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- COMERCIO
Reunión del día 21/09/2010
- 1° PARTE AUDIENCIA PÚBLICA - PAPEL PRENSA
- En Buenos Aires, a los veintiún días del mes de septiembre de 2010, a la hora 10 y 48:
SRA. LOCUTORA Les doy la bienvenida en nombre de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Nos encontramos aquí reunidos para llevar a cabo la segunda de una serie de audiencias de carácter público convocadas por la Comisión de Comercio de esta Honorable Cámara y de su presidenta, la diputada nacional Juliana Di Tullio. Las mismas tendrán como eje de debate el tema del papel para diarios.
A continuación voy a leer la convocatoria que dio origen a esta audiencia pública.
Nos encontramos aquí reunidos para llevar a cabo la segunda de una serie de audiencias de carácter público convocadas por la Comisión de Comercio de esta Honorable Cámara y de su presidenta, la diputada nacional Juliana Di Tullio. Las mismas tendrán como eje de debate el tema del papel para diarios.
A continuación voy a leer la convocatoria que dio origen a esta audiencia pública.
Se lee.
SRA. LOCUTORA Los dejo en compañía de la diputada nacional Juliana Di Tullio.
SRA. PRESIDENTA DI TULLIO En primer término agradezco la presencia de los diputados y las diputadas, de los expositores y de la gente que ha venido a presenciar esta audiencia porque le interesa el tema y quiere escuchar las exposiciones de quienes se han anotado para hablar en estas audiencias públicas.
Quiero recordarles que los participantes tienen diez minutos para exponer y no hay lugar a preguntas. También pueden presentar las ponencias para que estén colgadas en la página web de la Cámara y de la Comisión de Comercio. En la primera audiencia mencioné que teníamos dos proyectos en consideración en el marco de estas audiencias: el del Poder Ejecutivo y el del diputado De Marchi. Ahora ingresaron otros dos proyectos, que también van a subirse a la página web de la Cámara y de la Comisión de Comercio: uno del señor diputado Roberto Mouilleron y el otro, de la diputada Cecilia Merchán y otros, del interbloque Proyecto Sur.
Antes de dar la palabra a Alejandro Vanoli, presidente de la Comisión Nacional de Valores -a quien solicito que se vaya acercando-, felicito a los señores fotógrafos en su día.
Quiero recordarles que los participantes tienen diez minutos para exponer y no hay lugar a preguntas. También pueden presentar las ponencias para que estén colgadas en la página web de la Cámara y de la Comisión de Comercio. En la primera audiencia mencioné que teníamos dos proyectos en consideración en el marco de estas audiencias: el del Poder Ejecutivo y el del diputado De Marchi. Ahora ingresaron otros dos proyectos, que también van a subirse a la página web de la Cámara y de la Comisión de Comercio: uno del señor diputado Roberto Mouilleron y el otro, de la diputada Cecilia Merchán y otros, del interbloque Proyecto Sur.
Antes de dar la palabra a Alejandro Vanoli, presidente de la Comisión Nacional de Valores -a quien solicito que se vaya acercando-, felicito a los señores fotógrafos en su día.
SR. VANOLI En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión de Comercio y a su presidenta, la diputada Juliana Di Tullio, por permitirme participar en esta audiencia, que creo que es muy importante. Entiendo que lo que hace este tipo de audiencias es fortalecer la democracia y los mecanismos de participación que, más allá de la materia que nos congrega, es en sí mismo un gran valor.
Señores diputados, señores y señoras: se han dicho muchas cosas en estos últimos meses, cosas terroríficas que iban a pasar en la Argentina vinculadas con este tema.
Lo cierto es que el Poder Ejecutivo ha tomado dos iniciativas. En primer término, enviar un proyecto de ley al Congreso Nacional. En segundo lugar, remitir actuaciones para que se analice si se han cometido delitos, tanto en el pasado como en el presente. Creo que de alguna forma esto refleja este compromiso con la institucionalidad y la democracia. Esto significa que se da intervención a los otros dos poderes del Estado para ver si se han violado las leyes y poder fortalecer los mecanismos institucionales, la libertad de prensa y los valores democráticos, económicos y sociales.
¿Por qué me parece importante que se haya enviado un proyecto de ley por el que se declara de interés público la producción de papel de diario? Por varios motivos, pero el esencial es que la producción de ese tipo de papel hace a la información y a la libertad de prensa, es decir, a la existencia de mecanismos para fortalecer la democracia.
Como todos sabemos, en la Argentina la producción de papel de diario no funciona como un sistema en el que exista la competencia. Creo que este es un elemento central. En economía, se ubique uno en la perspectiva en que se ubique, cuando la competencia no funciona se justifica la intervención pública, precisamente para evitar prácticas monopólicas y abusos de posición dominante, como así también para fortalecer al consumidor. Esto, que es válido para cualquier actividad económica, es fundamental en el caso del bien que hace a esta producción, que tiene ver con el papel de diario.
Entonces, el Estado no se puede dar el lujo de no intervenir ante determinados monopolios u oligopolios en la producción de ciertos bienes. No puede ni debe hacerse el distraído cuando lo que está en juego es la información y la libertad de prensa. Esto es absolutamente constitucional. Además, como se dijo en la audiencia anterior -y en honor a la brevedad no lo voy a reiterar-, en los países desarrollados existe jurisprudencia en virtud de la cual el Estado, para defender la libertad de prensa, precisamente regula y pone coto a las actividades que atentan contra la competencia.
En el caso de la Argentina estamos ante un sector en el que una sola empresa produce entre el 75 y el 80 por ciento del papel que se usa para la edición de diarios. Obviamente esa cifra depende del año que se tome en consideración. Esto otorga a esa empresa una posición dominante en términos de la producción y la fijación del precio.
Esta situación configura una posición cuasi monopólica. Cualquiera sea el libro de economía que se tome, es sabido que cuando hay una posición cuasi monopólica el monopolista puede afectar la producción y el precio. Esto genera claramente consecuencias negativas desde el punto de vista del bienestar social, como así también procesos de discriminación de precios, pudiendo sacar del mercado a la competencia.
Por otra parte, este es el caso de una actividad donde no funciona la competencia muy particular, porque no sólo está configurada una posición no competitiva desde el punto de vista de la oferta, sino que además en lo que respecta a la demanda una porción significativa de ella es atendida de manera discriminada por empresas del mismo grupo económico que produce el papel de diario. En consecuencia, casi se podría decir que esto configura una suerte de monopsonio, lo que implica que hay un demandante en particular que también tiene una posición dominante y pertenece al mismo grupo económico.
Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se genera un monopolio de estas características, que tiene la capacidad de regular su demanda en función de manejar sus niveles de ingreso, afectar la producción y tender así a generar una situación que discrimina a los demandantes que no pertenecen al grupo económico que no controla a la empresa Papel Prensa? En términos económicos esa discriminación de precios implica que la empresa se queda con el excedente del consumidor porque conoce la curva de demanda del resto de los diarios.
En síntesis, cuando no funciona la competencia, ¿qué es lo que hace ante esta situación un monopolista o alguien que actúa dentro de un oligopolio, ya que como todos sabemos prácticamente hay una empresa que concentra el 85 por ciento de la producción nacional? Regula su producción para maximizar su ingreso marginal, lo que no podría hacer una empresa que esté en competencia. Entonces, esa reducción de la producción que aumenta su beneficio es lo que de alguna manera afecta la capacidad de demanda del resto de los diarios por fuera. A esto debe agregarse el agravante que implica el hecho de que quien tiene esta situación de cuasi monopolio discrimina entre los vinculados y los no vinculados.
De manera tal que una situación como la descripta genera claramente una pérdida del bienestar social no sólo para el resto de los que demandan papel de diario, sino para toda la comunidad y en un área económica sensible para la libertad de prensa y la democracia.
¿Qué alternativas existen ante una situación de esta naturaleza? El Poder Ejecutivo ha tratado de remediar esto a través de la adopción de medidas administrativas, entre las que debe citarse particularmente la resolución N° 1 de la Secretaría de Comercio, que obligaba a que no hubiera una discriminación de precios. Esa medida es de toda justicia, tiene una racionalidad económica y posee toda la legalidad que deviene de las leyes y las normas reglamentarias que permiten al Poder Ejecutivo adoptarla.
Pero indudablemente tiene mucha más fuerza la generación de un marco jurídico mediante la sanción de leyes y de un marco regulatorio que englobe toda la actividad, precisamente para establecer las condiciones necesarias para permitir la expansión de la producción nacional y el abastecimiento de papel en buenas condiciones, asegurar un plan de inversiones, etcétera.
Frente a esto, ¿qué alternativas existen? Algunas han sido expuestas. Claramente creo haber manifestado por qué a mi juicio el Estado tiene que intervenir en esta situación. Algunos han planteado lo contrario. Así, uno de los proyectos propone que el Estado se retire de la actividad. Por las razones que he dado, precisamente para que haya más competencia, producción y pluralidad el Estado tiene que profundizar su intervención y no retirarse. No conozco estos dos nuevos proyectos, por lo que no puedo opinar sobre ellos.
Por otro lado algunos también han dicho que debería haber competencia permitiendo mayores importaciones de papel. Si bien las importaciones han aumentado, me parece que su fomento, desde la perspectiva de un país que intenta generar un sendero de desarrollo, no es el camino adecuado para profundizar y potenciar la producción nacional y la economía argentina. En este sentido, todos sabemos lo importante que ha sido para la recuperación de la economía y de la sociedad encarar, desde 2003, precisamente el camino inverso, caracterizado por un proceso de sustitución de importaciones, la existencia de un tipo de cambio competitivo y demás. En otras palabras, generar las condiciones necesarias para que haya una producción nacional.
Es indudable que generar las condiciones para que haya mayor producción nacional de papel de diarios es un proceso que va a llevar tiempo. No es una actividad donde las inversiones para que haya otros oferentes se puedan hacer de manera rápida. Entonces, creo que es importante generar las normas que aseguren que una empresa que no funciona en un marco competitivo no tenga conductas particulares que vayan contra el bienestar, restrinjan la producción y afecten los precios.
Creo que este proyecto de ley en consideración permitiría cumplir con estos objetivos básicos del Estado en términos de asegurar fundamentalmente dos valores.
Esta es una intervención que no avanza sobre la libertad de prensa sino muy por el contrario. Creo que precisamente declarar de interés público, asegurar las inversiones y evitar la discriminación de precios genera las condiciones para que haya más competencia, más pluralidad. En este sentido entonces es un deber inalienable del Estado asegurar las condiciones para que estos valores esenciales se cumplan. (Aplausos.)
Señores diputados, señores y señoras: se han dicho muchas cosas en estos últimos meses, cosas terroríficas que iban a pasar en la Argentina vinculadas con este tema.
Lo cierto es que el Poder Ejecutivo ha tomado dos iniciativas. En primer término, enviar un proyecto de ley al Congreso Nacional. En segundo lugar, remitir actuaciones para que se analice si se han cometido delitos, tanto en el pasado como en el presente. Creo que de alguna forma esto refleja este compromiso con la institucionalidad y la democracia. Esto significa que se da intervención a los otros dos poderes del Estado para ver si se han violado las leyes y poder fortalecer los mecanismos institucionales, la libertad de prensa y los valores democráticos, económicos y sociales.
¿Por qué me parece importante que se haya enviado un proyecto de ley por el que se declara de interés público la producción de papel de diario? Por varios motivos, pero el esencial es que la producción de ese tipo de papel hace a la información y a la libertad de prensa, es decir, a la existencia de mecanismos para fortalecer la democracia.
Como todos sabemos, en la Argentina la producción de papel de diario no funciona como un sistema en el que exista la competencia. Creo que este es un elemento central. En economía, se ubique uno en la perspectiva en que se ubique, cuando la competencia no funciona se justifica la intervención pública, precisamente para evitar prácticas monopólicas y abusos de posición dominante, como así también para fortalecer al consumidor. Esto, que es válido para cualquier actividad económica, es fundamental en el caso del bien que hace a esta producción, que tiene ver con el papel de diario.
Entonces, el Estado no se puede dar el lujo de no intervenir ante determinados monopolios u oligopolios en la producción de ciertos bienes. No puede ni debe hacerse el distraído cuando lo que está en juego es la información y la libertad de prensa. Esto es absolutamente constitucional. Además, como se dijo en la audiencia anterior -y en honor a la brevedad no lo voy a reiterar-, en los países desarrollados existe jurisprudencia en virtud de la cual el Estado, para defender la libertad de prensa, precisamente regula y pone coto a las actividades que atentan contra la competencia.
En el caso de la Argentina estamos ante un sector en el que una sola empresa produce entre el 75 y el 80 por ciento del papel que se usa para la edición de diarios. Obviamente esa cifra depende del año que se tome en consideración. Esto otorga a esa empresa una posición dominante en términos de la producción y la fijación del precio.
Esta situación configura una posición cuasi monopólica. Cualquiera sea el libro de economía que se tome, es sabido que cuando hay una posición cuasi monopólica el monopolista puede afectar la producción y el precio. Esto genera claramente consecuencias negativas desde el punto de vista del bienestar social, como así también procesos de discriminación de precios, pudiendo sacar del mercado a la competencia.
Por otra parte, este es el caso de una actividad donde no funciona la competencia muy particular, porque no sólo está configurada una posición no competitiva desde el punto de vista de la oferta, sino que además en lo que respecta a la demanda una porción significativa de ella es atendida de manera discriminada por empresas del mismo grupo económico que produce el papel de diario. En consecuencia, casi se podría decir que esto configura una suerte de monopsonio, lo que implica que hay un demandante en particular que también tiene una posición dominante y pertenece al mismo grupo económico.
Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se genera un monopolio de estas características, que tiene la capacidad de regular su demanda en función de manejar sus niveles de ingreso, afectar la producción y tender así a generar una situación que discrimina a los demandantes que no pertenecen al grupo económico que no controla a la empresa Papel Prensa? En términos económicos esa discriminación de precios implica que la empresa se queda con el excedente del consumidor porque conoce la curva de demanda del resto de los diarios.
En síntesis, cuando no funciona la competencia, ¿qué es lo que hace ante esta situación un monopolista o alguien que actúa dentro de un oligopolio, ya que como todos sabemos prácticamente hay una empresa que concentra el 85 por ciento de la producción nacional? Regula su producción para maximizar su ingreso marginal, lo que no podría hacer una empresa que esté en competencia. Entonces, esa reducción de la producción que aumenta su beneficio es lo que de alguna manera afecta la capacidad de demanda del resto de los diarios por fuera. A esto debe agregarse el agravante que implica el hecho de que quien tiene esta situación de cuasi monopolio discrimina entre los vinculados y los no vinculados.
De manera tal que una situación como la descripta genera claramente una pérdida del bienestar social no sólo para el resto de los que demandan papel de diario, sino para toda la comunidad y en un área económica sensible para la libertad de prensa y la democracia.
¿Qué alternativas existen ante una situación de esta naturaleza? El Poder Ejecutivo ha tratado de remediar esto a través de la adopción de medidas administrativas, entre las que debe citarse particularmente la resolución N° 1 de la Secretaría de Comercio, que obligaba a que no hubiera una discriminación de precios. Esa medida es de toda justicia, tiene una racionalidad económica y posee toda la legalidad que deviene de las leyes y las normas reglamentarias que permiten al Poder Ejecutivo adoptarla.
Pero indudablemente tiene mucha más fuerza la generación de un marco jurídico mediante la sanción de leyes y de un marco regulatorio que englobe toda la actividad, precisamente para establecer las condiciones necesarias para permitir la expansión de la producción nacional y el abastecimiento de papel en buenas condiciones, asegurar un plan de inversiones, etcétera.
Frente a esto, ¿qué alternativas existen? Algunas han sido expuestas. Claramente creo haber manifestado por qué a mi juicio el Estado tiene que intervenir en esta situación. Algunos han planteado lo contrario. Así, uno de los proyectos propone que el Estado se retire de la actividad. Por las razones que he dado, precisamente para que haya más competencia, producción y pluralidad el Estado tiene que profundizar su intervención y no retirarse. No conozco estos dos nuevos proyectos, por lo que no puedo opinar sobre ellos.
Por otro lado algunos también han dicho que debería haber competencia permitiendo mayores importaciones de papel. Si bien las importaciones han aumentado, me parece que su fomento, desde la perspectiva de un país que intenta generar un sendero de desarrollo, no es el camino adecuado para profundizar y potenciar la producción nacional y la economía argentina. En este sentido, todos sabemos lo importante que ha sido para la recuperación de la economía y de la sociedad encarar, desde 2003, precisamente el camino inverso, caracterizado por un proceso de sustitución de importaciones, la existencia de un tipo de cambio competitivo y demás. En otras palabras, generar las condiciones necesarias para que haya una producción nacional.
Es indudable que generar las condiciones para que haya mayor producción nacional de papel de diarios es un proceso que va a llevar tiempo. No es una actividad donde las inversiones para que haya otros oferentes se puedan hacer de manera rápida. Entonces, creo que es importante generar las normas que aseguren que una empresa que no funciona en un marco competitivo no tenga conductas particulares que vayan contra el bienestar, restrinjan la producción y afecten los precios.
Creo que este proyecto de ley en consideración permitiría cumplir con estos objetivos básicos del Estado en términos de asegurar fundamentalmente dos valores.
Esta es una intervención que no avanza sobre la libertad de prensa sino muy por el contrario. Creo que precisamente declarar de interés público, asegurar las inversiones y evitar la discriminación de precios genera las condiciones para que haya más competencia, más pluralidad. En este sentido entonces es un deber inalienable del Estado asegurar las condiciones para que estos valores esenciales se cumplan. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA DI TULLIO Antes de dar la palabra a Roberto Boico, que es abogado constitucionalista, docente de la UBA y docente de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo -a quien pido que se vaya acercando-, quiero recordar algunas cuestiones que olvidé mencionar al principio.
En primer lugar, que las versiones taquigráficas de las dos partes de la primera audiencia del jueves de la semana pasada, así como también la filmación, ya están en la página de la Cámara y en la de la Comisión de Comercio.
Vamos a hacer un receso cerca de las 13, cuando terminen los expositores de la mañana, para poder continuar por la tarde con las audiencias, un poco después de las 15 horas.
Además, quiero expresar que el bloque del Frente para la Victoria está muy dolido y muy entristecido por la muerte de su compañero Ramón Ruiz. Hay compañeros y compañeras diputados de la Nación que están acompañando sus restos enfrente, en el Palacio, donde están siendo velados desde anoche. Quería compartir nuestro acompañamiento a la familia y el recuerdo más querido de nuestro compañero Ramón.
Ahora sí le doy la palabra a Roberto Boico, abogado constitucionalista, docente de la UBA y docente de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.
En primer lugar, que las versiones taquigráficas de las dos partes de la primera audiencia del jueves de la semana pasada, así como también la filmación, ya están en la página de la Cámara y en la de la Comisión de Comercio.
Vamos a hacer un receso cerca de las 13, cuando terminen los expositores de la mañana, para poder continuar por la tarde con las audiencias, un poco después de las 15 horas.
Además, quiero expresar que el bloque del Frente para la Victoria está muy dolido y muy entristecido por la muerte de su compañero Ramón Ruiz. Hay compañeros y compañeras diputados de la Nación que están acompañando sus restos enfrente, en el Palacio, donde están siendo velados desde anoche. Quería compartir nuestro acompañamiento a la familia y el recuerdo más querido de nuestro compañero Ramón.
Ahora sí le doy la palabra a Roberto Boico, abogado constitucionalista, docente de la UBA y docente de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.
SR. BOICO Agradezco a la diputada Juliana Di Tullio por la invitación.
Señores diputados, público en general: he advertido la importancia de este tema no sólo por la circulación en los medios públicos sino también por tratar de desarticular algún tipo de discurso que todavía no ha sido suficientemente digerido por la sociedad argentina y que tiene que ver con los vestigios de la dictadura militar.
Ante la lectura del proyecto de ley del Poder Ejecutivo remitido por el Poder Ejecutivo me hago tres preguntas que quería compartir con ustedes, que son las siguientes. Primero, si puede el Congreso intervenir en la regulación de la circulación, esto es, producción, distribución y consumo del insumo para la confección del papel utilizable para la prensa escrita. Éste es el primer punto que me parece que la democracia tiene que tratar y justamente este proyecto de ley es el inicio para este tratamiento.
En segundo lugar -y esto surge de los fundamentos del proyecto remitido al Congreso-, si es pertinente la invocación del modo en que se produjo la adquisición de la empresa como motivo constitucionalmente apto para la regulación, esto es, los reproches que hay respecto a la adquisición en los tiempos de la dictadura del grupo que actualmente detenta el poder de Papel Prensa.
Por último, si es viable constitucionalmente el proyecto de ley en su aspecto meramente formal.
Con respecto a la primera pregunta, cabe decir por supuesto que el Estado tiene la obligación inalienable de regular aspectos como el que estamos tratando, fundamentalmente en virtud del artículo 42 de la Constitución, que establece los llamados derechos del consumidor y del usuario.
Entonces, desde una perspectiva del consumidor me parece necesario tratar de viabilizar el aspecto democrático de uno de los insumos más importantes de la circulación del discurso, que es la prensa.
En este aspecto me parece interesante recalcar, a los efectos de lo establecido en el artículo 42, que los consumidores tienen el derecho, en relación con el consumo, a la protección, entre otras cosas, a la libertad de elección de los medios que consuman. También establece como obligación de las autoridades, en cabeza del Estado, proveer a la protección de esos derechos, entre otros, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios.
Por lo tanto, me parece que desde esta óptica estrictamente constitucional y fundamentalmente desde la voluntad del constituyente del año 1994, esta es una tarea que el Estado debe realizar y que el Congreso por supuesto debe discutir, en el marco del proyecto de ley que en este momento se está remitiendo al Congreso de la Nación.
En este aspecto también obviamente nosotros estamos hablando acá de la información, cuestión que ha sido ampliamente discutida en el marco del proyecto de ley de medios audiovisuales. Por lo tanto, me parece que la cuestión de la democratización de la información pública y de cómo circula el flujo de la información es un lugar común en la discusión de la agenda pública, pero sí quiero decirles que la información requiere como un dato inalienable la pluralidad, que implica la opción de alternativas. Y la opción de alternativas en el consumo de la información responde a un principio constitucional básico que además proviene de la ideología más naciente del Estado moderno que es, justamente, la libertad.
Por lo tanto, en el marco de la libertad, la información es un insumo que la sociedad debe apropiarse de manera democrática y con la mayor pluralidad de voces posibles.
En ese aspecto entonces, lo que se pretende con esta iniciativa, que recién inicia una vasta discusión que se va a dar en el marco de los órganos que establece la ley, es tratar de descentralizar las estructuras del flujo de comunicación a los efectos que no sólo la información no se concentre y se establezca la agenda pública en base a pocas manos sino que, en definitiva, sea la periferia, una suerte de fuerza centrípeta, de afuera hacia adentro, la que defina cuáles son los temas que tenemos que discutir los argentinos.
Esta es una tarea irrenunciable del Poder Legislativo porque hay que regular el insumo, porque detrás de la información justamente estamos hablando de recursos, cómo es ese recurso para que todos podamos acceder a la información. Y si el recurso es el insumo de papel que por ahora algunas empresas tienen capturado en el marco de lo que surge de la exposición de motivos del proyecto de ley, me parece necesario desarticular esa captura y proveer un medio transparente y eficiente para que todos puedan acceder a este medio para que, como dato siguiente, pueda ser posible esta información en términos de libertad de opción.
Por lo tanto, este primer aspecto tiene que ver con la posibilidad de regular la distribución, comercialización y precio del papel que después se va a utilizar para prensa, y la respuesta por supuesto que tiene que ser positiva, como un imperativo constitucional en los términos, entre otros, del artículo 42 y -por qué no también- del sistema republicano de gobierno, que es una de las directrices básicas de nuestro estado de derecho.
El segundo punto que me parece interesante también tratar es el que tiene que ver con la invocación del modo en que se produjo la adquisición. Uno podría decir que aquí los intereses están de alguna manera maniatados o atenidos a esta cuestión, que tiene que ver con los vestigios que lamentablemente la dictadura aún tiene enraizados en la sociedad argentina.
Como abogado querellante en la causa ESMA puedo dar fe de cómo ha sido la forma en la cual luego de la sustracción de los cuerpos vino la sustracción del patrimonio. Por lo tanto, ese proyecto hegemónico que se promovió desde la captura ilegítima del poder, luego ha tenido una suerte de ramificación muy profunda en todos los estamentos de la sociedad argentina, uno de los cuales parece ser ahora -y por eso está bueno que se discuta- el tema del papel prensa.
Por lo tanto, si el Estado debe perseguir y castigar este tipo de delito como una obligación internacional, también debe investigar las consecuencias patrimoniales de este tipo de delito. Por lo tanto, si ésta es la excusa para intentar democratizar el aspecto de la circulación del papel que va a ser utilizado como insumo para todos los diarios de la República Argentina, es un elemento más que favorable para considerarlo en la discusión que nos estamos dando en este momento en el Congreso de la Nación.
Cualquier tipo de jurisprudencia internacional respecto de las consecuencias patrimoniales del genocidio perpetrado por grupos que han tomado el poder en forma ilegítima también genera, como sucedáneo, la investigación de las apropiaciones patrimoniales. Y dentro de ese marco, qué mejor indagación puede hacer el Estado que justamente la apropiación del monopolio que tiene que ver con la producción del papel.
Entonces, no solamente hay un imperativo constitucional que proviene de la primera pregunta que me he formulado, sino que además hay otro, y yo diría que hasta hay una omisión del Congreso Nacional en el sentido de no haber tratado este tema hasta este momento. Pero bienvenida sea su inclusión en la agenda de este Parlamento por parte del Poder Ejecutivo. Nos encontramos frente a la necesidad de buscar métodos de desarticulación de aquellos eventos que son sucedáneos o vestigios de la dictadura militar y que en este caso tienen que ver con la manipulación de la información pública.
Por lo tanto, en relación con este segundo aspecto también considero que es relevante la discusión que se tiene que dar en el marco del Congreso Nacional, sin olvidar, si esto llegara a ser cierto, la discusión relativa a la necesidad del Estado de buscar un hiato, una discontinuidad de todas las prácticas que en su momento fueron consolidadas en el aspecto democrático. La dictadura no solamente tiene su identificación en los uniformes de aquel momento, sino también en los aspectos que tienen que ver con la vida civil. En ese sentido cada uno de nosotros está comprometido a develar y tratar de desarticular toda la maquinación y estructuración que se ha hecho desde ese momento fatídico de nuestra historia.
El tercer aspecto que quiero abordar es si constitucionalmente este proyecto de ley resulta viable desde el punto de vista formal. En realidad esta iniciativa establece algo muy interesante, que es la declaración de interés público de la producción de papel de diario. Considero que la declaración por parte del Congreso Nacional del interés público de la democratización de la circulación de la información a través del insumo necesario que es el papel es algo que esta institución debió haber realizado hace mucho tiempo. Consecuentemente, qué bueno que en este momento se pueda discutir con este horizonte, que es el del deber constitucional incumplido y el de la desarticulación de los vestigios de la dictadura que lamentable aún tenemos.
Por lo tanto, ¿esta ley es constitucionalmente posible? Sí. Entonces, ¿cuál es el sentido? En el proyecto de ley se establece justamente esta situación de interés público. Me parece que estamos manejando este tema con el mismo tenor con que en su momento se lo hizo en el caso de la ley 25.779, por la que se declaró la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida, lo que fue objeto de una discusión muy acalorada en los ámbitos académicos y del derecho constitucional respecto de si el Congreso podía o no realizar ese tipo de declaración. Claro que lo podía y lo tenía que hacer, justamente también como un imperativo de la manutención y del reforzamiento del estado de derecho.
En este sentido me parece que en la medida en que este proyecto de ley establece una dirección en la cual los otros ámbitos del poder deben sujetarse a esta clara directriz de declarar de interés público este tema, nos encontramos frente a un primer dato relevante.
En segundo lugar se deben establecer ciertas directrices para que el Poder Ejecutivo elabore un marco regulatorio. En este sentido considero que el Congreso Nacional toma la iniciativa -por supuesto que en la medida en que en su momento sancione la ley- de establecer los parámetros constitucionales por los cuales confiere al Poder Ejecutivo la facultad de determinar un marco regulatorio. Pero no es una delegación legislativa. Esta última implica, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, que el Poder Ejecutivo establece la ley. Aquí no lo hace, sino que por el contrario elabora un proyecto que, con la conformación de la comisión bicameral que respeta las proporciones de los partidos políticos que han sido elegidos a través del sufragio popular, somete a la consideración no solamente de ese cuerpo, sino también del comité federal en el que están incluidos todos los servicios vinculados con este tema. Me refiero a todos los servicios de diarios y periódicos de la Argentina, los que también deben tener voz y voto.
De manera tal que se rompe una estructura monopólica que tiene que ver con la apropiación del saber. Es el Estado y no los otros el que tiene que apropiarse de la palabra. El Estado somos todos. En ese sentido, la democratización parte de este punto.
Finalmente, me parece que este es un proyecto de ley exhortativo por el cual nos encontramos próximos a un trabajo que, quizás, sea tan fatigoso como en su momento lo fue la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Me refiero al establecimiento de bases claras para que la ley sea un instrumento para la democratización de la circulación del flujo de la información. En esto estamos comprometidos todos los ciudadanos y, por supuesto, los actores que van a estar integrados en forma amplia en este comité federal, para que después el Congreso, una vez que tenga terminado este proyecto y con cierta coherencia en base a los lineamientos y directrices, pueda votarlo y, de esa manera, tengamos una ley que respete la democratización de la adquisición de un insumo que es fundamental para la prensa escrita. (Aplausos.)
Señores diputados, público en general: he advertido la importancia de este tema no sólo por la circulación en los medios públicos sino también por tratar de desarticular algún tipo de discurso que todavía no ha sido suficientemente digerido por la sociedad argentina y que tiene que ver con los vestigios de la dictadura militar.
Ante la lectura del proyecto de ley del Poder Ejecutivo remitido por el Poder Ejecutivo me hago tres preguntas que quería compartir con ustedes, que son las siguientes. Primero, si puede el Congreso intervenir en la regulación de la circulación, esto es, producción, distribución y consumo del insumo para la confección del papel utilizable para la prensa escrita. Éste es el primer punto que me parece que la democracia tiene que tratar y justamente este proyecto de ley es el inicio para este tratamiento.
En segundo lugar -y esto surge de los fundamentos del proyecto remitido al Congreso-, si es pertinente la invocación del modo en que se produjo la adquisición de la empresa como motivo constitucionalmente apto para la regulación, esto es, los reproches que hay respecto a la adquisición en los tiempos de la dictadura del grupo que actualmente detenta el poder de Papel Prensa.
Por último, si es viable constitucionalmente el proyecto de ley en su aspecto meramente formal.
Con respecto a la primera pregunta, cabe decir por supuesto que el Estado tiene la obligación inalienable de regular aspectos como el que estamos tratando, fundamentalmente en virtud del artículo 42 de la Constitución, que establece los llamados derechos del consumidor y del usuario.
Entonces, desde una perspectiva del consumidor me parece necesario tratar de viabilizar el aspecto democrático de uno de los insumos más importantes de la circulación del discurso, que es la prensa.
En este aspecto me parece interesante recalcar, a los efectos de lo establecido en el artículo 42, que los consumidores tienen el derecho, en relación con el consumo, a la protección, entre otras cosas, a la libertad de elección de los medios que consuman. También establece como obligación de las autoridades, en cabeza del Estado, proveer a la protección de esos derechos, entre otros, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios.
Por lo tanto, me parece que desde esta óptica estrictamente constitucional y fundamentalmente desde la voluntad del constituyente del año 1994, esta es una tarea que el Estado debe realizar y que el Congreso por supuesto debe discutir, en el marco del proyecto de ley que en este momento se está remitiendo al Congreso de la Nación.
En este aspecto también obviamente nosotros estamos hablando acá de la información, cuestión que ha sido ampliamente discutida en el marco del proyecto de ley de medios audiovisuales. Por lo tanto, me parece que la cuestión de la democratización de la información pública y de cómo circula el flujo de la información es un lugar común en la discusión de la agenda pública, pero sí quiero decirles que la información requiere como un dato inalienable la pluralidad, que implica la opción de alternativas. Y la opción de alternativas en el consumo de la información responde a un principio constitucional básico que además proviene de la ideología más naciente del Estado moderno que es, justamente, la libertad.
Por lo tanto, en el marco de la libertad, la información es un insumo que la sociedad debe apropiarse de manera democrática y con la mayor pluralidad de voces posibles.
En ese aspecto entonces, lo que se pretende con esta iniciativa, que recién inicia una vasta discusión que se va a dar en el marco de los órganos que establece la ley, es tratar de descentralizar las estructuras del flujo de comunicación a los efectos que no sólo la información no se concentre y se establezca la agenda pública en base a pocas manos sino que, en definitiva, sea la periferia, una suerte de fuerza centrípeta, de afuera hacia adentro, la que defina cuáles son los temas que tenemos que discutir los argentinos.
Esta es una tarea irrenunciable del Poder Legislativo porque hay que regular el insumo, porque detrás de la información justamente estamos hablando de recursos, cómo es ese recurso para que todos podamos acceder a la información. Y si el recurso es el insumo de papel que por ahora algunas empresas tienen capturado en el marco de lo que surge de la exposición de motivos del proyecto de ley, me parece necesario desarticular esa captura y proveer un medio transparente y eficiente para que todos puedan acceder a este medio para que, como dato siguiente, pueda ser posible esta información en términos de libertad de opción.
Por lo tanto, este primer aspecto tiene que ver con la posibilidad de regular la distribución, comercialización y precio del papel que después se va a utilizar para prensa, y la respuesta por supuesto que tiene que ser positiva, como un imperativo constitucional en los términos, entre otros, del artículo 42 y -por qué no también- del sistema republicano de gobierno, que es una de las directrices básicas de nuestro estado de derecho.
El segundo punto que me parece interesante también tratar es el que tiene que ver con la invocación del modo en que se produjo la adquisición. Uno podría decir que aquí los intereses están de alguna manera maniatados o atenidos a esta cuestión, que tiene que ver con los vestigios que lamentablemente la dictadura aún tiene enraizados en la sociedad argentina.
Como abogado querellante en la causa ESMA puedo dar fe de cómo ha sido la forma en la cual luego de la sustracción de los cuerpos vino la sustracción del patrimonio. Por lo tanto, ese proyecto hegemónico que se promovió desde la captura ilegítima del poder, luego ha tenido una suerte de ramificación muy profunda en todos los estamentos de la sociedad argentina, uno de los cuales parece ser ahora -y por eso está bueno que se discuta- el tema del papel prensa.
Por lo tanto, si el Estado debe perseguir y castigar este tipo de delito como una obligación internacional, también debe investigar las consecuencias patrimoniales de este tipo de delito. Por lo tanto, si ésta es la excusa para intentar democratizar el aspecto de la circulación del papel que va a ser utilizado como insumo para todos los diarios de la República Argentina, es un elemento más que favorable para considerarlo en la discusión que nos estamos dando en este momento en el Congreso de la Nación.
Cualquier tipo de jurisprudencia internacional respecto de las consecuencias patrimoniales del genocidio perpetrado por grupos que han tomado el poder en forma ilegítima también genera, como sucedáneo, la investigación de las apropiaciones patrimoniales. Y dentro de ese marco, qué mejor indagación puede hacer el Estado que justamente la apropiación del monopolio que tiene que ver con la producción del papel.
Entonces, no solamente hay un imperativo constitucional que proviene de la primera pregunta que me he formulado, sino que además hay otro, y yo diría que hasta hay una omisión del Congreso Nacional en el sentido de no haber tratado este tema hasta este momento. Pero bienvenida sea su inclusión en la agenda de este Parlamento por parte del Poder Ejecutivo. Nos encontramos frente a la necesidad de buscar métodos de desarticulación de aquellos eventos que son sucedáneos o vestigios de la dictadura militar y que en este caso tienen que ver con la manipulación de la información pública.
Por lo tanto, en relación con este segundo aspecto también considero que es relevante la discusión que se tiene que dar en el marco del Congreso Nacional, sin olvidar, si esto llegara a ser cierto, la discusión relativa a la necesidad del Estado de buscar un hiato, una discontinuidad de todas las prácticas que en su momento fueron consolidadas en el aspecto democrático. La dictadura no solamente tiene su identificación en los uniformes de aquel momento, sino también en los aspectos que tienen que ver con la vida civil. En ese sentido cada uno de nosotros está comprometido a develar y tratar de desarticular toda la maquinación y estructuración que se ha hecho desde ese momento fatídico de nuestra historia.
El tercer aspecto que quiero abordar es si constitucionalmente este proyecto de ley resulta viable desde el punto de vista formal. En realidad esta iniciativa establece algo muy interesante, que es la declaración de interés público de la producción de papel de diario. Considero que la declaración por parte del Congreso Nacional del interés público de la democratización de la circulación de la información a través del insumo necesario que es el papel es algo que esta institución debió haber realizado hace mucho tiempo. Consecuentemente, qué bueno que en este momento se pueda discutir con este horizonte, que es el del deber constitucional incumplido y el de la desarticulación de los vestigios de la dictadura que lamentable aún tenemos.
Por lo tanto, ¿esta ley es constitucionalmente posible? Sí. Entonces, ¿cuál es el sentido? En el proyecto de ley se establece justamente esta situación de interés público. Me parece que estamos manejando este tema con el mismo tenor con que en su momento se lo hizo en el caso de la ley 25.779, por la que se declaró la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida, lo que fue objeto de una discusión muy acalorada en los ámbitos académicos y del derecho constitucional respecto de si el Congreso podía o no realizar ese tipo de declaración. Claro que lo podía y lo tenía que hacer, justamente también como un imperativo de la manutención y del reforzamiento del estado de derecho.
En este sentido me parece que en la medida en que este proyecto de ley establece una dirección en la cual los otros ámbitos del poder deben sujetarse a esta clara directriz de declarar de interés público este tema, nos encontramos frente a un primer dato relevante.
En segundo lugar se deben establecer ciertas directrices para que el Poder Ejecutivo elabore un marco regulatorio. En este sentido considero que el Congreso Nacional toma la iniciativa -por supuesto que en la medida en que en su momento sancione la ley- de establecer los parámetros constitucionales por los cuales confiere al Poder Ejecutivo la facultad de determinar un marco regulatorio. Pero no es una delegación legislativa. Esta última implica, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, que el Poder Ejecutivo establece la ley. Aquí no lo hace, sino que por el contrario elabora un proyecto que, con la conformación de la comisión bicameral que respeta las proporciones de los partidos políticos que han sido elegidos a través del sufragio popular, somete a la consideración no solamente de ese cuerpo, sino también del comité federal en el que están incluidos todos los servicios vinculados con este tema. Me refiero a todos los servicios de diarios y periódicos de la Argentina, los que también deben tener voz y voto.
De manera tal que se rompe una estructura monopólica que tiene que ver con la apropiación del saber. Es el Estado y no los otros el que tiene que apropiarse de la palabra. El Estado somos todos. En ese sentido, la democratización parte de este punto.
Finalmente, me parece que este es un proyecto de ley exhortativo por el cual nos encontramos próximos a un trabajo que, quizás, sea tan fatigoso como en su momento lo fue la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Me refiero al establecimiento de bases claras para que la ley sea un instrumento para la democratización de la circulación del flujo de la información. En esto estamos comprometidos todos los ciudadanos y, por supuesto, los actores que van a estar integrados en forma amplia en este comité federal, para que después el Congreso, una vez que tenga terminado este proyecto y con cierta coherencia en base a los lineamientos y directrices, pueda votarlo y, de esa manera, tengamos una ley que respete la democratización de la adquisición de un insumo que es fundamental para la prensa escrita. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA DI TULLIO Quiero comentar que el doctor Eduardo Barcesat acaba de comunicarse con la secretaría de la comisión para avisar que no podrá concurrir en el día de hoy debido a que está enfermo. Asistirá a la audiencia que se realizará el próximo jueves, lógicamente en la medida en que se encuentre en buenas condiciones de salud.
A continuación hará uso de la palabra el señor Alberto Nadra, quien es periodista y docente universitario.
A continuación hará uso de la palabra el señor Alberto Nadra, quien es periodista y docente universitario.
SR. NADRA Señora presidenta: en primer término quiero expresarle mi agradecimiento por la invitación que me ha hecho y por el espacio que me brinda la Comisión de Comercio. Deseo hacer lo propio con los diputados que se encuentran presentes. Me apena la ausencia de los que han fundamentado su no concurrencia con argumentos que considero lamentables para la trascendencia de este debate.
Como aquí han expuesto y lo están haciendo -acabamos de ver un ejemplo claro al respecto- especialistas en derecho constitucional y en derecho de la información y la comunicación, como así también los propietarios de los medios que han vivido concretamente las situaciones que se han relatado, quiero asumir mi papel como periodista testimoniando los hechos y los momentos que nos tocó vivir en el país desde la formación de la empresa Papel Prensa y la manipulación que actualmente se está realizando sobre este tema.
El 15 de abril de 1977 es una fecha que no puedo dejar de olvidar y que justamente me permite precisar un par de aspectos que me parecen esenciales. Ese día yo cumplía veinticinco años de edad. Era el jefe de redacción de la agencia cubana Prensa Latina en Buenos Aires, donde vivíamos en medio de las amenazas y los secuestros. Me encontraba en el edificio Safico, donde estaba la mayoría de los corresponsales extranjeros en una suerte de cofradía de autoprotección, por lo menos dentro de ese inmueble. Quiero decir que recuerdo el encuentro, precisamente ese día, que era el de mi cumpleaños, con dos amigos. Uno de ellos es hoy editor de Clarín, mientras que el otro en ese momento era director de una revista y hoy es columnista de un programa de televisión cuyo conductor nos da permanentemente su palabra acerca de los temas de actualidad y en esa época era redactor de esa revista.
En ese mes de abril ambos charlábamos acerca de cómo había sido la muerte de Graiver, es decir, si lo había matado un grupo de tareas, etcétera. Quiero decir que en ese momento no se había cumplido todavía una semana del secuestro del ex vocero de Lanusse, Edgardo Sajón. Ya sabíamos que Papel Prensa pasaba a manos de La Razón, de Clarín, de La Nación y, por supuesto, del Estado nacional, usurpado por los militares.
Estos temas los debatíamos regularmente, no sólo con estos amigos que en ese momento estabamos presentes, sino también con Jean-Pierre Bousquet -de la agencia France Press y autor del libro "Las locas de la Plaza de Mayo", la gente de ANSA, Horacio Finoli, "el pájaro" García Lupo y Pasquini Durán -que se nos fue-, los que en ese entonces estaban a la vuelta, en la agencia Interpress Service. Estos temas se debatían. Consecuentemente, ¿dónde está la sorpresa porque ahora surgen?
Éste es uno de los motivos fundamentales por los cuales traigo esta anécdota, que es mucho más que una anécdota: es un testimonio.
Quiero decirles -porque no ha figurado en ninguno de los testimonios ni en las investigaciones que he escuchado- que en 1985 en el juicio a las juntas militares, el general Alejandro Agustín Lanusse en su declaración, convencido de que el secuestro de Sajón era un ajuste de cuentas con él por parte de la Marina, definió y dijo claramente que se había presentado -y por eso fue sometido a arresto domiciliario- para reclamar por su amigo desaparecido, y que Ramón Camps, Etchecolatz y el mismo Videla le dijeron que se trataba de la investigación del grupo Graiver y de la subversión. Esto consta en las declaraciones en el juicio a las juntas de Alejandro Agustín Lanusse, y estamos hablando de principios de abril de 1977, cuando todavía no se había concretado el pase de acciones, pero ya se había firmado.
Quiero señalar estos aspectos porque me cuesta que algunos se sorprendan, y hay muchos otros que hoy son editores de algunos de estos medios y que también participaban de estas conversaciones, que vinieron de Tucumán a trabajar y que decían, comentaban y tomaban posición. Y me cuesta también creer que sabiendo lo que sabemos, porque vivimos lo que vivimos, estén apañando a cómplices de la dictadura, y sobre eso no hay nada que juzgar porque son los medios los que lo testifican. Basta leer Clarín, La Nación, La Razón de aquella época, no hay ninguna duda al respecto. Pero me sorprende que además sean capaces de agitar la bandera de la libertad de expresión, de la libertad de prensa supuestamente amenazada porque se pretende investigar y juzgar a través de la Justicia si además de cómplices fueron partícipes necesarios en delitos de lesa humanidad que se cometieron en ese período, y que por ese método lograron hacerse de las acciones de la empresa que definió en los años que vinieron el monopolio del papel de diario, cuando no existía Internet ni todos los medios alternativos en la Argentina.
Me llama la atención que se diga por qué ahora. En todo caso, preguntar por qué ahora hace más culpables a los que fueron dirigentes de este país durante la democracia, en forma personal o a través de sus partidos. Enhorabuena que alguien, por la razón que sea, así sea por intereses personales, descubra el velo, decida investigar los sucesos acaecidos durante la dictadura y finalmente también decida terminar con el monopolio que nos asfixió durante años.
Estos no son temas que agitan los populistas o que agitamos los que provenimos de la izquierda sino que Julio Ramos, insospechado de progresista o de populista, definió con precisión los cerrojos de la prensa, decenas de diarios que habían caído víctimas del monopolio de Papel Prensa, con precios que me constan porque dirigí publicaciones de 100 o 150 mil ejemplares de tirada, donde teníamos que pagar el 70 por ciento del total de la publicación en concepto de papel importado o comprado a los bolseros, que a su vez se lo compraban a Papel Prensa. Y esto determinó la desaparición de esas voces que hoy queremos rescatar.
¿De qué se sorprenden? ¿Qué es lo que critican? ¿Qué es lo que les molesta? Bienvenida sea la razón, como bienvenida fue la razón por la que se definió la inconstitucionalidad de la obediencia debida y del punto final. Tienen ahí la dignidad de un ex presidente que fue responsable de estas medidas -estoy hablando de Raúl Alfonsín-, quien cuando el Congreso declaró su inconstitucionalidad y la Justicia la ratificó, tuvo la grandeza de decir que en su momento no había tenido la fuerza para hacer otra cosa, y que era bienvenida la medida porque era el momento.
Y este es el momento de discutir la ley de servicios de comunicación audiovisual y es el momento de definir qué hacemos con el monopolio del papel de diario que tiene Papel Prensa desde hace años. Y es fundamental que el Congreso asuma esta responsabilidad.
Quiero decir que es una constante en la propiedad privada no ser muy limpia en sus orígenes. Pero también fue una dictadura, la de Onganía, la que inició el robo descarado de la propiedad privada por orden de los civiles que estaban detrás de los golpes militares. Estoy hablando del monopolio de Jujuy, estoy hablando de Ledesma, estoy hablando de lo que posteriormente fue La noche del apagón -y aquí tengo el libro que lo prueba, el del historiador Roberto Pucci: Tucumán, historia de la destrucción de una provincia-, donde miles de trabajadores fueron dejados en la calle, decenas de ingenios fueron robados sin que todavía se haya reparado a sus legítimos dueños. Y esa impunidad alimentó el desaforado robo que instauró la dictadura en 1976 y que no se limita a Papel Prensa. Son centenares las denuncias que está recibiendo la Secretaría de Derechos Humanos de robos que van desde las casas de los secuestrados hasta campos, empresas, acciones. Y no he escuchado a ninguno de los medios y a ninguno de los principales dirigentes que hoy se oponen a que se trate esta medida, reclamar a los gritos que se aplique la decisión de la Corte que después de aquel 1966, en el año 1989 definió la reparación de los daños que se habían efectuado en el robo en Tucumán, que el menemismo disolvió y jamás se aplicó aquella condena de la Corte.
Entonces estamos ante una conducta del Estado apropiándose de la propiedad privada y de la libre competencia en el interés de grupos monopólicos o de la apropiación directa de los bienes, que tenemos que condenar en su totalidad.
Me llama la atención que incluso en la manipulación de este tema algunos amigos de estas ideas, los pocos que tenemos, por ejemplo, en el canal de televisión estatal, se hayan enredado en el titular de Clarín: "¿La Argentina seguirá siendo una democracia?", que reproduce el artículo de Robert Cox y lo traduce -no tienen otra salida que reproducirlo completo. Decía que me sorprende que se hayan enredado en el supuesto peligro de una "izquierdización" por la toma de los medios de comunicación, y hayan dejado de lado una frase decisiva en esa misma nota de Robert Cox, que siempre fue un liberal, que fue muy valiente durante la dictadura -tuve el gusto de conocerlo en aquellos años-, pero que siempre tuvo un tremendo miedo al nazismo que había visto, como al totalitarismo de izquierda en cualquiera de sus formas. Lo importante es que allí Robert Cox dice que nunca vio libertad de expresión en la Argentina como la que se vive actualmente. Ese es el tema novedoso, no que le preocupe si viene un régimen izquierdista o si se toman determinadas medidas.
Es más, si la Presidencia me permite voy a leer un párrafo, porque es lo que Clarín no pudo dejar de publicar pero es lo que tendríamos que haber leído con más atención. Cox dice: "La adquisición de la mayoría de acciones de Papel Prensa por parte de Clarín, La Nación y La Razón (cuyas acciones fueron luego compradas a Clarín) junto con el gobierno nacional, fue algo, en mi opinión, muy deshonesto -entonces y ahora.
En mi opinión la deshonestidad fue especialmente marcada en el caso de La Nación, que siempre se enorgulleció de su independencia..." Estaba equivocado: la "tribuna de doctrina" y la Guerra del Paraguay dicen que no fue muy independiente.
"Durante más años de los que recuerdo la sociedad de ambos diarios..." -Clarín y La Nación- "...en asociación con el Estado fue ferozmente criticada por la mayoría..." -aunque no nos enteramos- "...de los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa como totalmente sin escrúpulos y como una competencia injusta para los otros diarios argentinos. Recuerdo haber destacado..." -él, Roberto Cox- "...durante una reunión de la SIP que en el caso de La Nación era como si El Vaticano decidiera abrir una clínica para abortos".
Amigos, señoras y señores: creo que los temas están claros. Considero que este es el momento de profundizar el debate que llevamos adelante por la ley de servicios de comunicación audiovisual. Parece que no era la ley de medios, porque ahora estamos discutiendo la gráfica. La manipulación de las palabras es permanente, sistemática y trata de desviar los ejes de conversación y de discusión. Este es el momento para que el Congreso se haga cargo de debatir a fondo la regulación del mercado de papel de diario y su declaración de interés público con las correcciones que sean necesarias y procurando que la discusión sea enriquecedora. Pero indefectiblemente se debe terminar con el monopolio del papel de diario en manos de las dos empresas propietarias de los principales diarios y del ahogo de las decenas y centenas de los pequeños periódicos del interior y de la misma Capital, que ya no tienen oportunidad de volver a hacer oír sus voces pero de los que podemos hacer florecer nuevas voces para que las lleven al conjunto de nuestra ciudadanía. (Aplausos.)
Como aquí han expuesto y lo están haciendo -acabamos de ver un ejemplo claro al respecto- especialistas en derecho constitucional y en derecho de la información y la comunicación, como así también los propietarios de los medios que han vivido concretamente las situaciones que se han relatado, quiero asumir mi papel como periodista testimoniando los hechos y los momentos que nos tocó vivir en el país desde la formación de la empresa Papel Prensa y la manipulación que actualmente se está realizando sobre este tema.
El 15 de abril de 1977 es una fecha que no puedo dejar de olvidar y que justamente me permite precisar un par de aspectos que me parecen esenciales. Ese día yo cumplía veinticinco años de edad. Era el jefe de redacción de la agencia cubana Prensa Latina en Buenos Aires, donde vivíamos en medio de las amenazas y los secuestros. Me encontraba en el edificio Safico, donde estaba la mayoría de los corresponsales extranjeros en una suerte de cofradía de autoprotección, por lo menos dentro de ese inmueble. Quiero decir que recuerdo el encuentro, precisamente ese día, que era el de mi cumpleaños, con dos amigos. Uno de ellos es hoy editor de Clarín, mientras que el otro en ese momento era director de una revista y hoy es columnista de un programa de televisión cuyo conductor nos da permanentemente su palabra acerca de los temas de actualidad y en esa época era redactor de esa revista.
En ese mes de abril ambos charlábamos acerca de cómo había sido la muerte de Graiver, es decir, si lo había matado un grupo de tareas, etcétera. Quiero decir que en ese momento no se había cumplido todavía una semana del secuestro del ex vocero de Lanusse, Edgardo Sajón. Ya sabíamos que Papel Prensa pasaba a manos de La Razón, de Clarín, de La Nación y, por supuesto, del Estado nacional, usurpado por los militares.
Estos temas los debatíamos regularmente, no sólo con estos amigos que en ese momento estabamos presentes, sino también con Jean-Pierre Bousquet -de la agencia France Press y autor del libro "Las locas de la Plaza de Mayo", la gente de ANSA, Horacio Finoli, "el pájaro" García Lupo y Pasquini Durán -que se nos fue-, los que en ese entonces estaban a la vuelta, en la agencia Interpress Service. Estos temas se debatían. Consecuentemente, ¿dónde está la sorpresa porque ahora surgen?
Éste es uno de los motivos fundamentales por los cuales traigo esta anécdota, que es mucho más que una anécdota: es un testimonio.
Quiero decirles -porque no ha figurado en ninguno de los testimonios ni en las investigaciones que he escuchado- que en 1985 en el juicio a las juntas militares, el general Alejandro Agustín Lanusse en su declaración, convencido de que el secuestro de Sajón era un ajuste de cuentas con él por parte de la Marina, definió y dijo claramente que se había presentado -y por eso fue sometido a arresto domiciliario- para reclamar por su amigo desaparecido, y que Ramón Camps, Etchecolatz y el mismo Videla le dijeron que se trataba de la investigación del grupo Graiver y de la subversión. Esto consta en las declaraciones en el juicio a las juntas de Alejandro Agustín Lanusse, y estamos hablando de principios de abril de 1977, cuando todavía no se había concretado el pase de acciones, pero ya se había firmado.
Quiero señalar estos aspectos porque me cuesta que algunos se sorprendan, y hay muchos otros que hoy son editores de algunos de estos medios y que también participaban de estas conversaciones, que vinieron de Tucumán a trabajar y que decían, comentaban y tomaban posición. Y me cuesta también creer que sabiendo lo que sabemos, porque vivimos lo que vivimos, estén apañando a cómplices de la dictadura, y sobre eso no hay nada que juzgar porque son los medios los que lo testifican. Basta leer Clarín, La Nación, La Razón de aquella época, no hay ninguna duda al respecto. Pero me sorprende que además sean capaces de agitar la bandera de la libertad de expresión, de la libertad de prensa supuestamente amenazada porque se pretende investigar y juzgar a través de la Justicia si además de cómplices fueron partícipes necesarios en delitos de lesa humanidad que se cometieron en ese período, y que por ese método lograron hacerse de las acciones de la empresa que definió en los años que vinieron el monopolio del papel de diario, cuando no existía Internet ni todos los medios alternativos en la Argentina.
Me llama la atención que se diga por qué ahora. En todo caso, preguntar por qué ahora hace más culpables a los que fueron dirigentes de este país durante la democracia, en forma personal o a través de sus partidos. Enhorabuena que alguien, por la razón que sea, así sea por intereses personales, descubra el velo, decida investigar los sucesos acaecidos durante la dictadura y finalmente también decida terminar con el monopolio que nos asfixió durante años.
Estos no son temas que agitan los populistas o que agitamos los que provenimos de la izquierda sino que Julio Ramos, insospechado de progresista o de populista, definió con precisión los cerrojos de la prensa, decenas de diarios que habían caído víctimas del monopolio de Papel Prensa, con precios que me constan porque dirigí publicaciones de 100 o 150 mil ejemplares de tirada, donde teníamos que pagar el 70 por ciento del total de la publicación en concepto de papel importado o comprado a los bolseros, que a su vez se lo compraban a Papel Prensa. Y esto determinó la desaparición de esas voces que hoy queremos rescatar.
¿De qué se sorprenden? ¿Qué es lo que critican? ¿Qué es lo que les molesta? Bienvenida sea la razón, como bienvenida fue la razón por la que se definió la inconstitucionalidad de la obediencia debida y del punto final. Tienen ahí la dignidad de un ex presidente que fue responsable de estas medidas -estoy hablando de Raúl Alfonsín-, quien cuando el Congreso declaró su inconstitucionalidad y la Justicia la ratificó, tuvo la grandeza de decir que en su momento no había tenido la fuerza para hacer otra cosa, y que era bienvenida la medida porque era el momento.
Y este es el momento de discutir la ley de servicios de comunicación audiovisual y es el momento de definir qué hacemos con el monopolio del papel de diario que tiene Papel Prensa desde hace años. Y es fundamental que el Congreso asuma esta responsabilidad.
Quiero decir que es una constante en la propiedad privada no ser muy limpia en sus orígenes. Pero también fue una dictadura, la de Onganía, la que inició el robo descarado de la propiedad privada por orden de los civiles que estaban detrás de los golpes militares. Estoy hablando del monopolio de Jujuy, estoy hablando de Ledesma, estoy hablando de lo que posteriormente fue La noche del apagón -y aquí tengo el libro que lo prueba, el del historiador Roberto Pucci: Tucumán, historia de la destrucción de una provincia-, donde miles de trabajadores fueron dejados en la calle, decenas de ingenios fueron robados sin que todavía se haya reparado a sus legítimos dueños. Y esa impunidad alimentó el desaforado robo que instauró la dictadura en 1976 y que no se limita a Papel Prensa. Son centenares las denuncias que está recibiendo la Secretaría de Derechos Humanos de robos que van desde las casas de los secuestrados hasta campos, empresas, acciones. Y no he escuchado a ninguno de los medios y a ninguno de los principales dirigentes que hoy se oponen a que se trate esta medida, reclamar a los gritos que se aplique la decisión de la Corte que después de aquel 1966, en el año 1989 definió la reparación de los daños que se habían efectuado en el robo en Tucumán, que el menemismo disolvió y jamás se aplicó aquella condena de la Corte.
Entonces estamos ante una conducta del Estado apropiándose de la propiedad privada y de la libre competencia en el interés de grupos monopólicos o de la apropiación directa de los bienes, que tenemos que condenar en su totalidad.
Me llama la atención que incluso en la manipulación de este tema algunos amigos de estas ideas, los pocos que tenemos, por ejemplo, en el canal de televisión estatal, se hayan enredado en el titular de Clarín: "¿La Argentina seguirá siendo una democracia?", que reproduce el artículo de Robert Cox y lo traduce -no tienen otra salida que reproducirlo completo. Decía que me sorprende que se hayan enredado en el supuesto peligro de una "izquierdización" por la toma de los medios de comunicación, y hayan dejado de lado una frase decisiva en esa misma nota de Robert Cox, que siempre fue un liberal, que fue muy valiente durante la dictadura -tuve el gusto de conocerlo en aquellos años-, pero que siempre tuvo un tremendo miedo al nazismo que había visto, como al totalitarismo de izquierda en cualquiera de sus formas. Lo importante es que allí Robert Cox dice que nunca vio libertad de expresión en la Argentina como la que se vive actualmente. Ese es el tema novedoso, no que le preocupe si viene un régimen izquierdista o si se toman determinadas medidas.
Es más, si la Presidencia me permite voy a leer un párrafo, porque es lo que Clarín no pudo dejar de publicar pero es lo que tendríamos que haber leído con más atención. Cox dice: "La adquisición de la mayoría de acciones de Papel Prensa por parte de Clarín, La Nación y La Razón (cuyas acciones fueron luego compradas a Clarín) junto con el gobierno nacional, fue algo, en mi opinión, muy deshonesto -entonces y ahora.
En mi opinión la deshonestidad fue especialmente marcada en el caso de La Nación, que siempre se enorgulleció de su independencia..." Estaba equivocado: la "tribuna de doctrina" y la Guerra del Paraguay dicen que no fue muy independiente.
"Durante más años de los que recuerdo la sociedad de ambos diarios..." -Clarín y La Nación- "...en asociación con el Estado fue ferozmente criticada por la mayoría..." -aunque no nos enteramos- "...de los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa como totalmente sin escrúpulos y como una competencia injusta para los otros diarios argentinos. Recuerdo haber destacado..." -él, Roberto Cox- "...durante una reunión de la SIP que en el caso de La Nación era como si El Vaticano decidiera abrir una clínica para abortos".
Amigos, señoras y señores: creo que los temas están claros. Considero que este es el momento de profundizar el debate que llevamos adelante por la ley de servicios de comunicación audiovisual. Parece que no era la ley de medios, porque ahora estamos discutiendo la gráfica. La manipulación de las palabras es permanente, sistemática y trata de desviar los ejes de conversación y de discusión. Este es el momento para que el Congreso se haga cargo de debatir a fondo la regulación del mercado de papel de diario y su declaración de interés público con las correcciones que sean necesarias y procurando que la discusión sea enriquecedora. Pero indefectiblemente se debe terminar con el monopolio del papel de diario en manos de las dos empresas propietarias de los principales diarios y del ahogo de las decenas y centenas de los pequeños periódicos del interior y de la misma Capital, que ya no tienen oportunidad de volver a hacer oír sus voces pero de los que podemos hacer florecer nuevas voces para que las lleven al conjunto de nuestra ciudadanía. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA DI TULLIO Quiero recordar que hoy, en la ciudad de Tucumán, con la presencia del señor ministro de Economía y por indicación de la señora presidenta de la Nación los diarios de la región van a empezar a discutir el marco normativo que va a acompañar con un anteproyecto a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo y que estamos debatiendo ahora.
A continuación hará uso de la palabra el director del diario 9 de Julio y Los Toldos, señor Juan Carbello.
A continuación hará uso de la palabra el director del diario 9 de Julio y Los Toldos, señor Juan Carbello.
SR. CARBELLO Señora presidenta: esta Argentina que tenemos que hacer renacer, que tiene distintas familias -yo diría que en gran parte con conflictos- tiene una deuda con las generaciones que están quedando truncas. Vengo de una ciudad del centro-oeste de la provincia de Buenos Aires. Tengo la ilusión y la suerte de poder editar diarios. Pero entiendo que en esta oportunidad tuve también la fortuna de integrar DIPRA, que me invita como pyme, porque todos o la mayoría de los socios son cooperativistas, es decir, diarios cooperativos que cerraron en la época difícil del país en lo que respecta a la situación económica. Los años que pasamos fueron, como pymes, muy difíciles desde el punto de vista económico, porque les dimos a nuestros acreedores todo el patrimonio que teníamos.
Políticamente les digo que felicito al Poder Ejecutivo y a todos los políticos que nos dan participación, porque hoy en 9 de Julio -y yo diría que en el ciento por ciento de los diarios del interior- el que vende más es el periódico local. ¿Por qué? Porque de allí surgen los diputados, los senadores, las pymes y las cooperativas. ¿Por qué se fundan cooperativas en esas ciudades? Porque en ciertos rubros el capital privado no arriesga, y el comercio es un riesgo. Por eso existe la Cooperativa de 9 de Julio, que es una cooperativa eléctrica que funciona perfectamente.
¿Por qué me refiero a las nuevas generaciones? Ya pasaron dos generaciones que no saben qué hacer. Hay muchas cosas por hacer. El político nos tiene que entender y nos debe escuchar porque nosotros tenemos la verdad y la realidad de las cosas. No entiendo ni quiero expresar cosas que a lo mejor no debería decir. Pero comprendo que si tenemos un Congreso, éste sabe a quién tiene que poner en su lugar y a quién tiene que darle la ley, porque sin ella esto no sirve. Si no se sanciona una ley esto será imposible, porque mañana este gobierno finaliza, entra otro y quedamos truncos. La ley es para hacer el bien. Aquí todos podemos opinar y yo los felicito por eso.
He hablado con diputados y senadores, y se han sorprendido, porque parece mentira que en un país tan rico como el nuestro todo se resuma en una frase de "Yoyo" Maldonado -que era un ganador, un campeón y un empresario del automovilismo al que recuerdo-, que era la siguiente: "Dios está en todas partes pero atiende en la Capital Federal". El país no es la Capital Federal. La Argentina es vasta, grande y genera riquezas, pero debemos trabajar para eso. En ese sentido, creo que esta ley va a favorecernos.
Por último quiero manifestar que DIPRA tiene entre 80 y 100 diarios federales de todo el país. Este año hemos recibido la visita por única vez de un empleado de Papel Prensa para ver qué atenciones teníamos. Nunca las tuvimos. He pagado 1.100 dólares la tonelada de papel a Papel Tucumán, que importaba papel norteamericano -he estado en los Estados Unidos-, cuando nosotros acá tendríamos que tener la papelera para que todo el mundo pueda expresarse.
Por eso, ojalá que esto que se ha iniciado sea el principio de esta actividad gráfica, pero también el de otras que es necesario que crezcan para que esas generaciones a la que he hecho referencia no queden tan frustradas. (Aplausos.)
Políticamente les digo que felicito al Poder Ejecutivo y a todos los políticos que nos dan participación, porque hoy en 9 de Julio -y yo diría que en el ciento por ciento de los diarios del interior- el que vende más es el periódico local. ¿Por qué? Porque de allí surgen los diputados, los senadores, las pymes y las cooperativas. ¿Por qué se fundan cooperativas en esas ciudades? Porque en ciertos rubros el capital privado no arriesga, y el comercio es un riesgo. Por eso existe la Cooperativa de 9 de Julio, que es una cooperativa eléctrica que funciona perfectamente.
¿Por qué me refiero a las nuevas generaciones? Ya pasaron dos generaciones que no saben qué hacer. Hay muchas cosas por hacer. El político nos tiene que entender y nos debe escuchar porque nosotros tenemos la verdad y la realidad de las cosas. No entiendo ni quiero expresar cosas que a lo mejor no debería decir. Pero comprendo que si tenemos un Congreso, éste sabe a quién tiene que poner en su lugar y a quién tiene que darle la ley, porque sin ella esto no sirve. Si no se sanciona una ley esto será imposible, porque mañana este gobierno finaliza, entra otro y quedamos truncos. La ley es para hacer el bien. Aquí todos podemos opinar y yo los felicito por eso.
He hablado con diputados y senadores, y se han sorprendido, porque parece mentira que en un país tan rico como el nuestro todo se resuma en una frase de "Yoyo" Maldonado -que era un ganador, un campeón y un empresario del automovilismo al que recuerdo-, que era la siguiente: "Dios está en todas partes pero atiende en la Capital Federal". El país no es la Capital Federal. La Argentina es vasta, grande y genera riquezas, pero debemos trabajar para eso. En ese sentido, creo que esta ley va a favorecernos.
Por último quiero manifestar que DIPRA tiene entre 80 y 100 diarios federales de todo el país. Este año hemos recibido la visita por única vez de un empleado de Papel Prensa para ver qué atenciones teníamos. Nunca las tuvimos. He pagado 1.100 dólares la tonelada de papel a Papel Tucumán, que importaba papel norteamericano -he estado en los Estados Unidos-, cuando nosotros acá tendríamos que tener la papelera para que todo el mundo pueda expresarse.
Por eso, ojalá que esto que se ha iniciado sea el principio de esta actividad gráfica, pero también el de otras que es necesario que crezcan para que esas generaciones a la que he hecho referencia no queden tan frustradas. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA DI TULLIO A continuación hará uso de la palabra el director del diario La Voz de Bragado, señor Esteban Aldegniani.
SR. ALDEGNIANI Soy el gerente comercial de La voz de Bragado y voy a exponer una pequeña historia desde la iniciación del diario.
El diario La voz de Bragado fue fundado el 17 de diciembre 1962. Hasta 1986 utilizó el sistema llamado caliente de impresión, era un diario humilde y de pocas páginas. A partir de ese momento se digitaliza, siendo uno de los primeros diarios de la provincia de Buenos Aires. En ese momento se utilizaba papel resma porque habíamos comprado una Garaventa, y con eso hacíamos el diario, a través de la cooperativa de prensa que tenía un 40 por ciento, y un 60 que comprábamos afuera. A partir del año 1995 se compra una impresora Goss de dos cuerpos y una dobladora. Se comienza a comprar papel en bobina. En ese momento La voz de Bragado utilizaba aproximadamente tres toneladas de papel, las cuales eran provistas en un 40 por ciento por la cooperativa y el resto por los revendedores de Buenos Aires o los importadores.
En el año 2000 el gerente comercial de nuestro diario se entrevista con el gerente de ventas de Papel Prensa, el señor ingeniero Jorge Díaz, quien manifiesta que Papel Prensa no tiene la capacidad para fabricar más papel y por ese motivo La voz de Bragado no tiene cupo. Por esa razón continúa comprando el 40 por ciento a la cooperativa y el 60 por ciento a los revendedores o importadores.
Con la crisis de 2001-2002 el diario se endeuda para hacer frente al papel, nos endeudamos con la cooperativa y nos dejaron de vender el resto. Entonces, tuvimos que achicar un poco el diario y salir a comprar las tres toneladas a los revendedores, a los que pagábamos casi un 60 por ciento más que Papel Prensa.
Esas vicisitudes se fueron sorteando y hasta el momento se han ido cumpliendo compromisos y obligaciones. A pesar del precio, gracias a sus lectores y sus publicistas nos mantenemos y salimos todos los días.
Esta es una pequeña reseña de la historia del diario La voz de Bragado, que está por cumplir cincuenta años.
Agradezco a la señora presidenta y a los señores diputados, y les hago entrega de este documento. (Aplausos.)
El diario La voz de Bragado fue fundado el 17 de diciembre 1962. Hasta 1986 utilizó el sistema llamado caliente de impresión, era un diario humilde y de pocas páginas. A partir de ese momento se digitaliza, siendo uno de los primeros diarios de la provincia de Buenos Aires. En ese momento se utilizaba papel resma porque habíamos comprado una Garaventa, y con eso hacíamos el diario, a través de la cooperativa de prensa que tenía un 40 por ciento, y un 60 que comprábamos afuera. A partir del año 1995 se compra una impresora Goss de dos cuerpos y una dobladora. Se comienza a comprar papel en bobina. En ese momento La voz de Bragado utilizaba aproximadamente tres toneladas de papel, las cuales eran provistas en un 40 por ciento por la cooperativa y el resto por los revendedores de Buenos Aires o los importadores.
En el año 2000 el gerente comercial de nuestro diario se entrevista con el gerente de ventas de Papel Prensa, el señor ingeniero Jorge Díaz, quien manifiesta que Papel Prensa no tiene la capacidad para fabricar más papel y por ese motivo La voz de Bragado no tiene cupo. Por esa razón continúa comprando el 40 por ciento a la cooperativa y el 60 por ciento a los revendedores o importadores.
Con la crisis de 2001-2002 el diario se endeuda para hacer frente al papel, nos endeudamos con la cooperativa y nos dejaron de vender el resto. Entonces, tuvimos que achicar un poco el diario y salir a comprar las tres toneladas a los revendedores, a los que pagábamos casi un 60 por ciento más que Papel Prensa.
Esas vicisitudes se fueron sorteando y hasta el momento se han ido cumpliendo compromisos y obligaciones. A pesar del precio, gracias a sus lectores y sus publicistas nos mantenemos y salimos todos los días.
Esta es una pequeña reseña de la historia del diario La voz de Bragado, que está por cumplir cincuenta años.
Agradezco a la señora presidenta y a los señores diputados, y les hago entrega de este documento. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA DI TULLIO Voy a pedir al doctor González Arzac, abogado constitucionalista y director de Papel Prensa por parte del Estado, que se vaya acercando.
Queda sólo un expositor más, luego del doctor González Arzac; el resto va a hacer uso de la palabra por la tarde. Por lo tanto, si el doctor González Arzac quiere utilizar más tiempo, como las primeras exposiciones han sido cortas, puede hacerlo.
Queda sólo un expositor más, luego del doctor González Arzac; el resto va a hacer uso de la palabra por la tarde. Por lo tanto, si el doctor González Arzac quiere utilizar más tiempo, como las primeras exposiciones han sido cortas, puede hacerlo.
SR. GONZÁLEZ ARZAC Agradezco a la señora presidenta de la comisión por haberme invitado a realizar esta exposición.
Soy consejero por el Estado en el Consejo de Vigilancia de Papel Prensa. Además, he integrado la comisión que con una veintena de colaboradores realizó el informe "Papel Prensa: la verdad", que entregamos días pasados a la señora presidenta de la Nación. Lo cierto es que cuando terminó ese acto en la Casa Rosada y tomé un taxi para dirigirme a mi domicilio, ya en la radio escuchaba la palabra de dirigentes políticos criticando un informe que no conocían. No lo conocían en absoluto por el hermetismo con el que se manejó la confección de este informe y porque además, si bien tiene una síntesis de alrededor de 200 páginas, el informe consta de 26 mil folios que fueron extraídos de expedientes, de constancias administrativas, judiciales, comerciales, etcétera, por lo cual era imposible que lo conocieran; sin embargo, quince o veinte minutos después del acto lo estaban criticando por radio.
Esta es una demostración de la falta de seriedad de determinada dirigencia política de la República Argentina.
En cambio, quienes hicimos ese informe lo tratamos de realizar con la más absoluta seriedad. Buscamos los antecedentes en todas las fuentes fehacientes que podíamos encontrar, y así pudimos reconstruir la verdadera historia de Papel Prensa.
A mí como hombre de derecho me satisface la tarea realizada, porque durante mi larga actuación que supera el medio siglo como abogado, siempre he velado por la vigencia del derecho, de la Constitución y de los derechos humanos. Pero también soy historiador y he tomado conciencia de la importancia que en las últimas tres décadas tiene esta historia de Papel Prensa.
También soy periodista, viejo adherente de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Y como tal me enorgullece haber hecho este aporte para la libertad de prensa de la República Argentina.
Allí se han abordado algunas cuestiones fundamentales que quiero sintetizar. El artículo 42 de la Constitución Nacional, reformada en 1994 por constituyentes que en un gran número forman parte del oficialismo y de la oposición del actual espectro político argentino, obliga a las autoridades a proveer la protección de los derechos de consumidores y usuarios, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, como aquí ha explicado uno de los oradores que me antecedieron, es decir, proteger al mercado para que no existan posiciones de dominio que interfieran en la libre competencia y provoquen la distorsión de los mercados.
Esto es una obligación que establece la Constitución Nacional respecto de los tres poderes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, porque a ellos se refiere cuando usa los términos: "las autoridades proveerán".
El Congreso de la Nación tiene la obligación de garantizar la protección de los usuarios y consumidores frente a la distorsión de los mercados. Por esa razón creo que el proyecto de ley por el que se declara de interés público la producción de papel de diario es una iniciativa fundamental para que este texto constitucional tenga real vigencia en la República Argentina. El papel de diario es un insumo fundamental de las libertades de expresión y de prensa en nuestro país.
Por otra parte, el estudio que entregamos a la señora presidenta contiene cuestiones relativas a delitos de lesa humanidad que también están referidos a los derechos humanos que están protegidos por lo dispuesto en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional. En este informe se presentan pruebas que hasta ahora no se conocían. Allí están las constancias de los consejos de guerra y de los órganos conformados por la dictadura militar para imponer determinadas decisiones a los ciudadanos en general a través de amenazas, de privaciones ilegítimas de la libertad en lugares clandestinos de detención, particularmente en el Puesto Vasco y en El Pozo de Banfield, de triste recuerdo en la historia argentina, donde además se efectuaron torturas e incluso en el caso de nuestro colega, el abogado Rubinstein, se llegó al homicidio en el lugar de tortura.
En su momento estos delitos, que son imprescriptibles, no fueron motivo del informe "Nunca más" presentado en 1984. Hoy hemos escuchado que el doctor Raúl Alfonsín, que en ese entonces era presidente de la Nación, aludió a lo que no pudo hacer durante su mandato. La investigación de los Graiver y de todos los funcionarios de la empresa del mismo nombre, que fueron amenazados, privados de su libertad, torturados y en uno de los casos muerto, tampoco figura en el libro "Nunca más", porque era una de las tantas cosas que en ese momento no se podían hacer. No porque no existieron -como he visto ahora, en un homenaje rendido ayer a uno de los fiscales del juicio a los comandantes-, sino porque no se podían hacer. Porque la política argentina estaba maniatada por los grandes diarios y entonces, a pesar de haber sido electas democráticamente, las autoridades no tenían en ese momento la fuerza necesaria para oponerse a la de estos medios de comunicación. Esta es la verdad.
Por eso el caso de la familia Graiver y de la empresa del mismo nombre no figura en el libro "Nunca más", en el que se admite que además de las cuestiones relativas a la libertad corporal y la vida hubo delitos económicos derivados de ellas que no fueron objeto de la investigación. Además hubo apropiaciones -así lo dice- que tampoco figuraron en aquella investigación.
Indudablemente ha sido acertada la decisión del Poder Ejecutivo nacional de enviar al Congreso de la Nación este proyecto por el que se declara de interés público la producción del papel de diario y por el que también se encomienda la exposición ante el Poder Judicial de los delitos de lesa humanidad que fueron cometidos y que por ser imprescriptibles aún pueden ser denunciados.
Por eso pienso que el proyecto del diputado De Marchi, por el que se propone la venta de las acciones del Estado en Papel Prensa, no tiene motivación ni razón alguna. Indudablemente el Estado debe tener una intervención más positiva en dicha empresa, tal como lo manda el artículo 42 de la Constitución Nacional. Lo que de allí en más ha hecho el Poder Ejecutivo es lo que debe hacerse en un Estado democrático, es decir, que el Poder Legislativo sancione la ley correspondiente y que el Poder Judicial castigue a los delincuentes de lesa humanidad. (Aplausos.)
Soy consejero por el Estado en el Consejo de Vigilancia de Papel Prensa. Además, he integrado la comisión que con una veintena de colaboradores realizó el informe "Papel Prensa: la verdad", que entregamos días pasados a la señora presidenta de la Nación. Lo cierto es que cuando terminó ese acto en la Casa Rosada y tomé un taxi para dirigirme a mi domicilio, ya en la radio escuchaba la palabra de dirigentes políticos criticando un informe que no conocían. No lo conocían en absoluto por el hermetismo con el que se manejó la confección de este informe y porque además, si bien tiene una síntesis de alrededor de 200 páginas, el informe consta de 26 mil folios que fueron extraídos de expedientes, de constancias administrativas, judiciales, comerciales, etcétera, por lo cual era imposible que lo conocieran; sin embargo, quince o veinte minutos después del acto lo estaban criticando por radio.
Esta es una demostración de la falta de seriedad de determinada dirigencia política de la República Argentina.
En cambio, quienes hicimos ese informe lo tratamos de realizar con la más absoluta seriedad. Buscamos los antecedentes en todas las fuentes fehacientes que podíamos encontrar, y así pudimos reconstruir la verdadera historia de Papel Prensa.
A mí como hombre de derecho me satisface la tarea realizada, porque durante mi larga actuación que supera el medio siglo como abogado, siempre he velado por la vigencia del derecho, de la Constitución y de los derechos humanos. Pero también soy historiador y he tomado conciencia de la importancia que en las últimas tres décadas tiene esta historia de Papel Prensa.
También soy periodista, viejo adherente de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Y como tal me enorgullece haber hecho este aporte para la libertad de prensa de la República Argentina.
Allí se han abordado algunas cuestiones fundamentales que quiero sintetizar. El artículo 42 de la Constitución Nacional, reformada en 1994 por constituyentes que en un gran número forman parte del oficialismo y de la oposición del actual espectro político argentino, obliga a las autoridades a proveer la protección de los derechos de consumidores y usuarios, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, como aquí ha explicado uno de los oradores que me antecedieron, es decir, proteger al mercado para que no existan posiciones de dominio que interfieran en la libre competencia y provoquen la distorsión de los mercados.
Esto es una obligación que establece la Constitución Nacional respecto de los tres poderes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, porque a ellos se refiere cuando usa los términos: "las autoridades proveerán".
El Congreso de la Nación tiene la obligación de garantizar la protección de los usuarios y consumidores frente a la distorsión de los mercados. Por esa razón creo que el proyecto de ley por el que se declara de interés público la producción de papel de diario es una iniciativa fundamental para que este texto constitucional tenga real vigencia en la República Argentina. El papel de diario es un insumo fundamental de las libertades de expresión y de prensa en nuestro país.
Por otra parte, el estudio que entregamos a la señora presidenta contiene cuestiones relativas a delitos de lesa humanidad que también están referidos a los derechos humanos que están protegidos por lo dispuesto en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional. En este informe se presentan pruebas que hasta ahora no se conocían. Allí están las constancias de los consejos de guerra y de los órganos conformados por la dictadura militar para imponer determinadas decisiones a los ciudadanos en general a través de amenazas, de privaciones ilegítimas de la libertad en lugares clandestinos de detención, particularmente en el Puesto Vasco y en El Pozo de Banfield, de triste recuerdo en la historia argentina, donde además se efectuaron torturas e incluso en el caso de nuestro colega, el abogado Rubinstein, se llegó al homicidio en el lugar de tortura.
En su momento estos delitos, que son imprescriptibles, no fueron motivo del informe "Nunca más" presentado en 1984. Hoy hemos escuchado que el doctor Raúl Alfonsín, que en ese entonces era presidente de la Nación, aludió a lo que no pudo hacer durante su mandato. La investigación de los Graiver y de todos los funcionarios de la empresa del mismo nombre, que fueron amenazados, privados de su libertad, torturados y en uno de los casos muerto, tampoco figura en el libro "Nunca más", porque era una de las tantas cosas que en ese momento no se podían hacer. No porque no existieron -como he visto ahora, en un homenaje rendido ayer a uno de los fiscales del juicio a los comandantes-, sino porque no se podían hacer. Porque la política argentina estaba maniatada por los grandes diarios y entonces, a pesar de haber sido electas democráticamente, las autoridades no tenían en ese momento la fuerza necesaria para oponerse a la de estos medios de comunicación. Esta es la verdad.
Por eso el caso de la familia Graiver y de la empresa del mismo nombre no figura en el libro "Nunca más", en el que se admite que además de las cuestiones relativas a la libertad corporal y la vida hubo delitos económicos derivados de ellas que no fueron objeto de la investigación. Además hubo apropiaciones -así lo dice- que tampoco figuraron en aquella investigación.
Indudablemente ha sido acertada la decisión del Poder Ejecutivo nacional de enviar al Congreso de la Nación este proyecto por el que se declara de interés público la producción del papel de diario y por el que también se encomienda la exposición ante el Poder Judicial de los delitos de lesa humanidad que fueron cometidos y que por ser imprescriptibles aún pueden ser denunciados.
Por eso pienso que el proyecto del diputado De Marchi, por el que se propone la venta de las acciones del Estado en Papel Prensa, no tiene motivación ni razón alguna. Indudablemente el Estado debe tener una intervención más positiva en dicha empresa, tal como lo manda el artículo 42 de la Constitución Nacional. Lo que de allí en más ha hecho el Poder Ejecutivo es lo que debe hacerse en un Estado democrático, es decir, que el Poder Legislativo sancione la ley correspondiente y que el Poder Judicial castigue a los delincuentes de lesa humanidad. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA DI TULLIO A continuación hará uso de la palabra la especialista en diversidad y comunicación del INADI, señora Nora Anchar.
SRA. ANCHAR Señora presidenta: quiero expresarle mi agradecimiento por haber sido invitada a esta audiencia pública. La verdad es que después de la exposición de Alberto Nadra siento el deber y el pudor de decir que en principio estoy de acuerdo con todas y cada una de las cosas que dijo, y fundamentalmente con su emoción de poder exponer lo que vivió y puede relatar de una manera tan completa.
Ciertamente estoy aquí como una persona que está trabajando habitualmente en los temas de discriminación y comunicación. Pero más que nada quiero destacar el hecho de que me encuentro aquí presente como una trabajadora de prensa. Estoy acá como una periodista que entiende que desde nuestro lugar de trabajadores de las empresas, cualesquiera que ellas fueran, tenemos derecho a expresar nuestra opinión acerca de lo que ocurre arriba, ya que no somos meros engranajes de una comunicación dirigida, sino que por el contrario tenemos un pensamiento y una acción.
Nosotros junto con un equipo hemos hecho hace un tiempo una investigación, que me gustaría traer aquí para hacer un breve relato introductorio antes de leer un comunicado que hemos elaborado en conjunto; de manera tal que estoy representando a un colectivo, además de mi lugar en el INADI.
Hace unos años atrás decidimos hacer una investigación sobre educación, a raíz de haber encontrado un documento llamado "Subversión en el ámbito educativo". Ese documento detalla instrucciones para los docentes, para poder detectar conductas subversivas desde el jardín de infantes hasta el secundario. Estas instrucciones fueron repartidas a lo largo y a lo ancho del país a través de un documento que debía ser firmado por los docentes, y que detallaba cosas tan precisas como, por ejemplo, que si al consultar a un niño de tres años que tenía una cierta iniciativa, que podía elegir qué comer, que tenía una activa participación o, por ejemplo, al ser consultado sobre cuáles eran los cuentos que le contaban a la noche sus padres nombraba a alguno de los libros prohibidos -por ejemplo los de Laura Devetach o Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann-, esto podía provocar la desaparición de grupos familiares porque había un sistema de delaciones que llevaba a que estos fueran "chupados" para ver si además de leer cuentos tenían otro grado de participación en lo que supuestamente era la conducta delictiva de subversión.
A lo mejor esto aparece como una situación que no tiene nada que ver con Papel Prensa, pero tiene todo que ver, porque esta es la pata invisible de lo que fue la colaboración civil, porque fueron pedagogos en nombre de Piaget quienes armaron estas circunstancias, esta pata invisibilizada que atravesó toda la educación con este tipo de instrucciones, la complicidad de un sector y la audacia, el arrojo y el heroísmo de otro sector docente que obviamente no las cumplía, que derivó luego de haber completado esta suerte de infiltración en cómo hacemos para llegar entonces a lo que resta. El cómo hacemos para llegar a lo que resta fue la ley de radiodifusión.
Allí también hubo complicidad civil en el armado de una ley de radiodifusión que entonces sutilmente volvía a penetrar a todos y a cada uno de los ciudadanos de este país. El sistema era insidioso y aparentaba ser invisible. El sistema era estratégico. Este sistema tuvo sus mejores florecimientos en la década del 90, con la privatización de los canales en la forma en la que se hizo, las radios y los medios de comunicación en general.
Papel Prensa entonces es una situación más de esta estrategia perfectamente pensada por grupos civiles que estaban "usando" o "siendo usados" por los militares.
Tomo aquí tanto lo de Nadra como lo que mencionó el orador precedente acerca de que no había inocencia en estas cosas y que no entendemos su sorpresa en el día de hoy. No entiendo la "sorpresa" de los trabajadores de prensa, que hoy por hoy escriben larguísimas editoriales sorprendidos de que éste sea el momento de discutir estas cosas. No entendemos la sorpresa de antiguos luchadores de derechos humanos que hoy se horrorizan, supuestamente, del uso de esta situación para fines non sanctos de una política nacional.
Como trabajadores de prensa de distintos medios de comunicación -Clarín, La Nación, La Prensa, Telam, DyN, NA, Canal 13, TN, y siguen las firmas-, nosotros integramos un colectivo que se llama La gremial de prensa. Así rescatamos una consigna que durante muchos años fue muy importante pero que de los 90 para acá la verdad es que perdió un poco su nivel, que era: "La peor opinión es el silencio".
Entonces redactamos un comunicado que voy a leer brevemente. Dice: "Papel Prensa. La peor opinión es el silencio. El efecto que el grupo Clarín le imprime a la disputa con el gobierno nacional hace dudar a diversos actores sociales, políticos y económicos, muchos de los cuales, por miedo, no se atreven a fijar una posición." Por ejemplo, históricamente, quienes así debieron haber defendido los intereses fueron silenciosos frente a los despidos de Pablo Llonto, frente a la renovación de la comisión interna del diario Clarín en el año 2000 y el posterior conflicto, cuando fueron cesanteados todos y cada uno de esos integrantes.
Hoy por hoy los trabajadores de prensa fijamos una posición. "El papel para los diarios debe tener un precio igualitario y ninguna patronal puede imponerle a otro un precio más caro que el que fija para sí; poder dominante que impuso, de la mano de acuerdos espurios y mafiosos, logrados con la dictadura militar de Videla, Massera, Martínez de Hoz..." y agregamos todos los componentes civiles.
Los compañeros de los diarios recuperados Comercio y Justicia, El diario de Resistencia y El diario de Villa María, padecen a diario la situación de Papel Prensa.
El Estado nacional entonces, no sólo tiene la necesidad sino la obligación de garantizar un precio igualitario, un acceso equitativo del papel. Pero además del Estado, los trabajadores debemos tener participación en esta tarea. No solamente una comisión bicameral debe garantizar que se haga justicia, los trabajadores de la comunicación debemos estar atentos y vigilantes.
Este comunicado además explica, entre otras situaciones, cómo nosotros hemos perdido trabajo, justamente por lo que antes explicaban los empresarios. Si no hay cupo para papel, entonces no hay cupo para esas ideas, esas ideas eran expresadas por periodistas y los periodistas se quedaban sin trabajo.
Esta situación agravada en la década del 90 infinitamente hoy estamos tratando de ayudar, con nuestro testimonio, con nuestro laburo, con nuestra prédica constante.
Conduzco un programa en Radio Nacional con Jorge Halperín que se llama Bicentenario y que trata de historia, donde permanentemente rescatamos las historias para tener memoria. La memoria, la verdad y la justicia están tan en el núcleo de nuestra pelea por Papel Prensa como lo está por cada uno de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en nuestro país.
Como integrante de la gremial, como integrante de COPLA, Comunicación y Política para el Proyecto Nacional, como trabajadora de prensa y como madre de un hombre joven que ha tomado absolutamente en serio la idea de la participación y de hacerse cargo de que este país se cambia de una vez por todas, saludo este proyecto del gobierno nacional. Me emociona estar viviendo este momento bisagra de nuestra política que no soñaba volver a tener. La verdad es que de los 49 días del camporismo hasta acá pasaron tantas cosas que soy más que feliz de estar hablando en este lugar. (Aplausos.)
Ciertamente estoy aquí como una persona que está trabajando habitualmente en los temas de discriminación y comunicación. Pero más que nada quiero destacar el hecho de que me encuentro aquí presente como una trabajadora de prensa. Estoy acá como una periodista que entiende que desde nuestro lugar de trabajadores de las empresas, cualesquiera que ellas fueran, tenemos derecho a expresar nuestra opinión acerca de lo que ocurre arriba, ya que no somos meros engranajes de una comunicación dirigida, sino que por el contrario tenemos un pensamiento y una acción.
Nosotros junto con un equipo hemos hecho hace un tiempo una investigación, que me gustaría traer aquí para hacer un breve relato introductorio antes de leer un comunicado que hemos elaborado en conjunto; de manera tal que estoy representando a un colectivo, además de mi lugar en el INADI.
Hace unos años atrás decidimos hacer una investigación sobre educación, a raíz de haber encontrado un documento llamado "Subversión en el ámbito educativo". Ese documento detalla instrucciones para los docentes, para poder detectar conductas subversivas desde el jardín de infantes hasta el secundario. Estas instrucciones fueron repartidas a lo largo y a lo ancho del país a través de un documento que debía ser firmado por los docentes, y que detallaba cosas tan precisas como, por ejemplo, que si al consultar a un niño de tres años que tenía una cierta iniciativa, que podía elegir qué comer, que tenía una activa participación o, por ejemplo, al ser consultado sobre cuáles eran los cuentos que le contaban a la noche sus padres nombraba a alguno de los libros prohibidos -por ejemplo los de Laura Devetach o Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann-, esto podía provocar la desaparición de grupos familiares porque había un sistema de delaciones que llevaba a que estos fueran "chupados" para ver si además de leer cuentos tenían otro grado de participación en lo que supuestamente era la conducta delictiva de subversión.
A lo mejor esto aparece como una situación que no tiene nada que ver con Papel Prensa, pero tiene todo que ver, porque esta es la pata invisible de lo que fue la colaboración civil, porque fueron pedagogos en nombre de Piaget quienes armaron estas circunstancias, esta pata invisibilizada que atravesó toda la educación con este tipo de instrucciones, la complicidad de un sector y la audacia, el arrojo y el heroísmo de otro sector docente que obviamente no las cumplía, que derivó luego de haber completado esta suerte de infiltración en cómo hacemos para llegar entonces a lo que resta. El cómo hacemos para llegar a lo que resta fue la ley de radiodifusión.
Allí también hubo complicidad civil en el armado de una ley de radiodifusión que entonces sutilmente volvía a penetrar a todos y a cada uno de los ciudadanos de este país. El sistema era insidioso y aparentaba ser invisible. El sistema era estratégico. Este sistema tuvo sus mejores florecimientos en la década del 90, con la privatización de los canales en la forma en la que se hizo, las radios y los medios de comunicación en general.
Papel Prensa entonces es una situación más de esta estrategia perfectamente pensada por grupos civiles que estaban "usando" o "siendo usados" por los militares.
Tomo aquí tanto lo de Nadra como lo que mencionó el orador precedente acerca de que no había inocencia en estas cosas y que no entendemos su sorpresa en el día de hoy. No entiendo la "sorpresa" de los trabajadores de prensa, que hoy por hoy escriben larguísimas editoriales sorprendidos de que éste sea el momento de discutir estas cosas. No entendemos la sorpresa de antiguos luchadores de derechos humanos que hoy se horrorizan, supuestamente, del uso de esta situación para fines non sanctos de una política nacional.
Como trabajadores de prensa de distintos medios de comunicación -Clarín, La Nación, La Prensa, Telam, DyN, NA, Canal 13, TN, y siguen las firmas-, nosotros integramos un colectivo que se llama La gremial de prensa. Así rescatamos una consigna que durante muchos años fue muy importante pero que de los 90 para acá la verdad es que perdió un poco su nivel, que era: "La peor opinión es el silencio".
Entonces redactamos un comunicado que voy a leer brevemente. Dice: "Papel Prensa. La peor opinión es el silencio. El efecto que el grupo Clarín le imprime a la disputa con el gobierno nacional hace dudar a diversos actores sociales, políticos y económicos, muchos de los cuales, por miedo, no se atreven a fijar una posición." Por ejemplo, históricamente, quienes así debieron haber defendido los intereses fueron silenciosos frente a los despidos de Pablo Llonto, frente a la renovación de la comisión interna del diario Clarín en el año 2000 y el posterior conflicto, cuando fueron cesanteados todos y cada uno de esos integrantes.
Hoy por hoy los trabajadores de prensa fijamos una posición. "El papel para los diarios debe tener un precio igualitario y ninguna patronal puede imponerle a otro un precio más caro que el que fija para sí; poder dominante que impuso, de la mano de acuerdos espurios y mafiosos, logrados con la dictadura militar de Videla, Massera, Martínez de Hoz..." y agregamos todos los componentes civiles.
Los compañeros de los diarios recuperados Comercio y Justicia, El diario de Resistencia y El diario de Villa María, padecen a diario la situación de Papel Prensa.
El Estado nacional entonces, no sólo tiene la necesidad sino la obligación de garantizar un precio igualitario, un acceso equitativo del papel. Pero además del Estado, los trabajadores debemos tener participación en esta tarea. No solamente una comisión bicameral debe garantizar que se haga justicia, los trabajadores de la comunicación debemos estar atentos y vigilantes.
Este comunicado además explica, entre otras situaciones, cómo nosotros hemos perdido trabajo, justamente por lo que antes explicaban los empresarios. Si no hay cupo para papel, entonces no hay cupo para esas ideas, esas ideas eran expresadas por periodistas y los periodistas se quedaban sin trabajo.
Esta situación agravada en la década del 90 infinitamente hoy estamos tratando de ayudar, con nuestro testimonio, con nuestro laburo, con nuestra prédica constante.
Conduzco un programa en Radio Nacional con Jorge Halperín que se llama Bicentenario y que trata de historia, donde permanentemente rescatamos las historias para tener memoria. La memoria, la verdad y la justicia están tan en el núcleo de nuestra pelea por Papel Prensa como lo está por cada uno de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en nuestro país.
Como integrante de la gremial, como integrante de COPLA, Comunicación y Política para el Proyecto Nacional, como trabajadora de prensa y como madre de un hombre joven que ha tomado absolutamente en serio la idea de la participación y de hacerse cargo de que este país se cambia de una vez por todas, saludo este proyecto del gobierno nacional. Me emociona estar viviendo este momento bisagra de nuestra política que no soñaba volver a tener. La verdad es que de los 49 días del camporismo hasta acá pasaron tantas cosas que soy más que feliz de estar hablando en este lugar. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA DI TULLIO Habiendo escuchado a siete oradores, vamos a dar por finalizada esta etapa de la jornada. Nos volvemos a encontrar a las 15 y 30 con otros 14 expositores.
- Es la hora 12 y 13.