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COMUNICACIONES E INFORMATICA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 139
Secretario Administrativo CPN RANGUGNI SABRINA
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2144 Internos 2144/42
cceinformatica@hcdn.gob.ar
- COMUNICACIONES E INFORMATICA
Reunión del día 19/06/2020
- INFORMATIVA
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de junio de 2020, a la hora 11 y 15, comienza la reunión informativa de la Comisión de Comunicaciones e Informática, llevada a cabo bajo el formato de videoconferencia.
SR. PRESIDENTE CARRO Buenos días.
Damos comienzo a la Conferencia Internacional "La conectividad en la post-pandemia. Hacia una regulación inteligente".
Antes de comenzar, quiero hacer los agradecimientos de rigor a todo el personal de la Cámara y, principalmente, a Manuel Cotado. Quiero decirles a nuestros invitados que estamos comunicados hoy gracias al programa y a la tecnología con la que hacemos nuestras reuniones virtuales habitualmente.
También quiero agradecerle -ya le voy a dar la palabra- a Ariel Sotelo, director general de Diplomacia Parlamentaria, Cooperación Internacional y Culto.
Hemos hecho un fuerte trabajo en lo que se denomina "diplomacia parlamentaria". El año pasado tuve la oportunidad de estar en México por este motivo. Sé que es mucho el trabajo que se ha hecho con Chile -quizá Ariel se refiera luego a este tema-.
Le agradezco a Ariel el haber hecho todas las gestiones necesarias para que los distintos parlamentos de nuestra región trabajen de manera coordinada, lo que me parece fundamental.
También le agradezco el trabajo realizado a Diego Rossi, asesor en estos temas en la Cámara. Cuando estábamos analizando los proyectos presentados sobre la materia, consideramos relevante conocer qué estaba ocurriendo en otros países y, a partir de esa idea, nos pusimos en contacto para desarrollar esta actividad.
Le doy ahora la palabra a Ariel Sotelo.
Damos comienzo a la Conferencia Internacional "La conectividad en la post-pandemia. Hacia una regulación inteligente".
Antes de comenzar, quiero hacer los agradecimientos de rigor a todo el personal de la Cámara y, principalmente, a Manuel Cotado. Quiero decirles a nuestros invitados que estamos comunicados hoy gracias al programa y a la tecnología con la que hacemos nuestras reuniones virtuales habitualmente.
También quiero agradecerle -ya le voy a dar la palabra- a Ariel Sotelo, director general de Diplomacia Parlamentaria, Cooperación Internacional y Culto.
Hemos hecho un fuerte trabajo en lo que se denomina "diplomacia parlamentaria". El año pasado tuve la oportunidad de estar en México por este motivo. Sé que es mucho el trabajo que se ha hecho con Chile -quizá Ariel se refiera luego a este tema-.
Le agradezco a Ariel el haber hecho todas las gestiones necesarias para que los distintos parlamentos de nuestra región trabajen de manera coordinada, lo que me parece fundamental.
También le agradezco el trabajo realizado a Diego Rossi, asesor en estos temas en la Cámara. Cuando estábamos analizando los proyectos presentados sobre la materia, consideramos relevante conocer qué estaba ocurriendo en otros países y, a partir de esa idea, nos pusimos en contacto para desarrollar esta actividad.
Le doy ahora la palabra a Ariel Sotelo.
SR. SOTELO Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas.
Ante todo, quisiera agradecer especialmente a las autoridades de la comisión y a los integrantes que me permitieron participar de este evento, en especial, al presidente de la comisión, el diputado Pablo Carro, que es un poco quien impulsó esta actividad, más allá de los honores previos que me hizo.
Voy a tratar de ser lo más breve posible para no quitarle tiempo a los legisladores y a las legisladoras y a los especialistas y a las especialistas, que son los verdaderos protagonistas de este espacio de diálogo.
Obviamente, desde la Dirección General de Diplomacia Parlamentaria, Cooperación Internacional y Culto celebramos este tipo de eventos porque creemos que son otra forma de seguir trabajando juntos a nivel regional para encontrar soluciones para estos problemas que surgieron este año, bastante atípico para todos.
En este sentido, creo que una de las cosas que la pandemia volvió a poner sobre la mesa es esta idea de que estamos cada vez más interconectados y somos más interdependientes, por lo cual creo que problemas de este tipo, que son de carácter global, requieren soluciones globales, más aún en la región, donde nos une -más allá de cuestiones geográficas- un sentido de pertenencia, de cultura, de historia.
En este marco, si bien la conectividad constituye un motor fundamental para el desarrollo -todos somos conscientes del diagnóstico-, la infraestructura varía no solo en el interior de nuestros respectivos países, sino también entre nuestros países. De aquí que espacios de diálogo y debate como este o, como la CEPAL -para citar un caso en la agenda digital para América Latina y el Caribe-, son instrumentos importantes para empezar a coordinar o mejorar la coordinación de los esfuerzos para luchar contra la exclusión digital.
Con esto me refiero a la idea de fomentar mayor infraestructura digital, mayor participación de la tecnología en las pymes y -lo que es importante y concierne a todos los parlamentos- generar parlamentos abiertos, modernos, con participación ciudadana. Obviamente, todo esto requiere nuevas regulaciones y nuevos marcos, que es en lo que trabajamos en el Parlamento.
En este sentido, la pandemia no solo expuso las deficiencias sanitarias o económicas que teníamos en la región, sino también las tecnológicas y de conectividad. Solo por citar algunos ejemplos rápidamente, entre el sector público y privado tuvimos que salir a trabajar y a solucionar urgencias en cuestiones como el trabajo y la educación desde los hogares. Si bien antes estaba presente, con la pandemia empezó a estar aún más presente.
También está el caso de los parlamentos, donde tuvimos que adaptarnos de la noche a la mañana a una nueva forma de trabajo, a la digital, tanto en las comisiones como en las sesiones. Y en esto me refiero a la Argentina, mi país, pero sé -por el diálogo que tuve con colegas de otros países- que todos tuvieron situaciones similares y pusieron a la tecnología al servicio de los parlamentos para poder seguir legislando.
Para ir finalizando y retomar lo que venía comentando, quiero decir que también es importante que coordinemos y trabajemos en tres líneas de acción en este sentido y que nos nutramos de las experiencias y el aprendizaje que cada uno ha tenido y está teniendo sobre la marcha.
En primer lugar, creo que es importante cambiar la lógica, la forma de pensar la educación. Debemos desarrollar las habilidades digitales que son importantes para esta nueva normalidad que estamos viviendo. Como siempre digo, hablamos de futuro, pero el futuro ya llegó; la pandemia nos impuso el futuro y los temas digitales están cada vez más más presentes.
En segundo lugar, obviamente, en cuanto al mundo del trabajo, se está produciendo un cambio radical. Todas las empresas ya hacían uso del home office o del teletrabajo; sin embargo, hablando con distintos empresarios, ahora surge la idea de que si antes el home office se hacía un día a la semana, probablemente, cuando finalice la pandemia, se hará cuatro días a la semana y solamente uno será en forma presencial.
Esto nos obliga a tener en cuenta estas cuestiones y, de hecho, en esta Cámara de Diputados se está trabajando en la nueva legislación. Sin embargo, como siempre digo, todo eso también necesita los fierros, y los fierros nos los brindan las cuestiones vinculadas a la comunicación, a la informática, a la tecnología y las regulaciones vinculadas con esas temáticas.
En tercer lugar, en la agenda de tratamiento de todos estos temas relacionados con la disminución de las brechas digitales -al igual que en todo lo que hagamos- debe incluirse la perspectiva de género.
Como siempre, cuando me toca exponer o hablar en algún lugar me gusta ser optimista. Si bien el COVID-19 nos obligó a cerrar las fronteras para cuidar nuestra salud, también le dio un impulso adicional a la tecnología. Por ejemplo, para hacer una reunión como esta -una conferencia en la cual tenemos la suerte de contar con gente de México, de Chile, de Uruguay, de Colombia, de la Argentina- en la antigua normalidad -por así decirlo-, hubiera sido necesario viajar, coordinar agendas y recursos; ahora, es posible hacerlo más rápidamente y en forma más accesible. No quiero decir que una cosa reemplace a la otra, pero sí creo que es importante mantener este tipo de hábitos que creo que todos ya tenemos incorporados -todos utilizamos Zoom, Cisco, Webex por varios motivos.
Creo que es importante incorporar estos recursos para que formen cada vez más parte de la agenda cotidiana y que esta cooperación internacional no sea algo más esporádico, sino algo que se vaya dando día a día. Nuevamente, agradezco a todos por permitirme participar.
Ante todo, quisiera agradecer especialmente a las autoridades de la comisión y a los integrantes que me permitieron participar de este evento, en especial, al presidente de la comisión, el diputado Pablo Carro, que es un poco quien impulsó esta actividad, más allá de los honores previos que me hizo.
Voy a tratar de ser lo más breve posible para no quitarle tiempo a los legisladores y a las legisladoras y a los especialistas y a las especialistas, que son los verdaderos protagonistas de este espacio de diálogo.
Obviamente, desde la Dirección General de Diplomacia Parlamentaria, Cooperación Internacional y Culto celebramos este tipo de eventos porque creemos que son otra forma de seguir trabajando juntos a nivel regional para encontrar soluciones para estos problemas que surgieron este año, bastante atípico para todos.
En este sentido, creo que una de las cosas que la pandemia volvió a poner sobre la mesa es esta idea de que estamos cada vez más interconectados y somos más interdependientes, por lo cual creo que problemas de este tipo, que son de carácter global, requieren soluciones globales, más aún en la región, donde nos une -más allá de cuestiones geográficas- un sentido de pertenencia, de cultura, de historia.
En este marco, si bien la conectividad constituye un motor fundamental para el desarrollo -todos somos conscientes del diagnóstico-, la infraestructura varía no solo en el interior de nuestros respectivos países, sino también entre nuestros países. De aquí que espacios de diálogo y debate como este o, como la CEPAL -para citar un caso en la agenda digital para América Latina y el Caribe-, son instrumentos importantes para empezar a coordinar o mejorar la coordinación de los esfuerzos para luchar contra la exclusión digital.
Con esto me refiero a la idea de fomentar mayor infraestructura digital, mayor participación de la tecnología en las pymes y -lo que es importante y concierne a todos los parlamentos- generar parlamentos abiertos, modernos, con participación ciudadana. Obviamente, todo esto requiere nuevas regulaciones y nuevos marcos, que es en lo que trabajamos en el Parlamento.
En este sentido, la pandemia no solo expuso las deficiencias sanitarias o económicas que teníamos en la región, sino también las tecnológicas y de conectividad. Solo por citar algunos ejemplos rápidamente, entre el sector público y privado tuvimos que salir a trabajar y a solucionar urgencias en cuestiones como el trabajo y la educación desde los hogares. Si bien antes estaba presente, con la pandemia empezó a estar aún más presente.
También está el caso de los parlamentos, donde tuvimos que adaptarnos de la noche a la mañana a una nueva forma de trabajo, a la digital, tanto en las comisiones como en las sesiones. Y en esto me refiero a la Argentina, mi país, pero sé -por el diálogo que tuve con colegas de otros países- que todos tuvieron situaciones similares y pusieron a la tecnología al servicio de los parlamentos para poder seguir legislando.
Para ir finalizando y retomar lo que venía comentando, quiero decir que también es importante que coordinemos y trabajemos en tres líneas de acción en este sentido y que nos nutramos de las experiencias y el aprendizaje que cada uno ha tenido y está teniendo sobre la marcha.
En primer lugar, creo que es importante cambiar la lógica, la forma de pensar la educación. Debemos desarrollar las habilidades digitales que son importantes para esta nueva normalidad que estamos viviendo. Como siempre digo, hablamos de futuro, pero el futuro ya llegó; la pandemia nos impuso el futuro y los temas digitales están cada vez más más presentes.
En segundo lugar, obviamente, en cuanto al mundo del trabajo, se está produciendo un cambio radical. Todas las empresas ya hacían uso del home office o del teletrabajo; sin embargo, hablando con distintos empresarios, ahora surge la idea de que si antes el home office se hacía un día a la semana, probablemente, cuando finalice la pandemia, se hará cuatro días a la semana y solamente uno será en forma presencial.
Esto nos obliga a tener en cuenta estas cuestiones y, de hecho, en esta Cámara de Diputados se está trabajando en la nueva legislación. Sin embargo, como siempre digo, todo eso también necesita los fierros, y los fierros nos los brindan las cuestiones vinculadas a la comunicación, a la informática, a la tecnología y las regulaciones vinculadas con esas temáticas.
En tercer lugar, en la agenda de tratamiento de todos estos temas relacionados con la disminución de las brechas digitales -al igual que en todo lo que hagamos- debe incluirse la perspectiva de género.
Como siempre, cuando me toca exponer o hablar en algún lugar me gusta ser optimista. Si bien el COVID-19 nos obligó a cerrar las fronteras para cuidar nuestra salud, también le dio un impulso adicional a la tecnología. Por ejemplo, para hacer una reunión como esta -una conferencia en la cual tenemos la suerte de contar con gente de México, de Chile, de Uruguay, de Colombia, de la Argentina- en la antigua normalidad -por así decirlo-, hubiera sido necesario viajar, coordinar agendas y recursos; ahora, es posible hacerlo más rápidamente y en forma más accesible. No quiero decir que una cosa reemplace a la otra, pero sí creo que es importante mantener este tipo de hábitos que creo que todos ya tenemos incorporados -todos utilizamos Zoom, Cisco, Webex por varios motivos.
Creo que es importante incorporar estos recursos para que formen cada vez más parte de la agenda cotidiana y que esta cooperación internacional no sea algo más esporádico, sino algo que se vaya dando día a día. Nuevamente, agradezco a todos por permitirme participar.
SR. PRESIDENTE CARRO Muchas gracias, Ariel.
Antes de presentar el primer panel, quiero contarles que en la sala virtual están hoy presentes -nombro a los que estoy viendo- los diputados Claudia Márquez, Alicia Aparicio, Victoria Rosso, Ingrid Jetter, Luis Petri, Hernán Pérez Araujo y Claudia Bernazza. Son todos diputados y diputadas tanto del oficialismo como de la oposición interesados en estos temas.
Les cuento muy brevemente que en estos días hemos estado discutiendo temáticas muy vinculadas a las cuestiones en tratamiento en este panel.
Hace unas semanas aprobamos una modificación en la ley de Educación para habilitar que los menores de 18 años puedan recibir educación a distancia; el tema de la conectividad estuvo presente de manera constante.
Estamos teniendo reuniones en la Comisión de Legislación del Trabajo, en la que estamos discutiendo el teletrabajo, por cuanto, tanto por el lado de la educación como por el lado del trabajo se cuela este tema tan importante. En la propia comisión hay muchísimos proyectos vinculados con estos temas.
No vamos a discutir hoy este tema, pero, cuando ordenamos con Diego Rossi -mi asesor en estos temas- los proyectos entrados a la comisión, nos preguntamos qué estaba pasando en el resto de los países de la región, si se estaban discutiendo estas temáticas y cuál era la posición que tenían al respecto. Esto, para poder avanzar de manera coordinada en temas que ya se vuelven -podríamos decir- transnacionales. Muchas de las empresas que brindan estos servicios son grandes corporaciones, por lo cual es un tema que toca a toda la región.
El segundo panel lo va a coordinar la vicepresidenta de la comisión, la diputada Karina Banfi. En estos momentos está en otra reunión, pero luego se va a sumar y me pidió que pasara el aviso.
Para la reunión de hoy habíamos pensado en un panel con cuatro invitados. La invitada mujer que teníamos, la diputada por Colombia, María José Pizarro Rodríguez, lamentablemente no pudo asistir porque a último momento se le superpuso el cierre de sesiones de su país con esta actividad.
El primer invitado en hacer uso de la palabra es el senador por Chile, Juan Pablo Letelier. Por la ausencia de la diputada por Colombia tenemos un poco más de tiempo, 15 minutos por cada expositor.
Juan Pablo Letelier pertenece al Partido Socialista y es presidente de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones en el Senado chileno; es portador de un apellido con recuerdos un poco agrios, ya que su padre ha sido canciller de Chile y fue asesinado por la dictadura en los Estados Unidos. Por ese tema, y por sus propios intereses, está muy vinculado a los derechos humanos y lleva varios años trabajando en el Congreso de su país. Para nosotros es muy importante su palabra.
Tiene la palabra el señor Juan Pablo Letelier.
Antes de presentar el primer panel, quiero contarles que en la sala virtual están hoy presentes -nombro a los que estoy viendo- los diputados Claudia Márquez, Alicia Aparicio, Victoria Rosso, Ingrid Jetter, Luis Petri, Hernán Pérez Araujo y Claudia Bernazza. Son todos diputados y diputadas tanto del oficialismo como de la oposición interesados en estos temas.
Les cuento muy brevemente que en estos días hemos estado discutiendo temáticas muy vinculadas a las cuestiones en tratamiento en este panel.
Hace unas semanas aprobamos una modificación en la ley de Educación para habilitar que los menores de 18 años puedan recibir educación a distancia; el tema de la conectividad estuvo presente de manera constante.
Estamos teniendo reuniones en la Comisión de Legislación del Trabajo, en la que estamos discutiendo el teletrabajo, por cuanto, tanto por el lado de la educación como por el lado del trabajo se cuela este tema tan importante. En la propia comisión hay muchísimos proyectos vinculados con estos temas.
No vamos a discutir hoy este tema, pero, cuando ordenamos con Diego Rossi -mi asesor en estos temas- los proyectos entrados a la comisión, nos preguntamos qué estaba pasando en el resto de los países de la región, si se estaban discutiendo estas temáticas y cuál era la posición que tenían al respecto. Esto, para poder avanzar de manera coordinada en temas que ya se vuelven -podríamos decir- transnacionales. Muchas de las empresas que brindan estos servicios son grandes corporaciones, por lo cual es un tema que toca a toda la región.
El segundo panel lo va a coordinar la vicepresidenta de la comisión, la diputada Karina Banfi. En estos momentos está en otra reunión, pero luego se va a sumar y me pidió que pasara el aviso.
Para la reunión de hoy habíamos pensado en un panel con cuatro invitados. La invitada mujer que teníamos, la diputada por Colombia, María José Pizarro Rodríguez, lamentablemente no pudo asistir porque a último momento se le superpuso el cierre de sesiones de su país con esta actividad.
El primer invitado en hacer uso de la palabra es el senador por Chile, Juan Pablo Letelier. Por la ausencia de la diputada por Colombia tenemos un poco más de tiempo, 15 minutos por cada expositor.
Juan Pablo Letelier pertenece al Partido Socialista y es presidente de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones en el Senado chileno; es portador de un apellido con recuerdos un poco agrios, ya que su padre ha sido canciller de Chile y fue asesinado por la dictadura en los Estados Unidos. Por ese tema, y por sus propios intereses, está muy vinculado a los derechos humanos y lleva varios años trabajando en el Congreso de su país. Para nosotros es muy importante su palabra.
Tiene la palabra el señor Juan Pablo Letelier.
SR. LETELIER Señor presidente: quiero comenzar agradeciendo la invitación a formar parte de esta conversación colectiva. Para mí es un honor que podamos intercambiar nuestras experiencias, en particular, en este tiempo donde es evidente que el tema de las telecomunicaciones adquiere una relevancia absolutamente distinta.
Me gustaría pedirles disculpas porque tuve que conectarme a través del celular debido a problemas con la computadora; uno de los problemas de la conectividad en esta época es que los soportes no siempre son tan adecuados.
Tengo una presentación que había preparado y que envié al asesor de la comisión para ver si es posible poner en pantalla. La idea es abordar el tema de la conectividad en la pospandemia hacia una regulación inteligente y hacer una presentación a partir de lo que es la experiencia en Chile.
Los seis temas que quiero tratar están en la segunda página de la presentación. Primero, un contexto general del debate; segundo, los antecedentes del debate en Chile; tercero, el contexto del debate; cuarto, internet como servicio público y por qué hoy lo estamos tratando como primera prioridad; quinto, la ciberseguridad, ya que es un tema anexo que nos acompaña; sexto y último punto, una mirada hacia el futuro.
Respecto al contexto general del debate, tanto en Chile como en nuestros países, la forma en cómo se usa el espectro es un tema determinante. El espectro es un bien nacional de uso público, pero -en el caso de Chile- durante la mayor parte de la vida republicana, en general, era usado por las radios y la televisión. Sólo en los últimos 20 o 30 años ha habido una explosión muy fuerte en el uso del espacio electromagnético para la comunicación de esta época.
En Chile tenemos una institucionalidad pública débil y una subsecretaría de telecomunicaciones que no tiene servicios públicos asociados, siendo quien licita, regula, fiscaliza y sanciona. Tenemos todas las actividades regulatorias en una mano y recién se comienza a discutir, en términos de institucionalidad pública, generar una superintendencia para ir garantizando la calidad de la prestación de servicios y la capacidad fiscalizadora.
Respecto a las empresas de telecomunicaciones, sin dudas, el motor de desarrollo del sector en los últimos 30 años ha sido el mercado de empresas privadas. Muchos de estos prestadores de servicios tienen vínculos transnacionales, ya sea Telefónica, Movistar, Claro o VTR. Si bien son diferentes empresas, todas tienen articulaciones más allá de Chile, aunque hay algunas operadoras móviles locales, pero son más pequeñas.
Lo que se ha generado en el último tiempo respecto al sector industrial es que, junto con las empresas que venden o prestan los servicios, han surgido cuatro grandes operadores de infraestructura, que son los que no se ven, y muchos de ellos también cuentan con presencia de empresas transnacionales, como American Tower, y son los que están construyendo parte de la infraestructura, sea de fibra óptica o de torres.
Finalmente, en el contexto general hay que asumir que en Chile, en los últimos 40 o 50 años, producto de la Constitución que se impuso en los años 80, tenemos una lógica institucional de un Estado subsidiario, que no juega un rol rector. Este es un debate que está abierto a partir de una cierta crisis social de proporciones que ocurrió en octubre del año pasado.
Durante los próximos dos años iniciaremos un debate respecto al marco constitucional y al rol del Estado en el desarrollo de ciertas actividades en la provisión de bienes públicos. Pero subrayo que, por el momento, el marco en el que estamos es de un Estado subsidiario; es el marco constitucional en el que nos hemos desarrollado en esta industria y es el marco de las políticas públicas hasta la fecha.
Respecto a algunos antecedentes legislativos prepandemia, en Chile -como mencionaba antes-, la institucionalidad que tenemos de la SUBTEL es precaria y con una regulación delegada; el Congreso delegó casi todas las funciones de regulación en la Subsecretaría.
Por ende, el debate legislativo en los últimos años ha sido poco orgánico, más bien, fue producto del Parlamento que ha colocado temas, ha legislado y forzado la legislación, más que una visión de políticas públicas o de una política nacional para con esta área.
Lo que se logró tempranamente -Chile fue uno de los primeros países en hacerlo- fue debatir sobre la ley de neutralidad de la red. Cómo sabemos, los prestadores de servicios muchas veces están vinculados con los generadores de contenido y ahí necesitamos garantizar que las empresas no nos puedan imponer lo que vemos, consumimos o decimos.
El segundo tema es la legislación de velocidades y calidades mínimas. Fue una ley muy polémica; todavía estamos en una etapa de conformación de marcos y reglamentos, pero aún no salen publicados para implementar la ley de velocidades mínimas. Sobre este tema voy a volver después: calidades y velocidades mínimas. A mí juicio es uno de los problemas fundamentales que vivimos, en general, en Chile y, posiblemente, en otros países.
El tercer punto que logramos desde el debate, aunque bastante inorgánico, es la ley de colocación o colocalización. Se refiere a cómo obligar a las empresas para que tengan que compartir su infraestructura en el desarrollo de sus concesiones. En particular, la obligación de compartir las torres cuando se autoricen. Esto tenía que ver con el impacto en la ciudad y en diferentes comunidades, por los temores que había con los presuntos problemas de salud que podrían ocurrir respecto del espectro electromagnético que emanaba de las antenas.
Este será un gran tema en el futuro cuando tengamos que dar el debate de la tecnología 5G. Para el desarrollo de esta tecnología vamos a necesitar el triple o el quíntuple de las antenas que tenemos hoy, con lo cual, tendremos un debate entre ciudad y comunicaciones. Hasta la fecha hemos debatido estos tres temas de forma inorgánica.
¿Qué ocurrió con la realidad de la pandemia? La realidad de la pandemia ha demostrado ciertas cosas muy importantes.
En primer lugar, demostró la capacidad de la industria de adecuarse. En efecto, se ha demostrado una resiliencia increíble con el tránsito de millones de personas hacia el teletrabajo producto de la pandemia y con la migración hacia el telestudio con planes especiales ofertados incluso por la industria, generándose ciertas plataformas de acceso para estudiantes. También se produjeron ciertas modificaciones en los oferentes de contenidos de Netflix y otros para reducir la densidad de sus imágenes y así liberar espacio en las redes. Es decir, en este ámbito la industria reaccionó con una velocidad sorprendente ante los cambios que hubo.
El desplazamiento del uso de internet desde las empresas a los hogares es un fenómeno masivo, pero también dejó en evidencia, más que nunca, la tremenda desigualdad que hay en la cobertura y la calidad. Es más, si bien en Chile técnicamente se dice que hay una cobertura de más del 90 o 95 por ciento, esa cifra esconde muchas desigualdades. Es muy distinta la cobertura domiciliaria con banda ancha que con celulares o con celulares inteligentes de diferentes generaciones. Es evidente que es mayor la presencia móvil, pero también es evidente que hacer telestudio con celulares es muy difícil para millones de estudiantes en el país.
Es decir, si bien ante estos fenómenos nuevos del teletrabajo y del telestudio la industria ha reaccionado muy bien, uno de los problemas que ha quedado en evidencia es la cobertura, sobre todo la calidad y la velocidad de los servicios que prestan. Esto se debe esencialmente a que la industria tiende a prestar sus servicios en ciertos territorios en donde, producto de las tarifas, pueden descremar y cobrar más, dejando de lado la calidad de los servicios en lugares más populares y de menos ingresos, en donde se adquieren menos paquetes o programas.
Creo que ha quedado en evidencia que esto, además, sucede por la ubicación geográfica, pero no solo en zonas extremas, sino también en las zonas rojas o más estresadas de las ciudades. Este es un problema grave que tenemos para identificar con información pública adecuada cuáles son geográficamente estos sectores.
Por último, más allá de que la nueva generación y algunas otras generaciones tienen una mayor cultura digital, ha quedado en evidencia que hay mucho analfabetismo digital para realizar trámites, conectarse o comprender cómo realizar diferentes acciones.
En este contexto se abrió el debate de internet como servicio público. En unas reflexiones generales se debatió primero si internet es un derecho humano o un catalizador de derechos. Hay quienes quisieron incluir el concepto de internet como un derecho humano en la Constitución y otros que han tenido otro tipo de reflexión. Se abrió el debate acerca de si es un derecho humano o no.
Personalmente, tengo la convicción de que no lo es. Los derechos humanos son previos al Estado, son intrínsecos a las personas e independientes del Estado nacional. En cambio, internet es un derecho que cataliza otros derechos y por eso es tan fundamental. Es un catalizador de los derechos de salud, con la telemedicina y el acceso a una salud oportuna; del ejercicio del derecho a la educación; de la libertad de expresión y de la libertad de ser informado.
Es decir, en el siglo en que vivimos, sin dudas, internet es un servicio esencial sobre el que hay que legislar de forma más integral, independientemente de cómo se desarrolle el debate constitucional.
En los diferentes países de América Latina ha habido distintas opciones. En Chile tenemos un proyecto presente sobre el punto, aunque no se ha zanjado el debate. Esto no hace más que reflejar la importancia que se le da a este instrumento catalizador de otros derechos. En Chile tenemos el debate constitucional y, a la vez, el debate en el marco de la ley de telecomunicaciones.
Actualmente, en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado estamos debatiendo en el marco de la ley de telecomunicaciones acerca de una modificación para declarar internet como un servicio público. Este es un debate transversal; no es de consenso ni de derecha, de izquierda o del centro. Es un debate de época. En la comisión hemos logrado aprobar en general y en forma unánime la idea de declarar internet como un servicio público de telecomunicaciones. Adicionalmente, y en tanto se declara como tal, se entiende que se comienzan a establecer obligaciones.
En el proyecto en general se establecía la obligación de plazos para proveer el servicio. Estamos recién debatiendo en particular, pero lo fundamental es el desafío de la universalidad del acceso a internet. Esto tiene que ver con el debate acerca de la cobertura. ¿Cobertura de banda ancha, móvil o wifi? ¿Qué tipo de conectividad es fundamental para que efectivamente llegue a las casas en igualdad de condiciones?
Lo expuesto tiene que ver con la inversión, con la industria y con la regulación pública-privada, tanto para la cobertura como para la calidad. Pero en este debate del acceso universal también surge el problema de la accesibilidad social y de los costos de conexión.
Con la pandemia ha quedado en evidencia que cuando las familias pierden sus ingresos lo primero que dejan de lado es su conectividad porque es un costo que no pueden soportar. El porcentaje de personas que tienen programas en sus domicilios es menor al 50 por ciento. En el mundo popular muchos tienen celulares prepagos sin conectividad a internet, aunque algunos sí tienen.
Encontramos un desafío en esto. ¿Qué estamos haciendo en Chile? Avanzando en este primer paso de declarar internet como servicio público. Permítanme precisar un concepto de servicio público de este siglo. No estamos pensando en el servicio público como una empresa del Estado, sino que puede ser desarrollado por privados perfectamente. Entendemos esto como una posibilidad, pero también una necesidad.
Toda vez que me extendí en mi tiempo, le pido me permitan realizar un par de reflexiones finales.
Junto con la situación de nuestro debate actual, estamos paralelamente debatiendo acerca de la ciberseguridad. Estamos comenzando un debate de una iniciativa legal que está en proceso de consulta ciudadana.
La ciberseguridad está muy asociada con el hecho de entender internet como un servicio público esencial. Este proceso está poniendo en debate temas que son de fundamental importancia, tales como la protección de datos personales -estamos discutiendo una ley de nueva generación-, la presencia en Chile del conflicto comercial entre Estados Unidos y China, por el que nos tratan de imponer dos conceptos respecto a la tecnología, y la manera de asegurar la neutralidad tecnológica por parte de los operadores. Esto último se vincula con la pelea de Estados Unidos con Huawei y con los chinos, habiendo los operadores planteado sus inquietudes al respecto.
Asimismo, está el debate de los estándares internacionales versus los estándares independientes respecto a la tecnología que se va a usar en el futuro.
Hago un paréntesis para decir que este debate es parecido al que tuvimos hace un par de años atrás respecto a la televisión digital. En ese momento, muchos países de América Latina se vieron presionados en relación con la tecnología que utilizaban. Sin dudas, el debate para nosotros es el de la neutralidad.
Termino mi exposición diciéndoles que, mirando hacia el futuro, entendemos que el servicio público de internet es un primer paso, en simultáneo con el debate de ciberseguridad, que se ha puesto sobre la mesa con mucha fuerza producto de la pandemia. Pero queremos invitarlos a que, transversalmente, realicemos un debate, que no solamente debe darse a nivel nacional sino también entre nuestros países, sobre cómo tener una ley marco general digital para asegurar la accesibilidad, es decir una ley marco que contemple la política nacional digital, la creación de consejo de asesores para evaluar la política nacional digital, un plan nacional digital concreto para cada país y una política de uso de espectro como bien nacional de uso público que complemente la competencia -donde la industria tiene un rol muy importante-, pero también usando el espectro como instrumento...
Me gustaría pedirles disculpas porque tuve que conectarme a través del celular debido a problemas con la computadora; uno de los problemas de la conectividad en esta época es que los soportes no siempre son tan adecuados.
Tengo una presentación que había preparado y que envié al asesor de la comisión para ver si es posible poner en pantalla. La idea es abordar el tema de la conectividad en la pospandemia hacia una regulación inteligente y hacer una presentación a partir de lo que es la experiencia en Chile.
Los seis temas que quiero tratar están en la segunda página de la presentación. Primero, un contexto general del debate; segundo, los antecedentes del debate en Chile; tercero, el contexto del debate; cuarto, internet como servicio público y por qué hoy lo estamos tratando como primera prioridad; quinto, la ciberseguridad, ya que es un tema anexo que nos acompaña; sexto y último punto, una mirada hacia el futuro.
Respecto al contexto general del debate, tanto en Chile como en nuestros países, la forma en cómo se usa el espectro es un tema determinante. El espectro es un bien nacional de uso público, pero -en el caso de Chile- durante la mayor parte de la vida republicana, en general, era usado por las radios y la televisión. Sólo en los últimos 20 o 30 años ha habido una explosión muy fuerte en el uso del espacio electromagnético para la comunicación de esta época.
En Chile tenemos una institucionalidad pública débil y una subsecretaría de telecomunicaciones que no tiene servicios públicos asociados, siendo quien licita, regula, fiscaliza y sanciona. Tenemos todas las actividades regulatorias en una mano y recién se comienza a discutir, en términos de institucionalidad pública, generar una superintendencia para ir garantizando la calidad de la prestación de servicios y la capacidad fiscalizadora.
Respecto a las empresas de telecomunicaciones, sin dudas, el motor de desarrollo del sector en los últimos 30 años ha sido el mercado de empresas privadas. Muchos de estos prestadores de servicios tienen vínculos transnacionales, ya sea Telefónica, Movistar, Claro o VTR. Si bien son diferentes empresas, todas tienen articulaciones más allá de Chile, aunque hay algunas operadoras móviles locales, pero son más pequeñas.
Lo que se ha generado en el último tiempo respecto al sector industrial es que, junto con las empresas que venden o prestan los servicios, han surgido cuatro grandes operadores de infraestructura, que son los que no se ven, y muchos de ellos también cuentan con presencia de empresas transnacionales, como American Tower, y son los que están construyendo parte de la infraestructura, sea de fibra óptica o de torres.
Finalmente, en el contexto general hay que asumir que en Chile, en los últimos 40 o 50 años, producto de la Constitución que se impuso en los años 80, tenemos una lógica institucional de un Estado subsidiario, que no juega un rol rector. Este es un debate que está abierto a partir de una cierta crisis social de proporciones que ocurrió en octubre del año pasado.
Durante los próximos dos años iniciaremos un debate respecto al marco constitucional y al rol del Estado en el desarrollo de ciertas actividades en la provisión de bienes públicos. Pero subrayo que, por el momento, el marco en el que estamos es de un Estado subsidiario; es el marco constitucional en el que nos hemos desarrollado en esta industria y es el marco de las políticas públicas hasta la fecha.
Respecto a algunos antecedentes legislativos prepandemia, en Chile -como mencionaba antes-, la institucionalidad que tenemos de la SUBTEL es precaria y con una regulación delegada; el Congreso delegó casi todas las funciones de regulación en la Subsecretaría.
Por ende, el debate legislativo en los últimos años ha sido poco orgánico, más bien, fue producto del Parlamento que ha colocado temas, ha legislado y forzado la legislación, más que una visión de políticas públicas o de una política nacional para con esta área.
Lo que se logró tempranamente -Chile fue uno de los primeros países en hacerlo- fue debatir sobre la ley de neutralidad de la red. Cómo sabemos, los prestadores de servicios muchas veces están vinculados con los generadores de contenido y ahí necesitamos garantizar que las empresas no nos puedan imponer lo que vemos, consumimos o decimos.
El segundo tema es la legislación de velocidades y calidades mínimas. Fue una ley muy polémica; todavía estamos en una etapa de conformación de marcos y reglamentos, pero aún no salen publicados para implementar la ley de velocidades mínimas. Sobre este tema voy a volver después: calidades y velocidades mínimas. A mí juicio es uno de los problemas fundamentales que vivimos, en general, en Chile y, posiblemente, en otros países.
El tercer punto que logramos desde el debate, aunque bastante inorgánico, es la ley de colocación o colocalización. Se refiere a cómo obligar a las empresas para que tengan que compartir su infraestructura en el desarrollo de sus concesiones. En particular, la obligación de compartir las torres cuando se autoricen. Esto tenía que ver con el impacto en la ciudad y en diferentes comunidades, por los temores que había con los presuntos problemas de salud que podrían ocurrir respecto del espectro electromagnético que emanaba de las antenas.
Este será un gran tema en el futuro cuando tengamos que dar el debate de la tecnología 5G. Para el desarrollo de esta tecnología vamos a necesitar el triple o el quíntuple de las antenas que tenemos hoy, con lo cual, tendremos un debate entre ciudad y comunicaciones. Hasta la fecha hemos debatido estos tres temas de forma inorgánica.
¿Qué ocurrió con la realidad de la pandemia? La realidad de la pandemia ha demostrado ciertas cosas muy importantes.
En primer lugar, demostró la capacidad de la industria de adecuarse. En efecto, se ha demostrado una resiliencia increíble con el tránsito de millones de personas hacia el teletrabajo producto de la pandemia y con la migración hacia el telestudio con planes especiales ofertados incluso por la industria, generándose ciertas plataformas de acceso para estudiantes. También se produjeron ciertas modificaciones en los oferentes de contenidos de Netflix y otros para reducir la densidad de sus imágenes y así liberar espacio en las redes. Es decir, en este ámbito la industria reaccionó con una velocidad sorprendente ante los cambios que hubo.
El desplazamiento del uso de internet desde las empresas a los hogares es un fenómeno masivo, pero también dejó en evidencia, más que nunca, la tremenda desigualdad que hay en la cobertura y la calidad. Es más, si bien en Chile técnicamente se dice que hay una cobertura de más del 90 o 95 por ciento, esa cifra esconde muchas desigualdades. Es muy distinta la cobertura domiciliaria con banda ancha que con celulares o con celulares inteligentes de diferentes generaciones. Es evidente que es mayor la presencia móvil, pero también es evidente que hacer telestudio con celulares es muy difícil para millones de estudiantes en el país.
Es decir, si bien ante estos fenómenos nuevos del teletrabajo y del telestudio la industria ha reaccionado muy bien, uno de los problemas que ha quedado en evidencia es la cobertura, sobre todo la calidad y la velocidad de los servicios que prestan. Esto se debe esencialmente a que la industria tiende a prestar sus servicios en ciertos territorios en donde, producto de las tarifas, pueden descremar y cobrar más, dejando de lado la calidad de los servicios en lugares más populares y de menos ingresos, en donde se adquieren menos paquetes o programas.
Creo que ha quedado en evidencia que esto, además, sucede por la ubicación geográfica, pero no solo en zonas extremas, sino también en las zonas rojas o más estresadas de las ciudades. Este es un problema grave que tenemos para identificar con información pública adecuada cuáles son geográficamente estos sectores.
Por último, más allá de que la nueva generación y algunas otras generaciones tienen una mayor cultura digital, ha quedado en evidencia que hay mucho analfabetismo digital para realizar trámites, conectarse o comprender cómo realizar diferentes acciones.
En este contexto se abrió el debate de internet como servicio público. En unas reflexiones generales se debatió primero si internet es un derecho humano o un catalizador de derechos. Hay quienes quisieron incluir el concepto de internet como un derecho humano en la Constitución y otros que han tenido otro tipo de reflexión. Se abrió el debate acerca de si es un derecho humano o no.
Personalmente, tengo la convicción de que no lo es. Los derechos humanos son previos al Estado, son intrínsecos a las personas e independientes del Estado nacional. En cambio, internet es un derecho que cataliza otros derechos y por eso es tan fundamental. Es un catalizador de los derechos de salud, con la telemedicina y el acceso a una salud oportuna; del ejercicio del derecho a la educación; de la libertad de expresión y de la libertad de ser informado.
Es decir, en el siglo en que vivimos, sin dudas, internet es un servicio esencial sobre el que hay que legislar de forma más integral, independientemente de cómo se desarrolle el debate constitucional.
En los diferentes países de América Latina ha habido distintas opciones. En Chile tenemos un proyecto presente sobre el punto, aunque no se ha zanjado el debate. Esto no hace más que reflejar la importancia que se le da a este instrumento catalizador de otros derechos. En Chile tenemos el debate constitucional y, a la vez, el debate en el marco de la ley de telecomunicaciones.
Actualmente, en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado estamos debatiendo en el marco de la ley de telecomunicaciones acerca de una modificación para declarar internet como un servicio público. Este es un debate transversal; no es de consenso ni de derecha, de izquierda o del centro. Es un debate de época. En la comisión hemos logrado aprobar en general y en forma unánime la idea de declarar internet como un servicio público de telecomunicaciones. Adicionalmente, y en tanto se declara como tal, se entiende que se comienzan a establecer obligaciones.
En el proyecto en general se establecía la obligación de plazos para proveer el servicio. Estamos recién debatiendo en particular, pero lo fundamental es el desafío de la universalidad del acceso a internet. Esto tiene que ver con el debate acerca de la cobertura. ¿Cobertura de banda ancha, móvil o wifi? ¿Qué tipo de conectividad es fundamental para que efectivamente llegue a las casas en igualdad de condiciones?
Lo expuesto tiene que ver con la inversión, con la industria y con la regulación pública-privada, tanto para la cobertura como para la calidad. Pero en este debate del acceso universal también surge el problema de la accesibilidad social y de los costos de conexión.
Con la pandemia ha quedado en evidencia que cuando las familias pierden sus ingresos lo primero que dejan de lado es su conectividad porque es un costo que no pueden soportar. El porcentaje de personas que tienen programas en sus domicilios es menor al 50 por ciento. En el mundo popular muchos tienen celulares prepagos sin conectividad a internet, aunque algunos sí tienen.
Encontramos un desafío en esto. ¿Qué estamos haciendo en Chile? Avanzando en este primer paso de declarar internet como servicio público. Permítanme precisar un concepto de servicio público de este siglo. No estamos pensando en el servicio público como una empresa del Estado, sino que puede ser desarrollado por privados perfectamente. Entendemos esto como una posibilidad, pero también una necesidad.
Toda vez que me extendí en mi tiempo, le pido me permitan realizar un par de reflexiones finales.
Junto con la situación de nuestro debate actual, estamos paralelamente debatiendo acerca de la ciberseguridad. Estamos comenzando un debate de una iniciativa legal que está en proceso de consulta ciudadana.
La ciberseguridad está muy asociada con el hecho de entender internet como un servicio público esencial. Este proceso está poniendo en debate temas que son de fundamental importancia, tales como la protección de datos personales -estamos discutiendo una ley de nueva generación-, la presencia en Chile del conflicto comercial entre Estados Unidos y China, por el que nos tratan de imponer dos conceptos respecto a la tecnología, y la manera de asegurar la neutralidad tecnológica por parte de los operadores. Esto último se vincula con la pelea de Estados Unidos con Huawei y con los chinos, habiendo los operadores planteado sus inquietudes al respecto.
Asimismo, está el debate de los estándares internacionales versus los estándares independientes respecto a la tecnología que se va a usar en el futuro.
Hago un paréntesis para decir que este debate es parecido al que tuvimos hace un par de años atrás respecto a la televisión digital. En ese momento, muchos países de América Latina se vieron presionados en relación con la tecnología que utilizaban. Sin dudas, el debate para nosotros es el de la neutralidad.
Termino mi exposición diciéndoles que, mirando hacia el futuro, entendemos que el servicio público de internet es un primer paso, en simultáneo con el debate de ciberseguridad, que se ha puesto sobre la mesa con mucha fuerza producto de la pandemia. Pero queremos invitarlos a que, transversalmente, realicemos un debate, que no solamente debe darse a nivel nacional sino también entre nuestros países, sobre cómo tener una ley marco general digital para asegurar la accesibilidad, es decir una ley marco que contemple la política nacional digital, la creación de consejo de asesores para evaluar la política nacional digital, un plan nacional digital concreto para cada país y una política de uso de espectro como bien nacional de uso público que complemente la competencia -donde la industria tiene un rol muy importante-, pero también usando el espectro como instrumento...
Se interrumpe la conexión.
SR. LETELIER ... del plan nacional de inversiones, cuánto invierte el Estado y cómo se dirigen las inversiones en los privados.
Por último, ¿cuáles van a ser las políticas públicas para enfrentar las brechas digitales? Hasta hoy, Chile usa un fondo de telecomunicaciones que subsidia la colocación de antenas con la presencia de empresas de cobertura especialmente rural o fuera de la capital. También hemos impulsado una política que en varios países se ha implementado y que nosotros llevamos desarrollando hace más de diez años, que es la entrega de computadores a todos los cursos de séptimo nivel de los colegios. Hoy es una política universal que en todos los cursos del séptimo se entreguen computadores para ir avanzando hacia el cierre de la brecha digital.
También está el desafío de la formación de profesionales para esta era que viene, en el nivel superior, y además existe una política nacional de accesibilidad para asegurar que haya subsidios públicos para garantizar que las familias de menores ingresos tengan este derecho, como uno similar al agua, la luz y el gas, y si no tienen los ingresos suficientes hay que crear los subsidios para este fin.
Este es el estado de debate de Chile en este momento, entendiendo que en la era digital -como usted dice, señor presidente- sin duda necesitamos avanzar transversalmente hacia una legislación y una regulación inteligentes.
Por último, ¿cuáles van a ser las políticas públicas para enfrentar las brechas digitales? Hasta hoy, Chile usa un fondo de telecomunicaciones que subsidia la colocación de antenas con la presencia de empresas de cobertura especialmente rural o fuera de la capital. También hemos impulsado una política que en varios países se ha implementado y que nosotros llevamos desarrollando hace más de diez años, que es la entrega de computadores a todos los cursos de séptimo nivel de los colegios. Hoy es una política universal que en todos los cursos del séptimo se entreguen computadores para ir avanzando hacia el cierre de la brecha digital.
También está el desafío de la formación de profesionales para esta era que viene, en el nivel superior, y además existe una política nacional de accesibilidad para asegurar que haya subsidios públicos para garantizar que las familias de menores ingresos tengan este derecho, como uno similar al agua, la luz y el gas, y si no tienen los ingresos suficientes hay que crear los subsidios para este fin.
Este es el estado de debate de Chile en este momento, entendiendo que en la era digital -como usted dice, señor presidente- sin duda necesitamos avanzar transversalmente hacia una legislación y una regulación inteligentes.
SR. PRESIDENTE CARRO Muchas gracias, Juan Pablo. Es muy claro el panorama de lo que se está discutiendo en nuestro país hermano. En muchos puntos su situación es coincidente con las discusiones que tenemos aquí, así que es de gran ayuda su intervención.
Tiene la palabra el senador Emilio Álvarez Icaza, senador de México, referente independiente y representante por ciudad de México. Ingresó al Senado a través de la Iniciativa Colectiva Ciudadana AHORA. Él ha trabajado los temas de promoción de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Es docente universitario, maestro de Ciencias Sociales y doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal.
Tiene la palabra el senador Emilio Álvarez Icaza, senador de México, referente independiente y representante por ciudad de México. Ingresó al Senado a través de la Iniciativa Colectiva Ciudadana AHORA. Él ha trabajado los temas de promoción de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Es docente universitario, maestro de Ciencias Sociales y doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal.
SR. ÁLVAREZ ICAZA Muchas gracias. Buenas tardes allá en Argentina; buenos días, acá en México. Muchas gracias al señor diputado Pablo Carro por la invitación. Permítanme en su persona saludar también a las demás diputadas y diputados de la República Argentina: es una gran alegría de encontrarnos, y una ironía que la distancia social nos acerque. Por supuesto, también saludo a quienes siguen a través de la televisión del Congreso en la Argentina, y a los colegas de Chile y del Uruguay. Celebro muchísimo, pues, este espacio que nos puede servir para reflexión. Para la inteligencia colectiva es importante intercambiar nuestros desafíos, logros, problemas y obstáculos. Celebro mucho la invitación de Pablo y de su asesor. Es una gran alegría poder encontrarnos.
Es muy oportuno que nos sentemos a reflexionar sobre la pandemia, sobre lo que está generando y significando el coronavirus, porque pienso que es una crisis civilizatoria en un sentido profundo. No podemos regresar a nuestra nueva normalidad así como si no pasare nada. No podemos regresar sencillamente como "this is an usual issue", como si no pasare una gran crisis civilizatoria en relación con la naturaleza y con nuestra forma de vivir. Si seguimos como vamos, ya tenemos la certeza que acabaremos con el mundo y sus riquezas. Este es muy fuerte llamado de atención por el que debe hacernos revisar muchos modelos de producción y, por supuesto, la relación entre el trabajo, el hogar y el desplazamiento y movilidad en las ciudades.
Las crisis son una buena manera de reflejar nuestras fortalezas y debilidades. Por así decirlo, las crisis muestran con mucha nitidez qué somos y qué tenemos. Esta pandemia ha reflejado eso y el tema de la conectividad, la estructura, la capacidad para seguir operando es también reflejo de esa situación que hoy queda más o menos expuesta. ¿Quiénes se pueden quedar en casa? Pues, quienes tienen condiciones de conectividad, de trabajo, de salario, de una quincena. Quienes no se pueden quedar en casa en nuestra región de América Latina es esa gran cantidad de personas que viven al día; para esas personas quedarse en casa es una especie de condena a morir de hambre. De manera que lo que ha hecho esta pandemia es exhibir nuestras desigualdades. Pero lo que también está sucediendo luego de unos meses es que las economías se han detenido y millones de personas han quedado rezagadas.
Entonces, la pandemia del coronavirus va a agudizar nuestras desigualdades. Además, en el mundo empresarial van a sobrevivir las empresas más fuertes.
También se ha perdido una enorme cantidad de empleos, y el escenario tendencial es un extraordinario desafío no solo para los gobiernos sino para quienes legislamos, porque el impacto en nuestra sociedad va a ser brutal.
Justamente, esta semana la Comisión Económica para la América Latina -CEPAL-. junto con la FAO -la institución de Naciones Unidas que trabaja sobre la alimentación-, hablan ya de que habrá 83,4 millones más de pobres en la región. El impacto es de una extraordinaria dimensión. En los Estados Unidos ya se habla de más de 36 millones de desempleados; para dar una dimensión de lo que eso significa, en los últimos diez años en ese país se crearon 22,4 millones de trabajos. De manera que el impacto está generando un fenómeno de cinco crisis que ya se conectaron.
Hay crisis en materia de salud, económica y social, no solo en materia de pobreza sino también en materia violencias y desigualdades, que en algunos casos va a rebotar con una crisis de inseguridad. Evidentemente, esto va a provocar muchas tensiones en materia de inseguridad que, en algunos casos, se conecta con una crisis política. Son cinco crisis que se han conectado, que han puesto en evidencia, por ejemplo, las debilidades de la infraestructura de salud. Otra vez ahí se reproduce el fenómeno de la desigualdad en cuanto a quién tiene condición para poder ejercer el derecho a la salud.
Por eso me parece una excelente idea que nos pongamos a pensar en la post pandemia y sobre qué vamos a hacer en materia de conectividad, porque se está convirtiendo en la manera de ejercer muchos derechos, como a seguir en la escuela y tener servicios, cultura, entretenimiento, entre otros.
Hay un tema que nos pega directamente por este fenómeno de desigualdad: ¿cómo hacemos que la conectividad, las redes y la Internet lleguen a los sectores populares, a la gente pobre que no tiene acceso ellos? Lo planteo porque lo que sí sabemos es que el fenómeno de la pandemia se está agudizando y muchas veces lo primero que hacen las familias es suprimir gastos, y este es uno de ellos.
Existe una enorme desigualdad en materia de acceso, y la falta de conectividad a Internet refleja desigualdad social.
Entonces, la pregunta desde el Estado, desde quien tiene que garantizar el ejercicio de derechos, en particular, de quien legisla es la siguiente: ¿cómo hacemos para garantizar ese acceso a quienes forman parte de los sectores populares?
Me ubico ahora desde la situación de México y desde dónde viene. La CEPAL nos ha dicho que de esos 83 millones de nuevos pobres, aproximadamente 20 millones van a estar en mi país. Por supuesto que la conectividad y el fenómeno se presentan como un desafío.
México viene de una historia y de un proceso, -como ocurrió en varios de nuestros países- por el que durante los años 80 y 90 se privatizaron las grandes empresas públicas.
En nuestro caso, Telmex era una gran empresa pública que de pronto se convirtió en privada y generó la plataforma para disparar una de las fortunas más grandes del mundo. Incluso, esta empresa ha recorrido más allá de las fronteras mexicanas y eventualmente llegó a la Argentina y a Colombia, tal vez con otro nombre como puede ser Telmex o Claro. Su dueño, el señor Slim, recorre los mercados globales, viaja a Estados Unidos...
Es muy oportuno que nos sentemos a reflexionar sobre la pandemia, sobre lo que está generando y significando el coronavirus, porque pienso que es una crisis civilizatoria en un sentido profundo. No podemos regresar a nuestra nueva normalidad así como si no pasare nada. No podemos regresar sencillamente como "this is an usual issue", como si no pasare una gran crisis civilizatoria en relación con la naturaleza y con nuestra forma de vivir. Si seguimos como vamos, ya tenemos la certeza que acabaremos con el mundo y sus riquezas. Este es muy fuerte llamado de atención por el que debe hacernos revisar muchos modelos de producción y, por supuesto, la relación entre el trabajo, el hogar y el desplazamiento y movilidad en las ciudades.
Las crisis son una buena manera de reflejar nuestras fortalezas y debilidades. Por así decirlo, las crisis muestran con mucha nitidez qué somos y qué tenemos. Esta pandemia ha reflejado eso y el tema de la conectividad, la estructura, la capacidad para seguir operando es también reflejo de esa situación que hoy queda más o menos expuesta. ¿Quiénes se pueden quedar en casa? Pues, quienes tienen condiciones de conectividad, de trabajo, de salario, de una quincena. Quienes no se pueden quedar en casa en nuestra región de América Latina es esa gran cantidad de personas que viven al día; para esas personas quedarse en casa es una especie de condena a morir de hambre. De manera que lo que ha hecho esta pandemia es exhibir nuestras desigualdades. Pero lo que también está sucediendo luego de unos meses es que las economías se han detenido y millones de personas han quedado rezagadas.
Entonces, la pandemia del coronavirus va a agudizar nuestras desigualdades. Además, en el mundo empresarial van a sobrevivir las empresas más fuertes.
También se ha perdido una enorme cantidad de empleos, y el escenario tendencial es un extraordinario desafío no solo para los gobiernos sino para quienes legislamos, porque el impacto en nuestra sociedad va a ser brutal.
Justamente, esta semana la Comisión Económica para la América Latina -CEPAL-. junto con la FAO -la institución de Naciones Unidas que trabaja sobre la alimentación-, hablan ya de que habrá 83,4 millones más de pobres en la región. El impacto es de una extraordinaria dimensión. En los Estados Unidos ya se habla de más de 36 millones de desempleados; para dar una dimensión de lo que eso significa, en los últimos diez años en ese país se crearon 22,4 millones de trabajos. De manera que el impacto está generando un fenómeno de cinco crisis que ya se conectaron.
Hay crisis en materia de salud, económica y social, no solo en materia de pobreza sino también en materia violencias y desigualdades, que en algunos casos va a rebotar con una crisis de inseguridad. Evidentemente, esto va a provocar muchas tensiones en materia de inseguridad que, en algunos casos, se conecta con una crisis política. Son cinco crisis que se han conectado, que han puesto en evidencia, por ejemplo, las debilidades de la infraestructura de salud. Otra vez ahí se reproduce el fenómeno de la desigualdad en cuanto a quién tiene condición para poder ejercer el derecho a la salud.
Por eso me parece una excelente idea que nos pongamos a pensar en la post pandemia y sobre qué vamos a hacer en materia de conectividad, porque se está convirtiendo en la manera de ejercer muchos derechos, como a seguir en la escuela y tener servicios, cultura, entretenimiento, entre otros.
Hay un tema que nos pega directamente por este fenómeno de desigualdad: ¿cómo hacemos que la conectividad, las redes y la Internet lleguen a los sectores populares, a la gente pobre que no tiene acceso ellos? Lo planteo porque lo que sí sabemos es que el fenómeno de la pandemia se está agudizando y muchas veces lo primero que hacen las familias es suprimir gastos, y este es uno de ellos.
Existe una enorme desigualdad en materia de acceso, y la falta de conectividad a Internet refleja desigualdad social.
Entonces, la pregunta desde el Estado, desde quien tiene que garantizar el ejercicio de derechos, en particular, de quien legisla es la siguiente: ¿cómo hacemos para garantizar ese acceso a quienes forman parte de los sectores populares?
Me ubico ahora desde la situación de México y desde dónde viene. La CEPAL nos ha dicho que de esos 83 millones de nuevos pobres, aproximadamente 20 millones van a estar en mi país. Por supuesto que la conectividad y el fenómeno se presentan como un desafío.
México viene de una historia y de un proceso, -como ocurrió en varios de nuestros países- por el que durante los años 80 y 90 se privatizaron las grandes empresas públicas.
En nuestro caso, Telmex era una gran empresa pública que de pronto se convirtió en privada y generó la plataforma para disparar una de las fortunas más grandes del mundo. Incluso, esta empresa ha recorrido más allá de las fronteras mexicanas y eventualmente llegó a la Argentina y a Colombia, tal vez con otro nombre como puede ser Telmex o Claro. Su dueño, el señor Slim, recorre los mercados globales, viaja a Estados Unidos...
Se interrumpe la conexión.
SR. ÁLVAREZ ICAZA ... y crea este fenómeno de la globalización de las grandes empresas, construidas a partir de capitales públicos y de infraestructura pública; dicha condición de origen es muy complicada, ya que genera una situación de desigualdad cuando llegan las competencias.
En ese sentido, debió hacerse todo un proceso legislativo, que luego tuvo su correlato administrativo en la creación de autoridades en materia de telecomunicaciones y de competencia. Por supuesto, fue litigado por esta gran empresa y por estos grandes monopolios que tienen despachos jurídicos multimillonarios para, por ejemplo, obligar a compartir la infraestructura.
Es decir, todo lo que había construido el Estado mexicano luego se convirtió en empresas privadas, con ganancias y beneficios particulares, no se quería compartir y generaba condiciones de desigualdad en el propio modelo de la competencia; ello ha tenido sus limitaciones y grandes dificultades.
En México hubo una reforma constitucional en la que, a pesar de todas estas herencias y dificultades, llegamos a entender el acceso a Internet como un derecho constitucional. Así fue reconocido desde la reforma de la Constitución en materia de telecomunicaciones promulgada en 2013, que está relacionada con entender la importancia de Internet como un habilitador de otros derechos fundamentales, como el derecho a la información, a la privacidad, al acceso a la tecnología de la información, a la comunicación y a los servicios de telecomunicaciones.
De esta manera, quedó plasmado en el artículo 6º de la Constitución que el Estado garantiza el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos el de banda ancha e Internet.
El Estado garantiza el derecho de acceso a la banda ancha y al servicio de Internet y, para estos efectos, establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Esto tiene que ver con la discusión -que ya mencionaba Juan Pablo Letelier- de si podemos entender o no el acceso a Internet como un derecho humano o Internet como un derecho humano.
En tal sentido, a diferencia de mi colega Juan Pablo, yo sí pienso que debemos comenzar a entenderlo como un derecho humano fundado en la idea de la progresividad y de los derechos humanos como una construcción social.
En la actualidad muchos nuevos dilemas se están presentando como claves en nuestras democracias, por ejemplo, el derecho al acceso al agua y la noción de diversidad social y sexual como paradigma para la construcción de la unidad.
En México y en la región se ha dado lugar también a una enorme discusión sobre la vida libre de violencia para las mujeres. Ya no se trata solo del derecho a la vida, sino cómo hacemos estructuralmente para garantizar una vida libre de violencia. Esas aproximaciones son esencialmente construcciones sociales y soy partidario de caminar en esa dirección, entendiendo los derechos humanos como una construcción social.
¿Qué dicen los estándares internacionales en la materia? Personalmente, conocí en detalle el nivel de elaboración de construcciones de apropiación en la República Argentina de los estándares interamericanos. Como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana tuve oportunidad entre 2012 y 2016 de estar de visita, gracias al trabajo de la Cancillería, de legisladores y actores de la sociedad civil, y considero que la Argentina es probablemente uno de los países que más ha evolucionado en la jurisprudencia interamericana, la ha hecho propia y tiene estándares muy significativos en la región.
Por esa razón, creo importante hacer mención a esta referencia -que por razones de tiempo no voy a desarrollar extensamente- que es la Declaración Conjunta emitida por la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos emitida en junio de 2011. No existe otro instrumento con tantos organismos internacionales de derechos humanos que se haya aproximado al establecimiento de un estándar.
¿Qué dice este estándar? Punto uno: estándares de Internet libre, abierta e incluyente. Así, establece una serie de principios y solo me voy a detener en dos bloques de ellos.
El primer bloque plantea entender a Internet como un instrumento indispensable para el pleno ejercicio de los derechos humanos en materia de inclusión y beneficio. Se refiere al acceso a derechos, información, educación, desarrollo económico, transparencia, acceso al progreso científico, salud, reunión y asociación, igualdad y no discriminación.
El segundo, propone entender el rol del Estado y en este sentido, considero vital subrayar tres principios. El principio número cinco establece que se deben delimitar las barreras arbitrarias de acceso a la información, tecnología e infraestructura, permitiendo el goce efectivo del derecho. Es decir, cómo quitamos esas barreras que eventualmente son herencias e inercias de un mercado que genera la negación de derechos.
El principio número seis establece que se debe procurar que actores privados no impongan barreras desproporcionadas o arbitrarias.
Por último, el principio número siete, el de neutralidad de la red, dispone que se debe garantizar que los paquetes de datos sean tratados por los operadores de forma igualitaria, sin distinción alguna, salvo casos específicos que incluso deben ser regulados por la ley.
De manera que existe claramente una aproximación, no solo de las características que deben tenerse en el ejercicio de los derechos, sino también cuáles deben ser las reglas desde el Estado para garantizar el servicio.
¿Cuál es el contexto en México? De acuerdo con los últimos datos brindados por el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática que realiza encuestas e informes al respecto -estos son datos de 2019-, en México aproximadamente el 56 por ciento de los hogares contaban con conexión a Internet. Además, el 75 por ciento de la población de seis años o más contaba con un teléfono celular; ello significa la existencia de 86 millones de teléfonos celulares.
En realidad, vemos que los usuarios de Internet representan un 70 por ciento -si bien son datos de 2019 no creo que hayan cambiado mucho- y hoy todavía tenemos una franja importante que no está en esta dimensión, lo que genera estos fenómenos de desigualdad; dicha franja no tiene computadora, no tiene acceso a Internet y tampoco tiene acceso a celulares. En este sentido, el senador Letelier ya mencionó las diferencias que existen en esas categorías ya que, por ejemplo, resulta muy difícil estudiar desde un teléfono celular; no se puede o es extraordinariamente caro.
Para finalizar mi intervención, creo que debemos plantearnos cómo nos aproximamos a las tecnologías de información y comunicación -como un mayor elemento de desarrollo legislativo- y cómo desde los Poderes Legislativos podemos comenzar a reconocer lo que podría ser una noción de garantía de derechos. Al respecto pienso en temas como la educación, la cultura, el comercio, el teletrabajo -o el trabajo en casa-, los procesos de digitalización bancaria, los pagos de servicios y la salud.
El señor diputado Carro mencionaba al inicio de este foro cómo están discutiendo y legislando sobre algunos elementos básicos a los que los ha obligado la pandemia.
También nos habló la representación de la diplomacia parlamentaria argentina respecto de cómo se han generado y acelerado procesos. Por supuesto que hay que entender las distintas dimensiones de esto. Un tema se vincula con los dispositivos de acceso, es decir, quiénes tienen computadora, teléfonos, tablets e Internet en casa.
Otro tema se refiere a cómo hacemos para que las escuelas estén conectadas. ¿Cómo hacemos para que en las comunidades remotas los sectores pobres no tengan necesariamente esta condición de conectividad a través de un café internet? ¿Cómo hacemos para generar centros comunitarios que sean polos de desarrollo comunitarios de salud, de educación y que vayan construyendo en un fenómeno de progresividad, a través de fenómenos locales comunitarios en los propios barrios populares, espacios de conectividad para los jóvenes? Asimismo, que ello vaya multiplicando una serie de experiencias de la sociedad civil, tal como existen en México, que son extraordinarias.
Quiero mencionar casos ocurridos en Lyon y en Tijuana donde los centros comunitarios habían cerrado por la pandemia y los propios jóvenes fueron a tocar la puerta para pedir que, por favor, abrieran porque estaban en la calle y eso era mucho peor. Entonces, estos centros de conectividad comunitarios y barriales se están convirtiendo en polos de desarrollo, y por eso los menciono en esa dimensión.
Me parece importante tener clara la segunda dimensión, que es el acceso en sí, bien de carácter público o bien de carácter privado, pensando en cómo hacemos para garantizar las condiciones de acceso.
La tercera dimensión se vincula con un tema de contenidos generados desde el Estado y las plataformas de diversas actividades que deberían realizarse por esa vía. ¿Qué tiene que hacer el Estado para colocar un piso parejo y generar condiciones? En el caso de México debo decir que existe un marco constitucional y que ya tenemos autoridades que regulan esto que, por cierto, no es del todo fácil.
En el argot cotidiano se dice muchas veces que esos grandes monopolios son poderes fácticos que negocian, en ocasiones con presión y con fuerza, con los actores políticos, porque eventualmente existe una conexión con grandes medios de comunicación.
Cabe mencionar aquello que hoy se genera en relación con la construcción de opinión pública a través de las redes sociales. A veces los políticos necesitan de los medios de comunicación, de Internet y de la difusión, que a veces se negocia con una pistola en la sien porque los políticos difícilmente aguantan una carga de los medios de comunicación, que luego también se refleja en Internet. Todo eso genera una enorme tensión y presión para nuestras democracias.
Por eso, la autoridad reguladora tiene que tener carácter, condición y fuerza para negociar con estos grandes aparatos. Me refiero a grandes empresas, que generan de suyo los términos bajo los cuales se está conduciendo y generando este nuevo, no solo ejercicio de derechos sino de mercado. Imagínense la disputa por un mercado de 86 millones de teléfonos celulares y esa enorme cantidad de recursos.
En el Congreso mexicano ya existía una discusión, pero se ha detenido, sobre una iniciativa del coordinador del grupo parlamentario de la mayoría, que es del gobierno, para intentar fusionar estas tres autoridades en una sola.
Para ir finalizando quiero decirles que esta conectividad y está post pandemia tienen que aproximarse desde el enfoque de la garantía de derechos, que tiene que ver con cómo hacemos para que lo ejerzan aquellas personas que no pueden hacerlo. La pandemia está exhibiendo crudamente nuestras desigualdades y está generando condiciones que, en este diagnóstico, nos debe permitir un mapa de ruta para ir generando una respuesta, a fin de que se entienda para qué son las democracias.
Considero que justamente la no atención a esas desigualdades es lo que genera la decepción de las democracias, la molestia e incluso la crisis de los partidos políticos o de la representación. En América Latina hemos tenido esta discusión durante muchos años. Me refiero a cómo ha ido dándose un desencanto en la democracia porque no está respondiendo de la mejor manera a las necesidades de mucha gente.
Entonces, el riesgo es que luego se den campanadas donde la respuesta sea absolutamente autoritaria y de negación de democracia, más en liderazgos que prometen cosas que no llegan. Nuestras democracias están en una enorme tensión en toda la región. Por ello, también tendremos que observar eso como un dilema y como un desafío. Pienso que tenemos que aproximarnos a una regulación inteligente -me gustó muchísimo ese título- y que haya posibilidad de competencia.
Me encantó el modelo argentino, donde incluso existen cooperativas y otros sectores que permiten la diversidad, y que se haga realidad lo que pide la propia regla del mercado, que es la competencia. Luego ocurre que ni siquiera somos consistentes para que haya una libre competencia, pues existen condiciones de una enorme desigualdad que vienen de las herencias que ya hablé.
Para finalizar quiero señalar que la conectividad es la llave, tal como lo manifestó Luigi Ferrajoli cuando habló de los derechos fundamentales y señaló que son la llave para el ejercicio de otros derechos. Hoy estamos en esta ruta y la pandemia nos ha hecho un nuevo diagnóstico de la realidad de nuestras desigualdades y de muchas más que están por venir. Por eso es tan importante que pensemos de cara a esa nueva realidad cómo -vía la conectividad- garantizar nuevas condiciones que fortalezcan nuestro pacto social democrático.
Les agradezco muchísimo su atención y quedó muy pendiente para la siguiente discusión.
En ese sentido, debió hacerse todo un proceso legislativo, que luego tuvo su correlato administrativo en la creación de autoridades en materia de telecomunicaciones y de competencia. Por supuesto, fue litigado por esta gran empresa y por estos grandes monopolios que tienen despachos jurídicos multimillonarios para, por ejemplo, obligar a compartir la infraestructura.
Es decir, todo lo que había construido el Estado mexicano luego se convirtió en empresas privadas, con ganancias y beneficios particulares, no se quería compartir y generaba condiciones de desigualdad en el propio modelo de la competencia; ello ha tenido sus limitaciones y grandes dificultades.
En México hubo una reforma constitucional en la que, a pesar de todas estas herencias y dificultades, llegamos a entender el acceso a Internet como un derecho constitucional. Así fue reconocido desde la reforma de la Constitución en materia de telecomunicaciones promulgada en 2013, que está relacionada con entender la importancia de Internet como un habilitador de otros derechos fundamentales, como el derecho a la información, a la privacidad, al acceso a la tecnología de la información, a la comunicación y a los servicios de telecomunicaciones.
De esta manera, quedó plasmado en el artículo 6º de la Constitución que el Estado garantiza el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos el de banda ancha e Internet.
El Estado garantiza el derecho de acceso a la banda ancha y al servicio de Internet y, para estos efectos, establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Esto tiene que ver con la discusión -que ya mencionaba Juan Pablo Letelier- de si podemos entender o no el acceso a Internet como un derecho humano o Internet como un derecho humano.
En tal sentido, a diferencia de mi colega Juan Pablo, yo sí pienso que debemos comenzar a entenderlo como un derecho humano fundado en la idea de la progresividad y de los derechos humanos como una construcción social.
En la actualidad muchos nuevos dilemas se están presentando como claves en nuestras democracias, por ejemplo, el derecho al acceso al agua y la noción de diversidad social y sexual como paradigma para la construcción de la unidad.
En México y en la región se ha dado lugar también a una enorme discusión sobre la vida libre de violencia para las mujeres. Ya no se trata solo del derecho a la vida, sino cómo hacemos estructuralmente para garantizar una vida libre de violencia. Esas aproximaciones son esencialmente construcciones sociales y soy partidario de caminar en esa dirección, entendiendo los derechos humanos como una construcción social.
¿Qué dicen los estándares internacionales en la materia? Personalmente, conocí en detalle el nivel de elaboración de construcciones de apropiación en la República Argentina de los estándares interamericanos. Como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana tuve oportunidad entre 2012 y 2016 de estar de visita, gracias al trabajo de la Cancillería, de legisladores y actores de la sociedad civil, y considero que la Argentina es probablemente uno de los países que más ha evolucionado en la jurisprudencia interamericana, la ha hecho propia y tiene estándares muy significativos en la región.
Por esa razón, creo importante hacer mención a esta referencia -que por razones de tiempo no voy a desarrollar extensamente- que es la Declaración Conjunta emitida por la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos emitida en junio de 2011. No existe otro instrumento con tantos organismos internacionales de derechos humanos que se haya aproximado al establecimiento de un estándar.
¿Qué dice este estándar? Punto uno: estándares de Internet libre, abierta e incluyente. Así, establece una serie de principios y solo me voy a detener en dos bloques de ellos.
El primer bloque plantea entender a Internet como un instrumento indispensable para el pleno ejercicio de los derechos humanos en materia de inclusión y beneficio. Se refiere al acceso a derechos, información, educación, desarrollo económico, transparencia, acceso al progreso científico, salud, reunión y asociación, igualdad y no discriminación.
El segundo, propone entender el rol del Estado y en este sentido, considero vital subrayar tres principios. El principio número cinco establece que se deben delimitar las barreras arbitrarias de acceso a la información, tecnología e infraestructura, permitiendo el goce efectivo del derecho. Es decir, cómo quitamos esas barreras que eventualmente son herencias e inercias de un mercado que genera la negación de derechos.
El principio número seis establece que se debe procurar que actores privados no impongan barreras desproporcionadas o arbitrarias.
Por último, el principio número siete, el de neutralidad de la red, dispone que se debe garantizar que los paquetes de datos sean tratados por los operadores de forma igualitaria, sin distinción alguna, salvo casos específicos que incluso deben ser regulados por la ley.
De manera que existe claramente una aproximación, no solo de las características que deben tenerse en el ejercicio de los derechos, sino también cuáles deben ser las reglas desde el Estado para garantizar el servicio.
¿Cuál es el contexto en México? De acuerdo con los últimos datos brindados por el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática que realiza encuestas e informes al respecto -estos son datos de 2019-, en México aproximadamente el 56 por ciento de los hogares contaban con conexión a Internet. Además, el 75 por ciento de la población de seis años o más contaba con un teléfono celular; ello significa la existencia de 86 millones de teléfonos celulares.
En realidad, vemos que los usuarios de Internet representan un 70 por ciento -si bien son datos de 2019 no creo que hayan cambiado mucho- y hoy todavía tenemos una franja importante que no está en esta dimensión, lo que genera estos fenómenos de desigualdad; dicha franja no tiene computadora, no tiene acceso a Internet y tampoco tiene acceso a celulares. En este sentido, el senador Letelier ya mencionó las diferencias que existen en esas categorías ya que, por ejemplo, resulta muy difícil estudiar desde un teléfono celular; no se puede o es extraordinariamente caro.
Para finalizar mi intervención, creo que debemos plantearnos cómo nos aproximamos a las tecnologías de información y comunicación -como un mayor elemento de desarrollo legislativo- y cómo desde los Poderes Legislativos podemos comenzar a reconocer lo que podría ser una noción de garantía de derechos. Al respecto pienso en temas como la educación, la cultura, el comercio, el teletrabajo -o el trabajo en casa-, los procesos de digitalización bancaria, los pagos de servicios y la salud.
El señor diputado Carro mencionaba al inicio de este foro cómo están discutiendo y legislando sobre algunos elementos básicos a los que los ha obligado la pandemia.
También nos habló la representación de la diplomacia parlamentaria argentina respecto de cómo se han generado y acelerado procesos. Por supuesto que hay que entender las distintas dimensiones de esto. Un tema se vincula con los dispositivos de acceso, es decir, quiénes tienen computadora, teléfonos, tablets e Internet en casa.
Otro tema se refiere a cómo hacemos para que las escuelas estén conectadas. ¿Cómo hacemos para que en las comunidades remotas los sectores pobres no tengan necesariamente esta condición de conectividad a través de un café internet? ¿Cómo hacemos para generar centros comunitarios que sean polos de desarrollo comunitarios de salud, de educación y que vayan construyendo en un fenómeno de progresividad, a través de fenómenos locales comunitarios en los propios barrios populares, espacios de conectividad para los jóvenes? Asimismo, que ello vaya multiplicando una serie de experiencias de la sociedad civil, tal como existen en México, que son extraordinarias.
Quiero mencionar casos ocurridos en Lyon y en Tijuana donde los centros comunitarios habían cerrado por la pandemia y los propios jóvenes fueron a tocar la puerta para pedir que, por favor, abrieran porque estaban en la calle y eso era mucho peor. Entonces, estos centros de conectividad comunitarios y barriales se están convirtiendo en polos de desarrollo, y por eso los menciono en esa dimensión.
Me parece importante tener clara la segunda dimensión, que es el acceso en sí, bien de carácter público o bien de carácter privado, pensando en cómo hacemos para garantizar las condiciones de acceso.
La tercera dimensión se vincula con un tema de contenidos generados desde el Estado y las plataformas de diversas actividades que deberían realizarse por esa vía. ¿Qué tiene que hacer el Estado para colocar un piso parejo y generar condiciones? En el caso de México debo decir que existe un marco constitucional y que ya tenemos autoridades que regulan esto que, por cierto, no es del todo fácil.
En el argot cotidiano se dice muchas veces que esos grandes monopolios son poderes fácticos que negocian, en ocasiones con presión y con fuerza, con los actores políticos, porque eventualmente existe una conexión con grandes medios de comunicación.
Cabe mencionar aquello que hoy se genera en relación con la construcción de opinión pública a través de las redes sociales. A veces los políticos necesitan de los medios de comunicación, de Internet y de la difusión, que a veces se negocia con una pistola en la sien porque los políticos difícilmente aguantan una carga de los medios de comunicación, que luego también se refleja en Internet. Todo eso genera una enorme tensión y presión para nuestras democracias.
Por eso, la autoridad reguladora tiene que tener carácter, condición y fuerza para negociar con estos grandes aparatos. Me refiero a grandes empresas, que generan de suyo los términos bajo los cuales se está conduciendo y generando este nuevo, no solo ejercicio de derechos sino de mercado. Imagínense la disputa por un mercado de 86 millones de teléfonos celulares y esa enorme cantidad de recursos.
En el Congreso mexicano ya existía una discusión, pero se ha detenido, sobre una iniciativa del coordinador del grupo parlamentario de la mayoría, que es del gobierno, para intentar fusionar estas tres autoridades en una sola.
Para ir finalizando quiero decirles que esta conectividad y está post pandemia tienen que aproximarse desde el enfoque de la garantía de derechos, que tiene que ver con cómo hacemos para que lo ejerzan aquellas personas que no pueden hacerlo. La pandemia está exhibiendo crudamente nuestras desigualdades y está generando condiciones que, en este diagnóstico, nos debe permitir un mapa de ruta para ir generando una respuesta, a fin de que se entienda para qué son las democracias.
Considero que justamente la no atención a esas desigualdades es lo que genera la decepción de las democracias, la molestia e incluso la crisis de los partidos políticos o de la representación. En América Latina hemos tenido esta discusión durante muchos años. Me refiero a cómo ha ido dándose un desencanto en la democracia porque no está respondiendo de la mejor manera a las necesidades de mucha gente.
Entonces, el riesgo es que luego se den campanadas donde la respuesta sea absolutamente autoritaria y de negación de democracia, más en liderazgos que prometen cosas que no llegan. Nuestras democracias están en una enorme tensión en toda la región. Por ello, también tendremos que observar eso como un dilema y como un desafío. Pienso que tenemos que aproximarnos a una regulación inteligente -me gustó muchísimo ese título- y que haya posibilidad de competencia.
Me encantó el modelo argentino, donde incluso existen cooperativas y otros sectores que permiten la diversidad, y que se haga realidad lo que pide la propia regla del mercado, que es la competencia. Luego ocurre que ni siquiera somos consistentes para que haya una libre competencia, pues existen condiciones de una enorme desigualdad que vienen de las herencias que ya hablé.
Para finalizar quiero señalar que la conectividad es la llave, tal como lo manifestó Luigi Ferrajoli cuando habló de los derechos fundamentales y señaló que son la llave para el ejercicio de otros derechos. Hoy estamos en esta ruta y la pandemia nos ha hecho un nuevo diagnóstico de la realidad de nuestras desigualdades y de muchas más que están por venir. Por eso es tan importante que pensemos de cara a esa nueva realidad cómo -vía la conectividad- garantizar nuevas condiciones que fortalezcan nuestro pacto social democrático.
Les agradezco muchísimo su atención y quedó muy pendiente para la siguiente discusión.
SR. PRESIDENTE CARRO Gracias, doctor Emilio Álvarez Icaza, senador de México. La verdad es que fue muy interesante todo lo relatado sobre México, pues los estándares internacionales son muy útiles. Estamos avanzados en la discusión internacional y en la materialización de esos derechos en cada uno de nuestros países. Por ello, es importante saber que internacionalmente ya tenemos acuerdos sobre la necesidad de avanzar en esta dirección.
Vamos a ir cerrando este primer panel con la exposición del diputado uruguayo Carlos Varela Nestier, quien es referente del Frente Amplio de Uruguay, representante por Montevideo. Se encuentra en la conducción de las comisiones de Comunicaciones y Obras Públicas y de Transportes; es militante del Frente Amplio desde hace muchos años; edil desde 1994 y preside la Mesa Departamental del Frente Amplio en Montevideo.
Tiene la palabra el licenciado Varela Nestier.
Vamos a ir cerrando este primer panel con la exposición del diputado uruguayo Carlos Varela Nestier, quien es referente del Frente Amplio de Uruguay, representante por Montevideo. Se encuentra en la conducción de las comisiones de Comunicaciones y Obras Públicas y de Transportes; es militante del Frente Amplio desde hace muchos años; edil desde 1994 y preside la Mesa Departamental del Frente Amplio en Montevideo.
Tiene la palabra el licenciado Varela Nestier.
SR. VARELA NESTIER Señor president: es un gusto compartir este espacio con los compatriotas latinoamericanos. Creo que es muy oportuna la convocatoria que realizan desde la Argentina y estamos aquí para hablar del caso uruguayo, que es un caso muy particular. Por ello, trataré de describir de dónde venimos, cuál es la situación actual y cuáles son los desafíos que tenemos post pandemia.
El 13 de marzo, cuando se detectaron los primeros cuatro casos en el Uruguay, descubrimos que había un país nuevo, un mundo nuevo, que no habíamos previsto y que nos cambiaba absolutamente todas las reglas de juego que teníamos hasta ese día pues despertamos a que éramos parte de la crisis global de la salud.
El gobierno había asumido trece días antes, y este no es un dato menor porque había asumido de manera muy diferente a lo ocurrido en los quince años anteriores donde había gobernado el Frente Amplio. Teníamos una coalición de centroderecha, que recién había llegado el gobierno y se encontraba con esta situación.
Es importante destacar que las medidas sanitarias que el gobierno asumió inmediatamente contaron con el apoyo unánime de todo el sistema político y de todas las organizaciones sociales relevantes del país. Ese tampoco es un dato menor porque no hubo fisuras ni grietas. Considero que eso colaboró en los buenos resultados que hemos tenido en el país, desde el punto de vista sanitario, en los meses posteriores.
Quiero retrotraerme a 2004 para explicar cuál es la situación de la conectividad en Uruguay. El 2004 podría ser una fecha absolutamente subjetiva y lo es, pero voy a explicar los motivos: ese año hubo elecciones y cambió la historia política de 180 años en el Uruguay. Hasta ese momento habían gobernado siempre los partidos tradicionales: el Partido Nacional y el Partido Colorado, pero en la elección de 2004 ganó el Frente Amplio, que recibió una herencia que venía de la crisis de 2002 que había generado en Uruguay más de un millón de pobres. Cabe recordar que Uruguay tiene una población de tres millones y medio de habitantes. Por lo tanto, es sencillo imaginar el impacto de la pobreza, que no es necesario describir.
Me voy a referir al panorama de la conectividad en ese momento. Un 32 por ciento de la población tenía acceso a Internet, pero se trataba de los quintiles medios y altos de la sociedad. Era, a su vez, un despliegue de infraestructura muy parcial. Estaba fundamentalmente concentrada en el área metropolitana y en algunas ciudades del interior, pero la cobertura nacional era muy escasa o muy deficiente. Al mismo tiempo, teníamos un problema de muy baja calidad en la velocidad de comunicación de datos. Ese era el panorama general.
Lo acompaño con otro dato, que está vinculado indirectamente a la conectividad, y es que en ese momento estábamos atravesando una crisis terrible de generación de energía.
El gobierno del Frente Amplio asumió el 1º de marzo de 2005 y teníamos previsto, por una situación de sequía, que en mayo de ese año podíamos entrar en un apagón prácticamente total del país. Ese era el contexto general con que se encaró una política para tratar de revertir en el mediano y largo plazo esta situación.
Es imposible describir lo que pasó en el Uruguay y las medidas que se tomaron sin entender cuál es el papel que juega la empresa pública de telecomunicaciones, que es Antel.
Yo escuchaba a los colegas de Chile y México describir su situación. Pero debo decir que en el Uruguay es absolutamente diferente, y les explico por qué: por la existencia de la empresa pública. En el año 1992, durante el gobierno de quien es el padre del actual presidente -en el Uruguay hay ciertas, digamos, corrientes familiares que se van repitiendo en el ejercicio del gobierno-, también se llevaron adelante políticas neoliberales que en ese momento predominaban en el mundo, y se intentó privatizar las empresas públicas mi país. Esto es algo que pasó en la región y prácticamente en todo el mundo.
Esa situación fue enfrentada con un plebiscito que dio como resultado, por mayoría absoluta de la población, la negativa a la privatización. Entonces, la empresa se pudo salvar. Antel pasó a ser estratégico para los cambios que ahora voy a describir, porque entró en competencia -como ustedes se imaginarán- con las grandes empresas multinacionales, mucho más poderosas, con muchos más recursos y con muchas más posibilidades de desarrollo e influencia en el mercado local. Sin embargo, Antel aún hoy es absolutamente predominante en el mercado de las telecomunicaciones.
Eso tiene que ver con un aspecto que es más bien cultural: la adhesión de los uruguayos y las uruguayas a las empresas públicas que vienen desde principios del siglo pasado, cuando los gobiernos de José Batlle y Ordóñez crearon un entramado de empresas nacionales en puntos estratégicos.
Así se creó la empresa de energía, la UTE; se creó la empresa de combustible, la ANCAP; el Banco de Seguros del Estado; se fortaleció el Banco de la República Oriental del Uruguay; la empresa del Estado vinculada a las aguas. Todo eso hoy existe, y no constituye un dato menor a la hora de planificar una estrategia de conectividad y de inclusión social.
¿Cuáles fueron los tres ejes que se siguieron cuando se pensó en esta política o en esta estrategia de conectividad para llegar adonde hoy estamos? Yo diría que había tres grandes líneas de acción, y las describiré rápidamente.
En primer lugar, la necesidad de generación de empleo. Recuerden las cifras de 2005: un millón de pobres y más de un 15 por ciento de desocupación. Esa generación de empleo solo era posible si atraíamos inversiones. Pero para atraer inversiones del exterior era imprescindible, a su vez, generar una infraestructura que les asegurara a esas empresas el acceso a la energía y a telecomunicaciones de calidad para poder desarrollar sus actividades.
El segundo eje era la inclusión social; y un dato absolutamente fundamental para nosotros fue la conectividad como un elemento de igualdad de oportunidades, es decir, el acceso igualitario y universal.
En tercer lugar, debo mencionar el desarrollo y la defensa de las empresas públicas en un panorama de competencia cada vez mayor con las empresas multinacionales.
¿Qué medidas se tomaron? Voy a describirlas rápidamente. La primera, el desarrollo de una infraestructura que empezara por abarcar el total del país. Esto, entre otras cosas, significó en determinado momento apostar al desarrollo de la fibra óptica con una inversión del Estado de 600 millones de dólares, lo que va a asegurar, en este año 2020 -ahora un poco detenido por el tema de la pandemia-, que el ciento por ciento del territorio esté cubierto por fibra óptica y, por lo tanto, la totalidad de la población pueda acceder a ella.
Según el estado actual del desarrollo de la fibra óptica -que prácticamente ha cubierto ya el territorio-, hoy más de un 65 por ciento de la población accede a ella. Dicho sea de paso, eso nos ubica en un lugar privilegiado a nivel de la región y también a nivel mundial. Con esto, obviamente, nosotros pretendemos llegar a la cobertura total de la población en los años posteriores.
Un lugar importante en este desarrollo fue también el Plan Ceibal que, como ustedes saben, se ha transformado para el Uruguay en algo icónico. Dicho plan fue creado por una decisión personal del entonces presidente Tabaré Vázquez. Es decir que eso no estaba en el programa de gobierno, pero él asumió esa responsabilidad.
El Plan Ceibal consistió, y consiste, en la entrega de una laptop a cada niño en la escuela a partir del primer año de ingreso a la educación pública. Algunos colegios privados se han sumado a este proyecto, pero -como dije- esto es para la educación pública.
En los años posteriores, se sumaron los liceos. O sea que cada estudiante al ingresar al liceo también recibe una laptop de diferente categoría con relación a la que recibió siendo escolar, lo cual ha asegurado varias cosas, que quiero mencionar rápidamente.
En primer lugar, el acceso universal a la computadora. Esto implicó que todos los niños, los más ricos y los más pobres, accedieran al mismo instrumento, al mismo tipo de computadora, lo cual generó un efecto democratizador.
En segundo término, acceso a la información, porque junto con la entrega de la computadora se creó el Centro Ceibal, que tenía la responsabilidad -y la tiene- de generar contenidos. Por ejemplo, hoy el inglés en las escuelas se hace a través de la computadora Ceibal, y los resultados son realmente excelentes.
Por otra parte, ya se alfabetizó digitalmente a más de una generación, y hoy el resultado es excelente: escolares iniciales, no de Montevideo sino de pueblos muy pequeños del interior del país, han ganado premios internacionales por programas de robótica y por la elaboración de programas de Internet.
Esto es resultado de ese proyecto democratizador e inclusivo que comenzó con el Plan Ceibal, que se acentuó ahora con el Plan Ibirapitá. ¿En qué consiste? En la entrega de tablets a los jubilados y pensionistas que ganen menos o igual a una cifra aproximada a los 900 dólares de pensión o jubilación. Esto implicó la entrega de más de 200.000 dispositivos para que los jubilados y los pensionistas -en este caso los ancianos, obviamente-, también tuvieran la posibilidad de alfabetizarse desde el punto de vista digital.
¿Cuál fue uno de los resultados más interesantes? El 65 por ciento de la gente que recibió la tablet por medio del Plan Ibirapitá, accedió inmediatamente al celular, cuando antes no lo tenían o no lo usaban. Esto obligó también a que Ibirapirá llevara el contenido de sus programas a los celulares, para que pudieran acceder a ellos los jubilados y los pensionistas. En este sentido, cabe mencionar que hoy prácticamente el ciento por ciento de nuestra población accede al celular, salvo un sector muy marginal que está en condiciones de indigencia. Es marginal, sí, pero todavía existe, y es un desafío que tenemos, ya que aún no han accedido al celular. El resto, en todos los quintiles, acceden a los dispositivos.
Otra de las medidas que se tomaron -y lo mencionaré en forma muy rápida por el tiempo que tenemos-, es el desarrollo, que para nosotros es muy importante, del gobierno electrónico. Hoy el Uruguay, junto con otros ocho países, ocupa un lugar privilegiado a nivel mundial en materia de desarrollo del gobierno electrónico. Este es otro aspecto que para nosotros apunta en la misma dirección estratégica: democratizar el acceso a la información, incluir a los ciudadanos en las decisiones del Estado y facilitarles la posibilidad de intercambiar información o gestiones con los organismos del Estado.
Otra decisión tuvo que ver con el desarrollo del software. A partir de esta infraestructura que les he comentado, el paso siguiente fue desarrollar la industria del software, con beneficios fiscales importantes y con una población alfabetizada en términos generales desde el punto de vista digital. Como les señalaba, teniendo una generación que venía accediendo ya con familiaridad a las nuevas tecnologías, Uruguay hoy tiene 700 compañías tecnológicas que exportan a 52 mercados el software que elaboran en el país. Para que tengan una idea, un 2,5 por ciento del PBI se recauda por concepto de exportación de software a distintos mercados, entre los que se encuentra, por ejemplo, Estados Unidos. Esto es un dato interesante.
Hace unos minutos dije que el 34 por ciento de los hogares...
- Se interrumpe el audio.
- Luego de unos instantes:
El 13 de marzo, cuando se detectaron los primeros cuatro casos en el Uruguay, descubrimos que había un país nuevo, un mundo nuevo, que no habíamos previsto y que nos cambiaba absolutamente todas las reglas de juego que teníamos hasta ese día pues despertamos a que éramos parte de la crisis global de la salud.
El gobierno había asumido trece días antes, y este no es un dato menor porque había asumido de manera muy diferente a lo ocurrido en los quince años anteriores donde había gobernado el Frente Amplio. Teníamos una coalición de centroderecha, que recién había llegado el gobierno y se encontraba con esta situación.
Es importante destacar que las medidas sanitarias que el gobierno asumió inmediatamente contaron con el apoyo unánime de todo el sistema político y de todas las organizaciones sociales relevantes del país. Ese tampoco es un dato menor porque no hubo fisuras ni grietas. Considero que eso colaboró en los buenos resultados que hemos tenido en el país, desde el punto de vista sanitario, en los meses posteriores.
Quiero retrotraerme a 2004 para explicar cuál es la situación de la conectividad en Uruguay. El 2004 podría ser una fecha absolutamente subjetiva y lo es, pero voy a explicar los motivos: ese año hubo elecciones y cambió la historia política de 180 años en el Uruguay. Hasta ese momento habían gobernado siempre los partidos tradicionales: el Partido Nacional y el Partido Colorado, pero en la elección de 2004 ganó el Frente Amplio, que recibió una herencia que venía de la crisis de 2002 que había generado en Uruguay más de un millón de pobres. Cabe recordar que Uruguay tiene una población de tres millones y medio de habitantes. Por lo tanto, es sencillo imaginar el impacto de la pobreza, que no es necesario describir.
Me voy a referir al panorama de la conectividad en ese momento. Un 32 por ciento de la población tenía acceso a Internet, pero se trataba de los quintiles medios y altos de la sociedad. Era, a su vez, un despliegue de infraestructura muy parcial. Estaba fundamentalmente concentrada en el área metropolitana y en algunas ciudades del interior, pero la cobertura nacional era muy escasa o muy deficiente. Al mismo tiempo, teníamos un problema de muy baja calidad en la velocidad de comunicación de datos. Ese era el panorama general.
Lo acompaño con otro dato, que está vinculado indirectamente a la conectividad, y es que en ese momento estábamos atravesando una crisis terrible de generación de energía.
El gobierno del Frente Amplio asumió el 1º de marzo de 2005 y teníamos previsto, por una situación de sequía, que en mayo de ese año podíamos entrar en un apagón prácticamente total del país. Ese era el contexto general con que se encaró una política para tratar de revertir en el mediano y largo plazo esta situación.
Es imposible describir lo que pasó en el Uruguay y las medidas que se tomaron sin entender cuál es el papel que juega la empresa pública de telecomunicaciones, que es Antel.
Yo escuchaba a los colegas de Chile y México describir su situación. Pero debo decir que en el Uruguay es absolutamente diferente, y les explico por qué: por la existencia de la empresa pública. En el año 1992, durante el gobierno de quien es el padre del actual presidente -en el Uruguay hay ciertas, digamos, corrientes familiares que se van repitiendo en el ejercicio del gobierno-, también se llevaron adelante políticas neoliberales que en ese momento predominaban en el mundo, y se intentó privatizar las empresas públicas mi país. Esto es algo que pasó en la región y prácticamente en todo el mundo.
Esa situación fue enfrentada con un plebiscito que dio como resultado, por mayoría absoluta de la población, la negativa a la privatización. Entonces, la empresa se pudo salvar. Antel pasó a ser estratégico para los cambios que ahora voy a describir, porque entró en competencia -como ustedes se imaginarán- con las grandes empresas multinacionales, mucho más poderosas, con muchos más recursos y con muchas más posibilidades de desarrollo e influencia en el mercado local. Sin embargo, Antel aún hoy es absolutamente predominante en el mercado de las telecomunicaciones.
Eso tiene que ver con un aspecto que es más bien cultural: la adhesión de los uruguayos y las uruguayas a las empresas públicas que vienen desde principios del siglo pasado, cuando los gobiernos de José Batlle y Ordóñez crearon un entramado de empresas nacionales en puntos estratégicos.
Así se creó la empresa de energía, la UTE; se creó la empresa de combustible, la ANCAP; el Banco de Seguros del Estado; se fortaleció el Banco de la República Oriental del Uruguay; la empresa del Estado vinculada a las aguas. Todo eso hoy existe, y no constituye un dato menor a la hora de planificar una estrategia de conectividad y de inclusión social.
¿Cuáles fueron los tres ejes que se siguieron cuando se pensó en esta política o en esta estrategia de conectividad para llegar adonde hoy estamos? Yo diría que había tres grandes líneas de acción, y las describiré rápidamente.
En primer lugar, la necesidad de generación de empleo. Recuerden las cifras de 2005: un millón de pobres y más de un 15 por ciento de desocupación. Esa generación de empleo solo era posible si atraíamos inversiones. Pero para atraer inversiones del exterior era imprescindible, a su vez, generar una infraestructura que les asegurara a esas empresas el acceso a la energía y a telecomunicaciones de calidad para poder desarrollar sus actividades.
El segundo eje era la inclusión social; y un dato absolutamente fundamental para nosotros fue la conectividad como un elemento de igualdad de oportunidades, es decir, el acceso igualitario y universal.
En tercer lugar, debo mencionar el desarrollo y la defensa de las empresas públicas en un panorama de competencia cada vez mayor con las empresas multinacionales.
¿Qué medidas se tomaron? Voy a describirlas rápidamente. La primera, el desarrollo de una infraestructura que empezara por abarcar el total del país. Esto, entre otras cosas, significó en determinado momento apostar al desarrollo de la fibra óptica con una inversión del Estado de 600 millones de dólares, lo que va a asegurar, en este año 2020 -ahora un poco detenido por el tema de la pandemia-, que el ciento por ciento del territorio esté cubierto por fibra óptica y, por lo tanto, la totalidad de la población pueda acceder a ella.
Según el estado actual del desarrollo de la fibra óptica -que prácticamente ha cubierto ya el territorio-, hoy más de un 65 por ciento de la población accede a ella. Dicho sea de paso, eso nos ubica en un lugar privilegiado a nivel de la región y también a nivel mundial. Con esto, obviamente, nosotros pretendemos llegar a la cobertura total de la población en los años posteriores.
Un lugar importante en este desarrollo fue también el Plan Ceibal que, como ustedes saben, se ha transformado para el Uruguay en algo icónico. Dicho plan fue creado por una decisión personal del entonces presidente Tabaré Vázquez. Es decir que eso no estaba en el programa de gobierno, pero él asumió esa responsabilidad.
El Plan Ceibal consistió, y consiste, en la entrega de una laptop a cada niño en la escuela a partir del primer año de ingreso a la educación pública. Algunos colegios privados se han sumado a este proyecto, pero -como dije- esto es para la educación pública.
En los años posteriores, se sumaron los liceos. O sea que cada estudiante al ingresar al liceo también recibe una laptop de diferente categoría con relación a la que recibió siendo escolar, lo cual ha asegurado varias cosas, que quiero mencionar rápidamente.
En primer lugar, el acceso universal a la computadora. Esto implicó que todos los niños, los más ricos y los más pobres, accedieran al mismo instrumento, al mismo tipo de computadora, lo cual generó un efecto democratizador.
En segundo término, acceso a la información, porque junto con la entrega de la computadora se creó el Centro Ceibal, que tenía la responsabilidad -y la tiene- de generar contenidos. Por ejemplo, hoy el inglés en las escuelas se hace a través de la computadora Ceibal, y los resultados son realmente excelentes.
Por otra parte, ya se alfabetizó digitalmente a más de una generación, y hoy el resultado es excelente: escolares iniciales, no de Montevideo sino de pueblos muy pequeños del interior del país, han ganado premios internacionales por programas de robótica y por la elaboración de programas de Internet.
Esto es resultado de ese proyecto democratizador e inclusivo que comenzó con el Plan Ceibal, que se acentuó ahora con el Plan Ibirapitá. ¿En qué consiste? En la entrega de tablets a los jubilados y pensionistas que ganen menos o igual a una cifra aproximada a los 900 dólares de pensión o jubilación. Esto implicó la entrega de más de 200.000 dispositivos para que los jubilados y los pensionistas -en este caso los ancianos, obviamente-, también tuvieran la posibilidad de alfabetizarse desde el punto de vista digital.
¿Cuál fue uno de los resultados más interesantes? El 65 por ciento de la gente que recibió la tablet por medio del Plan Ibirapitá, accedió inmediatamente al celular, cuando antes no lo tenían o no lo usaban. Esto obligó también a que Ibirapirá llevara el contenido de sus programas a los celulares, para que pudieran acceder a ellos los jubilados y los pensionistas. En este sentido, cabe mencionar que hoy prácticamente el ciento por ciento de nuestra población accede al celular, salvo un sector muy marginal que está en condiciones de indigencia. Es marginal, sí, pero todavía existe, y es un desafío que tenemos, ya que aún no han accedido al celular. El resto, en todos los quintiles, acceden a los dispositivos.
Otra de las medidas que se tomaron -y lo mencionaré en forma muy rápida por el tiempo que tenemos-, es el desarrollo, que para nosotros es muy importante, del gobierno electrónico. Hoy el Uruguay, junto con otros ocho países, ocupa un lugar privilegiado a nivel mundial en materia de desarrollo del gobierno electrónico. Este es otro aspecto que para nosotros apunta en la misma dirección estratégica: democratizar el acceso a la información, incluir a los ciudadanos en las decisiones del Estado y facilitarles la posibilidad de intercambiar información o gestiones con los organismos del Estado.
Otra decisión tuvo que ver con el desarrollo del software. A partir de esta infraestructura que les he comentado, el paso siguiente fue desarrollar la industria del software, con beneficios fiscales importantes y con una población alfabetizada en términos generales desde el punto de vista digital. Como les señalaba, teniendo una generación que venía accediendo ya con familiaridad a las nuevas tecnologías, Uruguay hoy tiene 700 compañías tecnológicas que exportan a 52 mercados el software que elaboran en el país. Para que tengan una idea, un 2,5 por ciento del PBI se recauda por concepto de exportación de software a distintos mercados, entre los que se encuentra, por ejemplo, Estados Unidos. Esto es un dato interesante.
Hace unos minutos dije que el 34 por ciento de los hogares...
- Se interrumpe el audio.
- Luego de unos instantes:
SR. PRESIDENTE CARRO ¿Ustedes me escuchan? Hemos perdido conexión. Es una pena porque era muy interesante lo que mencionaba el diputado Carlos Varela Nestier acerca de la situación de Uruguay. Vamos a ver si podemos reconectar. De lo contrario -y lamentándolo- vamos a aprovechar para pasar al segundo panel porque ya estamos casi en hora pues nos quedaban diez minutos. A las 14 horas esto lo debemos cerrar porque el sistema tiene que destinarse al funcionamiento de una de las comisiones del Congreso.
SR. LORETTI Soy Damián Loretti. Hay un número telefónico de back up. Quizás allí lo puedan ubicar desde el armado de la reunión para que termine su exposición por teléfono, aunque no use la pantalla.
SR. CARRO Vamos a consultar con nuestros compañeros de soporte técnico.
Luego de unos instantes:
Luego de unos instantes:
SR. PRESIDENTE CARRO Considero que está bastante difícil la conexión. Por cuestiones de tiempo me parece importante que podamos avanzar. En tal caso, le vamos a pedir que luego nos haga llegar su exposición -si es posible por escrito- así la podemos compartir con los diputados y diputadas de nuestra comisión.
Se encuentra con nosotros la señora vicepresidenta de esta comisión, diputada Karina Banfi, quien estaba participando de otra reunión.
Quiero agradecer la participación en este panel de los senadores de México, Chile y al diputado Varela Nestier, de Uruguay. Sus disertaciones han sido muy interesantes y será de mucha utilidad para todos nosotros.
A continuación, hará uso de la palabra la señora diputada Banfi para hacer la presentación de la siguiente mesa.
Se encuentra con nosotros la señora vicepresidenta de esta comisión, diputada Karina Banfi, quien estaba participando de otra reunión.
Quiero agradecer la participación en este panel de los senadores de México, Chile y al diputado Varela Nestier, de Uruguay. Sus disertaciones han sido muy interesantes y será de mucha utilidad para todos nosotros.
A continuación, hará uso de la palabra la señora diputada Banfi para hacer la presentación de la siguiente mesa.
SRA. BANFI Señor presidente: muchas gracias por esta iniciativa y por la invitación. Es muy importante y agrega mucho valor al trabajo que venimos haciendo en una comisión que ha recobrado en esta etapa de la pandemia un rol muy significativo sobre el valor de la conectividad y cómo podemos aprovechar esta oportunidad para lo que será la post-pandemia y que ha venido para quedarse dentro de las políticas públicas de cada uno de los países de la región. Hay que pensar la conectividad en un marco global.
A continuación, voy a presentar a los oradores. Cada uno tendrá quince minutos para exponer. Es un panel de una gran diversidad y de personas muy capacitadas para hablar de este tema.
Por ello, vamos a comenzar por el señor Mauricio Agudelo. Es coordinador del Programa de Agenda Digital de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria de la tecnología, media y telecomunicaciones donde ha desempeñado cargos directivos. Además, ha prestado servicios de consultoría estratégica en empresas privadas, gobiernos nacionales y entidades multilaterales. Ha participado en el diseño y ejecución de políticas públicas para el sector de telecomunicaciones y IT en los países de la región. Fue asesor de la presidencia de la República de Colombia para la política de competitividad e innovación y director del Programa Compartel de acceso universal. Además, ha sido asesor de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Fue Consultor del BID y de USAID y cuenta con una alta formación académica en economía y finanzas, así como un MBA en telecomunicaciones del Reino Unido.
A continuación, voy a presentar a los oradores. Cada uno tendrá quince minutos para exponer. Es un panel de una gran diversidad y de personas muy capacitadas para hablar de este tema.
Por ello, vamos a comenzar por el señor Mauricio Agudelo. Es coordinador del Programa de Agenda Digital de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria de la tecnología, media y telecomunicaciones donde ha desempeñado cargos directivos. Además, ha prestado servicios de consultoría estratégica en empresas privadas, gobiernos nacionales y entidades multilaterales. Ha participado en el diseño y ejecución de políticas públicas para el sector de telecomunicaciones y IT en los países de la región. Fue asesor de la presidencia de la República de Colombia para la política de competitividad e innovación y director del Programa Compartel de acceso universal. Además, ha sido asesor de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Fue Consultor del BID y de USAID y cuenta con una alta formación académica en economía y finanzas, así como un MBA en telecomunicaciones del Reino Unido.
SR. AGUDELO Agradezco a la señora diputado Banfi y al señor diputado Carro por esta oportunidad para poder disertar en este encuentro.
También tengo un problema de conectividad y pedí que pongan en la pantalla unas imágenes para ir avanzando en mi exposición. La idea es que en estos próximos quince minutos les pueda compartir la visión que tenemos desde CAF, como una banca de desarrollo, acerca de cuál es la importancia de este proceso de transformación digital de América latina en los países que componen esta región. Lo hacemos desde el punto de vista de cómo todavía persisten las desigualdades estructurales en la región. De alguna u otra forma se presentan retos importantes en cuanto a enfrentar la pandemia.
En un segundo punto, debemos concentrarnos en ese desafío no menor que es la universalidad. Es decir, que estos servicios sean accesibles y asequibles al ciento por ciento de la población. No puede ser que en América latina el 50 por ciento de los hogares no tengan acceso a Internet y que unas 200 millones de personas no puedan hacer uso de este servicio.
En la siguiente filmina se expresa el resultado de dos estudios pioneros que se publicaron en la región. Básicamente, desde CAF, explorábamos el rol que cumplen las infraestructuras digitales. Es decir, no sólo lo que tiene que ver con las redes tradicionales de banda ancha, a nivel de fibra óptica y a nivel de conectividad móvil, sino también lo vinculado con las nuevas conexiones. Me refiero a la nueva conectividad del ecosistema de quinta generación y cómo las tecnologías disruptivas -en países con un estado de digitalización más avanzado- vienen cambiando los patrones de desarrollo y mejorando la capacidad de resiliencia económica y social.
Con la siguiente lámina voy a concentrarme en los tres puntos que quiero exponer.
El primero es dónde están estas grandes desigualdades del ecosistema digital en América Latina que, de alguna u otra forma, pueden afectar la capacidad de resiliencia a mediano y largo plazo. Es decir, cuáles son los temas de cambio estructural que se requieren de cara a una mejor capacidad frente a este tipo de emergencias o crisis que se presenten en el futuro.
Quiero partir desde ahí para concentrarme en los problemas que todavía hay de acceso y de accesibilidad, que es un poco lo que nos han pedido que expongamos hoy.
Para terminar, muy rápidamente quiero exponer cuáles son las oportunidades de este proceso de digitalización frente a la pandemia.
En la siguiente lámina, quiero comentar rápidamente que, ciertamente, desde hace unos años venimos midiendo la evolución digital de América Latina.
En ese sentido, hay que decir que los procesos de política y de inversión privada -que se discutieron muy bien en el panel anterior-, han permitido que América Latina tenga un estadio de digitalización mucho más avanzado de lo que tenía hace tan solo cinco o diez años. Si uno mira, la región ha venido mejorando esa capacidad y ese uso de las tecnologías de información y de comunicaciones, no solamente a nivel de lo que es la digitalización de los hogares, sino que también, de una u otra forma, las empresas empiezan a hacer un uso cada vez más intenso de estas tecnologías de cara a su proceso de producción.
Por otro lado, a nivel de lo que es el uso y la demanda, si ustedes ven el último año, cerca de un 73 por ciento de la población en América Latina hace uso de Internet y 49 por ciento de los hogares ya acceden a tecnologías de Internet fijo en el hogar.
Sin embargo, a pesar de este proceso y de este importante avance, cuando en la siguiente lámina vemos y comparamos América Latina con el resto del mundo, encontramos que no es suficiente. En el lado izquierdo de la lámina, como puedan ver en la lámina, estamos todavía en un nivel de digitalización intermedio, muy por debajo de regiones y de economías de Estado de digitalización más avanzadas. Estamos todavía con desafíos importantes frente a algunas regiones que han logrado transitar de una forma más acelerada este proceso de digitalización.
Aquí empezamos a entender dónde están los principales desafíos en materia estructural. Para eso nosotros abordamos esto desde cinco áreas.
Por un lado, está el corazón de este ecosistema, que son las infraestructuras digitales. A partir de ahí, uno puede entender, básicamente, cómo se están usando y para qué se están usando esas infraestructuras.
Por un lado, se están usado para lo que es la digitalización de los hogares, que no solamente es para que accedan a redes sociales o a sistemas de información que son importantes, sino que esas tecnologías habilitan también el acceso a la información de lo que son los servicios de la sociedad, como pueden ser los mismos servicios del gobierno digital. Pero también permiten el acceso a servicios financieros de la banca electrónica e, inclusive, en un tema que es crítico en un escenario de aislamiento, el acceso a plataformas de comercio electrónico.
Por otro lado, está la economía digital. Fundamentalmente, la capacidad de innovación en el espacio digital que tiene la región y la capacidad de transitar hacia lo que es la cuarta revolución industrial, que no es otra cosa que el uso de estas tecnologías emergentes para una mejor gestión y una mejor inteligencia en los procesos de manufactura, operación, cadenas de distribución y aprovisionamiento.
Así, básicamente, hasta lo que es el uso de las tecnologías digitales de cara a la capacidad institucional del Estado de ofrecer servicios y bienes a los ciudadanos, mejorar los temas de transparencia, burocracias, etcétera.
Claramente, si uno trata de entender dónde están las brechas y los desafíos -no quiero decir en todos los países-, en muchas de estas áreas todavía persiste una oportunidad de cambio importante. Por ejemplo, en los temas de infraestructuras digitales, el avance ha sido ciertamente significativo en lo que es el despliegue de conectividad móvil de cuarta generación.
Sin embargo, como lo mencionaron en el panel anterior, en cuanto a los desafíos de la fibra óptica, quizás Uruguay -como se comentaba- es un líder regional. Pero si uno mira a América Latina en el tema de redes de alta velocidad, nota que los desafíos son todavía significativos.
Las conexiones de fibra óptica en la región no superan el 6 por ciento y la conectividad de los hogares, en cuanto a cómo acceden a Internet y para qué la usan, todavía presenta desafíos importantes. Esto los vamos a ver a lo largo de la presentación.
También vamos a ver lo que son los temas de economía digital y capital humano en materia de cómo el sector productivo y la formación técnica y tecnológica se está preparando de cara a lo que es la economía digital, la cuarta revolución o el Internet, básicamente aplicado a ecosistemas productivos.
Por eso, en la siguiente lámina, quiero resaltar la importancia de la inversión en infraestructura digital. Es decir, sin infraestructuras digitales, sin tecnologías digitales, todavía se presentarían una serie de inhabilitaciones para que este ecosistema digital y esta digitalización logre promover y proveer los beneficios del
ecosistema digital.
Lo que vemos nosotros es una región que, en términos relativos, invierte poco en comparación con economías o regiones de digitalización más avanzada. Me refiero, por ejemplo, a todo lo que es la oportunidad no solamente de la red de telecomunicaciones, sino a tecnologías que van desde drones, satélites, cadenas de Blockchain, hasta sistemas de computación en la nube. Entonces, tenemos todavía una brecha y estamos invirtiendo cerca de cuatro veces menos de lo que uno debería invertir si quisiera situarse en un estadio de digitalización mucho más avanzado.
Nosotros vemos países que han logrado modelos de inversión importantes, como Chile y como Uruguay, que explican de una u otra forma esa capacidad de la red y esa calidad del servicio.
Aquí, obviamente, empieza uno a pensar en los grandes desafíos del servicio universal, como por ejemplo promover no solamente el uso de los fondos de servicio universal, los fondos públicos para la extensión de estas redes, sino cómo empiezan a aparecer mecanismos de inversión disruptivos para poder llevar redes de comunicaciones a zonas apartadas.
Por ejemplo, en la Argentina hemos financiado las dos primeras flotas de satélites de lo que fue el ARSAT 1 y 2, sistemas básicamente de comunicaciones de banda ancha para conectar territorios rurales y, adicionalmente, que permiten conectividad a entornos educativos y de salud.
En la siguiente lámina quiero mencionar que, a pesar de esta brecha, no es posible desconocer el avance importante en materia de expansión de cobertura de redes que han hecho los países de América Latina, principalmente también la Argentina.
Si ustedes observan la lámina, el índice de cobertura de redes que nosotros calculamos ha venido creciendo de forma importante. En una escala de 0 a 100, en el último año, se sitúa en cerca de 60 puntos. La calidad del servicio, aunque no ha crecido de la misma forma, sí ha tenido un despegue importante en los últimos años y esto produjo, obviamente, la expansión de redes de fibra óptica en algunos países y, tradicionalmente en lo que es la cobertura de redes de comunicaciones de 4G, por ejemplo, que ya en América Latina ha logrado una cobertura cercana al 85 por ciento.
Sin embargo, quiero hacer énfasis en que la inversión sigue estando todavía en términos relativos muy menores frente a otras economías.
En siguiente lámina, y para cerrar este capítulo de brechas, no quiero dejar de mencionar la importancia y lo que es el desafío en la cuarta revolución industrial. Aquí, básicamente, se trata de pensar cómo podemos promover una mayor adopción de tecnologías de la cuarta revolución o de tecnologías disruptivas, en lo que son los procesos de producción y de manufactura.
Dense cuenta que todavía tenemos brechas estructurales importantes cuando uno habla de lo que son las inversiones en tecnologías de Big Data o de inversión en tecnologías que habilitan el sensoramiento en los ecosistemas productivos para capturar información, mejorar los sistemas de producción, hacer más eficientes los modelos de negocio, etcétera.
Ese no es un desafío menor, porque tiene una importancia -como lo pueden ver en la parte derecha- cada vez más significativa en las cadenas de producción como la manufactura, como la agricultura y como las cadenas logísticas.
Con la siguiente lámina termino este capítulo para avanzar en los temas de universalización.
No quiere decir que en todos los países el promedio sea igual. Hay países que tienen niveles de digitalización más avanzados. Cuando uno mira, por ejemplo, todo ese ecosistema digital que les comentaba al principio, en lo que es la digitalización de los hogares, el avance en la economía digital, la digitalización del Estado y el desarrollo en infraestructuras digitales encuentra países que, en el entorno de América Latina, tienen niveles de digitalización más avanzada, mucho más cercanos a los países de digitalización avanzada.
Obviamente, todo esto implica que las políticas de desarrollo y de apalancamiento del ecosistema digital en estos países, no pueden ser iguales. Por eso, nosotros desde CAF, tenemos una aproximación muy focalizada, dependiendo de cada una de las brechas de los países, para habilitar no solamente el entorno de lo que son las infraestructuras digitales, como en el caso de los satélites en la Argentina o los modelos de conectividad disruptivos, que estamos haciendo en Perú, para conectar un volumen importante de la población.
Realmente, se trata de habilitar toda una oferta de servicios digitales, que van desde conectividad digital para pequeña y mediana empresa hasta, por ejemplo, facilitar el uso de tecnologías para administración en temas municipales en el desarrollo de lo que se conoce como "ciudades inteligentes".
En cuanto al siguiente capítulo, en la siguiente parte de la presentación, quiero avanzar un poco en los desafíos de la universalidad desde dos temas importantes. Uno es el acceso a Internet de la población y de los hogares, o sea, cuáles son las brechas que todavía persisten. Un tema todavía crítico es la asequibilidad, es decir, la capacidad que tienen los hogares y los usuarios de Internet en América Latina para acceder a los planes básicos de banda ancha.
El tema importante en la siguiente lámina es mencionar cómo ha habido un crecimiento. Si ustedes se dan cuenta, desde el año 2004, tan solo en América Latina, un 4 por ciento de los hogares accedía a Internet. Fíjense cómo el año pasado, de acuerdo con cifras oficiales, ya en la región cerca del 50 por ciento de los hogares accede a Internet.
Este punto, que uno puede verlo como un vaso medio lleno o medio vacío, implica también, desde otro punto de vista, que aún en la región, cerca de cinco de cada diez hogares están aislados del mundo digital, cuando uno piensa, por ejemplo, en un escenario de pandemia o aislamiento, que supone un desafío importantísimo. Es la capacidad de acceder a sistemas de información sanitaria, de hacer frente al asueto escolar, y también acceder a bienes y servicios en línea en plataformas de comercio electrónico; cuestión que para cerca del 50 por ciento de los hogares de la región es un tema casi imposible.
En la siguiente lámina, para ir avanzando, creemos que deben focalizarse los esfuerzos, tanto a nivel de política como de recursos.
Por un lado, persisten las desigualdades y los desequilibrios en lo que son los entornos urbanos y rurales. Todavía cerca del 90 por ciento de la población rural no logra acceder a Internet porque, por un lado, los modelos de inversión y financieros derivados de la capacidad de pago de estos hogares no permiten la expansión de red de comunicaciones. Debemos decir que ahí todos los esfuerzos de universalización son ciertamente importantes.
Para entrar en el tema de la brecha digital a nivel de asequibilidad, cuando uno mira a nivel de quintiles de ingreso...
También tengo un problema de conectividad y pedí que pongan en la pantalla unas imágenes para ir avanzando en mi exposición. La idea es que en estos próximos quince minutos les pueda compartir la visión que tenemos desde CAF, como una banca de desarrollo, acerca de cuál es la importancia de este proceso de transformación digital de América latina en los países que componen esta región. Lo hacemos desde el punto de vista de cómo todavía persisten las desigualdades estructurales en la región. De alguna u otra forma se presentan retos importantes en cuanto a enfrentar la pandemia.
En un segundo punto, debemos concentrarnos en ese desafío no menor que es la universalidad. Es decir, que estos servicios sean accesibles y asequibles al ciento por ciento de la población. No puede ser que en América latina el 50 por ciento de los hogares no tengan acceso a Internet y que unas 200 millones de personas no puedan hacer uso de este servicio.
En la siguiente filmina se expresa el resultado de dos estudios pioneros que se publicaron en la región. Básicamente, desde CAF, explorábamos el rol que cumplen las infraestructuras digitales. Es decir, no sólo lo que tiene que ver con las redes tradicionales de banda ancha, a nivel de fibra óptica y a nivel de conectividad móvil, sino también lo vinculado con las nuevas conexiones. Me refiero a la nueva conectividad del ecosistema de quinta generación y cómo las tecnologías disruptivas -en países con un estado de digitalización más avanzado- vienen cambiando los patrones de desarrollo y mejorando la capacidad de resiliencia económica y social.
Con la siguiente lámina voy a concentrarme en los tres puntos que quiero exponer.
El primero es dónde están estas grandes desigualdades del ecosistema digital en América Latina que, de alguna u otra forma, pueden afectar la capacidad de resiliencia a mediano y largo plazo. Es decir, cuáles son los temas de cambio estructural que se requieren de cara a una mejor capacidad frente a este tipo de emergencias o crisis que se presenten en el futuro.
Quiero partir desde ahí para concentrarme en los problemas que todavía hay de acceso y de accesibilidad, que es un poco lo que nos han pedido que expongamos hoy.
Para terminar, muy rápidamente quiero exponer cuáles son las oportunidades de este proceso de digitalización frente a la pandemia.
En la siguiente lámina, quiero comentar rápidamente que, ciertamente, desde hace unos años venimos midiendo la evolución digital de América Latina.
En ese sentido, hay que decir que los procesos de política y de inversión privada -que se discutieron muy bien en el panel anterior-, han permitido que América Latina tenga un estadio de digitalización mucho más avanzado de lo que tenía hace tan solo cinco o diez años. Si uno mira, la región ha venido mejorando esa capacidad y ese uso de las tecnologías de información y de comunicaciones, no solamente a nivel de lo que es la digitalización de los hogares, sino que también, de una u otra forma, las empresas empiezan a hacer un uso cada vez más intenso de estas tecnologías de cara a su proceso de producción.
Por otro lado, a nivel de lo que es el uso y la demanda, si ustedes ven el último año, cerca de un 73 por ciento de la población en América Latina hace uso de Internet y 49 por ciento de los hogares ya acceden a tecnologías de Internet fijo en el hogar.
Sin embargo, a pesar de este proceso y de este importante avance, cuando en la siguiente lámina vemos y comparamos América Latina con el resto del mundo, encontramos que no es suficiente. En el lado izquierdo de la lámina, como puedan ver en la lámina, estamos todavía en un nivel de digitalización intermedio, muy por debajo de regiones y de economías de Estado de digitalización más avanzadas. Estamos todavía con desafíos importantes frente a algunas regiones que han logrado transitar de una forma más acelerada este proceso de digitalización.
Aquí empezamos a entender dónde están los principales desafíos en materia estructural. Para eso nosotros abordamos esto desde cinco áreas.
Por un lado, está el corazón de este ecosistema, que son las infraestructuras digitales. A partir de ahí, uno puede entender, básicamente, cómo se están usando y para qué se están usando esas infraestructuras.
Por un lado, se están usado para lo que es la digitalización de los hogares, que no solamente es para que accedan a redes sociales o a sistemas de información que son importantes, sino que esas tecnologías habilitan también el acceso a la información de lo que son los servicios de la sociedad, como pueden ser los mismos servicios del gobierno digital. Pero también permiten el acceso a servicios financieros de la banca electrónica e, inclusive, en un tema que es crítico en un escenario de aislamiento, el acceso a plataformas de comercio electrónico.
Por otro lado, está la economía digital. Fundamentalmente, la capacidad de innovación en el espacio digital que tiene la región y la capacidad de transitar hacia lo que es la cuarta revolución industrial, que no es otra cosa que el uso de estas tecnologías emergentes para una mejor gestión y una mejor inteligencia en los procesos de manufactura, operación, cadenas de distribución y aprovisionamiento.
Así, básicamente, hasta lo que es el uso de las tecnologías digitales de cara a la capacidad institucional del Estado de ofrecer servicios y bienes a los ciudadanos, mejorar los temas de transparencia, burocracias, etcétera.
Claramente, si uno trata de entender dónde están las brechas y los desafíos -no quiero decir en todos los países-, en muchas de estas áreas todavía persiste una oportunidad de cambio importante. Por ejemplo, en los temas de infraestructuras digitales, el avance ha sido ciertamente significativo en lo que es el despliegue de conectividad móvil de cuarta generación.
Sin embargo, como lo mencionaron en el panel anterior, en cuanto a los desafíos de la fibra óptica, quizás Uruguay -como se comentaba- es un líder regional. Pero si uno mira a América Latina en el tema de redes de alta velocidad, nota que los desafíos son todavía significativos.
Las conexiones de fibra óptica en la región no superan el 6 por ciento y la conectividad de los hogares, en cuanto a cómo acceden a Internet y para qué la usan, todavía presenta desafíos importantes. Esto los vamos a ver a lo largo de la presentación.
También vamos a ver lo que son los temas de economía digital y capital humano en materia de cómo el sector productivo y la formación técnica y tecnológica se está preparando de cara a lo que es la economía digital, la cuarta revolución o el Internet, básicamente aplicado a ecosistemas productivos.
Por eso, en la siguiente lámina, quiero resaltar la importancia de la inversión en infraestructura digital. Es decir, sin infraestructuras digitales, sin tecnologías digitales, todavía se presentarían una serie de inhabilitaciones para que este ecosistema digital y esta digitalización logre promover y proveer los beneficios del
ecosistema digital.
Lo que vemos nosotros es una región que, en términos relativos, invierte poco en comparación con economías o regiones de digitalización más avanzada. Me refiero, por ejemplo, a todo lo que es la oportunidad no solamente de la red de telecomunicaciones, sino a tecnologías que van desde drones, satélites, cadenas de Blockchain, hasta sistemas de computación en la nube. Entonces, tenemos todavía una brecha y estamos invirtiendo cerca de cuatro veces menos de lo que uno debería invertir si quisiera situarse en un estadio de digitalización mucho más avanzado.
Nosotros vemos países que han logrado modelos de inversión importantes, como Chile y como Uruguay, que explican de una u otra forma esa capacidad de la red y esa calidad del servicio.
Aquí, obviamente, empieza uno a pensar en los grandes desafíos del servicio universal, como por ejemplo promover no solamente el uso de los fondos de servicio universal, los fondos públicos para la extensión de estas redes, sino cómo empiezan a aparecer mecanismos de inversión disruptivos para poder llevar redes de comunicaciones a zonas apartadas.
Por ejemplo, en la Argentina hemos financiado las dos primeras flotas de satélites de lo que fue el ARSAT 1 y 2, sistemas básicamente de comunicaciones de banda ancha para conectar territorios rurales y, adicionalmente, que permiten conectividad a entornos educativos y de salud.
En la siguiente lámina quiero mencionar que, a pesar de esta brecha, no es posible desconocer el avance importante en materia de expansión de cobertura de redes que han hecho los países de América Latina, principalmente también la Argentina.
Si ustedes observan la lámina, el índice de cobertura de redes que nosotros calculamos ha venido creciendo de forma importante. En una escala de 0 a 100, en el último año, se sitúa en cerca de 60 puntos. La calidad del servicio, aunque no ha crecido de la misma forma, sí ha tenido un despegue importante en los últimos años y esto produjo, obviamente, la expansión de redes de fibra óptica en algunos países y, tradicionalmente en lo que es la cobertura de redes de comunicaciones de 4G, por ejemplo, que ya en América Latina ha logrado una cobertura cercana al 85 por ciento.
Sin embargo, quiero hacer énfasis en que la inversión sigue estando todavía en términos relativos muy menores frente a otras economías.
En siguiente lámina, y para cerrar este capítulo de brechas, no quiero dejar de mencionar la importancia y lo que es el desafío en la cuarta revolución industrial. Aquí, básicamente, se trata de pensar cómo podemos promover una mayor adopción de tecnologías de la cuarta revolución o de tecnologías disruptivas, en lo que son los procesos de producción y de manufactura.
Dense cuenta que todavía tenemos brechas estructurales importantes cuando uno habla de lo que son las inversiones en tecnologías de Big Data o de inversión en tecnologías que habilitan el sensoramiento en los ecosistemas productivos para capturar información, mejorar los sistemas de producción, hacer más eficientes los modelos de negocio, etcétera.
Ese no es un desafío menor, porque tiene una importancia -como lo pueden ver en la parte derecha- cada vez más significativa en las cadenas de producción como la manufactura, como la agricultura y como las cadenas logísticas.
Con la siguiente lámina termino este capítulo para avanzar en los temas de universalización.
No quiere decir que en todos los países el promedio sea igual. Hay países que tienen niveles de digitalización más avanzados. Cuando uno mira, por ejemplo, todo ese ecosistema digital que les comentaba al principio, en lo que es la digitalización de los hogares, el avance en la economía digital, la digitalización del Estado y el desarrollo en infraestructuras digitales encuentra países que, en el entorno de América Latina, tienen niveles de digitalización más avanzada, mucho más cercanos a los países de digitalización avanzada.
Obviamente, todo esto implica que las políticas de desarrollo y de apalancamiento del ecosistema digital en estos países, no pueden ser iguales. Por eso, nosotros desde CAF, tenemos una aproximación muy focalizada, dependiendo de cada una de las brechas de los países, para habilitar no solamente el entorno de lo que son las infraestructuras digitales, como en el caso de los satélites en la Argentina o los modelos de conectividad disruptivos, que estamos haciendo en Perú, para conectar un volumen importante de la población.
Realmente, se trata de habilitar toda una oferta de servicios digitales, que van desde conectividad digital para pequeña y mediana empresa hasta, por ejemplo, facilitar el uso de tecnologías para administración en temas municipales en el desarrollo de lo que se conoce como "ciudades inteligentes".
En cuanto al siguiente capítulo, en la siguiente parte de la presentación, quiero avanzar un poco en los desafíos de la universalidad desde dos temas importantes. Uno es el acceso a Internet de la población y de los hogares, o sea, cuáles son las brechas que todavía persisten. Un tema todavía crítico es la asequibilidad, es decir, la capacidad que tienen los hogares y los usuarios de Internet en América Latina para acceder a los planes básicos de banda ancha.
El tema importante en la siguiente lámina es mencionar cómo ha habido un crecimiento. Si ustedes se dan cuenta, desde el año 2004, tan solo en América Latina, un 4 por ciento de los hogares accedía a Internet. Fíjense cómo el año pasado, de acuerdo con cifras oficiales, ya en la región cerca del 50 por ciento de los hogares accede a Internet.
Este punto, que uno puede verlo como un vaso medio lleno o medio vacío, implica también, desde otro punto de vista, que aún en la región, cerca de cinco de cada diez hogares están aislados del mundo digital, cuando uno piensa, por ejemplo, en un escenario de pandemia o aislamiento, que supone un desafío importantísimo. Es la capacidad de acceder a sistemas de información sanitaria, de hacer frente al asueto escolar, y también acceder a bienes y servicios en línea en plataformas de comercio electrónico; cuestión que para cerca del 50 por ciento de los hogares de la región es un tema casi imposible.
En la siguiente lámina, para ir avanzando, creemos que deben focalizarse los esfuerzos, tanto a nivel de política como de recursos.
Por un lado, persisten las desigualdades y los desequilibrios en lo que son los entornos urbanos y rurales. Todavía cerca del 90 por ciento de la población rural no logra acceder a Internet porque, por un lado, los modelos de inversión y financieros derivados de la capacidad de pago de estos hogares no permiten la expansión de red de comunicaciones. Debemos decir que ahí todos los esfuerzos de universalización son ciertamente importantes.
Para entrar en el tema de la brecha digital a nivel de asequibilidad, cuando uno mira a nivel de quintiles de ingreso...
SRA. BANFI Perdón, debería ir redondeando su exposición ya que se ha cumplido su tiempo.
SR. AGUDELO Solo me resta un minuto, voy terminando.
Para ir avanzando rápidamente en la siguiente lámina, aquí se plantean los temas de asequibilidad; les dejo la presentación. Cualquier duda la podré ir discutiendo en el espacio de preguntas después de mi exposición, pero si quieren vamos terminando con la última parte.
Los temas de asequibilidad de banda ancha constituyen un desafío. Aquí está, básicamente, nuestra visión sobre la oportunidad de expandir las comunicaciones de banda ancha en la Argentina, no solamente a nivel de lo que es cobertura de redes, sino también transitar hacia modelos de digitalización en los que Internet sea usado, por ejemplo, para acceder a bienes de comercio electrónico, educación y salud.
En la siguiente lámina -ya para redondear y con esto termino, porque la próxima es la última- quiero destacar cuáles son las oportunidades de digitalización frente al COVID-19.
Cuando uno mira, por ejemplo, los grandes desafíos, las infraestructuras digitales todavía requieren en América Latina una transición hacia redes de mayor capacidad, calidad y velocidad, que permitan una mayor resiliencia, por ejemplo, en los hogares, donde todavía hay una brecha importante por cerrar, sobre todo para hacer un uso más efectivo de Internet.
Asimismo, cabe señalar el tema de la producción, donde, por ejemplo, las tecnologías no se están usando para fortalecer las cadenas de abastecimiento y de distribución de mercancías en entornos de aislamiento, aspecto que es importante.
Asimismo, resulta importante destacar la capacidad, la modernización e innovación digital del Estado en lo que tiene que ver con garantizar la prestación de los servicios y de los bienes.
Cuando uno mira, por ejemplo, los casos exitosos de cómo se ha logrado hacer una gestión digital e integral de la pandemia, todos esos temas de conectividad de plataformas de sistemas de información, acceso remoto y sistemas de inteligencia artificial cumplen y tienen un rol crítico en la región.
Con esto finalicé mi exposición; puedo ir complementando las inquietudes que surjan en el espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este panel, cuyo nivel destaco.
Para ir avanzando rápidamente en la siguiente lámina, aquí se plantean los temas de asequibilidad; les dejo la presentación. Cualquier duda la podré ir discutiendo en el espacio de preguntas después de mi exposición, pero si quieren vamos terminando con la última parte.
Los temas de asequibilidad de banda ancha constituyen un desafío. Aquí está, básicamente, nuestra visión sobre la oportunidad de expandir las comunicaciones de banda ancha en la Argentina, no solamente a nivel de lo que es cobertura de redes, sino también transitar hacia modelos de digitalización en los que Internet sea usado, por ejemplo, para acceder a bienes de comercio electrónico, educación y salud.
En la siguiente lámina -ya para redondear y con esto termino, porque la próxima es la última- quiero destacar cuáles son las oportunidades de digitalización frente al COVID-19.
Cuando uno mira, por ejemplo, los grandes desafíos, las infraestructuras digitales todavía requieren en América Latina una transición hacia redes de mayor capacidad, calidad y velocidad, que permitan una mayor resiliencia, por ejemplo, en los hogares, donde todavía hay una brecha importante por cerrar, sobre todo para hacer un uso más efectivo de Internet.
Asimismo, cabe señalar el tema de la producción, donde, por ejemplo, las tecnologías no se están usando para fortalecer las cadenas de abastecimiento y de distribución de mercancías en entornos de aislamiento, aspecto que es importante.
Asimismo, resulta importante destacar la capacidad, la modernización e innovación digital del Estado en lo que tiene que ver con garantizar la prestación de los servicios y de los bienes.
Cuando uno mira, por ejemplo, los casos exitosos de cómo se ha logrado hacer una gestión digital e integral de la pandemia, todos esos temas de conectividad de plataformas de sistemas de información, acceso remoto y sistemas de inteligencia artificial cumplen y tienen un rol crítico en la región.
Con esto finalicé mi exposición; puedo ir complementando las inquietudes que surjan en el espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este panel, cuyo nivel destaco.
SRA. BANFI Muchas gracias, Mauricio. Vamos a pasar al siguiente expositor, es un viejo amigo, Damián Loreti, abogado de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, fue director de la carrera de Ciencias de la Comunicación y vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, se desempeñó allí como profesor titular plenario de Derecho a la Información y profesor de postgrado en distintas universidades.
Tiene una larga trayectoria como asesor legal de periodistas, activistas y medios comunitarios. Fue peticionante y amicus curiae ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y perito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente, es vicepresidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y desde el año 2012, secretario del Centro de Estudios Legales y Sociales. Candidato a relator especial por la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Le cedo la palabra, aclarando que cuenta con quince minutos para brindar su exposición.
Tiene una larga trayectoria como asesor legal de periodistas, activistas y medios comunitarios. Fue peticionante y amicus curiae ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y perito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente, es vicepresidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y desde el año 2012, secretario del Centro de Estudios Legales y Sociales. Candidato a relator especial por la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Le cedo la palabra, aclarando que cuenta con quince minutos para brindar su exposición.
SR. LORETI Buenos días a todos, todas y "todes".
Es cierto, tengo viejos amigos en el panel; gracias a Karina, Emilia, Daniela y al resto de los colegas, y un agradecimiento especial a Pablo Carro y a Diego Rossi.
Es difícil agregar cosas a lo ya dicho, porque ha habido un diagnóstico muy exhaustivo de la situación de infraestructura. Voy a tratar de caminar por algunos bordes no transitados; cuando hay dudas, a veces hace falta ir a las fuentes, y eso es lo que intentaré hacer.
Respecto de la discusión del derecho humano a la Internet y la conectividad, yo iría a las fuentes. En este sentido, en el artículo 13, inciso tres de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se habla de una medida de restricción indirecta al derecho de la libertad de expresión. Esto está previsto en el artículo 13, incisos uno y dos, en materia de libertad de exponer, difundir, recibir informaciones, opiniones e ideas por cualquier medio. Cualquier medio, implica cualquier soporte tecnológico.
Sin embargo, a diferencia de otros convenios internacionales, la Convención Americana dice que es un mecanismo de restricción indirecta el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, de cualquier otro enser o elemento destinado a la circulación de informaciones y opiniones. Ese cualquier otro elemento implica esta universalidad de tecnologías, que mencionaba recién.
En 1969 era imposible pensar en la fibra óptica, pero se pensaba en las frecuencias y, en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estaríamos estableciendo una discriminación irrazonable del propio principio de la universalidad de soportes o de la progresividad, que mencionaba hace un rato Emilio. Así que, para mí, ahí hay una regla en paridad de condiciones de lo que se llama acceso a las facilidades esenciales.
Las facilidades esenciales son un concepto basado, a veces, en reglas de desarrollo de defensa de la competencia. Sería aplicable al caso, pero también fue aplicado como reglas para contener, por ejemplo, medidas anticompetitivas o monopolísticas en temas de libertad de expresión, aun cuando no hubiera problemas de frecuencias.
Hay un caso muy famoso en la Corte de Estados Unidos, que se llama Citizen Publishers, que obligó a desinvertir en la compra de un diario. El problema no era el papel, sino que se consideraba como una facilidad esencial el recorrido por un mismo camión de parte de dos diarios y ahora solo una empresa, en el ejemplo, por la acumulación del listado de suscriptores sobre la acumulación del listado de anunciantes.
Se dio esa premisa en función de que no se debe monopolizar el acceso a facilidades esenciales, tanto más cuando el acceso a las redes sufre este problema. No me alcanza el tiempo; incluso, no soy la persona más perfeccionada para transitar este tema, pero los diagnósticos sobre las situaciones de control de varias de las llamadas "siete capas de Internet" también brindan un ejemplo en este plano.
Ahora, en relación con los servicios sobre facilidades esenciales montadas en reglas de conectividad, este debate se daba en Canadá hace mucho tiempo; hablo de la década del 90, por ejemplo, cuando se discutía qué quería decir servicio universal: si era solo la teledensidad o también abarcaba el rango de servicios. Argentina Digital -como también existe en Chile- lo llevó a un plano de reglas de velocidad de tránsito de datos; si no, ahí habría una disparidad brutal.
Esto nos lleva a otro debate también vinculado con el reconocimiento de derechos humanos que se llama "neutralidad de red", que está planteado en varios de nuestros marcos jurídicos.
Desde el punto de vista tecnológico, no estoy diciendo que está mal, la situación de la pandemia nos ofrece una alternativa bastante compleja, ya que la preferencia para ciertos tipos de servicios es una alteración del principio de neutralidad de red. Ahora, este derecho, en el marco del artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no aparecería como una restricción irrazonable. Según el artículo 32 de la citada convención, un derecho no debe primar irrazonablemente sobre otro; tampoco sería irrazonable. Lo que digo es que cuando se privilegian situaciones, por ejemplo, de emergencias, contenidos educativos o liberación del CAP, en el cómputo de los datos que se transmiten para acceder a cierto tipo de información, hay que prever -como tiene el marco civil de Internet de Brasil- que las reglas de emergencia puedan hacer un apartamento tecnológico de esto.
No estoy hablando de un modelo de cero rating ni cosas parecidas; lo que estoy diciendo es que hay efectivamente una apropiación del concepto de neutralidad de red, en función de los derechos humanos que requieren tener una mirada para situaciones de emergencia.
¿Por qué digo esto? Porque se acaba de dar un debate en la Corte Constitucional de Colombia, sobre este asunto. Dos entidades de protección de libertad de expresión y de activismo en Internet hicieron un planteo sobre la inconstitucionalidad del decreto legislativo del gobierno de Colombia, número 464.
Dichas entidades plantearon que había una violación al principio de neutralidad de red y la Corte Constitucional de Colombia -sin que existiera regla alguna- dijo que no era una restricción irrazonable, pero sí entendía que había una afectación al principio de neutralidad.
A la hora de reclamar -caminando por los bordes no transitados de la reunión-, ¿a quién se le exige esto y por qué? Es obvio que los Estados son los responsables ante la comunidad internacional del respeto por los derechos humanos; pero no solo el informe Ruggie aprueba lo que se llaman "los Principios Rectores de Naciones Unidas" sobre la responsabilidad empresarial en materia de derechos humanos, sino también hay que saber que las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos, y prevenir y reparar sus violaciones.
Asimismo, si vamos a la regla de exclusiones del acceso a las facilidades esenciales, ahí tenemos un problema de acceso al ejercicio de derechos humanos. Ya varios hablaron del modo interseccional; no solo es el tema de la conectividad, sino de la educación, del género, de las etnias, de la ubicación geográfica y de la situación económica.
Las Naciones Unidas han dicho ya varias veces que estos principios rectores no son una mera declaración, que hay que cumplirlos, y someten a las empresas a trabajarlos, en el marco de los derechos humanos y la condición de su reconocimiento por los órganos específicos.
Agregaría solo un par de detalles más para dar tiempo al resto de los panelistas, porque venimos apretados con el debate. Volviendo a eso de caminar por los márgenes, hay poca atención a los temas de accesibilidad. Sin embargo, personas con capacidades especiales y mayores tienen sus convenios específicos en el marco interamericano y también universal, donde aparecen obligaciones en materia de medios de comunicación, accesibilidad y libertad de expresión.
La propia ley argentina, en algún momento, planteó eso. Hay un problema desde hace mucho tiempo con la factibilidad, con el acceso a las herramientas tecnológicas necesarias, según la Corte Interamericana, en materia de libertad de expresión e información.
Otro tema es la aparición de nuevos actores, que difícilmente hemos visibilizado: la UIT y la CITEL han considerado varias veces las reglas de admisibilidad en el juego, en la actuación de lo que se conoce como las redes comunitarias. Hasta dónde entiendo, México tiene algunas experiencias interesantes sobre eso. AlterMundi es un ejemplo interesante en la Argentina para destacar.
Otro tema vinculado con la no discriminación tiene que ver con las reglas de salvataje o de contención de las emergencias y la aplicación de reglas distintas con diferentes garantías de derechos, en función del tipo de pago de los servicios.
Emilio mencionaba el tema de la accesibilidad de la educación por vía del teléfono celular -comparto lo que dijo-, pero aún dentro de las reglas de la telefonía celular u otro tipo de servicios, los prepagos y los pospagos tienen impactos sobre los modos en los cuales esto se cumple.
Última reflexión: todos estamos dando por hecho, pero quiero advertir que estamos hablando de servicios de telecomunicaciones sin lo que se conoce como discrecionalidad editorial. En muchos de nuestros países, la definición de servicios de telecomunicaciones impacta también sobre la televisión por cable; no sea cosa que estemos descuidando una definición muy genérica de naturaleza de servicios o de injerencias de actores estatales o no estatales, que puedan impactar sobre otro tipo de derechos que no estamos previendo.
También incluyo en el marco de las complejidades la situación de los trabajadores del sector. Para cubrir situaciones de complejidad, como es el mantenimiento del funcionamiento de las redes en el marco de las crisis sanitarias, también forma parte de los derechos humanos cumplimentar debidamente -lo dicen los Principios Rectores de Naciones Unidas- ciertas reglas de protección a los propios trabajadores del sector.
Solamente, por citar un ejemplo, cuando la propagación del COVID-19 se da en un plantel de trabajadores que está destinando sus esfuerzos a contener la desconexión, hay planteles enteros que pueden resultar afectados si son contagiados. Esto puede implicar grandes barrios, ciudades o localidades enteras sin posibilidad de resolver problemas de conectividad, porque tendrían que ir a resguardarse por confinamiento a sus propias casas.
Si miramos los diarios de los países de nuestra región, el coronavirus no se ha detenido en las puertas de los canales de televisión ni en los planteles de instalación. Así como hay que cuidar mucho a los médicos, también hay que cuidar a los trabajadores que sostienen la necesaria prestación de los servicios.
Creo que me sobraron un par de minutos, pero prefiero dárselos a los colegas y al debate en general, que no hubo en el panel anterior. Nuevamente, muchas gracias por la invitación.
Es cierto, tengo viejos amigos en el panel; gracias a Karina, Emilia, Daniela y al resto de los colegas, y un agradecimiento especial a Pablo Carro y a Diego Rossi.
Es difícil agregar cosas a lo ya dicho, porque ha habido un diagnóstico muy exhaustivo de la situación de infraestructura. Voy a tratar de caminar por algunos bordes no transitados; cuando hay dudas, a veces hace falta ir a las fuentes, y eso es lo que intentaré hacer.
Respecto de la discusión del derecho humano a la Internet y la conectividad, yo iría a las fuentes. En este sentido, en el artículo 13, inciso tres de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se habla de una medida de restricción indirecta al derecho de la libertad de expresión. Esto está previsto en el artículo 13, incisos uno y dos, en materia de libertad de exponer, difundir, recibir informaciones, opiniones e ideas por cualquier medio. Cualquier medio, implica cualquier soporte tecnológico.
Sin embargo, a diferencia de otros convenios internacionales, la Convención Americana dice que es un mecanismo de restricción indirecta el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, de cualquier otro enser o elemento destinado a la circulación de informaciones y opiniones. Ese cualquier otro elemento implica esta universalidad de tecnologías, que mencionaba recién.
En 1969 era imposible pensar en la fibra óptica, pero se pensaba en las frecuencias y, en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estaríamos estableciendo una discriminación irrazonable del propio principio de la universalidad de soportes o de la progresividad, que mencionaba hace un rato Emilio. Así que, para mí, ahí hay una regla en paridad de condiciones de lo que se llama acceso a las facilidades esenciales.
Las facilidades esenciales son un concepto basado, a veces, en reglas de desarrollo de defensa de la competencia. Sería aplicable al caso, pero también fue aplicado como reglas para contener, por ejemplo, medidas anticompetitivas o monopolísticas en temas de libertad de expresión, aun cuando no hubiera problemas de frecuencias.
Hay un caso muy famoso en la Corte de Estados Unidos, que se llama Citizen Publishers, que obligó a desinvertir en la compra de un diario. El problema no era el papel, sino que se consideraba como una facilidad esencial el recorrido por un mismo camión de parte de dos diarios y ahora solo una empresa, en el ejemplo, por la acumulación del listado de suscriptores sobre la acumulación del listado de anunciantes.
Se dio esa premisa en función de que no se debe monopolizar el acceso a facilidades esenciales, tanto más cuando el acceso a las redes sufre este problema. No me alcanza el tiempo; incluso, no soy la persona más perfeccionada para transitar este tema, pero los diagnósticos sobre las situaciones de control de varias de las llamadas "siete capas de Internet" también brindan un ejemplo en este plano.
Ahora, en relación con los servicios sobre facilidades esenciales montadas en reglas de conectividad, este debate se daba en Canadá hace mucho tiempo; hablo de la década del 90, por ejemplo, cuando se discutía qué quería decir servicio universal: si era solo la teledensidad o también abarcaba el rango de servicios. Argentina Digital -como también existe en Chile- lo llevó a un plano de reglas de velocidad de tránsito de datos; si no, ahí habría una disparidad brutal.
Esto nos lleva a otro debate también vinculado con el reconocimiento de derechos humanos que se llama "neutralidad de red", que está planteado en varios de nuestros marcos jurídicos.
Desde el punto de vista tecnológico, no estoy diciendo que está mal, la situación de la pandemia nos ofrece una alternativa bastante compleja, ya que la preferencia para ciertos tipos de servicios es una alteración del principio de neutralidad de red. Ahora, este derecho, en el marco del artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no aparecería como una restricción irrazonable. Según el artículo 32 de la citada convención, un derecho no debe primar irrazonablemente sobre otro; tampoco sería irrazonable. Lo que digo es que cuando se privilegian situaciones, por ejemplo, de emergencias, contenidos educativos o liberación del CAP, en el cómputo de los datos que se transmiten para acceder a cierto tipo de información, hay que prever -como tiene el marco civil de Internet de Brasil- que las reglas de emergencia puedan hacer un apartamento tecnológico de esto.
No estoy hablando de un modelo de cero rating ni cosas parecidas; lo que estoy diciendo es que hay efectivamente una apropiación del concepto de neutralidad de red, en función de los derechos humanos que requieren tener una mirada para situaciones de emergencia.
¿Por qué digo esto? Porque se acaba de dar un debate en la Corte Constitucional de Colombia, sobre este asunto. Dos entidades de protección de libertad de expresión y de activismo en Internet hicieron un planteo sobre la inconstitucionalidad del decreto legislativo del gobierno de Colombia, número 464.
Dichas entidades plantearon que había una violación al principio de neutralidad de red y la Corte Constitucional de Colombia -sin que existiera regla alguna- dijo que no era una restricción irrazonable, pero sí entendía que había una afectación al principio de neutralidad.
A la hora de reclamar -caminando por los bordes no transitados de la reunión-, ¿a quién se le exige esto y por qué? Es obvio que los Estados son los responsables ante la comunidad internacional del respeto por los derechos humanos; pero no solo el informe Ruggie aprueba lo que se llaman "los Principios Rectores de Naciones Unidas" sobre la responsabilidad empresarial en materia de derechos humanos, sino también hay que saber que las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos, y prevenir y reparar sus violaciones.
Asimismo, si vamos a la regla de exclusiones del acceso a las facilidades esenciales, ahí tenemos un problema de acceso al ejercicio de derechos humanos. Ya varios hablaron del modo interseccional; no solo es el tema de la conectividad, sino de la educación, del género, de las etnias, de la ubicación geográfica y de la situación económica.
Las Naciones Unidas han dicho ya varias veces que estos principios rectores no son una mera declaración, que hay que cumplirlos, y someten a las empresas a trabajarlos, en el marco de los derechos humanos y la condición de su reconocimiento por los órganos específicos.
Agregaría solo un par de detalles más para dar tiempo al resto de los panelistas, porque venimos apretados con el debate. Volviendo a eso de caminar por los márgenes, hay poca atención a los temas de accesibilidad. Sin embargo, personas con capacidades especiales y mayores tienen sus convenios específicos en el marco interamericano y también universal, donde aparecen obligaciones en materia de medios de comunicación, accesibilidad y libertad de expresión.
La propia ley argentina, en algún momento, planteó eso. Hay un problema desde hace mucho tiempo con la factibilidad, con el acceso a las herramientas tecnológicas necesarias, según la Corte Interamericana, en materia de libertad de expresión e información.
Otro tema es la aparición de nuevos actores, que difícilmente hemos visibilizado: la UIT y la CITEL han considerado varias veces las reglas de admisibilidad en el juego, en la actuación de lo que se conoce como las redes comunitarias. Hasta dónde entiendo, México tiene algunas experiencias interesantes sobre eso. AlterMundi es un ejemplo interesante en la Argentina para destacar.
Otro tema vinculado con la no discriminación tiene que ver con las reglas de salvataje o de contención de las emergencias y la aplicación de reglas distintas con diferentes garantías de derechos, en función del tipo de pago de los servicios.
Emilio mencionaba el tema de la accesibilidad de la educación por vía del teléfono celular -comparto lo que dijo-, pero aún dentro de las reglas de la telefonía celular u otro tipo de servicios, los prepagos y los pospagos tienen impactos sobre los modos en los cuales esto se cumple.
Última reflexión: todos estamos dando por hecho, pero quiero advertir que estamos hablando de servicios de telecomunicaciones sin lo que se conoce como discrecionalidad editorial. En muchos de nuestros países, la definición de servicios de telecomunicaciones impacta también sobre la televisión por cable; no sea cosa que estemos descuidando una definición muy genérica de naturaleza de servicios o de injerencias de actores estatales o no estatales, que puedan impactar sobre otro tipo de derechos que no estamos previendo.
También incluyo en el marco de las complejidades la situación de los trabajadores del sector. Para cubrir situaciones de complejidad, como es el mantenimiento del funcionamiento de las redes en el marco de las crisis sanitarias, también forma parte de los derechos humanos cumplimentar debidamente -lo dicen los Principios Rectores de Naciones Unidas- ciertas reglas de protección a los propios trabajadores del sector.
Solamente, por citar un ejemplo, cuando la propagación del COVID-19 se da en un plantel de trabajadores que está destinando sus esfuerzos a contener la desconexión, hay planteles enteros que pueden resultar afectados si son contagiados. Esto puede implicar grandes barrios, ciudades o localidades enteras sin posibilidad de resolver problemas de conectividad, porque tendrían que ir a resguardarse por confinamiento a sus propias casas.
Si miramos los diarios de los países de nuestra región, el coronavirus no se ha detenido en las puertas de los canales de televisión ni en los planteles de instalación. Así como hay que cuidar mucho a los médicos, también hay que cuidar a los trabajadores que sostienen la necesaria prestación de los servicios.
Creo que me sobraron un par de minutos, pero prefiero dárselos a los colegas y al debate en general, que no hubo en el panel anterior. Nuevamente, muchas gracias por la invitación.
SRA. BANFI Muchísimas gracias, Damián por tu intervención y por el uso generoso del tiempo con el resto de los expositores.
Ahora vamos a tener la posibilidad de escuchar a una mujer, que eso siempre es muy grato. Se trata de Daniela Monje, doctora en Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea y licenciada en Comunicación Social, ambas en la Universidad Nacional de Córdoba. Profesora regular y directora de equipos de investigación en las universidades nacionales de Villa María y de Córdoba, en esta última en el Centro de Estudios Avanzados. Dirige actualmente la maestría de Comunicación y Cultura Contemporánea. Integra la comisión directiva de la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social -FADECCOS-, y fue designada en 2015 como representante por el sector universitario en el Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos, creado por la ley de servicios de comunicación audiovisual. Coordina desde 2019, junto a César Bolaño e Isabel Ramos el grupo de trabajo sobre Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura en Clacso.
Bienvenida. Cuenta con quince minutos para exponer.
Tiene la palabra la señora Daniela Monje.
Ahora vamos a tener la posibilidad de escuchar a una mujer, que eso siempre es muy grato. Se trata de Daniela Monje, doctora en Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea y licenciada en Comunicación Social, ambas en la Universidad Nacional de Córdoba. Profesora regular y directora de equipos de investigación en las universidades nacionales de Villa María y de Córdoba, en esta última en el Centro de Estudios Avanzados. Dirige actualmente la maestría de Comunicación y Cultura Contemporánea. Integra la comisión directiva de la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social -FADECCOS-, y fue designada en 2015 como representante por el sector universitario en el Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos, creado por la ley de servicios de comunicación audiovisual. Coordina desde 2019, junto a César Bolaño e Isabel Ramos el grupo de trabajo sobre Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura en Clacso.
Bienvenida. Cuenta con quince minutos para exponer.
Tiene la palabra la señora Daniela Monje.
SRA. MONJE Buenos días. Agradezco esta invitación en las figuras del diputado Pablo Carro y de la diputada Karina Banfi.
Quiero saludar a los colegas que se encuentran presentes, así como a mis compañeros.
La convocatoria a este panel se tituló "Desigualdades estructurales, y el desafío de la universalidad: acceso y asequibilidad con servicios en competencia". Es un título por demás desafiante para poder pensar la situación de la conectividad en la pandemia, pero también, en términos más amplios, de los derechos a la comunicación en este contexto y en la época histórica que nos toca vivir.
Me pareció interesante enfocar mi intervención en la cuestión de acceso y asequibilidad porque son dos dimensiones sobre las cuales a veces se transita de una manera más bien técnica. Me resultó importante situarlas en la perspectiva de los derechos humanos, recordando también que estas cuestiones están claramente previstas por la legislación argentina actual. De hecho, la ley 27.078, "Argentina digital", forma parte de los fundamentos citados en el artículo 2º del proyecto. Precisamente, la finalidad de esa ley fue garantizar por parte del Estado el acceso y la asequibilidad de las TIC para el pueblo.
Considero que es un buen punto de partida para pensar cómo el Estado tiene que garantizar que estas dimensiones de acceso y asequibilidad, en términos de conectividad, se cumplan como derechos humanos, en tanto que Internet, vista como una de las posibilidades que tenemos para comunicarnos en esta época, es parte de la libertad de expresión. Como bien sabemos, la libertad de expresión no es un derecho puramente declamativo, sino que reclama por parte de los Estados ciertas formas y mecanismos para su cumplimiento y garantía.
En ese punto me parecía importante recordar que, en términos de derechos, la cuestión del acceso ha sido ya debatida desde larga data en el campo académico. De hecho, en el campo de la comunicación nosotros tenemos un antecedente muy importante, que son las discusiones que tuvieron lugar en ocasión de la producción del llamado "Informe McBride". Ya en el año 1977, en Belgrado, se hablaba de acceso y de las diferentes dimensiones que tiene.
La primera dimensión es la de la elección material. Es una elección que, en teoría, todos los sujetos, todos los ciudadanos, tendrían que poder hacer por al menos un servicio de, por ejemplo, radio o televisión, como era en ese momento. Pero llevado este concepto a la situación contemporánea, no solamente debería pensarse en términos de radio y televisión, es decir, de un espectro radioeléctrico vinculado con ese tipo de comunicaciones, sino que es relevante también pensarlo en términos de un acceso universal a Internet. Esta cuestión no está garantizada; se discute y se propone, pero no ha sido lo suficientemente trabajada. Además, no está garantizada la asequibilidad, que es el segundo término que nos importa trabajar para todos los ciudadanos en igualdad de condiciones.
Este punto entre asequibilidad y accesibilidad también es un punto de partida importante a tener en cuenta. Cuando hablamos de accesibilidad estamos hablando de aquello que, para ser alcanzado, no requiere de mayores dificultadas, o no generaría mayores problemas. El acceso tendría que ser algo que no tenga un escollo de por medio. En cambio, la asequibilidad, cuando la comparamos con el acceso, es algo que puede conseguirse o alcanzarse, pero con el requerimiento de una cierta erogación, de un cierto precio -podríamos decir- por parte del ciudadano o del usuario. Ese precio tendría que ser, en términos de acceso a derechos, justo y razonable.
El caso es que en la República Argentina la legislación que se ha desarrollado en torno a la asequibilidad de servicios TIC, que son específicamente los que encuadrarían en la noción de Internet, ha sido de alguna manera restringida o cercenada a partir de un decreto sancionado a fines del año 2015. En ese decreto -el 267- una facultad del Estado, que era justamente la de fijar tarifas para ciertos servicios que se consideraban esenciales en términos de TIC, fue retirado de la normativa. Por tal motivo, la norma actual solamente indica que los prestadores de estos servicios tienen que fijar precios justos y razonables. Allí me parece que hay una cuestión donde tenemos que volver a poner los acentos, porque efectivamente la situación de desigualdad en la Argentina es muy alta. Es comparable con la del resto de América Latina, pero también tiene sus propios números y sus propias brechas.
Me parece que ahí hay un primer punto a tener en cuenta a la hora de pensar en una regulación inteligente que pueda generar los resguardos necesarios como para que el servicio de Internet, y los recursos que se necesiten, sea efectivamente asequible para toda la población. Porque no solamente se trata de declamar que existe un acceso, que está garantizado por un determinado desarrollo de infraestructura, sino también garantizar que ese acceso sea finalmente asequible por los usuarios.
Solamente voy a dar algunos números para poder saber cuál es la situación de nuestro país en comparación con los países de la región, por lo menos con los casos que se han expuesto en estos dos paneles. En la Argentina tenemos algunas cifras que pueden ser ilustrativas. En términos de velocidad de subida y de bajada, tenemos una velocidad de bajada, que normalmente se utiliza para el consumo doméstico, de 28 megas. Pero la velocidad de subida, que siempre oscila entre el 10 y el 20 por ciento de la velocidad de bajada, solamente llega a los 2,8 megas. En relación con los estándares que se pueden cuantificar en otros lugares del mundo, esto es relativamente bajo. De hecho, ya lo vamos a poder comparar más adelante con otros números del contexto general.
Fíjense incluso que la media de 2,8 megas de subida es una media que de ninguna manera no se podría generalizar para toda la población de la Argentina. En el 67 por ciento de los accesos de la República Argentina la cifra es inferior a 30 megas.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde se concentra la mayor cantidad de población y de alguna manera donde tendríamos los servicios más eficientes en términos de conectividad, el 55 por ciento de la población tiene un acceso inferior a esta media. Y fíjense que en el resto del país la situación es mucho más grave porque el 88 por ciento de los accesos es inferior a esta media de 28 megas.
Considerando también que, como se ha podido mensurar en términos aproximados, siete millones de personas han agregado actividades de trabajo, o sea, teletrabajo y teleeducación durante la pandemia, se pueden dar cuenta de que hay una situación de extrema desigualdad entre las personas que han podido quedar conectadas teletrabajando y teleeducándose y las personas que no. Recordemos nuevamente que 88 por ciento de los accesos en la Argentina es inferior a la media de 28 megas.
Esta es una cuestión importante porque en general la gente utilizaba la conectividad hogareña para un consumo de contenidos en términos de OTT o de redes, pero hoy día tiene que utilizarla para trabajar, para hacer sus compras, para educarse, y muy en segundo plano quizás para entretenerse e informarse.
Entonces, me parece que en este punto tenemos que poner el ojo, porque no se trata solamente de generar infraestructura en términos de accesibilidad, sino también de saber cuánto ha costado para las familias pagar abonos que garanticen estos niveles de velocidad para subida y bajada de datos.
Si llevamos esto a un contexto un poco más amplio, pero también vinculado a la cuestión de la teleeducación, fíjense que en mayo de 2020 UNESCO aportaba unas cifras que son realmente alarmantes en relación a qué se pudo hacer en este tiempo de pandemia en relación a conectividad y educación. Dijo que la mitad de los alumnos, es decir, 826 millones de estudiantes, no tiene una computadora en su hogar; el 43 por ciento no tiene Internet en sus casas. Este no es un dato menor, porque justamente nos coloca en una situación de blanco sobre negro respecto de qué significa la conectividad en estos tiempos, quiénes quedan cubiertos en términos de derechos y quiénes quedan por fuera de esta posibilidad. La verdad es que hay muchos ciudadanos que están por fuera, que están descubiertos, que están a la intemperie y sin estos derechos.
Considero que es necesario pensar justamente que no existe un grado cero de desigualdad, que estamos pensando la conectividad en términos de un grado de desigualdad estructural existente y que desde esos lugares es necesario generar procesos de regulación inteligente para garantizar asequibilidad a toda la población en función de sus posibilidades de acceso y de sus posibilidades de alfabetización digital, como dijeron también algunos expositores precedentes.
Es decir, así como no hay un grado cero de desigualdad en términos de conectividad pensándolo en términos de costos y de infraestructura, tampoco hay un grado cero en cuanto a conocimientos con los que se llega a las redes y a apropiarse de lo que por allí circula. Esa alfabetización también se ha hecho evidente en este tiempo de pandemia.
En el caso argentino, específicamente en relación a la educación, el Observatorio Argentinos por la Educación ha señalado que el 54,11 por ciento de las conexiones son inferiores a 20 megabytes y que justamente un tercio de las conexiones se ubican en una zona de banda angosta, es decir, que son menores a 6 megabytes. Me parece que esto es muy importante y muy contrastante cuando a nivel mundial el promedio de velocidad ronda los 58,6 megabytes. Se darán cuenta que la asimetría es significativa y es muy grave en términos de que no permite garantizar un piso mínimo de derechos para toda la ciudadanía.
En este punto también me parece importante señalar que hay una medición comparativa que realiza la UIT en relación a la tendencia de precios para acceder a las TIC en el cual nuestro país tiene el puesto 75 en relación al precio de la banda ancha móvil y el puesto 112 en cuanto al precio de la banda ancha fija. ¿Qué quiere decir esto traducido a un lenguaje sencillo? Quiere decir que nuestras banda ancha fija y banda ancha móvil son muy caras con respecto al resto del mundo. Con lo cual, cruzando este dato con variables como el nivel socioeconómico por ejemplo o índices de pobreza, muestra una situación bastante catastrófica en términos de cuál es la posibilidad real de asequibilidad de los ciudadanos a Internet en Argentina.
Por eso me parece muy importante -y digo esto quizás ya para ir redondeando y dar paso a mis colegas- el hecho de que se esté impulsando un Plan Nacional de Conectividad que pueda recuperar de una manera virtuosa todas las iniciativas parciales que se han dado en la República Argentina respecto de conectividad. Hay planes que en algunos casos son de larga data como el Plan Nacional de Telecomunicaciones "Argentina Conectada" que es del año 2010 y que en algún punto podríamos decir que a pesar de que no se haya implementado de una manera eficiente tampoco está derogado, con lo cual es una base para considerar.
Por otra parte, también existen planes actuales como el Plan Nacional de Conectividad Escolar, el Programa Conectividad de ENACOM y el programa País Digital que impulsó la Jefatura de Gabinete, es decir, hay una serie de iniciativas que se podrían recuperar de una manera virtuosa y que han sido consideradas en un proyecto de ley impulsado por el diputado Pablo Carro que me parece muy importante respecto de generar un Plan Nacional de Conectividad.
Considero que es una reacción muy atinada y oportuna, y al mismo tiempo urgente, porque ninguna de las personas que se ha quedado fuera de la posibilidad de teletrabajar o teleeducarse lo merece, por ninguna razón. No por estar alejado de una gran capital o de una gran urbe una persona debe estar segregada o discriminada en su derecho a la conectividad, porque forman parte de sus derechos a la libertad de expresión en sus tres dimensiones: buscar, recibir y difundir información.
Dicho esto, creo que puedo dar el espacio para que mis colegas también se expresen y dejar unos minutos de intercambio para las preguntas. Muchas gracias.
Quiero saludar a los colegas que se encuentran presentes, así como a mis compañeros.
La convocatoria a este panel se tituló "Desigualdades estructurales, y el desafío de la universalidad: acceso y asequibilidad con servicios en competencia". Es un título por demás desafiante para poder pensar la situación de la conectividad en la pandemia, pero también, en términos más amplios, de los derechos a la comunicación en este contexto y en la época histórica que nos toca vivir.
Me pareció interesante enfocar mi intervención en la cuestión de acceso y asequibilidad porque son dos dimensiones sobre las cuales a veces se transita de una manera más bien técnica. Me resultó importante situarlas en la perspectiva de los derechos humanos, recordando también que estas cuestiones están claramente previstas por la legislación argentina actual. De hecho, la ley 27.078, "Argentina digital", forma parte de los fundamentos citados en el artículo 2º del proyecto. Precisamente, la finalidad de esa ley fue garantizar por parte del Estado el acceso y la asequibilidad de las TIC para el pueblo.
Considero que es un buen punto de partida para pensar cómo el Estado tiene que garantizar que estas dimensiones de acceso y asequibilidad, en términos de conectividad, se cumplan como derechos humanos, en tanto que Internet, vista como una de las posibilidades que tenemos para comunicarnos en esta época, es parte de la libertad de expresión. Como bien sabemos, la libertad de expresión no es un derecho puramente declamativo, sino que reclama por parte de los Estados ciertas formas y mecanismos para su cumplimiento y garantía.
En ese punto me parecía importante recordar que, en términos de derechos, la cuestión del acceso ha sido ya debatida desde larga data en el campo académico. De hecho, en el campo de la comunicación nosotros tenemos un antecedente muy importante, que son las discusiones que tuvieron lugar en ocasión de la producción del llamado "Informe McBride". Ya en el año 1977, en Belgrado, se hablaba de acceso y de las diferentes dimensiones que tiene.
La primera dimensión es la de la elección material. Es una elección que, en teoría, todos los sujetos, todos los ciudadanos, tendrían que poder hacer por al menos un servicio de, por ejemplo, radio o televisión, como era en ese momento. Pero llevado este concepto a la situación contemporánea, no solamente debería pensarse en términos de radio y televisión, es decir, de un espectro radioeléctrico vinculado con ese tipo de comunicaciones, sino que es relevante también pensarlo en términos de un acceso universal a Internet. Esta cuestión no está garantizada; se discute y se propone, pero no ha sido lo suficientemente trabajada. Además, no está garantizada la asequibilidad, que es el segundo término que nos importa trabajar para todos los ciudadanos en igualdad de condiciones.
Este punto entre asequibilidad y accesibilidad también es un punto de partida importante a tener en cuenta. Cuando hablamos de accesibilidad estamos hablando de aquello que, para ser alcanzado, no requiere de mayores dificultadas, o no generaría mayores problemas. El acceso tendría que ser algo que no tenga un escollo de por medio. En cambio, la asequibilidad, cuando la comparamos con el acceso, es algo que puede conseguirse o alcanzarse, pero con el requerimiento de una cierta erogación, de un cierto precio -podríamos decir- por parte del ciudadano o del usuario. Ese precio tendría que ser, en términos de acceso a derechos, justo y razonable.
El caso es que en la República Argentina la legislación que se ha desarrollado en torno a la asequibilidad de servicios TIC, que son específicamente los que encuadrarían en la noción de Internet, ha sido de alguna manera restringida o cercenada a partir de un decreto sancionado a fines del año 2015. En ese decreto -el 267- una facultad del Estado, que era justamente la de fijar tarifas para ciertos servicios que se consideraban esenciales en términos de TIC, fue retirado de la normativa. Por tal motivo, la norma actual solamente indica que los prestadores de estos servicios tienen que fijar precios justos y razonables. Allí me parece que hay una cuestión donde tenemos que volver a poner los acentos, porque efectivamente la situación de desigualdad en la Argentina es muy alta. Es comparable con la del resto de América Latina, pero también tiene sus propios números y sus propias brechas.
Me parece que ahí hay un primer punto a tener en cuenta a la hora de pensar en una regulación inteligente que pueda generar los resguardos necesarios como para que el servicio de Internet, y los recursos que se necesiten, sea efectivamente asequible para toda la población. Porque no solamente se trata de declamar que existe un acceso, que está garantizado por un determinado desarrollo de infraestructura, sino también garantizar que ese acceso sea finalmente asequible por los usuarios.
Solamente voy a dar algunos números para poder saber cuál es la situación de nuestro país en comparación con los países de la región, por lo menos con los casos que se han expuesto en estos dos paneles. En la Argentina tenemos algunas cifras que pueden ser ilustrativas. En términos de velocidad de subida y de bajada, tenemos una velocidad de bajada, que normalmente se utiliza para el consumo doméstico, de 28 megas. Pero la velocidad de subida, que siempre oscila entre el 10 y el 20 por ciento de la velocidad de bajada, solamente llega a los 2,8 megas. En relación con los estándares que se pueden cuantificar en otros lugares del mundo, esto es relativamente bajo. De hecho, ya lo vamos a poder comparar más adelante con otros números del contexto general.
Fíjense incluso que la media de 2,8 megas de subida es una media que de ninguna manera no se podría generalizar para toda la población de la Argentina. En el 67 por ciento de los accesos de la República Argentina la cifra es inferior a 30 megas.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde se concentra la mayor cantidad de población y de alguna manera donde tendríamos los servicios más eficientes en términos de conectividad, el 55 por ciento de la población tiene un acceso inferior a esta media. Y fíjense que en el resto del país la situación es mucho más grave porque el 88 por ciento de los accesos es inferior a esta media de 28 megas.
Considerando también que, como se ha podido mensurar en términos aproximados, siete millones de personas han agregado actividades de trabajo, o sea, teletrabajo y teleeducación durante la pandemia, se pueden dar cuenta de que hay una situación de extrema desigualdad entre las personas que han podido quedar conectadas teletrabajando y teleeducándose y las personas que no. Recordemos nuevamente que 88 por ciento de los accesos en la Argentina es inferior a la media de 28 megas.
Esta es una cuestión importante porque en general la gente utilizaba la conectividad hogareña para un consumo de contenidos en términos de OTT o de redes, pero hoy día tiene que utilizarla para trabajar, para hacer sus compras, para educarse, y muy en segundo plano quizás para entretenerse e informarse.
Entonces, me parece que en este punto tenemos que poner el ojo, porque no se trata solamente de generar infraestructura en términos de accesibilidad, sino también de saber cuánto ha costado para las familias pagar abonos que garanticen estos niveles de velocidad para subida y bajada de datos.
Si llevamos esto a un contexto un poco más amplio, pero también vinculado a la cuestión de la teleeducación, fíjense que en mayo de 2020 UNESCO aportaba unas cifras que son realmente alarmantes en relación a qué se pudo hacer en este tiempo de pandemia en relación a conectividad y educación. Dijo que la mitad de los alumnos, es decir, 826 millones de estudiantes, no tiene una computadora en su hogar; el 43 por ciento no tiene Internet en sus casas. Este no es un dato menor, porque justamente nos coloca en una situación de blanco sobre negro respecto de qué significa la conectividad en estos tiempos, quiénes quedan cubiertos en términos de derechos y quiénes quedan por fuera de esta posibilidad. La verdad es que hay muchos ciudadanos que están por fuera, que están descubiertos, que están a la intemperie y sin estos derechos.
Considero que es necesario pensar justamente que no existe un grado cero de desigualdad, que estamos pensando la conectividad en términos de un grado de desigualdad estructural existente y que desde esos lugares es necesario generar procesos de regulación inteligente para garantizar asequibilidad a toda la población en función de sus posibilidades de acceso y de sus posibilidades de alfabetización digital, como dijeron también algunos expositores precedentes.
Es decir, así como no hay un grado cero de desigualdad en términos de conectividad pensándolo en términos de costos y de infraestructura, tampoco hay un grado cero en cuanto a conocimientos con los que se llega a las redes y a apropiarse de lo que por allí circula. Esa alfabetización también se ha hecho evidente en este tiempo de pandemia.
En el caso argentino, específicamente en relación a la educación, el Observatorio Argentinos por la Educación ha señalado que el 54,11 por ciento de las conexiones son inferiores a 20 megabytes y que justamente un tercio de las conexiones se ubican en una zona de banda angosta, es decir, que son menores a 6 megabytes. Me parece que esto es muy importante y muy contrastante cuando a nivel mundial el promedio de velocidad ronda los 58,6 megabytes. Se darán cuenta que la asimetría es significativa y es muy grave en términos de que no permite garantizar un piso mínimo de derechos para toda la ciudadanía.
En este punto también me parece importante señalar que hay una medición comparativa que realiza la UIT en relación a la tendencia de precios para acceder a las TIC en el cual nuestro país tiene el puesto 75 en relación al precio de la banda ancha móvil y el puesto 112 en cuanto al precio de la banda ancha fija. ¿Qué quiere decir esto traducido a un lenguaje sencillo? Quiere decir que nuestras banda ancha fija y banda ancha móvil son muy caras con respecto al resto del mundo. Con lo cual, cruzando este dato con variables como el nivel socioeconómico por ejemplo o índices de pobreza, muestra una situación bastante catastrófica en términos de cuál es la posibilidad real de asequibilidad de los ciudadanos a Internet en Argentina.
Por eso me parece muy importante -y digo esto quizás ya para ir redondeando y dar paso a mis colegas- el hecho de que se esté impulsando un Plan Nacional de Conectividad que pueda recuperar de una manera virtuosa todas las iniciativas parciales que se han dado en la República Argentina respecto de conectividad. Hay planes que en algunos casos son de larga data como el Plan Nacional de Telecomunicaciones "Argentina Conectada" que es del año 2010 y que en algún punto podríamos decir que a pesar de que no se haya implementado de una manera eficiente tampoco está derogado, con lo cual es una base para considerar.
Por otra parte, también existen planes actuales como el Plan Nacional de Conectividad Escolar, el Programa Conectividad de ENACOM y el programa País Digital que impulsó la Jefatura de Gabinete, es decir, hay una serie de iniciativas que se podrían recuperar de una manera virtuosa y que han sido consideradas en un proyecto de ley impulsado por el diputado Pablo Carro que me parece muy importante respecto de generar un Plan Nacional de Conectividad.
Considero que es una reacción muy atinada y oportuna, y al mismo tiempo urgente, porque ninguna de las personas que se ha quedado fuera de la posibilidad de teletrabajar o teleeducarse lo merece, por ninguna razón. No por estar alejado de una gran capital o de una gran urbe una persona debe estar segregada o discriminada en su derecho a la conectividad, porque forman parte de sus derechos a la libertad de expresión en sus tres dimensiones: buscar, recibir y difundir información.
Dicho esto, creo que puedo dar el espacio para que mis colegas también se expresen y dejar unos minutos de intercambio para las preguntas. Muchas gracias.
SRA. PRESIDENTA BANFI Vamos a pasar al siguiente expositor. Se trata de Andrés Piazza, abogado de la Universidad Nacional de Córdoba con más de 15 años de experiencia internacional en políticas públicas de TIC y gobernanza en Internet en foros globales del Sistema de Naciones Unidas, otros de alto nivel y negociaciones de tratados. Actualmente es asesor legal y consultor para organismos del Sistema de Naciones Unidas; se desempeñó como Manager General del Latin American and Caribbean Top Level Dominates y anteriormente fue director de Políticas Públicas del Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe integrando el mecanismo de gobernanza del programa eLAC en la Agenda Digital de América Latina coordinada por la CEPAL.
Le doy la bienvenida a Andrés Piazza y le comento que dispone de 15 minutos para realizar su exposición.
Le doy la bienvenida a Andrés Piazza y le comento que dispone de 15 minutos para realizar su exposición.
SR. PIAZZA Señora presidenta: agradezco la invitación al diputado Pablo Carro y a Diego Rossi. Es un placer estar aquí. Después de las exposiciones tanto de parlamentarios como de especialistas me resulta un desafío construir o caminar por los márgenes, como decía Damián Loreti. Hay pocas cosas para agregar después de cómo se han diagnosticado y cubierto los desafíos.
Sin embargo, sobre el debate conceptual de derechos, hace un tiempo yo pensaba que Internet no era un derecho humano sino que era un catalizador de derechos y ese era el estándar internacional que se discutía. Sin embargo, hoy pienso que no es tan importante si se declama que es un derecho, si se lo consagra como un derecho. En última instancia, solo puede ser bueno. Ahora bien, si nos quedamos con que determinado nivel de acceso cubriría los estándares de derechos humanos puede ser un problema, esto hay que mencionarlo.
Respecto de si debe ser un servicio público, si se debe hablar de precio o de tarifa, el debate se pone un poco más interesante, pero entiendo sigue siendo un aspecto trasversal.
Creo que se puede construir desde un lugar en donde exista una gran posibilidad de que haya consenso, y no solamente en el espectro político argentino, que no es un tema menor, sino también consenso internacional.
Sí se puede decir que el objetivo de acceso universal a servicios de calidad asequibles, con velocidades más cercanas a la simetría, con velocidades que permitan la producción, no solamente el consumo de información desde los márgenes, no solamente desde los márgenes de la red, sino desde los hogares, sobre todo en el contexto de pandemia, es algo en lo que podemos coincidir o podemos tener un consenso. En la Argentina la pandemia es una buena oportunidad por los consensos políticos que no se veían antes.
Durante el tiempo que trabajé en los organismos internacionales veía el debate público argentino. No podía intervenir, pero hace diez años estuve en una audiencia en el Anexo de Diputados en la que se discutía la posición dominante de una compañía y su licencia. Recuerdo que en mi intervención hablé de los estándares de mercado y de la desagregación del bucle -todavía México no había creado su Instituto Federal de Telecomunicaciones- y yo estaba muy convencido en su momento de que el bucle, de que la posibilidad de compartir infraestructura y que la última milla se pudiera atacar en competencia tendría que ser un objetivo regulatorio, y hoy pienso que -como sucede con casi todos estos elementos conceptuales- no es tan importante; podría ser una buena herramienta; para México, por su contexto, pareciera ser más necesaria. Sí pienso que la concentración puede ser un problema; tanto la asequibilidad como el precio son un desafío, y Daniela lo cubrió de manera extensiva. Diría que el hilo conductor de lo que puedo decir, de lo que puedo agregar sobre esto, tiene más que ver con que lo importante es más el cómo que el qué. Voy a tratar de cubrirlo con algunos ejemplos.
En la primera década del siglo XXI la tendencia era que los gobiernos, los Estados, tenían planes nacionales de banda ancha. Esa era la tendencia, la punta de la curva. La Argentina tuvo uno muy bueno, un buen plan gubernamental de banda ancha en el inicio de esta segunda década que está terminando. Ahí están el REFEFO y ARSAT. Incluso ayer hubo algunas noticias de la inversión en la red de fibra pública nacional. Pero históricamente la Argentina tuvo buenos números en penetración. Esto fue ayudado por aspectos demográficos, ya que la población está muy concentrada en el centro del territorio, que es llano, y en los centros urbanos. Cuando se tenía que agregar penetración en lugares donde geográficamente o demográficamente era más difícil de acceder, ese porcentaje -las estadísticas no son tan claras- hoy debe estar entre el 20 o 30 por ciento de población que todavía no tiene acceso. Le resulta más difícil que al otro 70 u 80, y no solamente la asequibilidad, sino por la oferta.
Entonces el modelo desde el mercado, un modelo de inversión, competencia y desagregación del bucle -no lo estoy promoviendo pero creo que hay que utilizar herramientas de ese modelo-, en un modelo de inversión pública es sumamente importante, porque sumando los dos escenarios -Mauricio, de CAF, había hecho un diagnóstico- vemos que en la Argentina todavía estamos por debajo del promedio de la inversión en Latinoamérica, y la inversión promedio de Latinoamérica es baja.
Entonces, si bien en satelital teníamos buenos números, otro desafío que tuvimos, más o menos ya por la mitad de esta segunda década, tuvo que ver con los despliegues y restricciones que teníamos en espectro y en inversión en los despliegues de red de 3G y 4G. Ese tema está quizá más encaminado, digamos que ha sido corregido en algún punto, pero tenemos cuellos de botella o desafíos enormes, y entiendo que la regulación inteligente debería estar centrada más en el cómo que en la declamación de derechos -que también es muy importante-. En los debates internacionales pasa históricamente que los actores que no son gubernamentales son -o somos- especialistas en plantear el deseo, la carta de Papá Noel, la wish, todo lo que deberíamos tener. Desde el punto de vista de la regulación inteligente es bueno hacer esa lista, no daña hacerla, no daña mirar los estándares internacionales de mercado o de cómo debe el Estado intervenir -ya algo de estas dos cosas cubrí-, sin embargo, me parece más importante ver el cómo y desde nuestro contexto.
Entonces, entiendo que nuestro contexto tiene que tomar elementos de estos actores. Es muy singular el contexto de la Argentina. En los debates internacionales, en los países emergentes, a la Argentina se la toma como modelo de muchas diferentes etapas o aspectos en lo que hace al desarrollo o al acceso o incluso al acceso universal. En redes comunitarias tiene ejemplos -Damián citó uno- destacados internacionalmente. En interconexión, puntos de intercambio de tráfico, esta modalidad de red de interconexión nacional hace que el tráfico no se vuelva internacional, que no haya que buscar cachés en otros países del mundo, pagando transporte, que sea más eficiente. El modelo de CABASE de interconexión es un sistema que se toma a nivel mundial junto con el de Brasil -los dos quizás más importantes- como modelo. En los estándares de mercado no podemos decir que tenemos ni el nivel de inversión privada ni el nivel de inversión pública de ejemplo, ni el nivel de compartición de infraestructura ejemplo, pero en interconexión y en redes comunitarias somos un buen faro para mirar. Eso no se hizo de manera regulatoria, al contrario, a veces la regulación fue como alcanzando estos primeros avances que fueron hechos por nuestro ecosistema, un ecosistema único desde lo rico.
Entonces, cuando Emilio en paneles pasados hablaba del modelo argentino, o cuando internacionalmente veo con mucha gracia que hay un modelo argentino, entiendo que nuestro modelo es algo que no ha sido diseñado, pero que ahora en una regulación inteligente podría servirse de él por la cantidad y la diversidad de actores que hay. Por ejemplo, veo que hay una cierta ineficiencia, que no es de suma cero -eso es lo interesante- entre inversiones privadas que están sucediendo más lentamente de lo que deberían en centros urbanos, y una demanda que está lista para recibir una oferta en las periferias de los centros urbanos y algunos otros lugares. Si bien Daniela remarcó el antecedente de que la asequibilidad, el precio de nuestro acceso por la velocidad, es muy alto todavía, hay gente que está dispuesta a pagar mejores velocidades y más simétricas y no está servida. O sea, hay áreas no servidas en donde el mercado podría llegar, y hay que tener una estrategia para eso que tiene que ser distinta a las áreas no servidas donde el mercado no llega, no puede llegar o no está dispuesto a hacerlo. Con el despliegue de redes móviles ahí sí tenemos un problema, un poco más de problemas en cuanto a la cobertura en algunas otras áreas más lejos de los centros urbanos, más lejos de las áreas llanas.
En cuanto a las conexiones de fibra, los despliegues de fibra públicas del Estado nacional y públicas de los Estados a nivel subnacional hay una oportunidad enorme, hay una subexplotación de la infraestructura enorme, realmente muy importante. En Córdoba tengo un ejemplo grande, ya que son miles de kilómetros de fibras públicas a nivel provincial y vemos cómo esto está impactando en el servicio de la última milla y en cómo está llegando a los usuarios.
Al mismo tiempo, tenemos estos actores que son quizás los que hacen al modelo argentino, que son los actores de última milla. Se trata de un ecosistema que no solamente tiene tres grandes operadores que se llevan una gran parte de la porción de mercado -y que incluso las estadísticas internacionales creo que los sobreestiman en cuanto a la porción que tienen de mercad y hasta debería haber algún ajuste en esto para dimensionar todo el resto del ecosistema- sino que también tenemos cooperativas, empresas pequeñas y medianas, un ecosistema muy vigoroso y redes comunitarias que están ávidas de acceso, por ejemplo para acceder al transporte o a la infraestructura pública que está tendida, y hay algunos puentes que falta tender.
Tenemos actores públicos como ARSAT o como el regulador. Paradójicamente, en toda esta evolución que hemos ido mostrando, en donde íbamos corriendo de atrás a las tendencias en estos últimos diez o quince años, el regulador fue cambiando de diseño institucional: pasó de la CNC -con una intervención- y la SECOM a la Ley Argentina Digital y a dos reguladores, uno de medios y uno de TIC; luego a un regulador convergente, y este es el diseño que hoy se mantiene.
Más allá de que no soy quién para decir cuál tiene que ser el mejor diseño institucional, el que tenemos hoy no es un diseño que está en los manuales internacionales, pero importa más el cómo; importa más cómo este actor usa los fondos del servicio universal, por ejemplo, o cómo habilita que aumente la inversión privada, -ya que la inversión pública, la mayoría, la troncal, fue hecha, aunque la conexión con las últimas millas está en una etapa de deuda-, y cómo este ecosistema evoluciona de manera paralela junto con otros aspectos a tener en cuenta, que quizás están fuera del mapa, como la accesibilidad, de la que habló Damián Loreti.
Este último es otro aspecto interesante. Las poblaciones que todavía no accedieron no solo a servicios de banda ancha, sino a Internet en general, son también aquellas de edad avanzada o poblaciones con discapacidades. La ley de accesibilidad, por ejemplo, ya existe y, a su vez, la accesibilidad tecnológica está reglamentada desde el año pasado.
Por eso decía antes que no se trata solamente de una lista de deseos de que el Estado tenga capacidades tecnológicas y estándares accesibles en sus sitios, en su tecnología y en su gobierno electrónico, sino que además, si hubiera servicios accesibles, se necesitaría menos velocidad en los dispositivos para poder justamente acceder a estos servicios.
Los dispositivos son el otro gran eje. Tuvimos un acceso a dispositivos con inversión pública mediante el plan más grande del mundo de entregar una laptop por niño o niña en el inicio de la década que termina. Ese plan fue discontinuado. Tuvimos un modelo de acceso a terminales y a dispositivos con industria nacional, y luego otro modelo que trataba de bajar los precios del acceso a dispositivos internacionales.
Tenemos que elegir una estrategia. Ahí no me posiciono. Me parece que el Plan Conectar Igualdad fue un acierto, una política pública que también era modelo internacional. Sería genial poder aumentar ahí nuestra inversión, pero allí sí tenemos el cuello de botella de los recursos. En cambio, me animo a decir que lo que nuevamente necesitamos acá es el cómo más que el qué: una estrategia de acceso a dispositivos sostenida en el tiempo.
Entonces, creo que es un buen momento, ya que el Parlamento está conformado por personas de diferentes bloques, los parlamentarios que hoy integran esta comisión están versados en estos temas y la Argentina está mirando por necesidad lo importante que es tener consensos en políticas públicas de largo plazo. Me parece que es un muy buen momento para mirar este tipo de estrategias y servirse de la cantidad de personas que están ávidas de contribuir, desde afuera del sistema político, a que tengamos estrategias en todos estos niveles y a tener una estrategia de largo plazo. Creo que también hay proyectos de ley en este sentido dando vueltas y considero que es algo que la Argentina está en condiciones de hacer ahora.
Termino mi exposición aquí. Gracias señora diputada Banfi por la oportunidad, y estoy disponible para preguntas.
Sin embargo, sobre el debate conceptual de derechos, hace un tiempo yo pensaba que Internet no era un derecho humano sino que era un catalizador de derechos y ese era el estándar internacional que se discutía. Sin embargo, hoy pienso que no es tan importante si se declama que es un derecho, si se lo consagra como un derecho. En última instancia, solo puede ser bueno. Ahora bien, si nos quedamos con que determinado nivel de acceso cubriría los estándares de derechos humanos puede ser un problema, esto hay que mencionarlo.
Respecto de si debe ser un servicio público, si se debe hablar de precio o de tarifa, el debate se pone un poco más interesante, pero entiendo sigue siendo un aspecto trasversal.
Creo que se puede construir desde un lugar en donde exista una gran posibilidad de que haya consenso, y no solamente en el espectro político argentino, que no es un tema menor, sino también consenso internacional.
Sí se puede decir que el objetivo de acceso universal a servicios de calidad asequibles, con velocidades más cercanas a la simetría, con velocidades que permitan la producción, no solamente el consumo de información desde los márgenes, no solamente desde los márgenes de la red, sino desde los hogares, sobre todo en el contexto de pandemia, es algo en lo que podemos coincidir o podemos tener un consenso. En la Argentina la pandemia es una buena oportunidad por los consensos políticos que no se veían antes.
Durante el tiempo que trabajé en los organismos internacionales veía el debate público argentino. No podía intervenir, pero hace diez años estuve en una audiencia en el Anexo de Diputados en la que se discutía la posición dominante de una compañía y su licencia. Recuerdo que en mi intervención hablé de los estándares de mercado y de la desagregación del bucle -todavía México no había creado su Instituto Federal de Telecomunicaciones- y yo estaba muy convencido en su momento de que el bucle, de que la posibilidad de compartir infraestructura y que la última milla se pudiera atacar en competencia tendría que ser un objetivo regulatorio, y hoy pienso que -como sucede con casi todos estos elementos conceptuales- no es tan importante; podría ser una buena herramienta; para México, por su contexto, pareciera ser más necesaria. Sí pienso que la concentración puede ser un problema; tanto la asequibilidad como el precio son un desafío, y Daniela lo cubrió de manera extensiva. Diría que el hilo conductor de lo que puedo decir, de lo que puedo agregar sobre esto, tiene más que ver con que lo importante es más el cómo que el qué. Voy a tratar de cubrirlo con algunos ejemplos.
En la primera década del siglo XXI la tendencia era que los gobiernos, los Estados, tenían planes nacionales de banda ancha. Esa era la tendencia, la punta de la curva. La Argentina tuvo uno muy bueno, un buen plan gubernamental de banda ancha en el inicio de esta segunda década que está terminando. Ahí están el REFEFO y ARSAT. Incluso ayer hubo algunas noticias de la inversión en la red de fibra pública nacional. Pero históricamente la Argentina tuvo buenos números en penetración. Esto fue ayudado por aspectos demográficos, ya que la población está muy concentrada en el centro del territorio, que es llano, y en los centros urbanos. Cuando se tenía que agregar penetración en lugares donde geográficamente o demográficamente era más difícil de acceder, ese porcentaje -las estadísticas no son tan claras- hoy debe estar entre el 20 o 30 por ciento de población que todavía no tiene acceso. Le resulta más difícil que al otro 70 u 80, y no solamente la asequibilidad, sino por la oferta.
Entonces el modelo desde el mercado, un modelo de inversión, competencia y desagregación del bucle -no lo estoy promoviendo pero creo que hay que utilizar herramientas de ese modelo-, en un modelo de inversión pública es sumamente importante, porque sumando los dos escenarios -Mauricio, de CAF, había hecho un diagnóstico- vemos que en la Argentina todavía estamos por debajo del promedio de la inversión en Latinoamérica, y la inversión promedio de Latinoamérica es baja.
Entonces, si bien en satelital teníamos buenos números, otro desafío que tuvimos, más o menos ya por la mitad de esta segunda década, tuvo que ver con los despliegues y restricciones que teníamos en espectro y en inversión en los despliegues de red de 3G y 4G. Ese tema está quizá más encaminado, digamos que ha sido corregido en algún punto, pero tenemos cuellos de botella o desafíos enormes, y entiendo que la regulación inteligente debería estar centrada más en el cómo que en la declamación de derechos -que también es muy importante-. En los debates internacionales pasa históricamente que los actores que no son gubernamentales son -o somos- especialistas en plantear el deseo, la carta de Papá Noel, la wish, todo lo que deberíamos tener. Desde el punto de vista de la regulación inteligente es bueno hacer esa lista, no daña hacerla, no daña mirar los estándares internacionales de mercado o de cómo debe el Estado intervenir -ya algo de estas dos cosas cubrí-, sin embargo, me parece más importante ver el cómo y desde nuestro contexto.
Entonces, entiendo que nuestro contexto tiene que tomar elementos de estos actores. Es muy singular el contexto de la Argentina. En los debates internacionales, en los países emergentes, a la Argentina se la toma como modelo de muchas diferentes etapas o aspectos en lo que hace al desarrollo o al acceso o incluso al acceso universal. En redes comunitarias tiene ejemplos -Damián citó uno- destacados internacionalmente. En interconexión, puntos de intercambio de tráfico, esta modalidad de red de interconexión nacional hace que el tráfico no se vuelva internacional, que no haya que buscar cachés en otros países del mundo, pagando transporte, que sea más eficiente. El modelo de CABASE de interconexión es un sistema que se toma a nivel mundial junto con el de Brasil -los dos quizás más importantes- como modelo. En los estándares de mercado no podemos decir que tenemos ni el nivel de inversión privada ni el nivel de inversión pública de ejemplo, ni el nivel de compartición de infraestructura ejemplo, pero en interconexión y en redes comunitarias somos un buen faro para mirar. Eso no se hizo de manera regulatoria, al contrario, a veces la regulación fue como alcanzando estos primeros avances que fueron hechos por nuestro ecosistema, un ecosistema único desde lo rico.
Entonces, cuando Emilio en paneles pasados hablaba del modelo argentino, o cuando internacionalmente veo con mucha gracia que hay un modelo argentino, entiendo que nuestro modelo es algo que no ha sido diseñado, pero que ahora en una regulación inteligente podría servirse de él por la cantidad y la diversidad de actores que hay. Por ejemplo, veo que hay una cierta ineficiencia, que no es de suma cero -eso es lo interesante- entre inversiones privadas que están sucediendo más lentamente de lo que deberían en centros urbanos, y una demanda que está lista para recibir una oferta en las periferias de los centros urbanos y algunos otros lugares. Si bien Daniela remarcó el antecedente de que la asequibilidad, el precio de nuestro acceso por la velocidad, es muy alto todavía, hay gente que está dispuesta a pagar mejores velocidades y más simétricas y no está servida. O sea, hay áreas no servidas en donde el mercado podría llegar, y hay que tener una estrategia para eso que tiene que ser distinta a las áreas no servidas donde el mercado no llega, no puede llegar o no está dispuesto a hacerlo. Con el despliegue de redes móviles ahí sí tenemos un problema, un poco más de problemas en cuanto a la cobertura en algunas otras áreas más lejos de los centros urbanos, más lejos de las áreas llanas.
En cuanto a las conexiones de fibra, los despliegues de fibra públicas del Estado nacional y públicas de los Estados a nivel subnacional hay una oportunidad enorme, hay una subexplotación de la infraestructura enorme, realmente muy importante. En Córdoba tengo un ejemplo grande, ya que son miles de kilómetros de fibras públicas a nivel provincial y vemos cómo esto está impactando en el servicio de la última milla y en cómo está llegando a los usuarios.
Al mismo tiempo, tenemos estos actores que son quizás los que hacen al modelo argentino, que son los actores de última milla. Se trata de un ecosistema que no solamente tiene tres grandes operadores que se llevan una gran parte de la porción de mercado -y que incluso las estadísticas internacionales creo que los sobreestiman en cuanto a la porción que tienen de mercad y hasta debería haber algún ajuste en esto para dimensionar todo el resto del ecosistema- sino que también tenemos cooperativas, empresas pequeñas y medianas, un ecosistema muy vigoroso y redes comunitarias que están ávidas de acceso, por ejemplo para acceder al transporte o a la infraestructura pública que está tendida, y hay algunos puentes que falta tender.
Tenemos actores públicos como ARSAT o como el regulador. Paradójicamente, en toda esta evolución que hemos ido mostrando, en donde íbamos corriendo de atrás a las tendencias en estos últimos diez o quince años, el regulador fue cambiando de diseño institucional: pasó de la CNC -con una intervención- y la SECOM a la Ley Argentina Digital y a dos reguladores, uno de medios y uno de TIC; luego a un regulador convergente, y este es el diseño que hoy se mantiene.
Más allá de que no soy quién para decir cuál tiene que ser el mejor diseño institucional, el que tenemos hoy no es un diseño que está en los manuales internacionales, pero importa más el cómo; importa más cómo este actor usa los fondos del servicio universal, por ejemplo, o cómo habilita que aumente la inversión privada, -ya que la inversión pública, la mayoría, la troncal, fue hecha, aunque la conexión con las últimas millas está en una etapa de deuda-, y cómo este ecosistema evoluciona de manera paralela junto con otros aspectos a tener en cuenta, que quizás están fuera del mapa, como la accesibilidad, de la que habló Damián Loreti.
Este último es otro aspecto interesante. Las poblaciones que todavía no accedieron no solo a servicios de banda ancha, sino a Internet en general, son también aquellas de edad avanzada o poblaciones con discapacidades. La ley de accesibilidad, por ejemplo, ya existe y, a su vez, la accesibilidad tecnológica está reglamentada desde el año pasado.
Por eso decía antes que no se trata solamente de una lista de deseos de que el Estado tenga capacidades tecnológicas y estándares accesibles en sus sitios, en su tecnología y en su gobierno electrónico, sino que además, si hubiera servicios accesibles, se necesitaría menos velocidad en los dispositivos para poder justamente acceder a estos servicios.
Los dispositivos son el otro gran eje. Tuvimos un acceso a dispositivos con inversión pública mediante el plan más grande del mundo de entregar una laptop por niño o niña en el inicio de la década que termina. Ese plan fue discontinuado. Tuvimos un modelo de acceso a terminales y a dispositivos con industria nacional, y luego otro modelo que trataba de bajar los precios del acceso a dispositivos internacionales.
Tenemos que elegir una estrategia. Ahí no me posiciono. Me parece que el Plan Conectar Igualdad fue un acierto, una política pública que también era modelo internacional. Sería genial poder aumentar ahí nuestra inversión, pero allí sí tenemos el cuello de botella de los recursos. En cambio, me animo a decir que lo que nuevamente necesitamos acá es el cómo más que el qué: una estrategia de acceso a dispositivos sostenida en el tiempo.
Entonces, creo que es un buen momento, ya que el Parlamento está conformado por personas de diferentes bloques, los parlamentarios que hoy integran esta comisión están versados en estos temas y la Argentina está mirando por necesidad lo importante que es tener consensos en políticas públicas de largo plazo. Me parece que es un muy buen momento para mirar este tipo de estrategias y servirse de la cantidad de personas que están ávidas de contribuir, desde afuera del sistema político, a que tengamos estrategias en todos estos niveles y a tener una estrategia de largo plazo. Creo que también hay proyectos de ley en este sentido dando vueltas y considero que es algo que la Argentina está en condiciones de hacer ahora.
Termino mi exposición aquí. Gracias señora diputada Banfi por la oportunidad, y estoy disponible para preguntas.
SRA. BANFI Muchísimas gracias Andrés, especialmente por haberte ajustado al tiempo de una manera impecable.
Preferiría darle la palabra al señor presidente Carro para ver cómo continuamos, ya que terminamos el segundo panel.
Quiero agradecerles a todos por las excelentes exposiciones e información que cada uno pudo desplegar desde su punto de vista y que creo que enriquece, sin duda, lo que necesitamos en la Argentina, que son procesos de conectividad mucho más accesibles y asequibles; y, en función de eso, cómo el marco declamativo se vuelve operativo, que es el fin principal que tenemos nosotros cuando llevamos adelante el ejercicio de políticas públicas.
No sé, señor presidente Carro, cómo quiere que avancemos en esta parte del panel.
Preferiría darle la palabra al señor presidente Carro para ver cómo continuamos, ya que terminamos el segundo panel.
Quiero agradecerles a todos por las excelentes exposiciones e información que cada uno pudo desplegar desde su punto de vista y que creo que enriquece, sin duda, lo que necesitamos en la Argentina, que son procesos de conectividad mucho más accesibles y asequibles; y, en función de eso, cómo el marco declamativo se vuelve operativo, que es el fin principal que tenemos nosotros cuando llevamos adelante el ejercicio de políticas públicas.
No sé, señor presidente Carro, cómo quiere que avancemos en esta parte del panel.
SR. PRESIDENTE CARRO Vamos a ver si aprovechamos estos últimos minutos.
La verdad es que me quedo con esto último que dijo Andrés Piazza: efectivamente, tenemos hoy en la Comisión de Comunicaciones e Informática del Congreso diputados y diputadas que conocen bastante del tema; eso hace una diferencia grandísima. Además, efectivamente entendemos que en estos temas necesitamos políticas públicas de largo aliento y para eso es imprescindible trabajar consensos, sobre todo en los espacios políticos mayoritarios. Estamos trabajando en esa dirección, y que hoy estemos en esta actividad con la diputada Karina Banfi marca eso.
Si le parece bien a la diputada Banfi, aprovecharía los últimos minutos que tenemos para terminar esta reunión a las 13 y 55, así despejamos todos los problemas técnicos, y aprovecharía a los invitados internacionales dándoles unos tres o cuatro minutos para un cierre, tanto a Mauricio Agudelo como a Juan Pablo Letelier, y al compañero mexicano Emilio Álvarez Icaza. Ya con eso daríamos por cerrada la actividad, que para nosotros ha sido riquísima y muy interesante.
Tiene la palabra Juan Pablo Letelier, si quiere hacer uso de la palabra unos minutos más.
La verdad es que me quedo con esto último que dijo Andrés Piazza: efectivamente, tenemos hoy en la Comisión de Comunicaciones e Informática del Congreso diputados y diputadas que conocen bastante del tema; eso hace una diferencia grandísima. Además, efectivamente entendemos que en estos temas necesitamos políticas públicas de largo aliento y para eso es imprescindible trabajar consensos, sobre todo en los espacios políticos mayoritarios. Estamos trabajando en esa dirección, y que hoy estemos en esta actividad con la diputada Karina Banfi marca eso.
Si le parece bien a la diputada Banfi, aprovecharía los últimos minutos que tenemos para terminar esta reunión a las 13 y 55, así despejamos todos los problemas técnicos, y aprovecharía a los invitados internacionales dándoles unos tres o cuatro minutos para un cierre, tanto a Mauricio Agudelo como a Juan Pablo Letelier, y al compañero mexicano Emilio Álvarez Icaza. Ya con eso daríamos por cerrada la actividad, que para nosotros ha sido riquísima y muy interesante.
Tiene la palabra Juan Pablo Letelier, si quiere hacer uso de la palabra unos minutos más.
SR. LETELIER En primer lugar, permítanme reiterar el agradecimiento por la invitación.
En segundo lugar, quiero agradecer a todos los expositores por sus tremendos aportes y los diferentes enfoques y aproximaciones a un tema común.
Creo que el último expositor, Andrés Piazza, planteó bien que, más allá del debate conceptual, lo que importa es cómo garantizamos accesos universales, tanto con respecto a la asequibilidad como a la accesibilidad -como lo ha planteado otra expositora-, y creo que este es un desafío que va más allá del esfuerzo que se haga al interior de cada país: el compartir nuestras experiencias fundamentales, el entender que estas son políticas nacionales del siglo XXI. El continente que se quede rezagado en esta materia va a quedar rezagado en muchas otras áreas. No hay que olvidar que el avance del Internet de las cosas y cómo la pandemia nos va a impactar condicionarán cómo enfrentaremos las desigualdades que se han hecho evidentes en este tiempo.
Por ello, por sobre todo quiero agradecerles y proponer e invitar a que podamos seguir trabajando juntos para comparar estrategias. Es evidente que la estrategia y la experiencia del Uruguay son muy distintas a las de la Argentina, Chile o México, pero si logramos entre todos aprender de nuestros aciertos y errores, sin duda podremos lograr algo que nos interesa, que es que este instrumento, que es catalizador de otros derechos y es fundamental para su ejercicio, esté disponible para todos.
No pondré el Internet al mismo nivel, pero para hacer un paralelismo, es parecido al agua y a la luz, es algo fundamental para asegurar una calidad de vida mínima. Una persona que está fuera de la conectividad tiene, sin duda, mayores dificultades para el desarrollo, y este es un instrumento no solo para el desarrollo personal, sino también un catalizador para el desarrollo de la logística y de nuestras economías, que son determinantes para las pequeñas, medianas y grandes empresas.
Agradezco la invitación, y pensemos cómo avanzar entre todos en regulaciones inteligentes, en un área donde las diferencias pueden ser técnicas, pero no ideológicas, porque creo que estos son temas donde todos tenemos intereses comunes.
En segundo lugar, quiero agradecer a todos los expositores por sus tremendos aportes y los diferentes enfoques y aproximaciones a un tema común.
Creo que el último expositor, Andrés Piazza, planteó bien que, más allá del debate conceptual, lo que importa es cómo garantizamos accesos universales, tanto con respecto a la asequibilidad como a la accesibilidad -como lo ha planteado otra expositora-, y creo que este es un desafío que va más allá del esfuerzo que se haga al interior de cada país: el compartir nuestras experiencias fundamentales, el entender que estas son políticas nacionales del siglo XXI. El continente que se quede rezagado en esta materia va a quedar rezagado en muchas otras áreas. No hay que olvidar que el avance del Internet de las cosas y cómo la pandemia nos va a impactar condicionarán cómo enfrentaremos las desigualdades que se han hecho evidentes en este tiempo.
Por ello, por sobre todo quiero agradecerles y proponer e invitar a que podamos seguir trabajando juntos para comparar estrategias. Es evidente que la estrategia y la experiencia del Uruguay son muy distintas a las de la Argentina, Chile o México, pero si logramos entre todos aprender de nuestros aciertos y errores, sin duda podremos lograr algo que nos interesa, que es que este instrumento, que es catalizador de otros derechos y es fundamental para su ejercicio, esté disponible para todos.
No pondré el Internet al mismo nivel, pero para hacer un paralelismo, es parecido al agua y a la luz, es algo fundamental para asegurar una calidad de vida mínima. Una persona que está fuera de la conectividad tiene, sin duda, mayores dificultades para el desarrollo, y este es un instrumento no solo para el desarrollo personal, sino también un catalizador para el desarrollo de la logística y de nuestras economías, que son determinantes para las pequeñas, medianas y grandes empresas.
Agradezco la invitación, y pensemos cómo avanzar entre todos en regulaciones inteligentes, en un área donde las diferencias pueden ser técnicas, pero no ideológicas, porque creo que estos son temas donde todos tenemos intereses comunes.
SR. PRESIDENTE CARRO Si quiere utilizar dos o tres minutos más, tiene la palabra Mauricio Agudelo.
SR. AGUDELO Señor presidente: muchas gracias a usted, a la diputada Banfi por la moderación y a Diego por la invitación.
Quisiera cerrar con tres cuestiones. Primero, la revolución inteligente y la oportunidad de explorar los sandboxes regulatorios en la Argentina. Esos son mecanismos que nacieron ya hace algunos años, derivados del sistema financiero y se han ido implementando en Colombia recientemente para medir o calibrar la oportunidad de diseñar políticas públicas disruptivas de cara a estos desafíos, por ejemplo, de asequibilidad y de acceso. Es básicamente poder monitorear un espacio controlado durante un período de tiempo de doce..., con la posibilidad de expandirlos. La capacidad que tienen estos proyectos es precisamente la de expandir: innovación, modelos de negocios disruptivos que permitan cerrar la brecha digital.
Termino con el segundo punto, que contempla que no solamente tenemos la oportunidad de descargar toda esta responsabilidad en un solo modelo de universalización y de uso de los fondos del servicio universal sino también, por ejemplo, de que las políticas públicas tengan la capacidad de apalancar mecanismos de inversión que faciliten el cierre de la brecha digital y promuevan alianzas estratégicas entre el sector público, el privado y la banca de desarrollo.
También quiero comentarles que en Perú venimos impulsando modelos que se sustentan en una regulación que habilita el uso del espectro para modelos de servicios mayoristas. Con esto quiero decir que la política pública juega un papel fundamental en dos cosas. Uno, en el escenario de la pandemia, donde el elemento subyacente es la incertidumbre. Creo que estos modelos de sandboxes precisamente ayudan a entender básicamente cómo crear posibilidades para expandir la conectividad y cerrar la brecha digital contando con modelos alternativos regulatorios y equilibrando las cargas de juego.
El otro escenario es acerca de la oportunidad de la economía digital, donde los modelos tradicionales de acceso y asequibilidad -porque son las infraestructuras esenciales- empiezan a ser presionados de cara a la aparición de toda una serie de jugadores en un ecosistema digital cada vez más ampliado, más transversal y más horizontal.
Por otra parte, las telecomunicaciones no pueden seguir pensándose como en los años ochenta y noventa con estructuras de intervención tradicionales, sino que obviamente requieren una modernización y una adecuación para afrontar los desafíos de la economía digital y la próxima revolución digital en América Latina.
Agradezco a todos y estoy encantado de haber participado de esta conferencia.
Quisiera cerrar con tres cuestiones. Primero, la revolución inteligente y la oportunidad de explorar los sandboxes regulatorios en la Argentina. Esos son mecanismos que nacieron ya hace algunos años, derivados del sistema financiero y se han ido implementando en Colombia recientemente para medir o calibrar la oportunidad de diseñar políticas públicas disruptivas de cara a estos desafíos, por ejemplo, de asequibilidad y de acceso. Es básicamente poder monitorear un espacio controlado durante un período de tiempo de doce..., con la posibilidad de expandirlos. La capacidad que tienen estos proyectos es precisamente la de expandir: innovación, modelos de negocios disruptivos que permitan cerrar la brecha digital.
Termino con el segundo punto, que contempla que no solamente tenemos la oportunidad de descargar toda esta responsabilidad en un solo modelo de universalización y de uso de los fondos del servicio universal sino también, por ejemplo, de que las políticas públicas tengan la capacidad de apalancar mecanismos de inversión que faciliten el cierre de la brecha digital y promuevan alianzas estratégicas entre el sector público, el privado y la banca de desarrollo.
También quiero comentarles que en Perú venimos impulsando modelos que se sustentan en una regulación que habilita el uso del espectro para modelos de servicios mayoristas. Con esto quiero decir que la política pública juega un papel fundamental en dos cosas. Uno, en el escenario de la pandemia, donde el elemento subyacente es la incertidumbre. Creo que estos modelos de sandboxes precisamente ayudan a entender básicamente cómo crear posibilidades para expandir la conectividad y cerrar la brecha digital contando con modelos alternativos regulatorios y equilibrando las cargas de juego.
El otro escenario es acerca de la oportunidad de la economía digital, donde los modelos tradicionales de acceso y asequibilidad -porque son las infraestructuras esenciales- empiezan a ser presionados de cara a la aparición de toda una serie de jugadores en un ecosistema digital cada vez más ampliado, más transversal y más horizontal.
Por otra parte, las telecomunicaciones no pueden seguir pensándose como en los años ochenta y noventa con estructuras de intervención tradicionales, sino que obviamente requieren una modernización y una adecuación para afrontar los desafíos de la economía digital y la próxima revolución digital en América Latina.
Agradezco a todos y estoy encantado de haber participado de esta conferencia.
SR. PRESIDENTE CARRO Sin duda el Banco de Desarrollo de América Latina va a tener un papel importante. Además, sabemos que va a destinar fondos para este tipo de desarrollo.
Creo que los Estados, los organismos internacionales y la actividad privada tenemos que trabajar de manera inteligente para lograr estos objetivos.
Tiene la palabra el señor Emilio Álvarez Icaza.
Creo que los Estados, los organismos internacionales y la actividad privada tenemos que trabajar de manera inteligente para lograr estos objetivos.
Tiene la palabra el señor Emilio Álvarez Icaza.
SR. ICAZA La verdad es que celebro muchísimo el encuentro. Justamente pienso que la inteligencia colectiva y el intercambio de experiencias, haberes y decisiones nos enriquecen muchísimo.
Comparto y acompaño lo que dijo Pablo Letelier en la última ronda y también lo que ha dicho Andrés. Hay un piso mínimo básico donde cabemos todas y todos.
Podemos hacer reflexiones conceptuales, pero tenemos que analizar cómo nos hacemos cargo de los dilemas que tenemos en nuestros países.
América Latina viene con una tradición. Nuestras Constituciones son aspiracionales, contienen las tradiciones de los ideales. Entonces, cargamos nuestros pactos sociales con la idea de "habrá un mañana esplendoroso donde hombres y mujeres serán libres".
La política pública es la vía para hacer realidad esos ideales. La política pública es la forma de garantizar el ejercicio de esos derechos. Justo ahí es donde actualizamos el pacto social democrático. Justo ahí es donde podemos disminuir las brechas. Justo ahí es donde podemos garantizar el ejercicio de los derechos. Habrá mercado, pero también tiene que haber Estado. El Estado justo es la condición de garantizar los derechos para aquellas personas que tienen... en el ejercicio de los derechos... la igualdad en el ejercicio de los derechos.
Me parece entonces que la pandemia nos vino a impactar. Pienso que lo peor está por venir. El impacto de la pandemia será tremendo porque agudizará nuestras desigualdades.
Estamos viendo que Internet, la conectividad, el acceso y las brechas... serán mucho más vitales que antes de la pandemia. Esta puede ser una vía para disminuir todo el trabajo que podamos hacer en materia legislativa y de política pública para disminuir estas brechas y desigualdades, o puede ser una vía para reproducir la propia...
Entonces, el dilema es cómo nos encargamos desde una visión de Estado democrático para generar una...
También lo dicho por Daniela... porque pareciera que la pandemia ha dado algunos problemas como de acoso laboral, violencia familiar en contra de mujeres y niños. Esas cosas tenemos que...
En fin, me quedo con muchísimas ideas y aprendizajes. Quedo muy prendido, como dicen en mi tierra y con una gran alegría de encontrarlos. Envío un fuerte abrazo a todas las diputadas y a todos los diputados de la muy bella República Argentina. Ya tendremos la oportunidad de compartir un vinito, un asadito o por lo menos un dulce de leche... Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo.
Comparto y acompaño lo que dijo Pablo Letelier en la última ronda y también lo que ha dicho Andrés. Hay un piso mínimo básico donde cabemos todas y todos.
Podemos hacer reflexiones conceptuales, pero tenemos que analizar cómo nos hacemos cargo de los dilemas que tenemos en nuestros países.
América Latina viene con una tradición. Nuestras Constituciones son aspiracionales, contienen las tradiciones de los ideales. Entonces, cargamos nuestros pactos sociales con la idea de "habrá un mañana esplendoroso donde hombres y mujeres serán libres".
La política pública es la vía para hacer realidad esos ideales. La política pública es la forma de garantizar el ejercicio de esos derechos. Justo ahí es donde actualizamos el pacto social democrático. Justo ahí es donde podemos disminuir las brechas. Justo ahí es donde podemos garantizar el ejercicio de los derechos. Habrá mercado, pero también tiene que haber Estado. El Estado justo es la condición de garantizar los derechos para aquellas personas que tienen... en el ejercicio de los derechos... la igualdad en el ejercicio de los derechos.
Me parece entonces que la pandemia nos vino a impactar. Pienso que lo peor está por venir. El impacto de la pandemia será tremendo porque agudizará nuestras desigualdades.
Estamos viendo que Internet, la conectividad, el acceso y las brechas... serán mucho más vitales que antes de la pandemia. Esta puede ser una vía para disminuir todo el trabajo que podamos hacer en materia legislativa y de política pública para disminuir estas brechas y desigualdades, o puede ser una vía para reproducir la propia...
Entonces, el dilema es cómo nos encargamos desde una visión de Estado democrático para generar una...
También lo dicho por Daniela... porque pareciera que la pandemia ha dado algunos problemas como de acoso laboral, violencia familiar en contra de mujeres y niños. Esas cosas tenemos que...
En fin, me quedo con muchísimas ideas y aprendizajes. Quedo muy prendido, como dicen en mi tierra y con una gran alegría de encontrarlos. Envío un fuerte abrazo a todas las diputadas y a todos los diputados de la muy bella República Argentina. Ya tendremos la oportunidad de compartir un vinito, un asadito o por lo menos un dulce de leche... Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo.
SR. PRESIDENTE CARRO Ojalá que sea pronto, Emilio.
Karina, si querés dos minutos para hacer el cierre.
Karina, si querés dos minutos para hacer el cierre.
SRA. BANFI No puede escuchar completamente la exposición de Emilio Álvarez Icaza, a quien conozco desde que ocupaba el cargo de secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con él tuve la posibilidad de trabajar mucho la agenda de acceso a la información pública a nivel regional.
Sin embargo, me quedo con lo que dijo sobre el valor de la política pública para garantizar los derechos. En ese punto tiene que haber un sistema colaborativo entre los tomadores de las decisiones, representado por la política, y aquellos que tienen la capacidad de invertir, representado por el mercado. Me refiero a cómo podemos trabajar en conjunto principalmente para garantizar el derecho al acceso universal en este contexto a la conectividad. Entiendo que ahí tenemos un gran desafío, porque debemos sacar las ideologías y a la vez tener la capacidad o la visión operativa de concertar qué necesitamos para disminuir la brecha digital principalmente en la Argentina, pero que sin duda también afecta a toda la región, tal como señaló claramente Mauricio al referirse a las pautas de América con respecto al resto del mundo.
Igualmente, quizás también podremos plantear los desafíos que nos dejará la pandemia. Específicamente, cómo sortear las dificultades cuando nuestras economías se hallan en un proceso de crisis que va acompañado por el coronavirus y también por las decisiones que se han tomado políticamente en cada uno de los países con respecto a las inversiones que necesita el mercado y el acompañamiento que hace falta de parte del Estado.
Asimismo, debemos considerar cómo nos vamos a ir acercando a este instrumento que dejará de ser solamente para la mera comunicación o el esparcimiento, ya que se volverá una herramienta facilitadora del acceso a las necesidades esenciales que tenemos en la vida, ya sea el trabajo, la comunicación o la socialización, lo cual lamentablemente hoy, en el marco de la pandemia en el mundo se da a través de la virtualidad, pero que ha venido para quedarse. Entonces, desde el Congreso tenemos que buscar regulaciones inteligentes y medidas que ayuden a generar este acercamiento entre el mercado y el Estado y, por otro lado, tenemos que ver el modo de garantizar estos derechos.
Algo muy importante es que creo que tenemos que fijarnos de dónde venimos y dónde estamos parados. En el marco de la Argentina, tenemos que analizar cómo podemos acarrear todos los avances de los últimos años para implementar una fuerte política de inversión en el sector de la conectividad que nos permita sostenerla en la pandemia.
Seguramente si hubiésemos estado en 2015, donde solamente había sesenta y tres localidades conectadas a Internet -mientras que actualmente hay más de mil-, hubiese sido mucho más difícil. Por eso me parece importante ver la ruta trazada y, sacando algunas cuestiones dogmáticas que a veces presenta el planteo de los derechos, mantener alguna actitud más pragmática en relación con buscar la forma de hacer más operativo el ejercicio del derecho al acceso universal, a Internet y, principalmente, como decía Daniela Monje, a un precio justo y razonable. Incluso, es necesario el apoyo del Estado en los lugares donde es imposible tener acceso a la conectividad.
Finalizando, agradezco al diputado Pablo Carro porque es un gusto trabajar con él en la comisión. Obviamente pertenecemos a dos sectores totalmente distintos, pero a través del diálogo y de los distintos acuerdos que vamos gestionando estamos creando un puente que sin duda nos ayudará mucho a avanzar en el tratamiento de proyectos muy productivos.
Sin embargo, me quedo con lo que dijo sobre el valor de la política pública para garantizar los derechos. En ese punto tiene que haber un sistema colaborativo entre los tomadores de las decisiones, representado por la política, y aquellos que tienen la capacidad de invertir, representado por el mercado. Me refiero a cómo podemos trabajar en conjunto principalmente para garantizar el derecho al acceso universal en este contexto a la conectividad. Entiendo que ahí tenemos un gran desafío, porque debemos sacar las ideologías y a la vez tener la capacidad o la visión operativa de concertar qué necesitamos para disminuir la brecha digital principalmente en la Argentina, pero que sin duda también afecta a toda la región, tal como señaló claramente Mauricio al referirse a las pautas de América con respecto al resto del mundo.
Igualmente, quizás también podremos plantear los desafíos que nos dejará la pandemia. Específicamente, cómo sortear las dificultades cuando nuestras economías se hallan en un proceso de crisis que va acompañado por el coronavirus y también por las decisiones que se han tomado políticamente en cada uno de los países con respecto a las inversiones que necesita el mercado y el acompañamiento que hace falta de parte del Estado.
Asimismo, debemos considerar cómo nos vamos a ir acercando a este instrumento que dejará de ser solamente para la mera comunicación o el esparcimiento, ya que se volverá una herramienta facilitadora del acceso a las necesidades esenciales que tenemos en la vida, ya sea el trabajo, la comunicación o la socialización, lo cual lamentablemente hoy, en el marco de la pandemia en el mundo se da a través de la virtualidad, pero que ha venido para quedarse. Entonces, desde el Congreso tenemos que buscar regulaciones inteligentes y medidas que ayuden a generar este acercamiento entre el mercado y el Estado y, por otro lado, tenemos que ver el modo de garantizar estos derechos.
Algo muy importante es que creo que tenemos que fijarnos de dónde venimos y dónde estamos parados. En el marco de la Argentina, tenemos que analizar cómo podemos acarrear todos los avances de los últimos años para implementar una fuerte política de inversión en el sector de la conectividad que nos permita sostenerla en la pandemia.
Seguramente si hubiésemos estado en 2015, donde solamente había sesenta y tres localidades conectadas a Internet -mientras que actualmente hay más de mil-, hubiese sido mucho más difícil. Por eso me parece importante ver la ruta trazada y, sacando algunas cuestiones dogmáticas que a veces presenta el planteo de los derechos, mantener alguna actitud más pragmática en relación con buscar la forma de hacer más operativo el ejercicio del derecho al acceso universal, a Internet y, principalmente, como decía Daniela Monje, a un precio justo y razonable. Incluso, es necesario el apoyo del Estado en los lugares donde es imposible tener acceso a la conectividad.
Finalizando, agradezco al diputado Pablo Carro porque es un gusto trabajar con él en la comisión. Obviamente pertenecemos a dos sectores totalmente distintos, pero a través del diálogo y de los distintos acuerdos que vamos gestionando estamos creando un puente que sin duda nos ayudará mucho a avanzar en el tratamiento de proyectos muy productivos.
SR. PRESIDENTE CARRO Coincido plenamente con lo dicho por Karina.
Para cerrar y entregar a tiempo, aprovecho este último minuto para agradecer muchísimo a todas y a todos los participantes a esta conferencia.
A Karina, a mí y al resto de los diputados de la comisión nos queda mucho trabajo por hacer. Ojalá pronto podamos iniciar las reuniones informativas para analizar los proyectos presentados en esta materia.
Nuevamente agradezco al personal de la Cámara que siempre está atento para que podamos llevar adelante estas comunicaciones y a Ariel Sotelo por permitirnos realizar esta conferencia internacional. A todos y a todas, muchísimas gracias de verdad.
De esta manera finalizamos esta conferencia, sin dejar de manifestar que estamos muy contentos por la actividad realizada.
Para cerrar y entregar a tiempo, aprovecho este último minuto para agradecer muchísimo a todas y a todos los participantes a esta conferencia.
A Karina, a mí y al resto de los diputados de la comisión nos queda mucho trabajo por hacer. Ojalá pronto podamos iniciar las reuniones informativas para analizar los proyectos presentados en esta materia.
Nuevamente agradezco al personal de la Cámara que siempre está atento para que podamos llevar adelante estas comunicaciones y a Ariel Sotelo por permitirnos realizar esta conferencia internacional. A todos y a todas, muchísimas gracias de verdad.
De esta manera finalizamos esta conferencia, sin dejar de manifestar que estamos muy contentos por la actividad realizada.
Es la hora 13 y 56.