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COMUNICACIONES E INFORMATICA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 139
Secretario Administrativo CPN RANGUGNI SABRINA
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2144 Internos 2144/42
cceinformatica@hcdn.gob.ar
- COMUNICACIONES E INFORMATICA
Reunión del día 17/10/2018
- FOMENTO DEL DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA Y LA COMPETENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC)
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de octubre de 2018, a la hora 17 y 11:
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Damos comienzo a la reunión de la Comisión de Comunicaciones e Informática.
Siguiendo con la temática referente a la denominada ley corta, sobre compartición de infraestructura para el desarrollo de las tecnologías de la información, vamos a proseguir con la ronda de invitados.
Hoy tenemos la presencia de dos funcionarios: la presidenta del ENACOM, Silvana Myriam Giudici, y el secretario de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Héctor Huici.
Así como lo hicieran en oportunidad de asistir al Senado de la Nación para explicar el proyecto de ley que nos toca estudiar hoy aquí en Diputados por remisión del Senado, nos van a explicar cuál ha sido el sentido, el espíritu y los objetivos que se persiguen con esta norma por parte del gobierno.
Tiene la palabra la señora Giudici.
Siguiendo con la temática referente a la denominada ley corta, sobre compartición de infraestructura para el desarrollo de las tecnologías de la información, vamos a proseguir con la ronda de invitados.
Hoy tenemos la presencia de dos funcionarios: la presidenta del ENACOM, Silvana Myriam Giudici, y el secretario de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Héctor Huici.
Así como lo hicieran en oportunidad de asistir al Senado de la Nación para explicar el proyecto de ley que nos toca estudiar hoy aquí en Diputados por remisión del Senado, nos van a explicar cuál ha sido el sentido, el espíritu y los objetivos que se persiguen con esta norma por parte del gobierno.
Tiene la palabra la señora Giudici.
SRA. GIUDICI Señor presidente: es un gusto estar de nuevo en esta casa con todos ustedes y en esta comisión. Fui parte de la Comisión de Comunicaciones y tengo muy gratos recuerdos. Hoy vengo a presentarles este proyecto de ley, que cuenta con la sanción del Senado, para favorecer la competencia y el despliegue de las redes en la Argentina.
Vamos a comenzar explicando los objetivos de esta ley. Estamos planteando para el período 2018-2020 incrementar en 2 millones las actuales conexiones de internet -de esta forma llegaremos a las escuelas y hogares, en definitiva, para que todos los ciudadanos en la Argentina, sin importar el lugar donde vivan, tengan internet de banda ancha-; alcanzar los 20 megas de acceso a internet fija como velocidad promedio, y una cobertura y calidad de servicio 4G para llegar al 100 por ciento de cobertura en el país. Por su puesto, lo que persigue es la inclusión digital para romper con la brecha y mejorar la competitividad entre las TIC.
Hago una breve descripción del escenario. En cuanto al impacto económico del sector, podemos pensar que representa el 2,7 por ciento del producto bruto interno y que genera alrededor de 78.000 empleos directos.
¿Cómo está compuesto nuestro mapa de la conectividad? ¿Cómo es el escenario de las telecomunicaciones en la Argentina en las distintas plataformas? En telefonía móvil tenemos 60 millones de líneas activas; 35 millones de esas líneas corresponden al sistema prepago y 25 millones de líneas -el 42 por ciento-, al sistema postpago.
En cuanto al despliegue de infraestructura en la Argentina, por ahora estamos cubriendo con la tecnología de 4G. Ustedes saben que ya tenemos que hablar de desarrollo 5G y de incipientes experiencias en el mundo. Ahora estamos con un buen nivel de despliegue de 4G, casi 24.000.000 de líneas tienen esta tecnología. Además, somos el tercer país de la región con más acceso a 4G. Tenemos un 58 por ciento de penetración de 4G, y a esta altura casi 20.000 radiobases de 4G desplegadas en todo el país.
Vamos a ver qué pasa con la evolución. Fíjense en pantalla que cuando iniciamos la gestión del ENACOM teníamos un universo de 7.600 radiobases desplegadas en el país y ahora, en el primer semestre del 2018 estamos llegando a 19.710, lo que habla de una aceleración de despliegue de infraestructura.
Respecto a internet móvil sobre las líneas de 4G, tenemos que hablar de que han cambiado los hábitos de consumo. La telefonía 4G ya no es solo para hablar sino también para el acceso a internet. Por eso, tenemos que medir estos valores.
En cuanto a la penetración de internet móvil, podemos hablar de un 69 por ciento de penetración en el país, y un tráfico de datos móviles por usuario de alrededor de 10 megas.
¿Como medimos la velocidad de 4G? Tenemos una velocidad de 12,53 megas, que se acerca bastante al promedio de velocidad de internet fija. Como decía antes, podemos ver en pantalla que los hábitos de consumo de la gente están cambiando. Ahora hay mucho más acceso a internet desde los teléfonos celulares que desde la internet fija. En el año 2012 teníamos un 82 por ciento de accesibilidad a internet por las plataformas PC y un 2,2 en plataformas móviles. Sin embargo, la ecuación se revierte y en marzo del 2017 el 51 por ciento accede a internet a través de internet móvil. Dentro de la accesibilidad a internet de estos 8.000.000 de acceso de banda ancha fija, el 59 por ciento de los hogares argentinos conectados de banda ancha fija y con 13 megas de velocidad promedio se establecen en una proporción de cómo son las plataformas de conectividad. En el gráfico en pantalla pueden ver su distribución: el 44 por ciento de la internet fija es a través de la redes de telefonía de ADSL; el cable módem tiene el 49 por ciento de los usuarios; y las redes de nueva generaciones, es decir, fibra directa al hogar, solo el 2,7. Con lo cual, esta ley habla de esto también, de incrementar el despliegue del desarrollo de redes de nuevas tecnologías y fibra directa al hogar.
En cuanto a wifi o acceso sin infraestructura de cable, tenemos el 2,5; internet satelital y otros, solo el 1,2.
¿Cómo estamos en relación a la región? En relación a la penetración de banda ancha fija, en América Latina somos el segundo país de la región. Tenemos 18 por ciento en comparación con Uruguay, que tiene el 27, y en relación a otros países más desarrollados, por supuesto tenemos mucho que incrementar.
Estos objetivos y este escenario en cuanto a la infraestructura y al despliegue de nuestras redes de telefonía móvil se complementan con una serie de medidas que se vienen tomando para mejorar el sector y para promover la competencia en este ecosistema de las TIC, para que además de la inversión privada necesaria para desarrollar nuestras redes y nuestra capacidad de conectividad al máximo, los que inviertan sean operadores de distinto tamaño, con distintas escalas, en toda la geografía. Por supuesto, apoyados a través de distintas políticas regulatorias.
En primer lugar, les quiero comentar que desde 2016 hemos entregado 1.160 licencias TIC, de las cuales 1.065 pertenecen a proveedores de internet, ISP, por lo que hay entonces 1.065 actores de distinto tamaño que proveen internet en distintas regiones del país.
Esta política de promoción de la competencia se complementa con una regulación muy importante, que nos dimos durante el año 2017 y que fue la reglamentación de las licencias de Operador Móvil Virtual. Es decir que a todos estos proveedores de internet -cooperativas, pymes y operadores de distintas regiones del país- se les permite, a través de esta regulación, prestar telefonía móvil con infraestructura que subalquilan a los operadores de telefonía móvil. Esto, además de promover la competencia, da la posibilidad de que todos puedan avanzar hacia la convergencia y brindar cuádruple play.
Fue necesario entonces agilizar los procesos. Se trabajó en conjunto con la Secretaría de TIC, es decir, con el secretario Héctor Huici, en la necesidad de actualizar la regulación, y se dictaron varios reglamentos para facilitar las licencias y promover la aparición de nuevos actores en el universo de las TIC.
Nos dimos un reglamento de licencias simplificadas; un reglamento de interconexión para fijar reglas claras entre los operadores para promover la interconexión y la utilización de las redes; un reglamento de operadores móviles virtuales; un reglamento de calidad y servicio, que impacta muy favorablemente en los parámetros de satisfacción del usuario; un nuevo régimen de portabilidad numérica, que permite que hoy un usuario de cualquier operador pueda mantener su número telefónico migrando de empresa en 24 horas, y un reglamento nuevo de usuarios.
En cuanto a la regulación de uso del espectro, hemos avanzado en darnos un reglamento para las frecuencias de uso compartido. Esto tiene que ver con las nuevas tecnologías, con la internet de las cosas -IOT- y con el aprovechamiento del espectro para las nuevas prestaciones.
La Secretaría de TIC también aprobó una regulación para poder usar la banda de 450 MHz -esto es fundamental, ya que estamos hablando de internet rural y de la importancia de poder utilizar esta banda para estos sectores, que a veces están muy distantes y que es difícil conectar- y, hace muy poco, en la última reunión de Directorio del ENACOM, dictamos un reglamento de redes comunitarias que establece la posibilidad de tener licencias de redes compartidas en poblaciones muy alejadas donde los licenciatarios sean operadores -por así decirlo, no son service providers (SP) o empresas telefónicas-; es decir, se asocian en una comuna o en un poblado alejado para poder recibir internet, por cualquiera de las vías, y distribuirla a través de wifi. En las localidades rurales, esta es una innovación muy importante y está dentro de los parámetros de lo que se trabaja en la CITEL.
Ustedes saben que la Argentina preside actualmente la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. También tiene una participación muy importante en la UIT, con un candidato que es el subsecretario de Telecomunicaciones, Oscar González -esto está por definirse en la asamblea de la UIT, en Dubai-, y en la OCDE.
Este tipo de regulaciones va a la vanguardia de lo que se está haciendo en otros países para conectar a los no conectados, para poder llegar -en un país como el nuestro- a poblaciones donde, por distancia y por geografía, es muy difícil conectar con fibra óptica u otra tecnología; estas herramientas son muy útiles para esos casos.
Brevemente, les comento -porque es algo que esta semana estuvo en la agenda y también tiene que ver con una mayor conectividad en la Argentina, ya que mejora el funcionamiento del ecosistema móvil y es una política muy importante para la seguridad de los usuarios- que hemos trabajado, junto con el Ministerio de Seguridad, en una política de bloqueo de terminales robadas y de nominativización de los celulares. En este sentido, les recuerdo que mañana vence el plazo para mantener la línea activa; si todavía no lo hicieron, les recomiendo que llamen al *234#.
En nuestro país, tenemos nominados casi el 70 por ciento del parque prepago de celulares. Esto es muy importante. También es una experiencia inédita dentro del conjunto de los países de la región.
Queremos que ningún celular en la Argentina sea anónimo y estamos trabajando, en conjunto con las operadoras telefónicas, para tener pronto el cien por ciento del parque prepago nominado.
En materia de accesibilidad, de trámites, de simplificación y desburocratización del Estado, es muy importante lo que se hizo ya que, gracias a estas políticas también se pudo acelerar el otorgamiento de licencias. Tenemos un portal de datos abiertos donde pueden encontrar toda la información que aquí les dejo, pero también hay información de mercado, indicadores, estadísticas y comparativos para que los ciudadanos puedan conocer los derechos y los servicios y también para que estos operadores, sobre todo los pequeños, los que no tienen la accesibilidad a los grandes mercados o a las regulaciones complejas, puedan tener aquí información para la toma de decisiones y mejorar la competitividad.
En cuanto a las políticas de conectividad, esto lo voy a pasar brevemente porque seguramente ustedes ya lo conocen, dado que han trabajado durante todo este año en la comisión en el seguimiento de estas políticas de conectividad que lleva adelante el ex Ministerio de Modernización, ahora Secretaría de Gobierno de Modernización. A través de la utilización del Fondo del Servicio Universal, hemos tomado como prioridad la conexión de toda la Argentina; esto a través de distintas iniciativas, como la culminación de la red troncal de fibra óptica, con la finalidad de llegar a conectar más de 1.200 localidades. Ya tenemos iluminados 34.000 kilómetros con fibra óptica. Llevamos 4.200 millones invertidos del Fondo del Servicio Universal, y la siguiente etapa de la Red Federal de Fibra Óptica, REFEFO, involucrará otros 550 nodos.
Iluminados refiere a la red, que estaba construida pero apagada; ahora está iluminada, operando.
En cuanto a la utilización del Fondo del Servicio Universal, como les comentaba, hemos ampliado la serie de créditos para llegar justamente aquí. Con la Red Federal de Fibra Óptica vamos hacia la infraestructura óptica. ARSAT es la que construye la red troncal, que genera conectividad y, a partir de esa iluminación -como decíamos recién-, distintos operadores -pequeños y medianos- llevan adelante la construcción de la conexión de la última milla, es decir, llegan al hogar de los ciudadanos.
Para eso es importante que quienes puedan generar y terminar esa conectividad de última milla sean aquellos actores -pequeños, del interior del país- a los que queremos promover y a los que les facilitamos las herramientas para que puedan competir.
Entonces, tenemos una línea de créditos de aportes no reembolsables. Hasta ahora se dio en localidades de hasta 2.500 habitantes y, a partir de este año, estamos ampliando esa posibilidad con concursos abiertos a localidades de hasta 10.000 habitantes con 30 millones de proyectos, y ya tenemos presentada una cantidad importante que pensamos otorgar antes de fin de año.
En cuanto a la infraestructura pública, mencionamos las redes educativas digitales. Podemos darles luego más información para pasarlo ahora rápidamente. La entrega de tablets a adultos mayores; a través de los municipios, hemos llegado a nueve localidades. Hemos destinado 130 millones en inversión y hemos entregado 100.000 tablets en todo el país: Mar del Plata, Paraná, Buenos Aires, Salta.
Vamos a ampliarlo para el año que viene también porque creemos que es importante generar la conectividad a esos sectores más vulnerables donde no llega la conexión, no solo para que puedan conectarse, sino también para la capacitación. Por eso, a partir de la Secretaría de Modernización se integraron todos estos programas y se trabaja en conjunto.
Internet satelital ya tiene 42.000 beneficiarios en 115 localidades. En aquellos lugares donde es difícil llegar con infraestructura de fibra, se llega con un enlace satelital, y a partir de ahí la conexión es con wifi.
Esto se complementa con anuncios que hizo el presidente la semana pasada por una línea del Fondo del Servicio Universal, destinada a créditos a través de entidades financieras públicas: el Banco Nación y el BICE. A través de esta serie de créditos para las pymes y microempresas vamos a destinar 500 millones por línea, hasta 20 millones por proyecto, con las siguientes características: son créditos hasta 5 años; el ENACOM, a través del Fondo del Servicio Universal subsidia la tasa para que sea más atractiva y fomente la inversión.
También estas políticas de conectividad se complementan con el Plan de Escuelas Rurales y con la estrategia de país digital. Como les decía, a partir de la Secretaría de Modernización, se engloban no sólo las políticas de conectividad sino también herramientas para la capacitación y formación de los ciudadanos en el uso de internet. Además, para el aprendizaje virtual hay programas que van desarrollándose en toda la geografía de nuestro país y que lleva capacitación a gran parte de la población.
Tenemos 3.480.000 asistentes, hay 393 puntos digitales en todo el país, 538 puntos de wifi gratuito, y el Programa Radar, que montado sobre esta infraestructura de conectividad, lo que hace es fomentar la alfabetización digital y generar habilidades digitales. En este año ya llevamos más de 186.000 personas capacitadas.
Hasta aquí fue un poco el diagnóstico y las políticas de fomento de conectividad. Le cedo la palabra al secretario Héctor Huici para que comente los principales aspectos de la ley y la política de espectro, que seguramente resultará interesante.
Vamos a comenzar explicando los objetivos de esta ley. Estamos planteando para el período 2018-2020 incrementar en 2 millones las actuales conexiones de internet -de esta forma llegaremos a las escuelas y hogares, en definitiva, para que todos los ciudadanos en la Argentina, sin importar el lugar donde vivan, tengan internet de banda ancha-; alcanzar los 20 megas de acceso a internet fija como velocidad promedio, y una cobertura y calidad de servicio 4G para llegar al 100 por ciento de cobertura en el país. Por su puesto, lo que persigue es la inclusión digital para romper con la brecha y mejorar la competitividad entre las TIC.
Hago una breve descripción del escenario. En cuanto al impacto económico del sector, podemos pensar que representa el 2,7 por ciento del producto bruto interno y que genera alrededor de 78.000 empleos directos.
¿Cómo está compuesto nuestro mapa de la conectividad? ¿Cómo es el escenario de las telecomunicaciones en la Argentina en las distintas plataformas? En telefonía móvil tenemos 60 millones de líneas activas; 35 millones de esas líneas corresponden al sistema prepago y 25 millones de líneas -el 42 por ciento-, al sistema postpago.
En cuanto al despliegue de infraestructura en la Argentina, por ahora estamos cubriendo con la tecnología de 4G. Ustedes saben que ya tenemos que hablar de desarrollo 5G y de incipientes experiencias en el mundo. Ahora estamos con un buen nivel de despliegue de 4G, casi 24.000.000 de líneas tienen esta tecnología. Además, somos el tercer país de la región con más acceso a 4G. Tenemos un 58 por ciento de penetración de 4G, y a esta altura casi 20.000 radiobases de 4G desplegadas en todo el país.
Vamos a ver qué pasa con la evolución. Fíjense en pantalla que cuando iniciamos la gestión del ENACOM teníamos un universo de 7.600 radiobases desplegadas en el país y ahora, en el primer semestre del 2018 estamos llegando a 19.710, lo que habla de una aceleración de despliegue de infraestructura.
Respecto a internet móvil sobre las líneas de 4G, tenemos que hablar de que han cambiado los hábitos de consumo. La telefonía 4G ya no es solo para hablar sino también para el acceso a internet. Por eso, tenemos que medir estos valores.
En cuanto a la penetración de internet móvil, podemos hablar de un 69 por ciento de penetración en el país, y un tráfico de datos móviles por usuario de alrededor de 10 megas.
¿Como medimos la velocidad de 4G? Tenemos una velocidad de 12,53 megas, que se acerca bastante al promedio de velocidad de internet fija. Como decía antes, podemos ver en pantalla que los hábitos de consumo de la gente están cambiando. Ahora hay mucho más acceso a internet desde los teléfonos celulares que desde la internet fija. En el año 2012 teníamos un 82 por ciento de accesibilidad a internet por las plataformas PC y un 2,2 en plataformas móviles. Sin embargo, la ecuación se revierte y en marzo del 2017 el 51 por ciento accede a internet a través de internet móvil. Dentro de la accesibilidad a internet de estos 8.000.000 de acceso de banda ancha fija, el 59 por ciento de los hogares argentinos conectados de banda ancha fija y con 13 megas de velocidad promedio se establecen en una proporción de cómo son las plataformas de conectividad. En el gráfico en pantalla pueden ver su distribución: el 44 por ciento de la internet fija es a través de la redes de telefonía de ADSL; el cable módem tiene el 49 por ciento de los usuarios; y las redes de nueva generaciones, es decir, fibra directa al hogar, solo el 2,7. Con lo cual, esta ley habla de esto también, de incrementar el despliegue del desarrollo de redes de nuevas tecnologías y fibra directa al hogar.
En cuanto a wifi o acceso sin infraestructura de cable, tenemos el 2,5; internet satelital y otros, solo el 1,2.
¿Cómo estamos en relación a la región? En relación a la penetración de banda ancha fija, en América Latina somos el segundo país de la región. Tenemos 18 por ciento en comparación con Uruguay, que tiene el 27, y en relación a otros países más desarrollados, por supuesto tenemos mucho que incrementar.
Estos objetivos y este escenario en cuanto a la infraestructura y al despliegue de nuestras redes de telefonía móvil se complementan con una serie de medidas que se vienen tomando para mejorar el sector y para promover la competencia en este ecosistema de las TIC, para que además de la inversión privada necesaria para desarrollar nuestras redes y nuestra capacidad de conectividad al máximo, los que inviertan sean operadores de distinto tamaño, con distintas escalas, en toda la geografía. Por supuesto, apoyados a través de distintas políticas regulatorias.
En primer lugar, les quiero comentar que desde 2016 hemos entregado 1.160 licencias TIC, de las cuales 1.065 pertenecen a proveedores de internet, ISP, por lo que hay entonces 1.065 actores de distinto tamaño que proveen internet en distintas regiones del país.
Esta política de promoción de la competencia se complementa con una regulación muy importante, que nos dimos durante el año 2017 y que fue la reglamentación de las licencias de Operador Móvil Virtual. Es decir que a todos estos proveedores de internet -cooperativas, pymes y operadores de distintas regiones del país- se les permite, a través de esta regulación, prestar telefonía móvil con infraestructura que subalquilan a los operadores de telefonía móvil. Esto, además de promover la competencia, da la posibilidad de que todos puedan avanzar hacia la convergencia y brindar cuádruple play.
Fue necesario entonces agilizar los procesos. Se trabajó en conjunto con la Secretaría de TIC, es decir, con el secretario Héctor Huici, en la necesidad de actualizar la regulación, y se dictaron varios reglamentos para facilitar las licencias y promover la aparición de nuevos actores en el universo de las TIC.
Nos dimos un reglamento de licencias simplificadas; un reglamento de interconexión para fijar reglas claras entre los operadores para promover la interconexión y la utilización de las redes; un reglamento de operadores móviles virtuales; un reglamento de calidad y servicio, que impacta muy favorablemente en los parámetros de satisfacción del usuario; un nuevo régimen de portabilidad numérica, que permite que hoy un usuario de cualquier operador pueda mantener su número telefónico migrando de empresa en 24 horas, y un reglamento nuevo de usuarios.
En cuanto a la regulación de uso del espectro, hemos avanzado en darnos un reglamento para las frecuencias de uso compartido. Esto tiene que ver con las nuevas tecnologías, con la internet de las cosas -IOT- y con el aprovechamiento del espectro para las nuevas prestaciones.
La Secretaría de TIC también aprobó una regulación para poder usar la banda de 450 MHz -esto es fundamental, ya que estamos hablando de internet rural y de la importancia de poder utilizar esta banda para estos sectores, que a veces están muy distantes y que es difícil conectar- y, hace muy poco, en la última reunión de Directorio del ENACOM, dictamos un reglamento de redes comunitarias que establece la posibilidad de tener licencias de redes compartidas en poblaciones muy alejadas donde los licenciatarios sean operadores -por así decirlo, no son service providers (SP) o empresas telefónicas-; es decir, se asocian en una comuna o en un poblado alejado para poder recibir internet, por cualquiera de las vías, y distribuirla a través de wifi. En las localidades rurales, esta es una innovación muy importante y está dentro de los parámetros de lo que se trabaja en la CITEL.
Ustedes saben que la Argentina preside actualmente la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. También tiene una participación muy importante en la UIT, con un candidato que es el subsecretario de Telecomunicaciones, Oscar González -esto está por definirse en la asamblea de la UIT, en Dubai-, y en la OCDE.
Este tipo de regulaciones va a la vanguardia de lo que se está haciendo en otros países para conectar a los no conectados, para poder llegar -en un país como el nuestro- a poblaciones donde, por distancia y por geografía, es muy difícil conectar con fibra óptica u otra tecnología; estas herramientas son muy útiles para esos casos.
Brevemente, les comento -porque es algo que esta semana estuvo en la agenda y también tiene que ver con una mayor conectividad en la Argentina, ya que mejora el funcionamiento del ecosistema móvil y es una política muy importante para la seguridad de los usuarios- que hemos trabajado, junto con el Ministerio de Seguridad, en una política de bloqueo de terminales robadas y de nominativización de los celulares. En este sentido, les recuerdo que mañana vence el plazo para mantener la línea activa; si todavía no lo hicieron, les recomiendo que llamen al *234#.
En nuestro país, tenemos nominados casi el 70 por ciento del parque prepago de celulares. Esto es muy importante. También es una experiencia inédita dentro del conjunto de los países de la región.
Queremos que ningún celular en la Argentina sea anónimo y estamos trabajando, en conjunto con las operadoras telefónicas, para tener pronto el cien por ciento del parque prepago nominado.
En materia de accesibilidad, de trámites, de simplificación y desburocratización del Estado, es muy importante lo que se hizo ya que, gracias a estas políticas también se pudo acelerar el otorgamiento de licencias. Tenemos un portal de datos abiertos donde pueden encontrar toda la información que aquí les dejo, pero también hay información de mercado, indicadores, estadísticas y comparativos para que los ciudadanos puedan conocer los derechos y los servicios y también para que estos operadores, sobre todo los pequeños, los que no tienen la accesibilidad a los grandes mercados o a las regulaciones complejas, puedan tener aquí información para la toma de decisiones y mejorar la competitividad.
En cuanto a las políticas de conectividad, esto lo voy a pasar brevemente porque seguramente ustedes ya lo conocen, dado que han trabajado durante todo este año en la comisión en el seguimiento de estas políticas de conectividad que lleva adelante el ex Ministerio de Modernización, ahora Secretaría de Gobierno de Modernización. A través de la utilización del Fondo del Servicio Universal, hemos tomado como prioridad la conexión de toda la Argentina; esto a través de distintas iniciativas, como la culminación de la red troncal de fibra óptica, con la finalidad de llegar a conectar más de 1.200 localidades. Ya tenemos iluminados 34.000 kilómetros con fibra óptica. Llevamos 4.200 millones invertidos del Fondo del Servicio Universal, y la siguiente etapa de la Red Federal de Fibra Óptica, REFEFO, involucrará otros 550 nodos.
Iluminados refiere a la red, que estaba construida pero apagada; ahora está iluminada, operando.
En cuanto a la utilización del Fondo del Servicio Universal, como les comentaba, hemos ampliado la serie de créditos para llegar justamente aquí. Con la Red Federal de Fibra Óptica vamos hacia la infraestructura óptica. ARSAT es la que construye la red troncal, que genera conectividad y, a partir de esa iluminación -como decíamos recién-, distintos operadores -pequeños y medianos- llevan adelante la construcción de la conexión de la última milla, es decir, llegan al hogar de los ciudadanos.
Para eso es importante que quienes puedan generar y terminar esa conectividad de última milla sean aquellos actores -pequeños, del interior del país- a los que queremos promover y a los que les facilitamos las herramientas para que puedan competir.
Entonces, tenemos una línea de créditos de aportes no reembolsables. Hasta ahora se dio en localidades de hasta 2.500 habitantes y, a partir de este año, estamos ampliando esa posibilidad con concursos abiertos a localidades de hasta 10.000 habitantes con 30 millones de proyectos, y ya tenemos presentada una cantidad importante que pensamos otorgar antes de fin de año.
En cuanto a la infraestructura pública, mencionamos las redes educativas digitales. Podemos darles luego más información para pasarlo ahora rápidamente. La entrega de tablets a adultos mayores; a través de los municipios, hemos llegado a nueve localidades. Hemos destinado 130 millones en inversión y hemos entregado 100.000 tablets en todo el país: Mar del Plata, Paraná, Buenos Aires, Salta.
Vamos a ampliarlo para el año que viene también porque creemos que es importante generar la conectividad a esos sectores más vulnerables donde no llega la conexión, no solo para que puedan conectarse, sino también para la capacitación. Por eso, a partir de la Secretaría de Modernización se integraron todos estos programas y se trabaja en conjunto.
Internet satelital ya tiene 42.000 beneficiarios en 115 localidades. En aquellos lugares donde es difícil llegar con infraestructura de fibra, se llega con un enlace satelital, y a partir de ahí la conexión es con wifi.
Esto se complementa con anuncios que hizo el presidente la semana pasada por una línea del Fondo del Servicio Universal, destinada a créditos a través de entidades financieras públicas: el Banco Nación y el BICE. A través de esta serie de créditos para las pymes y microempresas vamos a destinar 500 millones por línea, hasta 20 millones por proyecto, con las siguientes características: son créditos hasta 5 años; el ENACOM, a través del Fondo del Servicio Universal subsidia la tasa para que sea más atractiva y fomente la inversión.
También estas políticas de conectividad se complementan con el Plan de Escuelas Rurales y con la estrategia de país digital. Como les decía, a partir de la Secretaría de Modernización, se engloban no sólo las políticas de conectividad sino también herramientas para la capacitación y formación de los ciudadanos en el uso de internet. Además, para el aprendizaje virtual hay programas que van desarrollándose en toda la geografía de nuestro país y que lleva capacitación a gran parte de la población.
Tenemos 3.480.000 asistentes, hay 393 puntos digitales en todo el país, 538 puntos de wifi gratuito, y el Programa Radar, que montado sobre esta infraestructura de conectividad, lo que hace es fomentar la alfabetización digital y generar habilidades digitales. En este año ya llevamos más de 186.000 personas capacitadas.
Hasta aquí fue un poco el diagnóstico y las políticas de fomento de conectividad. Le cedo la palabra al secretario Héctor Huici para que comente los principales aspectos de la ley y la política de espectro, que seguramente resultará interesante.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor secretario de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el señor Héctor Huici.
SR. HUICI Señor presidente: buenas tardes a los diputados, diputadas y público presente. Antes de continuar con esta exposición, y teniendo en cuenta la particular fecha del día de hoy, permítanme saludar a todos los justicialistas en su día. Yo no soy justicialista pero soy respetuoso de todos los partidos políticos, así que me parecía justo saludarlos en su día.
Antes de entrar en lo que es el texto del proyecto aprobado por el Senado y conforme la distribución de tareas que hicimos con Silvana Giudici, vamos a comentar un poco este tema del espectro, que es uno de los aspectos que trata el proyecto de ley, particularmente en su artículo 3°.
En primer lugar, lo que vemos en este gráfico que se muestra en pantalla es la distribución de espectro para servicios móviles en la Argentina comparado con otras regiones: en un caso con la Unión Europea y en el otro con Latinoamérica. Se puede ver que en la asignación efectiva hay una distinción entre el espectro que está efectivamente atribuido para un servicio y el que está efectivamente asignado.
En el caso de la Argentina, hoy tenemos atribuidos 580 Mhz para servicios móviles, pero tenemos atribuida una cantidad inferior, que está en el orden de los 490 Mhz, de los cuales, y como ustedes saben, producto de la fusión entre Telecom y Cablevisión, una parte tiene que devolverse, por lo tanto efectivamente el espectro en utilización es bastante menor.
Las proyecciones de demanda hacen que necesariamente tengamos que continuar atribuyendo espectro. La cantidad de tráfico que va por los celulares cada día, particularmente por el incremento del tráfico de video, hace necesario que se robustezcan las redes.
Hay dos formas de incrementar la capacidad de las redes y una es con un mayor despliegue de infraestructura. En algún momento, y particularmente en las ciudades que tienen mayor densidad poblacional, eso tiene una limitante de razones técnicas y físicas, y en ese caso se necesita otorgar más espectro.
En pantalla vemos cómo evolucionó en la Argentina la atribución de espectro desde fines de la década del 80, momento en que aparecen los servicios móviles. Los mismos fueron introducidos en 1988, con prestación efectiva de servicios a partir de 1989. Durante los primeros años tuvimos 50 megahertz atribuidos para esto. Después, casi sobre el final de la década del 90, se incorporaron otros 120 y pasaron a 170 en total.
Prácticamente durante quince años esta cifra no se modificó. Hasta el año 2005 o 2006 acompañamos la tendencia en la región, y recién en el 2014, a través de la licitación de las frecuencias para los servicios de comunicaciones móviles avanzadas y 4G, se hizo una nueva atribución de espectro. Ello nos llevó a 380 y después, hace poco más de un año, a los 580 que mencioné anteriormente. Tenemos la perspectiva de llegar en el 2020 a 950 megahertz efectivamente atribuidos y asignados, de modo de acercarnos a las recomendaciones de la UIT, algo que todavía no vamos a alcanzar porque para ese año ya están previendo un mínimo en Latinoamérica de alrededor de 1.200 o 1.300 megas de espectro. Por supuesto, esto también depende de la banda de frecuencia que se atribuya y de la cantidad de infraestructura que se despliegue.
Respecto a la estructura de la ley, conocida como Ley Corta -nosotros la hemos llamado originalmente Ley de Fomento del Despliegue de Infraestructura y Competitividad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-, aborda la disponibilidad de tres instrumentos con el objetivo de mejorar la calidad y cantidad de los servicios que tengan a disposición todos los usuarios de la Argentina, logrando cubrir el 100 por ciento del territorio con servicios de calidad, a precios accesibles. Para ello, nos parece importante disponer de los instrumentos de política pública que este proyecto de ley plantea.
El primero tiene que ver con facilitar el despliegue de infraestructura a través de la compartición de lo que se llama infraestructura pasiva. La infraestructura activa es la que permite efectivamente la transmisión de comunicaciones y la pasiva es la que le sirve de soporte. Estamos hablando de ductos, postes y torres para la instalación de antenas, dado que lo que es electrónica o fibra óptica iluminada es lo que permite la transmisión. En este caso, se trata de fomentar la compartición de infraestructura de modo tal de facilitar el despliegue. Una de las limitantes más importantes que hoy estamos encontrando para el desarrollo de las redes, tanto en las móviles como las de la fibra óptica, son restricciones de gobiernos municipales o provinciales para el despliegue de infraestructura. Creemos que obligar a compartir es un instrumento que puede ser de mucha utilidad para fomentar el despliegue y la competencia, así como también para bajar los costos y, por ende, también poder bajar los precios que reciben los clientes finales de estos servicios.
Esta compartición no es absoluta, como tampoco lo es ninguna propuesta de política regulatoria, sino que tiene sus límites. El primero es la capacidad de la propia infraestructura; por ejemplo, no todo poste puede soportar que se continúe incorporando o colgando cables de él, ni todo ducto puede admitir que se coloque más fibra óptica en él. Pero allí donde haya capacidad y donde esa capacidad no esté comprometida razonablemente con las necesidades de crecimiento futuro de un operador -siguiendo lo que es una práctica que no es solo de la Argentina, sino también de otros países-, nos parece positivo que esto se comparta porque creemos que va a tener beneficios muy tangibles para los usuarios.
En caso de conflictos, está previsto que el ENACOM intervenga solucionándolos.
Esta compartición no es gratuita, sino que es a título oneroso. De modo que hay que pagar porque, obviamente, alguien hizo la inversión y tiene que estar remunerado por haber hecho esa inversión.
Esta obligación que hoy existe para los prestadores TIC, la queremos hacer extensiva con este proyecto de ley a los titulares de otras infraestructuras, como pueden ser las redes eléctricas o las redes de gas, entre otras.
Eso, básicamente, es lo que abordan los artículos 1° y 2° de este proyecto de ley. El artículo 3° tiene como objetivo mejorar la conectividad móvil. Esto se vincula con lo que yo hablaba hace un rato del espectro y tiene que ver con modificar un artículo de la ley 27.208 que le había otorgado una reserva preferencial, no una asignación. En general, la política en materia de espectro no es otorgar reservas, pero había una reserva preferencial a favor de la empresa pública ARSAT de 90 megahertz de espectro. Esta reserva está desde el año 2014, no se utilizan y nos parece que es un recurso que está ahí ocioso y que debería rápidamente ponerse a disposición de distintas empresas para que, a través de adjudicaciones por concurso o alguno de los otros métodos previstos en la legislación, pueda estar a disposición de otros prestadores.
Particularmente, el Senado ha establecido que al menos un 20 por ciento de ese espectro debe estar reservado para operaciones de carácter regional, se trate de empresas privadas o de empresas públicas.
Como les decía, el crecimiento de los servicios móviles es muy importante. Hoy no solo tenemos 60 millones de usuarios conectados, sino que en el corto plazo no solo vamos a tener personas conectadas, sino máquinas y animales conectados. Esto va a requerir obviamente seguir incrementando las asignaciones de espectro y poner a disposición de los distintos actores este espectro, para que puedan acompañar el crecimiento de los servicios.
El tercer aspecto tiene que ver -aunque todos están vinculados-, como decía antes, con brindar mayor competitividad a los servicios.
Queremos eliminar algunas barreras regulatorias que establecen ciertas asimetrías, en donde los servicios no se están regulando por las características intrínsecas del servicio, por la prestación que brindan al usuario, sino por las tecnologías que se utilizan.
Creemos que esto, que pudo haber sido válido alguna vez en el pasado, ya no responde a la realidad de la tecnología actual y de los servicios convergentes y hay que eliminar estas regulaciones, de modo tal de permitir una mayor amplitud de desarrollo de la competencia y esto se ha hecho también estableciendo algunas medidas para asegurar que haya una competencia en un terreno equilibrado.
Por eso hemos puesto algunas salvaguardas que, en primer lugar, tienen que ver con extender por un tiempo más los plazos, para que algunas de estas barreras sean eliminadas, particularmente en materia de televisión satelital ofrecida por parte de cualquier operador TIC y particularmente los incumbentes. Eso se limita a partir del 1° de julio del 2020, en los tres principales mercados de la Argentina, con una extensión que va hasta el 2022 para localidades de menos de 100.000 habitantes.
Pero no solo estamos proponiendo una prórroga, sino también algunas medidas de carácter estructural para asegurar la competencia y la preservación de los operadores locales eficientes, que existen y que son muchos.
En esa materia también, como salvaguarda, estamos planteando que los operadores que quieran entrar en esta zona, si son operadores móviles, deben hacer una oferta obligatoria en forma previa de sus redes para operadores móviles virtuales.
El operador móvil virtual, como acá se explicó, le da la posibilidad a un operador que no tiene una red móvil o que no tiene espectro propio que, arrendando a nivel mayorista de uno de estos operadores, pueda ofrecer a nivel minorista un servicio móvil, sin ser titular de una red móvil. Por eso se le llama virtual. Es un mecanismo vigente en algunos lugares del mundo con mercados muy desarrollados como Alemania y Holanda, donde el 25 o el 30 por ciento de los usuarios móviles lo hacen a través de una operadora móvil virtual. En Latinoamérica el mercado más desarrollado en esta materia es el de Colombia y también está bastante desarrollado -aunque no se conoce mucho- en Estados Unidos. Nosotros creemos que esta es una alternativa interesante para operadores, que se suma a la de poder disponer de espectro y eventualmente tener una red propia.
También hay otra serie de salvaguardas en materia de interconexión y en materia de limitación temporal para que las grandes empresas paqueticen sus servicios. Es decir, durante algún tiempo las empresas más grandes no van a poder hacer una oferta combinada de servicios móviles con servicios de radiodifusión por suscripción. Esto coincide con los plazos de apertura a la competencia plena en radiodifusión que antes mencioné, y también una facultad a los organismos de regulación del Poder Ejecutivo para eventualmente poder intervenir en materia de comercialización de los contenidos que se distribuyen, con el objetivo de proteger a pymes y cooperativas.
También es importante señalar que se mantienen todas las disposiciones legales y reglamentarias de protección y promoción, diría, de la industria audiovisual local. Los operadores de los servicios de radiodifusión por suscripción, por cualquier vínculo que sea, tendrán cargas y obligaciones similares en materia de distribución obligatoria de contenidos, atento a la naturaleza de cada uno de ellos.
Finalmente hay una disposición, como es habitual en este tipo de leyes, que deroga las disposiciones de las leyes anteriores que se oponen a la presente. Hay otra disposición transitoria que fue incorporada por el Senado para el caso de las frecuencias de ARSAT. En la medida que haya solicitudes por parte de operadores TIC regionales, hay que celebrar o llamar a concurso en un plazo de 180 días contados a partir de esta solicitud.
Con esto termino esta rápida presentación y creo que lo más interesante va a ser aclarar o responder las inquietudes que puedan tener los señores diputados. Como dije al principio, nuestro objetivo con esta ley es promover el despliegue de infraestructura, promover la competencia y obtener, en definitiva, más y mejores servicios para absolutamente todos los habitantes de la República Argentina. Muchas gracias.
Antes de entrar en lo que es el texto del proyecto aprobado por el Senado y conforme la distribución de tareas que hicimos con Silvana Giudici, vamos a comentar un poco este tema del espectro, que es uno de los aspectos que trata el proyecto de ley, particularmente en su artículo 3°.
En primer lugar, lo que vemos en este gráfico que se muestra en pantalla es la distribución de espectro para servicios móviles en la Argentina comparado con otras regiones: en un caso con la Unión Europea y en el otro con Latinoamérica. Se puede ver que en la asignación efectiva hay una distinción entre el espectro que está efectivamente atribuido para un servicio y el que está efectivamente asignado.
En el caso de la Argentina, hoy tenemos atribuidos 580 Mhz para servicios móviles, pero tenemos atribuida una cantidad inferior, que está en el orden de los 490 Mhz, de los cuales, y como ustedes saben, producto de la fusión entre Telecom y Cablevisión, una parte tiene que devolverse, por lo tanto efectivamente el espectro en utilización es bastante menor.
Las proyecciones de demanda hacen que necesariamente tengamos que continuar atribuyendo espectro. La cantidad de tráfico que va por los celulares cada día, particularmente por el incremento del tráfico de video, hace necesario que se robustezcan las redes.
Hay dos formas de incrementar la capacidad de las redes y una es con un mayor despliegue de infraestructura. En algún momento, y particularmente en las ciudades que tienen mayor densidad poblacional, eso tiene una limitante de razones técnicas y físicas, y en ese caso se necesita otorgar más espectro.
En pantalla vemos cómo evolucionó en la Argentina la atribución de espectro desde fines de la década del 80, momento en que aparecen los servicios móviles. Los mismos fueron introducidos en 1988, con prestación efectiva de servicios a partir de 1989. Durante los primeros años tuvimos 50 megahertz atribuidos para esto. Después, casi sobre el final de la década del 90, se incorporaron otros 120 y pasaron a 170 en total.
Prácticamente durante quince años esta cifra no se modificó. Hasta el año 2005 o 2006 acompañamos la tendencia en la región, y recién en el 2014, a través de la licitación de las frecuencias para los servicios de comunicaciones móviles avanzadas y 4G, se hizo una nueva atribución de espectro. Ello nos llevó a 380 y después, hace poco más de un año, a los 580 que mencioné anteriormente. Tenemos la perspectiva de llegar en el 2020 a 950 megahertz efectivamente atribuidos y asignados, de modo de acercarnos a las recomendaciones de la UIT, algo que todavía no vamos a alcanzar porque para ese año ya están previendo un mínimo en Latinoamérica de alrededor de 1.200 o 1.300 megas de espectro. Por supuesto, esto también depende de la banda de frecuencia que se atribuya y de la cantidad de infraestructura que se despliegue.
Respecto a la estructura de la ley, conocida como Ley Corta -nosotros la hemos llamado originalmente Ley de Fomento del Despliegue de Infraestructura y Competitividad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-, aborda la disponibilidad de tres instrumentos con el objetivo de mejorar la calidad y cantidad de los servicios que tengan a disposición todos los usuarios de la Argentina, logrando cubrir el 100 por ciento del territorio con servicios de calidad, a precios accesibles. Para ello, nos parece importante disponer de los instrumentos de política pública que este proyecto de ley plantea.
El primero tiene que ver con facilitar el despliegue de infraestructura a través de la compartición de lo que se llama infraestructura pasiva. La infraestructura activa es la que permite efectivamente la transmisión de comunicaciones y la pasiva es la que le sirve de soporte. Estamos hablando de ductos, postes y torres para la instalación de antenas, dado que lo que es electrónica o fibra óptica iluminada es lo que permite la transmisión. En este caso, se trata de fomentar la compartición de infraestructura de modo tal de facilitar el despliegue. Una de las limitantes más importantes que hoy estamos encontrando para el desarrollo de las redes, tanto en las móviles como las de la fibra óptica, son restricciones de gobiernos municipales o provinciales para el despliegue de infraestructura. Creemos que obligar a compartir es un instrumento que puede ser de mucha utilidad para fomentar el despliegue y la competencia, así como también para bajar los costos y, por ende, también poder bajar los precios que reciben los clientes finales de estos servicios.
Esta compartición no es absoluta, como tampoco lo es ninguna propuesta de política regulatoria, sino que tiene sus límites. El primero es la capacidad de la propia infraestructura; por ejemplo, no todo poste puede soportar que se continúe incorporando o colgando cables de él, ni todo ducto puede admitir que se coloque más fibra óptica en él. Pero allí donde haya capacidad y donde esa capacidad no esté comprometida razonablemente con las necesidades de crecimiento futuro de un operador -siguiendo lo que es una práctica que no es solo de la Argentina, sino también de otros países-, nos parece positivo que esto se comparta porque creemos que va a tener beneficios muy tangibles para los usuarios.
En caso de conflictos, está previsto que el ENACOM intervenga solucionándolos.
Esta compartición no es gratuita, sino que es a título oneroso. De modo que hay que pagar porque, obviamente, alguien hizo la inversión y tiene que estar remunerado por haber hecho esa inversión.
Esta obligación que hoy existe para los prestadores TIC, la queremos hacer extensiva con este proyecto de ley a los titulares de otras infraestructuras, como pueden ser las redes eléctricas o las redes de gas, entre otras.
Eso, básicamente, es lo que abordan los artículos 1° y 2° de este proyecto de ley. El artículo 3° tiene como objetivo mejorar la conectividad móvil. Esto se vincula con lo que yo hablaba hace un rato del espectro y tiene que ver con modificar un artículo de la ley 27.208 que le había otorgado una reserva preferencial, no una asignación. En general, la política en materia de espectro no es otorgar reservas, pero había una reserva preferencial a favor de la empresa pública ARSAT de 90 megahertz de espectro. Esta reserva está desde el año 2014, no se utilizan y nos parece que es un recurso que está ahí ocioso y que debería rápidamente ponerse a disposición de distintas empresas para que, a través de adjudicaciones por concurso o alguno de los otros métodos previstos en la legislación, pueda estar a disposición de otros prestadores.
Particularmente, el Senado ha establecido que al menos un 20 por ciento de ese espectro debe estar reservado para operaciones de carácter regional, se trate de empresas privadas o de empresas públicas.
Como les decía, el crecimiento de los servicios móviles es muy importante. Hoy no solo tenemos 60 millones de usuarios conectados, sino que en el corto plazo no solo vamos a tener personas conectadas, sino máquinas y animales conectados. Esto va a requerir obviamente seguir incrementando las asignaciones de espectro y poner a disposición de los distintos actores este espectro, para que puedan acompañar el crecimiento de los servicios.
El tercer aspecto tiene que ver -aunque todos están vinculados-, como decía antes, con brindar mayor competitividad a los servicios.
Queremos eliminar algunas barreras regulatorias que establecen ciertas asimetrías, en donde los servicios no se están regulando por las características intrínsecas del servicio, por la prestación que brindan al usuario, sino por las tecnologías que se utilizan.
Creemos que esto, que pudo haber sido válido alguna vez en el pasado, ya no responde a la realidad de la tecnología actual y de los servicios convergentes y hay que eliminar estas regulaciones, de modo tal de permitir una mayor amplitud de desarrollo de la competencia y esto se ha hecho también estableciendo algunas medidas para asegurar que haya una competencia en un terreno equilibrado.
Por eso hemos puesto algunas salvaguardas que, en primer lugar, tienen que ver con extender por un tiempo más los plazos, para que algunas de estas barreras sean eliminadas, particularmente en materia de televisión satelital ofrecida por parte de cualquier operador TIC y particularmente los incumbentes. Eso se limita a partir del 1° de julio del 2020, en los tres principales mercados de la Argentina, con una extensión que va hasta el 2022 para localidades de menos de 100.000 habitantes.
Pero no solo estamos proponiendo una prórroga, sino también algunas medidas de carácter estructural para asegurar la competencia y la preservación de los operadores locales eficientes, que existen y que son muchos.
En esa materia también, como salvaguarda, estamos planteando que los operadores que quieran entrar en esta zona, si son operadores móviles, deben hacer una oferta obligatoria en forma previa de sus redes para operadores móviles virtuales.
El operador móvil virtual, como acá se explicó, le da la posibilidad a un operador que no tiene una red móvil o que no tiene espectro propio que, arrendando a nivel mayorista de uno de estos operadores, pueda ofrecer a nivel minorista un servicio móvil, sin ser titular de una red móvil. Por eso se le llama virtual. Es un mecanismo vigente en algunos lugares del mundo con mercados muy desarrollados como Alemania y Holanda, donde el 25 o el 30 por ciento de los usuarios móviles lo hacen a través de una operadora móvil virtual. En Latinoamérica el mercado más desarrollado en esta materia es el de Colombia y también está bastante desarrollado -aunque no se conoce mucho- en Estados Unidos. Nosotros creemos que esta es una alternativa interesante para operadores, que se suma a la de poder disponer de espectro y eventualmente tener una red propia.
También hay otra serie de salvaguardas en materia de interconexión y en materia de limitación temporal para que las grandes empresas paqueticen sus servicios. Es decir, durante algún tiempo las empresas más grandes no van a poder hacer una oferta combinada de servicios móviles con servicios de radiodifusión por suscripción. Esto coincide con los plazos de apertura a la competencia plena en radiodifusión que antes mencioné, y también una facultad a los organismos de regulación del Poder Ejecutivo para eventualmente poder intervenir en materia de comercialización de los contenidos que se distribuyen, con el objetivo de proteger a pymes y cooperativas.
También es importante señalar que se mantienen todas las disposiciones legales y reglamentarias de protección y promoción, diría, de la industria audiovisual local. Los operadores de los servicios de radiodifusión por suscripción, por cualquier vínculo que sea, tendrán cargas y obligaciones similares en materia de distribución obligatoria de contenidos, atento a la naturaleza de cada uno de ellos.
Finalmente hay una disposición, como es habitual en este tipo de leyes, que deroga las disposiciones de las leyes anteriores que se oponen a la presente. Hay otra disposición transitoria que fue incorporada por el Senado para el caso de las frecuencias de ARSAT. En la medida que haya solicitudes por parte de operadores TIC regionales, hay que celebrar o llamar a concurso en un plazo de 180 días contados a partir de esta solicitud.
Con esto termino esta rápida presentación y creo que lo más interesante va a ser aclarar o responder las inquietudes que puedan tener los señores diputados. Como dije al principio, nuestro objetivo con esta ley es promover el despliegue de infraestructura, promover la competencia y obtener, en definitiva, más y mejores servicios para absolutamente todos los habitantes de la República Argentina. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor diputado Ziliotto.
SR. ZILIOTTO Señor presidente: buenas tardes a todos y bienvenidos a quienes nos visitan.
Seguramente la gran mayoría de los presentes vamos a coincidir -quizá todos- en que deberíamos estar discutiendo una ley integral de comunicaciones convergentes. Ese fue el compromiso que tomó el gobierno nacional cuando se decidió derogar la antigua ley de medios. Hay una comisión trabajando en ese sentido y creo que de una vez por todas tenemos que fijar, a través de la ley, o sea, con políticas de Estado donde participen absolutamente todos los actores, los prestadores, los representantes de la institucionalidad argentina y los representantes de la sociedad civil, cuáles son las reglas de juego y el rol del Estado en el tema de las comunicaciones.
Por eso hoy aceptamos el desafío de debatir esta ley pero estamos haciendo un análisis muy sesgado, casi coyuntural, tratando de que el gobierno nacional zanje una disputa empresarial. Desde mi punto de vista, esto claramente plantea ver cómo morigeramos las diferencias que tiene un gran operador con respecto a los otros dos grandes operadores.
En ese sentido, creo que se ha diseñado una ley que -más allá de todos los cambios que hizo el Senado, y que compartimos esos cambios aunque no todos- tiene como eje trasladar el mercado de la Capital Federal al interior del país, pero sabemos que no es lo mismo.
Hay una gran asimetría en la magnitud de los prestadores. Se ha morigerado, en cierta manera, la posibilidad de que haya una posición dominante por parte de los grandes jugadores con respecto a los pequeños; los artículos 1° y 2° han salvado la diferencia de infraestructura, donde ha quedado realmente como corresponde, respetando la titularidad de quienes invirtieron en su momento.
Pero cuando hemos recibido distintos actores aquí en la comisión hemos visto que están reclamando mayor protección. Los jugadores pequeños, los que están en el mercado regional, están reclamando que los protejamos un poco más.
Seguramente llevaremos adelante este análisis con la participación de otros diputados.
Un tema que me preocupa y me ocupa -saben bien que he estado trabajando en este tema- es el artículo 3°, que se refiere a la asignación del espectro radioeléctrico.
Creo que vamos a coincidir en que el patrimonio nacional deber estar a disposición para que los usuarios tengan el mejor y mayor servicio. Muchas veces, como pasa en la Argentina -y en esto muchas veces nosotros comulgamos-, debe ser a través de los actores privados. Pero no podemos asignar todo el espectro radioeléctrico, que es patrimonio nacional, para que el mercado defina cuál es el rol que tiene que cumplir. Más aún cuando estamos queriendo derogar una ley que establece que este espectro radioeléctrico cumple una función social.
El secretario hablaba de que no está asignado a ARSAT sino que está reservado, pero tiene una función social. Claramente, la ley 27.208 habla de crear una red gubernamental de seguridad pública y de gobierno electrónico.
Para que quede claro lo que dice esta ley voy a leer. El objetivo de la reserva de ese espectro radioeléctrico busca "la reducción de la brecha digital geográfica en todo el país, con cobertura en zonas geográficas, económicas y socialmente excluidas, sin servicio o con servicio deficiente, a través de la posibilidad de ingreso de nuevos actores sociales", junto con ARSAT, y los discrimina como SAPEM y cooperativas.
Yo les pregunto, ¿el sector privado va a cumplir este rol si nosotros le asignamos este espectro radioeléctrico? No, y es lo que corresponde. El sector privado tiene una función de lucro. La función social es para el Estado.
Tenemos que buscar la ecuanimidad en cómo asignamos este espectro radioeléctrico, más aún cuando el secretario plantea que tenemos un horizonte, una expectativa. En eso creo que hay que darle la derecha al gobierno, que piensa que en el año 2020 vamos a llegar a un espectro de 950 megas.
Más aún si tenemos en cuenta que a partir de la fusión de Telecom y Cablevisión van a tener que devolver espectro. Si no me equivoco alrededor de 84 megas. Esto, siempre y cuando -en esto tenemos que tener una salvaguarda- se mantenga el techo por operador y por zona geográfica de 140 megas. Ustedes saben bien que el anterior secretario de Comunicaciones planteó en los medios que estaban analizando elevar de 140 a 180 la posibilidad de asignación de megas a los prestadores. Entonces, no sea cosa que Telecom y Cablevisión tengan que devolver menos. Creo que eso también tenemos que salvaguardarlo.
Con respecto al tema de cuál es el rol, el otro día lo charlábamos con prestadores y con especialistas. No tenemos que pensar que esto es una capacidad ociosa. Tiene un rol, que no se ha efectivizado
Quiero hacer una pregunta para que todos lo entiendan. En el interior profundo, como nos gusta decir a nosotros, en el oeste de La Pampa, que es mi caso, cuando hay incendios nos enteramos cuando la nube llegó a miles de metros. ¿Por qué no tener un servicio de 4G al servicio de la seguridad pública, interconectando defensa civil, la policía y bomberos voluntarios?
Este espectro radioeléctrico tiene ya una función. Tenemos que facilitar esa función y después, lo que queda, ponerlo al servicio del sector privado para que brinde mejores servicios, seguramente en los grandes centros urbanos. Es lógico.
Si bien acá el artículo 3° plantea que, de todo el espectro, un 20 por ciento está reservado para los actores locales y regionales, también dice que el resto estará a disposición de ARSAT, según cuánto requiera.
Hasta ahora ARSAT nunca requirió nada. Es más, si uno analiza las exposiciones que hizo el ministro Ibarra cuando fue al Senado, planteó claramente en dos oportunidades que estaban esperando a que esta ley saliera para poner a disposición los 90 megas para que los privados puedan subir su techo y brindar mejores servicios. Entonces, hay una intención de no dejar ninguna parte del espectro radioeléctrico destinado a la función social.
Tenemos que hacerlo como política de Estado. El privado, como decía el secretario, a través de inversiones, puede incrementar el servicio. El privado puede hacer más inversiones y dejar parte del espectro radioeléctrico para que los argentinos, tal como dice esta ley que queremos derogar, a partir del achicamiento de la brecha digital y de la integración social, tengamos el mismo acceso a la tecnología, vivamos donde vivamos. Creo que ése es el rol que tenemos que plantear nosotros en esta ley.
Nosotros lo hemos planteado y charlado con el presidente: queremos modificar el artículo 3° y darle la posibilidad a las provincias que quieran. Tampoco se trata de asignar algo y que después esté en desuso. Hay muchas provincias, como la mía, y aquí vinieron los representantes de Entre Ríos y los de Santa Cruz y están dispuestos a crear su propia empresa de telecomunicaciones para llegar donde no llega el privado. Esto es casi natural.
Creo que tenemos disponibilidad de espectro radioeléctrico para darle solución a todos los temas, para que el privado tenga la posibilidad de seguir invirtiendo, para que el Estado pueda cumplir su rol y para que todos tengamos el mejor servicio.
En ese sentido, tenemos que buscar un término ecuánime y distribuir el espectro radioeléctrico, que es un patrimonio de todos los argentinos, para el bien de cada uno de ellos, vivan donde vivan.
Seguramente la gran mayoría de los presentes vamos a coincidir -quizá todos- en que deberíamos estar discutiendo una ley integral de comunicaciones convergentes. Ese fue el compromiso que tomó el gobierno nacional cuando se decidió derogar la antigua ley de medios. Hay una comisión trabajando en ese sentido y creo que de una vez por todas tenemos que fijar, a través de la ley, o sea, con políticas de Estado donde participen absolutamente todos los actores, los prestadores, los representantes de la institucionalidad argentina y los representantes de la sociedad civil, cuáles son las reglas de juego y el rol del Estado en el tema de las comunicaciones.
Por eso hoy aceptamos el desafío de debatir esta ley pero estamos haciendo un análisis muy sesgado, casi coyuntural, tratando de que el gobierno nacional zanje una disputa empresarial. Desde mi punto de vista, esto claramente plantea ver cómo morigeramos las diferencias que tiene un gran operador con respecto a los otros dos grandes operadores.
En ese sentido, creo que se ha diseñado una ley que -más allá de todos los cambios que hizo el Senado, y que compartimos esos cambios aunque no todos- tiene como eje trasladar el mercado de la Capital Federal al interior del país, pero sabemos que no es lo mismo.
Hay una gran asimetría en la magnitud de los prestadores. Se ha morigerado, en cierta manera, la posibilidad de que haya una posición dominante por parte de los grandes jugadores con respecto a los pequeños; los artículos 1° y 2° han salvado la diferencia de infraestructura, donde ha quedado realmente como corresponde, respetando la titularidad de quienes invirtieron en su momento.
Pero cuando hemos recibido distintos actores aquí en la comisión hemos visto que están reclamando mayor protección. Los jugadores pequeños, los que están en el mercado regional, están reclamando que los protejamos un poco más.
Seguramente llevaremos adelante este análisis con la participación de otros diputados.
Un tema que me preocupa y me ocupa -saben bien que he estado trabajando en este tema- es el artículo 3°, que se refiere a la asignación del espectro radioeléctrico.
Creo que vamos a coincidir en que el patrimonio nacional deber estar a disposición para que los usuarios tengan el mejor y mayor servicio. Muchas veces, como pasa en la Argentina -y en esto muchas veces nosotros comulgamos-, debe ser a través de los actores privados. Pero no podemos asignar todo el espectro radioeléctrico, que es patrimonio nacional, para que el mercado defina cuál es el rol que tiene que cumplir. Más aún cuando estamos queriendo derogar una ley que establece que este espectro radioeléctrico cumple una función social.
El secretario hablaba de que no está asignado a ARSAT sino que está reservado, pero tiene una función social. Claramente, la ley 27.208 habla de crear una red gubernamental de seguridad pública y de gobierno electrónico.
Para que quede claro lo que dice esta ley voy a leer. El objetivo de la reserva de ese espectro radioeléctrico busca "la reducción de la brecha digital geográfica en todo el país, con cobertura en zonas geográficas, económicas y socialmente excluidas, sin servicio o con servicio deficiente, a través de la posibilidad de ingreso de nuevos actores sociales", junto con ARSAT, y los discrimina como SAPEM y cooperativas.
Yo les pregunto, ¿el sector privado va a cumplir este rol si nosotros le asignamos este espectro radioeléctrico? No, y es lo que corresponde. El sector privado tiene una función de lucro. La función social es para el Estado.
Tenemos que buscar la ecuanimidad en cómo asignamos este espectro radioeléctrico, más aún cuando el secretario plantea que tenemos un horizonte, una expectativa. En eso creo que hay que darle la derecha al gobierno, que piensa que en el año 2020 vamos a llegar a un espectro de 950 megas.
Más aún si tenemos en cuenta que a partir de la fusión de Telecom y Cablevisión van a tener que devolver espectro. Si no me equivoco alrededor de 84 megas. Esto, siempre y cuando -en esto tenemos que tener una salvaguarda- se mantenga el techo por operador y por zona geográfica de 140 megas. Ustedes saben bien que el anterior secretario de Comunicaciones planteó en los medios que estaban analizando elevar de 140 a 180 la posibilidad de asignación de megas a los prestadores. Entonces, no sea cosa que Telecom y Cablevisión tengan que devolver menos. Creo que eso también tenemos que salvaguardarlo.
Con respecto al tema de cuál es el rol, el otro día lo charlábamos con prestadores y con especialistas. No tenemos que pensar que esto es una capacidad ociosa. Tiene un rol, que no se ha efectivizado
Quiero hacer una pregunta para que todos lo entiendan. En el interior profundo, como nos gusta decir a nosotros, en el oeste de La Pampa, que es mi caso, cuando hay incendios nos enteramos cuando la nube llegó a miles de metros. ¿Por qué no tener un servicio de 4G al servicio de la seguridad pública, interconectando defensa civil, la policía y bomberos voluntarios?
Este espectro radioeléctrico tiene ya una función. Tenemos que facilitar esa función y después, lo que queda, ponerlo al servicio del sector privado para que brinde mejores servicios, seguramente en los grandes centros urbanos. Es lógico.
Si bien acá el artículo 3° plantea que, de todo el espectro, un 20 por ciento está reservado para los actores locales y regionales, también dice que el resto estará a disposición de ARSAT, según cuánto requiera.
Hasta ahora ARSAT nunca requirió nada. Es más, si uno analiza las exposiciones que hizo el ministro Ibarra cuando fue al Senado, planteó claramente en dos oportunidades que estaban esperando a que esta ley saliera para poner a disposición los 90 megas para que los privados puedan subir su techo y brindar mejores servicios. Entonces, hay una intención de no dejar ninguna parte del espectro radioeléctrico destinado a la función social.
Tenemos que hacerlo como política de Estado. El privado, como decía el secretario, a través de inversiones, puede incrementar el servicio. El privado puede hacer más inversiones y dejar parte del espectro radioeléctrico para que los argentinos, tal como dice esta ley que queremos derogar, a partir del achicamiento de la brecha digital y de la integración social, tengamos el mismo acceso a la tecnología, vivamos donde vivamos. Creo que ése es el rol que tenemos que plantear nosotros en esta ley.
Nosotros lo hemos planteado y charlado con el presidente: queremos modificar el artículo 3° y darle la posibilidad a las provincias que quieran. Tampoco se trata de asignar algo y que después esté en desuso. Hay muchas provincias, como la mía, y aquí vinieron los representantes de Entre Ríos y los de Santa Cruz y están dispuestos a crear su propia empresa de telecomunicaciones para llegar donde no llega el privado. Esto es casi natural.
Creo que tenemos disponibilidad de espectro radioeléctrico para darle solución a todos los temas, para que el privado tenga la posibilidad de seguir invirtiendo, para que el Estado pueda cumplir su rol y para que todos tengamos el mejor servicio.
En ese sentido, tenemos que buscar un término ecuánime y distribuir el espectro radioeléctrico, que es un patrimonio de todos los argentinos, para el bien de cada uno de ellos, vivan donde vivan.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra la señora Giudici.
SRA. GIUDICI Es muy larga su reflexión, señor diputado. Vamos a distribuirnos la respuesta en cuanto al aspecto técnico, sobre el espectro le va a contestar el secretario Huici.
En primer lugar, quiero decirle que la Argentina es un país con 60.000.000 de líneas de celulares, es decir, tenemos más celulares que población. Solo alrededor del 60 por ciento de dichos celulares tiene penetración 4G y eso habla de la importancia de desarrollar infraestructura y de generar mayor ancho de banda para la telefonía celular. Entendiendo cómo funcionan los celulares, que es a través del espectro radioeléctrico dedicado a la telefonía móvil, podemos entender por qué es necesario disponibilizar esos 90 megas de ARSAT para mejorar los servicios de todos los ciudadanos. Por lo menos, esa es la meta que nos hemos propuesto.
Como les comentaba antes, y con los indicadores de conectividad que les acerqué, estamos trabajando en dos sentidos. Primero, para generar la infraestructura pública y privada, que es necesaria, porque sería muy ilógico pensar que solo con una red troncal de fibra óptica se puede conectar a todos los argentinos. La realidad es que se necesita el esfuerzo del sector privado. Por esta razón, también estamos generando herramientas para la correcta fiscalización y control del despliegue 4G. Llevamos 20.000 radiobases instaladas en estos dos años, con lo cual, creemos que esta es la estrategia para generar la infraestructura que hace falta y para dotar de mayores recursos. Es cierto que el espectro dedicado a ARSAT está reservado, pero nunca fue puesto en funciones porque si ese espectro se dedica para esto que queremos, debería ARSAT convertirse en un operador de telefonía celular. Nosotros creemos que ese no es el principal factor de esta empresa, que es pública y lleva infraestructura de conectividad a los argentinos pero no debería convertirse en un operador privado. Eso creemos nosotros y para eso estamos trabajando.
También estamos trabajando para el derrumbe de los precios. Esta política es tan efectiva en cuanto a la utilización del Fondo del Servicio Universal, que el mega mayorista del que dispone ARSAT en cada uno de los puntos de las 1.200 localidades conectadas se ha derrumbado. En el año 2006 salía 25 dólares el mega mayorista, luego pasó a ser 14 el mega, y la semana pasada se hizo el anuncio de llevarlo a 10 dólares el mega mayorista. Esto derrumba la tarifa y privilegia a los actores privados pequeños que dependen del arrendamiento de esas redes y, por lo tanto, tienen que pagar valores de mercado mucho más altos. En cambio, ARSAT está para fomentar la conectividad y la competencia.
En cuanto a la necesidad de proteger a los pequeños, estamos tan convencidos de eso que, a partir de estos fondos de aportes no reembolsables, de los créditos y de la regulación de operador móvil virtual, se han convertido en operadores móviles virtuales treinta pequeños operadores que ya tienen su licencia para operar. Todas estas políticas de promoción de la competencia generan el mismo efecto que usted señalaba que tenemos que buscar.
Por otra parte, respecto de la ley larga, usted señalaba el compromiso del gobierno. Ese compromiso sigue vigente. El plazo para el envío de la ley -es una prerrogativa del presidente enviar el mensaje al Poder Legislativo- se está cumpliendo en los próximos 60 días.
Creemos en la necesidad de una ley integral de telecomunicaciones o de comunicaciones convergentes, y aquí sí quiero corregir en algo lo que se decía.
No se derogó la ley de medios, se modificaron algunos de sus artículos. La incorporación de la convergencia, en realidad, se hizo en 2014, cuando la ley 27.078 les dio a las telefónicas la posibilidad de prestar radiodifusión.
Lo que ha hecho esta gestión es equilibrar la cancha, dar un cronograma de convergencia para que las grandes empresas telefónicas tuvieran, como mostraba el secretario, un desplazamiento del tiempo para el cuádruple play, y que no sean los pequeños, que ya estarían en crisis de supervivencia si hubiera sido por la ley 27.078, porque si las telefónicas hubieran prestado radiodifusión en 2014, difícilmente habrían sobrevivido.
En primer lugar, quiero decirle que la Argentina es un país con 60.000.000 de líneas de celulares, es decir, tenemos más celulares que población. Solo alrededor del 60 por ciento de dichos celulares tiene penetración 4G y eso habla de la importancia de desarrollar infraestructura y de generar mayor ancho de banda para la telefonía celular. Entendiendo cómo funcionan los celulares, que es a través del espectro radioeléctrico dedicado a la telefonía móvil, podemos entender por qué es necesario disponibilizar esos 90 megas de ARSAT para mejorar los servicios de todos los ciudadanos. Por lo menos, esa es la meta que nos hemos propuesto.
Como les comentaba antes, y con los indicadores de conectividad que les acerqué, estamos trabajando en dos sentidos. Primero, para generar la infraestructura pública y privada, que es necesaria, porque sería muy ilógico pensar que solo con una red troncal de fibra óptica se puede conectar a todos los argentinos. La realidad es que se necesita el esfuerzo del sector privado. Por esta razón, también estamos generando herramientas para la correcta fiscalización y control del despliegue 4G. Llevamos 20.000 radiobases instaladas en estos dos años, con lo cual, creemos que esta es la estrategia para generar la infraestructura que hace falta y para dotar de mayores recursos. Es cierto que el espectro dedicado a ARSAT está reservado, pero nunca fue puesto en funciones porque si ese espectro se dedica para esto que queremos, debería ARSAT convertirse en un operador de telefonía celular. Nosotros creemos que ese no es el principal factor de esta empresa, que es pública y lleva infraestructura de conectividad a los argentinos pero no debería convertirse en un operador privado. Eso creemos nosotros y para eso estamos trabajando.
También estamos trabajando para el derrumbe de los precios. Esta política es tan efectiva en cuanto a la utilización del Fondo del Servicio Universal, que el mega mayorista del que dispone ARSAT en cada uno de los puntos de las 1.200 localidades conectadas se ha derrumbado. En el año 2006 salía 25 dólares el mega mayorista, luego pasó a ser 14 el mega, y la semana pasada se hizo el anuncio de llevarlo a 10 dólares el mega mayorista. Esto derrumba la tarifa y privilegia a los actores privados pequeños que dependen del arrendamiento de esas redes y, por lo tanto, tienen que pagar valores de mercado mucho más altos. En cambio, ARSAT está para fomentar la conectividad y la competencia.
En cuanto a la necesidad de proteger a los pequeños, estamos tan convencidos de eso que, a partir de estos fondos de aportes no reembolsables, de los créditos y de la regulación de operador móvil virtual, se han convertido en operadores móviles virtuales treinta pequeños operadores que ya tienen su licencia para operar. Todas estas políticas de promoción de la competencia generan el mismo efecto que usted señalaba que tenemos que buscar.
Por otra parte, respecto de la ley larga, usted señalaba el compromiso del gobierno. Ese compromiso sigue vigente. El plazo para el envío de la ley -es una prerrogativa del presidente enviar el mensaje al Poder Legislativo- se está cumpliendo en los próximos 60 días.
Creemos en la necesidad de una ley integral de telecomunicaciones o de comunicaciones convergentes, y aquí sí quiero corregir en algo lo que se decía.
No se derogó la ley de medios, se modificaron algunos de sus artículos. La incorporación de la convergencia, en realidad, se hizo en 2014, cuando la ley 27.078 les dio a las telefónicas la posibilidad de prestar radiodifusión.
Lo que ha hecho esta gestión es equilibrar la cancha, dar un cronograma de convergencia para que las grandes empresas telefónicas tuvieran, como mostraba el secretario, un desplazamiento del tiempo para el cuádruple play, y que no sean los pequeños, que ya estarían en crisis de supervivencia si hubiera sido por la ley 27.078, porque si las telefónicas hubieran prestado radiodifusión en 2014, difícilmente habrían sobrevivido.
SR. HUICI Complementando y apuntando básicamente a los espectros, no obstante, quiero agregar una cuestión más. Con este proyecto de ley -y, por supuesto, todo siempre es debatible, opinable; son puntos de vista- a quien queremos proteger es al más débil de la cadena, que siempre es el que menos opciones tiene: el usuario. Es decir, hay empresas grandes, medianas y pequeñas, y hay usuarios. En esa cadena, siempre la parte más débil es el consumidor.
Después, según las realidades de cada mercado, de mayor o menor tamaño, habrá más o menos opciones. Los mercados no solo son de servicios sino geográficos y, obviamente, a veces, en alguna localidad, hay un único prestador para internet, un único prestador para la televisión por suscripción.
Como tenemos un operador satelital que, producto de estas asimetrías regulatorias, virtualmente tiene un monopolio de hecho, diría que, en general, lo que está garantizado es que haya dos operadores de televisión por suscripción en cualquier localidad de la Argentina, tres operadores de telefonía móvil y uno -como mucho, dos- de telefonía fija y, en general, donde más competencia se da es en el servicio de internet.
Pero esto no busca compensar determinadas operaciones o intereses empresarios sino generar un entorno equilibrado para fomentar competencia, tener reglas equilibradas, que cada uno de los distintos prestadores -independientemente de su tamaño y ubicación geográfica- tenga todos los instrumentos para hacer la combinación y la oferta de servicios que entienda que mejor satisface a su cliente, al consumidor o a su asociado, como ocurre en el caso de la cooperativa.
La determinación de quién es más exitoso o menos exitoso debiera ser la consecuencia de ofrecer el mejor servicio, satisfacer de la mejor manera la necesidad de comunicación de cada uno, no la consecuencia de mantener artificialmente barreras que, en general, en el mundo no existen.
Yendo específicamente a los temas que le preocupan al diputado -con quien me une alguna vinculación por ser de La Pampa, ya que mi padre era pampeano-, no dejo de compartir algunas cuestiones.
De hecho, la licitación de 2014 a la que hice referencia dispuso como una de las obligaciones llevar cobertura a más de 20.000 kilómetros de corredores viales, a todas las poblaciones de 500 habitantes y a todas aquellas que estuvieran ubicadas en un radio de 20 kilómetros a partir de los corredores viales con cobertura. Este es un proceso en desarrollo.
En el anuncio de la semana pasada, el presidente informó que a fin del año que viene el 93 por ciento de la población estará cubierta y que también tendrán cobertura prácticamente 10.000 kilómetros de corredores viales.
Son muy pocas las localidades que nos quedarían sin telefonía celular, y creo que la disponibilidad de espectro a futuro en otros procedimientos u otras licitaciones podrá hacer que también llevemos cobertura a esas localidades que no la tendrán al final de este proceso. Y probablemente, en algunos lugares muy aislados o con muy poca población haya que pensar en otro tipo de soluciones por una cuestión de economía de escala.
Una red de seguridad, como la que se propuso, tiene su costo. Creo que ARSAT no es que no lo ha hecho, en todo caso, desde la anterior gestión a la actual han tenido otras prioridades. Creo que es más prioritario terminar la red de fibra óptica y continuar con el plan de desarrollo satelital.
Existen pocos países en el mundo, de hecho, creo que hay solo uno, que es Estados Unidos, que con un costo de 6.000 millones de dólares y con el espectro gratis va a desarrollar una red exclusivamente para seguridad, emergencias y catástrofes. En el resto de los países se aprovechan las redes privadas, constituyendo redes virtuales dentro de las redes privadas para tener mucho menor costo y una mayor cobertura.
Ya se intentó que ARSAT fuera un operador de telefonía móvil en el 2012, cuando se declaró desierta la licitación de frecuencias que el gobierno había recuperado luego de aprobar la fusión de Telefónica y Movicom. Las licitó, se declaró desierta esa licitación y, acto seguido, se las atribuyó a ARSAT para que haga una red. De hecho, la marca iba a ser Libre.ar. No pudieron hacerlo, creo que por falta de recursos. Pero en el año 2014, a través del decreto 671 o 674 -no recuerdo precisamente el número-, haciendo referencia a que un recurso de este tipo no debía permanecer ocioso, decidieron licitarlo juntamente con las frecuencias de 4G, a fines de ese año y creo que fue una decisión acertada.
Estos 90 Mhz de ARSAT no es todo el espectro que va a estar disponible para llegar a 950. Es verdad que el señor ministro anunció en el Senado que este espectro iba a ponerse a disponibilidad rápidamente. También es verdad que, en ese entonces, dijo que estábamos contemplando expresamente en esa asignación a operadores de carácter regional.
Además, estamos pensando que en el corto y en el mediano plazo va a haber a disposición más espectro. Obviamente, todos van a poder participar y habrá que tener reglas adecuadas en función de los objetivos de política pública que en cada momento se determinen para que puedan aparecer nuevos operadores o para que los actuales puedan tenerlo a su disposición en los lugares donde necesitan más espectro.
También quiero decir que, entre las cosas que hemos hecho hace poco, está la atribución de la banda de 450 megahertz, que es una banda para servicios fijos y móviles inalámbricos, particularmente para áreas rurales. El objetivo es destinarla primordialmente a áreas rurales. Por eso, inicialmente se va a poder operar con esta banda en localidades de menos de 100.000 habitantes y, en la medida que vayamos desplazando otros servicios que están en localidades mayores, también las vamos a incorporar.
Hemos limitado la posibilidad de participar en la asignación de estas frecuencias -que en principio no se van a cobrar, salvo que haya más de un interesado, y ahí obviamente concursen-, porque es para operadores pymes y cooperativas. Es decir, no pueden participar en estos concursos los tres operadores incumbentes de telefonía móvil. No por nada, sino porque ya tienen espectro asignado y pueden dar servicios parecidos con el espectro que ya tienen asignado.
Esta frecuencia es muy idónea para estas áreas. Permite cubrir con una antena un radio de 40 kilómetros y, dependiendo de la orografía del lugar, incluso más. Así que, realmente creemos que esto también contribuye a que lugares del interior del interior y, donde haya pymes y cooperativas, puedan ampliar su radio de cobertura de servicios, dando servicios en áreas suburbanas o rurales con una frecuencia que es bastante idónea para este servicio.
Para facilitar el desarrollo de este y otros servicios, también hemos otorgado espectro de uso no licenciado. Es decir, espectro que es de uso libre y que se puede utilizar sin requerir ningún tipo de trámites, respetando simplemente limitaciones técnicas de transmisión. Este espectro no se paga y va a ser muy idóneo para que se desarrolle, sobre todo en la banda de 900, que también permite una cobertura interesante a lo que se llama internet de las cosas y donde, todo aquello que tiene que ver con la producción rural, se va a ver significativamente beneficiado con la aparición de prestadores aprovechando este tipo de frecuencias.
La sanción que vino del Senado expresamente prevé que, como mínimo -no dice que tenga que ser un número máximo, sino que como mínimo-, una parte de este espectro tiene que estar a disposición de operadores regionales. Es importante señalar aquí que no todo el espectro es equivalente, por lo tanto, es posible que al momento de hacer una licitación regional ese número sea más elevado que el 20 por ciento que está marcando el proyecto de ley.
No sé si con esto he cubierto los puntos que planteaba el diputado.
Después, según las realidades de cada mercado, de mayor o menor tamaño, habrá más o menos opciones. Los mercados no solo son de servicios sino geográficos y, obviamente, a veces, en alguna localidad, hay un único prestador para internet, un único prestador para la televisión por suscripción.
Como tenemos un operador satelital que, producto de estas asimetrías regulatorias, virtualmente tiene un monopolio de hecho, diría que, en general, lo que está garantizado es que haya dos operadores de televisión por suscripción en cualquier localidad de la Argentina, tres operadores de telefonía móvil y uno -como mucho, dos- de telefonía fija y, en general, donde más competencia se da es en el servicio de internet.
Pero esto no busca compensar determinadas operaciones o intereses empresarios sino generar un entorno equilibrado para fomentar competencia, tener reglas equilibradas, que cada uno de los distintos prestadores -independientemente de su tamaño y ubicación geográfica- tenga todos los instrumentos para hacer la combinación y la oferta de servicios que entienda que mejor satisface a su cliente, al consumidor o a su asociado, como ocurre en el caso de la cooperativa.
La determinación de quién es más exitoso o menos exitoso debiera ser la consecuencia de ofrecer el mejor servicio, satisfacer de la mejor manera la necesidad de comunicación de cada uno, no la consecuencia de mantener artificialmente barreras que, en general, en el mundo no existen.
Yendo específicamente a los temas que le preocupan al diputado -con quien me une alguna vinculación por ser de La Pampa, ya que mi padre era pampeano-, no dejo de compartir algunas cuestiones.
De hecho, la licitación de 2014 a la que hice referencia dispuso como una de las obligaciones llevar cobertura a más de 20.000 kilómetros de corredores viales, a todas las poblaciones de 500 habitantes y a todas aquellas que estuvieran ubicadas en un radio de 20 kilómetros a partir de los corredores viales con cobertura. Este es un proceso en desarrollo.
En el anuncio de la semana pasada, el presidente informó que a fin del año que viene el 93 por ciento de la población estará cubierta y que también tendrán cobertura prácticamente 10.000 kilómetros de corredores viales.
Son muy pocas las localidades que nos quedarían sin telefonía celular, y creo que la disponibilidad de espectro a futuro en otros procedimientos u otras licitaciones podrá hacer que también llevemos cobertura a esas localidades que no la tendrán al final de este proceso. Y probablemente, en algunos lugares muy aislados o con muy poca población haya que pensar en otro tipo de soluciones por una cuestión de economía de escala.
Una red de seguridad, como la que se propuso, tiene su costo. Creo que ARSAT no es que no lo ha hecho, en todo caso, desde la anterior gestión a la actual han tenido otras prioridades. Creo que es más prioritario terminar la red de fibra óptica y continuar con el plan de desarrollo satelital.
Existen pocos países en el mundo, de hecho, creo que hay solo uno, que es Estados Unidos, que con un costo de 6.000 millones de dólares y con el espectro gratis va a desarrollar una red exclusivamente para seguridad, emergencias y catástrofes. En el resto de los países se aprovechan las redes privadas, constituyendo redes virtuales dentro de las redes privadas para tener mucho menor costo y una mayor cobertura.
Ya se intentó que ARSAT fuera un operador de telefonía móvil en el 2012, cuando se declaró desierta la licitación de frecuencias que el gobierno había recuperado luego de aprobar la fusión de Telefónica y Movicom. Las licitó, se declaró desierta esa licitación y, acto seguido, se las atribuyó a ARSAT para que haga una red. De hecho, la marca iba a ser Libre.ar. No pudieron hacerlo, creo que por falta de recursos. Pero en el año 2014, a través del decreto 671 o 674 -no recuerdo precisamente el número-, haciendo referencia a que un recurso de este tipo no debía permanecer ocioso, decidieron licitarlo juntamente con las frecuencias de 4G, a fines de ese año y creo que fue una decisión acertada.
Estos 90 Mhz de ARSAT no es todo el espectro que va a estar disponible para llegar a 950. Es verdad que el señor ministro anunció en el Senado que este espectro iba a ponerse a disponibilidad rápidamente. También es verdad que, en ese entonces, dijo que estábamos contemplando expresamente en esa asignación a operadores de carácter regional.
Además, estamos pensando que en el corto y en el mediano plazo va a haber a disposición más espectro. Obviamente, todos van a poder participar y habrá que tener reglas adecuadas en función de los objetivos de política pública que en cada momento se determinen para que puedan aparecer nuevos operadores o para que los actuales puedan tenerlo a su disposición en los lugares donde necesitan más espectro.
También quiero decir que, entre las cosas que hemos hecho hace poco, está la atribución de la banda de 450 megahertz, que es una banda para servicios fijos y móviles inalámbricos, particularmente para áreas rurales. El objetivo es destinarla primordialmente a áreas rurales. Por eso, inicialmente se va a poder operar con esta banda en localidades de menos de 100.000 habitantes y, en la medida que vayamos desplazando otros servicios que están en localidades mayores, también las vamos a incorporar.
Hemos limitado la posibilidad de participar en la asignación de estas frecuencias -que en principio no se van a cobrar, salvo que haya más de un interesado, y ahí obviamente concursen-, porque es para operadores pymes y cooperativas. Es decir, no pueden participar en estos concursos los tres operadores incumbentes de telefonía móvil. No por nada, sino porque ya tienen espectro asignado y pueden dar servicios parecidos con el espectro que ya tienen asignado.
Esta frecuencia es muy idónea para estas áreas. Permite cubrir con una antena un radio de 40 kilómetros y, dependiendo de la orografía del lugar, incluso más. Así que, realmente creemos que esto también contribuye a que lugares del interior del interior y, donde haya pymes y cooperativas, puedan ampliar su radio de cobertura de servicios, dando servicios en áreas suburbanas o rurales con una frecuencia que es bastante idónea para este servicio.
Para facilitar el desarrollo de este y otros servicios, también hemos otorgado espectro de uso no licenciado. Es decir, espectro que es de uso libre y que se puede utilizar sin requerir ningún tipo de trámites, respetando simplemente limitaciones técnicas de transmisión. Este espectro no se paga y va a ser muy idóneo para que se desarrolle, sobre todo en la banda de 900, que también permite una cobertura interesante a lo que se llama internet de las cosas y donde, todo aquello que tiene que ver con la producción rural, se va a ver significativamente beneficiado con la aparición de prestadores aprovechando este tipo de frecuencias.
La sanción que vino del Senado expresamente prevé que, como mínimo -no dice que tenga que ser un número máximo, sino que como mínimo-, una parte de este espectro tiene que estar a disposición de operadores regionales. Es importante señalar aquí que no todo el espectro es equivalente, por lo tanto, es posible que al momento de hacer una licitación regional ese número sea más elevado que el 20 por ciento que está marcando el proyecto de ley.
No sé si con esto he cubierto los puntos que planteaba el diputado.
SR. ZILIOTTO Le agradezco toda la información. De todas maneras, hay baches mucho más grandes de 40 kilómetros. En La Pampa hay un área, que es el oeste pampeano, donde hay 500 kilómetros entre los grandes corredores. En ese sentido hay que tomar como muestra toda la geografía argentina.
Por eso planteo que el rol de la asignación del espectro para mejorar la calidad del servicio de los usuarios está perfecto y el vehículo, el operador con un control, más aún todavía. Me pregunto quién va a cumplir la función social. O sea, el rol que tiene la ley, más allá de que se aplique o no.
Por eso planteo que el rol de la asignación del espectro para mejorar la calidad del servicio de los usuarios está perfecto y el vehículo, el operador con un control, más aún todavía. Me pregunto quién va a cumplir la función social. O sea, el rol que tiene la ley, más allá de que se aplique o no.
SRA. GIUDICI En primer lugar, hay un compromiso e incluso el presidente lo anunció la semana pasada. Tenemos niveles de penetración de 4G bastante aceptables y buenos para la región. No son como quisiéramos a nivel mundial, pero tenemos un 58 por ciento de penetración de 4G. El compromiso para el año que viene es tener al 93 por ciento de la población conectada a 4G. Con lo cual, el control sobre el despliegue de las empresas es permanente.
Por otro lado, vuelvo a diferenciar lo que significa la banda destinada a las telecomunicaciones y la necesidad de ir migrando e incorporando nuevas tecnologías. Ya estamos pensando en asignación de bandas para internet de las cosas, como decía recién el secretario, está la banda de 450 Mhz. Tenemos asignaciones en el 1.8 para esta red de seguridad que ahora opera en la banda de 400 Mhz pero que puede ubicarse en el 1.8 para el año que viene. También, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación se está trabajando en conjunto con el ENACOM para fortalecer esta red.
Además, pensamos mucho en el rol de las emergencias, como usted decía. Nos preocupa el tema de los accidentes naturales en nuestro país donde el servicio se cae. Para eso el reglamento de usuarios incorpora fuertemente un control sobre las empresas. En el día de mañana, estaremos dictando en el directorio de ENACOM una obligación para las empresas telefónicas de no bloquear el receptor de radio de los teléfonos celulares. Esto es porque en muchas partes del mundo se ha demostrado con gran efectividad, a la hora de una emergencia, cuando se caen las redes de telefonía, que poder disponer del receptor de AM y FM en el teléfono salva vidas. Por eso para nosotros es una prioridad igual que para usted.
Creemos que en el mundo la utilización y atribución de bandas de un recurso limitado, como es el espectro radioeléctrico, tiene que ser para generar mejor servicio, para lograr eficiencia en las comunicaciones. También para actualizar, porque como le mostré en el gráfico anterior, nuestro país tiene aproximadamente un 44 por ciento de redes de ADSL y es necesario migrar hacia nuevas tecnologías, como son las redes de nueva generación denominadas FTTH. Para eso también dimos regulaciones como el decreto 1340/16 y vamos pensando en la necesidad de insertar a la Argentina.
No hay desarrollo posible en un país si no hay infraestructura de conectividad, y si no podemos a través de internet competir, producir, llevar educación o llevar otros derechos. Ese es el verdadero rol social de nuestra infraestructura de telecomunicaciones, con un gobierno presente, que además establece políticas de reducción de brecha y políticas de capacitación de los ciudadanos. No serviría de nada tener la infraestructura y ciudadanos que no tengan la tecnología o que no puedan acceder a ellas porque sencillamente no saben prender un dispositivo móvil o utilizar internet para hacer trámites, para acercarse a la gente, en definitiva, para poder gozar de todos los derechos en todo el territorio.
Por eso me parece que estamos hablando de lo mismo. Quizás con la disquisición del federalismo que usted hacía, contar por primera vez en la Argentina con operadores móviles regionales es una oportunidad que yo no descartaría y por eso les pedimos a todos ustedes el acompañamiento de este proyecto de ley.
Por otro lado, vuelvo a diferenciar lo que significa la banda destinada a las telecomunicaciones y la necesidad de ir migrando e incorporando nuevas tecnologías. Ya estamos pensando en asignación de bandas para internet de las cosas, como decía recién el secretario, está la banda de 450 Mhz. Tenemos asignaciones en el 1.8 para esta red de seguridad que ahora opera en la banda de 400 Mhz pero que puede ubicarse en el 1.8 para el año que viene. También, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación se está trabajando en conjunto con el ENACOM para fortalecer esta red.
Además, pensamos mucho en el rol de las emergencias, como usted decía. Nos preocupa el tema de los accidentes naturales en nuestro país donde el servicio se cae. Para eso el reglamento de usuarios incorpora fuertemente un control sobre las empresas. En el día de mañana, estaremos dictando en el directorio de ENACOM una obligación para las empresas telefónicas de no bloquear el receptor de radio de los teléfonos celulares. Esto es porque en muchas partes del mundo se ha demostrado con gran efectividad, a la hora de una emergencia, cuando se caen las redes de telefonía, que poder disponer del receptor de AM y FM en el teléfono salva vidas. Por eso para nosotros es una prioridad igual que para usted.
Creemos que en el mundo la utilización y atribución de bandas de un recurso limitado, como es el espectro radioeléctrico, tiene que ser para generar mejor servicio, para lograr eficiencia en las comunicaciones. También para actualizar, porque como le mostré en el gráfico anterior, nuestro país tiene aproximadamente un 44 por ciento de redes de ADSL y es necesario migrar hacia nuevas tecnologías, como son las redes de nueva generación denominadas FTTH. Para eso también dimos regulaciones como el decreto 1340/16 y vamos pensando en la necesidad de insertar a la Argentina.
No hay desarrollo posible en un país si no hay infraestructura de conectividad, y si no podemos a través de internet competir, producir, llevar educación o llevar otros derechos. Ese es el verdadero rol social de nuestra infraestructura de telecomunicaciones, con un gobierno presente, que además establece políticas de reducción de brecha y políticas de capacitación de los ciudadanos. No serviría de nada tener la infraestructura y ciudadanos que no tengan la tecnología o que no puedan acceder a ellas porque sencillamente no saben prender un dispositivo móvil o utilizar internet para hacer trámites, para acercarse a la gente, en definitiva, para poder gozar de todos los derechos en todo el territorio.
Por eso me parece que estamos hablando de lo mismo. Quizás con la disquisición del federalismo que usted hacía, contar por primera vez en la Argentina con operadores móviles regionales es una oportunidad que yo no descartaría y por eso les pedimos a todos ustedes el acompañamiento de este proyecto de ley.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor diputado Ramón.
SR. RAMÓN En principio, quiero decirle a la señora presidenta del ENACOM y al señor secretario que celebro que podamos estar discutiendo este proyecto de ley porque creo que es -en palabras suyas- una posibilidad enorme la que tenemos en la Argentina de poder desarrollarnos en la medida en que podamos tener tecnología, obviamente, me refiero a esta tecnología de punta.
Hoy la realidad es que uno de cada tres argentinos en toda la República Argentina no tiene acceso a internet. Ese no es un tema menor.
Quiero hacer algunas apreciaciones sobre el proyecto que viene del Senado y también sobre algunas apreciaciones que ustedes hacen. Lo diré de una manera desordenada pero con ejemplos concretos que ocurren hoy. Asimismo, hablaré desde dos posiciones. Por un lado, desde el derecho que tienen los usuarios y consumidores, que es una imposición de tipo constitucional. De la manera en que se intenta proceder a la incorporación de estas nuevas tecnologías, hay dos aspectos de los derechos del usuario y del consumidor donde creo que tenemos unos huecos bastante grandes, tanto en el proyecto y en la manera en que ocurre actualmente. Me refiero a la protección de los intereses económicos de los usuarios del sistema y, por otro lado, la protección a los usuarios y consumidores en términos de la defensa de la competencia, de los monopolios naturales y legales.
Por otro lado, la segunda posición desde la que hablaré está relacionada con el federalismo, al que el diputado hizo una referencia muy clara y muy concreta, pero yo quiero ser más concreto todavía.
Doy un ejemplo y empezaré por esta parte del federalismo: dice el proyecto que todos, de manera igualitaria, van a tener acceso a esta infraestructura que se necesita para el desarrollo de las comunicaciones; perfecto. Pero el sistema económico como el que nosotros vivimos es visibilizado desde hace muy poco. A mí me tocó ser parte de una asociación de consumidores que impugnó expresamente la fusión de la empresa Cablevisión con Telecom porque creía que el Estado tiene que tener un rol fundamental, impuesto por el artículo 42 de la Constitución Nacional, donde cada actividad económica es transversal a cualquiera fuere la posición política que tengamos cuando tratamos sobre un tema.
Cuando hablamos de monopolios u oligopolios que pueden llegar a construirse a partir de este proyecto de ley, ¿de qué hablo? De un ejemplo muy concreto. Hay un expediente, que es el 40.008, que está caratulado "Protectora c/empresa DirecTV Argentina Sociedad Anónima por amparo". En la provincia de Mendoza tuvimos que llegar a un proceso judicial, no las pequeñas empresas de comunicaciones por televisión, sino desde los usuarios. Me refiero a un juicio hecho desde una asociación de consumidores. ¿Qué ocurría? Esa empresa, haciendo uso de su poder dominante para la comercialización de los productos de televisión satelital, al día de hoy, 17 de octubre del año 2018, no transmite en la provincia de Mendoza los canales de aire Canal 7, Canal 9, Acequia y la Unidiversidad. Esto es muy grave. ¿Por qué digo grave? Porque se permite que una empresa con posición dominante y con carácter de tipo monopólico abuse, no de las empresas que hacen su negocio comercial transmitiendo televisión abierta, sino de los usuarios de los distintos lugares de la provincia que no tienen acceso a esos canales en los lugares más alejados.
Creo que ese es un ejemplo -es la segunda vez que lo tratamos en esta comisión- que requiere una respuesta clara por parte de los que dirigen el ENACOM.
¿Por qué lo digo? Porque en este proyecto de ley, por ejemplo, hay una modificación que vamos a proponer porque el ENACOM no tiene plazo para resolver las cuestiones en donde se pongan de acuerdo las empresas que pretendan utilizar la infraestructura. No tiene plazo.
El caso de Asociación Protectora contra la empresa DirecTV fue en el 2016. El ENACOM, como autoridad administrativa de control del monopolio, oligopolio y de la empresa con poder dominante, tiene una sentencia de un juez federal, con confirmación de la Cámara Federal, y no cumplió con la disposición de los jueces que dijo: cumpla con la ley, señor DirecTV.
El ENACOM, al no tener plazo, lleva un año y medio de resoluciones. Personalmente, antes de ser diputado y siendo abogado de la asociación, tenía que ir con un escribano a pedirle al ENACOM que ponga en funcionamiento los mecanismos para evitar este abuso por parte de una empresa que ejerce su poder dominante. El ejemplo es claro.
Después, el segundo punto donde los usuarios tienen que tener respuesta, es que hoy por hoy, la condición de tener acceso a la red es fundamental.
Este año hubo un tratamiento de un decreto de necesidad y urgencia donde, desde el Ministerio de la Producción, se pretendía dejar de enviar el resume en papel de los bancos y de las compañías de seguro, aduciendo que queremos poner a la Argentina en el siglo XXI y que toda la gente deje de utilizar papel por cuestiones ecológicas y todos los argumentos que ya sabemos. Pero ¿cómo hacemos para avanzar en ese mundo si las personas no tienen acceso a la red?
¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando se produce la concentración monopólica u oligopólica -como creo yo que va a ocurrir acá porque no se ve en el proyecto que pueda existir control por parte del Estado de ese oligopolio-, si bien el acceso puede ser posible, ¿cómo va a ser la sanción para aquel usuario que utiliza el teléfono celular para los cuatro, cinco o seis servicios que se presten y se le tengan que cortar todos a la vez porque no pudo pagar el teléfono celular?
¿Qué pasa con internet? ¿Qué pasa con la televisión? ¿Qué pasa con cada uno de los sistemas de comunicación que van a estar incorporados y administrados por este pequeño grupo de grandes empresas que prestan servicios concentrados de manera oligopólica y que, evidentemente desde el Estado, se está queriendo proteger?
Hoy la realidad es que uno de cada tres argentinos en toda la República Argentina no tiene acceso a internet. Ese no es un tema menor.
Quiero hacer algunas apreciaciones sobre el proyecto que viene del Senado y también sobre algunas apreciaciones que ustedes hacen. Lo diré de una manera desordenada pero con ejemplos concretos que ocurren hoy. Asimismo, hablaré desde dos posiciones. Por un lado, desde el derecho que tienen los usuarios y consumidores, que es una imposición de tipo constitucional. De la manera en que se intenta proceder a la incorporación de estas nuevas tecnologías, hay dos aspectos de los derechos del usuario y del consumidor donde creo que tenemos unos huecos bastante grandes, tanto en el proyecto y en la manera en que ocurre actualmente. Me refiero a la protección de los intereses económicos de los usuarios del sistema y, por otro lado, la protección a los usuarios y consumidores en términos de la defensa de la competencia, de los monopolios naturales y legales.
Por otro lado, la segunda posición desde la que hablaré está relacionada con el federalismo, al que el diputado hizo una referencia muy clara y muy concreta, pero yo quiero ser más concreto todavía.
Doy un ejemplo y empezaré por esta parte del federalismo: dice el proyecto que todos, de manera igualitaria, van a tener acceso a esta infraestructura que se necesita para el desarrollo de las comunicaciones; perfecto. Pero el sistema económico como el que nosotros vivimos es visibilizado desde hace muy poco. A mí me tocó ser parte de una asociación de consumidores que impugnó expresamente la fusión de la empresa Cablevisión con Telecom porque creía que el Estado tiene que tener un rol fundamental, impuesto por el artículo 42 de la Constitución Nacional, donde cada actividad económica es transversal a cualquiera fuere la posición política que tengamos cuando tratamos sobre un tema.
Cuando hablamos de monopolios u oligopolios que pueden llegar a construirse a partir de este proyecto de ley, ¿de qué hablo? De un ejemplo muy concreto. Hay un expediente, que es el 40.008, que está caratulado "Protectora c/empresa DirecTV Argentina Sociedad Anónima por amparo". En la provincia de Mendoza tuvimos que llegar a un proceso judicial, no las pequeñas empresas de comunicaciones por televisión, sino desde los usuarios. Me refiero a un juicio hecho desde una asociación de consumidores. ¿Qué ocurría? Esa empresa, haciendo uso de su poder dominante para la comercialización de los productos de televisión satelital, al día de hoy, 17 de octubre del año 2018, no transmite en la provincia de Mendoza los canales de aire Canal 7, Canal 9, Acequia y la Unidiversidad. Esto es muy grave. ¿Por qué digo grave? Porque se permite que una empresa con posición dominante y con carácter de tipo monopólico abuse, no de las empresas que hacen su negocio comercial transmitiendo televisión abierta, sino de los usuarios de los distintos lugares de la provincia que no tienen acceso a esos canales en los lugares más alejados.
Creo que ese es un ejemplo -es la segunda vez que lo tratamos en esta comisión- que requiere una respuesta clara por parte de los que dirigen el ENACOM.
¿Por qué lo digo? Porque en este proyecto de ley, por ejemplo, hay una modificación que vamos a proponer porque el ENACOM no tiene plazo para resolver las cuestiones en donde se pongan de acuerdo las empresas que pretendan utilizar la infraestructura. No tiene plazo.
El caso de Asociación Protectora contra la empresa DirecTV fue en el 2016. El ENACOM, como autoridad administrativa de control del monopolio, oligopolio y de la empresa con poder dominante, tiene una sentencia de un juez federal, con confirmación de la Cámara Federal, y no cumplió con la disposición de los jueces que dijo: cumpla con la ley, señor DirecTV.
El ENACOM, al no tener plazo, lleva un año y medio de resoluciones. Personalmente, antes de ser diputado y siendo abogado de la asociación, tenía que ir con un escribano a pedirle al ENACOM que ponga en funcionamiento los mecanismos para evitar este abuso por parte de una empresa que ejerce su poder dominante. El ejemplo es claro.
Después, el segundo punto donde los usuarios tienen que tener respuesta, es que hoy por hoy, la condición de tener acceso a la red es fundamental.
Este año hubo un tratamiento de un decreto de necesidad y urgencia donde, desde el Ministerio de la Producción, se pretendía dejar de enviar el resume en papel de los bancos y de las compañías de seguro, aduciendo que queremos poner a la Argentina en el siglo XXI y que toda la gente deje de utilizar papel por cuestiones ecológicas y todos los argumentos que ya sabemos. Pero ¿cómo hacemos para avanzar en ese mundo si las personas no tienen acceso a la red?
¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando se produce la concentración monopólica u oligopólica -como creo yo que va a ocurrir acá porque no se ve en el proyecto que pueda existir control por parte del Estado de ese oligopolio-, si bien el acceso puede ser posible, ¿cómo va a ser la sanción para aquel usuario que utiliza el teléfono celular para los cuatro, cinco o seis servicios que se presten y se le tengan que cortar todos a la vez porque no pudo pagar el teléfono celular?
¿Qué pasa con internet? ¿Qué pasa con la televisión? ¿Qué pasa con cada uno de los sistemas de comunicación que van a estar incorporados y administrados por este pequeño grupo de grandes empresas que prestan servicios concentrados de manera oligopólica y que, evidentemente desde el Estado, se está queriendo proteger?
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra la señora presidenta del ENACOM.
SRA. GIUDICI Señor diputado: su planteo me sirve de introducción para decir que, justamente, la ley es para que no haya una posición monopólica. Hoy tenemos solo una empresa de televisión satelital en la Argentina. Me parece entonces que acompañar este proyecto favorece a que todos puedan prestar los mismos servicios y que el cuádruple play sea para todos igualitario. En primer lugar, esta ley propone eso.
En segundo lugar, el ENACOM, desde el 2016, viene dando una serie de resoluciones que tienen que ver con la obligación de reglas de must carry, es decir, de trasporte de señales. No recuerdo la fecha, pero hace dos meses se ha sancionado una resolución por unanimidad del directorio para que justamente, la empresa que transporta DTH, DirecTV, suba los contenidos regionales. Los canales de Mendoza están incluidos.
En segundo lugar, el ENACOM, desde el 2016, viene dando una serie de resoluciones que tienen que ver con la obligación de reglas de must carry, es decir, de trasporte de señales. No recuerdo la fecha, pero hace dos meses se ha sancionado una resolución por unanimidad del directorio para que justamente, la empresa que transporta DTH, DirecTV, suba los contenidos regionales. Los canales de Mendoza están incluidos.
SR. RAMÓN Todavía no.
SRA. GIUDICI Les vamos a hacer llegar la norma. Está en vigencia y está cumplida la presentación de los contratos. Me parece que es un gran paso.
Se viene debatiendo hace muchos años, desde la sanción de la ley de medios, la obligación de las reglas de trasporte de señales a todas las plataformas. De esto se trata esta ley. Creemos que la innovación tecnológica, el modo de consumir no solo datos, internet y telefonía, sino también el modo de consumir contenidos audiovisuales ha cambiado drásticamente, sobre todo en las nuevas generaciones
Es importante entender que la accesibilidad a esos contenidos tiene que tener, en primer lugar, oportunidades para todos y accesibilidad desde distintas plataformas, pero por otro lugar, las mismas obligaciones.
Entonces, independientemente de la tecnología que se utilice -por supuesto en un ancho de banda satelital entra una cantidad finita de señales- hay tecnologías que permiten mayor incorporación y otras no. Pero en cada tecnología está determinado que es obligatorio llevar determinada cantidad de señales públicas y las señales privadas de área de cobertura de cada terminal.
Creemos fuertemente en que la protección de la industria audiovisual se logra con este tipo de medidas pero, por sobre todas las cosas -y por eso la importancia de la sanción de esta ley-, generando condiciones de competencia para todos.
Pienso que la incorporación del DTH para todos los operadores termina un poco con la inequidad que usted señala.
Se viene debatiendo hace muchos años, desde la sanción de la ley de medios, la obligación de las reglas de trasporte de señales a todas las plataformas. De esto se trata esta ley. Creemos que la innovación tecnológica, el modo de consumir no solo datos, internet y telefonía, sino también el modo de consumir contenidos audiovisuales ha cambiado drásticamente, sobre todo en las nuevas generaciones
Es importante entender que la accesibilidad a esos contenidos tiene que tener, en primer lugar, oportunidades para todos y accesibilidad desde distintas plataformas, pero por otro lugar, las mismas obligaciones.
Entonces, independientemente de la tecnología que se utilice -por supuesto en un ancho de banda satelital entra una cantidad finita de señales- hay tecnologías que permiten mayor incorporación y otras no. Pero en cada tecnología está determinado que es obligatorio llevar determinada cantidad de señales públicas y las señales privadas de área de cobertura de cada terminal.
Creemos fuertemente en que la protección de la industria audiovisual se logra con este tipo de medidas pero, por sobre todas las cosas -y por eso la importancia de la sanción de esta ley-, generando condiciones de competencia para todos.
Pienso que la incorporación del DTH para todos los operadores termina un poco con la inequidad que usted señala.
SR. HUICI Precisamente eso iba a decir. Está muy bien la observación que hace la presidenta del ENACOM en el sentido de que el argumento sirve para abonar la necesidad de eliminar barreras de competencia en el mercado. A mí me pasa en la provincia de La Pampa; en la casa de mi familia tengo un solo operador de televisión satelital en medio del campo, no hay alternativa.
Entonces, me parece que es positivo que haya más operadores y, para eso, hay que eliminar barreras, y no necesariamente tienen que ser las dos o tres compañías grandes que existen en la Argentina sino cualquier otra.
Ahora, ¿qué pasa con los operadores que quieran venir a la Argentina? Con la reglamentación que tenemos hoy, si cualquier otro operador quiere venir a brindar televisión satelital en nuestro país, no puede prestar otro servicio TIC. En un entorno en el que se va a la convergencia y a la oferta múltiple de servicios, ningún otro operador va a venir a la Argentina a ofrecer este tipo de prestaciones si no tiene la posibilidad de brindar también otros servicios TIC. De hecho, tenemos en nuestro vecino país de Chile, por ejemplo, a cuatro operadores de telefonía satelital -uno de ellos es Tuves, desarrollado por un argentino- que no están en la Argentina, producto de las barreras que se impusieron en su momento.
Diría que esta norma modifica algunos aspectos o introduce, como ustedes han señalado, modificaciones parciales, pero no deroga -como dijo la presidenta del ENACOM- obligaciones de la ley de medios y tampoco otras atribuciones para controlar la calidad de los servicios prestados a los usuarios o aplicar las sanciones que correspondan a las empresas, que están comprendidas tanto en la ley 26.522 como en la ley 27.078.
En materia de control de monopolios, diría que esta Cámara dio sanción este año a la ley 27.742 -si no me falla la memoria-, de defensa de la competencia, que es una ley moderna y que da al futuro Tribunal de Defensa de la Competencia todos los instrumentos para intervenir en estas cuestiones como, de hecho, viene haciéndolo en distintas áreas de la economía, estableciendo recomendaciones y castigando conductas en las que ha existido una limitación de la competencia o un abuso de lo que se llama posición dominante en el mercado.
Entonces, todas esas normas y atribuciones, tanto en cabeza del ENACOM como de los organismos de defensa de la competencia, siguen plenamente vigentes y, obviamente, deberán ser aplicadas en caso de que así lo justifiquen las conductas de los distintos actores.
En cuanto al tema de los clientes que usted citaba, entre las reformas que mencionó la titular del ENACOM hay un nuevo reglamento de clientes, que dictó el Ministerio de Modernización a fines del año pasado y que aborda algunas de las preocupaciones que el diputado señala. Precisamente, se trata de un reglamento que tiene disposiciones comunes para los clientes de todos los servicios y disposiciones específicas para cada uno de los servicios.
Anteriormente, solo teníamos un reglamento para los clientes de telefonía fija y un reglamento para los clientes de telefonía móvil -del año 1997-, que había quedado bastante desactualizado, habida cuenta de las nuevas formas de consumir y comercializar estos servicios.
Creemos que hemos hecho un reglamento moderno. Si el diputado tiene alguna sugerencia o preocupación concreta respecto de este reglamento, estamos más que dispuestos a escucharlo e introducir modificaciones si fueran necesarias, modificaciones que, por tratarse de un reglamento, obviamente no requieren de una modificación legislativa.
Entonces, me parece que es positivo que haya más operadores y, para eso, hay que eliminar barreras, y no necesariamente tienen que ser las dos o tres compañías grandes que existen en la Argentina sino cualquier otra.
Ahora, ¿qué pasa con los operadores que quieran venir a la Argentina? Con la reglamentación que tenemos hoy, si cualquier otro operador quiere venir a brindar televisión satelital en nuestro país, no puede prestar otro servicio TIC. En un entorno en el que se va a la convergencia y a la oferta múltiple de servicios, ningún otro operador va a venir a la Argentina a ofrecer este tipo de prestaciones si no tiene la posibilidad de brindar también otros servicios TIC. De hecho, tenemos en nuestro vecino país de Chile, por ejemplo, a cuatro operadores de telefonía satelital -uno de ellos es Tuves, desarrollado por un argentino- que no están en la Argentina, producto de las barreras que se impusieron en su momento.
Diría que esta norma modifica algunos aspectos o introduce, como ustedes han señalado, modificaciones parciales, pero no deroga -como dijo la presidenta del ENACOM- obligaciones de la ley de medios y tampoco otras atribuciones para controlar la calidad de los servicios prestados a los usuarios o aplicar las sanciones que correspondan a las empresas, que están comprendidas tanto en la ley 26.522 como en la ley 27.078.
En materia de control de monopolios, diría que esta Cámara dio sanción este año a la ley 27.742 -si no me falla la memoria-, de defensa de la competencia, que es una ley moderna y que da al futuro Tribunal de Defensa de la Competencia todos los instrumentos para intervenir en estas cuestiones como, de hecho, viene haciéndolo en distintas áreas de la economía, estableciendo recomendaciones y castigando conductas en las que ha existido una limitación de la competencia o un abuso de lo que se llama posición dominante en el mercado.
Entonces, todas esas normas y atribuciones, tanto en cabeza del ENACOM como de los organismos de defensa de la competencia, siguen plenamente vigentes y, obviamente, deberán ser aplicadas en caso de que así lo justifiquen las conductas de los distintos actores.
En cuanto al tema de los clientes que usted citaba, entre las reformas que mencionó la titular del ENACOM hay un nuevo reglamento de clientes, que dictó el Ministerio de Modernización a fines del año pasado y que aborda algunas de las preocupaciones que el diputado señala. Precisamente, se trata de un reglamento que tiene disposiciones comunes para los clientes de todos los servicios y disposiciones específicas para cada uno de los servicios.
Anteriormente, solo teníamos un reglamento para los clientes de telefonía fija y un reglamento para los clientes de telefonía móvil -del año 1997-, que había quedado bastante desactualizado, habida cuenta de las nuevas formas de consumir y comercializar estos servicios.
Creemos que hemos hecho un reglamento moderno. Si el diputado tiene alguna sugerencia o preocupación concreta respecto de este reglamento, estamos más que dispuestos a escucharlo e introducir modificaciones si fueran necesarias, modificaciones que, por tratarse de un reglamento, obviamente no requieren de una modificación legislativa.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor diputado Del Cerro.
SR. DEL CERRO Quiero hacer una pregunta.
Se ha mencionado la palabra "regional", y también se aludió a una cuestión de federalismo. No sé si con el término "regional" se referían a las instituciones interprovinciales o simplemente era un concepto más limitado geográficamente. O tal vez era un concepto de región en términos comerciales. Porque aparecían reunidos los dos conceptos: el de región, que algunas veces implica a varias provincias, como es el caso de la región Centro de nuestro país que implica a tres provincias; pero también, en un momento, aparecía la idea de federalismo mencionada como una de las preocupaciones a tener en cuenta, dado que la propiedad del Estado obligaba a pensar en esos términos también.
¿Qué querían decir ustedes con el término regional?
Se ha mencionado la palabra "regional", y también se aludió a una cuestión de federalismo. No sé si con el término "regional" se referían a las instituciones interprovinciales o simplemente era un concepto más limitado geográficamente. O tal vez era un concepto de región en términos comerciales. Porque aparecían reunidos los dos conceptos: el de región, que algunas veces implica a varias provincias, como es el caso de la región Centro de nuestro país que implica a tres provincias; pero también, en un momento, aparecía la idea de federalismo mencionada como una de las preocupaciones a tener en cuenta, dado que la propiedad del Estado obligaba a pensar en esos términos también.
¿Qué querían decir ustedes con el término regional?
SR. HUICI No hemos utilizado el término "regional" con un carácter institucional o de las tradicionales regiones que estudiábamos en la geografía argentina, como ser la región Centro, Litoral, Mesopotamia, Cuyo, sino que lo que hemos querido referir es respecto de retomar un poco la idea original de cuando se comenzaron a adjudicar frecuencias para los servicios móviles en la Argentina.
En ese momento, el país se dividió inicialmente en tres grandes regiones: la región del área metropolitana de Buenos Aires, donde inicialmente se comenzaron a prestar estos servicios. Después, para la segunda etapa se crearon dos regiones: una región Norte y una región Sur. Cada una de ellas tenía más o menos una línea divisoria que imaginariamente podríamos ubicar dese la ciudad de Rosario llegando hasta Mendoza, donde Mendoza quedaba incorporada a la región Sur. No lo estamos utilizando tampoco ni diciendo que tienen que ser estas tres regiones.
Estamos queriendo decir que tenemos que pensar en adjudicaciones de espectro que tengan carácter de limitadas geográficamente y no volver a repetir el esquema de asignaciones nacionales como se hizo en 2014. No sólo para permitir la existencia de operadores de una dimensión menor a la nacional, sino también porque la cantidad de espectro que se necesita para prestar servicio no es la misma en toda la geografía argentina.
Por eso nos parece que deberíamos administrar este recurso, que es un bien de dominio público nacional, con un criterio de prudencia que no haga que adjudicamos mayor cantidad de espectro que la necesaria para prestar los servicios y que el Estado siga conservando espectro para poder eventualmente satisfacer otro tipo de necesidades u otro tipo de servicios.
En ese momento, el país se dividió inicialmente en tres grandes regiones: la región del área metropolitana de Buenos Aires, donde inicialmente se comenzaron a prestar estos servicios. Después, para la segunda etapa se crearon dos regiones: una región Norte y una región Sur. Cada una de ellas tenía más o menos una línea divisoria que imaginariamente podríamos ubicar dese la ciudad de Rosario llegando hasta Mendoza, donde Mendoza quedaba incorporada a la región Sur. No lo estamos utilizando tampoco ni diciendo que tienen que ser estas tres regiones.
Estamos queriendo decir que tenemos que pensar en adjudicaciones de espectro que tengan carácter de limitadas geográficamente y no volver a repetir el esquema de asignaciones nacionales como se hizo en 2014. No sólo para permitir la existencia de operadores de una dimensión menor a la nacional, sino también porque la cantidad de espectro que se necesita para prestar servicio no es la misma en toda la geografía argentina.
Por eso nos parece que deberíamos administrar este recurso, que es un bien de dominio público nacional, con un criterio de prudencia que no haga que adjudicamos mayor cantidad de espectro que la necesaria para prestar los servicios y que el Estado siga conservando espectro para poder eventualmente satisfacer otro tipo de necesidades u otro tipo de servicios.
SR. DEL CERRO Es decir que hay una posibilidad de que el Estado siga conservando alguna línea para cumplir con algunas cuestiones sociales, si es que los grupos de poder económico no las cumplen. Algunas cuestiones básicas serían, no solamente la seguridad, sino también el sistema educativo, que se ha pensado necesariamente como una forma de evitar las migraciones hacia los centros urbanos, etcétera; también para creación de empleo en áreas geográficas que no tienen un desarrollo técnico industrial suficiente y éstas serían formas de llegar a ese tipo de desarrollos.
Por eso creo que la conservación de espectro podría ser un resguardo para algunas de estas posiciones, ya que también hay otros sectores de la Argentina interesados en que se desarrollen.
Por eso creo que la conservación de espectro podría ser un resguardo para algunas de estas posiciones, ya que también hay otros sectores de la Argentina interesados en que se desarrollen.
SR. HUICI Sí, el espectro es un bien del dominio público nacional, la propiedad siempre está en cabeza del Estado y lo que se otorga es un derecho de uso. En algunos casos se ha dado a perpetuidad y en otros casos se ha dado por un plazo limitado de 15 años.
Obviamente, está previsto en nuestra legislación que el Estado siempre pueda acceder a espectro para prestar servicios mediante adjudicación directa. Incluso una empresa como ARSAT, que si bien tiene forma de sociedad anónima es de participación estatal mayoritaria. También en ese caso, si fuera necesario para cumplir con alguna función social, se le puede adjudicar espectro en forma directa.
Para cumplir funciones sociales y llevar conectividad a lugares donde el mercado naturalmente no tiene interés en ir porque no hay rentabilidad está el Fondo Fiduciario del Servicio Universal. Silvana Giudici se encargó de mostrar diversos programas que están en curso de ejecución, con fondos que cuando llegamos al gobierno estaban inmovilizados y depositados en una cuenta a plazo fijo en el Banco Nación. Desde 2016 se están utilizando para completar la Red Federal de Fibra Óptica, para conectar escuelas, para conectar escuelas rurales, para dar integración a los adultos mayores y también para desarrollar pymes y cooperativas, a través de aportes no reintegrables y créditos con tasas subsidiadas, como se anunció la semana pasada.
También, si hubiera alguna necesidad concreta el día de mañana, podrían aplicarse estos fondos con frecuencias que tenga a disposición el Estado para llevar conectividad a lugares que no la tengan. Efectivamente la respuesta es sí, es posible.
Obviamente, está previsto en nuestra legislación que el Estado siempre pueda acceder a espectro para prestar servicios mediante adjudicación directa. Incluso una empresa como ARSAT, que si bien tiene forma de sociedad anónima es de participación estatal mayoritaria. También en ese caso, si fuera necesario para cumplir con alguna función social, se le puede adjudicar espectro en forma directa.
Para cumplir funciones sociales y llevar conectividad a lugares donde el mercado naturalmente no tiene interés en ir porque no hay rentabilidad está el Fondo Fiduciario del Servicio Universal. Silvana Giudici se encargó de mostrar diversos programas que están en curso de ejecución, con fondos que cuando llegamos al gobierno estaban inmovilizados y depositados en una cuenta a plazo fijo en el Banco Nación. Desde 2016 se están utilizando para completar la Red Federal de Fibra Óptica, para conectar escuelas, para conectar escuelas rurales, para dar integración a los adultos mayores y también para desarrollar pymes y cooperativas, a través de aportes no reintegrables y créditos con tasas subsidiadas, como se anunció la semana pasada.
También, si hubiera alguna necesidad concreta el día de mañana, podrían aplicarse estos fondos con frecuencias que tenga a disposición el Estado para llevar conectividad a lugares que no la tengan. Efectivamente la respuesta es sí, es posible.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor diputado Carro.
SR. CARRO Voy a compartir lo que dijo el diputado Ziliotto en relación a las reservas de ARSAT, para no extenderme mucho. En verdad creo que sí sería importante que ARSAT pudiera ser un cuarto prestador, por cosas que voy a preguntar de manera específica.
Me parece que uno de los problemas de base que tiene este proyecto de ley es que regula negocios, pero no derechos. La verdad es que si la comunicación es algo, no es tecnología, sino la posibilidad de que las personas nos comuniquemos. Creo que en ese sentido hay que pensar cuáles son los derechos que tenemos los ciudadanos para poder ejercer el derecho a la comunicación, que es un derecho constitucional, no solo establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Este proyecto de ley lo pasa por arriba, porque pareciera que únicamente busca regular negocios.
Además, el proyecto está muy centrado en la idea de fomentar la competencia, que la verdad que se la ve poco y nada. Dicho esto de la reserva, me voy a referir a las preguntas centrales que tengo.
Yo vivo a 20 kilómetros de Córdoba capital y allí no hay cable. No estoy hablando de La Pampa al fondo, ni de un lugar perdido en las sierras. Estoy hablando de 20 kilómetros de la capital de Córdoba. El cable entiende que no es buen negocio ir 20 kilómetros a llevar el servicio a una ciudad pequeña.
Ni hablar del hecho de perdernos la posibilidad de acceder a las señales locales. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establecía esa obligación para el cable, no así para el satélite. Luego por decreto se lo sacaron al cable y ahora equiparan satélite al cable, pero no hay obligación para que cubra el derecho humano que tenemos como ciudadanos a tener información de lo que ocurre en los lugares en que vivimos.
Entonces, de base veo allí un problema bastante grande. Tan grande que la primera pregunta que quiero hacer tiene que ver con que todo el tiempo hablan de generar condiciones de competencia; perfecto. Ahora bien, yo quiero que me expliquen por qué en Santa Rosa, La Pampa, uno puede acceder a un servicio de 25 megas y TV -el plan básico que se ofrece- por 724 pesos, y el mismo servicio, de la misma empresa, en la ciudad de Córdoba, cuesta 1.542 pesos. O sea, más que el doble. ¿Por qué? ¿En qué parte de todo esto que estamos discutiendo se defiende a los ciudadanos de que una empresa monopólica o cuasi monopólica pueda abusar? Porque literalmente entiendo que, o están regalando el servicio en La Pampa, o están robando.
¿El ENACOM tiene en sus planes alguna idea para que eso sea equitativo? Yo entiendo que una empresa tiene un plan de negocios y hace lo que sea rentable, pero no puede ser que lo rentable sea un abuso. Creo que ya no tiene que ver con la rentabilidad. Entiendo que las leyes debieran hacer algo, o el ENACOM debiera hacer algo concreto. Así lo entiendo yo.
¿Cómo puede ser que tenga que pagar más que el doble que otra ciudad capital de la Argentina, solo porque en verdad tiene que competir con una empresa? Una empresa que además no creo que esté perdiendo plata; me refiero a una cooperativa que no creo que esté yendo a la baja. O sea, ¿por qué se habilita? ¿De qué manera?
Yo entiendo que cuando hablan de competencia todos nos quedamos con la idea de que la sana competencia entre las empresas haría que bajen los precios, de modo tal que podamos pagar más barato.
¿Cómo vamos a hacer para que haya competencia cuando el mismo ENACOM entiende que tener el 80 por ciento -en Córdoba hay solo una empresa en condiciones de hacerlo- no es monopólico? Si están hasta el 80 por ciento, les parece que está bien porque si hay un 20 por ciento más puede haber competencia.
En Córdoba, si no fuera porque hay una cooperativa que tiene muchísimos años, que ya estaba instalada y que hizo el gasto en infraestructura, no hay manera de que pueda competir. Ese 20 por ciento nunca va a tener posibilidades. Por eso entiendo que se le autoriza a una empresa a abusar de los usuarios y de los ciudadanos.
A partir del decreto de necesidad y urgencia 267/2015, está claro además que también hay una política clara que beneficia a un grupo económico. En este caso a Clarín y Cablevisión, sin ninguna duda, porque se les permite la fusión por decreto.
Entonces, me resulta contradictorio que por un lado se le ceda la fusión por decreto y que, para el resto, se mande una ley que discutimos en el Congreso y que establece una cantidad de regulaciones que la primera no tiene que cumplir.
Creo que es contradictorio el accionar del gobierno. Por un lado, a una empresa se le da un tratamiento específico con un decreto, y para el resto de las empresas se elabora un proyecto de ley. De hecho, Telefónica cuestionó porque siente que hay una competencia desleal.
En verdad pregunto: ¿no creen que se les fue la mano con esto? ¿No es contradictorio? ¿En qué medida es coherente ese decreto con el proyecto de ley?
Por último, decían recién esto que había insinuado al principio. ¿Por qué no se cumple o por qué no reponen el aspecto que controla y que establecía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que nos permita a los que estamos en lugares un poco alejados, poder recibir las señales?
Soy profesor universitario; la Universidad Nacional de Córdoba tiene un canal de televisión muy importante y nunca lográbamos verlo porque el cable, a pesar de que la Justicia decía que había que cumplir la ley, no la cumplía.
Después de haber escuchado al diputado Ramon me pregunto cuáles son las capacidades que tiene el ENACOM para hacer que ciertas empresas cumplan con la ley y de qué modo quedan por fuera del resto de las posibilidades. Es decir, ¿por qué pueden seguir presentándose a licitaciones si no cumplen con lo que dice la Justicia y el ente que regula mira para el otro lado?
Me parece que uno de los problemas de base que tiene este proyecto de ley es que regula negocios, pero no derechos. La verdad es que si la comunicación es algo, no es tecnología, sino la posibilidad de que las personas nos comuniquemos. Creo que en ese sentido hay que pensar cuáles son los derechos que tenemos los ciudadanos para poder ejercer el derecho a la comunicación, que es un derecho constitucional, no solo establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Este proyecto de ley lo pasa por arriba, porque pareciera que únicamente busca regular negocios.
Además, el proyecto está muy centrado en la idea de fomentar la competencia, que la verdad que se la ve poco y nada. Dicho esto de la reserva, me voy a referir a las preguntas centrales que tengo.
Yo vivo a 20 kilómetros de Córdoba capital y allí no hay cable. No estoy hablando de La Pampa al fondo, ni de un lugar perdido en las sierras. Estoy hablando de 20 kilómetros de la capital de Córdoba. El cable entiende que no es buen negocio ir 20 kilómetros a llevar el servicio a una ciudad pequeña.
Ni hablar del hecho de perdernos la posibilidad de acceder a las señales locales. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establecía esa obligación para el cable, no así para el satélite. Luego por decreto se lo sacaron al cable y ahora equiparan satélite al cable, pero no hay obligación para que cubra el derecho humano que tenemos como ciudadanos a tener información de lo que ocurre en los lugares en que vivimos.
Entonces, de base veo allí un problema bastante grande. Tan grande que la primera pregunta que quiero hacer tiene que ver con que todo el tiempo hablan de generar condiciones de competencia; perfecto. Ahora bien, yo quiero que me expliquen por qué en Santa Rosa, La Pampa, uno puede acceder a un servicio de 25 megas y TV -el plan básico que se ofrece- por 724 pesos, y el mismo servicio, de la misma empresa, en la ciudad de Córdoba, cuesta 1.542 pesos. O sea, más que el doble. ¿Por qué? ¿En qué parte de todo esto que estamos discutiendo se defiende a los ciudadanos de que una empresa monopólica o cuasi monopólica pueda abusar? Porque literalmente entiendo que, o están regalando el servicio en La Pampa, o están robando.
¿El ENACOM tiene en sus planes alguna idea para que eso sea equitativo? Yo entiendo que una empresa tiene un plan de negocios y hace lo que sea rentable, pero no puede ser que lo rentable sea un abuso. Creo que ya no tiene que ver con la rentabilidad. Entiendo que las leyes debieran hacer algo, o el ENACOM debiera hacer algo concreto. Así lo entiendo yo.
¿Cómo puede ser que tenga que pagar más que el doble que otra ciudad capital de la Argentina, solo porque en verdad tiene que competir con una empresa? Una empresa que además no creo que esté perdiendo plata; me refiero a una cooperativa que no creo que esté yendo a la baja. O sea, ¿por qué se habilita? ¿De qué manera?
Yo entiendo que cuando hablan de competencia todos nos quedamos con la idea de que la sana competencia entre las empresas haría que bajen los precios, de modo tal que podamos pagar más barato.
¿Cómo vamos a hacer para que haya competencia cuando el mismo ENACOM entiende que tener el 80 por ciento -en Córdoba hay solo una empresa en condiciones de hacerlo- no es monopólico? Si están hasta el 80 por ciento, les parece que está bien porque si hay un 20 por ciento más puede haber competencia.
En Córdoba, si no fuera porque hay una cooperativa que tiene muchísimos años, que ya estaba instalada y que hizo el gasto en infraestructura, no hay manera de que pueda competir. Ese 20 por ciento nunca va a tener posibilidades. Por eso entiendo que se le autoriza a una empresa a abusar de los usuarios y de los ciudadanos.
A partir del decreto de necesidad y urgencia 267/2015, está claro además que también hay una política clara que beneficia a un grupo económico. En este caso a Clarín y Cablevisión, sin ninguna duda, porque se les permite la fusión por decreto.
Entonces, me resulta contradictorio que por un lado se le ceda la fusión por decreto y que, para el resto, se mande una ley que discutimos en el Congreso y que establece una cantidad de regulaciones que la primera no tiene que cumplir.
Creo que es contradictorio el accionar del gobierno. Por un lado, a una empresa se le da un tratamiento específico con un decreto, y para el resto de las empresas se elabora un proyecto de ley. De hecho, Telefónica cuestionó porque siente que hay una competencia desleal.
En verdad pregunto: ¿no creen que se les fue la mano con esto? ¿No es contradictorio? ¿En qué medida es coherente ese decreto con el proyecto de ley?
Por último, decían recién esto que había insinuado al principio. ¿Por qué no se cumple o por qué no reponen el aspecto que controla y que establecía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que nos permita a los que estamos en lugares un poco alejados, poder recibir las señales?
Soy profesor universitario; la Universidad Nacional de Córdoba tiene un canal de televisión muy importante y nunca lográbamos verlo porque el cable, a pesar de que la Justicia decía que había que cumplir la ley, no la cumplía.
Después de haber escuchado al diputado Ramon me pregunto cuáles son las capacidades que tiene el ENACOM para hacer que ciertas empresas cumplan con la ley y de qué modo quedan por fuera del resto de las posibilidades. Es decir, ¿por qué pueden seguir presentándose a licitaciones si no cumplen con lo que dice la Justicia y el ente que regula mira para el otro lado?
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra la señora presidenta del ENACOM.
SRA. GIUDICI Voy a tratar de contestar a todos.
No entendí muy bien la vinculación del decreto 267 con la fusión. La fusión forma parte de una estrategia comercial. De hecho, hubo fusiones anteriores aprobadas en la Argentina.
Creemos que, dada la disposición tanto técnica del ENACOM como la de la Comisión de Defensa de la Competencia, es la primera vez que se hace una fusión en la Argentina con restricciones y con necesidades de devolver recursos, como es la devolución de espectro, pero también con restricciones que tienen que ver con la incorporación de nuevos actores y la desinversión efectiva del mercado de internet.
Por otro lado, se tomó esa decisión de llevar la analogía que marca el decreto 764 en el artículo 11, apartado 11.7, que fija que una vez que hay un 20 por ciento de participación del mercado en una empresa ya no hay una posición dominante -y esto se toma como una extracción de ese reglamento- y se trasladó al mercado de internet. Pero quiero decirle que no hay ninguna localidad en la Argentina que llegue a valores de 75 u 80 por ciento del mercado.
Además, se da la tranquilidad de que el ENACOM en cualquier momento puede definir posición dominante de mercado y esto inmediatamente se debería corregir. Por eso, el ENACOM, desde la incorporación del 267 como un organismo convergente, autoridad de aplicación de las telecomunicaciones y de lo audiovisual, puede corregir rápidamente esa situación.
Por otro lado, hay un error de interpretación. El 267 modifica la ley de medios, pero las reglas de must carry en cuanto al artículo 65 estuvieron vigentes. Si hubo alguna duda, inmediatamente, el ENACOM, por la resolución 1.394 y las sucesivas, fue corrigiendo la obligación de los prestadores. Y el cable, antes de la resolución que le comenté al diputado Ramon sobre la incorporación de reglas de must carry al DTH, ya tenía la imposición de la 1.394 y de la 5.160 para cumplir con esto que usted dice. Es decir que nunca perdió vigencia en la Argentina la obligación de los cableoperadores de incluir, en su oferta, las señales locales. Este es un punto importante que quiero señalar.
Por otro lado, en cuanto a lo que decía antes sobre el rol del Estado, nosotros también creemos que el Estado tiene un rol indelegable en cuanto a la conectividad de todos los argentinos, pero eso se logra fijando las reglas de mercado, promoviendo la competencia y, allí donde el mercado no llega o tarda en llegar -como va a ocurrir en gran parte de nuestra geografía-, incentivando la inversión pública. Y lo estamos haciendo; de hecho, como les comenté, tenemos 393 puntos digitales y 538 puntos wifi gratuitos desplegados por todo el país. La aceleración de este programa -a partir de la Secretaría de País Digital, la ARSAT y el ENACOM- es notoria; allí donde alguien se queda sin crédito, sin conectividad, tiene wifi gratuita, lo que antes no ocurría.
Entonces, es en el conjunto de esta política regulatoria donde entendemos el rol del Estado y fomentamos las innovaciones tecnológicas.
En el mundo, en geografías muy remotas de Nueva Zelanda, Australia o África, por ejemplo, hay desarrollos de internet con satélites de baja altura. También para eso nosotros estamos preparando una regulación. Creemos que debemos estar preparados para las nuevas tecnologías. No sabemos con qué nos vamos a encontrar en el futuro: la robotización, la internet de las cosas, la automatización de los sistemas.
Por eso les comenté antes que también regulamos una figura de redes comunitarias que prepara a distintos actores de la sociedad civil para cuando llegue esa nueva tecnología a aquellos lugares más remotos -comunas a veces de veinte casas, caseríos, poblados en el medio de la Puna, donde es muy difícil llegar con internet de fibra óptica o muy caro con internet satelital-, de modo que haya nuevos desarrollos que permitan la conectividad efectiva de todos los argentinos.
Y esto no se logra con la visión de que el Estado debe hacer todo porque, para nosotros, el Estado debe estar donde tiene que estar, donde tiene que satisfacer las necesidades, combatir la pobreza, llevar educación y salud, y creo que la inteligencia pasa por lograr -a través de una regulación efectiva y un organismo regulador competente- que el mercado genere las condiciones de competencia necesarias.
Y acá lo vinculo con lo que usted me decía de Santa Rosa. El ENACOM sí desarrolla políticas de competencia, pero esta ley es necesaria. ¿Saben por qué? La cooperativa de Santa Rosa, por ejemplo, si se preparara para la convergencia, estaría compitiendo en condiciones de inferioridad. Si no tiene la posibilidad de hacerlo a través de la resolución de Operador Móvil Virtual, o no tiene un espectro dedicado por medio de esta ley que ustedes van a aprobar, el Operador Móvil Regional siempre estará en condiciones de inferioridad porque no podrá prestar telefonía móvil.
Si ayudamos a que, con este criterio de convergencia plena, todos hagan todo, el beneficiario será el usuario.
No entendí muy bien la vinculación del decreto 267 con la fusión. La fusión forma parte de una estrategia comercial. De hecho, hubo fusiones anteriores aprobadas en la Argentina.
Creemos que, dada la disposición tanto técnica del ENACOM como la de la Comisión de Defensa de la Competencia, es la primera vez que se hace una fusión en la Argentina con restricciones y con necesidades de devolver recursos, como es la devolución de espectro, pero también con restricciones que tienen que ver con la incorporación de nuevos actores y la desinversión efectiva del mercado de internet.
Por otro lado, se tomó esa decisión de llevar la analogía que marca el decreto 764 en el artículo 11, apartado 11.7, que fija que una vez que hay un 20 por ciento de participación del mercado en una empresa ya no hay una posición dominante -y esto se toma como una extracción de ese reglamento- y se trasladó al mercado de internet. Pero quiero decirle que no hay ninguna localidad en la Argentina que llegue a valores de 75 u 80 por ciento del mercado.
Además, se da la tranquilidad de que el ENACOM en cualquier momento puede definir posición dominante de mercado y esto inmediatamente se debería corregir. Por eso, el ENACOM, desde la incorporación del 267 como un organismo convergente, autoridad de aplicación de las telecomunicaciones y de lo audiovisual, puede corregir rápidamente esa situación.
Por otro lado, hay un error de interpretación. El 267 modifica la ley de medios, pero las reglas de must carry en cuanto al artículo 65 estuvieron vigentes. Si hubo alguna duda, inmediatamente, el ENACOM, por la resolución 1.394 y las sucesivas, fue corrigiendo la obligación de los prestadores. Y el cable, antes de la resolución que le comenté al diputado Ramon sobre la incorporación de reglas de must carry al DTH, ya tenía la imposición de la 1.394 y de la 5.160 para cumplir con esto que usted dice. Es decir que nunca perdió vigencia en la Argentina la obligación de los cableoperadores de incluir, en su oferta, las señales locales. Este es un punto importante que quiero señalar.
Por otro lado, en cuanto a lo que decía antes sobre el rol del Estado, nosotros también creemos que el Estado tiene un rol indelegable en cuanto a la conectividad de todos los argentinos, pero eso se logra fijando las reglas de mercado, promoviendo la competencia y, allí donde el mercado no llega o tarda en llegar -como va a ocurrir en gran parte de nuestra geografía-, incentivando la inversión pública. Y lo estamos haciendo; de hecho, como les comenté, tenemos 393 puntos digitales y 538 puntos wifi gratuitos desplegados por todo el país. La aceleración de este programa -a partir de la Secretaría de País Digital, la ARSAT y el ENACOM- es notoria; allí donde alguien se queda sin crédito, sin conectividad, tiene wifi gratuita, lo que antes no ocurría.
Entonces, es en el conjunto de esta política regulatoria donde entendemos el rol del Estado y fomentamos las innovaciones tecnológicas.
En el mundo, en geografías muy remotas de Nueva Zelanda, Australia o África, por ejemplo, hay desarrollos de internet con satélites de baja altura. También para eso nosotros estamos preparando una regulación. Creemos que debemos estar preparados para las nuevas tecnologías. No sabemos con qué nos vamos a encontrar en el futuro: la robotización, la internet de las cosas, la automatización de los sistemas.
Por eso les comenté antes que también regulamos una figura de redes comunitarias que prepara a distintos actores de la sociedad civil para cuando llegue esa nueva tecnología a aquellos lugares más remotos -comunas a veces de veinte casas, caseríos, poblados en el medio de la Puna, donde es muy difícil llegar con internet de fibra óptica o muy caro con internet satelital-, de modo que haya nuevos desarrollos que permitan la conectividad efectiva de todos los argentinos.
Y esto no se logra con la visión de que el Estado debe hacer todo porque, para nosotros, el Estado debe estar donde tiene que estar, donde tiene que satisfacer las necesidades, combatir la pobreza, llevar educación y salud, y creo que la inteligencia pasa por lograr -a través de una regulación efectiva y un organismo regulador competente- que el mercado genere las condiciones de competencia necesarias.
Y acá lo vinculo con lo que usted me decía de Santa Rosa. El ENACOM sí desarrolla políticas de competencia, pero esta ley es necesaria. ¿Saben por qué? La cooperativa de Santa Rosa, por ejemplo, si se preparara para la convergencia, estaría compitiendo en condiciones de inferioridad. Si no tiene la posibilidad de hacerlo a través de la resolución de Operador Móvil Virtual, o no tiene un espectro dedicado por medio de esta ley que ustedes van a aprobar, el Operador Móvil Regional siempre estará en condiciones de inferioridad porque no podrá prestar telefonía móvil.
Si ayudamos a que, con este criterio de convergencia plena, todos hagan todo, el beneficiario será el usuario.
SR. HUICI Quiero agregar algo. En cuanto a los precios que usted señala, efectivamente, en Santa Rosa hay más competencia que en Córdoba. Es parte de la realidad. Hay una cooperativa que compite fuertemente contra otro operador y, si la memoria no me traiciona, en su momento había también un tercer operador de cable o de televisión por suscripción. Y está además la opción satelital. Es decir, hay tres operadores, cuando en otras solo hay uno, excepto en un área muy reducida.
Además, en este análisis geográfico de mercado, no solo debemos analizar la cantidad de operadores, sino también la superposición de redes. Por ejemplo, si tengo un operador en la ciudad de Mendoza -por salir de la geografía pampeana o cordobesa que veníamos mencionando- y otro en San Rafael, podría decir que en Mendoza hay dos operadores, sin embargo, el ciudadano de San Rafael no se va a mudar a Mendoza capital para conectarse al cable o a internet.
Entonces, los mercados hay que analizarlos localmente, regionalmente y, en este sentido, la explicación o la problemática que usted menciona abunda a favor de la ley y no en contra. Necesitamos que haya más competencia en Córdoba, que haya más operadores, y tener mejores reglas que faciliten el despliegue de infraestructura y, por ende, permita una mayor competencia.
En cuanto a las fusiones, no se aprueban por ley. De hecho, las compañías telefónicas, a partir de la sanción de la ley 27.078, en 2014 podían ingresar para brindar servicios de radiodifusión. Originalmente este también fue un propósito presente en la ley de medios pero se frustró en el Congreso. La ley de 2014 preveía un artículo 94 que tenía que establecer un proceso de adecuación. El decreto 267/15 lo que hizo es establecer ese proceso de adecuación y decir que hay dos años de veda para las empresas telefónicas, prorrogables por uno más. Eso, en algunos casos terminó el 1° de enero de 2018 y en otros casos terminará el 1° de enero de 2019.
En ese contexto, la fusión, como otras operaciones similares que han existido en el mundo, siguió los trámites previstos en la Ley Argentina Digital y en la Ley de Defensa de la Competencia, y fundamentalmente, los tres grandes precedentes que tenemos en la materia que fueron resueltos en la década pasada. El primero, fue la fusión del segundo y primer operador móvil de la Argentina: Movicom y Telefónica. El segundo, fue la operación de los dos principales fusionados operadores de cable en 2007: Cablevisión y Multicanal. El tercero, fue el ingreso de Telefónica de España en el controlante del operador de Telecom Argentina, que era la compañía STET de Italia. Los tres, con mayores o menores condicionamientos, fueron aprobados. También esta operación, siguiendo esos precedentes con condicionamientos y dentro de lo que establecen las leyes, fue aprobada.
Finalmente, en cuanto a los canales, no sólo hay que ver que está la televisión satelital y el cable con su particularidad sino que también está a disposición -yo diría que hoy en el 85 por ciento del territorio argentino- la televisión digital terrestre, desarrollada técnicamente por ARSAT y operada por el Sistema Federal de Medios, que ofrece un paquete de entre 16 y 20 canales, incluyendo los canales locales en sus áreas de cobertura, donde también llega por satélite cuando la televisión terrestre no puede llegar con su actual red.
Además, en este análisis geográfico de mercado, no solo debemos analizar la cantidad de operadores, sino también la superposición de redes. Por ejemplo, si tengo un operador en la ciudad de Mendoza -por salir de la geografía pampeana o cordobesa que veníamos mencionando- y otro en San Rafael, podría decir que en Mendoza hay dos operadores, sin embargo, el ciudadano de San Rafael no se va a mudar a Mendoza capital para conectarse al cable o a internet.
Entonces, los mercados hay que analizarlos localmente, regionalmente y, en este sentido, la explicación o la problemática que usted menciona abunda a favor de la ley y no en contra. Necesitamos que haya más competencia en Córdoba, que haya más operadores, y tener mejores reglas que faciliten el despliegue de infraestructura y, por ende, permita una mayor competencia.
En cuanto a las fusiones, no se aprueban por ley. De hecho, las compañías telefónicas, a partir de la sanción de la ley 27.078, en 2014 podían ingresar para brindar servicios de radiodifusión. Originalmente este también fue un propósito presente en la ley de medios pero se frustró en el Congreso. La ley de 2014 preveía un artículo 94 que tenía que establecer un proceso de adecuación. El decreto 267/15 lo que hizo es establecer ese proceso de adecuación y decir que hay dos años de veda para las empresas telefónicas, prorrogables por uno más. Eso, en algunos casos terminó el 1° de enero de 2018 y en otros casos terminará el 1° de enero de 2019.
En ese contexto, la fusión, como otras operaciones similares que han existido en el mundo, siguió los trámites previstos en la Ley Argentina Digital y en la Ley de Defensa de la Competencia, y fundamentalmente, los tres grandes precedentes que tenemos en la materia que fueron resueltos en la década pasada. El primero, fue la fusión del segundo y primer operador móvil de la Argentina: Movicom y Telefónica. El segundo, fue la operación de los dos principales fusionados operadores de cable en 2007: Cablevisión y Multicanal. El tercero, fue el ingreso de Telefónica de España en el controlante del operador de Telecom Argentina, que era la compañía STET de Italia. Los tres, con mayores o menores condicionamientos, fueron aprobados. También esta operación, siguiendo esos precedentes con condicionamientos y dentro de lo que establecen las leyes, fue aprobada.
Finalmente, en cuanto a los canales, no sólo hay que ver que está la televisión satelital y el cable con su particularidad sino que también está a disposición -yo diría que hoy en el 85 por ciento del territorio argentino- la televisión digital terrestre, desarrollada técnicamente por ARSAT y operada por el Sistema Federal de Medios, que ofrece un paquete de entre 16 y 20 canales, incluyendo los canales locales en sus áreas de cobertura, donde también llega por satélite cuando la televisión terrestre no puede llegar con su actual red.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor diputado Carro.
SR. CARRO Quiero repreguntar brevemente para ver si entendí. ¿Les parece bien que en Córdoba paguemos el doble que en La Pampa? ¿Qué va a hacer el ENACOM para que se modifique eso, y de qué manera este proyecto de ley me llevaría en esa dirección?
SR. HUICI No me parece bien. Me parece que la explicación está en que en algunos lugares hay más competencia que en otros. Con este proyecto de ley queremos llevar, dentro de la ley, a aumentar la competencia. Tenemos leyes que dicen que los precios son libres y que fijan restricciones y terminan generando este tipo de problemas que usted menciona. Nosotros creemos que la mejor forma de responder a esto es introducir modificaciones como las que proponemos para favorecer la competencia, que mejore la calidad y bajen los precios.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor diputado Ramon.
SR. RAMON Seré breve pero son importantes las dos aclaraciones. Una respuesta que le pido al secretario es en relación al proyecto que viene del Poder Ejecutivo respecto de que no se hace referencia a que el ENACOM tenga un plazo para resolver. Sería en un párrafo del artículo 11, pero no lo vamos a proponer acá. La pregunta en concreto es por qué no se establece un plazo.
La argumentación al porqué de la pregunta, claramente son los dos años que lleva la empresa DirecTV sin que el ENACOM resuelva una sanción al menos por no tener los canales abiertos en el satélite.
La última pregunta, para la señora presidenta del ENACOM, se refiere a un caso judicial que en el 2010 planteó la Asociación Protectora, en el segundo juzgado federal de Mendoza, en la Secretaría número 3, bajo el expediente 23045134. Allí planteó un proceso judicial colectivo en nombre de todos los usuarios del servicio universal de las comunicaciones. Todos sabemos de qué se trata: las empresas de telefonía celular deben hacer un aporte del 1 por ciento a una caja de ahorro en el Banco de la Nación Argentina de todo lo facturado. Sería como el impuesto sobre los ingresos brutos de una provincia. Han pasado ocho años de proceso judicial, que tiene dos aspectos: uno de ellos es que al día de hoy, en el expediente judicial, no se han acreditado los depósitos hechos por estas empresas de telefonía celular del uno por ciento de su facturación.
En segundo lugar, en relación a lo que usted decía de que el servicio universal de las comunicaciones solucionaría los problemas en los lugares más alejados, si uno recorre toda la banda este de la provincia de Mendoza -que es el departamento de Lavalle y La Paz-, verá que existe una innumerable cantidad de puestos, escuelas hogar, en donde efectivamente y desde hace mucho tiempo -o nunca- no existe la posibilidad de que los habitantes de esos lugares tengan acceso a la telefonía, a internet o a cualquiera de los servicios audiovisuales.
Es necesario que se explique que eso no funciona. Es uno de los elementos base para que este proyecto de ley pueda tener el aval y el reconocimiento de aquellos que lo estamos cuestionando, porque yo diría que el servicio universal de las comunicaciones es vital.
Siguiendo la idea del diputado que me antecedió en la pregunta, el tema de la competencia es delicado cuando económicamente no es viable la prestación de un servicio. Yo le aseguro que en el desierto de Lavalle, en La Paz, en Malargüe -al sur de Mendoza, con límites hacia el este, hacia el oeste de la cordillera y hacia el sur de la provincia de Neuquén-, no hay manera de comunicarse, señora presidente. El servicio universal de las comunicaciones es un servicio que debiera funcionar.
¿Qué hace el ENACOM para cumplir con ese proceso judicial, que tiene fallo de primera instancia, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Es decir, eso amerita una respuesta.
La argumentación al porqué de la pregunta, claramente son los dos años que lleva la empresa DirecTV sin que el ENACOM resuelva una sanción al menos por no tener los canales abiertos en el satélite.
La última pregunta, para la señora presidenta del ENACOM, se refiere a un caso judicial que en el 2010 planteó la Asociación Protectora, en el segundo juzgado federal de Mendoza, en la Secretaría número 3, bajo el expediente 23045134. Allí planteó un proceso judicial colectivo en nombre de todos los usuarios del servicio universal de las comunicaciones. Todos sabemos de qué se trata: las empresas de telefonía celular deben hacer un aporte del 1 por ciento a una caja de ahorro en el Banco de la Nación Argentina de todo lo facturado. Sería como el impuesto sobre los ingresos brutos de una provincia. Han pasado ocho años de proceso judicial, que tiene dos aspectos: uno de ellos es que al día de hoy, en el expediente judicial, no se han acreditado los depósitos hechos por estas empresas de telefonía celular del uno por ciento de su facturación.
En segundo lugar, en relación a lo que usted decía de que el servicio universal de las comunicaciones solucionaría los problemas en los lugares más alejados, si uno recorre toda la banda este de la provincia de Mendoza -que es el departamento de Lavalle y La Paz-, verá que existe una innumerable cantidad de puestos, escuelas hogar, en donde efectivamente y desde hace mucho tiempo -o nunca- no existe la posibilidad de que los habitantes de esos lugares tengan acceso a la telefonía, a internet o a cualquiera de los servicios audiovisuales.
Es necesario que se explique que eso no funciona. Es uno de los elementos base para que este proyecto de ley pueda tener el aval y el reconocimiento de aquellos que lo estamos cuestionando, porque yo diría que el servicio universal de las comunicaciones es vital.
Siguiendo la idea del diputado que me antecedió en la pregunta, el tema de la competencia es delicado cuando económicamente no es viable la prestación de un servicio. Yo le aseguro que en el desierto de Lavalle, en La Paz, en Malargüe -al sur de Mendoza, con límites hacia el este, hacia el oeste de la cordillera y hacia el sur de la provincia de Neuquén-, no hay manera de comunicarse, señora presidente. El servicio universal de las comunicaciones es un servicio que debiera funcionar.
¿Qué hace el ENACOM para cumplir con ese proceso judicial, que tiene fallo de primera instancia, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Es decir, eso amerita una respuesta.
SRA. GIUDICI Le agradezco la pregunta porque la verdad es que nosotros hemos hecho mucho en estos dos años respecto al Fondo del Servicio Universal. En primer lugar, como dijo el secretario Huici, este dinero no se utilizaba, no estaba colocado, ni rendía interés. Desde que asumimos en ENACOM, tenemos invertidos, entre el REFEFO, el ANR y todos los programas de conectividad, 4.000 millones del fondo, el cual se sigue nutriendo por el aporte que se sigue haciendo del 1 por ciento de las telefónicas de telefonía fija para el Fondo del Servicio Universal, más el 0,5 de la tasa que tienen que pagar.
Pero, además, hemos incorporado hace unos meses un aumento del derecho de uso del espectro radioeléctrico. Acabamos de hacer la cuenta, porque empezaron a pagar las empresas con el valor nuevo, y hemos incrementado el presupuesto de este año en 900 millones de pesos de una tasa que estaba planchada desde hace más de una década y que el ENACOM ha actualizado. Con lo cual, ese dinero se está destinando a estas políticas, perfectamente trazable, con transparencia, con información en los portales respectivos de datos abiertos, a través de los créditos del Banco Nación y del BICE que acaba de anunciar el secretario Ibarra y el presidente.
La verdad es que estamos muy orgullosos de empezar a ponerle el cascabel al gato porque durante muchos años hubo amparos, recursos y demás acciones ineficientes para lograr que ese dinero se utilizara en lo que se tenía que utilizar, que era la conectividad de todos los argentinos.
Por supuesto, usted me va a nombrar alguna de las comunas o lugares alejados que todavía no tienen telefonía ni internet. Claro, la Argentina tenía un desarrollo de 4G casi paralizado, a pesar de haberse licitado en el 2014 el espectro. Era muy poco lo que se había obligado a las empresas.
Hoy tenemos 20.000 radiobases instaladas, tenemos el compromiso del 93 por ciento de la población para el 2019 y, además, estamos avanzando con infraestructura pública.
Puedo decirles los anuncios del secretario de gobierno y usted lo puede seguir en nuestras páginas y en nuestras redes. Ya se han firmado convenios con las provincias de Jujuy, Entre Ríos, Corrientes y Tierra del Fuego. En cada provincia se fomenta no solo la inversión pública del gobierno nacional, sino también, a través de la SAPEM y de las distintas organizaciones provinciales, la sinergia de los esfuerzos para llevar internet, telefonía y conectividad a cada una de esas geografías tan disímiles y complicadas para acceder que tiene nuestro país.
Por eso, creemos que hemos hecho mucho. Probablemente me pueden señalar las faltas, pero en dos años de funcionamiento del ENACOM hemos generado una política de conectividad y estrategias para achicar la brecha digital, en complementación con las áreas de la Secretaría de Modernización, que a nosotros nos llenan de orgullo.
Pero, además, hemos incorporado hace unos meses un aumento del derecho de uso del espectro radioeléctrico. Acabamos de hacer la cuenta, porque empezaron a pagar las empresas con el valor nuevo, y hemos incrementado el presupuesto de este año en 900 millones de pesos de una tasa que estaba planchada desde hace más de una década y que el ENACOM ha actualizado. Con lo cual, ese dinero se está destinando a estas políticas, perfectamente trazable, con transparencia, con información en los portales respectivos de datos abiertos, a través de los créditos del Banco Nación y del BICE que acaba de anunciar el secretario Ibarra y el presidente.
La verdad es que estamos muy orgullosos de empezar a ponerle el cascabel al gato porque durante muchos años hubo amparos, recursos y demás acciones ineficientes para lograr que ese dinero se utilizara en lo que se tenía que utilizar, que era la conectividad de todos los argentinos.
Por supuesto, usted me va a nombrar alguna de las comunas o lugares alejados que todavía no tienen telefonía ni internet. Claro, la Argentina tenía un desarrollo de 4G casi paralizado, a pesar de haberse licitado en el 2014 el espectro. Era muy poco lo que se había obligado a las empresas.
Hoy tenemos 20.000 radiobases instaladas, tenemos el compromiso del 93 por ciento de la población para el 2019 y, además, estamos avanzando con infraestructura pública.
Puedo decirles los anuncios del secretario de gobierno y usted lo puede seguir en nuestras páginas y en nuestras redes. Ya se han firmado convenios con las provincias de Jujuy, Entre Ríos, Corrientes y Tierra del Fuego. En cada provincia se fomenta no solo la inversión pública del gobierno nacional, sino también, a través de la SAPEM y de las distintas organizaciones provinciales, la sinergia de los esfuerzos para llevar internet, telefonía y conectividad a cada una de esas geografías tan disímiles y complicadas para acceder que tiene nuestro país.
Por eso, creemos que hemos hecho mucho. Probablemente me pueden señalar las faltas, pero en dos años de funcionamiento del ENACOM hemos generado una política de conectividad y estrategias para achicar la brecha digital, en complementación con las áreas de la Secretaría de Modernización, que a nosotros nos llenan de orgullo.
SR. HUICI Para contestarle lo que quedó pendiente, que es la preocupación de los plazos, pensé que se refería a los artículos 1° y 2°, donde se aplican los plazos de interconexión. Pero el artículo 11, efectivamente no tiene un plazo. Eso no significa que no exista, porque se le aplica al ENACOM la ley de procedimientos administrativos, que a falta de un plazo específico lo obliga a resolver en 60 días.
Por supuesto, creo que fijar plazos no debería ser una materia de la ley existiendo un plazo genérico para toda actuación administrativa, sino en todo caso, un plazo previsto en la reglamentación.
Por supuesto, creo que fijar plazos no debería ser una materia de la ley existiendo un plazo genérico para toda actuación administrativa, sino en todo caso, un plazo previsto en la reglamentación.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra la señora diputada Banfi.
SRA. BANFI Señor presidente: quería hacer un comentario porque me parece que hay un punto importante que menciona el secretario Huici y que le preocupa al diputado Carro en relación a cuál es el objeto de esta ley.
La posibilidad de traer inversiones a la Argentina que el propio desarrollo local en materia de telecomunicaciones pueda aprovechar, tiene que ser justamente el objeto de nuestro trabajo con este tipo de normas.
En ese sentido, hace dos semanas, en las audiencias públicas, tuvimos una serie de visitantes. A quienes no tuvieron quizás la oportunidad de participar, les sugiero que lean las versiones taquigráficas, porque justamente ellos están muy a gusto y piden esta ley.
Uno de los que concurrieron fueron representantes de la CAPPI (Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet). Ellos dicen que esta ley los protege y que realmente les genera un sistema de competitividad interesante. Es muy bueno escucharlos. Otro de los visitantes fueron la Cámara Argentina de Cableoperadores e Internet PYMES y la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET).
Estas compañías, estas asociaciones que reúnen compañías de todo el país, están a favor de esta ley, principalmente por el objeto que decía el secretario Huici.
Entonces, también es importante escuchar que hay otras campanas, porque justamente, a los pequeños proveedores y productores en materia de telecomunicaciones es a quien beneficiaría esta ley.
La posibilidad de traer inversiones a la Argentina que el propio desarrollo local en materia de telecomunicaciones pueda aprovechar, tiene que ser justamente el objeto de nuestro trabajo con este tipo de normas.
En ese sentido, hace dos semanas, en las audiencias públicas, tuvimos una serie de visitantes. A quienes no tuvieron quizás la oportunidad de participar, les sugiero que lean las versiones taquigráficas, porque justamente ellos están muy a gusto y piden esta ley.
Uno de los que concurrieron fueron representantes de la CAPPI (Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet). Ellos dicen que esta ley los protege y que realmente les genera un sistema de competitividad interesante. Es muy bueno escucharlos. Otro de los visitantes fueron la Cámara Argentina de Cableoperadores e Internet PYMES y la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET).
Estas compañías, estas asociaciones que reúnen compañías de todo el país, están a favor de esta ley, principalmente por el objeto que decía el secretario Huici.
Entonces, también es importante escuchar que hay otras campanas, porque justamente, a los pequeños proveedores y productores en materia de telecomunicaciones es a quien beneficiaría esta ley.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor diputado Ziliotto.
SR. ZILIOTTO La señora diputada Banfi me hizo acordar de algo. Casualmente, por haber escuchado a los actores -y tiene que ver también con el debate que se dio en el Senado-, todos estos pequeños cableoperadores están pidiendo dos cosas, que también las pidieron en el Senado: que del 20 se pase al 30 y que sea permanente. Es decir que la política debe respetar a los operadores regionales no solo para esta asignación de espectro, sino para todas las que vengan. En ese sentido lo han pedido.
Por último, señor presidente, algo que tiene que ver con un párrafo que agregó casualmente el Senado en el artículo 8°. Es algo que sinceramente a mí me hace mucho ruido y creo que seguramente a usted también, señor presidente, que es nuestra guía jurídica.
Hay una intromisión de otro poder. Se faculta a los concejos deliberantes a tomar atribuciones de autoridad de aplicación. Ellos van a ser los que determinen si hay demanda insatisfecha o si hay inconformidad en cuanto al servicio.
Sinceramente, no sé cuál es el objeto. Pero no podemos permitir, por una cuestión de técnica legislativa, que esté ese tipo de normativas, donde más allá de los plazos que se establecen para determinar si se da permiso a un prestador para que preste un servicio, el concejo deliberante pueda determinar si hay demanda insatisfecha o no. Tenemos una autoridad de aplicación nacional. Creo que hay que sacarlo del dictamen.
Por último, señor presidente, algo que tiene que ver con un párrafo que agregó casualmente el Senado en el artículo 8°. Es algo que sinceramente a mí me hace mucho ruido y creo que seguramente a usted también, señor presidente, que es nuestra guía jurídica.
Hay una intromisión de otro poder. Se faculta a los concejos deliberantes a tomar atribuciones de autoridad de aplicación. Ellos van a ser los que determinen si hay demanda insatisfecha o si hay inconformidad en cuanto al servicio.
Sinceramente, no sé cuál es el objeto. Pero no podemos permitir, por una cuestión de técnica legislativa, que esté ese tipo de normativas, donde más allá de los plazos que se establecen para determinar si se da permiso a un prestador para que preste un servicio, el concejo deliberante pueda determinar si hay demanda insatisfecha o no. Tenemos una autoridad de aplicación nacional. Creo que hay que sacarlo del dictamen.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el secretario Huici.
SR. HUICI Creo que como está redactada la propuesta que viene del Senado lo que dice es que el organismo deliberativo -el legislativo local, donde está representada la voluntad política de la comunidad- puede requerirle a la autoridad de aplicación que levante una restricción para que haya más competencia en una localidad. No es que el propio órgano deliberativo va a levantar esa restricción. En todo caso, representando el sentir y la voluntad de la comunidad y, en función de algún argumento, puede solicitar a la autoridad de aplicación -en este caso al ENACOM- que levante esa restricción. Creo que incluso el Senado estableció que tendría que haber audiencia pública y un procedimiento que garantice la participación de los interesados.
Pero, en todo caso, no habría una vulneración del derecho del consumidor que, eventualmente, tendrá una opción más. No estará obligado en ningún caso a dejar su prestador, sino que tendrá una opción más antes de los plazos que señala el Senado, que nunca serán anteriores al 1° de julio de 2020. Es decir, esto tendría aplicación, de acuerdo a la norma sancionada por el Senado, entre el 1° de julio de 2020 y el 1° de enero de 2022.
Pero, en todo caso, no habría una vulneración del derecho del consumidor que, eventualmente, tendrá una opción más. No estará obligado en ningún caso a dejar su prestador, sino que tendrá una opción más antes de los plazos que señala el Senado, que nunca serán anteriores al 1° de julio de 2020. Es decir, esto tendría aplicación, de acuerdo a la norma sancionada por el Senado, entre el 1° de julio de 2020 y el 1° de enero de 2022.
SR. DEL CERRO Cabe aclarar en este punto que es muy frecuente que en los concejos deliberantes se presenten demandas relacionadas con la salud.
Creo que se debiera precisar el término "demanda insatisfecha" porque, de lo contrario, pueden llegar a tener problemas, ya que, en los concejos deliberantes, la instalación de antenas y los cuadros radioeléctricos siempre movilizan a grupos de vecinos que, sin tener una información calificada, científicamente probada, alegan demasiadas cuestiones que pueden imposibilitar el despliegue de una ley por buena que sea.
Entonces, el concepto de demanda insatisfecha no lo limitaría a un problema de número de actores y de mercado sino más precisamente, ya que es un corpus normativo nacional.
Creo que se debiera precisar el término "demanda insatisfecha" porque, de lo contrario, pueden llegar a tener problemas, ya que, en los concejos deliberantes, la instalación de antenas y los cuadros radioeléctricos siempre movilizan a grupos de vecinos que, sin tener una información calificada, científicamente probada, alegan demasiadas cuestiones que pueden imposibilitar el despliegue de una ley por buena que sea.
Entonces, el concepto de demanda insatisfecha no lo limitaría a un problema de número de actores y de mercado sino más precisamente, ya que es un corpus normativo nacional.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor diputado Ziliotto, que le va a leer el párrafo al secretario.
SR. ZILIOTTO Dice así: "A partir del 1° de julio de 2020 la autoridad local, a través de su órgano deliberativo, por razones de interés general, mediante resolución fundada y previa audiencia pública, podrá solicitar al ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM) que autorice la operación de un prestador de Servicios de TIC que tuviere prohibido ofrecer sus servicios en las localidades previstas en este artículo".
Hay concejos deliberantes que tienen cuatro personas.
Hay concejos deliberantes que tienen cuatro personas.
SRA. GIUDICI Quiero hacer una aclaración. En primer lugar, como leyó bien el artículo, puede solicitarlo, previa audiencia pública. Se trata de adelantar los plazos para incorporar nuevos actores y mayor competencia. Este artículo fue incorporado a pedido de la Presidencia de la comisión y la bancada del senador Luenzo. Nos pareció una estrategia de federalismo interesante para incorporar.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Antes de finalizar, quisiera pedirle a la presidenta del ENACOM si nos puede dar una precisión.
Hace unos momentos dijo que DirecTV había presentado los contratos respectivos para cumplir con la obligación de la señal local. Quisiera consultarle en qué consisten esos contratos, en líneas generales -después nos podrá alcanzar la información técnica-, porque, básicamente, cuando tuve entrevistas con empresarios de esa firma, sobre todo para el norte del país, adujeron problemas técnicos en las señales satelitales que tenían para poder hacer esa tarea.
Sería importante contar con esa información, si la tiene. De lo contrario, nos la puede enviar luego.
Hace unos momentos dijo que DirecTV había presentado los contratos respectivos para cumplir con la obligación de la señal local. Quisiera consultarle en qué consisten esos contratos, en líneas generales -después nos podrá alcanzar la información técnica-, porque, básicamente, cuando tuve entrevistas con empresarios de esa firma, sobre todo para el norte del país, adujeron problemas técnicos en las señales satelitales que tenían para poder hacer esa tarea.
Sería importante contar con esa información, si la tiene. De lo contrario, nos la puede enviar luego.
SRA. GIUDICI No encuentro la norma. Creo que era la 4337, del mes de mayo. Como decía, es cierto que esto estuvo en la ley, pero nunca se cumplió. Generamos entonces esta resolución del Directorio para obligar a la empresa a subir contenidos locales. Presentaron una propuesta, que no cumplía en principio con los requisitos, ya que lo que se pide es que sean canales de producción propia, regionales, locales.
Finalmente, hicieron la propuesta. Les vamos a enviar la documentación para que, a través de la Presidencia, la hagan circular, pero ya hay cuatro canales incorporados a la grilla de manera efectiva.
Finalmente, hicieron la propuesta. Les vamos a enviar la documentación para que, a través de la Presidencia, la hagan circular, pero ya hay cuatro canales incorporados a la grilla de manera efectiva.
SR. RAMÓN A los usuarios no les llega todavía.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Ya va a llegar, esperemos.
Damos por finalizada la reunión. Muchas gracias a todos por su presencia.
Damos por finalizada la reunión. Muchas gracias a todos por su presencia.