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COMUNICACIONES E INFORMATICA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 139
Secretario Administrativo CPN RANGUGNI SABRINA
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2144 Internos 2144/42
cceinformatica@hcdn.gob.ar
- COMUNICACIONES E INFORMATICA
Reunión del día 28/08/2018
- FOMENTO DEL DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA Y LA COMPETENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC)
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de agosto de 2018, a la hora 17 y 16:
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Damos inicio a la reunión de la Comisión de Comunicaciones e Informática del día de la fecha.
Continuando con el trabajo de la comisión, hoy recibimos la visita de representantes de diversas entidades, expertos y personalidades que han sido propuestas por diferentes señores diputados a los fines de seguir debatiendo y escuchando las diferentes posturas sobre el proyecto de ley en revisión contenido en el expediente 0044-s-2018, relacionado con el fomento del despliegue de infraestructura y la competencia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Esta iniciativa propicia una modificación de las leyes 27.078, 27.208 y 26.522.
Pido a los expositores que sean lo más breves posible y no se extiendan más de cinco o diez minutos, ya que son varios los invitados y hoy, martes, los diputados tenemos varias reuniones de comisiones. Entonces, posiblemente algunos señores legisladores tengan que retirarse antes.
Quiero señalarles que esta es la tercera reunión que tenemos sobre este tema. Ya han existido posturas expresadas por diferentes sectores y asociaciones. Así que en ese aspecto les pedimos que sean breves en el diagnóstico y más precisos en la propuesta concreta, que es lo que nos parece que nos puede ilustrar más a la hora de poder trabajar en esto. Sin querer cercenar a nadie en el uso de la palabra, considero que sería la forma de direccionar la reunión para que le saquemos el mayor rédito posible a la visita de nuestros invitados. Sé que algunos han venido de diversos puntos del país. Entonces, con mayor razón queremos trabajar en esa línea.
En lo que hace al diagnóstico de la situación, la comisión ya conoce bastante las diferentes regiones. En la reunión del martes pasado han participado representantes de asociaciones de distintas provincias y nos han manifestado sus inquietudes, concretamente en lo que hace al aspecto regional. Señalo esto para que, de pronto, podamos canalizar el momento y hacer aportes concretos en la temática, más allá de las críticas que se tengan que hacer.
En primer término, hará uso de la palabra el señor Oscar Trucco, en representación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones del Ministerio y Secretaría General de la Gobernación de Santa Cruz.
Continuando con el trabajo de la comisión, hoy recibimos la visita de representantes de diversas entidades, expertos y personalidades que han sido propuestas por diferentes señores diputados a los fines de seguir debatiendo y escuchando las diferentes posturas sobre el proyecto de ley en revisión contenido en el expediente 0044-s-2018, relacionado con el fomento del despliegue de infraestructura y la competencia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Esta iniciativa propicia una modificación de las leyes 27.078, 27.208 y 26.522.
Pido a los expositores que sean lo más breves posible y no se extiendan más de cinco o diez minutos, ya que son varios los invitados y hoy, martes, los diputados tenemos varias reuniones de comisiones. Entonces, posiblemente algunos señores legisladores tengan que retirarse antes.
Quiero señalarles que esta es la tercera reunión que tenemos sobre este tema. Ya han existido posturas expresadas por diferentes sectores y asociaciones. Así que en ese aspecto les pedimos que sean breves en el diagnóstico y más precisos en la propuesta concreta, que es lo que nos parece que nos puede ilustrar más a la hora de poder trabajar en esto. Sin querer cercenar a nadie en el uso de la palabra, considero que sería la forma de direccionar la reunión para que le saquemos el mayor rédito posible a la visita de nuestros invitados. Sé que algunos han venido de diversos puntos del país. Entonces, con mayor razón queremos trabajar en esa línea.
En lo que hace al diagnóstico de la situación, la comisión ya conoce bastante las diferentes regiones. En la reunión del martes pasado han participado representantes de asociaciones de distintas provincias y nos han manifestado sus inquietudes, concretamente en lo que hace al aspecto regional. Señalo esto para que, de pronto, podamos canalizar el momento y hacer aportes concretos en la temática, más allá de las críticas que se tengan que hacer.
En primer término, hará uso de la palabra el señor Oscar Trucco, en representación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones del Ministerio y Secretaría General de la Gobernación de Santa Cruz.
SR. TRUCCO Señor presidente, señores diputados: en primer lugar, en nombre de la provincia de Santa Cruz, quiero agradecer que nos hayan invitado a participar de esta reunión. Si bien la provincia no tiene licencia de operador TIC, a través de mi área tiene la gran responsabilidad de trabajar con todo lo que son las comunicaciones en la Santa Cruz. Esta última es una provincia patagónica que tiene fundamentalmente gravísimos problemas de conectividad.
Esto se debe a que recién en 2014, cuando AR-SAT tomó la decisión de construir la red de fibra óptica nacional -sobre todo en el área patagónica-, pudimos dar conectividad a toda la región de la Patagonia de la ruta 40. Previo a eso, las grandes prestadoras, como Telefónica y Claro, habían llevado la fibra óptica hasta la ciudad de Rio Gallegos. Y Telefónica la llevó a la Isla Grande de Tierra del Fuego.
Debo decir que la provincia de Santa Cruz, la segunda en extensión, tiene un gravísimo problema de comunicación. Esto obedece a que en la década del 90, cuando se produjeron las privatizaciones, cinco de las dieciséis localidades que componen la provincia optaron por no entregar los sistemas de telefonía. Consecuentemente, quedaron con sus redes como prestadoras históricas las localidades de Río Turbio y de Calafate, y los municipios de Las Heras, de Pico Truncado, de Caleta Olivia y de Cañadón Seco.
Con este proyecto de ley es claro que el futuro del sector se define en la nueva generación de las comunicaciones móviles. Las redes de fibra óptica y las contrataciones satelitales de alto rendimiento, que se complementan entre sí, incrementan notablemente la capacidad de tráfico de datos y permiten la transmisión de los servicios disponibles.
La imposibilidad de los licenciatarios, las pymes y las cooperativas de contar con el espectro de la ley que fue adjudicado para ingresar en las comunicaciones móviles puede representar una inviabilidad comercial en un futuro cercano.
Para los operadores de cable del interior, el ingreso de Claro y de Telefónica en el mercado de la televisión representa un incremento en la competencia de la mano de dos poderosos grupos con fuerte capacidad comercial.
Sin embargo, la competencia -tal como fue aclarado en diversas exposiciones- no es el problema central. Las pymes y las cooperativas del sector no le temen a la competencia. Además, se encuentran confiadas en su mayor competitividad por disponer de una relación cercana con los usuarios y haber invertido siempre para mejorar los servicios en la localidad en la que los prestan.
El problema radica en que no disponen de frecuencias para comunicaciones móviles y no hay competencia en igualdad de condiciones. Esto sí representaría, tanto para Claro como para Telefónica, una ventaja que no podrían superar los licenciatarios del interior.
El artículo 1° del proyecto de ley que cuenta con la correspondiente sanción del Honorable Senado establece la incorporación de un artículo 40 bis a la ley 27.078, cuya redacción sería la siguiente: "Los licenciatarios de Servicios de TIC facilitarán el uso y ocupación de su infraestructura pasiva (...) en la medida en que ello sea técnicamente factible, no afecte la normal prestación del servicio que brindan a sus clientes ni resulte necesario para la expansión futura de sus propias redes,...".
En otros operadores de comunicaciones móviles, la compartición de infraestructura se encuentra establecida en distintos reglamentos ya existentes, incluida la licitación de 4G dispuesta en 2014.
Todo esto hace que desde nuestra área y provincia y teniendo en cuenta la fusión entre Telecom y Cablevisión -actualmente el operador con mayor acceso y capacidad de facturación de una industria que genera más de 5.000 millones de dólares anuales-, consideremos fundamental que no se apruebe este proyecto tal como está redactado.
Mediante una resolución de la Secretaría de Comercio Interior se habilita la posibilidad de brindar servicios convergentes a partir del 1° de enero de 2019. La totalidad de los competidores tendrían plazos mucho más dilatados, incluso indeterminados, en caso de aprobarse el proyecto de ley tal como está redactado. Los restantes prestadores de comunicaciones móviles recién podrían brindar servicios a partir de 2022. Esto los pone en una clara diferencia de competencia.
También resulta claro que en muchos lugares de nuestro país la única alternativa para ver televisión es el satélite. Me refiero concretamente a mi provincia, donde las distancias son muy extensas, los operadores solamente están en las ciudades y los sectores rurales no pueden acceder al servicio.
En los hogares rurales y las áreas urbanas donde no hay tendido de redes de fibra, Direct TV es el mayor prestador de servicios de televisión; esto, teniendo en cuenta que hoy en muchos casos no se puede utilizar, por falta de mantenimiento, el sistema que se instaló oportunamente a través de TDAH.
Es fundamental aclarar que todas las empresas disponen de espectro a nivel nacional; incluso, por la fusión de Telecom y Cablevisión deberían devolver algo de espectro.
No es necesario que la Patagonia -fundamentalmente me refiero a Santa Cruz- tenga mayor espectro, dado que solamente contamos con 4G en la ciudad de Río Gallegos.
Otras ciudades, como por ejemplo El Calafate, tienen el 80 por ciento de su celdas con 4G. El resto, como Caleta Olivia, Río Turbio, 28 de Noviembre y Puerto San Julián, tienen solamente el 50 por ciento.
Las poblaciones de la Cordillera -me refiero a Perito Moreno, Los Antiguos y Gobernador Gregores- solamente tienen 2G aún funcionando. En línea con esto, les cuento una pequeña anécdota: en Gobernador Gregores, el centro de AR-SAT está ubicado a seis metros del centro de Claro, que presta servicio telefónico móvil por satélite; es decir, ni siquiera utilizan la interconexión de la red de fibra de AR-SAT.
Eso que sucede allí también ocurre en localidades más pequeñas que están interconectadas por la red de fibra de AR-SAT, donde la telefonía básica de Telefónica, como en el caso de Tres Lagos, Bajo Caracoles y Perito Moreno, aún es satelital. Es decir que ni siquiera utilizan la red de AR-SAT para interconectarse.
Por eso creo que para regiones como la nuestra no es necesario ampliarle el espectro a las operadoras. Lo que deberían hacer las tres prestadoras -me refiero a Claro, Movistar y Telecom- es cubrir las localidades con los servicios que están obligadas a brindar.
Si tuviésemos que hablar de las grandes ciudades, como por ejemplo la Capital Federal, Córdoba y Rosario, tal vez sí sería discutible el tema de si hay que ampliar o no el espectro a las grandes operadoras. Es una realidad que en algunos casos sí han funcionado. De todas maneras, es un tema que hay que tratar en otra oportunidad y no en el marco del proyecto de ley en consideración.
Otro tema fundamental dentro de esta iniciativa es poner en igualdad el valor con que las grandes empresas -me refiero a las prestatarias como Telecom, Telefónica y Claro- venden el mega. En este sentido, hay una clara discriminación en cuanto al valor al que le venden a cada uno. Hay ciudades donde el mega se está pagando entre 80 y 100 dólares, cuando en la mayoría de los casos su valor oscila entre 40 y 50 dólares, lo que resulta una locura para lo que se abona en la Capital Federal, donde el precio está entre 15 y 25 dólares, dependiendo del convenio o el arreglo que se haga con cada una de las empresas.
Por eso creo que también es fundamental darle un valor agregado a la gran red de infraestructura que es AR-SAT, que tiene al país funcionando y en la cual se invirtió mucho tiempo y dinero. Me parece que sería importante que el Estado defienda esa red en virtud de que fue una inversión que ya se ha hecho, está funcionando y fue la solución para todas las pequeñas comunidades, como por ejemplo en Santa Cruz -esto lo han expresado correctamente algunos senadores en la reunión que hemos tenido con ellos- y otras ciudades de la Cordillera, de Chubut y de parte de Río Negro, donde AR-SAT les está brindando un servicio fundamental.
Creo que darle a un multimedio o a una gran empresa, como el grupo Clarín en la fusión con Cablevisión y Telecom, la posibilidad de ser los únicos que vendan el servicio a partir del 1° de enero, pondría en serio riesgo muchos puestos de trabajos de pequeñas cooperativas y cableoperadores, a los que les resultaría casi imposible competir a los valores que ellos, seguramente, brindarán el servicio.
Tengamos en cuenta que una empresa local que brinda el servicio de Internet en la provincia de Santa Cruz tiene menos de 5.000 abonados. En consecuencia, los números son casi irrisorios para poder competir con las grandes empresas.
Esto se debe a que recién en 2014, cuando AR-SAT tomó la decisión de construir la red de fibra óptica nacional -sobre todo en el área patagónica-, pudimos dar conectividad a toda la región de la Patagonia de la ruta 40. Previo a eso, las grandes prestadoras, como Telefónica y Claro, habían llevado la fibra óptica hasta la ciudad de Rio Gallegos. Y Telefónica la llevó a la Isla Grande de Tierra del Fuego.
Debo decir que la provincia de Santa Cruz, la segunda en extensión, tiene un gravísimo problema de comunicación. Esto obedece a que en la década del 90, cuando se produjeron las privatizaciones, cinco de las dieciséis localidades que componen la provincia optaron por no entregar los sistemas de telefonía. Consecuentemente, quedaron con sus redes como prestadoras históricas las localidades de Río Turbio y de Calafate, y los municipios de Las Heras, de Pico Truncado, de Caleta Olivia y de Cañadón Seco.
Con este proyecto de ley es claro que el futuro del sector se define en la nueva generación de las comunicaciones móviles. Las redes de fibra óptica y las contrataciones satelitales de alto rendimiento, que se complementan entre sí, incrementan notablemente la capacidad de tráfico de datos y permiten la transmisión de los servicios disponibles.
La imposibilidad de los licenciatarios, las pymes y las cooperativas de contar con el espectro de la ley que fue adjudicado para ingresar en las comunicaciones móviles puede representar una inviabilidad comercial en un futuro cercano.
Para los operadores de cable del interior, el ingreso de Claro y de Telefónica en el mercado de la televisión representa un incremento en la competencia de la mano de dos poderosos grupos con fuerte capacidad comercial.
Sin embargo, la competencia -tal como fue aclarado en diversas exposiciones- no es el problema central. Las pymes y las cooperativas del sector no le temen a la competencia. Además, se encuentran confiadas en su mayor competitividad por disponer de una relación cercana con los usuarios y haber invertido siempre para mejorar los servicios en la localidad en la que los prestan.
El problema radica en que no disponen de frecuencias para comunicaciones móviles y no hay competencia en igualdad de condiciones. Esto sí representaría, tanto para Claro como para Telefónica, una ventaja que no podrían superar los licenciatarios del interior.
El artículo 1° del proyecto de ley que cuenta con la correspondiente sanción del Honorable Senado establece la incorporación de un artículo 40 bis a la ley 27.078, cuya redacción sería la siguiente: "Los licenciatarios de Servicios de TIC facilitarán el uso y ocupación de su infraestructura pasiva (...) en la medida en que ello sea técnicamente factible, no afecte la normal prestación del servicio que brindan a sus clientes ni resulte necesario para la expansión futura de sus propias redes,...".
En otros operadores de comunicaciones móviles, la compartición de infraestructura se encuentra establecida en distintos reglamentos ya existentes, incluida la licitación de 4G dispuesta en 2014.
Todo esto hace que desde nuestra área y provincia y teniendo en cuenta la fusión entre Telecom y Cablevisión -actualmente el operador con mayor acceso y capacidad de facturación de una industria que genera más de 5.000 millones de dólares anuales-, consideremos fundamental que no se apruebe este proyecto tal como está redactado.
Mediante una resolución de la Secretaría de Comercio Interior se habilita la posibilidad de brindar servicios convergentes a partir del 1° de enero de 2019. La totalidad de los competidores tendrían plazos mucho más dilatados, incluso indeterminados, en caso de aprobarse el proyecto de ley tal como está redactado. Los restantes prestadores de comunicaciones móviles recién podrían brindar servicios a partir de 2022. Esto los pone en una clara diferencia de competencia.
También resulta claro que en muchos lugares de nuestro país la única alternativa para ver televisión es el satélite. Me refiero concretamente a mi provincia, donde las distancias son muy extensas, los operadores solamente están en las ciudades y los sectores rurales no pueden acceder al servicio.
En los hogares rurales y las áreas urbanas donde no hay tendido de redes de fibra, Direct TV es el mayor prestador de servicios de televisión; esto, teniendo en cuenta que hoy en muchos casos no se puede utilizar, por falta de mantenimiento, el sistema que se instaló oportunamente a través de TDAH.
Es fundamental aclarar que todas las empresas disponen de espectro a nivel nacional; incluso, por la fusión de Telecom y Cablevisión deberían devolver algo de espectro.
No es necesario que la Patagonia -fundamentalmente me refiero a Santa Cruz- tenga mayor espectro, dado que solamente contamos con 4G en la ciudad de Río Gallegos.
Otras ciudades, como por ejemplo El Calafate, tienen el 80 por ciento de su celdas con 4G. El resto, como Caleta Olivia, Río Turbio, 28 de Noviembre y Puerto San Julián, tienen solamente el 50 por ciento.
Las poblaciones de la Cordillera -me refiero a Perito Moreno, Los Antiguos y Gobernador Gregores- solamente tienen 2G aún funcionando. En línea con esto, les cuento una pequeña anécdota: en Gobernador Gregores, el centro de AR-SAT está ubicado a seis metros del centro de Claro, que presta servicio telefónico móvil por satélite; es decir, ni siquiera utilizan la interconexión de la red de fibra de AR-SAT.
Eso que sucede allí también ocurre en localidades más pequeñas que están interconectadas por la red de fibra de AR-SAT, donde la telefonía básica de Telefónica, como en el caso de Tres Lagos, Bajo Caracoles y Perito Moreno, aún es satelital. Es decir que ni siquiera utilizan la red de AR-SAT para interconectarse.
Por eso creo que para regiones como la nuestra no es necesario ampliarle el espectro a las operadoras. Lo que deberían hacer las tres prestadoras -me refiero a Claro, Movistar y Telecom- es cubrir las localidades con los servicios que están obligadas a brindar.
Si tuviésemos que hablar de las grandes ciudades, como por ejemplo la Capital Federal, Córdoba y Rosario, tal vez sí sería discutible el tema de si hay que ampliar o no el espectro a las grandes operadoras. Es una realidad que en algunos casos sí han funcionado. De todas maneras, es un tema que hay que tratar en otra oportunidad y no en el marco del proyecto de ley en consideración.
Otro tema fundamental dentro de esta iniciativa es poner en igualdad el valor con que las grandes empresas -me refiero a las prestatarias como Telecom, Telefónica y Claro- venden el mega. En este sentido, hay una clara discriminación en cuanto al valor al que le venden a cada uno. Hay ciudades donde el mega se está pagando entre 80 y 100 dólares, cuando en la mayoría de los casos su valor oscila entre 40 y 50 dólares, lo que resulta una locura para lo que se abona en la Capital Federal, donde el precio está entre 15 y 25 dólares, dependiendo del convenio o el arreglo que se haga con cada una de las empresas.
Por eso creo que también es fundamental darle un valor agregado a la gran red de infraestructura que es AR-SAT, que tiene al país funcionando y en la cual se invirtió mucho tiempo y dinero. Me parece que sería importante que el Estado defienda esa red en virtud de que fue una inversión que ya se ha hecho, está funcionando y fue la solución para todas las pequeñas comunidades, como por ejemplo en Santa Cruz -esto lo han expresado correctamente algunos senadores en la reunión que hemos tenido con ellos- y otras ciudades de la Cordillera, de Chubut y de parte de Río Negro, donde AR-SAT les está brindando un servicio fundamental.
Creo que darle a un multimedio o a una gran empresa, como el grupo Clarín en la fusión con Cablevisión y Telecom, la posibilidad de ser los únicos que vendan el servicio a partir del 1° de enero, pondría en serio riesgo muchos puestos de trabajos de pequeñas cooperativas y cableoperadores, a los que les resultaría casi imposible competir a los valores que ellos, seguramente, brindarán el servicio.
Tengamos en cuenta que una empresa local que brinda el servicio de Internet en la provincia de Santa Cruz tiene menos de 5.000 abonados. En consecuencia, los números son casi irrisorios para poder competir con las grandes empresas.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor Carlos Bilbao, subsecretario de Telecomunicaciones de la Secretaría de Modernización del Estado, Ciencia y Tecnología del gobierno de Entre Ríos. Me imagino que deben tener una sigla más corta. (Risas.)
SR. BILBAO Sí, sí.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE El señor Carlos Bilbao está acompañado por el ingeniero Leandro Reyes.
SR. BILBAO Buenas tardes, señor presidente y señores diputados. Vengo en representación de la provincia de Entre Ríos.
Como bien decía el orador preopinante, represento a una provincia que tiene muchísimas pequeñas y medianas empresas dedicadas a telecomunicaciones. En nuestra provincia hay alrededor de 52 empresas de cableoperador y aproximadamente 150 empresas ISP.
Estas empresas no tienen inconvenientes en competir. Pero tendrán muchas incertidumbres respecto de las asimetrías en el supuesto de que este proyecto de ley fuera sancionado definitivamente sin modificaciones, es decir, tal como ha venido del Senado.
En principio vemos una gran desprolijidad normativa. En caso de aprobarse este proyecto el marco normativo del sector quedará constituido por dos normas legales principales completamente desgarradas, que son las leyes 26.522 y 27.078; los decretos 267/2015 y 1.340/2016, introduciendo artículos claves para modificar la composición y el comportamiento del sector; resoluciones del ENACOM con atribuciones de ley y una norma legal de doce artículos donde la medida más trascendente que se toma -la habilitación para que las telefónicas brinden televisión satelital- quedará suspendida hasta 2022.
El proyecto de ley en consideración delega en el Poder Ejecutivo una amplia discrecionalidad en la reglamentación y desprotege las inversiones realizadas por los estados nacional y provincial.
La propuesta que establece el artículo 1° de este proyecto de ley es la siguiente: "Incorpórase como artículo 40 bis de la ley 27.078 el siguiente texto: 'Artículo 40 bis.- Compartición de infraestructura. Los licenciatarios de Servicios TIC, exceptuando las sociedades del Estado constituidas en los términos del artículo 1° de la ley 20.705, sociedades constituidas en los términos del artículo 308 de la ley general de sociedades -ley 19.550 (T.O. 1984)- y sus modificaciones o sociedades mencionadas en el inciso b) del artículo 8° de la ley de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional -ley 24.156- y sus modificaciones, facilitarán el uso y ocupación de su infraestructura pasiva, integradas por torres, postes, ductos y cualquier otro elemento que utilicen para desplegar, albergar o instalar cables, fibra óptica, antenas, equipos, dispositivos o cualquier otro recurso análogo requerido en la prestación de sus servicios, a otros licenciatarios para el despliegue de sus redes en la medida en que ello sea técnicamente factible y no afecte la normal prestación del servicio que brindan a sus clientes ni resulte necesario para la expansión futura de sus propias redes conforme lo disponga la reglamentación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
'El uso compartido de infraestructura se instrumentará mediante convenios celebrados entre los licenciatarios y/o titulares, en los que se establecerán las condiciones técnicas y económicas en forma objetiva, transparente, no discriminatoria y proporcionada, teniendo en cuenta valores de marcado o, en su ausencia, promedios de precios regionales en América Latina para facilidades similares. Tales convenios deberán registrarse ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para su homologación y publicación antes de los treinta (30) días de la fecha efectiva de entrada en vigencia.
'Los conflictos que pudieren surgir como consecuencia de la aplicación de este artículo, serán resueltos por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), conforme las previsiones de la presente ley teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 46'."
Este proyecto de ley, tal como está planteado, desalienta las inversiones en mercados marginales, mercados de pocos usuarios pero que tienen inversiones de riesgo importantes. Según nuestro criterio no considera las asimetrías en las pymes y cooperativas al mismo nivel que los grandes operadores, lo que pude promover la concentración del mercado.
En ningún artículo de este proyecto de ley se contempla en forma fehaciente a los usuarios, pero sí a las empresas.
Tampoco se contemplan contenidos regionales en la televisión satelital. En Entre Ríos tenemos un especial interés respecto de este punto.
Piensen que cada uno de los cableoperadores de Entre Ríos, que como dije son cincuenta, tiene contenidos de programas locales y regionales. Esto no se encuentra contemplado en este proyecto de ley.
Tampoco se considera una tarifa social ni se promueven inversiones en mercados marginales, en localidades pequeñas y poco rentables para los mercados.
Además, en ninguno de los artículos de esta iniciativa se protege y la inversión de la industria nacional, fundamentalmente en lo relacionado con el tema satelital.
Por lo tanto, sugerimos que todos estos aspectos sean tenidos en cuenta en el supuesto de que se pueda modificar el proyecto de ley venido en revisión del Senado.
Como bien decía el orador preopinante, represento a una provincia que tiene muchísimas pequeñas y medianas empresas dedicadas a telecomunicaciones. En nuestra provincia hay alrededor de 52 empresas de cableoperador y aproximadamente 150 empresas ISP.
Estas empresas no tienen inconvenientes en competir. Pero tendrán muchas incertidumbres respecto de las asimetrías en el supuesto de que este proyecto de ley fuera sancionado definitivamente sin modificaciones, es decir, tal como ha venido del Senado.
En principio vemos una gran desprolijidad normativa. En caso de aprobarse este proyecto el marco normativo del sector quedará constituido por dos normas legales principales completamente desgarradas, que son las leyes 26.522 y 27.078; los decretos 267/2015 y 1.340/2016, introduciendo artículos claves para modificar la composición y el comportamiento del sector; resoluciones del ENACOM con atribuciones de ley y una norma legal de doce artículos donde la medida más trascendente que se toma -la habilitación para que las telefónicas brinden televisión satelital- quedará suspendida hasta 2022.
El proyecto de ley en consideración delega en el Poder Ejecutivo una amplia discrecionalidad en la reglamentación y desprotege las inversiones realizadas por los estados nacional y provincial.
La propuesta que establece el artículo 1° de este proyecto de ley es la siguiente: "Incorpórase como artículo 40 bis de la ley 27.078 el siguiente texto: 'Artículo 40 bis.- Compartición de infraestructura. Los licenciatarios de Servicios TIC, exceptuando las sociedades del Estado constituidas en los términos del artículo 1° de la ley 20.705, sociedades constituidas en los términos del artículo 308 de la ley general de sociedades -ley 19.550 (T.O. 1984)- y sus modificaciones o sociedades mencionadas en el inciso b) del artículo 8° de la ley de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional -ley 24.156- y sus modificaciones, facilitarán el uso y ocupación de su infraestructura pasiva, integradas por torres, postes, ductos y cualquier otro elemento que utilicen para desplegar, albergar o instalar cables, fibra óptica, antenas, equipos, dispositivos o cualquier otro recurso análogo requerido en la prestación de sus servicios, a otros licenciatarios para el despliegue de sus redes en la medida en que ello sea técnicamente factible y no afecte la normal prestación del servicio que brindan a sus clientes ni resulte necesario para la expansión futura de sus propias redes conforme lo disponga la reglamentación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
'El uso compartido de infraestructura se instrumentará mediante convenios celebrados entre los licenciatarios y/o titulares, en los que se establecerán las condiciones técnicas y económicas en forma objetiva, transparente, no discriminatoria y proporcionada, teniendo en cuenta valores de marcado o, en su ausencia, promedios de precios regionales en América Latina para facilidades similares. Tales convenios deberán registrarse ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para su homologación y publicación antes de los treinta (30) días de la fecha efectiva de entrada en vigencia.
'Los conflictos que pudieren surgir como consecuencia de la aplicación de este artículo, serán resueltos por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), conforme las previsiones de la presente ley teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 46'."
Este proyecto de ley, tal como está planteado, desalienta las inversiones en mercados marginales, mercados de pocos usuarios pero que tienen inversiones de riesgo importantes. Según nuestro criterio no considera las asimetrías en las pymes y cooperativas al mismo nivel que los grandes operadores, lo que pude promover la concentración del mercado.
En ningún artículo de este proyecto de ley se contempla en forma fehaciente a los usuarios, pero sí a las empresas.
Tampoco se contemplan contenidos regionales en la televisión satelital. En Entre Ríos tenemos un especial interés respecto de este punto.
Piensen que cada uno de los cableoperadores de Entre Ríos, que como dije son cincuenta, tiene contenidos de programas locales y regionales. Esto no se encuentra contemplado en este proyecto de ley.
Tampoco se considera una tarifa social ni se promueven inversiones en mercados marginales, en localidades pequeñas y poco rentables para los mercados.
Además, en ninguno de los artículos de esta iniciativa se protege y la inversión de la industria nacional, fundamentalmente en lo relacionado con el tema satelital.
Por lo tanto, sugerimos que todos estos aspectos sean tenidos en cuenta en el supuesto de que se pueda modificar el proyecto de ley venido en revisión del Senado.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Muchas gracias, señor Bilbao.
SR. GRANDINETTI ¿Puedo hacer una pregunta, señor presidente?
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Me he olvidado de explicar cuál es la metodología para el desarrollo de esta reunión. Después de cada exposición, con todo gusto los señores diputados podrán formular las preguntas que estimen pertinentes a cada invitado.
Tiene la palabra el señor diputado Grandinetti.
Tiene la palabra el señor diputado Grandinetti.
SR. GRANDINETTI Señor presidente: me parece interesante el planteo que acaba de hacer el señor Bilbao, particularmente en cuanto a la posibilidad de desalentar las inversiones en zonas no muy rentables y teniendo en cuenta que estamos hablando de infraestructura básica. Cuando uno lo ve en materia de las grandes ciudades, donde esas inversiones ya están constituidas o maduras, hay una lógica en el sentido de no duplicar el esfuerzo por parte de nuevos competidores.
Pero cuando tenemos que desarrollar o impulsar nuevas inversiones en zonas que no son muy rentables desde el punto de vista económico se plantea una cuestión sobre la que tendríamos que poner un poco más de atención. ¿Ustedes pensaron en algún tipo de solución para este problema? ¿Han advertido algún camino para recorrer?
Pero cuando tenemos que desarrollar o impulsar nuevas inversiones en zonas que no son muy rentables desde el punto de vista económico se plantea una cuestión sobre la que tendríamos que poner un poco más de atención. ¿Ustedes pensaron en algún tipo de solución para este problema? ¿Han advertido algún camino para recorrer?
SR. BILBAO Sí, es bien claro que cada región del país tiene sus particularidades.
En el caso de Entre Ríos, la distribución demográfica de la provincia hace que aproximadamente el 15 por ciento de nuestra población esté viviendo en zonas rurales, pero en forma estable, en juntas de gobierno. Por eso siempre ponemos énfasis en que estos lugares poco atractivos para los grandes inversores sean protegidos y cubiertos, fundamentalmente para no excluirlos de la conectividad.
De hecho, la provincia de Entre Ríos está trabajando puntualmente en este tema, en el desarrollo de una empresa provincial de telecomunicaciones a través de ENERSA, que es una empresa provincial que suministra energía pero que dentro de sus estatutos tiene la posibilidad de brindar el servicio de telecomunicaciones. Es ahí donde el Estado provincial, en el caso de Entre Ríos, pondrá énfasis para que estas localidades marginales o de pocos usuarios tengan plena conectividad. Precisamente en esto hemos estado trabajando en Entre Ríos.
Pero si vemos que los plazos para proveer servicios son tan asimétricos para las grandes empresas en relación con las empresas provinciales, nos preocupa que estas zonas puedan ser cubiertas por pequeños operadores, por la empresa provincial de telecomunicaciones, luego de que no le quede ningún cliente cubierto por los plazos que otorga este proyecto de ley.
Espero haber dado respuesta a la inquietud planteada por el señor diputado.
En el caso de Entre Ríos, la distribución demográfica de la provincia hace que aproximadamente el 15 por ciento de nuestra población esté viviendo en zonas rurales, pero en forma estable, en juntas de gobierno. Por eso siempre ponemos énfasis en que estos lugares poco atractivos para los grandes inversores sean protegidos y cubiertos, fundamentalmente para no excluirlos de la conectividad.
De hecho, la provincia de Entre Ríos está trabajando puntualmente en este tema, en el desarrollo de una empresa provincial de telecomunicaciones a través de ENERSA, que es una empresa provincial que suministra energía pero que dentro de sus estatutos tiene la posibilidad de brindar el servicio de telecomunicaciones. Es ahí donde el Estado provincial, en el caso de Entre Ríos, pondrá énfasis para que estas localidades marginales o de pocos usuarios tengan plena conectividad. Precisamente en esto hemos estado trabajando en Entre Ríos.
Pero si vemos que los plazos para proveer servicios son tan asimétricos para las grandes empresas en relación con las empresas provinciales, nos preocupa que estas zonas puedan ser cubiertas por pequeños operadores, por la empresa provincial de telecomunicaciones, luego de que no le quede ningún cliente cubierto por los plazos que otorga este proyecto de ley.
Espero haber dado respuesta a la inquietud planteada por el señor diputado.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE No habiendo otros señores diputados que quieran formular preguntas al subsecretario de Telecomunicaciones de la Secretaría de Modernización del Estado, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Entre Ríos y al subsecretario de Telecomunicaciones del Ministerio Secretaría General de la Gobernación de Santa Cruz, continuamos con la ronda de oradores.
Se encuentran presentes expertos de la Defensoría del Público. Tengo entendido que en representación de dicho organismo hará uso de la palabra el señor Santiago Marino.
Se encuentran presentes expertos de la Defensoría del Público. Tengo entendido que en representación de dicho organismo hará uso de la palabra el señor Santiago Marino.
SR. FERNÁNDEZ LANGAN ¿Me permite una interrupción, señor presidente?
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Sí, señor diputado.
SR. FERNÁNDEZ LANGAN Solicito que a través de la Presidencia o del propio señor Santiago Marino se especifique, antes de hacer uso de la palabra, si su participación en esta reunión es en calidad de representante de una institución o a título personal.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Le pido, señor Marino, que nos aclare esto, a pedido del señor diputado preopinante.
SR. MARINO Buenas tardes, señor presidente, señoras diputadas y señores diputados. Soy Santiago Marino, director de Análisis, Investigación y Monitoreo de la Defensoría del Público. Formo parte del organismo, soy uno de sus directores.
Agradecemos la invitación de la Presidencia para exponer en esta instancia. Entendemos que este es un tema central para las audiencias y fundamental para la construcción de un marco regulatorio.
La Defensoría del Público fue creada por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009. En este momento, dado que se cumplió el mandato de la defensora del Público, es un organismo que se encuentra acéfalo. Se ha delegado la firma en una de sus directoras, María José Guembe, que aquí me acompaña.
De todos modos, el trabajo de la Defensoría radica en la defensa de las audiencias.
Lo que vamos a plantear aquí se sustenta en lo recogido, entre otros elementos de trabajo o prácticas e instancias, en las audiencias públicas.
En ese marco vamos a presentar una serie de aportes al debate sobre el proyecto en cuestión, que será acompañado por un documento que entregaremos a los miembros de la comisión y que tiene como objetivo destacar específicamente cinco aspectos: la comunicación convergente; la necesidad de garantizar un acceso igualitario, específicamente en términos de tarifa social; la regulación de la concentración de la propiedad y los contenidos federales; la derogación de artículos de la ley de servicios de comunicación audiovisual en el proyecto en tratamiento y, finalmente, la propuesta en torno a una Defensoría convergente.
Yendo a las propuestas en particular, cabe decir que la comunicación audiovisual, a través de cualquier soporte, incluida Internet, es un derecho humano. Hoy resulta impensable el ejercicio de los derechos por fuera de los medios tradicionales, entendidos en su sentido más amplio. El Estado tiene el deber de garantizar a todas las personas sujetas a su jurisdicción la posibilidad de acceso y participación ciudadana.
Estudios recientes de universidades y consultoras públicas y privadas y de la Encuesta Permanente de Hogares exponen que el proceso de transformación tecnológica que aquí se discute es también económico y sociocultural. Básicamente, la ciudadanía, en tanto es audiencia, está atravesada por la convergencia: mira, lee, escucha, postea y navega por Internet, y en la Argentina, con modelos de pago excluyentes y desiguales.
Según datos de 2017 del ENACOM, en nuestro país el 70 por ciento de los hogares cuenta con una línea de telefonía fija; el 58 por ciento, con una conexión de la misma modalidad a internet; el 60 por ciento está suscripto a algún servicio de televisión de pago en cualquiera de sus formas de distribución, y existen 61 millones de líneas de telefonía móvil, es decir, hay 140 líneas cada 100 habitantes.
Si nos enfocamos en el desarrollo del mercado y las empresas que ofrecen infraestructura encontraremos altos niveles de concentración y una desigualdad muy relevante en términos de los niveles de facturación y la capacidad de ofrecer los servicios en las distintas localidades.
En este contexto, en 2012 la ONU declaró a Internet como un derecho humano y exhortó a los Estados a promover y facilitar el acceso a ella y a desarrollar políticas de cooperación internacional en pos de garantizar el acceso y la participación ciudadana a este derecho. Esto a su vez fue refrendado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes de 2013 y de 2017.
Dicho esto, desde la Defensoría proponemos, en relación con el proyecto en discusión, la necesidad de garantizar un acceso igualitario a los servicios, especialmente a partir del desarrollo de la tarifa social.
La regulación que se propone en este marco en la Argentina con la "ley corta" avanza desde una perspectiva de mercado. Las distorsiones del mercado no son una condición inherente a la tecnología, sino que tienen que ver con el desarrollo de su estructura.
Como ya ha marcado esta Defensoría, el abordaje de la convergencia en términos de mercado limita al sujeto protegido por el derecho a la comunicación al mero rol de consumidor.
Entendemos que esta es una oportunidad que tiene el Congreso Nacional para regular, resguardar y proteger derechos y que la integración de la sociedad actual y su esfera pública, como hemos dicho, tiene como condición básica el acceso a Internet.
En ese sentido, regular la convergencia también supone comprender las heterogeneidades de las audiencias, los usuarios y los consumidores y requiere contemplar las condiciones estructurales de desigualdad que enfrentan vastos sectores de la ciudadanía.
Al presentar este proyecto el ministro de Modernización de la Nación habló de incrementar en dos millones el número de conexiones a Internet en nuestro país. Pero debemos contemplar que eso está condicionado por el lugar de residencia y la capacidad económica de la ciudadanía, dado que en promedio el costo de acceso supera los 20 dólares en nuestro país.
En función de ello se propone incorporar en el debate una tarifa social que garantice el acceso universal a todos los Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
En relación con cómo sustentar esta propuesta, la experiencia comparada nos muestra que diversos Estados han implementado mecanismos de este tipo. Por ejemplo, los Estados Unidos cuentan con el Programa Lifeline, que garantiza el abono social a los sectores vulnerables y los pueblos originarios.
En España se trabaja sobre una propuesta elaborada por el PSOE, de tarifa social para Internet, tanto fija como móvil y para sectores vulnerables.
La Unión Europea tiene vigente un plan de conectividad gratuita en lugares públicos que desarrollan los municipios con financiamiento de la propia Unión Europea.
Por último, en Finlandia existe una regulación de productos del servicio universal que cubren todos los servicios y obligaciones, tales como la de brindar una velocidad mínima de 100 megas.
En esa línea, el abono social de Internet debería contemplar en la Argentina velocidades de subida y de bajada de por lo menos un mega, como así también mecanismos para que el Estado intervenga ante la eventual discrecionalidad de los precios a fijar.
El siguiente tema tiene que ver con la necesidad de regulación de la concentración de la propiedad y el vínculo con contenidos federales, como ya han mencionado algunos expositores. Desde la Defensoría se insiste en la necesidad de establecer mecanismos ex ante para limitar la concentración de la propiedad, dado que esto puede afectar los derechos de las audiencias tanto en sus condiciones de acceso como de participación. Hay definiciones de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país que sostienen la necesidad de establecer condiciones que limiten los efectos negativos que puede tener la concentración de la propiedad, sobre todo respecto de las cuestiones de pluralismo y diversidad.
Asimismo en esta línea destacamos los aportes que han hecho actores en este debate, como por ejemplo CAPIT y otros organismos que, en relación con la necesidad de fomentar la producción nacional y regional, establecen la necesidad de fijar mecanismos de fomento a la producción y distribución de contenidos de producción local.
En esa línea llamamos la atención respecto del artículo 11 del proyecto de "ley corta", que podría establecer condiciones para dificultar el acceso de los distribuidores de televisión en localidades de provincias ante la posibilidad de que los dueños de televisión abierta cartelicen esa prestación y no puedan, entonces, generarse condiciones de grillas plurales de contenidos.
Desde la Defensoría también advertimos sobre lo propuesto en el artículo 10 del proyecto, que establece la obligación de oferta mayorista de servicios de radiodifusión y de interconexión para localidades con menos de 100.000 habitantes. Proponemos que debería incluirse para todas las ciudades, en todas las regiones del país.
En esta línea destacamos además la necesidad de identificar mecanismos que impidan o limiten la libertad de expresión en múltiples formas, como lo manifestara la OCDE en algunos casos, como por ejemplo en México. Nosotros documentamos en nuestro trabajo estas advertencias que ha realizado dicha organización internacional sobre formas que podrían afectar el pluralismo y la diversidad en diferentes países.
También planteamos que la posible derogación de artículos de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y otras mencionadas en el proyecto de "ley corta", referidos sobre todo a propiedades cruzadas de licencias, podría generar una afectación a las audiencias en cuanto a la necesidad de garantizar acceso y participación ciudadana, sobre todo respecto del acceso a contenidos de interés relevante para las audiencias.
Para finalizar con nuestra propuesta en esta presentación, desde la Defensoría recomendamos la incorporación de una Defensoría del Público de Comunicaciones Convergentes como instancia de defensa y protección de derechos en el nuevo escenario comunicacional. En el Congreso existen una serie de proyectos presentados sobre este ítem en diferentes líneas, entre ellos los de los diputados Brügge y Carro.
Además, el Congreso tiene en agenda la discusión amplia del modo en que la Argentina debe reglamentar o administrar la regulación de los servicios de comunicaciones convergentes.
Estas son nuestras propuestas. Muchas gracias por la invitación.
Agradecemos la invitación de la Presidencia para exponer en esta instancia. Entendemos que este es un tema central para las audiencias y fundamental para la construcción de un marco regulatorio.
La Defensoría del Público fue creada por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009. En este momento, dado que se cumplió el mandato de la defensora del Público, es un organismo que se encuentra acéfalo. Se ha delegado la firma en una de sus directoras, María José Guembe, que aquí me acompaña.
De todos modos, el trabajo de la Defensoría radica en la defensa de las audiencias.
Lo que vamos a plantear aquí se sustenta en lo recogido, entre otros elementos de trabajo o prácticas e instancias, en las audiencias públicas.
En ese marco vamos a presentar una serie de aportes al debate sobre el proyecto en cuestión, que será acompañado por un documento que entregaremos a los miembros de la comisión y que tiene como objetivo destacar específicamente cinco aspectos: la comunicación convergente; la necesidad de garantizar un acceso igualitario, específicamente en términos de tarifa social; la regulación de la concentración de la propiedad y los contenidos federales; la derogación de artículos de la ley de servicios de comunicación audiovisual en el proyecto en tratamiento y, finalmente, la propuesta en torno a una Defensoría convergente.
Yendo a las propuestas en particular, cabe decir que la comunicación audiovisual, a través de cualquier soporte, incluida Internet, es un derecho humano. Hoy resulta impensable el ejercicio de los derechos por fuera de los medios tradicionales, entendidos en su sentido más amplio. El Estado tiene el deber de garantizar a todas las personas sujetas a su jurisdicción la posibilidad de acceso y participación ciudadana.
Estudios recientes de universidades y consultoras públicas y privadas y de la Encuesta Permanente de Hogares exponen que el proceso de transformación tecnológica que aquí se discute es también económico y sociocultural. Básicamente, la ciudadanía, en tanto es audiencia, está atravesada por la convergencia: mira, lee, escucha, postea y navega por Internet, y en la Argentina, con modelos de pago excluyentes y desiguales.
Según datos de 2017 del ENACOM, en nuestro país el 70 por ciento de los hogares cuenta con una línea de telefonía fija; el 58 por ciento, con una conexión de la misma modalidad a internet; el 60 por ciento está suscripto a algún servicio de televisión de pago en cualquiera de sus formas de distribución, y existen 61 millones de líneas de telefonía móvil, es decir, hay 140 líneas cada 100 habitantes.
Si nos enfocamos en el desarrollo del mercado y las empresas que ofrecen infraestructura encontraremos altos niveles de concentración y una desigualdad muy relevante en términos de los niveles de facturación y la capacidad de ofrecer los servicios en las distintas localidades.
En este contexto, en 2012 la ONU declaró a Internet como un derecho humano y exhortó a los Estados a promover y facilitar el acceso a ella y a desarrollar políticas de cooperación internacional en pos de garantizar el acceso y la participación ciudadana a este derecho. Esto a su vez fue refrendado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes de 2013 y de 2017.
Dicho esto, desde la Defensoría proponemos, en relación con el proyecto en discusión, la necesidad de garantizar un acceso igualitario a los servicios, especialmente a partir del desarrollo de la tarifa social.
La regulación que se propone en este marco en la Argentina con la "ley corta" avanza desde una perspectiva de mercado. Las distorsiones del mercado no son una condición inherente a la tecnología, sino que tienen que ver con el desarrollo de su estructura.
Como ya ha marcado esta Defensoría, el abordaje de la convergencia en términos de mercado limita al sujeto protegido por el derecho a la comunicación al mero rol de consumidor.
Entendemos que esta es una oportunidad que tiene el Congreso Nacional para regular, resguardar y proteger derechos y que la integración de la sociedad actual y su esfera pública, como hemos dicho, tiene como condición básica el acceso a Internet.
En ese sentido, regular la convergencia también supone comprender las heterogeneidades de las audiencias, los usuarios y los consumidores y requiere contemplar las condiciones estructurales de desigualdad que enfrentan vastos sectores de la ciudadanía.
Al presentar este proyecto el ministro de Modernización de la Nación habló de incrementar en dos millones el número de conexiones a Internet en nuestro país. Pero debemos contemplar que eso está condicionado por el lugar de residencia y la capacidad económica de la ciudadanía, dado que en promedio el costo de acceso supera los 20 dólares en nuestro país.
En función de ello se propone incorporar en el debate una tarifa social que garantice el acceso universal a todos los Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
En relación con cómo sustentar esta propuesta, la experiencia comparada nos muestra que diversos Estados han implementado mecanismos de este tipo. Por ejemplo, los Estados Unidos cuentan con el Programa Lifeline, que garantiza el abono social a los sectores vulnerables y los pueblos originarios.
En España se trabaja sobre una propuesta elaborada por el PSOE, de tarifa social para Internet, tanto fija como móvil y para sectores vulnerables.
La Unión Europea tiene vigente un plan de conectividad gratuita en lugares públicos que desarrollan los municipios con financiamiento de la propia Unión Europea.
Por último, en Finlandia existe una regulación de productos del servicio universal que cubren todos los servicios y obligaciones, tales como la de brindar una velocidad mínima de 100 megas.
En esa línea, el abono social de Internet debería contemplar en la Argentina velocidades de subida y de bajada de por lo menos un mega, como así también mecanismos para que el Estado intervenga ante la eventual discrecionalidad de los precios a fijar.
El siguiente tema tiene que ver con la necesidad de regulación de la concentración de la propiedad y el vínculo con contenidos federales, como ya han mencionado algunos expositores. Desde la Defensoría se insiste en la necesidad de establecer mecanismos ex ante para limitar la concentración de la propiedad, dado que esto puede afectar los derechos de las audiencias tanto en sus condiciones de acceso como de participación. Hay definiciones de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país que sostienen la necesidad de establecer condiciones que limiten los efectos negativos que puede tener la concentración de la propiedad, sobre todo respecto de las cuestiones de pluralismo y diversidad.
Asimismo en esta línea destacamos los aportes que han hecho actores en este debate, como por ejemplo CAPIT y otros organismos que, en relación con la necesidad de fomentar la producción nacional y regional, establecen la necesidad de fijar mecanismos de fomento a la producción y distribución de contenidos de producción local.
En esa línea llamamos la atención respecto del artículo 11 del proyecto de "ley corta", que podría establecer condiciones para dificultar el acceso de los distribuidores de televisión en localidades de provincias ante la posibilidad de que los dueños de televisión abierta cartelicen esa prestación y no puedan, entonces, generarse condiciones de grillas plurales de contenidos.
Desde la Defensoría también advertimos sobre lo propuesto en el artículo 10 del proyecto, que establece la obligación de oferta mayorista de servicios de radiodifusión y de interconexión para localidades con menos de 100.000 habitantes. Proponemos que debería incluirse para todas las ciudades, en todas las regiones del país.
En esta línea destacamos además la necesidad de identificar mecanismos que impidan o limiten la libertad de expresión en múltiples formas, como lo manifestara la OCDE en algunos casos, como por ejemplo en México. Nosotros documentamos en nuestro trabajo estas advertencias que ha realizado dicha organización internacional sobre formas que podrían afectar el pluralismo y la diversidad en diferentes países.
También planteamos que la posible derogación de artículos de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y otras mencionadas en el proyecto de "ley corta", referidos sobre todo a propiedades cruzadas de licencias, podría generar una afectación a las audiencias en cuanto a la necesidad de garantizar acceso y participación ciudadana, sobre todo respecto del acceso a contenidos de interés relevante para las audiencias.
Para finalizar con nuestra propuesta en esta presentación, desde la Defensoría recomendamos la incorporación de una Defensoría del Público de Comunicaciones Convergentes como instancia de defensa y protección de derechos en el nuevo escenario comunicacional. En el Congreso existen una serie de proyectos presentados sobre este ítem en diferentes líneas, entre ellos los de los diputados Brügge y Carro.
Además, el Congreso tiene en agenda la discusión amplia del modo en que la Argentina debe reglamentar o administrar la regulación de los servicios de comunicaciones convergentes.
Estas son nuestras propuestas. Muchas gracias por la invitación.
SR. FERNÁNDEZ LANGAN Señor presidente, ¿me permite una interrupción, nuevamente?
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Adelante, señor diputado.
SR. FERNÁNDEZ LANGAN Simplemente, señor presidente, para que conste en la versión taquigráfica y todos los integrantes de la comisión podamos entenderlo, quiero preguntar si el expositor -que no estaba en la lista de invitados para hablar hoy, aunque no hay ningún problema con eso- hace uso de la palabra en calidad de experto o en nombre de la Defensoría del Público. Entendemos que su titular todavía no ha sido nombrado. Por eso quisiera entender -y que quede constancia en la versión taquigráfica- en calidad de qué habla. Nada más.
SRA. GUEMBE Habla en calidad de director del Area de Análisis, Investigación y Monitoreo de la Defensoría del Público. Nosotros presentamos una propuesta para participar en esta comisión como Defensoría del Público, y aceptaron nuestra participación.
SR. FERNÁNDEZ LANGAN Por favor, le solicito que se presente para que en la versión taquigráfica quede constancia de quién habla.
SRA. GUEMBE Mi nombre es María José Guembe, soy directora de otra de las direcciones de la Defensoría del Público y actualmente estoy autorizada por la comisión bicameral para ejercer la titularidad hasta que sea designado el titular de la Defensoría del Público.
SR. WECHSLER ¿Comisión bicameral de qué?
SRA. GUEMBE De Seguimiento y Promoción de la Comunicación Audiovisual.
SR. WECHSLER Discúlpeme, pero es un error. Yo pertenezco a esa comisión y no hicimos ninguna autorización.
SRA. GUEMBE La autorización es del 29 de noviembre de 2016.
SR. WECHSLER Quiero comentarle que fui parte de esa comisión bicameral desde 2015, y que yo sepa, jamás hubo ninguna autorización. Pero en todo caso lo vamos a verificar.
SRA. GUEMBE Por favor, verifíquenlo. Nosotros tenemos la versión taquigráfica de la reunión en la que se dispuso y también tengo el acta...
Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Vamos a ordenar un poco el tema.
Primero quiero aclarar que actualmente la Defensoría del Público está acéfala. Sobre eso no hay discusión. La Corte Suprema de Justicia...
Primero quiero aclarar que actualmente la Defensoría del Público está acéfala. Sobre eso no hay discusión. La Corte Suprema de Justicia...
SR. GRANDINETTI ¿Me deja aclarar algo, señor presidente?
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Voy a hacer una introducción y después puede formular la aclaración, señor diputado.
Voy a aclarar la parte administrativa de la comisión. Efectivamente hubo una comunicación formulando un pedido para participar de esta reunión y yo envié una respuesta diciendo que al estar acéfala la Defensoría del Público aceptamos que vinieran expertos a exponer como tales, pero no en representación de la Defensoría como institución porque no tiene una representación desde el punto de vista legal. La Corte lo dijo respecto de la Defensoría del Pueblo de la Nación. O sea que en esto no estamos inventando nada nuevo, sino que es algo que va de suyo.
No obstante, quiero decir que toda propuesta u observación es bienvenida desde la comisión. Creo que lo que están manifestando los señores diputados es para ver cuál es la dimensión de la propuesta que están presentando. O sea que son dimensiones de expertos que están trabajando en la temática pero que no pueden ser la voz cantante institucional de la Defensoría del Pueblo, porque lo ha dicho la Corte respecto del defensor del Pueblo, que es una institución que surge de la propia Constitución Nacional.
Tiene la palabra el señor diputado Grandinetti.
Voy a aclarar la parte administrativa de la comisión. Efectivamente hubo una comunicación formulando un pedido para participar de esta reunión y yo envié una respuesta diciendo que al estar acéfala la Defensoría del Público aceptamos que vinieran expertos a exponer como tales, pero no en representación de la Defensoría como institución porque no tiene una representación desde el punto de vista legal. La Corte lo dijo respecto de la Defensoría del Pueblo de la Nación. O sea que en esto no estamos inventando nada nuevo, sino que es algo que va de suyo.
No obstante, quiero decir que toda propuesta u observación es bienvenida desde la comisión. Creo que lo que están manifestando los señores diputados es para ver cuál es la dimensión de la propuesta que están presentando. O sea que son dimensiones de expertos que están trabajando en la temática pero que no pueden ser la voz cantante institucional de la Defensoría del Pueblo, porque lo ha dicho la Corte respecto del defensor del Pueblo, que es una institución que surge de la propia Constitución Nacional.
Tiene la palabra el señor diputado Grandinetti.
SR. GRANDINETTI Señor presidente: brevemente quiero aclarar algo con respecto al tema de la comisión bicameral.
Efectivamente, creo que allí hay una confusión. Esto se trató en 2016, cuando yo formaba parte de esa comisión bicameral. A propuesta del propio Poder Ejecutivo también se decide que por cuestiones administrativas la firma esté a cargo de quien está hoy aquí. lo que no está es el nombramiento por parte de esa comisión bicameral, que es la que debe realizar el nombramiento de la titularidad. Obviamente hay una falla, entre comillas, o una mora por parte de la comisión bicameral, que es la que debe ponerse de acuerdo y decidir en términos parlamentarios para lograr ese nombramiento.
Entonces, entiendo que hasta tanto no lo tengamos, efectivamente es correcto que puedan representar a la Defensoría del Público.
Efectivamente, creo que allí hay una confusión. Esto se trató en 2016, cuando yo formaba parte de esa comisión bicameral. A propuesta del propio Poder Ejecutivo también se decide que por cuestiones administrativas la firma esté a cargo de quien está hoy aquí. lo que no está es el nombramiento por parte de esa comisión bicameral, que es la que debe realizar el nombramiento de la titularidad. Obviamente hay una falla, entre comillas, o una mora por parte de la comisión bicameral, que es la que debe ponerse de acuerdo y decidir en términos parlamentarios para lograr ese nombramiento.
Entonces, entiendo que hasta tanto no lo tengamos, efectivamente es correcto que puedan representar a la Defensoría del Público.
SR. WECSHLER A los efectos administrativos de la firma.
SR. GRANDINETTI A los efectos administrativos propuestos por el propio Poder Ejecutivo y que nosotros no hemos tratado. No estuve en esta comisión bicameral este año, pero hasta el año pasado no había surgido ningún nombre del acuerdo parlamentario. En última instancia ese nombramiento depende de esa comisión bicameral, que es la que tiene que poner a sus autoridades. Hasta tanto no esté el nombramiento, se entiende que tiene que haber alguien que represente los intereses de la Defensoría del Público.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra la señora diputada Banfi.
SRA. BANFI Señor presidente: quiero aclarar algo a mis compañeros que preguntaban cuál es el planteo.
Cuando las autoridades de la comisión coordinamos esta reunión, vimos que venía la Defensoría del Público, pero institucionalmente está acéfala. Incluso, según lo que dice su página web respecto de la resolución firmada el 29 de noviembre de 2016, acta N° 15, las funciones que profesa la directora de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos del organismo, María José Guembe, son funciones administrativas y operativas.
Como el señor Santiago Marino viene en calidad de representante de la institución y hace una propuesta en nombre de la Defensoría del Público, quiero que conste en la versión taquigráfica que no es observado por su especialidad, sino principalmente porque no tiene el carácter para hacer una propuesta en nombre de una institución que está acéfala. Según el Acta N° 15 no tienen facultades para realizar ese tipo de propuestas.
Me parece que este planteo ayuda al ordenamiento, porque si no esto es como un almacén: viene cualquiera que pasa por ahí, entra y dice "yo quiero hacer una propuesta".
Cuando las autoridades de la comisión coordinamos esta reunión, vimos que venía la Defensoría del Público, pero institucionalmente está acéfala. Incluso, según lo que dice su página web respecto de la resolución firmada el 29 de noviembre de 2016, acta N° 15, las funciones que profesa la directora de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos del organismo, María José Guembe, son funciones administrativas y operativas.
Como el señor Santiago Marino viene en calidad de representante de la institución y hace una propuesta en nombre de la Defensoría del Público, quiero que conste en la versión taquigráfica que no es observado por su especialidad, sino principalmente porque no tiene el carácter para hacer una propuesta en nombre de una institución que está acéfala. Según el Acta N° 15 no tienen facultades para realizar ese tipo de propuestas.
Me parece que este planteo ayuda al ordenamiento, porque si no esto es como un almacén: viene cualquiera que pasa por ahí, entra y dice "yo quiero hacer una propuesta".
Varios señores diputados hablan a la vez.
SRA. BANFI Estoy haciendo uso de la palabra.
SR. GRANA Con respeto, por favor.
SRA. BANFI Estoy haciendo uso de la palabra. Respéteme en el uso de la palabra.
SR. GRANA Con respeto, por favor. Esto no es un almacén ni nadie es almacenero acá.
SRA. BANFI Si usted tiene algo para decirme, me puede contestar cuando yo termine.
SR. GRANA Ni esto es un almacén ni hay ningún almacenero acá.
SRA. BANFI Entonces, como pretendo que no sea un almacén y todos pretendemos que no sea un almacén y que cada uno que pasa venga y haga un planteo porque no le gusta un determinado proyecto, en el orden del día de las audiencias públicas nosotros establecemos diferentes propuestas de expertos y especialistas que tengan que ver con la temática y principalmente puedan aportar a partir de aquellos intereses que pueden ver afectados en relación con esta propuesta.
El señor Santiago Marino es un especialista en el tema -al igual que lo es la señora Guembe- a título personal. Lo que nosotros estamos planteando es que quede constancia en la versión taquigráfica de que vinieron a título personal y no en representación de la institución, respecto de la cual obviamente no tienen facultades para representarla, según el Acta N° 15 de la comisión bicameral.
El señor Santiago Marino es un especialista en el tema -al igual que lo es la señora Guembe- a título personal. Lo que nosotros estamos planteando es que quede constancia en la versión taquigráfica de que vinieron a título personal y no en representación de la institución, respecto de la cual obviamente no tienen facultades para representarla, según el Acta N° 15 de la comisión bicameral.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor diputado Grana.
SRA. GUEMBE Perdón, ¿puedo hacer una aclaración?
SR. PRESIDENTE BRÜGGE El señor diputado Grana está en uso de la palabra.
SR. GRANA Le cedo la palabra a la señora Guembe para que haga una aclaración.
SRA. GUEMBE Gracias, diputado.
Quiero aclarar que nosotros enviamos una nota formalmente proponiendo la participación de la Defensoría y recibimos otra como respuesta a la nuestra habilitando esta participación. No lo propusimos hacer a título personal, que podría haberlo sido. De hecho, no lo fue. No pretendemos usurpar ninguna función que no tengamos.
Sencillamente el acta dice que nosotros tenemos que desarrollar las funciones de la Defensoría y consideramos que como en esta materia la Defensoría tiene una experiencia de seis años corridos desde su creación, podría resultar de interés para los diputados y diputadas de esta comisión.
Ese es el único interés de esta presentación, es decir, poder realizar aportes y contribuciones desde la perspectiva de la Defensoría, que entendemos había sido aceptada. Si no lo había sido, lamento un montón el malentendido. Pero nosotros nos fundamos en una nota que recibimos en la Defensoría.
Quiero aclarar que nosotros enviamos una nota formalmente proponiendo la participación de la Defensoría y recibimos otra como respuesta a la nuestra habilitando esta participación. No lo propusimos hacer a título personal, que podría haberlo sido. De hecho, no lo fue. No pretendemos usurpar ninguna función que no tengamos.
Sencillamente el acta dice que nosotros tenemos que desarrollar las funciones de la Defensoría y consideramos que como en esta materia la Defensoría tiene una experiencia de seis años corridos desde su creación, podría resultar de interés para los diputados y diputadas de esta comisión.
Ese es el único interés de esta presentación, es decir, poder realizar aportes y contribuciones desde la perspectiva de la Defensoría, que entendemos había sido aceptada. Si no lo había sido, lamento un montón el malentendido. Pero nosotros nos fundamos en una nota que recibimos en la Defensoría.
SRA. BANFI Sí, ustedes no tienen nada que ver. Por eso era válida la aclaración.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Grana.
SR. GRANA Señor presidente: el planteo del oficialismo realmente me parece un destrato hacia la Defensoría y a las personas de la Defensoría. Lamentablemente, en esta temática que estamos tratando no es una novedad. Hay un destrato desde diciembre de 2015 en la desarticulación del conjunto de políticas públicas que hacían a que, entre otras cosas,...
SRA. BANFI Ustedes son los reyes de la empatía.
SR. RODRÍGUEZ (R. M.) Shhh...
SRA. BANFI ¿Cómo me chucheás? ¿Vos quién sos?
SR. RODRÍGUEZ (R. M.) Está hablando.
SRA. BANFI ¿Cómo me chucheás? ¿Vos quién sos? Ojo.
SR. GRANA Tenías razón cuando me pediste que no te interrumpa.
SRA. BANFI Yo no estoy hablando con vos. Estoy hablando con el señor, que me chuchea.
SR. GRANA Pero me estás interrumpiendo, en definitiva.
SRA. BANFI Lo lamento. Y bueno, ¿viste?
SR. GRANA Te pido disculpas por lo anterior.
SRA. BANFI Somos pares.
SR. GRANA Tratemos de recuperar el diálogo en esta sesión informativa.
SRA. BANFI Decile a tu compañero que no me chuchee. Falta de respeto.
SR. RODRÍGUEZ (R. M.) No interrumpa.
SRA. BANFI Falta de respeto.
SR. RODRÍGUEZ (R. M.) No interrumpa. (Risas.)
SRA. BANFI Me parece que no es gracioso.
SR. GRANA No la chuchees. Ya le dije. (Risas.)
SRA. BANFI Me parece que lo que hizo no es gracioso.
SR. GRANA Vamos al tema...
SRA. BANFI Respeto.
SR. GRANA Entonces, me parece que esta actitud es la que viene demostrando el oficialismo permanentemente en términos de destruir cualquier ámbito donde se pueda expresar el conjunto de voces que hay alrededor de la comunicación. Esta es una continua actitud desde diciembre de 2015, cuando con ese decreto de necesidad y urgencia desguazaron la ley de medios que con tanto esfuerzo se había construido en la Argentina durante casi toda la experiencia del último período democrático, porque no fue la experiencia de un gobierno y de un Parlamento, sino que tenía toda una historia de trabajo que en apenas una semana se dio por borrada.
En segunda instancia, hay que hacer una aclaración, porque bien planteaba la señora diputada Banfi que quien hoy está a cargo de la Defensoría lo hace en función de cuestiones administrativas y operativas.
¿Cuál es la operatividad de la Defensoría del Público? Entre otras cosas, tomar el conjunto de situaciones que se viven alrededor de lo que significa la comunicación -en este caso, en términos audiovisuales- para poder emitir opiniones que ayuden a defender al conjunto de la ciudadanía de posibles arbitrariedades y atropellos, entre otros, de las empresas que últimamente vienen siendo beneficiadas en la Argentina.
En esa resolución se habilita -amén de la acefalía por el no nombramiento por parte de la comisión bicameral de la persona que tiene que estar a cargo- a que ejerzan el rol que la ley -no un diputado, un conjunto de diputados, un presidente o una ex presidenta- les da, que es la defensa del público.
En esta discusión que estamos haciendo sobre el futuro de las telecomunicaciones, la situación de los medios audiovisuales y la comunicación en su conjunto en la Argentina, la opinión de la Defensoría -no de sus integrantes- es absolutamente trascendente.
Entonces, independientemente del rebusque que le quieran dar, lo que estamos intentando entender acá es la situación que está atravesando el conjunto de medios en la Argentina. Por eso creemos que es absolutamente necesaria la opinión de la Defensoría como institución. Aquellos que creemos en la democracia y en las instituciones de la democracia las defendemos siempre y no cuando nos conviene o solamente para las campañas electorales.
Por eso reivindicamos la presencia de los funcionarios a cargo de la Defensoría, de la funcionaria a cargo de ella, y queremos que conste en la versión taquigráfica que el bloque del Frente para la Victoria no solamente valora su opinión, sino también la experiencia que vuelcan en las opiniones que hemos escuchado.
En segunda instancia, hay que hacer una aclaración, porque bien planteaba la señora diputada Banfi que quien hoy está a cargo de la Defensoría lo hace en función de cuestiones administrativas y operativas.
¿Cuál es la operatividad de la Defensoría del Público? Entre otras cosas, tomar el conjunto de situaciones que se viven alrededor de lo que significa la comunicación -en este caso, en términos audiovisuales- para poder emitir opiniones que ayuden a defender al conjunto de la ciudadanía de posibles arbitrariedades y atropellos, entre otros, de las empresas que últimamente vienen siendo beneficiadas en la Argentina.
En esa resolución se habilita -amén de la acefalía por el no nombramiento por parte de la comisión bicameral de la persona que tiene que estar a cargo- a que ejerzan el rol que la ley -no un diputado, un conjunto de diputados, un presidente o una ex presidenta- les da, que es la defensa del público.
En esta discusión que estamos haciendo sobre el futuro de las telecomunicaciones, la situación de los medios audiovisuales y la comunicación en su conjunto en la Argentina, la opinión de la Defensoría -no de sus integrantes- es absolutamente trascendente.
Entonces, independientemente del rebusque que le quieran dar, lo que estamos intentando entender acá es la situación que está atravesando el conjunto de medios en la Argentina. Por eso creemos que es absolutamente necesaria la opinión de la Defensoría como institución. Aquellos que creemos en la democracia y en las instituciones de la democracia las defendemos siempre y no cuando nos conviene o solamente para las campañas electorales.
Por eso reivindicamos la presencia de los funcionarios a cargo de la Defensoría, de la funcionaria a cargo de ella, y queremos que conste en la versión taquigráfica que el bloque del Frente para la Victoria no solamente valora su opinión, sino también la experiencia que vuelcan en las opiniones que hemos escuchado.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra la señora diputada Cerruti.
SRA. CERRUTI Señor presidente: seré breve.
La verdad, diputada Banfi, me parece que el doble estándar de lo que se considera irrespetuoso y de lo que no se considera como tal tiene un límite aún en la sonoridad. A usted le parece irrespetuoso lo que ha dicho el señor diputado, pero la acabo de escuchar en los últimos diez minutos tratando de almaceneros a los que vinieron a representar a la Defensoría del Público, de integrar "6,7,8" al diputado que estaba haciendo uso de la palabra y decir que todo esto era una pelotudez.
Entonces, me gustaría que hablemos y nos comuniquemos entre nosotros con un mínimo de respeto.
Entiendo que quien viene a representar a la Defensoría del Público no es cualquier persona, sino una directora que desde hace seis años ejerce una dirección en ese organismo y por eso fue delegada la parte operativa y administrativa en ella. Además, la Defensoría es un órgano colegiado en el que existen diferentes directores que se ocupan de las distintas áreas y entre todos forman y tienen una experiencia en común, han trabajado durante todo este tiempo y cualquiera de ellos tranquilamente podría venir a trasladarnos su experiencia. No es justo el destrato que acaba de sufrir en los últimos diez o quince minutos una institución creada por una ley de este Congreso y que funciona plenamente, aunque falte la designación.
La semana pasada se acaba de constituir la comisión bicameral que integro y se debe ocupar del tema de la Defensoría. Solo hubo una reunión hasta ahora; espero que próximamente tengamos otra para continuar con estos temas.
Pero pido que tengamos un nivel de respeto hacia quien viene a representar a una institución creada por este Congreso y a traer la experiencia de una cantidad de funcionarios, directores y trabajadores que se han desempeñado durante los últimos seis años. Me imagino que así fue como lo entendimos cuando esta comisión puso en agenda esta invitación para el día de hoy.
La verdad, diputada Banfi, me parece que el doble estándar de lo que se considera irrespetuoso y de lo que no se considera como tal tiene un límite aún en la sonoridad. A usted le parece irrespetuoso lo que ha dicho el señor diputado, pero la acabo de escuchar en los últimos diez minutos tratando de almaceneros a los que vinieron a representar a la Defensoría del Público, de integrar "6,7,8" al diputado que estaba haciendo uso de la palabra y decir que todo esto era una pelotudez.
Entonces, me gustaría que hablemos y nos comuniquemos entre nosotros con un mínimo de respeto.
Entiendo que quien viene a representar a la Defensoría del Público no es cualquier persona, sino una directora que desde hace seis años ejerce una dirección en ese organismo y por eso fue delegada la parte operativa y administrativa en ella. Además, la Defensoría es un órgano colegiado en el que existen diferentes directores que se ocupan de las distintas áreas y entre todos forman y tienen una experiencia en común, han trabajado durante todo este tiempo y cualquiera de ellos tranquilamente podría venir a trasladarnos su experiencia. No es justo el destrato que acaba de sufrir en los últimos diez o quince minutos una institución creada por una ley de este Congreso y que funciona plenamente, aunque falte la designación.
La semana pasada se acaba de constituir la comisión bicameral que integro y se debe ocupar del tema de la Defensoría. Solo hubo una reunión hasta ahora; espero que próximamente tengamos otra para continuar con estos temas.
Pero pido que tengamos un nivel de respeto hacia quien viene a representar a una institución creada por este Congreso y a traer la experiencia de una cantidad de funcionarios, directores y trabajadores que se han desempeñado durante los últimos seis años. Me imagino que así fue como lo entendimos cuando esta comisión puso en agenda esta invitación para el día de hoy.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor diputado Del Cerro.
SR. DEL CERRO Señor presidente: parece paradojal que en una reunión de la Comisión de Comunicaciones e Informática tengamos tantos inconvenientes para poder determinar con precisión el significado de algunos términos, lo que nos conduce a ciertos equívocos importantes.
Uno de los representantes de la comisión se refirió en su lectura a la existencia de decisiones administrativas. Lógicamente no fue ese el lenguaje que utilizó el orador.
Entonces, si acá han habido algunas acusaciones que faltan el respeto, podríamos decir también que por parte de otros se han asumido funciones que no le eran competentes. Una cosa es decir que es un empleado administrativo -en cuyo carácter bien podría haber sido escuchado. Pero me parece un despropósito que como diputados escuchemos cómo el orador avanza sobre una propuesta -aunque forme parte de una institución colegiada- atribuyéndose la postura de todos los colegiados que integran esa misma institución.
En todo caso, los lenguajes escritos y los orales tienen diferentes sentidos o, por lo menos, distintas interpretaciones.
Por lo tanto, yo también pido que conste en actas que los señores expertos han avanzado en cuestiones que no les eran competentes dadas las designaciones que tienen en este momento dentro de la Defensoría.
Creo que podemos escucharlos en calidad de expertos, pero no fue ese el carácter en que los tuvimos que escuchar. Yo, por lo menos, los escuché en otro carácter.
Entonces, yo también podría decir que he sido burlado en mi confianza a través de una enunciación que no daba cuenta de la situación real.
De manera tal que quiero que conste en actas que también hemos sido abusados en la confianza. A lo mejor ha sido de manera inconsciente, pero como estamos en la Cámara de Diputados es necesario tener cierta una precisión de las cosas porque de lo contrario estas cuestiones sufren deformaciones, las que pueden ser tan graves como las imprecisiones.
Por lo tanto, creo que tenemos que dejar salvada la distancia que existe respecto de algo que está enunciado concretamente, como es el hecho de que no representan a la Defensoría del Público. Puede ser que sean perfectos funcionarios y con mucha autoridad en su materia, pero no para la representación.
Uno de los representantes de la comisión se refirió en su lectura a la existencia de decisiones administrativas. Lógicamente no fue ese el lenguaje que utilizó el orador.
Entonces, si acá han habido algunas acusaciones que faltan el respeto, podríamos decir también que por parte de otros se han asumido funciones que no le eran competentes. Una cosa es decir que es un empleado administrativo -en cuyo carácter bien podría haber sido escuchado. Pero me parece un despropósito que como diputados escuchemos cómo el orador avanza sobre una propuesta -aunque forme parte de una institución colegiada- atribuyéndose la postura de todos los colegiados que integran esa misma institución.
En todo caso, los lenguajes escritos y los orales tienen diferentes sentidos o, por lo menos, distintas interpretaciones.
Por lo tanto, yo también pido que conste en actas que los señores expertos han avanzado en cuestiones que no les eran competentes dadas las designaciones que tienen en este momento dentro de la Defensoría.
Creo que podemos escucharlos en calidad de expertos, pero no fue ese el carácter en que los tuvimos que escuchar. Yo, por lo menos, los escuché en otro carácter.
Entonces, yo también podría decir que he sido burlado en mi confianza a través de una enunciación que no daba cuenta de la situación real.
De manera tal que quiero que conste en actas que también hemos sido abusados en la confianza. A lo mejor ha sido de manera inconsciente, pero como estamos en la Cámara de Diputados es necesario tener cierta una precisión de las cosas porque de lo contrario estas cuestiones sufren deformaciones, las que pueden ser tan graves como las imprecisiones.
Por lo tanto, creo que tenemos que dejar salvada la distancia que existe respecto de algo que está enunciado concretamente, como es el hecho de que no representan a la Defensoría del Público. Puede ser que sean perfectos funcionarios y con mucha autoridad en su materia, pero no para la representación.
SR. ZILLIOTTO ¿Me permite una interrupción, señor presidente?
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Prefiero que avancemos con las exposiciones de los demás invitados.
SR. ZILLIOTTO Simplemente quiero agradecer el rigor profesional que han tenido los invitados de la Defensoría del Público.
SRA. BANFI Señor presidente: yo fui mencionada y necesito que me conceda el uso de la palabra para una aclaración.
SR. ZILLIOTTO A nosotros nos interesa el mensaje y no el mensajero, diputada Banfi.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Adelante, diputada Banfi.
SRA. BANFI Voy a aclarar una cosa porque me parece que en el afán de asumir y ser escuchadas sus voces, a la que le han faltado el respeto es a mí.
Me parece que merezco las disculpas públicas del diputado Rodríguez. Lo solicito, Rodríguez, porque no corresponde que me chuchees ni me hagas callar en una sala donde todos tenemos la palabra.
Conozco muy bien a Santiago Marino y a María José Guembe. Hice la salvedad sobre ellos y respeto su situación. Pero como bien explicó recién el diputado Cerro, había un acuerdo con las autoridades de la comisión por el que ellos venían a exponer a título personal. Si no se les avisó, el presidente de la comisión será responsable de darles las disculpas convenientes.
Lo que no corresponde es lo que ha expresado la diputada Cerruti y lo que hizo el diputado Rodríguez, en el sentido de decir que yo les he faltado el respeto cuando simplemente estoy haciendo una aclaración en un espacio público. Corresponde que lo hagamos en forma pública para que ellos tengan en cuenta cuál es su posición.
Lo único que espero es que no se usen las palabras de manera liviana, porque decir que falté el respeto cuando no fue así es realmente una falta de decoro en el cargo que ocupamos los diputados.
Por lo tanto, espero las disculpas públicas de ambos diputados.
Me parece que merezco las disculpas públicas del diputado Rodríguez. Lo solicito, Rodríguez, porque no corresponde que me chuchees ni me hagas callar en una sala donde todos tenemos la palabra.
Conozco muy bien a Santiago Marino y a María José Guembe. Hice la salvedad sobre ellos y respeto su situación. Pero como bien explicó recién el diputado Cerro, había un acuerdo con las autoridades de la comisión por el que ellos venían a exponer a título personal. Si no se les avisó, el presidente de la comisión será responsable de darles las disculpas convenientes.
Lo que no corresponde es lo que ha expresado la diputada Cerruti y lo que hizo el diputado Rodríguez, en el sentido de decir que yo les he faltado el respeto cuando simplemente estoy haciendo una aclaración en un espacio público. Corresponde que lo hagamos en forma pública para que ellos tengan en cuenta cuál es su posición.
Lo único que espero es que no se usen las palabras de manera liviana, porque decir que falté el respeto cuando no fue así es realmente una falta de decoro en el cargo que ocupamos los diputados.
Por lo tanto, espero las disculpas públicas de ambos diputados.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Propongo que vayamos cerrando...
SR. RODRÍGUEZ ¿Me permite una interrupción, señor presidente?
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Aguarde, diputado Rodríguez.
Vamos a hacer las incorporaciones en el acta respectiva. Efectivamente, hubo una comunicación telefónica y les dije que el organismos estaba acéfalo y que venían a exponer a título personal. Pero independientemente de ello, constarán las posturas expuestas por los señores diputados.
Tiene la palabra el señor diputado Rodrigo Martín Rodríguez.
Vamos a hacer las incorporaciones en el acta respectiva. Efectivamente, hubo una comunicación telefónica y les dije que el organismos estaba acéfalo y que venían a exponer a título personal. Pero independientemente de ello, constarán las posturas expuestas por los señores diputados.
Tiene la palabra el señor diputado Rodrigo Martín Rodríguez.
SR. RODRÍGUEZ (R.M.) Señor presidente: con respecto al planteo de la diputada Banfi, considero que no le he faltado el respeto. Ella estaba interrumpiendo a un compañero luego de haber menospreciado la intervención de los expositores.
SRA. BANFI ¿No podés pedir disculpas?
SR. RODRÍGUEZ (R.M.) La verdad es que si se sintió ofendida por...
SRA. BANFI ¿No podés pedir disculpas?
SR. RODRÍGUEZ No, no voy a hacer lo que usted me diga.
Lo que sí quiero pedir es que hagamos eje en los argumentos y fundamentos, y no tanto en la cuestión formal. Le pido al oficialismo si por favor puede traer algún experto que apoye este proyecto de ley, más allá de Héctor Magnetto.
Lo que sí quiero pedir es que hagamos eje en los argumentos y fundamentos, y no tanto en la cuestión formal. Le pido al oficialismo si por favor puede traer algún experto que apoye este proyecto de ley, más allá de Héctor Magnetto.
SRA. BANFI Eso es una chicaneada. Vení a todas las audiencias y vas a ver.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Continuamos con las exposiciones de los invitados.
Tiene la palabra el representante de la Cámara Argentina de Telefonías Convergentes (CATIP), señor Francisco Cecchin.
Tiene la palabra el representante de la Cámara Argentina de Telefonías Convergentes (CATIP), señor Francisco Cecchin.
SR. CECCHIN Señor presidente: la Argentina es un país con un territorio muy extenso y muy pocos habitantes. Con lo cual, las comunicaciones son un hecho trascendental para las áreas productivas y que la gente que quiera capacitarse y entretenerse pueda hacerlo desde el lugar exacto donde nació y desarrolla sus actividades.
Si no entendemos que esta es la Argentina que necesitamos, si no miramos realmente qué es lo que nos pasa, no vamos a entender qué comunicaciones son las que precisamos.
Para eso el modelo elegido ha sido la competencia. Hace veinte años, después de una muy mala situación respecto de lo que fue el monopolio entre 1989 y 1999, los argentinos decidimos que las comunicaciones se desarrollaran en competencia. Todos los argentinos estamos contentos con que eso se haga mediante la competencia, pero la realidad es que somos víctimas de un oligopolio, sobre todo en los servicios que hoy los argentinos más quieren: Internet y movilidad.
Por lo tanto, veo muy auspicioso en este proyectdo de ley que se entregue un 20 por ciento del espectro -quizá es escaso y podría ser muchísimo más- a más de 2.000 operadores. Escuchen la cifra: son más de 2.000 operadores del interior del país y de las grandes ciudades que están dispuestos a invertir para brindar servicio móvil de calidad en la Argentina. Solamente les estamos dando el 20 por ciento, y si bien es escaso, es la primera vez que estamos pensando en una ley por la que se pretende brindarles frecuencias a operadores de todo el país.
Desde la Cámara Argentina de Comunicaciones Convergentes apoyamos fuertemente la idea de brindar esas frecuencias, haciéndolo en los términos del decreto 1.340/2016 -que fue generado por esta misma gestión-, donde se estableció que ellas no iban a ser otorgadas en forma nacional para todo el país, sino en forma regional. Ese decreto no solamente determinó que iban a ser regionales, sino también que iban a ser pagadas por uso. Inclusive, el decretó estableció el costo que tenía que pagar una empresa móvil por usar parte de ese espectro.
Entonces, no estamos inventando nada, ya que es una legislación que está vigente. Este proyecto de ley está profundizando un punto fortísimo, que es la competencia del sector móvil, la única forma para que el oligopolio de las tres grandes empresas que hoy brindan el servicio móvil se desarmen a través de más de 2.000 operadores. Cada uno de ellos conoce específicamente su gente, su geografía y sus necesidades. Lo que quieren es la posibilidad de que haya un operador móvil para la Puna, otro para la Patagonia, otro para la Ciudad Autónoma Buenos Aires, otro para Rosario y otro para San Rafael, en Mendoza, solo por dar algunos ejemplos.
Esto es tan importante que todos tenemos que estar de acuerdo; no hay forma de no estarlo. El único que podría no estar de acuerdo en que esto es mejor para los argentinos es el oligopolio móvil conformado.
Todos nosotros, los que estamos en este lugar y los que vivimos en la Argentina, sabemos claramente que tenemos el peor y más caro servicio de movilidad de Latinoamérica. La único que podemos hacer es quitarles el bozal a esos más de 2.000 emprendedores -algunos hace más de veinte, treinta o cuarenta años que están brindando servicios de comunicaciones en el país- y permitirles competir en su región mediante el establecimiento de frecuencias.
No tenemos ninguna duda de que todos aquellos que puedan competir lo van a hacer de la forma necesaria para que sus clientes estén totalmente satisfechos y paguen sus facturas. Si no lo hacen bien, en ese sentido la competencia es muy ruda: el que no trata bien al cliente y le cobra demasiado lo único que hace es hundirse.
Entonces, creo que la competencia y el hecho de que en este proyecto de ley se contemple la posibilidad de que una parte de la frecuencia sea entregada a este tipo de operadores regionales y con la licencia pagada por uso es un gran avance para que dejemos de tener estos servicios móviles malos, caros y que nos hacen sentir a todos que somos esclavos del oligopolio.
Si no entendemos que esta es la Argentina que necesitamos, si no miramos realmente qué es lo que nos pasa, no vamos a entender qué comunicaciones son las que precisamos.
Para eso el modelo elegido ha sido la competencia. Hace veinte años, después de una muy mala situación respecto de lo que fue el monopolio entre 1989 y 1999, los argentinos decidimos que las comunicaciones se desarrollaran en competencia. Todos los argentinos estamos contentos con que eso se haga mediante la competencia, pero la realidad es que somos víctimas de un oligopolio, sobre todo en los servicios que hoy los argentinos más quieren: Internet y movilidad.
Por lo tanto, veo muy auspicioso en este proyectdo de ley que se entregue un 20 por ciento del espectro -quizá es escaso y podría ser muchísimo más- a más de 2.000 operadores. Escuchen la cifra: son más de 2.000 operadores del interior del país y de las grandes ciudades que están dispuestos a invertir para brindar servicio móvil de calidad en la Argentina. Solamente les estamos dando el 20 por ciento, y si bien es escaso, es la primera vez que estamos pensando en una ley por la que se pretende brindarles frecuencias a operadores de todo el país.
Desde la Cámara Argentina de Comunicaciones Convergentes apoyamos fuertemente la idea de brindar esas frecuencias, haciéndolo en los términos del decreto 1.340/2016 -que fue generado por esta misma gestión-, donde se estableció que ellas no iban a ser otorgadas en forma nacional para todo el país, sino en forma regional. Ese decreto no solamente determinó que iban a ser regionales, sino también que iban a ser pagadas por uso. Inclusive, el decretó estableció el costo que tenía que pagar una empresa móvil por usar parte de ese espectro.
Entonces, no estamos inventando nada, ya que es una legislación que está vigente. Este proyecto de ley está profundizando un punto fortísimo, que es la competencia del sector móvil, la única forma para que el oligopolio de las tres grandes empresas que hoy brindan el servicio móvil se desarmen a través de más de 2.000 operadores. Cada uno de ellos conoce específicamente su gente, su geografía y sus necesidades. Lo que quieren es la posibilidad de que haya un operador móvil para la Puna, otro para la Patagonia, otro para la Ciudad Autónoma Buenos Aires, otro para Rosario y otro para San Rafael, en Mendoza, solo por dar algunos ejemplos.
Esto es tan importante que todos tenemos que estar de acuerdo; no hay forma de no estarlo. El único que podría no estar de acuerdo en que esto es mejor para los argentinos es el oligopolio móvil conformado.
Todos nosotros, los que estamos en este lugar y los que vivimos en la Argentina, sabemos claramente que tenemos el peor y más caro servicio de movilidad de Latinoamérica. La único que podemos hacer es quitarles el bozal a esos más de 2.000 emprendedores -algunos hace más de veinte, treinta o cuarenta años que están brindando servicios de comunicaciones en el país- y permitirles competir en su región mediante el establecimiento de frecuencias.
No tenemos ninguna duda de que todos aquellos que puedan competir lo van a hacer de la forma necesaria para que sus clientes estén totalmente satisfechos y paguen sus facturas. Si no lo hacen bien, en ese sentido la competencia es muy ruda: el que no trata bien al cliente y le cobra demasiado lo único que hace es hundirse.
Entonces, creo que la competencia y el hecho de que en este proyecto de ley se contemple la posibilidad de que una parte de la frecuencia sea entregada a este tipo de operadores regionales y con la licencia pagada por uso es un gran avance para que dejemos de tener estos servicios móviles malos, caros y que nos hacen sentir a todos que somos esclavos del oligopolio.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra la doctora Daniela Monje, representante del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
SRA. MONJE Señor presidente: agradezco la invitación a exponer ante esta comisión.
Soy docente e investigadora en las universidades nacionales de Córdoba y de Villa María, trabajo sobre políticas de comunicación y de cultura y codirijo el Programa de Estudios sobre Comunicación y Ciudadanía del Centro de Estudios Avanzados. Por lo tanto, voy a hablar en representación y como parte de estos espacios de reflexión colectiva.
La pregunta con la que deseo iniciar esta intervención es la siguiente: ¿"ley corta" o ley integral? Claro que no se trata de una pregunta retórica.
Es bueno recordar que luego de la minuciosa ablación de las leyes 26.522 y 27.078 desde diciembre de 2015, en marzo de 2016 el novel Ministerio de Comunicaciones -hoy extinto- encomendó a una comisión ad hoc la redacción de un proyecto de ley integral. El encargo debía resolverse en ciento ochenta días corridos.
A partir de ese momento se sucedieron cuatro prórrogas -la última fue otorgada el 13 de agosto pasado- con el objetivo -incólume desde el primer día- de elaborar un anteproyecto definitivo de reforma, actualización y unificación de las leyes del audiovisual y las telecomunicaciones.
En sus inicios la comisión realizó consultas con expertos y llegó a presentar en julio de 2016 un listado de diecisiete principios para la elaboración de un proyecto de ley integral.
Para cuando esto ocurrió ya teníamos los veintiún nuevos puntos elaborados por la Coalición por una Comunicación Democrática en febrero de 2016, una presentación realizada por el CELS, entre otras organizaciones, en abril de ese año ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando la rectificación de las reformas operadas compulsivamente, y además, propuestas concretas hacia una ley integral convergente realizadas por los "incumbentes" no lucrativos del audiovisual y las telecomunicaciones.
A esta altura de las circunstancias no hace falta ser muy perspicaz para entender que no faltan datos, análisis ni aportes sustantivos que permitan debatir un proyecto de ley integral. Sin embargo, en los fundamentos de la última prórroga a las actividades de la mentada comisión se supedita el texto definitivo del futuro proyecto de ley a la aprobación de este proyecto de "ley corta" que hoy discutimos.
¿Por qué? ¿Por qué necesitamos trabajar en una "ley corta" que luego debe articularse con una ley integral? ¿A quiénes beneficia? ¿A quiénes excluye? Nos preguntamos si no estamos ante el riesgo de producir legislaciones a la carta, a la medida de los regulados.
Estamos en guardia de cenizas desde diciembre de 2015. A los sucesivos estragos en la legislación sobre comunicación vigente hasta entonces habría que sumarle la persistente resignificación de conceptos centrales para el campo de los derechos a la comunicación. Términos como acceso y participación, cruciales en el debate por la democratización de las comunicaciones, significaban originalmente un protagonismo de la ciudadanía, de los públicos, de las audiencias. Hoy se habla de democratización de las comunicaciones aludiendo al despliegue de la infraestructura de un mercado cada vez más concentrado y cuyo interés está puesto en los consumidores antes que en los ciudadanos.
Se habla también de competencia en relación con este proyecto de ley, cuando paralelamente se autoriza la mayor megafusión infocomunicacional de la historia, que dejará en situación de prestación cuasimonopólica a la fusionada en zonas de gran envergadura económica del país.
Si algo sabemos quienes estudiamos políticas de comunicación y cultura es que la comunicación no puede ser abordada en su tratamiento regulatorio exclusiva o prioritariamente como una mercancía. Su valor de mercado -que es muy alto, por cierto- colisiona con el valor simbólico de la comunicación en relación con la constitución de las identidades individuales y colectivas, la transmisión de valores y el desarrollo cultural de una nación. Las políticas y las leyes que no consideran a la comunicación social como un derecho humano, más allá de lo extensas o no que fueran, obvian un aspecto medular.
La propuesta aprobada en el Senado implica el ingreso con ciertos plazos de diferimiento por parte de las empresas de telefonía a la provisión de televisión satelital y, por tanto, habilitación de triple o cuádruple play; compartición de infraestructura pasiva y reasignación de la reserva de espectro definida para AR-SAT.
Todas estas medidas son controversiales y dejan en situación de vulnerabilidad inmediata o diferida a gran cantidad de actores, pymes y cooperativos en relación con los dos primeros puntos y al sector público en relación con el tercero.
La pregunta que se reitera es para quién se regula. La política de comunicación no debería constituirse en un paliativo, en una acción de reducción de daños. Es importante recordar que existen numerosos actores por fuera de los tres o cuatro que hoy se disputan el gran mercado comunicacional.
Tanto el sector integrado por las pymes como el no lucrativo, conformado por actores cooperativos y comunitarios, requiere no solo fomento y acciones de diferimiento -en términos de una entrada escalonada de la televisión satelital de acuerdo con el tamaño de las ciudades para los años 2020, 2021 o 2022- sino, sobre todo, condiciones de estabilidad y posibilidades para su desarrollo integral. Esto implica desde seguridad jurídica hasta estabilidad de los trabajadores y mantenimiento de los puestos de trabajo.
Los sindicatos prevén la pérdida de más de 10.000 puestos de trabajo calificados por la competencia desigual ante la televisión satelital, y los pequeños empresarios alertan que peligran centenares de pymes originadas en la televisión por cable.
El caso de AR-SAT es, sin dudas, otra afrenta. Ni aun con el refarming propuesto, que prevé asignar el 20 por ciento de la reserva de espectro de AR-SAT a prestadores regionales o locales, se subsana la enorme pérdida en términos de políticas de comunicaciones y de soberanía satelital que le ocasiona al país el hecho desmontar la posibilidad de un cuarto operador no comercial. No existen fundamentos consistentes para avalar esta decisión.
Entender que el desarrollo es solo libre competencia resulta una mirada económica, por cierto limitada.
Creemos que es preciso comprender que la introducción de innovaciones y el fomento de la competencia en un país desigual, unitario y centralista como la Argentina, debe pensarse en términos de convergencia periférica, asumiendo las subordinaciones preexistentes -no negándolas- y regulando para todos y no para los actores de mayor peso.
Se necesitan regulaciones con calibración fina, ayudas estatales, regulación asimétrica y protecciones diversas.
En la Argentina, y según las cifras oficiales que provee el ENACOM, existen 6 millones de personas sin acceso a Internet y otros 15 millones que, viviendo en zonas donde existe el servicio, tienen numerosas dificultades de acceso vinculadas no solo con la infraestructura, sino también con los costos de conectividad.
Eso no se soluciona incrementando el costo del abono ni paquetizando. Se soluciona con políticas de promoción integral de la comunicación en tanto derecho, lo cual no implica pérdidas económicas sino ganancias razonables. Hay una diferencia entre hacer un buen negocio y abusar de posición dominante.
Creemos que en esta discusión hay un hurto de significación en términos como "democracia", "derechos humanos", "libertad de expresión", "acceso", "competencia" y "convergencia". ¿Qué significan hoy estas palabras? He ahí la cuestión.
Esto es la política: disputar los sentidos valiosos y ganar esa disputa. Muchas gracias.
Soy docente e investigadora en las universidades nacionales de Córdoba y de Villa María, trabajo sobre políticas de comunicación y de cultura y codirijo el Programa de Estudios sobre Comunicación y Ciudadanía del Centro de Estudios Avanzados. Por lo tanto, voy a hablar en representación y como parte de estos espacios de reflexión colectiva.
La pregunta con la que deseo iniciar esta intervención es la siguiente: ¿"ley corta" o ley integral? Claro que no se trata de una pregunta retórica.
Es bueno recordar que luego de la minuciosa ablación de las leyes 26.522 y 27.078 desde diciembre de 2015, en marzo de 2016 el novel Ministerio de Comunicaciones -hoy extinto- encomendó a una comisión ad hoc la redacción de un proyecto de ley integral. El encargo debía resolverse en ciento ochenta días corridos.
A partir de ese momento se sucedieron cuatro prórrogas -la última fue otorgada el 13 de agosto pasado- con el objetivo -incólume desde el primer día- de elaborar un anteproyecto definitivo de reforma, actualización y unificación de las leyes del audiovisual y las telecomunicaciones.
En sus inicios la comisión realizó consultas con expertos y llegó a presentar en julio de 2016 un listado de diecisiete principios para la elaboración de un proyecto de ley integral.
Para cuando esto ocurrió ya teníamos los veintiún nuevos puntos elaborados por la Coalición por una Comunicación Democrática en febrero de 2016, una presentación realizada por el CELS, entre otras organizaciones, en abril de ese año ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando la rectificación de las reformas operadas compulsivamente, y además, propuestas concretas hacia una ley integral convergente realizadas por los "incumbentes" no lucrativos del audiovisual y las telecomunicaciones.
A esta altura de las circunstancias no hace falta ser muy perspicaz para entender que no faltan datos, análisis ni aportes sustantivos que permitan debatir un proyecto de ley integral. Sin embargo, en los fundamentos de la última prórroga a las actividades de la mentada comisión se supedita el texto definitivo del futuro proyecto de ley a la aprobación de este proyecto de "ley corta" que hoy discutimos.
¿Por qué? ¿Por qué necesitamos trabajar en una "ley corta" que luego debe articularse con una ley integral? ¿A quiénes beneficia? ¿A quiénes excluye? Nos preguntamos si no estamos ante el riesgo de producir legislaciones a la carta, a la medida de los regulados.
Estamos en guardia de cenizas desde diciembre de 2015. A los sucesivos estragos en la legislación sobre comunicación vigente hasta entonces habría que sumarle la persistente resignificación de conceptos centrales para el campo de los derechos a la comunicación. Términos como acceso y participación, cruciales en el debate por la democratización de las comunicaciones, significaban originalmente un protagonismo de la ciudadanía, de los públicos, de las audiencias. Hoy se habla de democratización de las comunicaciones aludiendo al despliegue de la infraestructura de un mercado cada vez más concentrado y cuyo interés está puesto en los consumidores antes que en los ciudadanos.
Se habla también de competencia en relación con este proyecto de ley, cuando paralelamente se autoriza la mayor megafusión infocomunicacional de la historia, que dejará en situación de prestación cuasimonopólica a la fusionada en zonas de gran envergadura económica del país.
Si algo sabemos quienes estudiamos políticas de comunicación y cultura es que la comunicación no puede ser abordada en su tratamiento regulatorio exclusiva o prioritariamente como una mercancía. Su valor de mercado -que es muy alto, por cierto- colisiona con el valor simbólico de la comunicación en relación con la constitución de las identidades individuales y colectivas, la transmisión de valores y el desarrollo cultural de una nación. Las políticas y las leyes que no consideran a la comunicación social como un derecho humano, más allá de lo extensas o no que fueran, obvian un aspecto medular.
La propuesta aprobada en el Senado implica el ingreso con ciertos plazos de diferimiento por parte de las empresas de telefonía a la provisión de televisión satelital y, por tanto, habilitación de triple o cuádruple play; compartición de infraestructura pasiva y reasignación de la reserva de espectro definida para AR-SAT.
Todas estas medidas son controversiales y dejan en situación de vulnerabilidad inmediata o diferida a gran cantidad de actores, pymes y cooperativos en relación con los dos primeros puntos y al sector público en relación con el tercero.
La pregunta que se reitera es para quién se regula. La política de comunicación no debería constituirse en un paliativo, en una acción de reducción de daños. Es importante recordar que existen numerosos actores por fuera de los tres o cuatro que hoy se disputan el gran mercado comunicacional.
Tanto el sector integrado por las pymes como el no lucrativo, conformado por actores cooperativos y comunitarios, requiere no solo fomento y acciones de diferimiento -en términos de una entrada escalonada de la televisión satelital de acuerdo con el tamaño de las ciudades para los años 2020, 2021 o 2022- sino, sobre todo, condiciones de estabilidad y posibilidades para su desarrollo integral. Esto implica desde seguridad jurídica hasta estabilidad de los trabajadores y mantenimiento de los puestos de trabajo.
Los sindicatos prevén la pérdida de más de 10.000 puestos de trabajo calificados por la competencia desigual ante la televisión satelital, y los pequeños empresarios alertan que peligran centenares de pymes originadas en la televisión por cable.
El caso de AR-SAT es, sin dudas, otra afrenta. Ni aun con el refarming propuesto, que prevé asignar el 20 por ciento de la reserva de espectro de AR-SAT a prestadores regionales o locales, se subsana la enorme pérdida en términos de políticas de comunicaciones y de soberanía satelital que le ocasiona al país el hecho desmontar la posibilidad de un cuarto operador no comercial. No existen fundamentos consistentes para avalar esta decisión.
Entender que el desarrollo es solo libre competencia resulta una mirada económica, por cierto limitada.
Creemos que es preciso comprender que la introducción de innovaciones y el fomento de la competencia en un país desigual, unitario y centralista como la Argentina, debe pensarse en términos de convergencia periférica, asumiendo las subordinaciones preexistentes -no negándolas- y regulando para todos y no para los actores de mayor peso.
Se necesitan regulaciones con calibración fina, ayudas estatales, regulación asimétrica y protecciones diversas.
En la Argentina, y según las cifras oficiales que provee el ENACOM, existen 6 millones de personas sin acceso a Internet y otros 15 millones que, viviendo en zonas donde existe el servicio, tienen numerosas dificultades de acceso vinculadas no solo con la infraestructura, sino también con los costos de conectividad.
Eso no se soluciona incrementando el costo del abono ni paquetizando. Se soluciona con políticas de promoción integral de la comunicación en tanto derecho, lo cual no implica pérdidas económicas sino ganancias razonables. Hay una diferencia entre hacer un buen negocio y abusar de posición dominante.
Creemos que en esta discusión hay un hurto de significación en términos como "democracia", "derechos humanos", "libertad de expresión", "acceso", "competencia" y "convergencia". ¿Qué significan hoy estas palabras? He ahí la cuestión.
Esto es la política: disputar los sentidos valiosos y ganar esa disputa. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE BRÜGGUE Tiene la palabra el señor Gustavo Bellingeri, representante del Sindicato Argentino de Televisión Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAI).
SR. BELLINGERI Señor presidente: muchas gracias por la invitación a participar de esta reunión.
Vengo en representación de SATSAI. Somos el sindicato que representa a los 40.000 trabajadores de la televisión abierta, las productoras y los canales de circuito cerrado de televisión de todo el país, tanto de cable como satelital.
Representamos 400.000 trabajadores en todo el país. De ese total, 18.000 trabajan en los canales abiertos, las productoras y la televisión abierta y 22.000 en los canales de cable de toda la Argentina.
El sector de las pymes emplea aproximadamente a 16.000 de esos 22.000 trabajadores. Es decir, es un empleo más que numeroso.
En cuanto al sector de la televisión abierta, unos 10.000 trabajadores están empleados en los canales del interior y provinciales.
Vengo en representación de SATSAI. Somos el sindicato que representa a los 40.000 trabajadores de la televisión abierta, las productoras y los canales de circuito cerrado de televisión de todo el país, tanto de cable como satelital.
Representamos 400.000 trabajadores en todo el país. De ese total, 18.000 trabajan en los canales abiertos, las productoras y la televisión abierta y 22.000 en los canales de cable de toda la Argentina.
El sector de las pymes emplea aproximadamente a 16.000 de esos 22.000 trabajadores. Es decir, es un empleo más que numeroso.
En cuanto al sector de la televisión abierta, unos 10.000 trabajadores están empleados en los canales del interior y provinciales.
La señora diputada Banfi hace uso de la palabra fuera de micrófono, por lo que no se alcanzan a percibir sus manifestaciones.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Por favor, señor Bellingeri, continúe con su exposición.
SR. BELLINGERI En este sentido, nuestro sindicato quiere hacer una advertencia sobre las fuentes de trabajo...
La señora diputada Banfi hace uso de la palabra fuera de micrófono, por lo que no se alcanzan a percibir sus manifestaciones.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Por favor, silencio.
Continúe, señor Bellingeri.
Continúe, señor Bellingeri.
SR. BELLINGERI Queremos hacer una advertencia muy seria a la Cámara de Diputados sobre los puestos de trabajo a partir de lo que representa lo planteado por el proyecto de ley en la satelización de la Radiodifusión. Si bien la modificación que el Senado introdujo a esta iniciativa habla de un tiempo, el riesgo de ese proceso es muy grande.
La tecnología del satélite no tiene capacidad ni posibilidad de reflejar la radiodifusión del interior de cada localidad, en donde incluyo a los cables que tienen una producción propia local con noticieros y programación propia en la que se emplea una buena parte de esos 15.000 trabajadores.
En una competencia de grandes jugadores en la que las asimetrías son gigantescas porque estamos hablando de empresas transnacionales como Claro, Telefónica y Telecom y en la que se debe tener la capacidad necesaria para paquetizar productos telefónicos, de contenidos audiovisuales y de telefonía móvil con ofertas predatorias -como muy bien lo explicó recién el señor representante de la Cámara de Móviles Independientes, esto ya ha sucedido acá en algún momento con la telefonía móvil en cuanto a la capacidad predatoria en materia de publicidad hostil y precios-, nosotros vemos que existe la posibilidad de hacer mucho daño a lo que hoy existe en la Argentina, que es una enorme red perfeccionable, pero de medios de comunicación regionales y locales que producen diariamente una comunicación entre argentinos.
En una ley de convergencia, donde se pretende unir la radiodifusión con las telecomunicaciones y la producción de contenidos con la de informática, no puede prevalecer un criterio de negocio que se lleve puestos los productos argentinos de comunicación audiovisual.
En algunos lugares de la Argentina donde solo existe el satélite, hoy no hay posibilidad de que esa tecnología suba el canal provincial. Se ha dejado de ver el canal local en algunas localidades, es decir, no aparecen los problemas de la ciudad ni de la localidad. En otras palabras, en los medios de comunicación no aparece lo que tiene que aparecer, que es nada más y nada menos que lo que les pasa a los que viven en esos lugares. Por el contrario, aparecen los problemas de otros lugares del mundo o de la Capital Federal.
Eso va a suceder. Nosotros tenemos una trayectoria de sesenta años de pelear por la radiodifusión argentina. Por eso hacemos una advertencia en dos dimensiones. En primer término, peligran cerca de 20.000 puestos de trabajo.
En segundo lugar, si esto último sucediera, si se concentrara y no se advirtieran las asimetrías que se presentaran por los actores participantes y no se protegiera a las cooperativas, las pymes, los cableros del interior y las medianas empresas -de ninguna manera estoy hablando de negar a las grandes, que además no necesitarían que eso se hiciera porque además entrarían de cualquier manera-, a nuestro juicio solamente se estaría mirando una parte del negocio. Eso es lo que nos preocupa.
Por lo tanto, debemos tratar de tener una política que atienda las diferencias y asimetrías y no se lleve puestas a las producciones audiovisuales.
Tenemos 20.000 puestos de trabajo entre todos los empleados de canales de televisión del interior. Los canales privados y estatales, si entran en esta convergencia tecnológica del satélite por un interés que es solamente competitivo, para ver quién se queda con el mercado, deben invertir y fabricar redes, generar puestos de trabajo y conectividad y subir a esas redes canales locales que promuevan producción propia en cada uno de los lugares. Eso es lo que pedimos.
En ese sentido queremos dejar planteado este llamado atención. Nuestra posición no es solamente la de defender los puestos de trabajo, sino que también esperamos la sanción de una buena ley que atienda esta situación y las asimetrías que se presentan, permitiendo a lo que hoy existe desarrollarse y desplegarse competitivamente. Efectuamos esta solicitud no solamente por nuestros puestos de trabajo, sino también porque entendemos que la radiodifusión es un actor importante de la Argentina.
La tecnología del satélite no tiene capacidad ni posibilidad de reflejar la radiodifusión del interior de cada localidad, en donde incluyo a los cables que tienen una producción propia local con noticieros y programación propia en la que se emplea una buena parte de esos 15.000 trabajadores.
En una competencia de grandes jugadores en la que las asimetrías son gigantescas porque estamos hablando de empresas transnacionales como Claro, Telefónica y Telecom y en la que se debe tener la capacidad necesaria para paquetizar productos telefónicos, de contenidos audiovisuales y de telefonía móvil con ofertas predatorias -como muy bien lo explicó recién el señor representante de la Cámara de Móviles Independientes, esto ya ha sucedido acá en algún momento con la telefonía móvil en cuanto a la capacidad predatoria en materia de publicidad hostil y precios-, nosotros vemos que existe la posibilidad de hacer mucho daño a lo que hoy existe en la Argentina, que es una enorme red perfeccionable, pero de medios de comunicación regionales y locales que producen diariamente una comunicación entre argentinos.
En una ley de convergencia, donde se pretende unir la radiodifusión con las telecomunicaciones y la producción de contenidos con la de informática, no puede prevalecer un criterio de negocio que se lleve puestos los productos argentinos de comunicación audiovisual.
En algunos lugares de la Argentina donde solo existe el satélite, hoy no hay posibilidad de que esa tecnología suba el canal provincial. Se ha dejado de ver el canal local en algunas localidades, es decir, no aparecen los problemas de la ciudad ni de la localidad. En otras palabras, en los medios de comunicación no aparece lo que tiene que aparecer, que es nada más y nada menos que lo que les pasa a los que viven en esos lugares. Por el contrario, aparecen los problemas de otros lugares del mundo o de la Capital Federal.
Eso va a suceder. Nosotros tenemos una trayectoria de sesenta años de pelear por la radiodifusión argentina. Por eso hacemos una advertencia en dos dimensiones. En primer término, peligran cerca de 20.000 puestos de trabajo.
En segundo lugar, si esto último sucediera, si se concentrara y no se advirtieran las asimetrías que se presentaran por los actores participantes y no se protegiera a las cooperativas, las pymes, los cableros del interior y las medianas empresas -de ninguna manera estoy hablando de negar a las grandes, que además no necesitarían que eso se hiciera porque además entrarían de cualquier manera-, a nuestro juicio solamente se estaría mirando una parte del negocio. Eso es lo que nos preocupa.
Por lo tanto, debemos tratar de tener una política que atienda las diferencias y asimetrías y no se lleve puestas a las producciones audiovisuales.
Tenemos 20.000 puestos de trabajo entre todos los empleados de canales de televisión del interior. Los canales privados y estatales, si entran en esta convergencia tecnológica del satélite por un interés que es solamente competitivo, para ver quién se queda con el mercado, deben invertir y fabricar redes, generar puestos de trabajo y conectividad y subir a esas redes canales locales que promuevan producción propia en cada uno de los lugares. Eso es lo que pedimos.
En ese sentido queremos dejar planteado este llamado atención. Nuestra posición no es solamente la de defender los puestos de trabajo, sino que también esperamos la sanción de una buena ley que atienda esta situación y las asimetrías que se presentan, permitiendo a lo que hoy existe desarrollarse y desplegarse competitivamente. Efectuamos esta solicitud no solamente por nuestros puestos de trabajo, sino también porque entendemos que la radiodifusión es un actor importante de la Argentina.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra la señora María Victoria Cherñajovsky, representante del grupo Acción.
SRA. CHERÑAJOVSKY Señor presidente: quiero expresar mi agradecimiento a los legisladores y las legisladoras por habernos invitado a participar de esta reunión.
Vengo a exponer a título personal. Pertenezco a la Agrupación Acción. Somos mujeres autoconvocadas del cine que defendemos el lugar de las mujeres en el cine. Somos un grupo de directoras, productoras, guionistas, técnicas y actrices que nos autoconvocamos para analizar, pensar y proponer más políticas a favor de la equidad de género en nuestro medio audiovisual. Ya estamos consiguiendo reformas dentro del Instituto Nacional de Cinematografía, lo que es bastante pedir.
Ustedes se preguntarán qué hace una directora. Yo vengo trabajando desde la época de Alfonsín, hace más de treinta años. Tengo siete largometrajes y he trabajado con todas las autoridades, desde Manuel Antín, que fue uno de los presidentes del INCAA. Mi militancia es básicamente feminista, no adhiero a ningún partido político, no milito ni vengo a defender a ningún partido político ni a nadie. En ese sentido solamente vengo defender al cine y a invocarlos para que ustedes lo defiendan conmigo. Soy más narradora, no soy técnica ni experta en comunicaciones y nunca estuve en ningún cargo político.
El cine hoy en día se banca de dos maneras. Una es en forma privada, que ya es la menor forma de bancar el cine comercialmente hablando y eso solo se reduce a muy pocos lugares, como por ejemplo los Estados Unidos. Esta agrupación no tiene nada contra el cine privado. Por el contrario, nos encanta y ojalá siga existiendo siempre.
La otra forma es como se hace en India y otros lugares del mundo. Acá nos quieren hacer creer que solamente lo hacemos en Argentina y no es verdad. Se hace en Francia, Inglaterra, Australia y toda Latinoamérica a través de fondos que vienen y devienen del Estado y de los gobiernos porque apoyan a la cultura.
Esos fondos fundamentalmente vienen de dos entradas: de los tickets que todos pagamos y del impuesto que tributan las películas por pasarse en medios audiovisuales, es decir, en las televisoras, ya sean de cable o abiertas.
Simplemente quiero advertir que con este proyecto de ley estamos en una situación de peligrosidad.
¿Por qué? La Argentina y Brasil, a través de las leyes de cine y de fomento, han sido países pioneros. Hemos estado en festivales durante años, llevando y exportando la cultura argentina a través del cine. Ustedes lo saben porque han leído siempre los medios o seguramente han tenido acceso al cine y los medios de comunicación. Llevamos nuestra cultura a todos los festivales del mundo. Hemos ganado premios Oscar, como así también obtenido galardones en los festivales de Cannes, de Venecia y de San Sebastián. En los principales festivales del mundo nuestro cine ha estado siempre.
Nuestro cine ha estado ahí porque justamente hemos tenido esta ley de cine y de fomento del cine que, desde hace años, desde que salimos del proceso militar, prácticamente todos los gobiernos han respetado. ¿Qué queremos nosotros? Que se siga respetando; nada más que eso.
Ahora, ¿qué sucede? Desde hace unos años -no solamente durante este gobierno, sino también quizás en el anterior- el ENACOM no siempre hace respetar las leyes de fomento o protección del cine.
Voy a leer tres aspectos que básicamente nos interesan y que ayudarán muchísimo al cine argentino.
En primer término, el ENACOM no está cumpliendo en este momento leyes vigentes en materia de fomento cinematográfico, como por ejemplo en el caso de lo establecido en el artículo 67 de la ley 26.522, que regula la cuota de pantalla del cine argentino.
Los canales de televisión argentinos tienen la obligación de comprar o producir cine argentino. En este momento no están haciendo ninguna de las dos cosas. Salvo alguna película que produce el señor Adrián Suar, el Canal 11 o el Canal 9, los canales de aire argentinos no producen cine argentino.
El Instituto de Cine, a través de CINE.AR Play, es el que produce cine argentino con mucho éxito. A la gente le gusta ver cine argentino, pero no se lo está viendo en el aire cuando es obligación. Eso depende del ENACOM, pero éste no lo está haciendo cumplir. En ese sentido, tememos al ENACOM como un medio regulador del cine. ¡Cuidado! Pedimos atención a qué está haciendo el ENACOM.
Asimismo tememos a la televisión digital aterrizando como único medio. ¿Qué pasa con ella? Como se dijo acá, la televisión digital baja a los hogares con contenidos del exterior y el contenido argentino es muy escaso, sobre todo en materia de ficción. Además, las películas argentinas prácticamente no llegan a la televisión digital.
Este proyecto de ley no contempla ningún tipo de obligación respecto de los contenidos argentinos; no obliga absolutamente a nada. O sea, no les pide nada de nada. Aterricen nomás tranquilos y pongan lo que quieran porque no tienen ninguna obligación en relación con los contenidos argentinos. Aparte de la pérdida de puestos de trabajo, para mí, que provengo del cine, significa por lo menos que puedo estar tranquila que no van a pasar una película mía.
En segundo lugar, quiero advertir que este proyecto de ley no contempla algo tremendo. Esta noche, cuando vayamos a casa, la mayoría de nosotros va a prender una plataforma on demand. Esta seguramente será Netflix porque es la que más se distribuye en la Argentina. En otros lugares del mundo ya tenemos Amazon y otras. Netflix ha producido en la Argentina dos series con un privado porque éste quiso armar una coproducción con esa empresa. Ninguna película argentina.
En Brasil, de donde vengo, los han obligado por ley a tributar o producir contenidos, directamente películas brasileñas.
Este proyecto no contempla dicho procedimiento, no contempla ninguna plataforma on demand, que ya no es el futuro sino el presente.
Hoy a la noche, señores legisladores, cuando lleguen a sus casas van a ver la serie que les gusta. Esa serie no tributa y no obliga a ninguna productora argentina a estar en coproducción con Netflix.
Tenemos el ejemplo de países que no son lejanos, como Brasil o Chile. Este último obliga a Netflix a coproducir, pero nosotros no. Esto es algo que no contempla este proyecto de ley.
Por otra parte, de lo que tributan ahora las películas, una parte se destina al fondo del Instituto Nacional de Cinematografía, que se usa para producir cine argentino y otras cuestiones que hace el Instituto, como festivales, capacitación en escuelas de cine, etcétera. Este proyecto no aclara que no lo vaya a hacer, pero tampoco que sí lo hará.
Es decir, la futura aprobación de la "ley corta" no aclara ni garantiza el pago de impuestos que deben hacer los licenciatarios del servicio que regula el ENACOM hacia el Fondo de Fomento Cinematográfico, capital fundamental para la producción de la industria audiovisual. Es decir que queda en sus manos, señores legisladores, dejar muy en claro qué sucede con ese dinero que se debería tributar. Vengo en representación propia, pero esto lo sostiene toda la industria audiovisual.
¿Qué perderíamos si este proyecto se aprobara tal como está redactado? ¿Qué perdería el cine? Esto creo que es lo más importante que debemos considerar. Voy a decir algo un poco básico, pero podemos pensar qué hubiera pasado si Borges no hubiese tenido papel, tinta o editorial que lo publicara; si Quinquela Martín no hubiera tenido pinturas, telas o museo que lo albergara; si María Luisa Bemberg, Pino Solanas, Luis Puenzo, Alejandro Doria, Juan José Campanella o Leonardo Favio no hubieran tenido apoyo y espacios para realizar y exhibir sus películas. ¿Dónde estarían las películas que forman hoy parte de nuestra identidad, como "Juan Moreira", "Camila", "La hora de los hornos", "La historia oficial", "El secreto de sus ojos" o "Esperando la carroza"?
La cultura es la sumatoria de las múltiples miradas que los artistas expresan. Está en ustedes defender nuestro cine e industria.
Por último, quiero decir que a los directores de cine se nos acusa de ladrones. El cine no es decir que uno más uno es igual a dos. Por el contrario, cada vez que hacemos cine dejamos y exponemos nuestro capital. Ayúdennos a hacerlo.
Vengo a exponer a título personal. Pertenezco a la Agrupación Acción. Somos mujeres autoconvocadas del cine que defendemos el lugar de las mujeres en el cine. Somos un grupo de directoras, productoras, guionistas, técnicas y actrices que nos autoconvocamos para analizar, pensar y proponer más políticas a favor de la equidad de género en nuestro medio audiovisual. Ya estamos consiguiendo reformas dentro del Instituto Nacional de Cinematografía, lo que es bastante pedir.
Ustedes se preguntarán qué hace una directora. Yo vengo trabajando desde la época de Alfonsín, hace más de treinta años. Tengo siete largometrajes y he trabajado con todas las autoridades, desde Manuel Antín, que fue uno de los presidentes del INCAA. Mi militancia es básicamente feminista, no adhiero a ningún partido político, no milito ni vengo a defender a ningún partido político ni a nadie. En ese sentido solamente vengo defender al cine y a invocarlos para que ustedes lo defiendan conmigo. Soy más narradora, no soy técnica ni experta en comunicaciones y nunca estuve en ningún cargo político.
El cine hoy en día se banca de dos maneras. Una es en forma privada, que ya es la menor forma de bancar el cine comercialmente hablando y eso solo se reduce a muy pocos lugares, como por ejemplo los Estados Unidos. Esta agrupación no tiene nada contra el cine privado. Por el contrario, nos encanta y ojalá siga existiendo siempre.
La otra forma es como se hace en India y otros lugares del mundo. Acá nos quieren hacer creer que solamente lo hacemos en Argentina y no es verdad. Se hace en Francia, Inglaterra, Australia y toda Latinoamérica a través de fondos que vienen y devienen del Estado y de los gobiernos porque apoyan a la cultura.
Esos fondos fundamentalmente vienen de dos entradas: de los tickets que todos pagamos y del impuesto que tributan las películas por pasarse en medios audiovisuales, es decir, en las televisoras, ya sean de cable o abiertas.
Simplemente quiero advertir que con este proyecto de ley estamos en una situación de peligrosidad.
¿Por qué? La Argentina y Brasil, a través de las leyes de cine y de fomento, han sido países pioneros. Hemos estado en festivales durante años, llevando y exportando la cultura argentina a través del cine. Ustedes lo saben porque han leído siempre los medios o seguramente han tenido acceso al cine y los medios de comunicación. Llevamos nuestra cultura a todos los festivales del mundo. Hemos ganado premios Oscar, como así también obtenido galardones en los festivales de Cannes, de Venecia y de San Sebastián. En los principales festivales del mundo nuestro cine ha estado siempre.
Nuestro cine ha estado ahí porque justamente hemos tenido esta ley de cine y de fomento del cine que, desde hace años, desde que salimos del proceso militar, prácticamente todos los gobiernos han respetado. ¿Qué queremos nosotros? Que se siga respetando; nada más que eso.
Ahora, ¿qué sucede? Desde hace unos años -no solamente durante este gobierno, sino también quizás en el anterior- el ENACOM no siempre hace respetar las leyes de fomento o protección del cine.
Voy a leer tres aspectos que básicamente nos interesan y que ayudarán muchísimo al cine argentino.
En primer término, el ENACOM no está cumpliendo en este momento leyes vigentes en materia de fomento cinematográfico, como por ejemplo en el caso de lo establecido en el artículo 67 de la ley 26.522, que regula la cuota de pantalla del cine argentino.
Los canales de televisión argentinos tienen la obligación de comprar o producir cine argentino. En este momento no están haciendo ninguna de las dos cosas. Salvo alguna película que produce el señor Adrián Suar, el Canal 11 o el Canal 9, los canales de aire argentinos no producen cine argentino.
El Instituto de Cine, a través de CINE.AR Play, es el que produce cine argentino con mucho éxito. A la gente le gusta ver cine argentino, pero no se lo está viendo en el aire cuando es obligación. Eso depende del ENACOM, pero éste no lo está haciendo cumplir. En ese sentido, tememos al ENACOM como un medio regulador del cine. ¡Cuidado! Pedimos atención a qué está haciendo el ENACOM.
Asimismo tememos a la televisión digital aterrizando como único medio. ¿Qué pasa con ella? Como se dijo acá, la televisión digital baja a los hogares con contenidos del exterior y el contenido argentino es muy escaso, sobre todo en materia de ficción. Además, las películas argentinas prácticamente no llegan a la televisión digital.
Este proyecto de ley no contempla ningún tipo de obligación respecto de los contenidos argentinos; no obliga absolutamente a nada. O sea, no les pide nada de nada. Aterricen nomás tranquilos y pongan lo que quieran porque no tienen ninguna obligación en relación con los contenidos argentinos. Aparte de la pérdida de puestos de trabajo, para mí, que provengo del cine, significa por lo menos que puedo estar tranquila que no van a pasar una película mía.
En segundo lugar, quiero advertir que este proyecto de ley no contempla algo tremendo. Esta noche, cuando vayamos a casa, la mayoría de nosotros va a prender una plataforma on demand. Esta seguramente será Netflix porque es la que más se distribuye en la Argentina. En otros lugares del mundo ya tenemos Amazon y otras. Netflix ha producido en la Argentina dos series con un privado porque éste quiso armar una coproducción con esa empresa. Ninguna película argentina.
En Brasil, de donde vengo, los han obligado por ley a tributar o producir contenidos, directamente películas brasileñas.
Este proyecto no contempla dicho procedimiento, no contempla ninguna plataforma on demand, que ya no es el futuro sino el presente.
Hoy a la noche, señores legisladores, cuando lleguen a sus casas van a ver la serie que les gusta. Esa serie no tributa y no obliga a ninguna productora argentina a estar en coproducción con Netflix.
Tenemos el ejemplo de países que no son lejanos, como Brasil o Chile. Este último obliga a Netflix a coproducir, pero nosotros no. Esto es algo que no contempla este proyecto de ley.
Por otra parte, de lo que tributan ahora las películas, una parte se destina al fondo del Instituto Nacional de Cinematografía, que se usa para producir cine argentino y otras cuestiones que hace el Instituto, como festivales, capacitación en escuelas de cine, etcétera. Este proyecto no aclara que no lo vaya a hacer, pero tampoco que sí lo hará.
Es decir, la futura aprobación de la "ley corta" no aclara ni garantiza el pago de impuestos que deben hacer los licenciatarios del servicio que regula el ENACOM hacia el Fondo de Fomento Cinematográfico, capital fundamental para la producción de la industria audiovisual. Es decir que queda en sus manos, señores legisladores, dejar muy en claro qué sucede con ese dinero que se debería tributar. Vengo en representación propia, pero esto lo sostiene toda la industria audiovisual.
¿Qué perderíamos si este proyecto se aprobara tal como está redactado? ¿Qué perdería el cine? Esto creo que es lo más importante que debemos considerar. Voy a decir algo un poco básico, pero podemos pensar qué hubiera pasado si Borges no hubiese tenido papel, tinta o editorial que lo publicara; si Quinquela Martín no hubiera tenido pinturas, telas o museo que lo albergara; si María Luisa Bemberg, Pino Solanas, Luis Puenzo, Alejandro Doria, Juan José Campanella o Leonardo Favio no hubieran tenido apoyo y espacios para realizar y exhibir sus películas. ¿Dónde estarían las películas que forman hoy parte de nuestra identidad, como "Juan Moreira", "Camila", "La hora de los hornos", "La historia oficial", "El secreto de sus ojos" o "Esperando la carroza"?
La cultura es la sumatoria de las múltiples miradas que los artistas expresan. Está en ustedes defender nuestro cine e industria.
Por último, quiero decir que a los directores de cine se nos acusa de ladrones. El cine no es decir que uno más uno es igual a dos. Por el contrario, cada vez que hacemos cine dejamos y exponemos nuestro capital. Ayúdennos a hacerlo.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor Luciano Bertone, representante del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA).
SR. BERTONE Señor presidente: lo que voy a decir es complementario de lo que ha expresado la compañera.
En primer término, después del DNU 267/2015, en abril de 2016 se empezó a hablar de un proyecto de ley integral de comunicaciones en tiempos de convergencia. Me gustaría decir que una iniciativa de estas proporciones e implicancias nunca debería hacerse de espaldas al sector.
Nosotros tenemos muy buenos ejemplos de leyes virtuosas en ese sentido, como por ejemplo nuestra ley de cine, que nació del debate, de los trabajadores, de los directores, de los actores y de los legisladores. Así se construyó una norma legal virtuosa que, a pesar de las amenazas que pudo llegar a tener en las distintas épocas por decisiones políticas, hasta hoy se sostiene.
Cada vez que como sector intentamos acercarnos para tratar de aportar a este proyecto de ley de convergencia, como se lo llamaba entonces, se nos dijo que primero iba a venir la llamada "ley corta". Más allá de su longitud, este proyecto no afecta particularmente al cine, a la publicidad y tampoco a los gravámenes, porque ni los sube, ni los quita. Por el contrario, se trata de un proyecto de ley sobre tecnología.
Se nos dijo que luego de este proyecto de ley vendría otro que trataría específicamente la cuestión de los gravámenes y los contenidos.
Creemos que vale la pena preguntarse qué es lo que viaja por estas plataformas. Si es una ley tecnológica y discutimos sobre el soporte, nos estamos olvidando de qué es lo que va a viajar por estas plataformas. Lo que viaja mayormente son contenidos audiovisuales.
Ahora bien, ¿cómo se producen dichos contenidos? ¿Cómo se fomentan? ¿Cuál es la participación del Estado? ¿Cuál es el proyecto en relación con las políticas públicas existentes? ¿Hay posibilidad de generar nuevas políticas para el universo audiovisual? ¿Hay interés en hacerlo? No tenemos las respuestas a estas preguntas.
¿Tenemos la intención de acercarnos a ese primer mundo del que tanto nos gusta hablar y que tiene producciones altamente subsidiadas con plataformas que aportan parte de sus ganancias al fomento de la producción de cada uno de sus países y que cuentan con porcentajes estrictos de cuota de pantalla?
Nos preguntamos por qué parece irrelevante o menos importante el tema de los contenidos y se le da prioridad a la discusión tecnológica o de soportes. Entendemos que esta supuesta restricción de la afectación en esta "ley corta" en verdad no es tal.
En ese sentido, el texto de la iniciativa nos genera dudas en varios aspectos que son de relevancia específica, como por ejemplo para el cine. No queda claro si todos los que, como se establece, "de cualquier forma y tecnología comercialicen o difundan audiovisual" van a pagar los gravámenes que establece la ley 26.522. Algunos, por tener esta licencia original TIC y luego tramitar la licencia del ENACOM, pueden invocar, entonces, que no deberían pagar los servicios destinados a personas no determinables, por ejemplo.
El artículo 7° del proyecto de "ley corta" establece: "Hasta tanto se sancione una ley que unifique el régimen de gravámenes establecido por las leyes 26.522 y 27.078, a los titulares de registros de servicios de Radiodifusión por Suscripción continuará siéndoles aplicable exclusivamente el régimen de gravámenes previsto por la ley 26.522..." ¿Y los que no son por suscripción van a pagar?
Es decir que este proyecto de ley generaría el acceso a licencias de radiodifusión televisiva sin establecer que las que difundan horas de material audiovisual estarán también sujetas al gravamen establecido por el inciso b) del artículo 24 de la ley 17.741 y sus modificatorias.
Por otra parte, en relación con los aspectos que supuestamente no afecta este proyecto de ley, quisiera nombrar dos artículos de la ley 26.522 que se encuentran vigentes. Uno es el artículo 67, que comentó la compañera y que establece que los servicios de comunicación audiovisual que emiten señales de televisión están obligados a comprar los derechos de antena de ocho largometrajes nacionales por año con anterioridad al inicio de su rodaje. Esto no se sucede y tampoco se fiscaliza.
El artículo 81 de la misma ley reglamentó que la publicidad que se emite en la televisión abierta o señales propias de los servicios por suscripción, debe ser de producción nacional.
En relación con esto hay aspectos de la "ley corta" dirigidos a rerregular el acceso a los contenidos y limitar la protección a los pequeños proveedores bajo la excusa de ampliar la cobertura de Internet y la infraestructura.
La creciente cantidad de publicidad a Internet y la de las señales con programación extranjera achica el mercado argentino de recepción de pauta.
Esto tiene una doble implicancia negativa. La primera es sobre el trabajo que genera el sector. En el caso del cine y la publicidad, a los 20.000 puestos de trabajo que comentaba el compañero hace un rato, se suman otros veinte mil, y eso que estamos hablando sólo de los rubros técnicos que genera el cine, porque son muchos más.
La segunda implicancia es menos tangible y tiene que ver con que si seguimos poniendo en riesgo la producción audiovisual nacional, las nuevas generaciones de argentinas y argentinos pueden crecer sin haber tenido acceso a nuestra producción audiovisual, que refuerza y conforma nuestra identidad cultural.
Para terminar, quiero dejar algunas propuestas sobre las que venimos trabajando en la Multisectorial Audiovisual por el Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual Nacional, que es un espacio donde participan las entidades más representativas del sector audiovisual.
En ese sentido, solicitamos la incorporación al texto del proyecto de ley de las siguientes propuestas.
Primero: un incentivo a la producción a través de una cuota de pantalla, con un 40 por ciento de producción local independiente en estreno cuando se trate de estaciones que a través del espectro analógico, digital y por suscripción física y satelital cubran más del 60 por ciento del territorio nacional -por el momento son los canales 2, 7, 9, 11 y 13- y un 15 por ciento de producción local independiente en estreno para las estaciones ubicadas en el resto de las localizaciones.
Segundo: dicha cuota deberá estar dividida en franjas horarias, con obligación de emisión de productos independientes en el horario central o prime time, como sucede en otras legislaciones.
Tercero: se propone que las señales nacionales e internacionales de los servicios de TV por suscripción física y satelital deban emitir en el horario central prime time, según el huso horario de la Argentina, un mínimo de cuatro horas semanales de contenidos nacionales de televisión en estreno, de los cuales la mitad deberá tratarse de contenidos de producción local independiente.
Cuarto: establecer para las OTT una cuota del 30 por ciento de producción local, del cual no menos del 10 por ciento debería ser de producción audiovisual local independiente en estreno, entendiendo por estreno hasta tres años de su producción.
Quinto: las OTT deberán cumplir con las disposiciones y gravámenes nacionales, en especial la obligación contenida en el artículo 97 de la ley 26.522, respecto del pago del 5 por ciento, según el artículo 96.
Sexto: mantener al sector audiovisual fuera de cualquier negociación internacional de libre comercio en salvaguardia de la cultura y el trabajo nacional, como la anulación del inciso a) del decreto 1.225/2010, sobre el articulo 81 y sus condiciones de reciprocidad publicitaria.
Séptimo: mantener el sistema de televisión por suscripción en el marco de regulación de los servicios de comunicación audiovisual, respetando los aportes de todos los organismos de fomento y contralor afectados en el artículo 97 de la ley 26.522, dando cumplimiento al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce la separación de los medios de comunicación de los medios de telecomunicaciones a la hora de la regulación y protección del trabajo y la identidad cultural.
Octavo: creación, desde la reglamentación de esta ley, de un programa especial para la comercialización internacional de contenidos audiovisuales en vinculación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro de la Dirección de Cooperación Internacional y Proyectos Especiales, recientemente creada por la resolución 762/2016 del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, con la intención de promover, incentivar y facilitar la comercialización de contenidos audiovisuales de las empresas productoras, personas físicas o entidades, que con o sin financiamiento del Estado estén en condiciones de exportar formatos, autorías y/o contenidos audiovisuales.
Por último, como el cine es fomentado por el INCAA, creemos que la televisión y las nuevas plataformas digitales también deberían ser promovidas por un instituto especializado en las distintas especificidades del sector. A tal fin se debería crear un fondo específico para la atención de todos los recursos económicos que este instituto requiera. Dejamos expresamente claro que para esto no se afecte ningún fondo ni recursos de otros institutos ya creados.
A los efectos de lo expuesto, se solicita derogar la obligatoriedad de la utilización del 25 por ciento del financiamiento destinado desde el artículo 97 de ley 26.522, relacionado con la obligatoriedad en el destino de esos fondos en la producción de contenidos para TV, porque contrapone al artículo 76 -modificado por ley 24.377-, donde deja expresado que el INCAA está excluido del financiamiento de telenovelas y programas de televisión.
Quedamos a disposición de este cuerpo para trabajar en los proyectos que el sector necesita, cuidando la cultura y la identidad de todas las argentinas y los argentinos.
En primer término, después del DNU 267/2015, en abril de 2016 se empezó a hablar de un proyecto de ley integral de comunicaciones en tiempos de convergencia. Me gustaría decir que una iniciativa de estas proporciones e implicancias nunca debería hacerse de espaldas al sector.
Nosotros tenemos muy buenos ejemplos de leyes virtuosas en ese sentido, como por ejemplo nuestra ley de cine, que nació del debate, de los trabajadores, de los directores, de los actores y de los legisladores. Así se construyó una norma legal virtuosa que, a pesar de las amenazas que pudo llegar a tener en las distintas épocas por decisiones políticas, hasta hoy se sostiene.
Cada vez que como sector intentamos acercarnos para tratar de aportar a este proyecto de ley de convergencia, como se lo llamaba entonces, se nos dijo que primero iba a venir la llamada "ley corta". Más allá de su longitud, este proyecto no afecta particularmente al cine, a la publicidad y tampoco a los gravámenes, porque ni los sube, ni los quita. Por el contrario, se trata de un proyecto de ley sobre tecnología.
Se nos dijo que luego de este proyecto de ley vendría otro que trataría específicamente la cuestión de los gravámenes y los contenidos.
Creemos que vale la pena preguntarse qué es lo que viaja por estas plataformas. Si es una ley tecnológica y discutimos sobre el soporte, nos estamos olvidando de qué es lo que va a viajar por estas plataformas. Lo que viaja mayormente son contenidos audiovisuales.
Ahora bien, ¿cómo se producen dichos contenidos? ¿Cómo se fomentan? ¿Cuál es la participación del Estado? ¿Cuál es el proyecto en relación con las políticas públicas existentes? ¿Hay posibilidad de generar nuevas políticas para el universo audiovisual? ¿Hay interés en hacerlo? No tenemos las respuestas a estas preguntas.
¿Tenemos la intención de acercarnos a ese primer mundo del que tanto nos gusta hablar y que tiene producciones altamente subsidiadas con plataformas que aportan parte de sus ganancias al fomento de la producción de cada uno de sus países y que cuentan con porcentajes estrictos de cuota de pantalla?
Nos preguntamos por qué parece irrelevante o menos importante el tema de los contenidos y se le da prioridad a la discusión tecnológica o de soportes. Entendemos que esta supuesta restricción de la afectación en esta "ley corta" en verdad no es tal.
En ese sentido, el texto de la iniciativa nos genera dudas en varios aspectos que son de relevancia específica, como por ejemplo para el cine. No queda claro si todos los que, como se establece, "de cualquier forma y tecnología comercialicen o difundan audiovisual" van a pagar los gravámenes que establece la ley 26.522. Algunos, por tener esta licencia original TIC y luego tramitar la licencia del ENACOM, pueden invocar, entonces, que no deberían pagar los servicios destinados a personas no determinables, por ejemplo.
El artículo 7° del proyecto de "ley corta" establece: "Hasta tanto se sancione una ley que unifique el régimen de gravámenes establecido por las leyes 26.522 y 27.078, a los titulares de registros de servicios de Radiodifusión por Suscripción continuará siéndoles aplicable exclusivamente el régimen de gravámenes previsto por la ley 26.522..." ¿Y los que no son por suscripción van a pagar?
Es decir que este proyecto de ley generaría el acceso a licencias de radiodifusión televisiva sin establecer que las que difundan horas de material audiovisual estarán también sujetas al gravamen establecido por el inciso b) del artículo 24 de la ley 17.741 y sus modificatorias.
Por otra parte, en relación con los aspectos que supuestamente no afecta este proyecto de ley, quisiera nombrar dos artículos de la ley 26.522 que se encuentran vigentes. Uno es el artículo 67, que comentó la compañera y que establece que los servicios de comunicación audiovisual que emiten señales de televisión están obligados a comprar los derechos de antena de ocho largometrajes nacionales por año con anterioridad al inicio de su rodaje. Esto no se sucede y tampoco se fiscaliza.
El artículo 81 de la misma ley reglamentó que la publicidad que se emite en la televisión abierta o señales propias de los servicios por suscripción, debe ser de producción nacional.
En relación con esto hay aspectos de la "ley corta" dirigidos a rerregular el acceso a los contenidos y limitar la protección a los pequeños proveedores bajo la excusa de ampliar la cobertura de Internet y la infraestructura.
La creciente cantidad de publicidad a Internet y la de las señales con programación extranjera achica el mercado argentino de recepción de pauta.
Esto tiene una doble implicancia negativa. La primera es sobre el trabajo que genera el sector. En el caso del cine y la publicidad, a los 20.000 puestos de trabajo que comentaba el compañero hace un rato, se suman otros veinte mil, y eso que estamos hablando sólo de los rubros técnicos que genera el cine, porque son muchos más.
La segunda implicancia es menos tangible y tiene que ver con que si seguimos poniendo en riesgo la producción audiovisual nacional, las nuevas generaciones de argentinas y argentinos pueden crecer sin haber tenido acceso a nuestra producción audiovisual, que refuerza y conforma nuestra identidad cultural.
Para terminar, quiero dejar algunas propuestas sobre las que venimos trabajando en la Multisectorial Audiovisual por el Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual Nacional, que es un espacio donde participan las entidades más representativas del sector audiovisual.
En ese sentido, solicitamos la incorporación al texto del proyecto de ley de las siguientes propuestas.
Primero: un incentivo a la producción a través de una cuota de pantalla, con un 40 por ciento de producción local independiente en estreno cuando se trate de estaciones que a través del espectro analógico, digital y por suscripción física y satelital cubran más del 60 por ciento del territorio nacional -por el momento son los canales 2, 7, 9, 11 y 13- y un 15 por ciento de producción local independiente en estreno para las estaciones ubicadas en el resto de las localizaciones.
Segundo: dicha cuota deberá estar dividida en franjas horarias, con obligación de emisión de productos independientes en el horario central o prime time, como sucede en otras legislaciones.
Tercero: se propone que las señales nacionales e internacionales de los servicios de TV por suscripción física y satelital deban emitir en el horario central prime time, según el huso horario de la Argentina, un mínimo de cuatro horas semanales de contenidos nacionales de televisión en estreno, de los cuales la mitad deberá tratarse de contenidos de producción local independiente.
Cuarto: establecer para las OTT una cuota del 30 por ciento de producción local, del cual no menos del 10 por ciento debería ser de producción audiovisual local independiente en estreno, entendiendo por estreno hasta tres años de su producción.
Quinto: las OTT deberán cumplir con las disposiciones y gravámenes nacionales, en especial la obligación contenida en el artículo 97 de la ley 26.522, respecto del pago del 5 por ciento, según el artículo 96.
Sexto: mantener al sector audiovisual fuera de cualquier negociación internacional de libre comercio en salvaguardia de la cultura y el trabajo nacional, como la anulación del inciso a) del decreto 1.225/2010, sobre el articulo 81 y sus condiciones de reciprocidad publicitaria.
Séptimo: mantener el sistema de televisión por suscripción en el marco de regulación de los servicios de comunicación audiovisual, respetando los aportes de todos los organismos de fomento y contralor afectados en el artículo 97 de la ley 26.522, dando cumplimiento al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce la separación de los medios de comunicación de los medios de telecomunicaciones a la hora de la regulación y protección del trabajo y la identidad cultural.
Octavo: creación, desde la reglamentación de esta ley, de un programa especial para la comercialización internacional de contenidos audiovisuales en vinculación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro de la Dirección de Cooperación Internacional y Proyectos Especiales, recientemente creada por la resolución 762/2016 del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, con la intención de promover, incentivar y facilitar la comercialización de contenidos audiovisuales de las empresas productoras, personas físicas o entidades, que con o sin financiamiento del Estado estén en condiciones de exportar formatos, autorías y/o contenidos audiovisuales.
Por último, como el cine es fomentado por el INCAA, creemos que la televisión y las nuevas plataformas digitales también deberían ser promovidas por un instituto especializado en las distintas especificidades del sector. A tal fin se debería crear un fondo específico para la atención de todos los recursos económicos que este instituto requiera. Dejamos expresamente claro que para esto no se afecte ningún fondo ni recursos de otros institutos ya creados.
A los efectos de lo expuesto, se solicita derogar la obligatoriedad de la utilización del 25 por ciento del financiamiento destinado desde el artículo 97 de ley 26.522, relacionado con la obligatoriedad en el destino de esos fondos en la producción de contenidos para TV, porque contrapone al artículo 76 -modificado por ley 24.377-, donde deja expresado que el INCAA está excluido del financiamiento de telenovelas y programas de televisión.
Quedamos a disposición de este cuerpo para trabajar en los proyectos que el sector necesita, cuidando la cultura y la identidad de todas las argentinas y los argentinos.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el ingeniero Daniel Herrero, representante del Sindicato de los Profesionales de las Telecomunicaciones (Cepetel).
SR. HERRERO Señor presidente: ante todo agradezco a la comisión la invitación que nos han hecho para exponer nuestra visión sobre el particular.
Brevemente describiré cómo se compone nuestra organización gremial. El Sindicato de los Trabajadores Profesionales de las Telecomunicaciones representa colectivamente a los trabajadores profesionales de las empresas del sector.
Nuestro sindicato tiene celebrados convenios colectivos de trabajo con Telecom Argentina, Movistar -ex Telefónica- y GesNext, y cuenta con afiliados en las empresas de telefonía celular, como ser en la ex Telecom Personal y Movistar, entre otras empresas.
Nuestra personería gremial es la número 650, siendo de alcance nacional, es decir, abarca todo el territorio nacional argentino.
En oportunidad de la discusión de la ley 27.078 hemos participado activamente en los diferentes ámbitos de debate e incluso presentado nuestro proyecto de ley de telecomunicaciones.
Posteriormente a la sanción de la ley solicitamos integrar el Consejo Federal de las Tecnologías de la Información y la Digitalización en lo que respecta al cupo que la ley consideraba para las entidades gremiales de nuestro sector.
Además, nuestro gremio ha intervenido en la reunión participativa número 11, del 7 de septiembre de 2016, organizada por la Comisión de Reforma de la nueva Ley de Telecomunicaciones, en la cual expresamos nuestra posición ante la convergencia.
También solicitamos integrar el Consejo Federal de Comunicaciones en el marco del cupo que la reglamentación establecía para los trabajadores del sector, habiendo concurrido a la reunión que a tal efecto se celebrara en la Casa Rosada a fines de 2016.
En lo que sigue haremos una referencia a lo sucedido en estos últimos años en el sector.
Vamos a comenzar por el DNU 267/2015. Consideramos que lo dispuesto por el Poder Ejecutivo mediante este decreto constituye respecto del ente regulador, concretamente el ENACOM, un retroceso para la democracia y la división de poderes de la República, al disolver la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, estableciendo un ente cuyo directorio consta de siete integrantes, de los cuales cuatro son nombrados por el gobierno de turno y tres por el Congreso Nacional, para garantizarse de esta manera el control de dicha entidad.
Recordemos que las disueltas Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones también contaban con directorios de siete miembros, pero el Poder Ejecutivo nacional solamente designaba a dos de ellos. El resto -tres- eran designados por el Congreso Nacional y dos por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual en la Autoridad Federal Servicios de Comunicación Audiovisual y el Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización en la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
El DNU 267/2015 también disolvió el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y el Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, en los que se encontraba representado un amplio espectro de la sociedad.
Si bien el decreto 916/2016, del 4 de agosto de 2016, creó el Consejo Federal de Comunicaciones, éste no posee la función de designar dos directores del ENACOM, como sí la tenían los anteriores consejos ante la autoridad federal.
Además, los consejos disueltos establecían la participación de tres representantes de las entidades gremiales ante cada uno, es decir, seis en total, mientras que el nuevo consejo la reduce a un único representante, lo cual constituye sin dudas una disminución de los derechos de los trabajadores en la participación de las funciones de dicho consejo.
Creemos entonces que la nueva legislación deberá definir las designaciones y funciones de los miembros del Directorio del ENACOM y del Consejo Federal de Comunicaciones de manera análoga a lo que se establecía en las leyes 26.522 y 27.078.
Respecto de las no satelitales, la suma de ellas en igual área primaria no podía exceder la cantidad de cuatro licencias. Esto excede en una la cantidad de licencias que establecía la ley más discutida de la democracia, la ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, que parcialmente se derogó por el citado DNU a poco de asumir el presidente Mauricio Macri, pues esa norma legal establecía un máximo de tres licencias en una misma área primaria.
La ley ahora propuesta supera en cinco la cantidad de licencias de servicio audiovisual permitidas en el orden nacional dispuesta en la ley 26.522, ya que fija un límite de quince.
Como se aprecia, lo anterior favorece la concentración y el monopolio en la comunicación audiovisual.
A continuación vamos a expresar algo sobre el decreto 1.340/2016.
El plazo de seis meses que el Poder Ejecutivo nacional estableció para sancionar una nueva ley de comunicaciones fue prorrogado por otros seis meses sin que la ley siquiera fuera presentada. Ante esto, el Poder Ejecutivo nacional dictó un nuevo decreto sobre el sector: el 1.340/2016, del 30 de diciembre de ese año, que habilitaba a partir del 1° de enero de 2018 a las compañías telefónicas Telecom Argentina y Telefónica -hoy Movistar- a operar licencias de televisión por cable, con algunas restricciones. Concretamente, el servicio solo podía ser brindado en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en las ciudades de Córdoba y de Rosario. Para el resto de las localidades se debía solicitar autorización al ENACOM, excepto en las ciudades de menos de 80.000 habitantes, donde el servicio lo continuarían operando las pequeñas y medianas empresas o las cooperativas.
También protegía por quince años las redes de nueva generación fijas de última milla para banda ancha que desplegaran los licenciatarios de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones.
Por otra parte, se habilitaba a los operadores de cable a ingresar en el negocio de la telefonía celular. En beneficio de estos entrantes al mercado celular móvil se establecían principios de interconexión. Por ejemplo, la exigencia a los actuales prestadores móviles, y hasta un plazo máximo de tres años, de poner dicho servicio a disposición de los restantes prestadores en aquellas zonas donde estos últimos no tuvieran cobertura de red propia. Se establecía la reatribución de frecuencias del espectro radioeléctrico con compensación económica y uso compartido a frecuencias atribuidas previamente a otro servicio y asignadas a prestadores de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones o de servicios de comunicación audiovisual que solicitaran reutilizarlas para la prestación de servicios móviles o fijos inalámbricos con tecnologías LTE o superior.
Esto beneficiaba a Cablevisión por las adquisiciones de diversas empresas hechas oportunamente y significaba que el espectro pudiera ser reatribuido con un uso distinto al original.
Nosotros no creímos que la nueva normativa posibilitara el ingreso de nuevos operadores, ya que la misma les permitía a los actuales operadores ingresar a mercados que tenían prohibidos.
Voy a expresar nuestra posición ante la convergencia. Estamos de acuerdo con legislar sobre la convergencia tecnológica, puesto que las redes son capaces de transportar todo tipo de servicios, sean de telecomunicaciones o de radiodifusión.
En particular, la legislación deberá tener por objeto el establecimiento del marco legal con la finalidad de garantizar el derecho humano a las comunicaciones y a las telecomunicaciones.
Asimismo deberá reconocer a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- como un factor preponderante en la independencia tecnológica y productiva de nuestra Nación y promover el rol del Estado como planificador, incentivando la función social que dichas tecnologías poseen, como así también la competencia y la generación de empleo mediante el establecimiento de pautas claras y transparentes que favorezcan el desarrollo sustentable del sector, procurando la accesibilidad y la asequibilidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el pueblo.
A tal efecto, consideramos fundamental declarar de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las telecomunicaciones y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes.
También debe asegurarse el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad.
Asimismo debe garantizarse el desarrollo de las economías regionales, procurando el fortalecimiento de los actores locales existentes, tales como cooperativas, entidades sin fines de lucro y pymes, propendiendo a la generación de nuevos actores que en forma individual o colectiva garanticen la prestación de los servicios que se legisla.
El Estado debe poner límites a la concentración de la propiedad para evitar el abuso de posiciones dominantes, de modo de fomentar la diversidad y la pluralidad.
En relación con la discusión del proyecto de ley que aquí nos convoca, comúnmente conocido como "ley corta de comunicaciones", no nos parece que sea el adecuado para establecer el marco regulatorio del sector, ya que entendemos que es una amalgama no muy clara de las leyes 26.522 y 27.078, por un lado y, por el otro, el DNU 265/2015 -que deroga parcialmente alguno de sus artículos- y el decreto 1340/2016 y demás disposiciones reglamentarias. Todo esto cuando llevamos más de dos años y medio desde que el Poder Ejecutivo nacional se comprometió a sancionar la nueva ley de comunicaciones.
Se mantiene el obrar discrecional del Poder Ejecutivo nacional al asegurarse la mayoría del directorio del ENACOM. Es muy limitado el peso que tienen las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y demás actores del sector, como operadores independientes, pequeñas y medianas empresas, usuarios, trabajadores y empleados, entre otros, sobre las políticas de comunicaciones que nos regirán en los próximos años. Consideramos que un nuevo texto ordenado y prolijo es lo que merecemos como habitantes del suelo argentino.
Entendemos que nuestra experiencia histórica como trabajadores profesionales del sector nos permite compartir con la sociedad, al haber sido testigos -y en parte actores-, de los cambios y evoluciones en el modo de producir, planificar, proveer y comercializar los servicios TIC, algunas conclusiones que entendemos deben ser tenidas en cuenta al momento de fijar un nuevo marco legal.
Muchos de nosotros trabajamos dentro de la ENTEL y continuamos luego en Telefónica y Telecom. Podemos decir que nuestra propia visión como gremio sobre nuestro trabajo se mantuvo o cambió mucho menos de lo que cambió la visión que las empresas tenían sobre su propio objeto de actividad.
Como organización sindical entendemos que las comunicaciones son un derecho humano, pero en el contexto en el que el desarrollo y la provisión de las mismas se realizan desde el sector empresarial privado necesitamos, entonces, que la participación ciudadana, mediante la política y el Estado, fije pautas rectoras para que el desarrollo estratégico del sector tienda a poner el foco en garantizar un derecho antes que en considerar a la TIC como una mercancía.
Brevemente describiré cómo se compone nuestra organización gremial. El Sindicato de los Trabajadores Profesionales de las Telecomunicaciones representa colectivamente a los trabajadores profesionales de las empresas del sector.
Nuestro sindicato tiene celebrados convenios colectivos de trabajo con Telecom Argentina, Movistar -ex Telefónica- y GesNext, y cuenta con afiliados en las empresas de telefonía celular, como ser en la ex Telecom Personal y Movistar, entre otras empresas.
Nuestra personería gremial es la número 650, siendo de alcance nacional, es decir, abarca todo el territorio nacional argentino.
En oportunidad de la discusión de la ley 27.078 hemos participado activamente en los diferentes ámbitos de debate e incluso presentado nuestro proyecto de ley de telecomunicaciones.
Posteriormente a la sanción de la ley solicitamos integrar el Consejo Federal de las Tecnologías de la Información y la Digitalización en lo que respecta al cupo que la ley consideraba para las entidades gremiales de nuestro sector.
Además, nuestro gremio ha intervenido en la reunión participativa número 11, del 7 de septiembre de 2016, organizada por la Comisión de Reforma de la nueva Ley de Telecomunicaciones, en la cual expresamos nuestra posición ante la convergencia.
También solicitamos integrar el Consejo Federal de Comunicaciones en el marco del cupo que la reglamentación establecía para los trabajadores del sector, habiendo concurrido a la reunión que a tal efecto se celebrara en la Casa Rosada a fines de 2016.
En lo que sigue haremos una referencia a lo sucedido en estos últimos años en el sector.
Vamos a comenzar por el DNU 267/2015. Consideramos que lo dispuesto por el Poder Ejecutivo mediante este decreto constituye respecto del ente regulador, concretamente el ENACOM, un retroceso para la democracia y la división de poderes de la República, al disolver la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, estableciendo un ente cuyo directorio consta de siete integrantes, de los cuales cuatro son nombrados por el gobierno de turno y tres por el Congreso Nacional, para garantizarse de esta manera el control de dicha entidad.
Recordemos que las disueltas Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones también contaban con directorios de siete miembros, pero el Poder Ejecutivo nacional solamente designaba a dos de ellos. El resto -tres- eran designados por el Congreso Nacional y dos por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual en la Autoridad Federal Servicios de Comunicación Audiovisual y el Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización en la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
El DNU 267/2015 también disolvió el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y el Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, en los que se encontraba representado un amplio espectro de la sociedad.
Si bien el decreto 916/2016, del 4 de agosto de 2016, creó el Consejo Federal de Comunicaciones, éste no posee la función de designar dos directores del ENACOM, como sí la tenían los anteriores consejos ante la autoridad federal.
Además, los consejos disueltos establecían la participación de tres representantes de las entidades gremiales ante cada uno, es decir, seis en total, mientras que el nuevo consejo la reduce a un único representante, lo cual constituye sin dudas una disminución de los derechos de los trabajadores en la participación de las funciones de dicho consejo.
Creemos entonces que la nueva legislación deberá definir las designaciones y funciones de los miembros del Directorio del ENACOM y del Consejo Federal de Comunicaciones de manera análoga a lo que se establecía en las leyes 26.522 y 27.078.
Respecto de las no satelitales, la suma de ellas en igual área primaria no podía exceder la cantidad de cuatro licencias. Esto excede en una la cantidad de licencias que establecía la ley más discutida de la democracia, la ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, que parcialmente se derogó por el citado DNU a poco de asumir el presidente Mauricio Macri, pues esa norma legal establecía un máximo de tres licencias en una misma área primaria.
La ley ahora propuesta supera en cinco la cantidad de licencias de servicio audiovisual permitidas en el orden nacional dispuesta en la ley 26.522, ya que fija un límite de quince.
Como se aprecia, lo anterior favorece la concentración y el monopolio en la comunicación audiovisual.
A continuación vamos a expresar algo sobre el decreto 1.340/2016.
El plazo de seis meses que el Poder Ejecutivo nacional estableció para sancionar una nueva ley de comunicaciones fue prorrogado por otros seis meses sin que la ley siquiera fuera presentada. Ante esto, el Poder Ejecutivo nacional dictó un nuevo decreto sobre el sector: el 1.340/2016, del 30 de diciembre de ese año, que habilitaba a partir del 1° de enero de 2018 a las compañías telefónicas Telecom Argentina y Telefónica -hoy Movistar- a operar licencias de televisión por cable, con algunas restricciones. Concretamente, el servicio solo podía ser brindado en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en las ciudades de Córdoba y de Rosario. Para el resto de las localidades se debía solicitar autorización al ENACOM, excepto en las ciudades de menos de 80.000 habitantes, donde el servicio lo continuarían operando las pequeñas y medianas empresas o las cooperativas.
También protegía por quince años las redes de nueva generación fijas de última milla para banda ancha que desplegaran los licenciatarios de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones.
Por otra parte, se habilitaba a los operadores de cable a ingresar en el negocio de la telefonía celular. En beneficio de estos entrantes al mercado celular móvil se establecían principios de interconexión. Por ejemplo, la exigencia a los actuales prestadores móviles, y hasta un plazo máximo de tres años, de poner dicho servicio a disposición de los restantes prestadores en aquellas zonas donde estos últimos no tuvieran cobertura de red propia. Se establecía la reatribución de frecuencias del espectro radioeléctrico con compensación económica y uso compartido a frecuencias atribuidas previamente a otro servicio y asignadas a prestadores de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones o de servicios de comunicación audiovisual que solicitaran reutilizarlas para la prestación de servicios móviles o fijos inalámbricos con tecnologías LTE o superior.
Esto beneficiaba a Cablevisión por las adquisiciones de diversas empresas hechas oportunamente y significaba que el espectro pudiera ser reatribuido con un uso distinto al original.
Nosotros no creímos que la nueva normativa posibilitara el ingreso de nuevos operadores, ya que la misma les permitía a los actuales operadores ingresar a mercados que tenían prohibidos.
Voy a expresar nuestra posición ante la convergencia. Estamos de acuerdo con legislar sobre la convergencia tecnológica, puesto que las redes son capaces de transportar todo tipo de servicios, sean de telecomunicaciones o de radiodifusión.
En particular, la legislación deberá tener por objeto el establecimiento del marco legal con la finalidad de garantizar el derecho humano a las comunicaciones y a las telecomunicaciones.
Asimismo deberá reconocer a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- como un factor preponderante en la independencia tecnológica y productiva de nuestra Nación y promover el rol del Estado como planificador, incentivando la función social que dichas tecnologías poseen, como así también la competencia y la generación de empleo mediante el establecimiento de pautas claras y transparentes que favorezcan el desarrollo sustentable del sector, procurando la accesibilidad y la asequibilidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el pueblo.
A tal efecto, consideramos fundamental declarar de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las telecomunicaciones y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes.
También debe asegurarse el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad.
Asimismo debe garantizarse el desarrollo de las economías regionales, procurando el fortalecimiento de los actores locales existentes, tales como cooperativas, entidades sin fines de lucro y pymes, propendiendo a la generación de nuevos actores que en forma individual o colectiva garanticen la prestación de los servicios que se legisla.
El Estado debe poner límites a la concentración de la propiedad para evitar el abuso de posiciones dominantes, de modo de fomentar la diversidad y la pluralidad.
En relación con la discusión del proyecto de ley que aquí nos convoca, comúnmente conocido como "ley corta de comunicaciones", no nos parece que sea el adecuado para establecer el marco regulatorio del sector, ya que entendemos que es una amalgama no muy clara de las leyes 26.522 y 27.078, por un lado y, por el otro, el DNU 265/2015 -que deroga parcialmente alguno de sus artículos- y el decreto 1340/2016 y demás disposiciones reglamentarias. Todo esto cuando llevamos más de dos años y medio desde que el Poder Ejecutivo nacional se comprometió a sancionar la nueva ley de comunicaciones.
Se mantiene el obrar discrecional del Poder Ejecutivo nacional al asegurarse la mayoría del directorio del ENACOM. Es muy limitado el peso que tienen las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y demás actores del sector, como operadores independientes, pequeñas y medianas empresas, usuarios, trabajadores y empleados, entre otros, sobre las políticas de comunicaciones que nos regirán en los próximos años. Consideramos que un nuevo texto ordenado y prolijo es lo que merecemos como habitantes del suelo argentino.
Entendemos que nuestra experiencia histórica como trabajadores profesionales del sector nos permite compartir con la sociedad, al haber sido testigos -y en parte actores-, de los cambios y evoluciones en el modo de producir, planificar, proveer y comercializar los servicios TIC, algunas conclusiones que entendemos deben ser tenidas en cuenta al momento de fijar un nuevo marco legal.
Muchos de nosotros trabajamos dentro de la ENTEL y continuamos luego en Telefónica y Telecom. Podemos decir que nuestra propia visión como gremio sobre nuestro trabajo se mantuvo o cambió mucho menos de lo que cambió la visión que las empresas tenían sobre su propio objeto de actividad.
Como organización sindical entendemos que las comunicaciones son un derecho humano, pero en el contexto en el que el desarrollo y la provisión de las mismas se realizan desde el sector empresarial privado necesitamos, entonces, que la participación ciudadana, mediante la política y el Estado, fije pautas rectoras para que el desarrollo estratégico del sector tienda a poner el foco en garantizar un derecho antes que en considerar a la TIC como una mercancía.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Le pido por favor que redondee su exposición.
SR. HERRERA Sí, señor presidente.
Según nuestro entender, la nueva ley deberá incluir algunos conceptos. En este sentido quiero hacer hincapié en que el directorio del ENACOM debe volver a conformarse por siete miembros, de los cuales dos debe elegir el Poder Ejecutivo, tres el Congreso de la Nación y dos el COFECO.
Asimismo, solicito que se considere la incorporación de seis trabajadores como miembros del COFECO, como así también que se vuelvan a limitar la cantidad de licencias por áreas primarias y orden nacional de los servicios de comunicaciones audiovisuales.
Otro concepto a incluir es que las tarifas máximas sean fijadas por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de la autoridad de regulación de la ley. Deben ser justas y razonables, cubrir los costos de una explotación y prestación eficientes y tener en cuenta los costos reales y las diferencias de poder adquisitivo y situación geográfica de los usuarios.
Por último, el proyecto de ley debe hacer mención a la ley 27.208, de Desarrollo Satelital Argentino. La política satelital de la Nación debe estar sujeta a esa norma legal. Rechazamos el concepto de convenio de reciprocidad con otros países, pues no existe una simetría en los servicios satelitales que puedan brindar los satélites nacionales respecto de los extranjeros.
Según nuestro entender, la nueva ley deberá incluir algunos conceptos. En este sentido quiero hacer hincapié en que el directorio del ENACOM debe volver a conformarse por siete miembros, de los cuales dos debe elegir el Poder Ejecutivo, tres el Congreso de la Nación y dos el COFECO.
Asimismo, solicito que se considere la incorporación de seis trabajadores como miembros del COFECO, como así también que se vuelvan a limitar la cantidad de licencias por áreas primarias y orden nacional de los servicios de comunicaciones audiovisuales.
Otro concepto a incluir es que las tarifas máximas sean fijadas por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de la autoridad de regulación de la ley. Deben ser justas y razonables, cubrir los costos de una explotación y prestación eficientes y tener en cuenta los costos reales y las diferencias de poder adquisitivo y situación geográfica de los usuarios.
Por último, el proyecto de ley debe hacer mención a la ley 27.208, de Desarrollo Satelital Argentino. La política satelital de la Nación debe estar sujeta a esa norma legal. Rechazamos el concepto de convenio de reciprocidad con otros países, pues no existe una simetría en los servicios satelitales que puedan brindar los satélites nacionales respecto de los extranjeros.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Vaya concluyendo, por favor.
SR. HERRERA Ya termino, señor presidente.
La ley deberá respetar las incumbencias y encuadramientos profesionales de los trabajadores de las distintas actividades que se presenten.
Tengo más material, pero lo dejaré a disposición en la Secretaría de la comisión.
Antes de dar por finalizada mi exposición, solamente quiero aclarar que me olvidé de mencionar que me acompaña Mario Mora, secretario General de la Seccional de Buenos Aires de nuestro sindicato.
La ley deberá respetar las incumbencias y encuadramientos profesionales de los trabajadores de las distintas actividades que se presenten.
Tengo más material, pero lo dejaré a disposición en la Secretaría de la comisión.
Antes de dar por finalizada mi exposición, solamente quiero aclarar que me olvidé de mencionar que me acompaña Mario Mora, secretario General de la Seccional de Buenos Aires de nuestro sindicato.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Habiéndose agotado la lista de oradores, queda levantada la reunión. (Aplausos.)
Es la hora 19 y 10.