Comisiones »
Permanentes »
Comisión Permanente de Comunicaciones e Informática »
Reuniones »
Versiones Taquigráficas »
COMUNICACIONES E INFORMATICA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 139
Secretario Administrativo CPN RANGUGNI SABRINA
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2144 Internos 2144/42
cceinformatica@hcdn.gob.ar
- COMUNICACIONES E INFORMATICA
Reunión del día 08/11/2018
- REUNIÓN INFORMATIVA
EXPEDIENTES
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Agradezco a todos su presencia.
Quiero comunicar a los señores diputados que no contamos con el quórum necesario para considerar los asuntos incluidos en el orden del día, por lo que ampliaremos el temario propuesto para el martes próximo, día en que la comisión se reunirá para tratar dos temas.
Hoy ha habido problemas con los vuelos y hay muchos diputados que no han podido venir. Hubo un paro que generó inconvenientes no solamente a los diputados sino también a algunos invitados del interior, quienes me han comunicado que no podrían llegar debido a esa misma razón.
De todos modos, vamos a avanzar con la primera parte de la reunión, que es informativa. Hoy recibimos a diferentes entidades que han solicitado dar su opinión sobre el proyecto de ley contenido en el expediente 0112-s-2016, que viene en revisión. Es una iniciativa por la cual se regula la responsabilidad de los proveedores del servicio de Internet.
Contamos con la presencia de diferentes cámaras y asociaciones: la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), que representa a entidades como la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, el Centro de Administración de Derechos Reprográficos, la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, la Fundación El Libro, Intérpretes Argentinos de Doblaje, etcétera; la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA); la Asociación de Telerradiodifusoras Argentina (ATA) y la Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA).
El objeto de esta reunión informativa es escuchar sus opiniones sobre este proyecto.
En primer lugar, hará uso de la palabra el señor Martín Etchevers, presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). Luego hablarán los señores Jorge Fontevecchia y Nicolás Novoa, de la misma entidad. Pido a los oradores que sus exposiciones no excedan los diez minutos.
Quiero comunicar a los señores diputados que no contamos con el quórum necesario para considerar los asuntos incluidos en el orden del día, por lo que ampliaremos el temario propuesto para el martes próximo, día en que la comisión se reunirá para tratar dos temas.
Hoy ha habido problemas con los vuelos y hay muchos diputados que no han podido venir. Hubo un paro que generó inconvenientes no solamente a los diputados sino también a algunos invitados del interior, quienes me han comunicado que no podrían llegar debido a esa misma razón.
De todos modos, vamos a avanzar con la primera parte de la reunión, que es informativa. Hoy recibimos a diferentes entidades que han solicitado dar su opinión sobre el proyecto de ley contenido en el expediente 0112-s-2016, que viene en revisión. Es una iniciativa por la cual se regula la responsabilidad de los proveedores del servicio de Internet.
Contamos con la presencia de diferentes cámaras y asociaciones: la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), que representa a entidades como la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, el Centro de Administración de Derechos Reprográficos, la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, la Fundación El Libro, Intérpretes Argentinos de Doblaje, etcétera; la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA); la Asociación de Telerradiodifusoras Argentina (ATA) y la Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA).
El objeto de esta reunión informativa es escuchar sus opiniones sobre este proyecto.
En primer lugar, hará uso de la palabra el señor Martín Etchevers, presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). Luego hablarán los señores Jorge Fontevecchia y Nicolás Novoa, de la misma entidad. Pido a los oradores que sus exposiciones no excedan los diez minutos.
SR. ETCHEVERS Señor presidente y señores diputados: agradezco la invitación que nos han cursado para poder compartir nuestra mirada sobre este tema.
Quiero poner de manifiesto que hoy me acompañan algunos asociados y miembros de nuestro Consejo Ejecutivo: el señor Jorge Fontevecchia, de Editorial Perfil, el señor Diego Garazzi, del diario La Nación, el señor Pablo Deluca, de Infobae y el señor Carlos Azzariti, de Página 12.
Como usted decía, señor presidente, algunos de nuestros socios del interior no pudieron llegar debido a la problemática aérea.
ADEPA es la institución más representativa de la industria periodística nacional, ya que nuclea a más de doscientas publicaciones gráficas y digitales de todo el país. En ADEPA todos están representados: los medios grandes, medianos y pequeños de la Capital Federal y de las provincias argentinas de todas las líneas editoriales. Algunos son más que centenarios y otros nacieron al calor de la revolución digital; pero todos tenemos algo en común: invertimos en la producción de contenidos propios, contenidos nacionales que dan trabajo a periodistas, fotógrafos, columnistas, dibujantes, infógrafos, diseñadores, trabajadores gráficos y expertos en disciplinas digitales. Se trata de contenidos caros, ya que hacer periodismo profesional es caro; requiere tiempo, recursos, investigación, especialistas y tecnología, y también respaldo patrimonial y un editor responsable, dado que debemos responder judicialmente por el material que publicamos.
Es por todo ello que nos preocupa la redacción de este proyecto, dado que de él surge una desprotección a la propiedad intelectual sobre los contenidos, que es el derecho y la herramienta que los editores tenemos para defender el valor de lo que producimos y, por lo tanto, sostener nuestro financiamiento. Es más, de la redacción actual se desprende que quienes utilizan de algún modo ese contenido y obtienen beneficios directos o indirectos a partir de él, no tienen obligaciones frente a quienes lo producen. Esto nos preocupa, como a toda la industria periodística mundial, tal como lo demuestran decisiones como la reciente Directiva del Parlamento Europeo.
El periodismo profesional, con sus imperfecciones, cumple un rol en el sistema democrático que no ha sido reemplazado ni por las plataformas ni por las redes sociales, aunque ambas sean herramientas muy bienvenidas y útiles. De hecho, facilitan la expresión de muchas otras voces, lo que es positivo.
Siempre vamos a estar a favor de la libertad de expresión y en contra de la censura pública y privada. Nuestra prédica histórica es: censura previa jamás; siempre responsabilidad ulterior. Por esto discrepamos, además, con una exención anticipada y genérica de la responsabilidad ulterior como la que surge de este proyecto.
Los dejo ahora con nuestro asesor jurídico, el doctor Nicolás Novoa.
Quiero poner de manifiesto que hoy me acompañan algunos asociados y miembros de nuestro Consejo Ejecutivo: el señor Jorge Fontevecchia, de Editorial Perfil, el señor Diego Garazzi, del diario La Nación, el señor Pablo Deluca, de Infobae y el señor Carlos Azzariti, de Página 12.
Como usted decía, señor presidente, algunos de nuestros socios del interior no pudieron llegar debido a la problemática aérea.
ADEPA es la institución más representativa de la industria periodística nacional, ya que nuclea a más de doscientas publicaciones gráficas y digitales de todo el país. En ADEPA todos están representados: los medios grandes, medianos y pequeños de la Capital Federal y de las provincias argentinas de todas las líneas editoriales. Algunos son más que centenarios y otros nacieron al calor de la revolución digital; pero todos tenemos algo en común: invertimos en la producción de contenidos propios, contenidos nacionales que dan trabajo a periodistas, fotógrafos, columnistas, dibujantes, infógrafos, diseñadores, trabajadores gráficos y expertos en disciplinas digitales. Se trata de contenidos caros, ya que hacer periodismo profesional es caro; requiere tiempo, recursos, investigación, especialistas y tecnología, y también respaldo patrimonial y un editor responsable, dado que debemos responder judicialmente por el material que publicamos.
Es por todo ello que nos preocupa la redacción de este proyecto, dado que de él surge una desprotección a la propiedad intelectual sobre los contenidos, que es el derecho y la herramienta que los editores tenemos para defender el valor de lo que producimos y, por lo tanto, sostener nuestro financiamiento. Es más, de la redacción actual se desprende que quienes utilizan de algún modo ese contenido y obtienen beneficios directos o indirectos a partir de él, no tienen obligaciones frente a quienes lo producen. Esto nos preocupa, como a toda la industria periodística mundial, tal como lo demuestran decisiones como la reciente Directiva del Parlamento Europeo.
El periodismo profesional, con sus imperfecciones, cumple un rol en el sistema democrático que no ha sido reemplazado ni por las plataformas ni por las redes sociales, aunque ambas sean herramientas muy bienvenidas y útiles. De hecho, facilitan la expresión de muchas otras voces, lo que es positivo.
Siempre vamos a estar a favor de la libertad de expresión y en contra de la censura pública y privada. Nuestra prédica histórica es: censura previa jamás; siempre responsabilidad ulterior. Por esto discrepamos, además, con una exención anticipada y genérica de la responsabilidad ulterior como la que surge de este proyecto.
Los dejo ahora con nuestro asesor jurídico, el doctor Nicolás Novoa.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor Nicolás Novoa.
SR. NOVOA Señor presidente: ADEPA, en su carácter de representante de los principales medios de prensa gráficos y digitales del país, no puede dejar de reafirmar los principios que garantizan el ejercicio y la vigencia de la libertad de prensa y expresión en el ámbito digital.
Asimismo, y con igual énfasis, ADEPA advierte sobre los graves riesgos derivados de la distorsionada invocación de dichos principios por parte de los intermediarios de Internet, quienes, al amparo de aquellas libertades, pretenden resguardarse y obtener la sanción de normas genéricas que determinarían su irresponsabilidad absoluta frente a la utilización o difusión de contenidos generados por terceros.
Las empresas periodísticas asumen, frente a la sociedad y el Estado, obligaciones ineludibles. Los periódicos tienen un editor responsable, chequean la información antes de difundirla y, si cometen errores, responden por ellos. La radio y la televisión se someten a normas regulatorias que determinan, por ejemplo, qué contenidos pueden difundirse o no en determinada franja horaria, cuántos minutos de publicidad se admiten en determinado lapso, etcétera. Todos ellos, por otro lado, pagan cuantiosas sumas de dinero por los contenidos que producen y difunden a su público, a la vez que tributan elevados montos en concepto de impuestos y gravámenes relacionados con su actividad.
Por otro lado -esto ha ocurrido y ocurre en todo el mundo-, los intermediarios de Internet construyen y defienden su enorme negocio bajo ciertas premisas de hierro: el nulo o escaso pago de impuestos en los territorios que operan, la irresponsabilidad sobre los contenidos que distribuyen como principio de presunción legal y la explotación de esos contenidos en forma gratuita bajo el conveniente amparo de la libertad de prensa y expresión. Así, estos intermediarios afirman que, si fueran responsables por los contenidos que indexan o distribuyen, la libertad de prensa y expresión se vería afectada, lo cual es una falacia que no resistiría el menor análisis en otros ámbitos o industrias, como ocurre en el caso de los medios de comunicación tradicionales.
¿Podría acaso pensarse que un periódico o una emisora de televisión o de radio no fueran responsables en ningún caso por los contenidos que difunden y fueran previamente eximidos de cualquier responsabilidad al respecto? Está claro que no; incluso, la mayoría de las legislaciones responsabilizan a los directores o editores de los periódicos por los contenidos que publican.
Para que se entienda bien, de ninguna manera proponemos limitar la libertad de expresión de los usuarios y mucho menos promover la censura. Señalamos que nadie puede tener una exención de responsabilidad ex-ante, como dice este proyecto de ley, máxime cuando las plataformas hace tiempo dejaron de ser meros intermediarios; amplifican, jerarquizan, posicionan, potencian o reducen los contenidos, muchas veces a través de mecanismos fácilmente manipulables, como en el caso de cuentas falsas, modificación de algoritmos, posicionamientos publicitarios, etcétera.
Lo mismo ocurre con relación a la propiedad intelectual: mientras las plataformas utilizan a gran escala contenidos de terceros -por los cuales no pagan o pagan muy poco-, los medios tradicionales crean sus propios contenidos a partir de millonarias inversiones y, al mismo tiempo, abonan cuantiosas sumas de dinero a los creadores, cuyo trabajo respetan y difunden.
Cuando las plataformas invocan el principio de su absoluta irresponsabilidad, lo hacen en términos genéricos, para que tal principio comprenda todas y cada una de las situaciones en las cuales podrían verse comprometidas, lo cual no solo no es justo, sino que además -como ya dijimos- es definitivamente peligroso.
Entonces, el proyecto de ley en análisis pareciera caer en esa trampa al enunciar, en forma genérica, que los proveedores de servicios de Internet no serán responsables por los contenidos generados por terceros. De tal forma, se sienta un principio que, por su laxitud, podría ser malinterpretado y utilizado en perjuicio de los creadores o titulares de derechos; entre ellos, los propios medios de prensa que representa ADEPA. Tal sería el caso, por ejemplo, si los intermediarios de Internet invocaran este principio para negarse a abonar a los medios de prensa la retribución que en derecho les corresponde por la utilización de sus contenidos.
Todo ello se encuentra en pleno debate en nuestro país y también a nivel internacional; dicha discusión ha generado ya una amplia base de consenso que impulsa un cambio radical en la percepción del negocio de los intermediarios, la utilización que ellos hacen de los contenidos de terceros -especialmente los aportados y solventados por los medios de prensa- y la necesidad de exigirles responsabilidades previas -métodos eficaces de control- y posteriores -esencialmente, pago de derechos- en la administración de aquellos.
Esto, como vemos, está muy lejos de una concepción genérica y omnicomprensiva de irresponsabilidad como la que se pretende elevar a categoría de principio en el proyecto bajo análisis.
En el ámbito nacional, el doctor Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha manifestado recientemente que es necesario que las plataformas digitales sean reguladas, dada su evidente capacidad para monopolizar, condicionar, guiar o controlar la actividad dentro de Internet. Según Lorenzetti, nos encontramos en una etapa de transición en la cual, luego de un largo periodo de subsidio regulatorio, el mundo digital debe ser -y necesita serlo- regulado para que tengamos herramientas que permitan afrontar y resolver los novedosos problemas que se presentan.
En el ámbito internacional, a modo de ejemplo, ya en 2011 la Corte de Apelaciones de Bruselas analizó con claridad el conflicto suscitado entre los editores de prensa y las plataformas tecnológicas, y sentenció, en el caso Copiepresse, que el papel de Google, en el marco del servicio Google News, no se limita a la referencia o al almacenamiento de las informaciones transmitidas, ya que Google selecciona las informaciones, las clasifica en su propio orden, las reproduce y, además, modifica su contenido. Por todo ello, el Tribunal concluyó que el papel de Google no es el de un intermediario pasivo, como lo requiere la Sección 4 de la Directiva sobre el Comercio Electrónico, y por ello negó la exención de responsabilidad que invocaba el demandado.
En igual sentido, en el ámbito de la Comunidad Europea, recientemente se aprobó una nueva directiva de derecho de autor en el mercado digital. Por su parte, dados los intensos debates que precedieron a la votación, quedó en evidencia la urgente necesidad de regular la actividad de los intermediarios de Internet obligándolos a cooperar mínimamente en el control de los contenidos que los usuarios suben a las plataformas, y a compensar económicamente a los editores de prensa y a otros titulares de derechos por la utilización de sus contenidos en línea.
Las actas de los debates reflejan la actualidad de la cuestión, muy alejada del concepto de irresponsabilidad genérica que hasta ahora pretendían imponer los intermediarios.
Todo ello quedó plasmado en los artículos 11 y 13 de la Directiva, aprobada por una abrumadora mayoría, que establecen, respectivamente, una retribución para los editores de prensa por la utilización o puesta a disposición de sus contenidos en línea, y el establecimiento obligatorio de medidas de control y cooperación por parte de los intermediarios con relación a los contenidos u obras protegidas que terceras personas pudieran subir a sus plataformas.
Todos estos antecedentes y moderna normativa demuestran, por lo tanto, que el concepto de irresponsabilidad absoluta y genérica -sea con relación al uso de contenidos, su difusión, control y remuneración- ha sido ampliamente superado. Asimismo, que no es tolerable ni conveniente establecer normas que, aunque se conciban limitadas, puedan malinterpretarse o manipularse para ampliar el concepto de irresponsabilidad a otros ámbitos o situaciones para invocar acomodaticiamente la libertad de prensa o equipararse convenientemente a ella para eludir las insoslayables tareas de control sobre lo que se difunde o evitar el pago de una retribución justa a los productores de contenidos; entre ellos, en el caso que nos ocupa, los medios de prensa nacionales.
Por lo tanto, propiciamos la no aprobación del proyecto en análisis; esto, dada la ausencia de un consenso mínimo que lo avale, los graves perjuicios que ocasionaría su sanción y la evidente necesidad de promover un debate más amplio y profundo en torno a las cuestiones planteadas.
Asimismo, y con igual énfasis, ADEPA advierte sobre los graves riesgos derivados de la distorsionada invocación de dichos principios por parte de los intermediarios de Internet, quienes, al amparo de aquellas libertades, pretenden resguardarse y obtener la sanción de normas genéricas que determinarían su irresponsabilidad absoluta frente a la utilización o difusión de contenidos generados por terceros.
Las empresas periodísticas asumen, frente a la sociedad y el Estado, obligaciones ineludibles. Los periódicos tienen un editor responsable, chequean la información antes de difundirla y, si cometen errores, responden por ellos. La radio y la televisión se someten a normas regulatorias que determinan, por ejemplo, qué contenidos pueden difundirse o no en determinada franja horaria, cuántos minutos de publicidad se admiten en determinado lapso, etcétera. Todos ellos, por otro lado, pagan cuantiosas sumas de dinero por los contenidos que producen y difunden a su público, a la vez que tributan elevados montos en concepto de impuestos y gravámenes relacionados con su actividad.
Por otro lado -esto ha ocurrido y ocurre en todo el mundo-, los intermediarios de Internet construyen y defienden su enorme negocio bajo ciertas premisas de hierro: el nulo o escaso pago de impuestos en los territorios que operan, la irresponsabilidad sobre los contenidos que distribuyen como principio de presunción legal y la explotación de esos contenidos en forma gratuita bajo el conveniente amparo de la libertad de prensa y expresión. Así, estos intermediarios afirman que, si fueran responsables por los contenidos que indexan o distribuyen, la libertad de prensa y expresión se vería afectada, lo cual es una falacia que no resistiría el menor análisis en otros ámbitos o industrias, como ocurre en el caso de los medios de comunicación tradicionales.
¿Podría acaso pensarse que un periódico o una emisora de televisión o de radio no fueran responsables en ningún caso por los contenidos que difunden y fueran previamente eximidos de cualquier responsabilidad al respecto? Está claro que no; incluso, la mayoría de las legislaciones responsabilizan a los directores o editores de los periódicos por los contenidos que publican.
Para que se entienda bien, de ninguna manera proponemos limitar la libertad de expresión de los usuarios y mucho menos promover la censura. Señalamos que nadie puede tener una exención de responsabilidad ex-ante, como dice este proyecto de ley, máxime cuando las plataformas hace tiempo dejaron de ser meros intermediarios; amplifican, jerarquizan, posicionan, potencian o reducen los contenidos, muchas veces a través de mecanismos fácilmente manipulables, como en el caso de cuentas falsas, modificación de algoritmos, posicionamientos publicitarios, etcétera.
Lo mismo ocurre con relación a la propiedad intelectual: mientras las plataformas utilizan a gran escala contenidos de terceros -por los cuales no pagan o pagan muy poco-, los medios tradicionales crean sus propios contenidos a partir de millonarias inversiones y, al mismo tiempo, abonan cuantiosas sumas de dinero a los creadores, cuyo trabajo respetan y difunden.
Cuando las plataformas invocan el principio de su absoluta irresponsabilidad, lo hacen en términos genéricos, para que tal principio comprenda todas y cada una de las situaciones en las cuales podrían verse comprometidas, lo cual no solo no es justo, sino que además -como ya dijimos- es definitivamente peligroso.
Entonces, el proyecto de ley en análisis pareciera caer en esa trampa al enunciar, en forma genérica, que los proveedores de servicios de Internet no serán responsables por los contenidos generados por terceros. De tal forma, se sienta un principio que, por su laxitud, podría ser malinterpretado y utilizado en perjuicio de los creadores o titulares de derechos; entre ellos, los propios medios de prensa que representa ADEPA. Tal sería el caso, por ejemplo, si los intermediarios de Internet invocaran este principio para negarse a abonar a los medios de prensa la retribución que en derecho les corresponde por la utilización de sus contenidos.
Todo ello se encuentra en pleno debate en nuestro país y también a nivel internacional; dicha discusión ha generado ya una amplia base de consenso que impulsa un cambio radical en la percepción del negocio de los intermediarios, la utilización que ellos hacen de los contenidos de terceros -especialmente los aportados y solventados por los medios de prensa- y la necesidad de exigirles responsabilidades previas -métodos eficaces de control- y posteriores -esencialmente, pago de derechos- en la administración de aquellos.
Esto, como vemos, está muy lejos de una concepción genérica y omnicomprensiva de irresponsabilidad como la que se pretende elevar a categoría de principio en el proyecto bajo análisis.
En el ámbito nacional, el doctor Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha manifestado recientemente que es necesario que las plataformas digitales sean reguladas, dada su evidente capacidad para monopolizar, condicionar, guiar o controlar la actividad dentro de Internet. Según Lorenzetti, nos encontramos en una etapa de transición en la cual, luego de un largo periodo de subsidio regulatorio, el mundo digital debe ser -y necesita serlo- regulado para que tengamos herramientas que permitan afrontar y resolver los novedosos problemas que se presentan.
En el ámbito internacional, a modo de ejemplo, ya en 2011 la Corte de Apelaciones de Bruselas analizó con claridad el conflicto suscitado entre los editores de prensa y las plataformas tecnológicas, y sentenció, en el caso Copiepresse, que el papel de Google, en el marco del servicio Google News, no se limita a la referencia o al almacenamiento de las informaciones transmitidas, ya que Google selecciona las informaciones, las clasifica en su propio orden, las reproduce y, además, modifica su contenido. Por todo ello, el Tribunal concluyó que el papel de Google no es el de un intermediario pasivo, como lo requiere la Sección 4 de la Directiva sobre el Comercio Electrónico, y por ello negó la exención de responsabilidad que invocaba el demandado.
En igual sentido, en el ámbito de la Comunidad Europea, recientemente se aprobó una nueva directiva de derecho de autor en el mercado digital. Por su parte, dados los intensos debates que precedieron a la votación, quedó en evidencia la urgente necesidad de regular la actividad de los intermediarios de Internet obligándolos a cooperar mínimamente en el control de los contenidos que los usuarios suben a las plataformas, y a compensar económicamente a los editores de prensa y a otros titulares de derechos por la utilización de sus contenidos en línea.
Las actas de los debates reflejan la actualidad de la cuestión, muy alejada del concepto de irresponsabilidad genérica que hasta ahora pretendían imponer los intermediarios.
Todo ello quedó plasmado en los artículos 11 y 13 de la Directiva, aprobada por una abrumadora mayoría, que establecen, respectivamente, una retribución para los editores de prensa por la utilización o puesta a disposición de sus contenidos en línea, y el establecimiento obligatorio de medidas de control y cooperación por parte de los intermediarios con relación a los contenidos u obras protegidas que terceras personas pudieran subir a sus plataformas.
Todos estos antecedentes y moderna normativa demuestran, por lo tanto, que el concepto de irresponsabilidad absoluta y genérica -sea con relación al uso de contenidos, su difusión, control y remuneración- ha sido ampliamente superado. Asimismo, que no es tolerable ni conveniente establecer normas que, aunque se conciban limitadas, puedan malinterpretarse o manipularse para ampliar el concepto de irresponsabilidad a otros ámbitos o situaciones para invocar acomodaticiamente la libertad de prensa o equipararse convenientemente a ella para eludir las insoslayables tareas de control sobre lo que se difunde o evitar el pago de una retribución justa a los productores de contenidos; entre ellos, en el caso que nos ocupa, los medios de prensa nacionales.
Por lo tanto, propiciamos la no aprobación del proyecto en análisis; esto, dada la ausencia de un consenso mínimo que lo avale, los graves perjuicios que ocasionaría su sanción y la evidente necesidad de promover un debate más amplio y profundo en torno a las cuestiones planteadas.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Pido a todos los disertantes que dejen las copias de sus informes. De todos modos, estamos grabando esta reunión y se hará luego la desgrabación.
Tiene la palabra el señor Jorge Fontevecchia.
Tiene la palabra el señor Jorge Fontevecchia.
SR. FONTEVECCHIA Señor presidente: en mi caso, voy a improvisar.
Mi objetivo hoy, más que hablar de este proyecto de ley, es tratar de construir un consenso respecto de lo que debieran ser las verdaderas leyes del futuro. Me parece que uno de los problemas que estamos enfrentando es no entender la naturaleza del problema; el diagnóstico no es correcto, por cuanto la terapia que vayamos a utilizar tampoco lo será.
La verdadera hegemonía es aquella de cuya existencia no se tiene conciencia, y el problema que estamos enfrentando aquí no es simplemente de libertad de expresión, que es importantísima, constituye apenas una parte de la problemática y es utilizada en forma falaz.
El problema que enfrentamos esencialmente es un nuevo colonialismo económico que recrea las situaciones de los siglos XVII y XVIII sin que nos demos cuenta. En aquella época, el colonialismo colocaba en las distintas colonias un sector extractivo que administraba y enviaba por barco las riquezas de nuestros países a la casa matriz. El colonialismo del siglo XXI ni siquiera necesita barcos o grandes organizaciones para extraer riqueza en distintos lugares. Empresas como Google tienen en la Argentina un puñado de funcionarios y se llevan, en concepto de publicidad, más dinero que el que recaudan todos los canales de televisión de la Argentina juntos.
Ese colonialismo comienza a ser percibido en todas partes del mundo, y no es casual que, en Europa, por ejemplo, se adopte este tipo de regulaciones. Tampoco es casual que en China no se permita el ingreso de Google y de Facebook tal como lo hacemos en el resto de Occidente y que, al mismo tiempo, existan alternativas a dichas empresas. No vengo aquí a defender el modelo chino que, por el contrario, me parece exactamente igual al norteamericano, aunque menos hipócrita.
Digo esto porque no se puede entender que el Congreso norteamericano -que impidió a Microsoft poner un navegador junto a un paquete de software y que, en los años 80, obligó a dividir la empresa Telefónica en las famosas siete Baby Bells- no divida Google.
Es evidente que, detrás de la importancia que en especial tienen Google y adicionalmente Facebook, hay otro tipo de intereses. El monopolio de AT&T, en su momento era interno dentro de los Estados Unidos, mientras que los monopolios de Google y Facebook brindan a dicho país enormes beneficios, ya que cooptan la energía de todos los países, expresada a través de la publicidad.
Además, es una estupenda herramienta de seguridad y de inteligencia con los Estados Unidos. Resulta determinante para la seguridad norteamericana que no se haya procedido con Google y Facebook de la misma manera como se ha actuado con todos los monopolios que ha habido en ese país a lo largo de los años.
Detrás de esto no hay un tema de libertad de prensa o expresión, sino una cuestión claramente económica. Google y Facebook se están quedando con el 80 por ciento de la publicidad mundial. No se engañen; cuando ellos piden que no haya regulaciones y sí exención de responsabilidad, están hablando de costos, de captura de renta y de transferencia de esa renta al exterior.
La estafa categorial a la que estamos asistiendo pasa por el hecho de que nos dicen que constituyen como una empresa telefónica de principios de siglo pasado y que no son responsables de lo que la gente dice. La gran diferencia con las empresas telefónicas de principios del siglo pasado es que estas no ponían publicidad; es decir, las conversaciones privadas no se monetizaban como ocurre hoy. Si tuviéramos que plantear en términos categoriales esta estafa, diríamos que son una empresa telefónica que pone publicidad mientras nosotros hablamos.
En la medida en que se generen ganancias extraordinarias para alguien que descubre una nueva forma de monetizar, no existiría más problema que aplicar una ley antimonopolio; pero aquí hay otros problemas que exceden la captura de la renta y el abuso de la posición dominante. Se trata de un claro ataque al sistema de división de poderes y la democracia.
Señores legisladores: presten atención. En 2012, en los Estados Unidos había cincuenta y cinco mil periodistas; hoy quedan veinticuatro mil. Esto no es porque quienes trabajaban en televisión hoy hacen streaming en vídeo, los que trabajaban en radio hoy hacen podcasts o los que trabajaban en los diarios hoy desarrollan sitios de Internet, ya que, si sumamos todos los periodistas que trabajan en las distintas plataformas, incluso las digitales, hay menos de la mitad que hace cinco años. ¿Cómo puede haber más libertad de expresión con menos periodistas? Ahí se percibe exactamente la estafa categorial a la que yo me refería.
Creo que esto atenta contra el sistema de división de poderes, contra el periodismo como auxiliar de la Justicia y contra la idea del periodismo como perro guardián. No está solamente en discusión el tema económico; si bien éste es importante, existe un proceso de destrucción del sistema democrático en su conjunto.
Tengo esperanzas de que el gobierno de los Estados Unidos llegue a tomar conciencia de que finalmente esto será un caballo de Troya con implicancias en su sistema democrático y que, en un futuro, lo modifique.
Es cierto que nosotros, desde un país como la Argentina -que ha sido vanguardia en las industrias culturales y, en América Latina, respecto del derecho de autor-, solos no podremos impedir este proceso de globalización de la comunicación mundial. Evidentemente, el gran actor de cambio de esta problemática será Estados Unidos cuando vea que los perjuicios y las amenazas son superiores a los beneficios que recibe. Sin embargo, sí podemos actuar en defensa de nuestra área.
Uno de los puntos centrales de la globalización, en el pasado y todavía en el siglo XX, es que en aquel momento había territorios para conquistar y lugares a los que ir a extraer materias primas. En la actualidad, el verdadero territorio a conquistar es el espacio no físico, que está siendo conquistado por Google y Facebook.
Desgraciadamente, la lectura del proyecto que aprobó el Senado me transmite ingenuidad e ignorancia; me hace recordar a cuando se decía que a los pueblos originarios se los convertía, calmaba o dominaba con espejitos de colores.
Es decir, realmente la perspectiva de que Google y Facebook vienen a crear mayor libertad de expresión es una falacia y, como toda hegemonía, la clave de funcionamiento reside en que no es consciente.
La batalla que debemos dar, que es parte de la responsabilidad de ADEPA, es concientizar a la Argentina y obviamente, a los legisladores, de las implicancias que esto tiene en todos los aspectos: económico, político y cultural.
Esencialmente, nuestra visión macro es que no debe haber ningún monopolio, ni en términos digitales ni en ningún tipo de producción. En el caso de Google y Facebook, debería llamar la atención a todos los legisladores que el 80 por ciento de la publicidad mundial solo va para dos empresas.
Mi objetivo hoy, más que hablar de este proyecto de ley, es tratar de construir un consenso respecto de lo que debieran ser las verdaderas leyes del futuro. Me parece que uno de los problemas que estamos enfrentando es no entender la naturaleza del problema; el diagnóstico no es correcto, por cuanto la terapia que vayamos a utilizar tampoco lo será.
La verdadera hegemonía es aquella de cuya existencia no se tiene conciencia, y el problema que estamos enfrentando aquí no es simplemente de libertad de expresión, que es importantísima, constituye apenas una parte de la problemática y es utilizada en forma falaz.
El problema que enfrentamos esencialmente es un nuevo colonialismo económico que recrea las situaciones de los siglos XVII y XVIII sin que nos demos cuenta. En aquella época, el colonialismo colocaba en las distintas colonias un sector extractivo que administraba y enviaba por barco las riquezas de nuestros países a la casa matriz. El colonialismo del siglo XXI ni siquiera necesita barcos o grandes organizaciones para extraer riqueza en distintos lugares. Empresas como Google tienen en la Argentina un puñado de funcionarios y se llevan, en concepto de publicidad, más dinero que el que recaudan todos los canales de televisión de la Argentina juntos.
Ese colonialismo comienza a ser percibido en todas partes del mundo, y no es casual que, en Europa, por ejemplo, se adopte este tipo de regulaciones. Tampoco es casual que en China no se permita el ingreso de Google y de Facebook tal como lo hacemos en el resto de Occidente y que, al mismo tiempo, existan alternativas a dichas empresas. No vengo aquí a defender el modelo chino que, por el contrario, me parece exactamente igual al norteamericano, aunque menos hipócrita.
Digo esto porque no se puede entender que el Congreso norteamericano -que impidió a Microsoft poner un navegador junto a un paquete de software y que, en los años 80, obligó a dividir la empresa Telefónica en las famosas siete Baby Bells- no divida Google.
Es evidente que, detrás de la importancia que en especial tienen Google y adicionalmente Facebook, hay otro tipo de intereses. El monopolio de AT&T, en su momento era interno dentro de los Estados Unidos, mientras que los monopolios de Google y Facebook brindan a dicho país enormes beneficios, ya que cooptan la energía de todos los países, expresada a través de la publicidad.
Además, es una estupenda herramienta de seguridad y de inteligencia con los Estados Unidos. Resulta determinante para la seguridad norteamericana que no se haya procedido con Google y Facebook de la misma manera como se ha actuado con todos los monopolios que ha habido en ese país a lo largo de los años.
Detrás de esto no hay un tema de libertad de prensa o expresión, sino una cuestión claramente económica. Google y Facebook se están quedando con el 80 por ciento de la publicidad mundial. No se engañen; cuando ellos piden que no haya regulaciones y sí exención de responsabilidad, están hablando de costos, de captura de renta y de transferencia de esa renta al exterior.
La estafa categorial a la que estamos asistiendo pasa por el hecho de que nos dicen que constituyen como una empresa telefónica de principios de siglo pasado y que no son responsables de lo que la gente dice. La gran diferencia con las empresas telefónicas de principios del siglo pasado es que estas no ponían publicidad; es decir, las conversaciones privadas no se monetizaban como ocurre hoy. Si tuviéramos que plantear en términos categoriales esta estafa, diríamos que son una empresa telefónica que pone publicidad mientras nosotros hablamos.
En la medida en que se generen ganancias extraordinarias para alguien que descubre una nueva forma de monetizar, no existiría más problema que aplicar una ley antimonopolio; pero aquí hay otros problemas que exceden la captura de la renta y el abuso de la posición dominante. Se trata de un claro ataque al sistema de división de poderes y la democracia.
Señores legisladores: presten atención. En 2012, en los Estados Unidos había cincuenta y cinco mil periodistas; hoy quedan veinticuatro mil. Esto no es porque quienes trabajaban en televisión hoy hacen streaming en vídeo, los que trabajaban en radio hoy hacen podcasts o los que trabajaban en los diarios hoy desarrollan sitios de Internet, ya que, si sumamos todos los periodistas que trabajan en las distintas plataformas, incluso las digitales, hay menos de la mitad que hace cinco años. ¿Cómo puede haber más libertad de expresión con menos periodistas? Ahí se percibe exactamente la estafa categorial a la que yo me refería.
Creo que esto atenta contra el sistema de división de poderes, contra el periodismo como auxiliar de la Justicia y contra la idea del periodismo como perro guardián. No está solamente en discusión el tema económico; si bien éste es importante, existe un proceso de destrucción del sistema democrático en su conjunto.
Tengo esperanzas de que el gobierno de los Estados Unidos llegue a tomar conciencia de que finalmente esto será un caballo de Troya con implicancias en su sistema democrático y que, en un futuro, lo modifique.
Es cierto que nosotros, desde un país como la Argentina -que ha sido vanguardia en las industrias culturales y, en América Latina, respecto del derecho de autor-, solos no podremos impedir este proceso de globalización de la comunicación mundial. Evidentemente, el gran actor de cambio de esta problemática será Estados Unidos cuando vea que los perjuicios y las amenazas son superiores a los beneficios que recibe. Sin embargo, sí podemos actuar en defensa de nuestra área.
Uno de los puntos centrales de la globalización, en el pasado y todavía en el siglo XX, es que en aquel momento había territorios para conquistar y lugares a los que ir a extraer materias primas. En la actualidad, el verdadero territorio a conquistar es el espacio no físico, que está siendo conquistado por Google y Facebook.
Desgraciadamente, la lectura del proyecto que aprobó el Senado me transmite ingenuidad e ignorancia; me hace recordar a cuando se decía que a los pueblos originarios se los convertía, calmaba o dominaba con espejitos de colores.
Es decir, realmente la perspectiva de que Google y Facebook vienen a crear mayor libertad de expresión es una falacia y, como toda hegemonía, la clave de funcionamiento reside en que no es consciente.
La batalla que debemos dar, que es parte de la responsabilidad de ADEPA, es concientizar a la Argentina y obviamente, a los legisladores, de las implicancias que esto tiene en todos los aspectos: económico, político y cultural.
Esencialmente, nuestra visión macro es que no debe haber ningún monopolio, ni en términos digitales ni en ningún tipo de producción. En el caso de Google y Facebook, debería llamar la atención a todos los legisladores que el 80 por ciento de la publicidad mundial solo va para dos empresas.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Continuamos con los representantes de Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas (ATA): su presidente, Eugenio Sosa Mendoza, y los señores Ezequiel Magnetto y Matías Detry.
Tiene la palabra el señor Sosa Mendoza.
Tiene la palabra el señor Sosa Mendoza.
SR. SOSA MENDOZA Agradezco al señor presidente, y a los legisladores y asesores que nos reciben, por esta oportunidad para expresarnos en relación con este tema.
Por una cuestión de economía de tiempo, cederé brevemente el uso de la palabra al director ejecutivo de nuestra entidad, que nuclea a todos los canales abiertos de televisión del país, para que exponga los detalles técnicos; pero antes, quisiera hacer algunas aclaraciones para explicar el contexto.
En primer lugar, la posición que él dará a conocer será en nombre de la televisión y, al mismo tiempo, de la radio, ya que ARPA nuclea a todas las emisoras de radios privadas del país. Es decir que, en definitiva, la posición es conjunta, de televisión y radio, a nivel nacional.
En líneas generales, coincidimos en un ciento por ciento con la posición planteada anteriormente por los representantes de ADEPA y nos sentimos totalmente partícipes de ese gran ecosistema de los medios de comunicación.
En forma adicional, lo único que quiero hacer, en relación con la radio y la televisión, es contextualizar en qué momento se da esta discusión.
Durante 2018, al igual que en los últimos años, hicimos un llamado profundo a las distintas autoridades para que cualquier regulación que afecte la vida de los medios de comunicación libres y gratuitos del país, contemple el dinamismo que se está dando a nivel tecnológico, competitivo y de hábitos de consumo, y también la implicancia que ello trae en los cambios en la industria.
¿Por qué decimos esto? Quizás es una materia para profundizar en otra charla más adelante; pero, en definitiva, desde nuestro punto de vista, no se puede regular sin tener en cuenta la situación de los medios locales y cómo los grandes jugadores globales afectan la competencia. Como bien decía la gente de ADEPA, el impacto que generan en publicidad como competidores, la falta de regulación en general y la falta de empleabilidad que ello genera en nuestro país, provocan una situación competitiva muy desproporcionada.
Por lo tanto, el llamado que debemos hacer se relaciona con cómo regulamos estos temas; principalmente, cómo defendemos y -de algún modo- cómo balanceamos las distintas cargas.
¿Cómo es posible que sobre estos operadores globales no recaiga ninguna de las restricciones que tenemos nosotros, por ejemplo, a través de la ley de medios que data de 1980? Si bien dicha norma ha sido modificada parcialmente en distintas oportunidades, tiene una matriz del siglo XX que no se ha amoldado a todos los requerimientos que hoy tenemos. Nos preguntamos cómo podemos seguir pensando con esa misma lógica y con ese mismo paradigma, cuando en los últimos años están emergiendo todos estos nuevos fenómenos.
Por eso, el planteo es tratar de contextualizar la situación de los medios y, en este caso, ver de qué modo defendemos los contenidos, la producción, la inversión, el esfuerzo estratégico en la contratación de periodistas calificados, y el aporte que los medios locales de radio y televisión hacen a las instituciones del país.
Para no abundar en más detalles, la idea es que se tenga en cuenta el contexto en que se produce esta regulación, que se equilibre la balanza y se quiten las mochilas competitivas que hoy llevan los medios tradicionales locales argentinos respecto de los grandes jugadores globales. Esta ecuación está totalmente desbalanceada, y es en ese concepto o idea madre que debemos enfocar las regulaciones y las previsiones de la normativa a realizar a futuro.
Dejo que el señor Matías Detry realice brevemente la exposición en nombre de ATA y ARPA respecto al proyecto.
Por una cuestión de economía de tiempo, cederé brevemente el uso de la palabra al director ejecutivo de nuestra entidad, que nuclea a todos los canales abiertos de televisión del país, para que exponga los detalles técnicos; pero antes, quisiera hacer algunas aclaraciones para explicar el contexto.
En primer lugar, la posición que él dará a conocer será en nombre de la televisión y, al mismo tiempo, de la radio, ya que ARPA nuclea a todas las emisoras de radios privadas del país. Es decir que, en definitiva, la posición es conjunta, de televisión y radio, a nivel nacional.
En líneas generales, coincidimos en un ciento por ciento con la posición planteada anteriormente por los representantes de ADEPA y nos sentimos totalmente partícipes de ese gran ecosistema de los medios de comunicación.
En forma adicional, lo único que quiero hacer, en relación con la radio y la televisión, es contextualizar en qué momento se da esta discusión.
Durante 2018, al igual que en los últimos años, hicimos un llamado profundo a las distintas autoridades para que cualquier regulación que afecte la vida de los medios de comunicación libres y gratuitos del país, contemple el dinamismo que se está dando a nivel tecnológico, competitivo y de hábitos de consumo, y también la implicancia que ello trae en los cambios en la industria.
¿Por qué decimos esto? Quizás es una materia para profundizar en otra charla más adelante; pero, en definitiva, desde nuestro punto de vista, no se puede regular sin tener en cuenta la situación de los medios locales y cómo los grandes jugadores globales afectan la competencia. Como bien decía la gente de ADEPA, el impacto que generan en publicidad como competidores, la falta de regulación en general y la falta de empleabilidad que ello genera en nuestro país, provocan una situación competitiva muy desproporcionada.
Por lo tanto, el llamado que debemos hacer se relaciona con cómo regulamos estos temas; principalmente, cómo defendemos y -de algún modo- cómo balanceamos las distintas cargas.
¿Cómo es posible que sobre estos operadores globales no recaiga ninguna de las restricciones que tenemos nosotros, por ejemplo, a través de la ley de medios que data de 1980? Si bien dicha norma ha sido modificada parcialmente en distintas oportunidades, tiene una matriz del siglo XX que no se ha amoldado a todos los requerimientos que hoy tenemos. Nos preguntamos cómo podemos seguir pensando con esa misma lógica y con ese mismo paradigma, cuando en los últimos años están emergiendo todos estos nuevos fenómenos.
Por eso, el planteo es tratar de contextualizar la situación de los medios y, en este caso, ver de qué modo defendemos los contenidos, la producción, la inversión, el esfuerzo estratégico en la contratación de periodistas calificados, y el aporte que los medios locales de radio y televisión hacen a las instituciones del país.
Para no abundar en más detalles, la idea es que se tenga en cuenta el contexto en que se produce esta regulación, que se equilibre la balanza y se quiten las mochilas competitivas que hoy llevan los medios tradicionales locales argentinos respecto de los grandes jugadores globales. Esta ecuación está totalmente desbalanceada, y es en ese concepto o idea madre que debemos enfocar las regulaciones y las previsiones de la normativa a realizar a futuro.
Dejo que el señor Matías Detry realice brevemente la exposición en nombre de ATA y ARPA respecto al proyecto.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor Matías Detry.
SR. DETRY Señor presidente: en primer lugar, ATA y ARPA señalan su adhesión al espíritu del proyecto de ley sancionado por el Senado, tramitado bajo el número de expediente
0942-s-2016, sobre responsabilidades de los proveedores de Internet, en la medida que busca regular la responsabilidad de dichos proveedores a efectos de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, preservando los derechos al honor, la intimidad, la imagen de las personas y cualquier otro que resulte afectado, conforme lo señala su artículo 1°.
Nuestras asociaciones, en su carácter de representantes de los principales medios audiovisuales del país, no pueden sino reafirmar en tal sentido la vigencia de los principios constitucionales y convencionales que garantizan el ejercicio y la vigencia de la libertad de prensa y expresión.
Sin embargo, es sumamente relevante destacar y recordar que dichas libertades no podrían sostenerse y afianzarse en el tiempo sin una debida y adecuada protección de los editores y productores de publicaciones y contenidos periodísticos.
Por lo tanto, a nuestro criterio resulta indispensable que el proyecto de marras contemple y resguarde, a partir de una remuneración adecuada, los derechos de quienes con gran esfuerzo llevan a cabo dicha labor periodística, creativa e informativa. No puede soslayarse que esa loable tarea comunicativa se cumple a partir de invalorables aportes creativos y de grandes inversiones económicas que incluyen, entre otras, la labor de talentos profesionales que han sido formados y contratados al efecto.
A esto debemos agregar el sostenimiento y la actualización de los medios técnicos de difusión, con un millonario aporte al erario canalizado a través del pago de gravosos impuestos directos e indirectos que afectan crecientemente el desarrollo de la actividad.
Frente a ello, entendemos que mal podría consagrarse con justicia una ley que, so pretexto de resguardar la libertad de prensa y expresión, avale la utilización indiscriminada y no remunerada de contenidos periodísticos, artísticos y de entretenimiento por parte de empresas que explotan plataformas tecnológicas que no tienen una radicación efectiva en el país, que no cuentan con personal especializado en la materia, que no producen sus propias obras, que pretenden abiertamente eludir la jurisdicción de nuestras leyes y tribunales -mediante el sometimiento compulsivo de los usuarios a términos y condiciones ineludibles que así lo determinan- y que, amén de ello, no pagan impuestos en nuestro territorio o lo hacen, eventualmente, por sumas que no guardan relación alguna con el volumen del negocio desarrollado en la Argentina, cuyo valor, según estudios privados, ha sido estimado en sumas superiores a los 3.500 millones de pesos durante el año 2017.
Amén de ello, al igual que ocurre en otras latitudes, en nuestro país se evidencia, hace largo tiempo, una asimetría regulatoria inadmisible en un sistema de libre mercado y justa competencia.
Así, todas las cargas y obligaciones impositivas y regulatorias recaen sobre los medios de comunicación tradicionales -principalmente de origen nacional-, mientras que una absoluta ausencia de regulación beneficia insólitamente a las grandes plataformas internacionales -hoy abiertos competidores de nuestros representados-, quienes parecieran tener el poder de decidir cuándo pagar y cuando no por los contenidos que difunden.
Traemos, a modo de ejemplo, la reciente adquisición de derechos de transmisión para la próxima Copa Libertadores u otros eventos deportivos o culturales, nacionales o internacionales, que a través de las redes sociales podrán verse en nuestro país. A esto se suma la posibilidad de decidir cuándo es conveniente bloquear los sitios, medios o canales virtuales de terceros competidores en el mercado.
El texto en análisis pareciera no haber contemplado esta realidad. Por el contrario, su difusa referencia a que los proveedores de servicios de Internet no serán responsables por los contenidos generados por terceros, conforme al artículo 4°, suma confusión e inequidad al ecosistema informativo.
El proyecto no debería dejar lugar a que se interprete que se está avalando el uso indiscriminado y no remunerado de dichos contenidos por parte del proveedor, aun en el caso de que éste capte -a partir de tal utilización, y de prácticas abusivas y monopólicas- una porción mayoritaria y sustancial de la pauta publicitaria que se comercializa en la red.
En los fundamentos del proyecto se señala con acierto que el fenómeno de interconexión global y permanente, generado por la red Internet y por los servicios que se prestan a través de ella, ha provocado en todo el mundo complejos conflictos de derechos que es necesario ir resolviendo desde la legislación; tal es el caso que exponemos y traemos a vuestra consideración.
De igual forma, por todo lo aquí expuesto, solicitamos que la iniciativa en análisis contemple expresamente a nuestros asociados, protegiendo sus contenidos y disponiendo una adecuada retribución por su utilización en el ámbito digital, teniendo en cuenta su relevancia, la medida de su difusión y los beneficios directos e indirectos que por ello hayan obtenido los sujetos de la ley, referidos en los apartados 1.3 y 1.5 del artículo 3º.
Entendemos que solo así se podrán armonizar los derechos en juego y propender al cumplimiento del objetivo central de la norma, pues no es posible garantizar la vigencia de la libertad de información y de prensa socavando el trabajo centenario de nuestros representados o, lo que es igual, avalando el desvío de sus principales ingresos hacia quienes pretenden plenas prerrogativas fuera de toda responsabilidad.
Sin otro particular, agradeciendo su atención, saludamos atentamente a todos los presentes.
Nuestras asociaciones, en su carácter de representantes de los principales medios audiovisuales del país, no pueden sino reafirmar en tal sentido la vigencia de los principios constitucionales y convencionales que garantizan el ejercicio y la vigencia de la libertad de prensa y expresión.
Sin embargo, es sumamente relevante destacar y recordar que dichas libertades no podrían sostenerse y afianzarse en el tiempo sin una debida y adecuada protección de los editores y productores de publicaciones y contenidos periodísticos.
Por lo tanto, a nuestro criterio resulta indispensable que el proyecto de marras contemple y resguarde, a partir de una remuneración adecuada, los derechos de quienes con gran esfuerzo llevan a cabo dicha labor periodística, creativa e informativa. No puede soslayarse que esa loable tarea comunicativa se cumple a partir de invalorables aportes creativos y de grandes inversiones económicas que incluyen, entre otras, la labor de talentos profesionales que han sido formados y contratados al efecto.
A esto debemos agregar el sostenimiento y la actualización de los medios técnicos de difusión, con un millonario aporte al erario canalizado a través del pago de gravosos impuestos directos e indirectos que afectan crecientemente el desarrollo de la actividad.
Frente a ello, entendemos que mal podría consagrarse con justicia una ley que, so pretexto de resguardar la libertad de prensa y expresión, avale la utilización indiscriminada y no remunerada de contenidos periodísticos, artísticos y de entretenimiento por parte de empresas que explotan plataformas tecnológicas que no tienen una radicación efectiva en el país, que no cuentan con personal especializado en la materia, que no producen sus propias obras, que pretenden abiertamente eludir la jurisdicción de nuestras leyes y tribunales -mediante el sometimiento compulsivo de los usuarios a términos y condiciones ineludibles que así lo determinan- y que, amén de ello, no pagan impuestos en nuestro territorio o lo hacen, eventualmente, por sumas que no guardan relación alguna con el volumen del negocio desarrollado en la Argentina, cuyo valor, según estudios privados, ha sido estimado en sumas superiores a los 3.500 millones de pesos durante el año 2017.
Amén de ello, al igual que ocurre en otras latitudes, en nuestro país se evidencia, hace largo tiempo, una asimetría regulatoria inadmisible en un sistema de libre mercado y justa competencia.
Así, todas las cargas y obligaciones impositivas y regulatorias recaen sobre los medios de comunicación tradicionales -principalmente de origen nacional-, mientras que una absoluta ausencia de regulación beneficia insólitamente a las grandes plataformas internacionales -hoy abiertos competidores de nuestros representados-, quienes parecieran tener el poder de decidir cuándo pagar y cuando no por los contenidos que difunden.
Traemos, a modo de ejemplo, la reciente adquisición de derechos de transmisión para la próxima Copa Libertadores u otros eventos deportivos o culturales, nacionales o internacionales, que a través de las redes sociales podrán verse en nuestro país. A esto se suma la posibilidad de decidir cuándo es conveniente bloquear los sitios, medios o canales virtuales de terceros competidores en el mercado.
El texto en análisis pareciera no haber contemplado esta realidad. Por el contrario, su difusa referencia a que los proveedores de servicios de Internet no serán responsables por los contenidos generados por terceros, conforme al artículo 4°, suma confusión e inequidad al ecosistema informativo.
El proyecto no debería dejar lugar a que se interprete que se está avalando el uso indiscriminado y no remunerado de dichos contenidos por parte del proveedor, aun en el caso de que éste capte -a partir de tal utilización, y de prácticas abusivas y monopólicas- una porción mayoritaria y sustancial de la pauta publicitaria que se comercializa en la red.
En los fundamentos del proyecto se señala con acierto que el fenómeno de interconexión global y permanente, generado por la red Internet y por los servicios que se prestan a través de ella, ha provocado en todo el mundo complejos conflictos de derechos que es necesario ir resolviendo desde la legislación; tal es el caso que exponemos y traemos a vuestra consideración.
De igual forma, por todo lo aquí expuesto, solicitamos que la iniciativa en análisis contemple expresamente a nuestros asociados, protegiendo sus contenidos y disponiendo una adecuada retribución por su utilización en el ámbito digital, teniendo en cuenta su relevancia, la medida de su difusión y los beneficios directos e indirectos que por ello hayan obtenido los sujetos de la ley, referidos en los apartados 1.3 y 1.5 del artículo 3º.
Entendemos que solo así se podrán armonizar los derechos en juego y propender al cumplimiento del objetivo central de la norma, pues no es posible garantizar la vigencia de la libertad de información y de prensa socavando el trabajo centenario de nuestros representados o, lo que es igual, avalando el desvío de sus principales ingresos hacia quienes pretenden plenas prerrogativas fuera de toda responsabilidad.
Sin otro particular, agradeciendo su atención, saludamos atentamente a todos los presentes.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Quisiera saber si desde ATA hablaron en nombre de ARPA o si hay algún representante de dicha asociación que quiera hacer uso la palabra.
- Se pronuncian palabras fuera de micrófono.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE No escuchamos.
SR. Hemos trabajado sobre la presentación conjunta y agradezco mucho la posibilidad de hacer uso de la palabra, pero por una cuestión de economía de tiempo hemos decidido unificar nuestras intervenciones.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE A continuación, hará uso de la palabra el señor Javier De Lupi, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF).
SR. DE LUPI Señor presidente, señores legisladores, asesores y público presente: muchas gracias por darnos la posibilidad de participar de este encuentro.
En nombre de CAPIF, cámara que representa a los sellos discográficos y a la producción musical en Argentina, debo decir que es para nosotros un honor tener esta oportunidad, sobre todo porque es la primera vez que podemos expresar nuestra posición a viva voz en el tratamiento de este proyecto que comenzó hace dos años con un dictamen de comisión.
En este punto debo recalcar que muchas de las deficiencias que tiene la iniciativa y que hoy vamos a señalar, están dadas por la soledad de la gestación de aquel primer texto.
Si vemos los registros, catorce personas tuvieron la oportunidad de expresar su opinión antes de que se obtuviera el dictamen del que llamamos "proyecto Pinedo", como unión del proyecto Fellner-Pinedo. De esos catorce expositores -nosotros pedimos tener participación, pero nunca la obtuvimos- solamente hubo uno que representó la cultura y los contenidos: la Cámara Argentina del Libro, con algunas cuestiones que no vale la pena mencionar. La soledad en la gestación del texto y la falta de participación de todos los sectores, hoy hacen criticable esta situación.
Yo traía algo escrito; pero, como tuve que tirarlo, voy a adherir a todo lo dicho. Estoy aquí en representación de todos nuestros compañeros titulares de contenidos, como los nombra el proyecto, que son la mínima expresión de nuestra participación: son tanto aquellos que están protegidos por la propiedad intelectual y el derecho de autor, como los que ponen un comentario gracioso o tiran un gato desde el tejado y suben un video a la web.
El año pasado y éste hicimos manifestaciones en contra del proyecto juntamente con la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, autores, escritores, artistas plásticos, fotógrafos y traductores. Hoy tengo la responsabilidad y el honor de hablar -en parte- en representación de todo ese conjunto para rechazar de plano este proyecto.
Antes de continuar, quiero advertir sobre un par de instalaciones falaces -a mi criterio- que hace el proyecto y que contribuyeron a que se llegue a esta situación.
Me pregunto cómo pueden haber llegado semejantes disposiciones legales a la línea del arco sin que tantas voces hayan sido escuchadas. Sin duda, estamos hablando de importantísimas cuestiones de poder, porque ha habido un bloqueo a las disposiciones o planteos de los demás. Por ejemplo, nosotros no conocemos quiénes fueron los impulsores reales del proyecto o a quiénes beneficia; nunca hemos tenido oportunidad de hablar con ellos; sabemos que están, pero nunca los vimos.
¿Qué instalaciones falaces o noticias falsas tiene el proyecto? En primer lugar, dice que tiene por objeto regular la responsabilidad de los proveedores del servicio de Internet. Entonces, vamos al psicólogo y nos dice ¿por qué no lee el artículo 4°? Vamos a hablar de responsabilidad, porque de eso se trata el proyecto, y allí dice que los proveedores de servicios de Internet "no serán responsables". Entonces, hablemos del proyecto de irresponsabilidad. Esta es la primera noticia falsa que nos entrega esta iniciativa.
En segundo lugar, el proyecto establece que va a "garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información". Sin embargo, durante el tratamiento nadie se informó, nadie fue comunicado y a todos se les escondió, lo que significa que los impulsores privados de este proyecto se encargaron de guardarlo bastante bien. Es decir, nuestros guardianes ya cometieron una primera falla. Además, si tenemos en cuenta que, entre otros, están los buscadores, me pregunto cómo no nos supieron encontrar; permítanme hacer este chiste.
Si continuamos, vemos que el texto establece el puerto seguro, un concepto muy técnico en el que se ancla el proyecto. Se trata de una herramienta de promoción encontrada en los Estados Unidos -en donde bastante bien les fue, porque crearon a los gigantes de Internet- y que establece una especie de perdón primario. Sería como decir: te podés equivocar, alguien te va a avisar y vos lo vas a corregir; ese es el puerto seguro. Esta herramienta de promoción tiene veinte añitos. Es decir, hoy nos encontramos con un texto que refleja una herramienta bastante anticuada.
A la vez, ese puerto seguro tiene una dosificación. Para aplicarlo voy a decir principalmente a quienes trabajan en la red, que en aquel momento eran los buscadores e indexadores -no el amplísimo detalle de incisos y actividades que incluye el punto 5-, que alguien les puede avisar; por ejemplo, el damnificado. Eso suena bastante real: si yo voy por la calle y sufro un daño, voy a avisar a quien me chocó o me pisó.
Ese "alguien" podría ser una autoridad administrativa, un policía, algún delegado o un defensor del pueblo. Pero vayamos a un escenario más grave y digamos que ese "alguien" es un juez, quien va a actuar a instancia de parte. Veamos el proceso que instala la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información; podría decir: que venga un juez, quien deberá actuar a instancia de parte. Pero para hacerlo un poquito más difícil, podría pedir que sea un juez federal.
Actualmente, por la ley de honorarios, por el inicio de un recurso de amparo los honorarios de un abogado oscilan entre 15.000 y 25.000 pesos.
Tomemos el ejemplo concreto de Belén Rodríguez, quien vivía originalmente en Mina Clavero. Su caso tuvo lugar en Buenos Aires; sufrió un daño, y el juez federal, que no estaba en la zona, debería haber viajado. Más allá de la solución del caso, que fue favorable a Google, digamos concretamente de qué estamos hablando: el proceso obstaculiza cualquier ejercicio.
Si yo tengo un derecho solamente declamativo, ¿para qué lo quiero? Para hacerlo más complicado, invitemos a todos a la fiesta porque todos somos proveedores de servicio. El punto 1.4 del proyecto establece: "Proveedores de servicios de comercio electrónico: son aquellos que mediante la utilización de diversos recursos tecnológicos ponen a disposición, intermedian u operan un ámbito o plataforma que permite la realización de operaciones y actividades comerciales entre terceros." Hay que hacer un esfuerzo y tratar de entender qué dice.
Garbarino es un proveedor de servicios de Internet que realiza intermediación, ofrece sus productos y que, con todo el respeto que me merece, va a garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, y va a preservar el derecho al honor. Dicho sea de paso, ¿qué pasó con el derecho a la intimidad y el derecho a la imagen? Nada, se olvidaron. Tantas deficiencias técnicas solamente se entienden en la soledad en que escribieron la iniciativa.
Durante los diez años que Pinedo presentó reiteradamente su proyecto, Internet cambió mucho pero la iniciativa no lo hizo. Ambos proyectos se fundieron en una sola norma, en la soledad de la escritura de quienes lo impulsaban, sin que pudiéramos participar. Dijeron: "Bueno, pongamos todo porque hoy coronamos". Entonces, pusieron todo e invitaron a todos a la fiesta.
La directiva europea diferencia a los intermediarios en Internet para darles distinta responsabilidad. Quien se considera intermediario -que no intercede entre las comunicaciones-, quien decide qué se escucha, qué no se escucha o quien activa la comunicación, tienen una irresponsabilidad aceptable, pero quienes editan y trabajan no tienen responsabilidad.
La principal defensa que hago sobre este punto es como ciudadano. Para tener un derecho de propiedad intelectual hay que tener un derecho personalísimo primero y ser una persona. Si bajo determinada circunstancia yo tuviera un problema con mi hijo en alguna red social, debería llevar el caso ante un juez federal -por suerte hoy lo tengo cerca, pero si viviera en otro lugar del país no sería así- y pagar a un abogado entre 15 y 25 mil pesos porque no me voy a autorepresentar en mi propia causa. Luego de una demora de tres, cuatro, cinco o seis meses, un día me anoticiarán indicando que tengo razón.
CAPIF -que representa a los productores de fonogramas- en lo que va del año ha dado de baja 400.000 links en las redes sociales por la aplicación de un sistema americano de autorregulación establecido de hecho como en el sistema americano. Esto es así porque nuestra plataforma es americana.
Pero hay buenas noticias: primero, lo pudimos bajar; segundo, la libertad de expresión quedó a salvo, y, tercero, siguen tranquilos con su monopolio porque las herramientas de promoción que los ayudaron a generarse realmente nos trajeron al mejor de la especie. Si yo quisiera enviarles hoy un mensaje de texto por mensajería instantánea, ya sabrán cuál es el método que usaré. Si tuviera que buscar alguna información de esta situación, ya sabrán qué buscador utilizaré. Obviamente voy a utilizar esos métodos porque son los mejores.
La directiva europea trata de tener una reglamentación defensiva porque quiere que en su continente surja, por ejemplo, un nuevo buscador, un nuevo sistema de mensajería instantánea europeo y desea fomentar su industria. Es por ello que no adoptará estos criterios de regulación de subsidios, sino que comenzará a defenderse tratando de mejorar la competencia para generar medios propios.
Nosotros somos un caso único en el mundo. Si bien hemos estado a la vanguardia en muchos aspectos, como bien decía el señor Fontevecchia, también vamos a estar a la vanguardia si se sancionara esta iniciativa porque no existe una ley como esta en todo el mundo. Les vamos a dar una herramienta exclusiva a los ISP diciéndoles: "Miren lo que sacamos en la Argentina". Pero con esto no vamos a mover la aguja.
Hay otro punto que, si me permiten el exceso, es una traición a la Patria. Se le da una exención de responsabilidad aún a aquellos proveedores del servicio de Internet que no tienen domicilio en el país: "Vos, hacé lo que quieras desde un país extranjero, lesioná los derechos de alguien en Argentina y aunque no estés instalado acá, vas a tener una exención de responsabilidad, nadie te va a molestar". ¿No es un exceso? ¿No haría falta por lo menos una etapa de promoción, donde les brindemos determinadas oportunidades para que se instalen aquí? ¿A cuenta de qué damos semejantes beneficios?
Nosotros representamos a los titulares de contenidos y queremos más música argentina, pero la verdad es que estos puntos realmente nos parecen hasta un exceso.
Creo que el artículo 7 debe haber sido el fin de fiesta, porque establece un sistema de protección judicial cuando dice que esto no implica que tengan un sistema de autorregulación que, dicho sea de paso, funciona bien.
Como CAPIF bajó 400.000 links, ¿debería haber iniciado 400.000 juicios? Aunque nos hubieran hecho precio, ¿cuánto hubiéramos gastado? ¿Hubiera sido efectivo? ¿Lo hubieran hecho todos? Creo que no.
El fin de fiesta se percibe cuando el proyecto dice que pueden tener una herramienta de autorregulación, que se pueden poner de acuerdo, que el titular puede poner un mail para que vos le escribas, porque capaz que responde y hace algo; pero hay que escribir a una dirección que comienza con "info@..." y tal vez haya un robot o alguien que conteste. La iniciativa no pide que pongan un número de teléfono porque la ley de Internet es no poner un teléfono, recuerden eso. La norma menos aún pide que se agregue una dirección.
Luego, el proyecto, mostrando el fin de fiesta, dice que hay autorregulación: "Los proveedores de servicio de Internet podrán crear, a los fines previstos en esta ley, una cuenta de correo electrónico,...", insisto en que dice "que podrán poner" y no los obligan a hacerlo, "...un formulario electrónico o un medio equivalente a implementar, pero en ningún caso se considerará que el sistema de autorregulación implica conocimiento efectivo de los términos del artículo 5°." Con esto le quiere decir: "Ojo, porque pude haber denunciado algo por autorregulación, te lo pude haber comunicado, sabía que esto existía, pero para considerar que yo soy responsable primero me lo tiene que avisar un juez". ¡Qué lindo caso!
Esta es la mejor expresión de deseos de un sector que yo lo entiendo desde el punto de vista de la soledad: "¿Vos qué querrías?" "Yo querría esto: no ser responsable, eliminar el centro de atención de reclamos y quejas y delegárselo al Estado". Pienso que esto hubiera sido parte de la reforma judicial, porque si CAPIF va a iniciar 400 mil juicios, me pregunto cuántos juicios vamos a tener en el país.
¿Por qué se delega a una instancia judicial esta situación? Hace dos o tres días, uno de los jueces de la Corte, Rosatti, dijo que no debían delegarse todos los conflictos al plano judicial y que la sociedad civil debe tratar de resolver sus conflictos tal como lo hace hoy. ¿Para qué creamos esta zona liberada?
En definitiva, adherimos al tema y a la necesidad de tener mejores regulaciones. El hecho de que se hayan olvidado de esto en la reforma del Código Civil, que no sean aplicables las cuestiones generales de responsabilidad y que no tengan la obligación de prevención del daño, como lo tenemos todos, significa romper la igualdad ante la ley. ¿Por qué yo tengo que prevenir el daño y las grandes corporaciones no lo tienen que hacer? ¿A cuenta de qué ocurre esto? Creo que estaría bueno empezar de cero.
Lamento que hayamos estado obligados a cubrir esta instancia final. Naturalmente la iniciativa no debería haber sido tratada, pero recibimos noticias de que se quería considerar y lo entiendo. ¿Qué pasó desde el dictamen que dejó la pelotita al lado del arco de la Cámara de Diputados? Por un lado, como cambió la composición de la Cámara, necesitaban un nuevo dictamen y esto nos dio un mínimo tiempo para actuar, y por otro, salieron dos casos sustanciales: primero, la regulación que establece la directiva europea sobre medios digitales y derechos de autor, que es realmente el nuevo texto y, segundo, apareció el escándalo de Cambridge Analytica, donde se manipularon perfiles para llegar a votantes y ejercer influencia, lo cual fue admitido por Facebook.
Los invito a leer la respuesta de Mark Zuckerberg en el Parlamento británico admitiendo que no pudo tomar medidas a pesar de que conocía lo que ocurría y que vendió esa información por plata. O sea que nosotros, nuestros hijos, nuestros comentarios, hasta las situaciones que hoy planteemos acá, están ahí arriba, incluyendo cómo nos movimos y cuándo fuimos y vinimos. Yo soy también parte de esto porque no soy un aislado digital.
¿Vamos a dejar esta iniciativa así, frente a tanta irresponsabilidad? Esto me parece un exceso. Les pido disculpas si me accedí en el tiempo. Muchas gracias nuevamente, señor presidente.
En nombre de CAPIF, cámara que representa a los sellos discográficos y a la producción musical en Argentina, debo decir que es para nosotros un honor tener esta oportunidad, sobre todo porque es la primera vez que podemos expresar nuestra posición a viva voz en el tratamiento de este proyecto que comenzó hace dos años con un dictamen de comisión.
En este punto debo recalcar que muchas de las deficiencias que tiene la iniciativa y que hoy vamos a señalar, están dadas por la soledad de la gestación de aquel primer texto.
Si vemos los registros, catorce personas tuvieron la oportunidad de expresar su opinión antes de que se obtuviera el dictamen del que llamamos "proyecto Pinedo", como unión del proyecto Fellner-Pinedo. De esos catorce expositores -nosotros pedimos tener participación, pero nunca la obtuvimos- solamente hubo uno que representó la cultura y los contenidos: la Cámara Argentina del Libro, con algunas cuestiones que no vale la pena mencionar. La soledad en la gestación del texto y la falta de participación de todos los sectores, hoy hacen criticable esta situación.
Yo traía algo escrito; pero, como tuve que tirarlo, voy a adherir a todo lo dicho. Estoy aquí en representación de todos nuestros compañeros titulares de contenidos, como los nombra el proyecto, que son la mínima expresión de nuestra participación: son tanto aquellos que están protegidos por la propiedad intelectual y el derecho de autor, como los que ponen un comentario gracioso o tiran un gato desde el tejado y suben un video a la web.
El año pasado y éste hicimos manifestaciones en contra del proyecto juntamente con la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, autores, escritores, artistas plásticos, fotógrafos y traductores. Hoy tengo la responsabilidad y el honor de hablar -en parte- en representación de todo ese conjunto para rechazar de plano este proyecto.
Antes de continuar, quiero advertir sobre un par de instalaciones falaces -a mi criterio- que hace el proyecto y que contribuyeron a que se llegue a esta situación.
Me pregunto cómo pueden haber llegado semejantes disposiciones legales a la línea del arco sin que tantas voces hayan sido escuchadas. Sin duda, estamos hablando de importantísimas cuestiones de poder, porque ha habido un bloqueo a las disposiciones o planteos de los demás. Por ejemplo, nosotros no conocemos quiénes fueron los impulsores reales del proyecto o a quiénes beneficia; nunca hemos tenido oportunidad de hablar con ellos; sabemos que están, pero nunca los vimos.
¿Qué instalaciones falaces o noticias falsas tiene el proyecto? En primer lugar, dice que tiene por objeto regular la responsabilidad de los proveedores del servicio de Internet. Entonces, vamos al psicólogo y nos dice ¿por qué no lee el artículo 4°? Vamos a hablar de responsabilidad, porque de eso se trata el proyecto, y allí dice que los proveedores de servicios de Internet "no serán responsables". Entonces, hablemos del proyecto de irresponsabilidad. Esta es la primera noticia falsa que nos entrega esta iniciativa.
En segundo lugar, el proyecto establece que va a "garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información". Sin embargo, durante el tratamiento nadie se informó, nadie fue comunicado y a todos se les escondió, lo que significa que los impulsores privados de este proyecto se encargaron de guardarlo bastante bien. Es decir, nuestros guardianes ya cometieron una primera falla. Además, si tenemos en cuenta que, entre otros, están los buscadores, me pregunto cómo no nos supieron encontrar; permítanme hacer este chiste.
Si continuamos, vemos que el texto establece el puerto seguro, un concepto muy técnico en el que se ancla el proyecto. Se trata de una herramienta de promoción encontrada en los Estados Unidos -en donde bastante bien les fue, porque crearon a los gigantes de Internet- y que establece una especie de perdón primario. Sería como decir: te podés equivocar, alguien te va a avisar y vos lo vas a corregir; ese es el puerto seguro. Esta herramienta de promoción tiene veinte añitos. Es decir, hoy nos encontramos con un texto que refleja una herramienta bastante anticuada.
A la vez, ese puerto seguro tiene una dosificación. Para aplicarlo voy a decir principalmente a quienes trabajan en la red, que en aquel momento eran los buscadores e indexadores -no el amplísimo detalle de incisos y actividades que incluye el punto 5-, que alguien les puede avisar; por ejemplo, el damnificado. Eso suena bastante real: si yo voy por la calle y sufro un daño, voy a avisar a quien me chocó o me pisó.
Ese "alguien" podría ser una autoridad administrativa, un policía, algún delegado o un defensor del pueblo. Pero vayamos a un escenario más grave y digamos que ese "alguien" es un juez, quien va a actuar a instancia de parte. Veamos el proceso que instala la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información; podría decir: que venga un juez, quien deberá actuar a instancia de parte. Pero para hacerlo un poquito más difícil, podría pedir que sea un juez federal.
Actualmente, por la ley de honorarios, por el inicio de un recurso de amparo los honorarios de un abogado oscilan entre 15.000 y 25.000 pesos.
Tomemos el ejemplo concreto de Belén Rodríguez, quien vivía originalmente en Mina Clavero. Su caso tuvo lugar en Buenos Aires; sufrió un daño, y el juez federal, que no estaba en la zona, debería haber viajado. Más allá de la solución del caso, que fue favorable a Google, digamos concretamente de qué estamos hablando: el proceso obstaculiza cualquier ejercicio.
Si yo tengo un derecho solamente declamativo, ¿para qué lo quiero? Para hacerlo más complicado, invitemos a todos a la fiesta porque todos somos proveedores de servicio. El punto 1.4 del proyecto establece: "Proveedores de servicios de comercio electrónico: son aquellos que mediante la utilización de diversos recursos tecnológicos ponen a disposición, intermedian u operan un ámbito o plataforma que permite la realización de operaciones y actividades comerciales entre terceros." Hay que hacer un esfuerzo y tratar de entender qué dice.
Garbarino es un proveedor de servicios de Internet que realiza intermediación, ofrece sus productos y que, con todo el respeto que me merece, va a garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, y va a preservar el derecho al honor. Dicho sea de paso, ¿qué pasó con el derecho a la intimidad y el derecho a la imagen? Nada, se olvidaron. Tantas deficiencias técnicas solamente se entienden en la soledad en que escribieron la iniciativa.
Durante los diez años que Pinedo presentó reiteradamente su proyecto, Internet cambió mucho pero la iniciativa no lo hizo. Ambos proyectos se fundieron en una sola norma, en la soledad de la escritura de quienes lo impulsaban, sin que pudiéramos participar. Dijeron: "Bueno, pongamos todo porque hoy coronamos". Entonces, pusieron todo e invitaron a todos a la fiesta.
La directiva europea diferencia a los intermediarios en Internet para darles distinta responsabilidad. Quien se considera intermediario -que no intercede entre las comunicaciones-, quien decide qué se escucha, qué no se escucha o quien activa la comunicación, tienen una irresponsabilidad aceptable, pero quienes editan y trabajan no tienen responsabilidad.
La principal defensa que hago sobre este punto es como ciudadano. Para tener un derecho de propiedad intelectual hay que tener un derecho personalísimo primero y ser una persona. Si bajo determinada circunstancia yo tuviera un problema con mi hijo en alguna red social, debería llevar el caso ante un juez federal -por suerte hoy lo tengo cerca, pero si viviera en otro lugar del país no sería así- y pagar a un abogado entre 15 y 25 mil pesos porque no me voy a autorepresentar en mi propia causa. Luego de una demora de tres, cuatro, cinco o seis meses, un día me anoticiarán indicando que tengo razón.
CAPIF -que representa a los productores de fonogramas- en lo que va del año ha dado de baja 400.000 links en las redes sociales por la aplicación de un sistema americano de autorregulación establecido de hecho como en el sistema americano. Esto es así porque nuestra plataforma es americana.
Pero hay buenas noticias: primero, lo pudimos bajar; segundo, la libertad de expresión quedó a salvo, y, tercero, siguen tranquilos con su monopolio porque las herramientas de promoción que los ayudaron a generarse realmente nos trajeron al mejor de la especie. Si yo quisiera enviarles hoy un mensaje de texto por mensajería instantánea, ya sabrán cuál es el método que usaré. Si tuviera que buscar alguna información de esta situación, ya sabrán qué buscador utilizaré. Obviamente voy a utilizar esos métodos porque son los mejores.
La directiva europea trata de tener una reglamentación defensiva porque quiere que en su continente surja, por ejemplo, un nuevo buscador, un nuevo sistema de mensajería instantánea europeo y desea fomentar su industria. Es por ello que no adoptará estos criterios de regulación de subsidios, sino que comenzará a defenderse tratando de mejorar la competencia para generar medios propios.
Nosotros somos un caso único en el mundo. Si bien hemos estado a la vanguardia en muchos aspectos, como bien decía el señor Fontevecchia, también vamos a estar a la vanguardia si se sancionara esta iniciativa porque no existe una ley como esta en todo el mundo. Les vamos a dar una herramienta exclusiva a los ISP diciéndoles: "Miren lo que sacamos en la Argentina". Pero con esto no vamos a mover la aguja.
Hay otro punto que, si me permiten el exceso, es una traición a la Patria. Se le da una exención de responsabilidad aún a aquellos proveedores del servicio de Internet que no tienen domicilio en el país: "Vos, hacé lo que quieras desde un país extranjero, lesioná los derechos de alguien en Argentina y aunque no estés instalado acá, vas a tener una exención de responsabilidad, nadie te va a molestar". ¿No es un exceso? ¿No haría falta por lo menos una etapa de promoción, donde les brindemos determinadas oportunidades para que se instalen aquí? ¿A cuenta de qué damos semejantes beneficios?
Nosotros representamos a los titulares de contenidos y queremos más música argentina, pero la verdad es que estos puntos realmente nos parecen hasta un exceso.
Creo que el artículo 7 debe haber sido el fin de fiesta, porque establece un sistema de protección judicial cuando dice que esto no implica que tengan un sistema de autorregulación que, dicho sea de paso, funciona bien.
Como CAPIF bajó 400.000 links, ¿debería haber iniciado 400.000 juicios? Aunque nos hubieran hecho precio, ¿cuánto hubiéramos gastado? ¿Hubiera sido efectivo? ¿Lo hubieran hecho todos? Creo que no.
El fin de fiesta se percibe cuando el proyecto dice que pueden tener una herramienta de autorregulación, que se pueden poner de acuerdo, que el titular puede poner un mail para que vos le escribas, porque capaz que responde y hace algo; pero hay que escribir a una dirección que comienza con "info@..." y tal vez haya un robot o alguien que conteste. La iniciativa no pide que pongan un número de teléfono porque la ley de Internet es no poner un teléfono, recuerden eso. La norma menos aún pide que se agregue una dirección.
Luego, el proyecto, mostrando el fin de fiesta, dice que hay autorregulación: "Los proveedores de servicio de Internet podrán crear, a los fines previstos en esta ley, una cuenta de correo electrónico,...", insisto en que dice "que podrán poner" y no los obligan a hacerlo, "...un formulario electrónico o un medio equivalente a implementar, pero en ningún caso se considerará que el sistema de autorregulación implica conocimiento efectivo de los términos del artículo 5°." Con esto le quiere decir: "Ojo, porque pude haber denunciado algo por autorregulación, te lo pude haber comunicado, sabía que esto existía, pero para considerar que yo soy responsable primero me lo tiene que avisar un juez". ¡Qué lindo caso!
Esta es la mejor expresión de deseos de un sector que yo lo entiendo desde el punto de vista de la soledad: "¿Vos qué querrías?" "Yo querría esto: no ser responsable, eliminar el centro de atención de reclamos y quejas y delegárselo al Estado". Pienso que esto hubiera sido parte de la reforma judicial, porque si CAPIF va a iniciar 400 mil juicios, me pregunto cuántos juicios vamos a tener en el país.
¿Por qué se delega a una instancia judicial esta situación? Hace dos o tres días, uno de los jueces de la Corte, Rosatti, dijo que no debían delegarse todos los conflictos al plano judicial y que la sociedad civil debe tratar de resolver sus conflictos tal como lo hace hoy. ¿Para qué creamos esta zona liberada?
En definitiva, adherimos al tema y a la necesidad de tener mejores regulaciones. El hecho de que se hayan olvidado de esto en la reforma del Código Civil, que no sean aplicables las cuestiones generales de responsabilidad y que no tengan la obligación de prevención del daño, como lo tenemos todos, significa romper la igualdad ante la ley. ¿Por qué yo tengo que prevenir el daño y las grandes corporaciones no lo tienen que hacer? ¿A cuenta de qué ocurre esto? Creo que estaría bueno empezar de cero.
Lamento que hayamos estado obligados a cubrir esta instancia final. Naturalmente la iniciativa no debería haber sido tratada, pero recibimos noticias de que se quería considerar y lo entiendo. ¿Qué pasó desde el dictamen que dejó la pelotita al lado del arco de la Cámara de Diputados? Por un lado, como cambió la composición de la Cámara, necesitaban un nuevo dictamen y esto nos dio un mínimo tiempo para actuar, y por otro, salieron dos casos sustanciales: primero, la regulación que establece la directiva europea sobre medios digitales y derechos de autor, que es realmente el nuevo texto y, segundo, apareció el escándalo de Cambridge Analytica, donde se manipularon perfiles para llegar a votantes y ejercer influencia, lo cual fue admitido por Facebook.
Los invito a leer la respuesta de Mark Zuckerberg en el Parlamento británico admitiendo que no pudo tomar medidas a pesar de que conocía lo que ocurría y que vendió esa información por plata. O sea que nosotros, nuestros hijos, nuestros comentarios, hasta las situaciones que hoy planteemos acá, están ahí arriba, incluyendo cómo nos movimos y cuándo fuimos y vinimos. Yo soy también parte de esto porque no soy un aislado digital.
¿Vamos a dejar esta iniciativa así, frente a tanta irresponsabilidad? Esto me parece un exceso. Les pido disculpas si me accedí en el tiempo. Muchas gracias nuevamente, señor presidente.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Muchas gracias. Hay numerosas asociaciones presentes que quieren hacer uso de le la palabra. Trataremos de simplificar las exposiciones, porque tenía entendido que dichas asociaciones estaban representadas por todo el grupo que acaba de hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra Daniel Vides, presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina.
Tiene la palabra Daniel Vides, presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina.
SR. VIDES Señor presidente: en nombre de ARGRA quiero agradecer que escuchen nuestra opinión sobre este tema tan importante para nosotros.
ARGRA es una asociación civil que desde 1942 nuclea a los reporteros gráficos y fotógrafos de prensa de la República Argentina. Hoy somos alrededor de 1.200 personas en actividad.
Entendemos que este proyecto de ley vulnera nuestros derechos como autores y que no garantiza la libertad de expresión, ya que este nivel de concentración de la circulación de la información en tan pocas empresas hace que no sólo se vulnere la libertad de expresión, sino también nuestro derecho al trabajo. Tal como como dijeron las entidades periodísticas que me antecedieron en la palabra, nuestras fuentes de trabajo dependen del buen funcionamiento del mercado periodístico, que está en una profunda crisis y entendemos que esto la agravaría.
Se dice que hoy en día es imposible identificar y conocer el origen de una foto que se postea en cualquier red social. Sabemos que no es así, porque hay softwares y tecnología que permiten identificar la creación, el origen y la circulación de la imagen. De hecho, hay pymes que generan esos softwares, que podrían ser otra fuente de trabajo para mucha gente que se desempeña en el mundo digital.
Entendemos que nosotros como productores de fotografías de prensa, en el tiempo de las noticias falsas, no podríamos decir "esta foto está siendo mal usada" ni podríamos hacer uso de nuestra responsabilidad de informar profesionalmente. Tendríamos que entrar en una etapa judicial costosa y engorrosa para decir "están usando mal". Esta situación no sólo vulneraría nuestros derechos autorales, sino también nuestros derechos como informadores y productores de contenidos periodísticos.
Me acompaña Miguel Gaya, asesor legal de la entidad, quien me gustaría que amplíe un poco más nuestra posición.
ARGRA es una asociación civil que desde 1942 nuclea a los reporteros gráficos y fotógrafos de prensa de la República Argentina. Hoy somos alrededor de 1.200 personas en actividad.
Entendemos que este proyecto de ley vulnera nuestros derechos como autores y que no garantiza la libertad de expresión, ya que este nivel de concentración de la circulación de la información en tan pocas empresas hace que no sólo se vulnere la libertad de expresión, sino también nuestro derecho al trabajo. Tal como como dijeron las entidades periodísticas que me antecedieron en la palabra, nuestras fuentes de trabajo dependen del buen funcionamiento del mercado periodístico, que está en una profunda crisis y entendemos que esto la agravaría.
Se dice que hoy en día es imposible identificar y conocer el origen de una foto que se postea en cualquier red social. Sabemos que no es así, porque hay softwares y tecnología que permiten identificar la creación, el origen y la circulación de la imagen. De hecho, hay pymes que generan esos softwares, que podrían ser otra fuente de trabajo para mucha gente que se desempeña en el mundo digital.
Entendemos que nosotros como productores de fotografías de prensa, en el tiempo de las noticias falsas, no podríamos decir "esta foto está siendo mal usada" ni podríamos hacer uso de nuestra responsabilidad de informar profesionalmente. Tendríamos que entrar en una etapa judicial costosa y engorrosa para decir "están usando mal". Esta situación no sólo vulneraría nuestros derechos autorales, sino también nuestros derechos como informadores y productores de contenidos periodísticos.
Me acompaña Miguel Gaya, asesor legal de la entidad, quien me gustaría que amplíe un poco más nuestra posición.
SR. GAYA Señor presidente: buenos días, muchas gracias. Por una cuestión de ahorro y economía de tiempo, adhiero a las posiciones anteriores y, particularmente, a la contextualización que hizo ADEPA respecto del conflicto al que nos enfrentamos.
Creo que el caso particular de la fotografía es un caso emblemático en cuanto al uso y mal uso de las fotografías.
Hoy en día, si una fotografía no ha sido publicada previamente por la prensa, el sistema judicial solamente acepta la prueba de la autoría si ha sido previamente registrada en el registro de la propiedad. Si las fotografías tomadas hoy en este recinto por los fotógrafos aquí presentes fuesen registradas hoy en el sistema, este colapsaría. Por lo tanto, con este proyecto de ley las fotografías están absolutamente desprotegidas. También están en esta condición los que han sido registrados, porque si una imagen mía tomada por algún fotógrafo es subida a una red y luego es chupada y mal utilizada, yo tengo que ir a la Justicia para probar esa situación, lo que es de cumplimiento imposible.
Por todas las precisas objeciones que se hicieron aquí, básicamente por no haber sido escuchados los que son detentores del derecho de autor, creo que nos tenemos que oponer a la sanción de este proyecto de ley. Todavía estamos a tiempo para poder hacerlo.
Creo que el caso particular de la fotografía es un caso emblemático en cuanto al uso y mal uso de las fotografías.
Hoy en día, si una fotografía no ha sido publicada previamente por la prensa, el sistema judicial solamente acepta la prueba de la autoría si ha sido previamente registrada en el registro de la propiedad. Si las fotografías tomadas hoy en este recinto por los fotógrafos aquí presentes fuesen registradas hoy en el sistema, este colapsaría. Por lo tanto, con este proyecto de ley las fotografías están absolutamente desprotegidas. También están en esta condición los que han sido registrados, porque si una imagen mía tomada por algún fotógrafo es subida a una red y luego es chupada y mal utilizada, yo tengo que ir a la Justicia para probar esa situación, lo que es de cumplimiento imposible.
Por todas las precisas objeciones que se hicieron aquí, básicamente por no haber sido escuchados los que son detentores del derecho de autor, creo que nos tenemos que oponer a la sanción de este proyecto de ley. Todavía estamos a tiempo para poder hacerlo.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Muchas gracias.
Tiene la palabra el representante de la Cámara Argentina del Libro.
Tiene la palabra el representante de la Cámara Argentina del Libro.
SR. Señor presidente: buenos días, muchas gracias.
Vamos a leer un comunicado conjunto que hemos sacado con 24 asociaciones e instituciones representativas de las diversas industrias culturales y con los propios autores y creadores de contenidos.
Dice así: "Buenos Aires, 6 de noviembre de 2018. Sí a la libertad de expresión y de los derechos autorales, no a la ley Pinedo.
"Los autores, creadores e instituciones de las industrias culturales abajo firmantes, rechazamos el proyecto de ley Pinedo cuya aprobación está en estudio en la Cámara de Diputados, que avasalla derechos individuales y personalísimos reconocidos por la Constitución Nacional, los pactos internacionales y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
"El proyecto prevé que para remover un contenido ilícito en los proveedores de servicios de Internet, incluidos los de carácter íntimo y privado, se debe tener una orden judicial previa, creándose un sistema inaccesible, engorroso e ineficiente ya que es imposible realizar una acción judicial por cada subida ilegal de contenidos que ocasionan daños irreversibles."
Me permito hacer un breve comentario para agregar a las 400.000 infracciones que denunció CAPIF. Nosotros tuvimos cerca de medio millón de infracciones en la plataforma de Mercado Libre por ofertas ilegales de libros; hubiera sido imposible recurrir judicialmente ante cada una de esas infracciones. Mercado Libre funciona con un sistema de notificación y baja de contenidos. En el día de ayer Télam publicó -perdón el agregado- una nota que dice que Google eliminó más de 3.000 millones de links por infringir derechos de autor. Agrega que así lo reveló en su informe contra la piratería que aborda las políticas y tecnologías que aplica la compañía. O sea, Google bajó estos contenidos sin la necesidad de una orden judicial. Parece que en la Argentina está requiriendo un procedimiento hacer eso. No sé si querrá también ser notificado 3.000 millones de veces por jueces de distintos países para denunciar infracciones al derecho de autor. Perdón por el agregado.
Voy a terminar de leer el documento: "Destacamos que el proyecto Pinedo va a contramano de la nueva legislación de la Unión Europea en materia de derecho de autor y de las legislaciones de la mayoría de los países que protegen a sus autores y a las industrias creativas en su ámbito digital. Quienes aquí nos manifestamos somos los legítimos y probados defensores de la libertad de expresión y de prensa, argumentos con los que se intenta paradójicamente justificar este proyecto, lo que resulta una verdadera falacia.
"Es esa libertad la que nos permite manifestar ideas, sentimientos, pensamientos y expresiones en forma creativa y original y es por eso que no puede tolerarse una ley que dé carta de indemnidad a los gigantes de Internet que no controle ese poder de apropiación y atente de esta forma contra los derechos de todos los que creamos y generamos contenidos."
Me permito también, señor presidente, hacer un pequeño comentario ya que la Cámara del Libro fue citada como una de las que participó en una audiencia en el Senado, oponiéndose a esta iniciativa. Nosotros hace más de seis años que venimos oponiéndonos, apenas nos enteramos de que el entonces diputado Pinedo presentó este proyecto en esta Cámara. Fuimos a hablar con él, nos derivó a sus asesores y pudimos exponer todas estas preocupaciones que teníamos porque ya se advertía la discusión sobre la responsabilidad de los proveedores de servicios a nivel internacional y la novedad u originalidad de este proyecto que lo único que hacía era atentar contra los derechos de autor. No tuvo tratamiento en la Cámara de Diputados ese proyecto, pero cuando Pinedo fue electo senador volvió a presentarlo y nuevamente concurrimos a verlo para reiterar las objeciones. Nuevamente fuimos atendidos por sus asesores a quienes les hicimos una presentación bastante extensa sobre cuál era la situación internacional de este tratamiento, pero no tuvimos tampoco una aceptación.
Cuando nos enteramos de que se iba a tratar en la Comisión de Comunicaciones la fusión del proyecto de Pinedo con el de Fellner, solicitamos participar de esa reunión y volvimos a insistir solos con esta cantidad de argumentos que hoy ustedes han escuchado. Tampoco fuimos atendidos.
El proyecto fue aprobado en la Cámara de Senadores. Volvimos e insistimos con nuestra preocupación hablando con casi todos los diputados que integraban la Comisión de Comunicaciones de la anterior composición para advertirles nuestra situación. Sorpresivamente, para esta misma fecha el año pasado, en una reunión plenaria de tres comisiones, este proyecto obtuvo dictamen favorable. Luego solicitamos a las autoridades de gobierno y a las autoridades parlamentarias que considerasen esta preocupación. Ustedes han escuchado las diferentes exposiciones y sobran los argumentos para oponerse.
Logramos hacer una reunión con todas las industrias culturales y sectores de la creación en el café Tortoni. Creo que fueron circunstancias políticas externas a la voluntad en ese momento de la mayoría parlamentaria las que impidieron el tratamiento en el recinto. Por lo tanto, aprovechamos esa ocasión para poder divulgar esta preocupación, esta nueva estructura normativa que se estaba proponiendo y que dejaba en una situación de indefensión a todas las industrias culturales del país.
Creo que hoy ya no estamos solos; se han escuchado muchísimos argumentos. Agradecemos la participación de ADEPA, de ATA, de ARPA, de CAPIF, y la excelente intervención del señor Jorge Fontevecchia. Hoy no nos sentimos solos, ya no somos el David luchando contra los gigantes de Internet. Muchas gracias.
Vamos a leer un comunicado conjunto que hemos sacado con 24 asociaciones e instituciones representativas de las diversas industrias culturales y con los propios autores y creadores de contenidos.
Dice así: "Buenos Aires, 6 de noviembre de 2018. Sí a la libertad de expresión y de los derechos autorales, no a la ley Pinedo.
"Los autores, creadores e instituciones de las industrias culturales abajo firmantes, rechazamos el proyecto de ley Pinedo cuya aprobación está en estudio en la Cámara de Diputados, que avasalla derechos individuales y personalísimos reconocidos por la Constitución Nacional, los pactos internacionales y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
"El proyecto prevé que para remover un contenido ilícito en los proveedores de servicios de Internet, incluidos los de carácter íntimo y privado, se debe tener una orden judicial previa, creándose un sistema inaccesible, engorroso e ineficiente ya que es imposible realizar una acción judicial por cada subida ilegal de contenidos que ocasionan daños irreversibles."
Me permito hacer un breve comentario para agregar a las 400.000 infracciones que denunció CAPIF. Nosotros tuvimos cerca de medio millón de infracciones en la plataforma de Mercado Libre por ofertas ilegales de libros; hubiera sido imposible recurrir judicialmente ante cada una de esas infracciones. Mercado Libre funciona con un sistema de notificación y baja de contenidos. En el día de ayer Télam publicó -perdón el agregado- una nota que dice que Google eliminó más de 3.000 millones de links por infringir derechos de autor. Agrega que así lo reveló en su informe contra la piratería que aborda las políticas y tecnologías que aplica la compañía. O sea, Google bajó estos contenidos sin la necesidad de una orden judicial. Parece que en la Argentina está requiriendo un procedimiento hacer eso. No sé si querrá también ser notificado 3.000 millones de veces por jueces de distintos países para denunciar infracciones al derecho de autor. Perdón por el agregado.
Voy a terminar de leer el documento: "Destacamos que el proyecto Pinedo va a contramano de la nueva legislación de la Unión Europea en materia de derecho de autor y de las legislaciones de la mayoría de los países que protegen a sus autores y a las industrias creativas en su ámbito digital. Quienes aquí nos manifestamos somos los legítimos y probados defensores de la libertad de expresión y de prensa, argumentos con los que se intenta paradójicamente justificar este proyecto, lo que resulta una verdadera falacia.
"Es esa libertad la que nos permite manifestar ideas, sentimientos, pensamientos y expresiones en forma creativa y original y es por eso que no puede tolerarse una ley que dé carta de indemnidad a los gigantes de Internet que no controle ese poder de apropiación y atente de esta forma contra los derechos de todos los que creamos y generamos contenidos."
Me permito también, señor presidente, hacer un pequeño comentario ya que la Cámara del Libro fue citada como una de las que participó en una audiencia en el Senado, oponiéndose a esta iniciativa. Nosotros hace más de seis años que venimos oponiéndonos, apenas nos enteramos de que el entonces diputado Pinedo presentó este proyecto en esta Cámara. Fuimos a hablar con él, nos derivó a sus asesores y pudimos exponer todas estas preocupaciones que teníamos porque ya se advertía la discusión sobre la responsabilidad de los proveedores de servicios a nivel internacional y la novedad u originalidad de este proyecto que lo único que hacía era atentar contra los derechos de autor. No tuvo tratamiento en la Cámara de Diputados ese proyecto, pero cuando Pinedo fue electo senador volvió a presentarlo y nuevamente concurrimos a verlo para reiterar las objeciones. Nuevamente fuimos atendidos por sus asesores a quienes les hicimos una presentación bastante extensa sobre cuál era la situación internacional de este tratamiento, pero no tuvimos tampoco una aceptación.
Cuando nos enteramos de que se iba a tratar en la Comisión de Comunicaciones la fusión del proyecto de Pinedo con el de Fellner, solicitamos participar de esa reunión y volvimos a insistir solos con esta cantidad de argumentos que hoy ustedes han escuchado. Tampoco fuimos atendidos.
El proyecto fue aprobado en la Cámara de Senadores. Volvimos e insistimos con nuestra preocupación hablando con casi todos los diputados que integraban la Comisión de Comunicaciones de la anterior composición para advertirles nuestra situación. Sorpresivamente, para esta misma fecha el año pasado, en una reunión plenaria de tres comisiones, este proyecto obtuvo dictamen favorable. Luego solicitamos a las autoridades de gobierno y a las autoridades parlamentarias que considerasen esta preocupación. Ustedes han escuchado las diferentes exposiciones y sobran los argumentos para oponerse.
Logramos hacer una reunión con todas las industrias culturales y sectores de la creación en el café Tortoni. Creo que fueron circunstancias políticas externas a la voluntad en ese momento de la mayoría parlamentaria las que impidieron el tratamiento en el recinto. Por lo tanto, aprovechamos esa ocasión para poder divulgar esta preocupación, esta nueva estructura normativa que se estaba proponiendo y que dejaba en una situación de indefensión a todas las industrias culturales del país.
Creo que hoy ya no estamos solos; se han escuchado muchísimos argumentos. Agradecemos la participación de ADEPA, de ATA, de ARPA, de CAPIF, y la excelente intervención del señor Jorge Fontevecchia. Hoy no nos sentimos solos, ya no somos el David luchando contra los gigantes de Internet. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra la señora diputada Banfi.
SRA. BANFI Señor presidente: muchas gracias a todos por su participación.
Me gustaría excusar a los miembros del bloque Cambiemos porque es un tema que venimos trabajando en la comisión, pero como esta semana hubo problemas de avión y traslado, la mayoría de ellos están trabajando en sus provincias. De todas maneras, vamos a seguir atentamente, con los records, las grabaciones y el material que han traído, cada uno de los puntos de vista expuestos en relación con este proyecto.
Esta iniciativa tiene un interés particular en el bloque de Cambiemos porque su autor es el senador Pinedo, uno de los titulares y de las personas más importantes dentro del partido.
Me gustaría hacer un breve recorrido para poner en contexto el marco en el que se realiza esta reunión.
Efectivamente, estamos trabajando a partir de un proyecto de ley sancionado por el Senado y que el año pasado obtuvo dictamen favorable en esta comisión.
Por otro lado, mantuvimos diferentes reuniones bilaterales -lo digo en términos personales, aunque seguramente el presidente también ha trabajado en sintonía escuchando las diferentes voces- y llegamos a la decisión de no tratarlo este año. Por eso nunca fue considerado por los asesores ni fue parte del temario de la comisión.
Llegando a fin de año, al presidente de la comisión le pareció importante hacer esta reunión y no dejar de lado la demanda que nos venían planteando. Agradecemos que estén presentes y que expresen sus ideas abiertamente.
Como impulsores de la iniciativa, conocíamos la posición de ustedes. Cambiemos tiene un interés principal en lo que creemos que expresa este proyecto o, mejor dicho, el derecho. El derecho expresa la posibilidad de proteger la libertad de expresión de los ciudadanos en el marco del uso de las nuevas tecnologías.
Quiero detenerme en algo importante que expresaba el presidente de ADEPA. Él hablaba de la redacción del proyecto y quizás tenemos que coincidir en que no es la redacción más feliz. En nombre de Cambiemos digo que cuando uno trabaja en un proyecto o elabora determinada articulación -tarea que realizamos a diario, incluso a veces exponiendo las diferentes posturas-, se generan más problemas que soluciones en el marco regulatorio. Este proyecto fue elaborado principalmente enfocado en el aspecto técnico y no en el derecho, ese derecho que entendemos debe defender. A partir de allí trabajamos con el presidente de la comisión y los demás integrantes para que efectivamente fuera más estudiado y no lo sancionáramos dejando a la sociedad la sensación que muchas veces le queda de que apuramos los temas porque tenemos algún interés o porque hay un grupo que presiona más que otro. Ese no es el ánimo ni la necesidad.
Agrego algo que manifestó públicamente el autor del proyecto acerca de que no es necesario tratarlo. La sanción del Senado culmina su tiempo de vigencia y, por lo tanto, creo que la iniciativa cae a principios de febrero. Por eso, la propuesta de Cambiemos es empezar de nuevo.
¿Empezar de nuevo en qué sentido? Empezar de nuevo en términos de cuál debería ser el real tratamiento en materia de responsabilidad sobre los contenidos que se expresan, se elaboran y se manifiestan en estas nuevas plataformas. Además, cómo podemos discriminar en términos positivos lo que significa la libertad de expresión en materia editorial y de los medios gráficos, como así también qué pasa con el copyright.
A la vez, aprovechando este Congreso, que creo tiene la capacidad suficiente, debemos empezar a conversar sobre los nuevos peligros, señalados por el señor Fontevecchia, y las nuevas amenazas. La Argentina, como siempre ocurrió en materia de libertad de expresión, puede ser pionera y ejemplificadora para otros países de la región. Me refiero a la región porque el proyecto contó con el apoyo, el aval y el reconocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del relator especial de libertad de expresión de Naciones Unidas.
Entendemos que este es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque creemos que el trabajo a realizar en materia de derechos es justamente la obligación del Estado de no generar ni sistemas de autocensura, ni de censura previa, ni de censura expresa a la libertad de expresión. Debemos ser muy cuidadosos. Repito, apoyándome y tomando las palabras del presidente de ADEPA, tenemos que ser muy cuidadosos al trabajar en una nueva redacción que fortalezca la libertad de expresión ciudadana. Ese es el objetivo: un nuevo actor que produzca su propia información y que utilice las herramientas tecnológicas para transmitir su opinión.
La propuesta que sugiero al presidente es que se aplique un método basado en el diálogo y en la búsqueda del consenso de todos los actores, no solo de los diputados, a quienes nos han delegado esa posibilidad, sino también de todos ustedes y de muchos otros que están a favor del proyecto. Hay organizaciones de la sociedad civil, cámaras y gente de la industria tecnológica que se han manifestado a favor de este proyecto. Entonces, creo que nuestro trabajo es buscar aquellas cosas en las que nos podemos poner de acuerdo, generar y producir un marco normativo -esta es una tarea para el hogar- que efectivamente fortalezca y respete la libertad de expresión ciudadana.
El punto más importante a dejar en claro es que ni el gobierno ni Cambiemos tiene ánimo de avanzar con este proyecto. El propio autor del proyecto entiende y comprende la alerta que ustedes manifiestan. Por eso, la propuesta es no avanzar con este proyecto, sino empezar de nuevo.
Me gustaría excusar a los miembros del bloque Cambiemos porque es un tema que venimos trabajando en la comisión, pero como esta semana hubo problemas de avión y traslado, la mayoría de ellos están trabajando en sus provincias. De todas maneras, vamos a seguir atentamente, con los records, las grabaciones y el material que han traído, cada uno de los puntos de vista expuestos en relación con este proyecto.
Esta iniciativa tiene un interés particular en el bloque de Cambiemos porque su autor es el senador Pinedo, uno de los titulares y de las personas más importantes dentro del partido.
Me gustaría hacer un breve recorrido para poner en contexto el marco en el que se realiza esta reunión.
Efectivamente, estamos trabajando a partir de un proyecto de ley sancionado por el Senado y que el año pasado obtuvo dictamen favorable en esta comisión.
Por otro lado, mantuvimos diferentes reuniones bilaterales -lo digo en términos personales, aunque seguramente el presidente también ha trabajado en sintonía escuchando las diferentes voces- y llegamos a la decisión de no tratarlo este año. Por eso nunca fue considerado por los asesores ni fue parte del temario de la comisión.
Llegando a fin de año, al presidente de la comisión le pareció importante hacer esta reunión y no dejar de lado la demanda que nos venían planteando. Agradecemos que estén presentes y que expresen sus ideas abiertamente.
Como impulsores de la iniciativa, conocíamos la posición de ustedes. Cambiemos tiene un interés principal en lo que creemos que expresa este proyecto o, mejor dicho, el derecho. El derecho expresa la posibilidad de proteger la libertad de expresión de los ciudadanos en el marco del uso de las nuevas tecnologías.
Quiero detenerme en algo importante que expresaba el presidente de ADEPA. Él hablaba de la redacción del proyecto y quizás tenemos que coincidir en que no es la redacción más feliz. En nombre de Cambiemos digo que cuando uno trabaja en un proyecto o elabora determinada articulación -tarea que realizamos a diario, incluso a veces exponiendo las diferentes posturas-, se generan más problemas que soluciones en el marco regulatorio. Este proyecto fue elaborado principalmente enfocado en el aspecto técnico y no en el derecho, ese derecho que entendemos debe defender. A partir de allí trabajamos con el presidente de la comisión y los demás integrantes para que efectivamente fuera más estudiado y no lo sancionáramos dejando a la sociedad la sensación que muchas veces le queda de que apuramos los temas porque tenemos algún interés o porque hay un grupo que presiona más que otro. Ese no es el ánimo ni la necesidad.
Agrego algo que manifestó públicamente el autor del proyecto acerca de que no es necesario tratarlo. La sanción del Senado culmina su tiempo de vigencia y, por lo tanto, creo que la iniciativa cae a principios de febrero. Por eso, la propuesta de Cambiemos es empezar de nuevo.
¿Empezar de nuevo en qué sentido? Empezar de nuevo en términos de cuál debería ser el real tratamiento en materia de responsabilidad sobre los contenidos que se expresan, se elaboran y se manifiestan en estas nuevas plataformas. Además, cómo podemos discriminar en términos positivos lo que significa la libertad de expresión en materia editorial y de los medios gráficos, como así también qué pasa con el copyright.
A la vez, aprovechando este Congreso, que creo tiene la capacidad suficiente, debemos empezar a conversar sobre los nuevos peligros, señalados por el señor Fontevecchia, y las nuevas amenazas. La Argentina, como siempre ocurrió en materia de libertad de expresión, puede ser pionera y ejemplificadora para otros países de la región. Me refiero a la región porque el proyecto contó con el apoyo, el aval y el reconocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del relator especial de libertad de expresión de Naciones Unidas.
Entendemos que este es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque creemos que el trabajo a realizar en materia de derechos es justamente la obligación del Estado de no generar ni sistemas de autocensura, ni de censura previa, ni de censura expresa a la libertad de expresión. Debemos ser muy cuidadosos. Repito, apoyándome y tomando las palabras del presidente de ADEPA, tenemos que ser muy cuidadosos al trabajar en una nueva redacción que fortalezca la libertad de expresión ciudadana. Ese es el objetivo: un nuevo actor que produzca su propia información y que utilice las herramientas tecnológicas para transmitir su opinión.
La propuesta que sugiero al presidente es que se aplique un método basado en el diálogo y en la búsqueda del consenso de todos los actores, no solo de los diputados, a quienes nos han delegado esa posibilidad, sino también de todos ustedes y de muchos otros que están a favor del proyecto. Hay organizaciones de la sociedad civil, cámaras y gente de la industria tecnológica que se han manifestado a favor de este proyecto. Entonces, creo que nuestro trabajo es buscar aquellas cosas en las que nos podemos poner de acuerdo, generar y producir un marco normativo -esta es una tarea para el hogar- que efectivamente fortalezca y respete la libertad de expresión ciudadana.
El punto más importante a dejar en claro es que ni el gobierno ni Cambiemos tiene ánimo de avanzar con este proyecto. El propio autor del proyecto entiende y comprende la alerta que ustedes manifiestan. Por eso, la propuesta es no avanzar con este proyecto, sino empezar de nuevo.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tengo anotados a los diputados Carro y Cerruti.
Tiene la palabra el señor diputado Carro.
Tiene la palabra el señor diputado Carro.
SR. CARRO Señor presidente: efectivamente, creo que todos coincidimos en el derecho a la libertad de expresión y su importancia. Coincido también con lo que dijo la diputada Banfi sobre la necesidad de regular. Este es un tema sobre el que hay que trabajar. Este proyecto es malo y no debería discutirse. Me parece que hay que empezar con un proyecto nuevo, pero efectivamente es un tema sobre el cual tenemos que trabajar.
Yo había invitado a DIPRA, la asociación de diarios y periódicos regionales, pero no pudieron llegar por el problema en los vuelos. De todas maneras, haré llegar al presidente su opinión de rechazo al proyecto.
No voy a opinar sobre el proyecto porque me parece que no tiene sentido ya que se han mencionado los problemas que acarrea. Solamente agrego que hay otros derechos involucrados, como los derechos a la información y a la comunicación. Por lo tanto, deberíamos escuchar la opinión de otros actores sobre este tema.
Quiero señalar la importancia de que nos aboquemos a este proyecto ni bien comiencen las sesiones el año que viene. Las fake news recientemente comentadas efectivamente serán un problema de cara al proceso electoral del año que viene. Entonces, si pudiéramos avanzar sobre estos aspectos, sería muy bueno para todos los sectores y para la ciudadanía en general.
Yo había invitado a DIPRA, la asociación de diarios y periódicos regionales, pero no pudieron llegar por el problema en los vuelos. De todas maneras, haré llegar al presidente su opinión de rechazo al proyecto.
No voy a opinar sobre el proyecto porque me parece que no tiene sentido ya que se han mencionado los problemas que acarrea. Solamente agrego que hay otros derechos involucrados, como los derechos a la información y a la comunicación. Por lo tanto, deberíamos escuchar la opinión de otros actores sobre este tema.
Quiero señalar la importancia de que nos aboquemos a este proyecto ni bien comiencen las sesiones el año que viene. Las fake news recientemente comentadas efectivamente serán un problema de cara al proceso electoral del año que viene. Entonces, si pudiéramos avanzar sobre estos aspectos, sería muy bueno para todos los sectores y para la ciudadanía en general.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra la señora diputada Cerruti.
SRA. CERRUTI Señor presidente: no voy a abundar demasiado porque se ha dicho un montón y estamos básicamente de acuerdo.
Me alegra y es importante para todos nosotros que ustedes estén presentes planteando sus puntos de vista, porque este Congreso tiene la obligación de debatir sobre qué marco regulatorio tendrán todas las nuevas plataformas y de qué manera nos moveremos. Estamos en ese exacto punto en el que alguna vez estuvimos con otras plataformas. Vengo de la prensa gráfica en la que hoy, como también en los medios audiovisuales, en las nuevas plataformas rige la idea general o el principio de que la mejor ley es la no ley, que lo mejor es no regular y que son absolutamente independientes. Los usuarios tienen la falsa idea de que están en un lugar absolutamente independiente y absolutamente democrático y muchas veces viven con la fantasía de sentirse dueños cuando usan Twitter, Facebook, Instagram, Google o lo que fuera. Esas plataformas todavía conservan la idea de que son el centro de la libertad de expresión porque dieron voz a quienes no la tenían a través de los medios tradicionales.
Quienes trabajamos en prensa y servicios de comunicación audiovisual durante muchos años, sabemos que esta es la misma idea que imperaba al inicio de la televisión, de la radio o de la prensa gráfica. Se creía que la pluralidad de medios o la pluralidad de voces garantizaban la libertad de expresión de todos los ciudadanos.
Creo que es importante regular y, como dijo el diputado Carro, también es importante ponernos seriamente a trabajar en el tema de las fake news, que tienen algún tipo de regulación para la prensa gráfica y audiovisual. Esto no se debe a que haya delitos de prensa, sino a la existencia de delitos que acarrean más penas si se cometen a través de la prensa. Actualmente esto no alcanza a las otras plataformas y me parece que conlleva la dificultad de tratar de decir qué es una noticia falsa y qué no, desde qué momento se la considera, y en qué lugar de la intermediación entre la noticia y la viralización es que se puede regular o controlar.
Todos los actores presentes están preocupados por este proyecto con el que no estamos de acuerdo y que de ninguna manera acompañamos. La realidad es que como teníamos la misma idea de que el proyecto no se iba a tratar, no estábamos trabajando particularmente en él. De todos modos, creemos que hay que trabajar en las cuestiones de derechos de autor porque la ley que tenemos es antiquísima. Asimismo, debemos volver a trabajar en una ley de servicios de comunicación audiovisual que incluya a las nuevas plataformas que todavía no están incluidas. Tampoco satisface la ley corta que seguramente van a querer tratar la semana que viene sobre la que no sabemos si fueron escuchadas todas las voces y todas las opiniones como ocurre en este caso. Sería importantísimo que eso también sucediera y que los conflictos de interés que siempre existen en las sociedades cuando hay empresas involucradas y diferentes miradas políticas, se puedan discutir de la manera más democrática posible dentro de este ámbito donde en definitiva tenemos que sancionar la mejor ley posible.
Los invitamos a seguir conversando sobre el resto de los temas que tienen que ver con la regulación y la manera de hacer frente a esta novedad -aunque ya no es una novedad porque lleva más de veinte años-, porque evidentemente ha habido un pico, un incremento en cuanto a la acumulación de datos, la viralización y la cantidad de gente que tiene acceso a partir de los últimos cuatro o cinco años. Esto ha cambiado sustancialmente la forma de la democracia.
El voto universal está basado en que el ciudadano pueda acceder a elegir su mejor opción. El ciudadano puede decidir quién quiere que lo gobierne sobre la base de la información brindada. Por eso, la prensa es una de las patas centrales del sistema republicano. En un sistema republicano donde no podemos confiar en qué tipo de información le llega al ciudadano, ¿cómo vamos a confiar en la manera en que puede formar su juicio? Entonces, estamos ante un desafío al corazón de la democracia, que tiene que ver con la información que llega al ciudadano para formar sus opiniones.
Me parece importante que nos hagamos cargo de ese desafío y que trabajemos juntos de la mejor manera posible.
Me alegra y es importante para todos nosotros que ustedes estén presentes planteando sus puntos de vista, porque este Congreso tiene la obligación de debatir sobre qué marco regulatorio tendrán todas las nuevas plataformas y de qué manera nos moveremos. Estamos en ese exacto punto en el que alguna vez estuvimos con otras plataformas. Vengo de la prensa gráfica en la que hoy, como también en los medios audiovisuales, en las nuevas plataformas rige la idea general o el principio de que la mejor ley es la no ley, que lo mejor es no regular y que son absolutamente independientes. Los usuarios tienen la falsa idea de que están en un lugar absolutamente independiente y absolutamente democrático y muchas veces viven con la fantasía de sentirse dueños cuando usan Twitter, Facebook, Instagram, Google o lo que fuera. Esas plataformas todavía conservan la idea de que son el centro de la libertad de expresión porque dieron voz a quienes no la tenían a través de los medios tradicionales.
Quienes trabajamos en prensa y servicios de comunicación audiovisual durante muchos años, sabemos que esta es la misma idea que imperaba al inicio de la televisión, de la radio o de la prensa gráfica. Se creía que la pluralidad de medios o la pluralidad de voces garantizaban la libertad de expresión de todos los ciudadanos.
Creo que es importante regular y, como dijo el diputado Carro, también es importante ponernos seriamente a trabajar en el tema de las fake news, que tienen algún tipo de regulación para la prensa gráfica y audiovisual. Esto no se debe a que haya delitos de prensa, sino a la existencia de delitos que acarrean más penas si se cometen a través de la prensa. Actualmente esto no alcanza a las otras plataformas y me parece que conlleva la dificultad de tratar de decir qué es una noticia falsa y qué no, desde qué momento se la considera, y en qué lugar de la intermediación entre la noticia y la viralización es que se puede regular o controlar.
Todos los actores presentes están preocupados por este proyecto con el que no estamos de acuerdo y que de ninguna manera acompañamos. La realidad es que como teníamos la misma idea de que el proyecto no se iba a tratar, no estábamos trabajando particularmente en él. De todos modos, creemos que hay que trabajar en las cuestiones de derechos de autor porque la ley que tenemos es antiquísima. Asimismo, debemos volver a trabajar en una ley de servicios de comunicación audiovisual que incluya a las nuevas plataformas que todavía no están incluidas. Tampoco satisface la ley corta que seguramente van a querer tratar la semana que viene sobre la que no sabemos si fueron escuchadas todas las voces y todas las opiniones como ocurre en este caso. Sería importantísimo que eso también sucediera y que los conflictos de interés que siempre existen en las sociedades cuando hay empresas involucradas y diferentes miradas políticas, se puedan discutir de la manera más democrática posible dentro de este ámbito donde en definitiva tenemos que sancionar la mejor ley posible.
Los invitamos a seguir conversando sobre el resto de los temas que tienen que ver con la regulación y la manera de hacer frente a esta novedad -aunque ya no es una novedad porque lleva más de veinte años-, porque evidentemente ha habido un pico, un incremento en cuanto a la acumulación de datos, la viralización y la cantidad de gente que tiene acceso a partir de los últimos cuatro o cinco años. Esto ha cambiado sustancialmente la forma de la democracia.
El voto universal está basado en que el ciudadano pueda acceder a elegir su mejor opción. El ciudadano puede decidir quién quiere que lo gobierne sobre la base de la información brindada. Por eso, la prensa es una de las patas centrales del sistema republicano. En un sistema republicano donde no podemos confiar en qué tipo de información le llega al ciudadano, ¿cómo vamos a confiar en la manera en que puede formar su juicio? Entonces, estamos ante un desafío al corazón de la democracia, que tiene que ver con la información que llega al ciudadano para formar sus opiniones.
Me parece importante que nos hagamos cargo de ese desafío y que trabajemos juntos de la mejor manera posible.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor diputado Ziliotto.
SR. ZILIOTTO Señor presidente: seré muy breve porque creo que ya está todo dicho.
En primer lugar, agradezco la convocatoria. El presidente sabe, porque usted integra el interbloque Argentina Federal, que teníamos muchas dudas con respecto a este proyecto.
Las consecuencias prácticas de la aplicación de este proyecto, expresadas por quienes hicieron uso de la palabra, nos confirman que estamos en el camino correcto.
Compartimos la postura de los diputados Banfi, Carro y Cerruti. Es bueno asumir el desafío de elaborar una ley escuchando a todos los sectores involucrados. Ustedes conforman un sector muy representativo y en la construcción de una nueva iniciativa tienen que estar todas las voces. No solo se trata de sancionar una ley, sino también de construir una política de Estado.
Tenemos grandes temas nacionales que involucran a todos los argentinos y para abarcar todo el derecho enumerado es necesario aplicar políticas de Estado. Estas políticas de Estado se construyen a partir de grandes consensos. No tiene que haber diferencia entre quienes estamos de este lado, ustedes y los ciudadanos.
Finalmente, reitero el agradecimiento al presidente porque creo que es el camino que todos tenemos que llevar adelante.
En primer lugar, agradezco la convocatoria. El presidente sabe, porque usted integra el interbloque Argentina Federal, que teníamos muchas dudas con respecto a este proyecto.
Las consecuencias prácticas de la aplicación de este proyecto, expresadas por quienes hicieron uso de la palabra, nos confirman que estamos en el camino correcto.
Compartimos la postura de los diputados Banfi, Carro y Cerruti. Es bueno asumir el desafío de elaborar una ley escuchando a todos los sectores involucrados. Ustedes conforman un sector muy representativo y en la construcción de una nueva iniciativa tienen que estar todas las voces. No solo se trata de sancionar una ley, sino también de construir una política de Estado.
Tenemos grandes temas nacionales que involucran a todos los argentinos y para abarcar todo el derecho enumerado es necesario aplicar políticas de Estado. Estas políticas de Estado se construyen a partir de grandes consensos. No tiene que haber diferencia entre quienes estamos de este lado, ustedes y los ciudadanos.
Finalmente, reitero el agradecimiento al presidente porque creo que es el camino que todos tenemos que llevar adelante.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Quisiera realizar varias aclaraciones antes de terminar la reunión.
La primera está referida al motivo por el que están todos ustedes aquí presentes. En primer lugar, porque fueron convocados en septiembre. En segundo término, porque efectivamente como se dijo, la sanción iba a perder estado parlamentario y obviamente era importante escuchar todas las voces antes de que ello ocurriera o no, porque en definitiva, el año todavía no terminó y no sabíamos qué acuerdos políticos podrían surgir hoy.
Escuchamos decir a los tres bloques mayoritarios que este tema no se va a tratar. O sea que este pronunciamiento tenía un motivo.
Otro aspecto a señalar es que efectivamente hubo cambios de paradigmas en el mundo. Hoy estamos frente a un paradigma diferente. El derecho mismo ha quedado jaqueado frente a estos nuevos medios.
Quienes venimos del mundo de la abogacía y quienes ejercemos la cátedra universitaria, decimos que siempre venimos después. Pero esta vez lo hacemos mucho después. Es más, la tecnología nos sigue llevando puestos en todos los aspectos. Entonces, todas las estructuras jurídicas que aplicamos y conocemos no nos sirven para contener esta situación.
Siempre digo que trabajar en esta comisión me hace crecer muchísimo porque estoy constantemente evolucionando con cosas nuevas. Efectivamente, desde la sanción del Senado a la fecha han cambiado muchísimas cuestiones.
El mismo senador Pinedo lo venía manifestando en charlas que hemos mantenido -hay que hacer honor a la verdad-, en las que él mismo decía que había que hacerle modificaciones. De hecho, ayer publicó un Twitter donde manifiesta que hay que hacerle modificaciones al proyecto, con lo cual entendíamos que la idea iba evolucionando. El problema es cómo hacerlo. Ese es el tema y una pregunta que no nos hacemos solamente en el Congreso de la República Argentina, sino también la Unión Europea, los norteamericanos, los chinos y los rusos. Todo el mundo está atento a este nuevo fenómeno que ha cambiado los paradigmas de las relaciones en la humanidad y que pone en jaque todo lo que ustedes dijeron; pone en jaque absolutamente todo. Por eso, los actuales moldes de nuestra civilización se ponen en jaque por este nuevo mecanismo. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en función de establecer parámetros básicos: el respeto al Estado de derecho, el respeto a la democracia y el respeto a la dignidad humana. Yo como demócrata cristiano no puedo olvidarme de que la dignidad humana es la base fundamental del ser humano. Cualquier herramienta, cualquier instrumento, cualquier tecnología que afecte la dignidad humana, obviamente no puede ser objeto de apoyo de las sociedades, sino que, al contrario, debe trabajarse para que sea respetada. Eso es lo básico, más allá de la lucha de las corporaciones y de los distintos intereses.
Consecuentemente, celebro que todos los bloques prácticamente por unanimidad sigan un criterio de búsqueda que ya veníamos encarando algunos diputados.
No quiero pasar chivos, por decirlo de algún modo, pero hemos presentado proyectos relacionados a las denuncias falsas y a las medidas o acciones judiciales rápidas. Hoy ir a la Justicia por temas de redes sociales implica una simple charla. ¿Por qué? Porque la tecnología y la viralización -que es un nuevo término- nos ganaron y cualquier resolución judicial llega no tarde, sino absolutamente tarde.
A partir de los perjuicios que se producen en las redes sociales nace un nuevo concepto de daño que ya no es un irreparable sino irreversible. Esto es mucho más grave que un daño irreparable porque nos acompaña en todas las relaciones.
Por otra parte, trabajamos en lo atinente a los derechos de los usuarios de Internet. Está presente la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, diputada Marcela Passo, donde también fue remitido el proyecto.
La diputada Passo siempre manifestó que desde el punto de vista del usuario y del consumidor no tenemos marco legal ni reglas.
Así como en el mundo real existen reglas, en el mundo digital también deberían existir. Esto es peor todavía porque en el mundo digital está la posibilidad del anonimato. En el mundo real no nos podemos esconder mucho.
Creo que estamos caminando hacia normativas transitorias que tendrán que acomodarse a medida que vayan surgiendo nuevas situaciones y no tengo la menor duda de que tenemos que trabajar todos en conjunto. Por eso digo al diputado Carro que al inicio del trabajo de esta Cámara el año que viene, pondremos en la agenda la creación de una subcomisión. Invitaremos a participar todos los sectores que tengan algo que decir sobre Internet, los derechos, la dignidad humana de los argentinos. Sabemos que solo desde la Argentina no lo podemos resolver porque es un tema continental.
Adelanto algo que hablé ayer con el presidente de la Cámara: posiblemente a fines de marzo, estaremos haciendo una jornada con todos los presidentes de las comisiones de comunicaciones latinoamericanas, justamente para tratar este tema que debemos considerar desde el punto de vista regional y continental. Así lo está haciendo la Unión Europea y ese es el camino que tenemos que seguir.
Agradezco muchísimo los aportes que han sido muy ricos y por supuesto los seguiremos invitando.
La primera está referida al motivo por el que están todos ustedes aquí presentes. En primer lugar, porque fueron convocados en septiembre. En segundo término, porque efectivamente como se dijo, la sanción iba a perder estado parlamentario y obviamente era importante escuchar todas las voces antes de que ello ocurriera o no, porque en definitiva, el año todavía no terminó y no sabíamos qué acuerdos políticos podrían surgir hoy.
Escuchamos decir a los tres bloques mayoritarios que este tema no se va a tratar. O sea que este pronunciamiento tenía un motivo.
Otro aspecto a señalar es que efectivamente hubo cambios de paradigmas en el mundo. Hoy estamos frente a un paradigma diferente. El derecho mismo ha quedado jaqueado frente a estos nuevos medios.
Quienes venimos del mundo de la abogacía y quienes ejercemos la cátedra universitaria, decimos que siempre venimos después. Pero esta vez lo hacemos mucho después. Es más, la tecnología nos sigue llevando puestos en todos los aspectos. Entonces, todas las estructuras jurídicas que aplicamos y conocemos no nos sirven para contener esta situación.
Siempre digo que trabajar en esta comisión me hace crecer muchísimo porque estoy constantemente evolucionando con cosas nuevas. Efectivamente, desde la sanción del Senado a la fecha han cambiado muchísimas cuestiones.
El mismo senador Pinedo lo venía manifestando en charlas que hemos mantenido -hay que hacer honor a la verdad-, en las que él mismo decía que había que hacerle modificaciones. De hecho, ayer publicó un Twitter donde manifiesta que hay que hacerle modificaciones al proyecto, con lo cual entendíamos que la idea iba evolucionando. El problema es cómo hacerlo. Ese es el tema y una pregunta que no nos hacemos solamente en el Congreso de la República Argentina, sino también la Unión Europea, los norteamericanos, los chinos y los rusos. Todo el mundo está atento a este nuevo fenómeno que ha cambiado los paradigmas de las relaciones en la humanidad y que pone en jaque todo lo que ustedes dijeron; pone en jaque absolutamente todo. Por eso, los actuales moldes de nuestra civilización se ponen en jaque por este nuevo mecanismo. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en función de establecer parámetros básicos: el respeto al Estado de derecho, el respeto a la democracia y el respeto a la dignidad humana. Yo como demócrata cristiano no puedo olvidarme de que la dignidad humana es la base fundamental del ser humano. Cualquier herramienta, cualquier instrumento, cualquier tecnología que afecte la dignidad humana, obviamente no puede ser objeto de apoyo de las sociedades, sino que, al contrario, debe trabajarse para que sea respetada. Eso es lo básico, más allá de la lucha de las corporaciones y de los distintos intereses.
Consecuentemente, celebro que todos los bloques prácticamente por unanimidad sigan un criterio de búsqueda que ya veníamos encarando algunos diputados.
No quiero pasar chivos, por decirlo de algún modo, pero hemos presentado proyectos relacionados a las denuncias falsas y a las medidas o acciones judiciales rápidas. Hoy ir a la Justicia por temas de redes sociales implica una simple charla. ¿Por qué? Porque la tecnología y la viralización -que es un nuevo término- nos ganaron y cualquier resolución judicial llega no tarde, sino absolutamente tarde.
A partir de los perjuicios que se producen en las redes sociales nace un nuevo concepto de daño que ya no es un irreparable sino irreversible. Esto es mucho más grave que un daño irreparable porque nos acompaña en todas las relaciones.
Por otra parte, trabajamos en lo atinente a los derechos de los usuarios de Internet. Está presente la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, diputada Marcela Passo, donde también fue remitido el proyecto.
La diputada Passo siempre manifestó que desde el punto de vista del usuario y del consumidor no tenemos marco legal ni reglas.
Así como en el mundo real existen reglas, en el mundo digital también deberían existir. Esto es peor todavía porque en el mundo digital está la posibilidad del anonimato. En el mundo real no nos podemos esconder mucho.
Creo que estamos caminando hacia normativas transitorias que tendrán que acomodarse a medida que vayan surgiendo nuevas situaciones y no tengo la menor duda de que tenemos que trabajar todos en conjunto. Por eso digo al diputado Carro que al inicio del trabajo de esta Cámara el año que viene, pondremos en la agenda la creación de una subcomisión. Invitaremos a participar todos los sectores que tengan algo que decir sobre Internet, los derechos, la dignidad humana de los argentinos. Sabemos que solo desde la Argentina no lo podemos resolver porque es un tema continental.
Adelanto algo que hablé ayer con el presidente de la Cámara: posiblemente a fines de marzo, estaremos haciendo una jornada con todos los presidentes de las comisiones de comunicaciones latinoamericanas, justamente para tratar este tema que debemos considerar desde el punto de vista regional y continental. Así lo está haciendo la Unión Europea y ese es el camino que tenemos que seguir.
Agradezco muchísimo los aportes que han sido muy ricos y por supuesto los seguiremos invitando.
Fin desgrabación de la reunión de la Comisión de Comunicaciones e Informática celebrada el 8 de noviembre de 2018.