ciudades satélite un impacto negativo sobre el comercio, el empleo y la población. Éstos son efectos que jamás se han estudiado en el país y es necesario estudiarlos, que estén reglamentados y que se determinen y se evalúen a la hora de autorizar la implantación de estas superficies comerciales.
El sector de la distribución comercial en la Argentina es básico y esencial desde el punto de vista económico. Si tenemos en cuenta que solamente el 9 por ciento del producto bruto interno se exporta y que el resto se consume internamente, apreciamos cuál es la magnitud del comercio en la Argentina. El mercado interno en la Argentina es fundamental desde el punto de vista económico y por eso es necesario que un movimiento económico de tal magnitud esté regulado y se establezcan las reglas del juego dentro de las cuales debe desenvolverse.
El comercio pequeño y mediano, el de proximidad, constituyó, desde siempre, en la Argentina, una actividad fundamental en la distribución y en el empleo.
Y una actividad fundamental y esencial para acercar productos, bienes y algunos tipos de servicios a las poblaciones más alejadas de nuestro país.
Siempre pongo como ejemplo un viejo aviso publicitario de YPF en el que aparecía la imagen de la Ruta 2 con una voz que decía: "Aquí están todas", y luego aparecía la imagen de una pequeña población aislada con una voz que decía: "Acá está YPF".
En el pequeño comercio pasa lo mismo porque en las grandes ciudades están todos pero en los pueblos está sólo el pequeño y mediano comerciante que abastece, muchas veces con sacrificios, a esa población.
Por ello, si no mantenemos un equilibrio en la red de distribución llegará el momento en que ni siquiera los bienes necesarios podrán llegar a las pequeñas poblaciones.
Por otro lado, hemos elaborado un cuadro de distribución de la población en la República Argentina y hemos llegado a la conclusión de que tenemos 1.380 poblaciones de 500 a 1.000 habitantes, 189 poblaciones de 10 mil a 50 mil, 39 poblaciones de 50 mil a 99 mil y 37 poblaciones de 100 mil a 500 mil. En estas últimas se encuentra el 60 por ciento de la población del país, y esas ciudades dependen casi exclusivamente del pequeño y mediano comerciante y son las que se están viendo afectadas por las grandes superficies aún sin tenerlas en sus centros urbanos ni en la periferia.
Esas ciudades son las que están sufriendo los problemas de las migraciones por la instalación de las grandes superficies comerciales en las ciudades vecinas que ejercen un poder de atracción del consumo y un impacto terrible sobre el empleo.
El empleo en el comercio sigue hoy cobijado en el pequeño y mediano comercio. Del total de los locales de comercios que tenemos en el país un 50 por ciento está atendido unipersonalmente por el trabajador autónomo. Un 32 por ciento tiene entre dos y tres ocupados; un 8 por ciento tiene entre cuatro a cinco ocupados y un 4,7 por ciento tiene entre seis a diez. En ese segmento está el 57 por ciento de la población ocupada del sector comercial del país.
Los grandes establecimientos que tienen entre 50 y 100 empleados dan empleo al 15 por ciento de la población del sector comercial.
Según datos del INDEC, las 938 bocas que había en diciembre de 1999 en los hiper y supermercados ocupaban a una población de 89.138 personas.
Los shoppings tienen 4239 locales con una población ocupada de 15.300 trabajadores. El comercio tradicional tiene aproximadamente 420.000 establecimientos en todo el país y cuenta con 1.500.000 personas ocupadas. Por lo tanto, en total suman 1.694.483 empleados, de los cuales el 93 por ciento está ubicado dentro del pequeño y mediano comercio tradicional.
Estas son las razones por las que creemos que es necesario regular esta actividad. Estamos convencidos de que es a la Nación a quien le corresponde esto, porque los efectos de la implementación de las grandes superficies trascienden hoy los límites geográficos de las provincias y municipios.
Participamos en una audiencia pública para la instalación de una gran superficie comercial en la Capital Federal, a una cuadra de la General Paz y muy cerca del Acceso Norte, donde se escuchó a entidades representativas, a entidades vecinales y particulares de la ciudad de Buenos Aires. Pero ese centro comercial no iba a impactar sólo en la Capital Federal, sino también en ciudades de la provincia muy cercanas, más con las vías de acceso rápidas que circundaban dicho emprendimiento. Me refiero a las avenidas del Libertador y Cabildo, ya al Acceso Norte y la General Paz.
Hoy, la influencia de los centros comerciales no se mide en distancia sino en tiempo y así lo publicitan ellos cuando dicen: Carrefour a 5 minutos, Norte a 10 minutos, etcétera.
Esto indica que la legislación debe ser nacional; el impacto que produce trasciende los límites políticos, municipales y provinciales. En varias provincias están ubicados en las zonas limítrofes. En Resistencia está ubicado a mitad de camino con la ciudad de Corrientes y en Santa Fe a mitad de camino con la localidad de Paraná. Los impactos exceden los límites de las jurisdicciones políticas. Por eso entendemos que la regulación debe ser nacional con participación de los municipios y las provincias en la valuación de los impactos. Deben tenerse en cuenta no sólo los efectos que produce en el empleo y la distribución, sino también, como ha sido valuado en otras partes del mundo, el impacto que tiene sobre las migraciones poblacionales. Esto ha sido valuado muy bien, y puedo poner a su disposición un atlas de España que evalúa las migraciones que producen estas grandes superficies comerciales.
Por esto decimos que las regulaciones deben darse a nivel nacional y que la Constitución habilita que así sea. Es necesario que esto se resuelva rápidamente por la situación del pequeño y mediano comercio.
Vamos a dar algunos datos comparativos para que vean cuál ha sido el impacto en la última década de estas implantaciones comerciales.
En 1991, según datos del Indec, la población ocupada del sector era de 2.539.502 personas y en diciembre de 1999 la población ocupada era de 1.695.000 personas, es decir que se produjo una caída del 33,27 por ciento. En el censo económico de 1994 el número de comercios era de 506.659 y a fines de 1999 sólo alcanzó a los 425 mil, incluyendo los 938 hiper y supermercados, es decir que se registró una caída del 16,06 por ciento, con un significativo achicamiento también en la cantidad de personal ocupado.
Creo que no son necesarias mayores consideraciones para evaluar la necesidad de una ley de comercio interior. Muy rápidamente queremos dejar sentado qué debería contener.
Nosotros creemos que es necesaria una ley de ordenamiento del comercio interior que establezca los principios generales del sector, subordinado a la Constitución Nacional, que garantice la libertad de comercio y de empresa, y, además, la igualdad de oportunidades; que categorice la actividad comercial por sectores, entre distribuidores mayoristas y minoristas, por tamaño de establecimientos, grandes, medianas y pequeñas superficies.
También debería reglamentar la oferta comercial determinando los horarios, los días no laborables y feriados obligatorios y estableciendo la forma de contratos cuando sea necesario. Debería determinar las obligaciones y los derechos del comprador, fijar las pautas que regulen la relación entre los distintos estratos comerciales, definiendo y reglamentando las promociones de ventas, fijando normas generales, reglamentando las modalidades, las ventas con rebajas, las liquidaciones, las promociones, las ventas de saldos o productos discontinuados, y la venta con incentivos promocionales, definiendo y reglamentando las modalidades de venta a distancia, en sus distintas formas, automática y la venta piramidal.
Insistimos en que el fundamento de nuestra posición es que solamente regulando la actividad comercial se garantizará la libertad dentro de una igualdad de oportunidades y con mayores opciones de compra para el consumidor que es lo que más nos preocupa.
SR. PRESIDENTE FLORES Tiene la palabra el señor Villada, que integra la Cámara de Comercio de Salta.
SR. VILLADA Señor presidente: yendo al objetivo que usted planteó al comienzo de la reunión, respecto de la necesidad de que los legisladores se formen una opinión, un diagnóstico, de lo que está sucediendo con el tema de los hipermercados, me toca la responsabilidad de hablar de la situación que vive el Norte del país, porque, en ese sentido, mucho de lo que pasa en nuestra provincia, la de Salta -como ustedes saben-, tiene impacto en lo que pasa en la provincia de Jujuy.
Ninguno de ustedes ha de ignorar la situación que hoy se está viviendo en lo que constituye el ramal del norte de esas provincias, los cortes de ruta que ha habido y en general la situación en que se encuentran los productores.
Al margen de señalar nuestra posición coincidente con lo expresado por la Coordinadora de Actividades Mercantiles, y para no abundar en lo que ya ha sido expresado -incluso, con números que demuestran con absoluta precisión cuál es el impacto de la situación-, voy a recordar la historia de este fenómeno de los hipermercados en nuestra provincia, a describir cuál es la situación actual y a expresar la opinión de nuestra institución respecto de las necesidades que existen.
En el año 1999, a raíz del proceso de apertura de la economía, nuestra cámara comenzó a advertir -durante mi exposición voy a referirme a dos aspectos: competencia y poder- que aparecía en el esquema comercial un actor que generaba bastantes asimietrías respecto del comercio tradicional. En aquel momento elaboramos un cuadro de asimetrías entre el comercio tradicional y el hipermercado, tomando en cuenta diversos aspectos: disparidades de orden financiero, diferencias en el tratamiento del ticket canasta o ticket alimentario -que, como ustedes sabrán, es un elemento que está teniendo un impacto bastante grande en el norte del país-, situación impositiva, posibilidades de compra y, en definitiva, todo aquello que tuviera que ver con el poder y la capacidad de competir. Dado que en las provincias del Norte, al igual que en las del Litoral, estamos permanentemente sometidos a la competencia desleal del comercio de frontera, advertimos con rapidez que todo eso iba a producir un proceso de concentración. En aquel momento lo planteamos. Sin embargo, el sector político no sólo demostró incomprensión frente a nuestra preocupación sino que entendió que convenía favorecer la instalación de hipermercados. Para promover su radicación se otorgaron en nuestra provincia exenciones impositivas, hoy todavía vigentes, tal como la exención de la tasa de ingresos brutos con que se benefició el supermercado Lozano, actualmente en manos de un conglomerado de hipermercados por todos conocido.
Ninguno de ustedes ha de ignorar la situación que hoy se está viviendo en lo que constituye el ramal del norte de esas provincias, los cortes de ruta que ha habido y en general la situación en que se encuentran los productores.
Al margen de señalar nuestra posición coincidente con lo expresado por la Coordinadora de Actividades Mercantiles, y para no abundar en lo que ya ha sido expresado -incluso, con números que demuestran con absoluta precisión cuál es el impacto de la situación-, voy a recordar la historia de este fenómeno de los hipermercados en nuestra provincia, a describir cuál es la situación actual y a expresar la opinión de nuestra institución respecto de las necesidades que existen.
En el año 1999, a raíz del proceso de apertura de la economía, nuestra cámara comenzó a advertir -durante mi exposición voy a referirme a dos aspectos: competencia y poder- que aparecía en el esquema comercial un actor que generaba bastantes asimietrías respecto del comercio tradicional. En aquel momento elaboramos un cuadro de asimetrías entre el comercio tradicional y el hipermercado, tomando en cuenta diversos aspectos: disparidades de orden financiero, diferencias en el tratamiento del ticket canasta o ticket alimentario -que, como ustedes sabrán, es un elemento que está teniendo un impacto bastante grande en el norte del país-, situación impositiva, posibilidades de compra y, en definitiva, todo aquello que tuviera que ver con el poder y la capacidad de competir. Dado que en las provincias del Norte, al igual que en las del Litoral, estamos permanentemente sometidos a la competencia desleal del comercio de frontera, advertimos con rapidez que todo eso iba a producir un proceso de concentración. En aquel momento lo planteamos. Sin embargo, el sector político no sólo demostró incomprensión frente a nuestra preocupación sino que entendió que convenía favorecer la instalación de hipermercados. Para promover su radicación se otorgaron en nuestra provincia exenciones impositivas, hoy todavía vigentes, tal como la exención de la tasa de ingresos brutos con que se benefició el supermercado Lozano, actualmente en manos de un conglomerado de hipermercados por todos conocido.
SR. PRESIDENTE FLORES ¿Carrefour?
SR. VILLADA Sí, Carrefour: Norte, Tía, Lozano...
Obviamente, la consecuencia que hoy padecemos es una concentración del 80 por ciento en manos de este grupo económico. Tal situación de poder no permite la competencia, por lo cual automáticamente comienzan a producirse abusos, tanto sobre el sector de los consumidores -es decir, de los clientes- a través de diferencias entre los precios que figuran en góndola y los que se facturan, la falta de respeto del metraje en materia de precios, etcétera -con el agravante de que en nuestra provincia no hay organismo de aplicación dentro del gobierno provincial de la ley de defensa de la competencia, de lealtad comercial y la ley antimonopolio-, como así también sobre el sector de los productores.
Respecto a ese tema me gustaría que el compañero (Uzandibaras), que es productor exponga la situación en la que se encuentran.
Hoy día existe una profunda alteración de la cadena que vincula a los productores con los clientes. Esta alteración tiene consecuencias directas. Si uno analiza la situación que viven los productores en general de nuestra región en cuanto a los cultivos intensivos y los precios internacionales de éstos y la situación de los hipermercados que por su poder establecen y fijan las normas de precios y plazos, se puede entender lo que pasa en el Norte de nuestro país cuando se incendian ciudades y se cortan rutas.
Digo esto porque quiero que quede claro que nosotros venimos a plantear nuestro pedido de que la competencia sea viable y posible ya que entendemos que en un marco de concentración, donde no existen competidores, la competencia no es factible.
Entendemos que es responsabilidad del Congreso y de los señores legisladores volver a restablecer el juego, y que es actividad de las cámaras volver a recomponer el equipo que está en una mala situación respecto a su situación patrimonial y de inversión.
En definitiva venimos a solicitar que se restablezca la capacidad de competir.
Por otra parte y entendiendo que la actividad legislativa es regular el ejercicio de los derechos consagrados en nuestra Constitución creemos que es responsabilidad del Congreso generar la normativa correspondiente para que el derecho del ejercicio del comercio y de la industria lícita, y para que la posibilidad de la aplicación del derecho consagrado en la Constitución en el año 1994 de poder competir libremente sean una realidad.
Por estas razones, la Cámara de Comercio e Industria de Salta tiene la posición de avanzar específicamente sobre una ley de comercio interior que restablezca la equidad para competir ente todos los actores que intervienen en el proceso de transferencia de mercaderías entre el sector de la producción y los clientes.
En nuestra provincia hemos avanzado algo en cuanto al impacto socio-económico que genera la instalación de las grandes superficies de supermercados. En ese sentido, junto con los municipios -sobre todo con el de Salta capital-, logramos avanzar sobre el impacto que tienen desde el punto de vista urbanístico y ambiental la instalación de esas grandes superficies. En consecuencia se tomaron medidas respecto a la ubicación que deben tener.
En ese sentido coincido con lo que se ha expresado.
El problema que se plantea cuando un municipio regula un centro comercial es que el inconveniente pasa a ser del vecino porque se traslada al municipio contiguo. Está próximo a instalarse un hipermercado del grupo Casino, en las afueras de Salta Capital, pero sobre dos departamentos donde se encuentran las localidades a las que hacía alusión el amigo Matilla y que se está convirtiendo en un problema de los intendentes, quienes están recibiendo el impacto.
El avance en una legislación que restablezca la posibilidad de competir de los productores, que cuenten con la posibilidad de tener reglas equitativas, va a modificar la situación que hoy tenemos. Los hipermercados, creo, se han convertido en enormes estructuras con gran cantidad de bocas, que captan dinero a cero días, y en definitiva pagan a noventa días a los productores.
Con esto quiero terminar mi breve exposición como representante de la Cámara de Comercio de Salta. Solicito al presidente de la comisión que le ceda la palabra al señor Usandibaras.
Obviamente, la consecuencia que hoy padecemos es una concentración del 80 por ciento en manos de este grupo económico. Tal situación de poder no permite la competencia, por lo cual automáticamente comienzan a producirse abusos, tanto sobre el sector de los consumidores -es decir, de los clientes- a través de diferencias entre los precios que figuran en góndola y los que se facturan, la falta de respeto del metraje en materia de precios, etcétera -con el agravante de que en nuestra provincia no hay organismo de aplicación dentro del gobierno provincial de la ley de defensa de la competencia, de lealtad comercial y la ley antimonopolio-, como así también sobre el sector de los productores.
Respecto a ese tema me gustaría que el compañero (Uzandibaras), que es productor exponga la situación en la que se encuentran.
Hoy día existe una profunda alteración de la cadena que vincula a los productores con los clientes. Esta alteración tiene consecuencias directas. Si uno analiza la situación que viven los productores en general de nuestra región en cuanto a los cultivos intensivos y los precios internacionales de éstos y la situación de los hipermercados que por su poder establecen y fijan las normas de precios y plazos, se puede entender lo que pasa en el Norte de nuestro país cuando se incendian ciudades y se cortan rutas.
Digo esto porque quiero que quede claro que nosotros venimos a plantear nuestro pedido de que la competencia sea viable y posible ya que entendemos que en un marco de concentración, donde no existen competidores, la competencia no es factible.
Entendemos que es responsabilidad del Congreso y de los señores legisladores volver a restablecer el juego, y que es actividad de las cámaras volver a recomponer el equipo que está en una mala situación respecto a su situación patrimonial y de inversión.
En definitiva venimos a solicitar que se restablezca la capacidad de competir.
Por otra parte y entendiendo que la actividad legislativa es regular el ejercicio de los derechos consagrados en nuestra Constitución creemos que es responsabilidad del Congreso generar la normativa correspondiente para que el derecho del ejercicio del comercio y de la industria lícita, y para que la posibilidad de la aplicación del derecho consagrado en la Constitución en el año 1994 de poder competir libremente sean una realidad.
Por estas razones, la Cámara de Comercio e Industria de Salta tiene la posición de avanzar específicamente sobre una ley de comercio interior que restablezca la equidad para competir ente todos los actores que intervienen en el proceso de transferencia de mercaderías entre el sector de la producción y los clientes.
En nuestra provincia hemos avanzado algo en cuanto al impacto socio-económico que genera la instalación de las grandes superficies de supermercados. En ese sentido, junto con los municipios -sobre todo con el de Salta capital-, logramos avanzar sobre el impacto que tienen desde el punto de vista urbanístico y ambiental la instalación de esas grandes superficies. En consecuencia se tomaron medidas respecto a la ubicación que deben tener.
En ese sentido coincido con lo que se ha expresado.
El problema que se plantea cuando un municipio regula un centro comercial es que el inconveniente pasa a ser del vecino porque se traslada al municipio contiguo. Está próximo a instalarse un hipermercado del grupo Casino, en las afueras de Salta Capital, pero sobre dos departamentos donde se encuentran las localidades a las que hacía alusión el amigo Matilla y que se está convirtiendo en un problema de los intendentes, quienes están recibiendo el impacto.
El avance en una legislación que restablezca la posibilidad de competir de los productores, que cuenten con la posibilidad de tener reglas equitativas, va a modificar la situación que hoy tenemos. Los hipermercados, creo, se han convertido en enormes estructuras con gran cantidad de bocas, que captan dinero a cero días, y en definitiva pagan a noventa días a los productores.
Con esto quiero terminar mi breve exposición como representante de la Cámara de Comercio de Salta. Solicito al presidente de la comisión que le ceda la palabra al señor Usandibaras.
SR. USANDIBARAS Soy productor de leche, industrializo tanto mi producción como la que compro a otros. Por lo tanto, soy proveedor de supermercados. Comparto ampliamente todo lo que se ha expresado en esta sala.
Simplemente quiero exponer lo que estamos sufriendo los proveedores directos de supermercados. Hoy en día, como ha dicho el señor Villada, el 80 por ciento de las bocas de venta de Salta, aunque el 90 por ciento de las ventas, corresponde al grupo Norte, que es Tía, Lozano y Norte.
Hace dos semanas me suspendieron las compras y me convocaron a Buenos Aires para renegociar los contratos que había firmado con Lozano. A su vez practican una quita del 8 por ciento de toda la facturación. Desde el 30 de enero estamos sufriendo reducciones unilaterales en Tia, sin nota de débito, lo que incluso agrava la situación impositiva porque no tenemos un descargo impositivo. Los pagos están incompletos en el grupo Lozano desde el 1° de febrero. La semana pasada, cuando estuve en Buenos Aires, me dijeron que no estaba en pantalla. Entonces quise saber cuándo estaremos en pantalla para arreglar nuestra situación, con los bancos y acreedores. Pero no sabían cuándo iba a ocurrir esto.
La noticia que nos dieron fue que cuando todo esto se solucionara, nos iban a pagar a 60 días fecha de factura, pero si queremos contar con un cheque de pago diferido sobre la factura nos cobrarían un cinco por ciento del importe del cheque. Creo que es una situación abusiva porque no mueven dinero, etcétera.
Hemos sido notificados el día 8 de mayo, dejaré una copia al señor presidente, de que todos los reclamos de pago los debemos hacer a través de un contestador telefónico. Allí atiende una computadora que solicita que incluyamos el número de proveedor, luego contesta que no hay pago previsto para nosotros y nos corta automáticamente, así que no podemos enviar un saludo. (Risas.)
Si no tenemos respuesta en el contestador telefónico, tenemos que venir en forma personal a Buenos Aires los días martes y jueves de 8.30 a 14 horas llevando una serie de formularios. No obstante que yo tenía una entrevista concertada, me hicieron esperar tres horas y media para atenderme.
No nos aceptan que cedamos las facturas. Formalmente estamos notificados que no podemos ceder las facturas que es un derecho adquirido. En caso de que lo hagamos, nos dan de baja como proveedores.
Desde ya que el pago, por supuesto, al personal es por ocho horas de trabajo y en realidad trabajan más de 12 horas. Se hacen denuncias a la inspección del trabajo y no es atendido el personal.
Hay un dúmping, y para graficar voy a dejar al presidente facturas que son de la misma fecha de supermercados, por ejemplo, de Córdoba que quedan a 300 metros de la planta de Sancor, donde hay diferencia de precio con Salta en un 15 o 20 por ciento en los productos. Además, de competir tienen acuerdos con las grandes empresas y entonces, nos es muy difícil competir con precios de dúmping.
Si esto fuera una política permanente de beneficio al consumidor no podríamos oponernos por una mejor calidad de vida del consumidor, pero no hace mucho tiempo ha cerrado una gran empresa de producción de pollos en Salta que tenía cerca de 300 empleados y a partir de esa fecha nunca más apareció una oferta de pollos en el supermecado. No es una política permanente sino que una vez que se logra voltear a alguien se comienza a recuperar el mercado.
En el Chaco la lechería es reducida y los precios son superiores a los que nos envían a Salta; por supuesto que en Buenos Aires tienen precios superiores porque -según me dijo un gran industrial de Buenos Aires- el 80 por ciento de su mercado está en Buenos Aires y cuando tienen excedente lo rifan a la periferia -esa es la expresión literal- y Salta, para ellos, es periferia. Si tiene que reducir, por ejemplo un 10 pro ciento, pierden 8 pesos, en cambio para el excedente, para perder 8 pesos tiene que reducir el precio en un 40 por ciento y eso le permite llegar a precios de dúmping.
Cuentan con exenciones impositivas, que es la primera vez que da al comercio esta exención impositiva. Cuando yo estudiaba derecho constitucional veíamos que las exenciones se otorgaban a vías navegables y a ferrocarriles, pero no al comercio.
Creemos que debemos tener una protección, dada la enorme concentración de poder que tiene esta gente y así como se reglamentó el contrato de adhesión, la letra chica, etcétera, para protección de los usuarios, esto es mucho más grave que el contrato de adhesión, toda vez que no existe contrato de ninguna naturaleza, ni siquiera estamos bajo la misma jurisdicción ya que cambian de manos y cambian los lugares de negociación, con los costos que ello implica para los proveedores.
Simplemente quiero exponer lo que estamos sufriendo los proveedores directos de supermercados. Hoy en día, como ha dicho el señor Villada, el 80 por ciento de las bocas de venta de Salta, aunque el 90 por ciento de las ventas, corresponde al grupo Norte, que es Tía, Lozano y Norte.
Hace dos semanas me suspendieron las compras y me convocaron a Buenos Aires para renegociar los contratos que había firmado con Lozano. A su vez practican una quita del 8 por ciento de toda la facturación. Desde el 30 de enero estamos sufriendo reducciones unilaterales en Tia, sin nota de débito, lo que incluso agrava la situación impositiva porque no tenemos un descargo impositivo. Los pagos están incompletos en el grupo Lozano desde el 1° de febrero. La semana pasada, cuando estuve en Buenos Aires, me dijeron que no estaba en pantalla. Entonces quise saber cuándo estaremos en pantalla para arreglar nuestra situación, con los bancos y acreedores. Pero no sabían cuándo iba a ocurrir esto.
La noticia que nos dieron fue que cuando todo esto se solucionara, nos iban a pagar a 60 días fecha de factura, pero si queremos contar con un cheque de pago diferido sobre la factura nos cobrarían un cinco por ciento del importe del cheque. Creo que es una situación abusiva porque no mueven dinero, etcétera.
Hemos sido notificados el día 8 de mayo, dejaré una copia al señor presidente, de que todos los reclamos de pago los debemos hacer a través de un contestador telefónico. Allí atiende una computadora que solicita que incluyamos el número de proveedor, luego contesta que no hay pago previsto para nosotros y nos corta automáticamente, así que no podemos enviar un saludo. (Risas.)
Si no tenemos respuesta en el contestador telefónico, tenemos que venir en forma personal a Buenos Aires los días martes y jueves de 8.30 a 14 horas llevando una serie de formularios. No obstante que yo tenía una entrevista concertada, me hicieron esperar tres horas y media para atenderme.
No nos aceptan que cedamos las facturas. Formalmente estamos notificados que no podemos ceder las facturas que es un derecho adquirido. En caso de que lo hagamos, nos dan de baja como proveedores.
Desde ya que el pago, por supuesto, al personal es por ocho horas de trabajo y en realidad trabajan más de 12 horas. Se hacen denuncias a la inspección del trabajo y no es atendido el personal.
Hay un dúmping, y para graficar voy a dejar al presidente facturas que son de la misma fecha de supermercados, por ejemplo, de Córdoba que quedan a 300 metros de la planta de Sancor, donde hay diferencia de precio con Salta en un 15 o 20 por ciento en los productos. Además, de competir tienen acuerdos con las grandes empresas y entonces, nos es muy difícil competir con precios de dúmping.
Si esto fuera una política permanente de beneficio al consumidor no podríamos oponernos por una mejor calidad de vida del consumidor, pero no hace mucho tiempo ha cerrado una gran empresa de producción de pollos en Salta que tenía cerca de 300 empleados y a partir de esa fecha nunca más apareció una oferta de pollos en el supermecado. No es una política permanente sino que una vez que se logra voltear a alguien se comienza a recuperar el mercado.
En el Chaco la lechería es reducida y los precios son superiores a los que nos envían a Salta; por supuesto que en Buenos Aires tienen precios superiores porque -según me dijo un gran industrial de Buenos Aires- el 80 por ciento de su mercado está en Buenos Aires y cuando tienen excedente lo rifan a la periferia -esa es la expresión literal- y Salta, para ellos, es periferia. Si tiene que reducir, por ejemplo un 10 pro ciento, pierden 8 pesos, en cambio para el excedente, para perder 8 pesos tiene que reducir el precio en un 40 por ciento y eso le permite llegar a precios de dúmping.
Cuentan con exenciones impositivas, que es la primera vez que da al comercio esta exención impositiva. Cuando yo estudiaba derecho constitucional veíamos que las exenciones se otorgaban a vías navegables y a ferrocarriles, pero no al comercio.
Creemos que debemos tener una protección, dada la enorme concentración de poder que tiene esta gente y así como se reglamentó el contrato de adhesión, la letra chica, etcétera, para protección de los usuarios, esto es mucho más grave que el contrato de adhesión, toda vez que no existe contrato de ninguna naturaleza, ni siquiera estamos bajo la misma jurisdicción ya que cambian de manos y cambian los lugares de negociación, con los costos que ello implica para los proveedores.
SR. PRESIDENTE FLORES Tiene la palabra la señora Adriana Marino, de la Unión Industrial de San Juan.
SRA. MARINO Señor presidente: en primer lugar quiero decir que coincido con lo expuesto en esta reunión y, además, manifestar que este problema -que sucede sobre todo en el interior- no es de carácter no grave sino gravísimo.
No soy abogada y por lo tanto me hago algunas preguntas. Sé que lo que sobran en este país son leyes y lo que falta es su cumplimiento y quizás ustedes me puedan dar algunas respuestas. En primer término, yo me pregunto si es legal poder vender mercadería cuando no es propia, es decir si un hipermercado puede tener en venta en oferta a menos del costo una mercadería que ni siquiera está pensando en pagársela al proveedor. Si hubiera una ley que pueda contener este acto -que desde mi ignorancia lo supongo ilegal- ya tenemos un buen punto para atacar.
Además, yo también voy al supermercado -por fortuna soy ama de casa- y me encanta pagar los productos baratos porque en estos momentos tan difíciles es una forma de cuidar la economía familiar. Pero debemos ser sensatos: cuando compramos mercadería de procedencia extranjera muchas veces estamos comprando productos que, como yo irónicamente suelo decir, no ingresaron por el canal rojo sino por el "canal rosa", porque no han sido sometidos a ningún tipo de control, a diferencia de la mercadería que se produce en el país, que es tremendamente vapuleada con controles y con los más estrictos procesos, y debe tener registro, número y demás para poder finalmente ser comercializada, todo lo cual implica un costo adicional para el productor. Entonces, aunque nos encante poder comprar una salsa de tomate que viene de un país limítrofe a 0,40 pesos en lugar de una producida aquí, que vale 0,80, debemos ser sensatos: pongamos a ambas en pie de igualdad y entonces veremos qué ocurre. Averigüemos qué sucede en ese "canal rosa", en ese colador que es la Aduana. Ese es otro punto que debemos tener en cuenta.
En lo que respecta a la tributación, coincido plenamente con lo que se ha dicho aquí. Observo con tristeza cómo, en un momento recesivo que prácticamente raya en la depresión, nuestro país abre generosamente las puertas a estos grupos que no tributan, mientras nadie se preocupa por los productores nacionales que todavía quedan en pie. ¿Quién protege a nuestros productores? ¿Quién se preocupa por ponerlos en pie de igualdad en materia impositiva?
Aprovechando la oportunidad de participar que me ha dado esta comisión, y en particular el señor diputado Conca, de mi provincia, que tuvo la amabilidad de invitarme, quiero denunciar también otro problema: a los industriales, sobre todo, a los pequeños, estos monstruos mafiosos nos están matando con el tema de la marca propia. ¿Saben cómo es lo de la marca propia? Yo tengo mi empresa, que se llama "Pepe Honguito"; ellos vienen y me dicen: "Su empresa no se va a llamar más así; usted va a comercializar con el nombre del hipermercado y no le va a vender más a otras personas" Y aquí viene la práctica que quiero denunciar. Al principio estos monstruos son sensacionales; en la primera negociación uno entra -si me perdonan la expresión- "como un caballo". Pero después comienzan a apretar: "Por otro lado encontré un producto similar más barato...". Y de repente llega un momento en que uno no puede soportar más la asfixia y termina entregando en manos de estos monstruos la pequeña fábrica o industria que con tanto sacrificio había logrado. Esto no es ficción; es la realidad. Puedo citar un sinnúmero de casos concretos, porque no he venido aquí a declamar situaciones irreales sino a hablar de una realidad que está documentada.
No estoy en contra del libre comercio pero ya que estos señores entran al país por el "canal rosa", por el colador, chupan la sangre al productor, hacen competencia desleal, se llevan el dinero del país y lo hacen sin tributar lo que corresponde me pregunto si no habrá algún mecanismos compensatorio para que inviertan algo en el sector productivo al cual le están chupando la sangre.
¿No sería bueno tener en cuenta esto a la hora de armar un proyecto?
No soy abogada y por lo tanto me hago algunas preguntas. Sé que lo que sobran en este país son leyes y lo que falta es su cumplimiento y quizás ustedes me puedan dar algunas respuestas. En primer término, yo me pregunto si es legal poder vender mercadería cuando no es propia, es decir si un hipermercado puede tener en venta en oferta a menos del costo una mercadería que ni siquiera está pensando en pagársela al proveedor. Si hubiera una ley que pueda contener este acto -que desde mi ignorancia lo supongo ilegal- ya tenemos un buen punto para atacar.
Además, yo también voy al supermercado -por fortuna soy ama de casa- y me encanta pagar los productos baratos porque en estos momentos tan difíciles es una forma de cuidar la economía familiar. Pero debemos ser sensatos: cuando compramos mercadería de procedencia extranjera muchas veces estamos comprando productos que, como yo irónicamente suelo decir, no ingresaron por el canal rojo sino por el "canal rosa", porque no han sido sometidos a ningún tipo de control, a diferencia de la mercadería que se produce en el país, que es tremendamente vapuleada con controles y con los más estrictos procesos, y debe tener registro, número y demás para poder finalmente ser comercializada, todo lo cual implica un costo adicional para el productor. Entonces, aunque nos encante poder comprar una salsa de tomate que viene de un país limítrofe a 0,40 pesos en lugar de una producida aquí, que vale 0,80, debemos ser sensatos: pongamos a ambas en pie de igualdad y entonces veremos qué ocurre. Averigüemos qué sucede en ese "canal rosa", en ese colador que es la Aduana. Ese es otro punto que debemos tener en cuenta.
En lo que respecta a la tributación, coincido plenamente con lo que se ha dicho aquí. Observo con tristeza cómo, en un momento recesivo que prácticamente raya en la depresión, nuestro país abre generosamente las puertas a estos grupos que no tributan, mientras nadie se preocupa por los productores nacionales que todavía quedan en pie. ¿Quién protege a nuestros productores? ¿Quién se preocupa por ponerlos en pie de igualdad en materia impositiva?
Aprovechando la oportunidad de participar que me ha dado esta comisión, y en particular el señor diputado Conca, de mi provincia, que tuvo la amabilidad de invitarme, quiero denunciar también otro problema: a los industriales, sobre todo, a los pequeños, estos monstruos mafiosos nos están matando con el tema de la marca propia. ¿Saben cómo es lo de la marca propia? Yo tengo mi empresa, que se llama "Pepe Honguito"; ellos vienen y me dicen: "Su empresa no se va a llamar más así; usted va a comercializar con el nombre del hipermercado y no le va a vender más a otras personas" Y aquí viene la práctica que quiero denunciar. Al principio estos monstruos son sensacionales; en la primera negociación uno entra -si me perdonan la expresión- "como un caballo". Pero después comienzan a apretar: "Por otro lado encontré un producto similar más barato...". Y de repente llega un momento en que uno no puede soportar más la asfixia y termina entregando en manos de estos monstruos la pequeña fábrica o industria que con tanto sacrificio había logrado. Esto no es ficción; es la realidad. Puedo citar un sinnúmero de casos concretos, porque no he venido aquí a declamar situaciones irreales sino a hablar de una realidad que está documentada.
No estoy en contra del libre comercio pero ya que estos señores entran al país por el "canal rosa", por el colador, chupan la sangre al productor, hacen competencia desleal, se llevan el dinero del país y lo hacen sin tributar lo que corresponde me pregunto si no habrá algún mecanismos compensatorio para que inviertan algo en el sector productivo al cual le están chupando la sangre.
¿No sería bueno tener en cuenta esto a la hora de armar un proyecto?
SR. PRESIDENTE FLORES Tiene la palabra el señor Luis González.
SR. GONZALEZ (L.) Señor presidente: en primer lugar quiero agradecer al señor diputado Conca la posibilidad de estar hoy reunidos con los señores legisladores.
En segundo lugar quiero manifestar que comparto lo que dijo la gente de Salta y los representantes de CAME que han planteado de manera contundente la situación que se vive a nivel macro.
Por otro lado, en lo que hace a la temática de mi provincia específicamente quiero decir que tenemos una provincia terminal, no tenemos una gran producción de artículos para la venta a los hipermercados pero sí tenemos pequeños y medianos industriales que están trabajando ese rubro.
En este momento tenemos dos cadenas de hipermercados: Hiperlibertad y Vea que es del grupo Disco pero en cualquier momento pueden ser de Norte o Exxel Group ya que se cambian el paquete accionario a cada momento. Pero además tenemos el agravante de que nuestra institución conjuntamente con el intendente anterior y con el actual intendente nos opusimos férreamente a la instalación de Hipermercados por el impacto ambiental y económicos que estos iban a causar. Sin embargo, encontraron una veta para instalarse, que fue la de comprar pequeñas cadenas de supermercados con poca capacidad o pocos metros cuadrados pero con las mismas características del Hipermercado, lo cual agrava la situación porque están instalados en el barrio, en la misma cuadra con la misma cantidad de asimetrías que ya se han denunciado aquí.
Voy a ser muy breve porque no hace falta agregar mucho a lo que se ha dicho en esta mesa, salvo la diferenciación que tenemos en San Juan con la entrada en cadenas de pequeños supermercados. También quiero apoyar en todo lo que han manifestado los representantes de CAME y de Salta. Solicito a la comisión, en especial a su presidente, que tengamos la valentía de tomar las decisiones fuertes y de fondo. Esto lo digo porque quiero ver correr el tiempo para ver si lo conversado se plasma en la realidad.
En segundo lugar quiero manifestar que comparto lo que dijo la gente de Salta y los representantes de CAME que han planteado de manera contundente la situación que se vive a nivel macro.
Por otro lado, en lo que hace a la temática de mi provincia específicamente quiero decir que tenemos una provincia terminal, no tenemos una gran producción de artículos para la venta a los hipermercados pero sí tenemos pequeños y medianos industriales que están trabajando ese rubro.
En este momento tenemos dos cadenas de hipermercados: Hiperlibertad y Vea que es del grupo Disco pero en cualquier momento pueden ser de Norte o Exxel Group ya que se cambian el paquete accionario a cada momento. Pero además tenemos el agravante de que nuestra institución conjuntamente con el intendente anterior y con el actual intendente nos opusimos férreamente a la instalación de Hipermercados por el impacto ambiental y económicos que estos iban a causar. Sin embargo, encontraron una veta para instalarse, que fue la de comprar pequeñas cadenas de supermercados con poca capacidad o pocos metros cuadrados pero con las mismas características del Hipermercado, lo cual agrava la situación porque están instalados en el barrio, en la misma cuadra con la misma cantidad de asimetrías que ya se han denunciado aquí.
Voy a ser muy breve porque no hace falta agregar mucho a lo que se ha dicho en esta mesa, salvo la diferenciación que tenemos en San Juan con la entrada en cadenas de pequeños supermercados. También quiero apoyar en todo lo que han manifestado los representantes de CAME y de Salta. Solicito a la comisión, en especial a su presidente, que tengamos la valentía de tomar las decisiones fuertes y de fondo. Esto lo digo porque quiero ver correr el tiempo para ver si lo conversado se plasma en la realidad.
SR. PRESIDENTE FLORES Tiene la palabra el señor Fernández.
SR. FERNANDEZ No hay mucho para agregar. Sólo quiero comentar algo que está por ocurrir en la ciudad de Río Gallegos. Tenemos dos grandes pulpos y un solo comercio. De los otros dos que existen uno es regional, patagónico, y otro local.
En principio se había determinado que no se daban autorizaciones a nuevos súper o hipermercados. Ahora hay un pedido de ampliación para agregar a uno existente una estación de servicio con el fin de atender mejor a sus clientes. Esta es una nueva faceta que han encontrado y no está reglamentada, por lo que no existe prohibición.
De acuerdo a la ubicación del supermercado no se permite establecer una estación de servicio, pero se trata de una ampliación se pretende realizar esto en el ejido. Se había solicitado que la instalación de estaciones de servicio fuera extraurbana.
La otra cosa que salta a la vista y quería comentar y es difícil de comprobar, es el sistema de sueldos, pagos o contratos. La mayoría de gente que trabaja está contratada con un promedio de haberes de 350 pesos, se trata de repositores y personal que no tiene relación de dependencia. Cualquier empleado de comercio, como todos sabemos, tiene cargas sociales; con ello su pago está en el doble de ese valor.
Dejemos de lado la parte impositiva y de compras. Lógicamente, allá hay pocos proveedores de mercaderías, pero los que existían no están más porque los han hecho desaparecer.
Esta es la situación que tenemos allí, en la parte sur-sur con este negocio.
En principio se había determinado que no se daban autorizaciones a nuevos súper o hipermercados. Ahora hay un pedido de ampliación para agregar a uno existente una estación de servicio con el fin de atender mejor a sus clientes. Esta es una nueva faceta que han encontrado y no está reglamentada, por lo que no existe prohibición.
De acuerdo a la ubicación del supermercado no se permite establecer una estación de servicio, pero se trata de una ampliación se pretende realizar esto en el ejido. Se había solicitado que la instalación de estaciones de servicio fuera extraurbana.
La otra cosa que salta a la vista y quería comentar y es difícil de comprobar, es el sistema de sueldos, pagos o contratos. La mayoría de gente que trabaja está contratada con un promedio de haberes de 350 pesos, se trata de repositores y personal que no tiene relación de dependencia. Cualquier empleado de comercio, como todos sabemos, tiene cargas sociales; con ello su pago está en el doble de ese valor.
Dejemos de lado la parte impositiva y de compras. Lógicamente, allá hay pocos proveedores de mercaderías, pero los que existían no están más porque los han hecho desaparecer.
Esta es la situación que tenemos allí, en la parte sur-sur con este negocio.
SR. PRESIDENTE FLORES Tiene la palabra el señor Ureta, que es el presidente del Centro Comercial de Santa Fe.
SR. URETA Pido disculpas por haberme incorporado tarde a la reunión y, por lo tanto, no escuché comentarios anteriores salvo estos últimos. Estas últimas exposiciones son una radiografía de lo que pasa también en nuestra ciudad y en la provincia de Santa Fe en general. Nosotros tenemos una federación de carácter provincial que reúne todos los centros comerciales de la provincia y tenemos criterios absolutamente comunes y lo que ocurre en todo el territorio de la provincia es exactamente lo mismo de lo que aquí se describió.
Hemos hecho un trabajo arduo no diría que para tratar de impedir, porque no se trata de tener actitudes prohibitivas, sino que hicimos reclamos al poder público de la ciudad de Santa Fe y de la provincia para que la instalación de supermercados sea regulada a través de una zonificación, de control de todo el marco ecológico y de las consecuencias que puede traer, y que, de alguna manera, se tomen medidas para lograr que el poder público pueda garantizar que la competencia sea mínimamente leal en igualdad de condiciones respecto del pequeño y mediano comerciante de Santa Fe.
En la práctica esto no se da y es muy difícil competir en esas condiciones de desigualdad; observamos una sangría de parte de los pequeños y medianos comercios que no pueden competir en el aspecto económico, financiero e impositivo con las grandes cadenas de hipermercados.
En Santa Fe tenemos Wal Mart que se instaló fuera del casco céntrico, pero a diez minutos de cualquier punto del centro de la ciudad. Hubo intención de otras cadenas para instalarse, pero a raíz de algunas intervenciones de carácter intermedio que hemos hecho con algunos partidos políticos y entidades intermedias de la ciudad hemos tratado de impedir que se instalara otra.
En realidad debo confesar que no sé si impedir que se instale otra es bueno o malo porque uno no sabe a quién le hace el juego, si al que ya está instalado o si permitiendo que se instale otra cadena se daña más al pequeño y mediano comerciante.
Es difícil encontrar el punto de inflexión ideal para el interés del mediano y pequeño comerciante. Siempre decimos que si al comerciante le va bien al industrial, al productor agropecuario y al resto de las actividades productivas complementarias y el que defiende un interés sectorial mezquino termina perdiendo.
Los dirigentes de entidades intermedias y los dirigentes políticos tratan de sintetizar e interpretar el sentir de la gente; debemos tener un sentido global de la comunidad. En esa idea nosotros tenemos una relación absolutamente cordial y con criterio absolutamente común con los representantes de la industria y del agro y siempre tratamos de hacer reclamos en forma conjunta y paralela. Nos resulta difícil encontrar el punto de equilibrio en esta cuestión, de manera que creo que es necesario dictar una ley antidúmping. Se hace necesario regular, sin ninguna duda, tanto en el aspecto municipal como en el provincial la instalación de estas grandes cadenas.
Yo acabo de venir de un viaje pro el exterior y no veo allí, en las grandes ciudades, una estructura como la de Wal Mart o Carrefour. Se instalan en la Argentina porque se les permite. Me parece que políticamente nos han agarrado desprevenidos y nosotros, cuando nos encontramos con los hechos consumados, no encontramos la respuesta adecuada pertinente.
De modo que las gestiones que se están realizando a través de la Cámara y de los legisladores de Santa Fe -que nos invitaron a nosotros- son muy propicias para que realicemos el debate, nos escuchemos unos a otros y tratemos de encontrar soluciones, aunque no sean las ideales o resulten parciales.
Hemos hecho un trabajo arduo no diría que para tratar de impedir, porque no se trata de tener actitudes prohibitivas, sino que hicimos reclamos al poder público de la ciudad de Santa Fe y de la provincia para que la instalación de supermercados sea regulada a través de una zonificación, de control de todo el marco ecológico y de las consecuencias que puede traer, y que, de alguna manera, se tomen medidas para lograr que el poder público pueda garantizar que la competencia sea mínimamente leal en igualdad de condiciones respecto del pequeño y mediano comerciante de Santa Fe.
En la práctica esto no se da y es muy difícil competir en esas condiciones de desigualdad; observamos una sangría de parte de los pequeños y medianos comercios que no pueden competir en el aspecto económico, financiero e impositivo con las grandes cadenas de hipermercados.
En Santa Fe tenemos Wal Mart que se instaló fuera del casco céntrico, pero a diez minutos de cualquier punto del centro de la ciudad. Hubo intención de otras cadenas para instalarse, pero a raíz de algunas intervenciones de carácter intermedio que hemos hecho con algunos partidos políticos y entidades intermedias de la ciudad hemos tratado de impedir que se instalara otra.
En realidad debo confesar que no sé si impedir que se instale otra es bueno o malo porque uno no sabe a quién le hace el juego, si al que ya está instalado o si permitiendo que se instale otra cadena se daña más al pequeño y mediano comerciante.
Es difícil encontrar el punto de inflexión ideal para el interés del mediano y pequeño comerciante. Siempre decimos que si al comerciante le va bien al industrial, al productor agropecuario y al resto de las actividades productivas complementarias y el que defiende un interés sectorial mezquino termina perdiendo.
Los dirigentes de entidades intermedias y los dirigentes políticos tratan de sintetizar e interpretar el sentir de la gente; debemos tener un sentido global de la comunidad. En esa idea nosotros tenemos una relación absolutamente cordial y con criterio absolutamente común con los representantes de la industria y del agro y siempre tratamos de hacer reclamos en forma conjunta y paralela. Nos resulta difícil encontrar el punto de equilibrio en esta cuestión, de manera que creo que es necesario dictar una ley antidúmping. Se hace necesario regular, sin ninguna duda, tanto en el aspecto municipal como en el provincial la instalación de estas grandes cadenas.
Yo acabo de venir de un viaje pro el exterior y no veo allí, en las grandes ciudades, una estructura como la de Wal Mart o Carrefour. Se instalan en la Argentina porque se les permite. Me parece que políticamente nos han agarrado desprevenidos y nosotros, cuando nos encontramos con los hechos consumados, no encontramos la respuesta adecuada pertinente.
De modo que las gestiones que se están realizando a través de la Cámara y de los legisladores de Santa Fe -que nos invitaron a nosotros- son muy propicias para que realicemos el debate, nos escuchemos unos a otros y tratemos de encontrar soluciones, aunque no sean las ideales o resulten parciales.
SR. PRESIDENTE FLORES Tiene la palabra el señor Abel Motte, subsecretario de Comercio e Integración de la provincia de Misiones.
SR. MOTTE En la provincia de Misiones existe solamente una pequeña sucursal de Tía. Esto es así debido a que en 1999 la dirigencia gremial, de la cual yo formaba parte promovió una ordenanza municipal que zonificó y luego reglamentó la instalación de hipermercados. Esa reglamentación contempla el estudio del impacto socio ambiental que producirá en determinado lugar la radicación de un hipermercado. Posteriormente, dado que el dictado de una ordenanza así pone en desventaja a los municipios cercanos, se impulsó la sanción de una ley de radicación de hipermercados, que fue votada por unanimidad por los legisladores de la provincia. Allí se estipulan algunos conceptos fundamentales, como por ejemplo el de la radicación definitiva en materia impositiva en el lugar de instalación de los hipermercados, puesto que generalmente cuando se coparticipan sus impuestos se producen asimetrías impositivas y una disminución sustancial en la recaudación.
Con esto, sin embargo, no se agota el tema de los hipermercados. Estoy de acuerdo en que debemos establecer normas que permitan la convivencia; prohibirlos es totalmente imposible pero manejar la convivencia es factible.
Uno de los parámetros cuya implementación estamos impulsando es la fijación de horarios para los hipermercados. Nosotros proponemos que se les prohiba estar abiertos las veinticuatro horas, se les fije un horario de 8 a 21 -corrido o discontinuo- y se los obligue a tener cerrado los domingos. Puedo garantizar que eso generaría una reincorporación masiva de puestos de trabajo. Solamente en la provincia de Buenos Aires, según cifras del Ministerio de Economía de la Nación, los hipermercados han producido la pérdida de 356 mil puestos de trabajo. Entonces, una medida como la que estoy proponiendo generaría la reapertura de muchos comercios del área gastronómica: pequeñas rotiserías, carnicerías, despensas, esa panadería que nos vendía la factura para el mate de la tarde y que ocupaba muchísima mano de obra... Pensemos que una panadería mediana ocupa unos doce operarios, mientras que un supermercado, con doce operarios y con la tecnología que tiene, genera una producción equivalente a la de cien panaderías. Por lo tanto es fundamental que se unifiquen los horarios de apertura.
La ley también debería prever una sanción muy grave -que incluso podría llegar a la pérdida de la licencia de comercio en el país- para la práctica de los débitos compulsivos. Es inaceptable que de una factura bien recibida, conformada, aceptada y con todos los requisitos del Código de Comercio el hipermercado debite un 30 ó 40 por ciento porque los números no cierran y envíe a las industrias -aquí ya no estamos hablando de comercios- a la Justicia, donde estos casos tardan cinco años.
Además, no se respetan los convenios. Se compra a un precio y se vende por menos. La ley debería exigir que esos convenios se hicieran por escrito, ya que suelen generar muchos problemas para la industria. En la zona de Mataderos, por ejemplo, hace diez años no cabía ni un alfiler porque estaba totalmente colmada de pequeñas y medianas industrias; hoy, en cambio, la desaparición de fiambrerías, rotiserías y otros comercios similares, provocada por la apertura de los hipermercados los domingos, ha llevado a que las pequeñas industrias tuvieran que cerrar por haber perdido los clientes que abastecían.
Esos dos temas -el de los débitos compulsivos y el de los horarios- son fundamentales para poder establecer un marco de competencia. Es cierto que los pequeños comerciantes no podrán nunca comprar lo mismo que un hipermercado; eso sería imposible, aunque habilitáramos las redes de compra y los capacitáramos para que se transformaran verdaderamente en grandes compradores potenciales.
Pero sí tenemos el servicio de la cercanía porque un pequeño comercio se puede instalar cerca de los grandes edificios o de los centros poblados. Por eso, dentro de esta ley no tenemos que olvidarnos de la nueva modalidad que se está aplicando en Europa que habla de superficies de 250 metros de cuadrados de grandes cadenas de marcas blancas.
Como se ha regulado la gran superficie, las grandes cadenas que tienen el mismo poder de compra y financiero, se están radicando en grandes centros comerciales generando así mayor perjuicio del que generaban las pequeñas cadenas.
Por eso tenemos que incluir en la ley la regulación no sólo de las grandes superficies sino también la de las grandes cadenas.
Con esto, sin embargo, no se agota el tema de los hipermercados. Estoy de acuerdo en que debemos establecer normas que permitan la convivencia; prohibirlos es totalmente imposible pero manejar la convivencia es factible.
Uno de los parámetros cuya implementación estamos impulsando es la fijación de horarios para los hipermercados. Nosotros proponemos que se les prohiba estar abiertos las veinticuatro horas, se les fije un horario de 8 a 21 -corrido o discontinuo- y se los obligue a tener cerrado los domingos. Puedo garantizar que eso generaría una reincorporación masiva de puestos de trabajo. Solamente en la provincia de Buenos Aires, según cifras del Ministerio de Economía de la Nación, los hipermercados han producido la pérdida de 356 mil puestos de trabajo. Entonces, una medida como la que estoy proponiendo generaría la reapertura de muchos comercios del área gastronómica: pequeñas rotiserías, carnicerías, despensas, esa panadería que nos vendía la factura para el mate de la tarde y que ocupaba muchísima mano de obra... Pensemos que una panadería mediana ocupa unos doce operarios, mientras que un supermercado, con doce operarios y con la tecnología que tiene, genera una producción equivalente a la de cien panaderías. Por lo tanto es fundamental que se unifiquen los horarios de apertura.
La ley también debería prever una sanción muy grave -que incluso podría llegar a la pérdida de la licencia de comercio en el país- para la práctica de los débitos compulsivos. Es inaceptable que de una factura bien recibida, conformada, aceptada y con todos los requisitos del Código de Comercio el hipermercado debite un 30 ó 40 por ciento porque los números no cierran y envíe a las industrias -aquí ya no estamos hablando de comercios- a la Justicia, donde estos casos tardan cinco años.
Además, no se respetan los convenios. Se compra a un precio y se vende por menos. La ley debería exigir que esos convenios se hicieran por escrito, ya que suelen generar muchos problemas para la industria. En la zona de Mataderos, por ejemplo, hace diez años no cabía ni un alfiler porque estaba totalmente colmada de pequeñas y medianas industrias; hoy, en cambio, la desaparición de fiambrerías, rotiserías y otros comercios similares, provocada por la apertura de los hipermercados los domingos, ha llevado a que las pequeñas industrias tuvieran que cerrar por haber perdido los clientes que abastecían.
Esos dos temas -el de los débitos compulsivos y el de los horarios- son fundamentales para poder establecer un marco de competencia. Es cierto que los pequeños comerciantes no podrán nunca comprar lo mismo que un hipermercado; eso sería imposible, aunque habilitáramos las redes de compra y los capacitáramos para que se transformaran verdaderamente en grandes compradores potenciales.
Pero sí tenemos el servicio de la cercanía porque un pequeño comercio se puede instalar cerca de los grandes edificios o de los centros poblados. Por eso, dentro de esta ley no tenemos que olvidarnos de la nueva modalidad que se está aplicando en Europa que habla de superficies de 250 metros de cuadrados de grandes cadenas de marcas blancas.
Como se ha regulado la gran superficie, las grandes cadenas que tienen el mismo poder de compra y financiero, se están radicando en grandes centros comerciales generando así mayor perjuicio del que generaban las pequeñas cadenas.
Por eso tenemos que incluir en la ley la regulación no sólo de las grandes superficies sino también la de las grandes cadenas.
SR. PRESIDENTE FLORES Tiene la palabra el señor Zarif.
SR. ZARIF Quería agregar que la exención impositiva de la cadena Lozano en Salta representa el presupuesto anual del Consejo Deliberante de la municipalidad de la ciudad de Salta.
Por otra parte, si bien la exención la otorgaron para un sólo local no hay nadie que controle si por ese local pasa la venta de toda la cadena o de gran parte de ella.
Por otra parte, si bien la exención la otorgaron para un sólo local no hay nadie que controle si por ese local pasa la venta de toda la cadena o de gran parte de ella.
SR. PRESIDENTE FLORES El escepticismo al que hacía referencia el representante de San Juan tiene fundamento en la realidad.
Más de una vez, las expectativas se generan y luego se frustran. Esto produce una decepción profunda y su consecuente efecto negativo.
De todas maneras quiero asegurarles que existe decisión por parte de esta Comisión de Comercio de trabajar seriamente sobre este tema.
Existen ya iniciativas legislativas y -lo digo en nombre de toda la comisión- no hay ningún tipo de condicionamiento que impida realizar un debate a fondo.
Por otro lado, y a modo de conjetura pero con bastantes datos de la realidad, avanza la idea de que es necesario que exista una legislación que equilibre -respetando los principios de libertad de comercio y fomentando la mayor competencia posible- las enormes desigualdades que hoy existen.
La comisión está trabajando mucho en el tema. Tengo un enorme respeto por todos los miembros que integran la comisión, sé de su capacidad y de cómo manejan este tema y de la decisión de consensuar. Por ello cualquier iniciativa que surja del seno de esta comisión lo hará con un alto nivel de consenso.
Necesitamos una legislación que equilibre las cosas en un país donde todo esto ha llegado tarde. La historia de la ley de defensa de la competencia es una dato que grafica por sí solo esta situación.
El proceso de concentración económica en el país avanzaba y el Congreso de la Nación no podía avanzar en una ley de defensa de la competencia que se comenzó a debatir en 1993 y luego de seis años -es decir recién el año pasado- se sancionó.
También es cierto que estamos demorados en el tratamiento de vetos que el gobierno anterior introdujo y que ya fueron despachados por esta Comisión de Comercio.
La ausencia de una ley de defensa de la competencia más moderna y más adecuada en los tiempos fue y es una de las explicaciones al fenomenal proceso de concentración económica que se ha dado en la República Argentina.
Por otro lado no somos ingenuos y sabemos de los enormes intereses que presionaron para que esta situación ocurriese en la forma en que sucedió.
Tiene la palabra el señor diputado Briozzo.
Más de una vez, las expectativas se generan y luego se frustran. Esto produce una decepción profunda y su consecuente efecto negativo.
De todas maneras quiero asegurarles que existe decisión por parte de esta Comisión de Comercio de trabajar seriamente sobre este tema.
Existen ya iniciativas legislativas y -lo digo en nombre de toda la comisión- no hay ningún tipo de condicionamiento que impida realizar un debate a fondo.
Por otro lado, y a modo de conjetura pero con bastantes datos de la realidad, avanza la idea de que es necesario que exista una legislación que equilibre -respetando los principios de libertad de comercio y fomentando la mayor competencia posible- las enormes desigualdades que hoy existen.
La comisión está trabajando mucho en el tema. Tengo un enorme respeto por todos los miembros que integran la comisión, sé de su capacidad y de cómo manejan este tema y de la decisión de consensuar. Por ello cualquier iniciativa que surja del seno de esta comisión lo hará con un alto nivel de consenso.
Necesitamos una legislación que equilibre las cosas en un país donde todo esto ha llegado tarde. La historia de la ley de defensa de la competencia es una dato que grafica por sí solo esta situación.
El proceso de concentración económica en el país avanzaba y el Congreso de la Nación no podía avanzar en una ley de defensa de la competencia que se comenzó a debatir en 1993 y luego de seis años -es decir recién el año pasado- se sancionó.
También es cierto que estamos demorados en el tratamiento de vetos que el gobierno anterior introdujo y que ya fueron despachados por esta Comisión de Comercio.
La ausencia de una ley de defensa de la competencia más moderna y más adecuada en los tiempos fue y es una de las explicaciones al fenomenal proceso de concentración económica que se ha dado en la República Argentina.
Por otro lado no somos ingenuos y sabemos de los enormes intereses que presionaron para que esta situación ocurriese en la forma en que sucedió.
Tiene la palabra el señor diputado Briozzo.
SR. BRIOZZO Soy diputado por la provincia de Buenos Aires. En los últimos cinco años en nuestra provincia hemos participado activamente en una pelea bastante desigual, no contábamos con el apoyo del Poder Ejecutivo, que tenía que ver con el intento de regulación a la instalación de hipermercados. En el año 1997 conseguimos aprobar un proyecto de ley que fue vetado y muy recortado. Finalmente para nosotros significó un intento de instalar el tema.
En algunos lugares tuvimos precisiones concretas del impacto que tiene la instauración de un hipermercado. En el partido de San Martín hicimos un estudio anterior y posterior a la instalación de tres hipermercados: Jumbo, Carrefour y Wall Mart que esto reveló cuestiones concretas y desgarradoras como la relación seis a uno entre creación y destrucción de puestos de trabajo y miles de comercios cerrados. Esto muestra y hasta desmitifica cosas que antes no estaban claras. Hasta hace unos años se planteaba que cuando llegaba un hipermercado a un lugar generaba puestos de trabajo.
Personalmente estoy absolutamente de acuerdo con lo que se ha planteado aquí. Hay dos cuestiones básicas. Una es la relación de las cadenas con los proveedores. Cada vez que planteamos este tema nos salen con la cuestión de la autoregulación. En los últimos cinco o seis años fue así. Cada vez que comenzamos a reunir poder para legislar sobre el tema salen con la autoregulación. Creo que esto debe tener sanción legal, tal como ocurre en distintos países del mundo. Hay una famosa ley española, 797, muy clara, precisa y moderna que plantea la sanción de venta a pérdida, plazos para la reconversión del comercio local, etcétera. Me parece muy atinada la idea de contar con una ley de comercio interior. Creo que hay que ponerse a trabajar muy activamente para sancionarla.
La otra cuestión que hemos aprendido en estos cinco años, que la pelea no puede ser sólo defensiva. Entonces coincido con lo manifestado de que es necesario contar con una política comercial. Esto me parece fundamental porque creo que hay mucha imaginación de parte de los poderes concentrados para dar respuestas a lo que son los nuevos hábitos de consumo y de comercialización. Evidentemente esto se ha instalado, no se puede negar ni prohibir.
Incluso muchísima gente ha participado de esos nuevos hábitos de consumo de consumo y comercialización. Entonces es un dato de la realidad y si damos una pelea yendo en contra de esto vamos a perder. Hay que dar una pelea inteligente.
Se ha hablado de los hard discount. En la provincia de Buenos Aires apretamos a las instituciones comerciales con la necesidad de contar con 2.500 metros cuadrados de superficie y se largaron con los hard discount y penetraron en todos los barrios de la provincia.
Más que preguntas, que no tengo, quiero decir que hay que articular una pelea entre todos los sectores del comercio, hay que recalcar siempre que esto no es sólo una cuestión comercial sino que se relaciona con vida de nuestros pueblos y ciudades y con su constitución y funcionamiento.
Tiene que haber una activa articulación entre los pequeños y medianos comerciantes de todo el país y desde este lugar institucional estamos dispuestos a pelear. Básicamente tiene que darse esa articulación para ver cómo trazamos estratégicas y tácticas a fin de ir avanzando con lo que se ha planteado aquí: la regulación desde el punto de vista legal y normativo tanto de la relación de los hipermercados como del ordenamiento del comercio interior a nivel nacional.
En algunos lugares tuvimos precisiones concretas del impacto que tiene la instauración de un hipermercado. En el partido de San Martín hicimos un estudio anterior y posterior a la instalación de tres hipermercados: Jumbo, Carrefour y Wall Mart que esto reveló cuestiones concretas y desgarradoras como la relación seis a uno entre creación y destrucción de puestos de trabajo y miles de comercios cerrados. Esto muestra y hasta desmitifica cosas que antes no estaban claras. Hasta hace unos años se planteaba que cuando llegaba un hipermercado a un lugar generaba puestos de trabajo.
Personalmente estoy absolutamente de acuerdo con lo que se ha planteado aquí. Hay dos cuestiones básicas. Una es la relación de las cadenas con los proveedores. Cada vez que planteamos este tema nos salen con la cuestión de la autoregulación. En los últimos cinco o seis años fue así. Cada vez que comenzamos a reunir poder para legislar sobre el tema salen con la autoregulación. Creo que esto debe tener sanción legal, tal como ocurre en distintos países del mundo. Hay una famosa ley española, 797, muy clara, precisa y moderna que plantea la sanción de venta a pérdida, plazos para la reconversión del comercio local, etcétera. Me parece muy atinada la idea de contar con una ley de comercio interior. Creo que hay que ponerse a trabajar muy activamente para sancionarla.
La otra cuestión que hemos aprendido en estos cinco años, que la pelea no puede ser sólo defensiva. Entonces coincido con lo manifestado de que es necesario contar con una política comercial. Esto me parece fundamental porque creo que hay mucha imaginación de parte de los poderes concentrados para dar respuestas a lo que son los nuevos hábitos de consumo y de comercialización. Evidentemente esto se ha instalado, no se puede negar ni prohibir.
Incluso muchísima gente ha participado de esos nuevos hábitos de consumo de consumo y comercialización. Entonces es un dato de la realidad y si damos una pelea yendo en contra de esto vamos a perder. Hay que dar una pelea inteligente.
Se ha hablado de los hard discount. En la provincia de Buenos Aires apretamos a las instituciones comerciales con la necesidad de contar con 2.500 metros cuadrados de superficie y se largaron con los hard discount y penetraron en todos los barrios de la provincia.
Más que preguntas, que no tengo, quiero decir que hay que articular una pelea entre todos los sectores del comercio, hay que recalcar siempre que esto no es sólo una cuestión comercial sino que se relaciona con vida de nuestros pueblos y ciudades y con su constitución y funcionamiento.
Tiene que haber una activa articulación entre los pequeños y medianos comerciantes de todo el país y desde este lugar institucional estamos dispuestos a pelear. Básicamente tiene que darse esa articulación para ver cómo trazamos estratégicas y tácticas a fin de ir avanzando con lo que se ha planteado aquí: la regulación desde el punto de vista legal y normativo tanto de la relación de los hipermercados como del ordenamiento del comercio interior a nivel nacional.
SR. PRESIDENTE FLORES Tiene la palabra el señor diputado Conca.