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COMUNICACIONES E INFORMATICA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 139
Secretario Administrativo CPN RANGUGNI SABRINA
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2144 Internos 2144/42
cceinformatica@hcdn.gob.ar
- COMUNICACIONES E INFORMATICA
Reunión del día 21/08/2018
- FOMENTO DEL DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA Y LA COMPETENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC)
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiún días del mes agosto de 2018, a la hora 17 y 17:
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Damos inicio a la reunión de la Comisión de Comunicaciones e Informática. Bienvenidos los invitados. Sé que algunos han hecho varios kilómetros para estar aquí presentes.
El motivo de la convocatoria es el tratamiento del proyecto de ley que viene en revisión del Senado, contenido en el expediente 0044-s-2018, por el cual se establece un nuevo esquema en la compartición de las infraestructuras de la tecnología de la información y las comunicaciones, TIC. Es denominado comúnmente como "ley corta", ya que es un pequeño proyecto de ley de principio de convergencia.
A fin de organizarnos, teniendo en cuenta que son muchos los expositores anotados para hacer uso de la palabra, les pido que no se excedan de cinco, seis o siete minutos porque queremos escucharlos a todos.
Es muy factible que algunas de las objeciones o aportes se repitan por pertenecer varios a temáticas o problemáticas básicas parecidas. Entonces, en ese caso, si ya otro expositor ya se refirió a determinados aspectos, les pedimos que se concentren en lo regional, es decir, en lo que hace a sus respectivas zonas.
Hay invitados de diferentes provincias, lo cual es importante a fin de que los señores diputados se puedan ilustrar acerca de qué manera la iniciativa que viene del Senado puede impactar en la realidad.
En primer lugar, en representación de CABASE, tiene la palabra el ingeniero Ariel Graizer, un conocido de la casa.
El motivo de la convocatoria es el tratamiento del proyecto de ley que viene en revisión del Senado, contenido en el expediente 0044-s-2018, por el cual se establece un nuevo esquema en la compartición de las infraestructuras de la tecnología de la información y las comunicaciones, TIC. Es denominado comúnmente como "ley corta", ya que es un pequeño proyecto de ley de principio de convergencia.
A fin de organizarnos, teniendo en cuenta que son muchos los expositores anotados para hacer uso de la palabra, les pido que no se excedan de cinco, seis o siete minutos porque queremos escucharlos a todos.
Es muy factible que algunas de las objeciones o aportes se repitan por pertenecer varios a temáticas o problemáticas básicas parecidas. Entonces, en ese caso, si ya otro expositor ya se refirió a determinados aspectos, les pedimos que se concentren en lo regional, es decir, en lo que hace a sus respectivas zonas.
Hay invitados de diferentes provincias, lo cual es importante a fin de que los señores diputados se puedan ilustrar acerca de qué manera la iniciativa que viene del Senado puede impactar en la realidad.
En primer lugar, en representación de CABASE, tiene la palabra el ingeniero Ariel Graizer, un conocido de la casa.
SR. GRAIZER Señor presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Honorable Cámara de Diputados, señores diputados: quiero agradecer la invitación a esta reunión que se celebra en el marco del proyecto de Ley de Fomento del Despliegue e Infraestructura y Competencia TICs, conocido como "Ley Corta".
La Cámara Argentina de Internet -CABASE- fue fundada en 1989 y hoy cuenta con más de 480 miembros, entre los que se encuentran compañías pymes, cooperativas, universidades nacionales y privadas y distintos organismos del Estado nacional, estados provinciales y municipales. Hoy nuestros miembros dan servicio de internet en más de 1.200 localidades de todo el país y llegamos con conexiones fijas de internet a casi 12.000.000 de hogares o empresas.
Para ello, CABASE ha desarrollado una red muy importante de puntos de intercambio de tráfico en todo el país. Hoy contamos con más de treinta puntos funcionando que nos permiten llegar a todos estos lugares.
En cuanto a la ley, como ya lo hemos dicho en la Comisión de Medios, Sistemas de Comunicación y Libertad de Expresión en el Senado, desde CABASE apoyamos la sanción de la Ley Corta porque vemos en el proyecto una apreciación normativa necesaria que, si bien según nuestra forma de ver no es completa, pretende resolver alguna de las preocupaciones de los prestadores de Servicios de TIC de nuestro país.
En cuanto a la eliminación de la reserva de frecuencias establecidas por la ley, uno de los principales aspectos en los que el proyecto acierta es en el de eliminar la reserva de frecuencias a favor de ARSAT y destinar un porcentaje de al menos un 20 por ciento para la prestación de servicios de comunicaciones móviles por parte de operadoras regionales y locales que brindan servicios en nuestro país. Los operadores pequeños, tanto pymes como cooperativas del interior del país, deben ser beneficiarios directos para poder tener y establecer competencias normales y brindar servicio en las áreas de prestación locales más pequeñas que hay en todo el país.
Estamos seguros de que la asignación de frecuencias a las pymes y cooperativas permitirá brindar una competencia que no tenga asimetrías.
Desde CABASE hemos realizado múltiples prestaciones al Ministerio de Modernización y ENACOM, manifestando nuestro interés de participar en los procedimientos de asignación de frecuencias que nos permitan brindar movilidad a los usuarios, tanto de datos como de voz. Reiteramos, entonces, nuestro pedido.
Además, nos parece acertado que se destine al menos el 20 por ciento del total de frecuencia disponible para que se den estas prestaciones.
Una vez aprobada la ley, esperamos que el Estado nacional cumpla con el plazo de 180 días hábiles y realice los procesos de asignación de frecuencias, tal como lo exige el texto de media sanción del proyecto. La asignación de frecuencia de operadores regionales y locales redundará en un mejor servicio para la comunidad.
Desde CABASE vemos como muy positivo que se eliminen las barreras regulatorias a la prestación de diferentes Servicios TIC, permitiendo la participación de todos los jugadores del mercado, sin barreras regulatorias.
La competencia entre prestadores beneficiará a los usuarios pero para que dicha competencia sea sana, la regulación y el regulador deben contemplar las asimetrías que existen entre los diferentes operadores, buscando asegurar que los operadores pyme y cooperativas regionales y locales cuenten con las mismas herramientas que se entregan a los operadores de mayor tamaño.
En esa línea, nos parecen adecuado los plazos previstos por el proyecto con media sanción para el inicio de la prestación de la TV satelital por parte de los grandes operadores de telefonía fija y móvil, así como las exigencias impuestas a estos operadores para facilitar la competencia en el mercado de comunicaciones móviles mediante la figura de "operador móvil virtual" u "operador móvil de red".
Estos plazos de transición deben ir acompañados en la asignación efectiva de la frecuencia necesaria para poder brindar servicios móviles por parte de los operadores regionales y locales, y la sanción de toda conducta que implique un abuso de posición dominante por parte de los operadores que dominan los servicios, incluyendo la telefonía y la televisión por cable. Solo así se asegurará una competencia leal en todos los servicios de beneficio a los usuarios y consumidores.
En cuanto al acceso equitativo a contenidos audiovisuales -según menciona el texto del proyecto de ley-, resulta acertado que se exija la comercialización de señales y contenidos audiovisuales, y que se efectúe en condiciones transparentes, equitativas y no discriminatorias, de modo tal que se garantice la competencia leal y efectiva entre los prestadores de servicios TIC, buscando desalentar las ofertas comerciales de los titulares de contenidos y señales, que dificultan la prestación del servicio de televisión paga por parte de los operadores TIC.
En un escenario de servicios convergentes en donde los prestadores de servicios TIC puedan prestar todos los servicios y soportes, el acceso a las señales y contenidos audiovisuales es fundamental. No puede hablarse de una verdadera competencia sin un mercado competitivo de señal de contenidos donde todo interesado pueda obtener los programas que desee.
El acceso a contenidos y señales en condiciones equitativas y no discriminatorias es aún más importante cuando quien lo solicita es una pyme o una cooperativa. Muchas veces una pyme o una cooperativa quiere comenzar la provisión del servicio de distribución de contenidos pero se ve imposibilitada de aceptar los volúmenes mínimos de contratación, o bien, el pago de impuestos que los titulares de las señales generan en beneficio de los grandes grupos de televisión por cable y satelital.
En relación con el Servicio de Radiodifusión por Suscripción, el proyecto de ley propone la modificación de la definición misma del Servicio de Radiodifusión por Suscripción. Esta propuesta se encuentra contenida en el artículo 6º, inciso a), de la ley Argentina Digital -ley 27.078-, modificada por el Decreto de Necesidad de Urgencia 267 en 2015.
Desde CABASE entendemos que la nueva definición de las transmisiones de señales con independencia de la tecnología o medios utilizados, y la eliminación de la referencia de los servicios de IPTV es desacertada ya que abren la puerta a que servicios que hoy se brindan en internet sin necesidad de contar con una licencia de servicios TIC puedan quedar sujetos a la misma regulación de los servicios de televisión por cable, atentando así contra la innovación y el principio de la libre explotación de servicios en internet.
Por tanto, proponemos que el artículo 4º del proyecto de ley aclare que los servicios de radiodifusión por suscripción son los que se proveen por vínculos físicos, sea por medios radioeléctricos o satelitales, y que mantenga la referencia a la tecnología IPTV, que ya existe en la ley Argentina Digital, pero que el proyecto quiere eliminar.
Lo que proponemos es que en la parte donde dice "IP", vuelva a decir "basados en el protocolo IP" y, entre paréntesis, "IPTV". De esta manera se logra el objetivo de definición del Servicio de Radiodifusión por Suscripción, tanto el que corresponde a la televisión por cable como el que refiere a la televisión satelital, pero sin avanzar en la regulación de servicios y aplicaciones que se encuentran disponibles en internet, y que no requieren licencia, autorización ni permisos.
La modificación propuesta por el texto del proyecto de ley protege la innovación y la libre explotación de servicios, aplicaciones y contenidos en internet, fomentando el desarrollo de más y mejores servicios para los usuarios y consumidores.
Finalmente, en cuanto a la compartición de infraestructura, la regulación de la compartición de infraestructura que consta en el proyecto es positiva, tanto en lo que refiere a los prestadores de servicios TIC como en lo que refiere a quienes ponen los postes o mástiles, que son los concesionarios o licenciatarios de otros servicios públicos.
Por todo lo expuesto, apoyamos el proyecto de ley en revisión por el cual se fomenta el despliegue de infraestructura y competencias de las tecnologías de la información y la comunicación -TIC- y alentamos a los señores diputados a convertirlo en ley.
Nos permitimos realizar estos pequeños aportes para perfeccionar el texto del proyecto con la finalidad de reforzar la libre competencia entre prestadores y dotar a las pymes y cooperativas, en tanto operadores regionales y locales, de todas las herramientas para competir en una mejor situación frente a los grandes operadores nacionales e internacionales.
La Cámara Argentina de Internet -CABASE- fue fundada en 1989 y hoy cuenta con más de 480 miembros, entre los que se encuentran compañías pymes, cooperativas, universidades nacionales y privadas y distintos organismos del Estado nacional, estados provinciales y municipales. Hoy nuestros miembros dan servicio de internet en más de 1.200 localidades de todo el país y llegamos con conexiones fijas de internet a casi 12.000.000 de hogares o empresas.
Para ello, CABASE ha desarrollado una red muy importante de puntos de intercambio de tráfico en todo el país. Hoy contamos con más de treinta puntos funcionando que nos permiten llegar a todos estos lugares.
En cuanto a la ley, como ya lo hemos dicho en la Comisión de Medios, Sistemas de Comunicación y Libertad de Expresión en el Senado, desde CABASE apoyamos la sanción de la Ley Corta porque vemos en el proyecto una apreciación normativa necesaria que, si bien según nuestra forma de ver no es completa, pretende resolver alguna de las preocupaciones de los prestadores de Servicios de TIC de nuestro país.
En cuanto a la eliminación de la reserva de frecuencias establecidas por la ley, uno de los principales aspectos en los que el proyecto acierta es en el de eliminar la reserva de frecuencias a favor de ARSAT y destinar un porcentaje de al menos un 20 por ciento para la prestación de servicios de comunicaciones móviles por parte de operadoras regionales y locales que brindan servicios en nuestro país. Los operadores pequeños, tanto pymes como cooperativas del interior del país, deben ser beneficiarios directos para poder tener y establecer competencias normales y brindar servicio en las áreas de prestación locales más pequeñas que hay en todo el país.
Estamos seguros de que la asignación de frecuencias a las pymes y cooperativas permitirá brindar una competencia que no tenga asimetrías.
Desde CABASE hemos realizado múltiples prestaciones al Ministerio de Modernización y ENACOM, manifestando nuestro interés de participar en los procedimientos de asignación de frecuencias que nos permitan brindar movilidad a los usuarios, tanto de datos como de voz. Reiteramos, entonces, nuestro pedido.
Además, nos parece acertado que se destine al menos el 20 por ciento del total de frecuencia disponible para que se den estas prestaciones.
Una vez aprobada la ley, esperamos que el Estado nacional cumpla con el plazo de 180 días hábiles y realice los procesos de asignación de frecuencias, tal como lo exige el texto de media sanción del proyecto. La asignación de frecuencia de operadores regionales y locales redundará en un mejor servicio para la comunidad.
Desde CABASE vemos como muy positivo que se eliminen las barreras regulatorias a la prestación de diferentes Servicios TIC, permitiendo la participación de todos los jugadores del mercado, sin barreras regulatorias.
La competencia entre prestadores beneficiará a los usuarios pero para que dicha competencia sea sana, la regulación y el regulador deben contemplar las asimetrías que existen entre los diferentes operadores, buscando asegurar que los operadores pyme y cooperativas regionales y locales cuenten con las mismas herramientas que se entregan a los operadores de mayor tamaño.
En esa línea, nos parecen adecuado los plazos previstos por el proyecto con media sanción para el inicio de la prestación de la TV satelital por parte de los grandes operadores de telefonía fija y móvil, así como las exigencias impuestas a estos operadores para facilitar la competencia en el mercado de comunicaciones móviles mediante la figura de "operador móvil virtual" u "operador móvil de red".
Estos plazos de transición deben ir acompañados en la asignación efectiva de la frecuencia necesaria para poder brindar servicios móviles por parte de los operadores regionales y locales, y la sanción de toda conducta que implique un abuso de posición dominante por parte de los operadores que dominan los servicios, incluyendo la telefonía y la televisión por cable. Solo así se asegurará una competencia leal en todos los servicios de beneficio a los usuarios y consumidores.
En cuanto al acceso equitativo a contenidos audiovisuales -según menciona el texto del proyecto de ley-, resulta acertado que se exija la comercialización de señales y contenidos audiovisuales, y que se efectúe en condiciones transparentes, equitativas y no discriminatorias, de modo tal que se garantice la competencia leal y efectiva entre los prestadores de servicios TIC, buscando desalentar las ofertas comerciales de los titulares de contenidos y señales, que dificultan la prestación del servicio de televisión paga por parte de los operadores TIC.
En un escenario de servicios convergentes en donde los prestadores de servicios TIC puedan prestar todos los servicios y soportes, el acceso a las señales y contenidos audiovisuales es fundamental. No puede hablarse de una verdadera competencia sin un mercado competitivo de señal de contenidos donde todo interesado pueda obtener los programas que desee.
El acceso a contenidos y señales en condiciones equitativas y no discriminatorias es aún más importante cuando quien lo solicita es una pyme o una cooperativa. Muchas veces una pyme o una cooperativa quiere comenzar la provisión del servicio de distribución de contenidos pero se ve imposibilitada de aceptar los volúmenes mínimos de contratación, o bien, el pago de impuestos que los titulares de las señales generan en beneficio de los grandes grupos de televisión por cable y satelital.
En relación con el Servicio de Radiodifusión por Suscripción, el proyecto de ley propone la modificación de la definición misma del Servicio de Radiodifusión por Suscripción. Esta propuesta se encuentra contenida en el artículo 6º, inciso a), de la ley Argentina Digital -ley 27.078-, modificada por el Decreto de Necesidad de Urgencia 267 en 2015.
Desde CABASE entendemos que la nueva definición de las transmisiones de señales con independencia de la tecnología o medios utilizados, y la eliminación de la referencia de los servicios de IPTV es desacertada ya que abren la puerta a que servicios que hoy se brindan en internet sin necesidad de contar con una licencia de servicios TIC puedan quedar sujetos a la misma regulación de los servicios de televisión por cable, atentando así contra la innovación y el principio de la libre explotación de servicios en internet.
Por tanto, proponemos que el artículo 4º del proyecto de ley aclare que los servicios de radiodifusión por suscripción son los que se proveen por vínculos físicos, sea por medios radioeléctricos o satelitales, y que mantenga la referencia a la tecnología IPTV, que ya existe en la ley Argentina Digital, pero que el proyecto quiere eliminar.
Lo que proponemos es que en la parte donde dice "IP", vuelva a decir "basados en el protocolo IP" y, entre paréntesis, "IPTV". De esta manera se logra el objetivo de definición del Servicio de Radiodifusión por Suscripción, tanto el que corresponde a la televisión por cable como el que refiere a la televisión satelital, pero sin avanzar en la regulación de servicios y aplicaciones que se encuentran disponibles en internet, y que no requieren licencia, autorización ni permisos.
La modificación propuesta por el texto del proyecto de ley protege la innovación y la libre explotación de servicios, aplicaciones y contenidos en internet, fomentando el desarrollo de más y mejores servicios para los usuarios y consumidores.
Finalmente, en cuanto a la compartición de infraestructura, la regulación de la compartición de infraestructura que consta en el proyecto es positiva, tanto en lo que refiere a los prestadores de servicios TIC como en lo que refiere a quienes ponen los postes o mástiles, que son los concesionarios o licenciatarios de otros servicios públicos.
Por todo lo expuesto, apoyamos el proyecto de ley en revisión por el cual se fomenta el despliegue de infraestructura y competencias de las tecnologías de la información y la comunicación -TIC- y alentamos a los señores diputados a convertirlo en ley.
Nos permitimos realizar estos pequeños aportes para perfeccionar el texto del proyecto con la finalidad de reforzar la libre competencia entre prestadores y dotar a las pymes y cooperativas, en tanto operadores regionales y locales, de todas las herramientas para competir en una mejor situación frente a los grandes operadores nacionales e internacionales.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor Nicolás Mayoraz, representante de la Cámara de Cableoperadores Independientes. Lo acompañan los señores Esteban Lescano y Marcelo Massatti.
SR. MAYORAZ Señor presidente, señores diputados y diputadas: en primer lugar, quiero agradecer la invitación que se nos ha realizado para participar de esta reunión de la Comisión de Comunicaciones e Informática para brindar nuestro aporte y contribución a esta iniciativa llamada "ley corta".
Vengo en representación de la Cámara de Cableoperadores Independientes. Se trata de una entidad que nuclea a operadores de mediana envergadura, ofrecemos servicios de televisión paga, Internet y telefonía fija en todo el país.
Las empresas que integran la CCI son de capitales íntegramente argentinos. Durante años han invertido e invierten en la actualización de sus redes, en la mejora de la calidad del servicio y compiten con grandes empresas nacionales tales como el Grupo Clarín en el mercado de la TV por cable y empresas multinacionales como Telefónica, Claro y DirecTV en los mercados de telefonía, acceso a Internet y distribución de contenidos respectivamente.
La media sanción del Honorable Senado de la Nación al proyecto de ley del Poder Ejecutivo de fomento y despliegue de infraestructura y competencias de las tecnologías de la información y la comunicación tiene, en nuestra opinión, tres omisiones que deben ser subsanadas por esta Honorable Cámara a fin de garantizar la competencia en igualdad de condiciones de todos los licenciatarios del TIC.
Si el proyecto no es modificado para incluir estos tres puntos y se aprueba tal como está, se consolidará una grave injusticia en el sector de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información. Porque mientras se autorice a los grandes jugadores a ofrecer los servicios de TV por cable, TV por satélite, telefonía fija, telefonía móvil e internet, a los operadores medianos y chicos que actualmente brindan los mismos servicios, se los seguirá excluyendo de la posibilidad de otorgar el servicio de comunicaciones móviles.
Este servicio móvil requiere contar con las frecuencias del espectro necesarias y con un plazo razonable no menor a dos años para su desarrollo y poder ofrecerlo a los usuarios compitiendo, de igual a igual, con los grandes jugadores del mercado.
Es por ello que nos permitimos enfocar nuestra presentación en proponer modificaciones concretas al texto que ha recibido la media sanción del Honorable Senado.
Comenzamos con el artículo 3° que refiere a la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico. Allí entendemos que habría que hacer algunas modificaciones concretas. Concretamente, buscan permitir que los operadores regionales y locales puedan competir con los grandes operadores del mercado dotándolos de las herramientas necesarias para brindar el servicio de telefonía y datos móviles que hoy tienen vedado por carecer de las frecuencias necesarias para hacerlo.
En primer lugar, se propone incluir todas las frecuencias disponibles para brindar servicios de comunicaciones móviles, ya sea que se encuentran reservadas a favor del ARSAT o no. En este punto es importante destacar que el ENACOM, al aprobar la fusión entre Telecom Argentina y Cablevisión, le impuso a la empresa resultante de esa operación la obligación de restituir al Estado nacional un conjunto de frecuencias aptas para la prestación de servicios de comunicaciones móviles. Es por ello que incluimos la referencia de la devolución ya establecida en el artículo 3° de la resolución del ENACOM que lleva el número 5644/2017 que aprobó, desde la óptica regulatoria, el proceso de concentración económica que involucró a Telecom Argentina y a Cablevisión.
Sin dudas, estas frecuencias deben estar incluidas en el artículo 3° de la ley así como cualquier otra frecuencia que a futuro se concurse o licite para la prestación de servicios móviles súper rápidos de quinta generación o 5G.
De esta manera creemos que, cuando se concursen o liciten, se garantizará la participación de los operadores regionales y locales y no se generará una nueva discriminación por frecuencias repartidas entre los grandes operadores. Sería una forma de prever los avances de la tecnología.
En segundo lugar, entendemos que en el artículo 3° habría que modificar el porcentaje de frecuencias destinado a estos operadores locales y regionales. En nuestra opinión, no debería ser inferior al 30 por ciento, asumiendo que del total disponible el 70 por ciento será entregado a los grandes operadores, actuales o futuros, y el 30 por ciento remanente será distribuido entre los operadores regionales y locales permitiendo la prestación de servicios de comunicación móvil de alta velocidad requeridos por usuarios y consumidores.
Esta ecuación de 70/30 resulta razonable y busca asegurar las posibilidades de competencia por parte de los operadores regionales y locales, quienes podrán realizar ofertas de servicio de televisión por cable, telefonía fija e Internet que brindan actualmente con los servicios de comunicaciones móviles de voz y datos, contando así con las mismas herramientas que los grandes operadores.
En definitiva, el artículo quedaría modificado incorporándose en el segundo párrafo que: "A efectos de generar condiciones de competencia y promover el desarrollo regional, al asignar las frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de comunicaciones móviles previstas por el Anexo II a la presente ley,...", y aquí viene el agregado: "...incluidas en la obligación de devolución establecida en el artículo 3° de la Resolución ENACOM 5.644/17 y de aquellas que sean destinadas a la prestación de servicios de comunicaciones móviles mediante tecnologías de quinta generación (5G), el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) otorgará participación a prestadores de servicios de TIC de carácter regional o local, públicos o privados, de acuerdo con los procedimientos previstos por el artículo 4° del decreto 1.340/16. Dicha participación no podrá ser menor al 30 por ciento."
Continuando con nuestra propuesta de modificaciones, vamos al artículo 8° que refiere a los plazos. En un extenso artículo se establece la modalidad de comienzo de vigencia para brindar el servicio de radiodifusión por suscripción mediante vínculo satelital. Entendemos que los plazos previstos en el proyecto para el inicio de la TV satelital por parte de los grandes operadores de servicios de TIC no tienen en cuenta el tiempo necesario para que los operadores regionales y locales obtengan las frecuencias para la prestación de los servicios de comunicaciones móviles y así puedan desplegar la red necesaria para ofrecer estos servicios a los usuarios.
Por ello, sugerimos que el texto propuesto para el artículo 8 debería modificarse y establecer claramente que la TV satelital solo podrá prestarse transcurridos al menos dos años desde que el ENACOM o la autoridad que lo reemplace en el futuro haya realizado los procesos de asignación de las frecuencias para servicios de comunicaciones móviles, que el mismo proyecto destina a los operadores regionales y locales.
Con esta modificación prácticamente se mantienen los plazos propuestos en el texto del proyecto, que comenzaban el 1° de julio de 2020. Pero, la diferencia está en que en nuestra propuesta se los condiciona a que los procedimientos de asignación de frecuencias se hayan realizado efectivamente, de manera de alinear los intereses de todos los jugadores, impulsar al Estado nacional a realizar efectivamente las asignaciones a las que se compromete y asegurar que la competencia entre prestadores se dará en igualdad de condiciones porque todos tendrán la posibilidad de contar con las mismas herramientas para brindar los servicios de televisión por cable, televisión por satélite, telefonía fija, Internet y comunicaciones móviles.
De no hacerlo, el texto del proyecto agravará la desigualdad que ya existe entre los operadores grandes y aquellos regionales y locales, porque mientras los primeros podrán dar todos los servicios a partir de las fechas indicadas, los segundos solo tendrán una expectativa de obtener las frecuencias, que no pueden ejercer por sí mismos y requiere la necesaria participación del Estado nacional, como ocurrió con el decreto 1.340/16 que nunca hizo la asignación de frecuencias que había prometido.
Asimismo, concatenar el inicio de la prestación del servicio de TV satelital y la asignación de las frecuencias para operadores regionales y locales refuerza lo dispuesto en el artículo 13 del proyecto de "ley corta", aprobado en la Honorable Cámara de Senadores, que dice: "El Poder Ejecutivo nacional, en un plazo perentorio no mayor a los ciento ochenta (180) días, deberá implementar los procesos de asignación de las frecuencias contempladas en el artículo 3° de la presente, en la medida que los prestadores de servicios de TIC de carácter regional o local, públicos o privados, lo soliciten."
Con estas tres modificaciones que se proponen, el proyecto puede ser aprobado. Confiamos en que generará condiciones de mayor competencia entre los diferentes prestadores en beneficio de los usuarios y consumidores.
Si todos contamos con las mismas herramientas y la misma línea de largada, la competencia será equitativa y las ventajas se generarán por la innovación y la diferenciación que cada jugador pueda lograr. De lo contrario, se estará condenando a los jugadores regionales y locales a competir en desventaja, sin todas las herramientas y solo con una expectativa para brindar el servicio de comunicaciones móviles, pero sin la certeza de poder hacerlo, inclinando la cancha a favor de los grandes operadores nacionales e internacionales que ya pueden dar todos los servicios, más la TV Satelital, que les autoriza el proyecto de Ley Corta.
Agradecemos nuevamente la posibilidad de participar del presente debate y de aportar el punto de vista de los operadores regionales y locales que quieren seguir compitiendo mediante la oferta de servicios de avanzada a los usuarios y consumidores, incluyendo las comunicaciones móviles y cualquier otro servicio que se desarrolle a futuro. Apostamos a la convergencia y creemos en la competencia, pero sin concentración.
Vengo en representación de la Cámara de Cableoperadores Independientes. Se trata de una entidad que nuclea a operadores de mediana envergadura, ofrecemos servicios de televisión paga, Internet y telefonía fija en todo el país.
Las empresas que integran la CCI son de capitales íntegramente argentinos. Durante años han invertido e invierten en la actualización de sus redes, en la mejora de la calidad del servicio y compiten con grandes empresas nacionales tales como el Grupo Clarín en el mercado de la TV por cable y empresas multinacionales como Telefónica, Claro y DirecTV en los mercados de telefonía, acceso a Internet y distribución de contenidos respectivamente.
La media sanción del Honorable Senado de la Nación al proyecto de ley del Poder Ejecutivo de fomento y despliegue de infraestructura y competencias de las tecnologías de la información y la comunicación tiene, en nuestra opinión, tres omisiones que deben ser subsanadas por esta Honorable Cámara a fin de garantizar la competencia en igualdad de condiciones de todos los licenciatarios del TIC.
Si el proyecto no es modificado para incluir estos tres puntos y se aprueba tal como está, se consolidará una grave injusticia en el sector de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información. Porque mientras se autorice a los grandes jugadores a ofrecer los servicios de TV por cable, TV por satélite, telefonía fija, telefonía móvil e internet, a los operadores medianos y chicos que actualmente brindan los mismos servicios, se los seguirá excluyendo de la posibilidad de otorgar el servicio de comunicaciones móviles.
Este servicio móvil requiere contar con las frecuencias del espectro necesarias y con un plazo razonable no menor a dos años para su desarrollo y poder ofrecerlo a los usuarios compitiendo, de igual a igual, con los grandes jugadores del mercado.
Es por ello que nos permitimos enfocar nuestra presentación en proponer modificaciones concretas al texto que ha recibido la media sanción del Honorable Senado.
Comenzamos con el artículo 3° que refiere a la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico. Allí entendemos que habría que hacer algunas modificaciones concretas. Concretamente, buscan permitir que los operadores regionales y locales puedan competir con los grandes operadores del mercado dotándolos de las herramientas necesarias para brindar el servicio de telefonía y datos móviles que hoy tienen vedado por carecer de las frecuencias necesarias para hacerlo.
En primer lugar, se propone incluir todas las frecuencias disponibles para brindar servicios de comunicaciones móviles, ya sea que se encuentran reservadas a favor del ARSAT o no. En este punto es importante destacar que el ENACOM, al aprobar la fusión entre Telecom Argentina y Cablevisión, le impuso a la empresa resultante de esa operación la obligación de restituir al Estado nacional un conjunto de frecuencias aptas para la prestación de servicios de comunicaciones móviles. Es por ello que incluimos la referencia de la devolución ya establecida en el artículo 3° de la resolución del ENACOM que lleva el número 5644/2017 que aprobó, desde la óptica regulatoria, el proceso de concentración económica que involucró a Telecom Argentina y a Cablevisión.
Sin dudas, estas frecuencias deben estar incluidas en el artículo 3° de la ley así como cualquier otra frecuencia que a futuro se concurse o licite para la prestación de servicios móviles súper rápidos de quinta generación o 5G.
De esta manera creemos que, cuando se concursen o liciten, se garantizará la participación de los operadores regionales y locales y no se generará una nueva discriminación por frecuencias repartidas entre los grandes operadores. Sería una forma de prever los avances de la tecnología.
En segundo lugar, entendemos que en el artículo 3° habría que modificar el porcentaje de frecuencias destinado a estos operadores locales y regionales. En nuestra opinión, no debería ser inferior al 30 por ciento, asumiendo que del total disponible el 70 por ciento será entregado a los grandes operadores, actuales o futuros, y el 30 por ciento remanente será distribuido entre los operadores regionales y locales permitiendo la prestación de servicios de comunicación móvil de alta velocidad requeridos por usuarios y consumidores.
Esta ecuación de 70/30 resulta razonable y busca asegurar las posibilidades de competencia por parte de los operadores regionales y locales, quienes podrán realizar ofertas de servicio de televisión por cable, telefonía fija e Internet que brindan actualmente con los servicios de comunicaciones móviles de voz y datos, contando así con las mismas herramientas que los grandes operadores.
En definitiva, el artículo quedaría modificado incorporándose en el segundo párrafo que: "A efectos de generar condiciones de competencia y promover el desarrollo regional, al asignar las frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de comunicaciones móviles previstas por el Anexo II a la presente ley,...", y aquí viene el agregado: "...incluidas en la obligación de devolución establecida en el artículo 3° de la Resolución ENACOM 5.644/17 y de aquellas que sean destinadas a la prestación de servicios de comunicaciones móviles mediante tecnologías de quinta generación (5G), el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) otorgará participación a prestadores de servicios de TIC de carácter regional o local, públicos o privados, de acuerdo con los procedimientos previstos por el artículo 4° del decreto 1.340/16. Dicha participación no podrá ser menor al 30 por ciento."
Continuando con nuestra propuesta de modificaciones, vamos al artículo 8° que refiere a los plazos. En un extenso artículo se establece la modalidad de comienzo de vigencia para brindar el servicio de radiodifusión por suscripción mediante vínculo satelital. Entendemos que los plazos previstos en el proyecto para el inicio de la TV satelital por parte de los grandes operadores de servicios de TIC no tienen en cuenta el tiempo necesario para que los operadores regionales y locales obtengan las frecuencias para la prestación de los servicios de comunicaciones móviles y así puedan desplegar la red necesaria para ofrecer estos servicios a los usuarios.
Por ello, sugerimos que el texto propuesto para el artículo 8 debería modificarse y establecer claramente que la TV satelital solo podrá prestarse transcurridos al menos dos años desde que el ENACOM o la autoridad que lo reemplace en el futuro haya realizado los procesos de asignación de las frecuencias para servicios de comunicaciones móviles, que el mismo proyecto destina a los operadores regionales y locales.
Con esta modificación prácticamente se mantienen los plazos propuestos en el texto del proyecto, que comenzaban el 1° de julio de 2020. Pero, la diferencia está en que en nuestra propuesta se los condiciona a que los procedimientos de asignación de frecuencias se hayan realizado efectivamente, de manera de alinear los intereses de todos los jugadores, impulsar al Estado nacional a realizar efectivamente las asignaciones a las que se compromete y asegurar que la competencia entre prestadores se dará en igualdad de condiciones porque todos tendrán la posibilidad de contar con las mismas herramientas para brindar los servicios de televisión por cable, televisión por satélite, telefonía fija, Internet y comunicaciones móviles.
De no hacerlo, el texto del proyecto agravará la desigualdad que ya existe entre los operadores grandes y aquellos regionales y locales, porque mientras los primeros podrán dar todos los servicios a partir de las fechas indicadas, los segundos solo tendrán una expectativa de obtener las frecuencias, que no pueden ejercer por sí mismos y requiere la necesaria participación del Estado nacional, como ocurrió con el decreto 1.340/16 que nunca hizo la asignación de frecuencias que había prometido.
Asimismo, concatenar el inicio de la prestación del servicio de TV satelital y la asignación de las frecuencias para operadores regionales y locales refuerza lo dispuesto en el artículo 13 del proyecto de "ley corta", aprobado en la Honorable Cámara de Senadores, que dice: "El Poder Ejecutivo nacional, en un plazo perentorio no mayor a los ciento ochenta (180) días, deberá implementar los procesos de asignación de las frecuencias contempladas en el artículo 3° de la presente, en la medida que los prestadores de servicios de TIC de carácter regional o local, públicos o privados, lo soliciten."
Con estas tres modificaciones que se proponen, el proyecto puede ser aprobado. Confiamos en que generará condiciones de mayor competencia entre los diferentes prestadores en beneficio de los usuarios y consumidores.
Si todos contamos con las mismas herramientas y la misma línea de largada, la competencia será equitativa y las ventajas se generarán por la innovación y la diferenciación que cada jugador pueda lograr. De lo contrario, se estará condenando a los jugadores regionales y locales a competir en desventaja, sin todas las herramientas y solo con una expectativa para brindar el servicio de comunicaciones móviles, pero sin la certeza de poder hacerlo, inclinando la cancha a favor de los grandes operadores nacionales e internacionales que ya pueden dar todos los servicios, más la TV Satelital, que les autoriza el proyecto de Ley Corta.
Agradecemos nuevamente la posibilidad de participar del presente debate y de aportar el punto de vista de los operadores regionales y locales que quieren seguir compitiendo mediante la oferta de servicios de avanzada a los usuarios y consumidores, incluyendo las comunicaciones móviles y cualquier otro servicio que se desarrolle a futuro. Apostamos a la convergencia y creemos en la competencia, pero sin concentración.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Le damos la palabra a los representantes de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones, señores Daniel Delfino, Néstor Méndez, Carlos Ibáñez, Horacio Fernández y Marcelo Varela.
¿Quién hará uso de la palabra? Si alguno pertenece a Rosario de Tala, tiene preferencia (Risas.).
¿Quién hará uso de la palabra? Si alguno pertenece a Rosario de Tala, tiene preferencia (Risas.).
SR. DELFINO Rosario de Tala, presente.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE ¡Bravo! Adelante.
SR. DELFINO Mi nombre es Daniel Delfino. A mi derecha se encuentra Marcelo Varela y, a mi izquierda, Carlos Ibáñez.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE ¿Los tres harán uso de la palabra?
SR. DELFINO No; solamente dos.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Adelante, entonces.
SR. DELFINO Ante todo, quiero agradecer la invitación y la oportunidad de exponer nuestro punto de vista.
La Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones es una entidad que en julio pasado cumplió 30 años. Está compuesta por más de 40 pymes que prestan servicio en 62 localidades de la provincia de Entre Ríos. Servimos a más de 95.000 hogares con aproximadamente 400.000 habitantes.
Nuestras empresas y la diversidad de oferentes están en riesgo de extinción ya que este proyecto de ley, tal como viene aprobado con media sanción del Senado, nos expone a una competencia desigual en términos económicos, geográficos y temporales.
En el presente anteproyecto la última parte del artículo 8° tiene una leve consideración por dos años que, tal cual como está escrito, no soluciona nada, además de resultar insuficiente; simplemente posterga un poco nuestra desaparición.
Dejar la redacción de esta manera no impulsará mayores inversiones en nuestras localidades para mejorar el servicio de los consumidores -algo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo-, sino todo lo contrario ya que generará una ola de ventas de empresas pymes a valores de liquidación a las grandes operadoras telefónicas y la consecuente atención monopólica de los usuarios por un prestador nacional e internacional que fijará los precios y calidades sin competencia, todo esto sin considerar la consiguiente pérdida de puestos de trabajo calificado, como los que brindamos actualmente las empresas de telecomunicaciones pyme.
Por ello somos más de 1.200 pymes distribuidas en todo el país las que garantizamos al ciudadano alta calidad a un precio razonable por los servicios de televisión, internet y telefonía.
Consideramos que el país necesita legisladores comprometidos con las actividades desarrolladas por las pymes. Somos los mayores generadores de empleo. Tenemos la capilaridad de atención local en cada ciudad. Con gran esfuerzo mantenemos los canales locales en cada pequeño pueblo del interior, donde la realidad local se refleja diariamente.
La mayoría de ustedes debe haber pasado más de una vez por nuestros canales locales para llegar a los habitantes de nuestros pueblos. Esta posibilidad, si no están las pymes de telecomunicaciones, no la van a tener. Para comunicar algo en un pueblo como Basavilbaso, Rosario del Tala o Villa Domínguez van a tener que ir a TN, a América 24 o a C5N. Esa es la realidad que nos espera, cuando en verdad la comunicación local en nuestras localidades la hacen las pymes.
Es por ello que solo las pymes y los organismos sin fines de lucro operados por agentes o empresarios locales que viven y forman parte de esas comunidades, y que destinan sus esfuerzos e invierten en sus propios pueblos, pueden garantizar el pluralismo y la diversidad de opinión, ya que están sometidos a un continuo y permanente control social. Es imposible lograr esto cuando siquiera se conoce a los gerentes de las megaempresas, a quienes los van rotando ex profeso para evitar las presiones populares.
Todo este conglomerado de pymes de telecomunicaciones desaparecerá en dos años si no hay un compromiso de defenderlas.
Nuestra petición es limitar el acceso de los grandes operadores, sean prestadores del Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo satelital, prestadores del Servicio Básico Telefónico o prestadores del Servicio de Telefonía Móvil.
Por su parte, la oficina de Defensa del Consumidor Local, en ocasión de recibir una cantidad considerable de reclamos sin solución por el Servicio de Radiodifusión, podrá gestionar ante la autoridad local, a través de su órgano deliberativo, por razones de interés general, mediante resolución firmada y previa audiencia pública, y podrá solicitar al Ente Nacional de Comunicaciones -ENACOM- que autorice las operaciones de un prestador de Servicios de TIC que tuviere prohibido ofrecer sus servicios en las localidades previstas en este artículo. Me estoy basando en un texto que viene del anteproyecto de la ley que se votó en el Senado.
La Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones es una entidad que en julio pasado cumplió 30 años. Está compuesta por más de 40 pymes que prestan servicio en 62 localidades de la provincia de Entre Ríos. Servimos a más de 95.000 hogares con aproximadamente 400.000 habitantes.
Nuestras empresas y la diversidad de oferentes están en riesgo de extinción ya que este proyecto de ley, tal como viene aprobado con media sanción del Senado, nos expone a una competencia desigual en términos económicos, geográficos y temporales.
En el presente anteproyecto la última parte del artículo 8° tiene una leve consideración por dos años que, tal cual como está escrito, no soluciona nada, además de resultar insuficiente; simplemente posterga un poco nuestra desaparición.
Dejar la redacción de esta manera no impulsará mayores inversiones en nuestras localidades para mejorar el servicio de los consumidores -algo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo-, sino todo lo contrario ya que generará una ola de ventas de empresas pymes a valores de liquidación a las grandes operadoras telefónicas y la consecuente atención monopólica de los usuarios por un prestador nacional e internacional que fijará los precios y calidades sin competencia, todo esto sin considerar la consiguiente pérdida de puestos de trabajo calificado, como los que brindamos actualmente las empresas de telecomunicaciones pyme.
Por ello somos más de 1.200 pymes distribuidas en todo el país las que garantizamos al ciudadano alta calidad a un precio razonable por los servicios de televisión, internet y telefonía.
Consideramos que el país necesita legisladores comprometidos con las actividades desarrolladas por las pymes. Somos los mayores generadores de empleo. Tenemos la capilaridad de atención local en cada ciudad. Con gran esfuerzo mantenemos los canales locales en cada pequeño pueblo del interior, donde la realidad local se refleja diariamente.
La mayoría de ustedes debe haber pasado más de una vez por nuestros canales locales para llegar a los habitantes de nuestros pueblos. Esta posibilidad, si no están las pymes de telecomunicaciones, no la van a tener. Para comunicar algo en un pueblo como Basavilbaso, Rosario del Tala o Villa Domínguez van a tener que ir a TN, a América 24 o a C5N. Esa es la realidad que nos espera, cuando en verdad la comunicación local en nuestras localidades la hacen las pymes.
Es por ello que solo las pymes y los organismos sin fines de lucro operados por agentes o empresarios locales que viven y forman parte de esas comunidades, y que destinan sus esfuerzos e invierten en sus propios pueblos, pueden garantizar el pluralismo y la diversidad de opinión, ya que están sometidos a un continuo y permanente control social. Es imposible lograr esto cuando siquiera se conoce a los gerentes de las megaempresas, a quienes los van rotando ex profeso para evitar las presiones populares.
Todo este conglomerado de pymes de telecomunicaciones desaparecerá en dos años si no hay un compromiso de defenderlas.
Nuestra petición es limitar el acceso de los grandes operadores, sean prestadores del Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo satelital, prestadores del Servicio Básico Telefónico o prestadores del Servicio de Telefonía Móvil.
Por su parte, la oficina de Defensa del Consumidor Local, en ocasión de recibir una cantidad considerable de reclamos sin solución por el Servicio de Radiodifusión, podrá gestionar ante la autoridad local, a través de su órgano deliberativo, por razones de interés general, mediante resolución firmada y previa audiencia pública, y podrá solicitar al Ente Nacional de Comunicaciones -ENACOM- que autorice las operaciones de un prestador de Servicios de TIC que tuviere prohibido ofrecer sus servicios en las localidades previstas en este artículo. Me estoy basando en un texto que viene del anteproyecto de la ley que se votó en el Senado.
SR. VARELA Sumado a lo que dice Daniel Delfino, el proyecto que viene de Senado ponía énfasis en la defensa del consumidor para preservar el sentido de igualdad que necesitamos en las pequeñas poblaciones.
Creo que ninguna ley ordinaria va a poder dejar de lado garantías constitucionales. Por supuesto que no. Las autonomías municipales están presentes en el artículo 5º de la Constitución originaria, y en el artículo 123 de la Constitución de 1994. La ley de defensa del consumidor, a su vez, tiene jerarquía constitucional. Sin embargo, en la práctica de nuestros pueblos, que son pueblos chicos, nos damos cuenta de que apelar a la defensa del consumidor en una oficina municipal significa hacer algo en un lugar que ni siquiera tiene la posibilidad de imponer el daño punitivo. Los que son abogados van a saber de lo que estoy hablando. A tales efectos, vamos a quedar a expensas de las TIC. De por sí, las TIC no están reguladas en su contenido.
En definitiva, creemos en el control popular que muchas veces ejercen las poblaciones a las que pertenecemos. Cuando Daniel Delfino decía que formamos parte de esas comunidades es porque nuestros hijos también forman parte de ellas, van casi todos a la misma escuela -en un lugar donde tampoco hay muchas escuelas privadas-, nuestros hijos con los hijos de nuestros empleados, formando así una misma comunidad.
Pero si dejamos librada la igualdad tecnológica a la competencia de este tipo de defensa del consumidor, considero que ninguna garantía constitucional nos va a servir a los pueblos chicos cuando vengan las megaempresas a darnos la información acerca de lo que pasa en nuestra comunidad.
Vivir en una comunidad pequeña es palpitar el federalismo, aspecto que entendemos que en Buenos Aires no se aprecia de la misma manera.
Voy a tomar una frase del fallo de la Corte en el marco de la acción declarativa de "Clarín c/Estado Nacional". Dice así: "En la medida en que las ideas y la información constituyen bienes que se difunden a través de los medios de comunicación, si hay concentración, sólo algunas ideas o algunas informaciones llegarán al pueblo perjudicando seriamente el debate público y la pluralidad de opiniones".
Queremos que tengan en cuenta los principios generales contenidos en esta ley ordinaria que no podrán pasar por alto la preservación de la sana competencia. A su vez, hay que tener en cuenta la situación dominante en el mercado y el abuso del derecho que están contemplados en los artículos 9°, 10 y 11 de nuestro Código Civil. Hay que respetarlo porque es un principio general. En la práctica, creo que esto no se va a lograr.
Finalmente, quería hacer un comentario más. Ustedes conocerán seguramente un ensayo emblemático de los años 30 perteneciente a Raúl Scalabrini Ortiz llamado "El hombre que está solo y espera". En ese afán de comunicación y concentración que genera Buenos Aires, él hablaba como una especie de quimera. Es decir, que hubiera integración. Hay que recordar que en la década del 30 la radiofonía estaba en ciernes. Permítanme la licencia de reproducirlo conceptualmente a Scalabrini Ortiz. Decía que si un arribeño bajaba y "catarreaba" en un guijarro, el hombre de Corrientes y Esmeralda -tal como él representaba al ciudadano de Buenos Aires- también se enteraba.
Desgraciadamente, con el correr de los tiempos, los medios tecnológicos sólo han permitido que este fenómeno se dé a la inversa. Porque el hombre que vive en cualquier confín de nuestra República solo se entera de lo que pasa de la General Paz para acá. Y eso no tiene nada que ver con integrar un país como el nuestro con la vasta geografía que posee.
Les pido que lo tengan en cuenta porque estamos destrozando este federalismo que nos ha costado mucha sangre conseguir.
Creo que ninguna ley ordinaria va a poder dejar de lado garantías constitucionales. Por supuesto que no. Las autonomías municipales están presentes en el artículo 5º de la Constitución originaria, y en el artículo 123 de la Constitución de 1994. La ley de defensa del consumidor, a su vez, tiene jerarquía constitucional. Sin embargo, en la práctica de nuestros pueblos, que son pueblos chicos, nos damos cuenta de que apelar a la defensa del consumidor en una oficina municipal significa hacer algo en un lugar que ni siquiera tiene la posibilidad de imponer el daño punitivo. Los que son abogados van a saber de lo que estoy hablando. A tales efectos, vamos a quedar a expensas de las TIC. De por sí, las TIC no están reguladas en su contenido.
En definitiva, creemos en el control popular que muchas veces ejercen las poblaciones a las que pertenecemos. Cuando Daniel Delfino decía que formamos parte de esas comunidades es porque nuestros hijos también forman parte de ellas, van casi todos a la misma escuela -en un lugar donde tampoco hay muchas escuelas privadas-, nuestros hijos con los hijos de nuestros empleados, formando así una misma comunidad.
Pero si dejamos librada la igualdad tecnológica a la competencia de este tipo de defensa del consumidor, considero que ninguna garantía constitucional nos va a servir a los pueblos chicos cuando vengan las megaempresas a darnos la información acerca de lo que pasa en nuestra comunidad.
Vivir en una comunidad pequeña es palpitar el federalismo, aspecto que entendemos que en Buenos Aires no se aprecia de la misma manera.
Voy a tomar una frase del fallo de la Corte en el marco de la acción declarativa de "Clarín c/Estado Nacional". Dice así: "En la medida en que las ideas y la información constituyen bienes que se difunden a través de los medios de comunicación, si hay concentración, sólo algunas ideas o algunas informaciones llegarán al pueblo perjudicando seriamente el debate público y la pluralidad de opiniones".
Queremos que tengan en cuenta los principios generales contenidos en esta ley ordinaria que no podrán pasar por alto la preservación de la sana competencia. A su vez, hay que tener en cuenta la situación dominante en el mercado y el abuso del derecho que están contemplados en los artículos 9°, 10 y 11 de nuestro Código Civil. Hay que respetarlo porque es un principio general. En la práctica, creo que esto no se va a lograr.
Finalmente, quería hacer un comentario más. Ustedes conocerán seguramente un ensayo emblemático de los años 30 perteneciente a Raúl Scalabrini Ortiz llamado "El hombre que está solo y espera". En ese afán de comunicación y concentración que genera Buenos Aires, él hablaba como una especie de quimera. Es decir, que hubiera integración. Hay que recordar que en la década del 30 la radiofonía estaba en ciernes. Permítanme la licencia de reproducirlo conceptualmente a Scalabrini Ortiz. Decía que si un arribeño bajaba y "catarreaba" en un guijarro, el hombre de Corrientes y Esmeralda -tal como él representaba al ciudadano de Buenos Aires- también se enteraba.
Desgraciadamente, con el correr de los tiempos, los medios tecnológicos sólo han permitido que este fenómeno se dé a la inversa. Porque el hombre que vive en cualquier confín de nuestra República solo se entera de lo que pasa de la General Paz para acá. Y eso no tiene nada que ver con integrar un país como el nuestro con la vasta geografía que posee.
Les pido que lo tengan en cuenta porque estamos destrozando este federalismo que nos ha costado mucha sangre conseguir.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor diputado Ziliotto.
SR. ZILIOTTO Señor presidente: quisiera formularle una consulta al señor representante de la Cámara Argentina de Internet.
En el año 2016 realizaron una presentación ante las autoridades del Poder Ejecutivo nacional para transformarse en el cuarto operador de telefonía móvil. Lo hicieron para poder brindarles un servicio más a sus asociados. Quería saber en qué había quedado dicho pedido.
Por otro lado, deseaba realizar una pregunta a las autoridades de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. Yo también pertenezco al interior del país. Aquí parece que la banda de frecuencia -que representaría la frutilla del postre- tiene una asignación federal y la idea es achicar la brecha digital. Cerca del 20 o 30 por ciento iría a cumplimentar una necesidad de los cableoperadores y del resto de los actores de las telecomunicaciones en el sentido regional. Considero que estamos dejando de lado el criterio inicial que es el de reservar esa frecuencia de banda ancha, armar una red de seguridad pública y achicar la brecha digital, tal como lo señala la ley 27.208. ¿Consideran ustedes que esta ley es nociva para las distintas localidades?
Concretamente, el artículo 8° protege -no lo suficiente- a aquellos que ya están instalados desde hace un tiempo y le vienen poniendo el cuerpo a este tema a través de las inversiones.
¿Qué significa? ¿A partir de esta nueva ley, por ejemplo, hacer un segmento más que en localidades de equis cantidad de habitantes? O sea, vedar directamente los beneficios de esta ley para los grandes operadores.
¿Cuál sería la alternativa que plantean desde el punto de vista de establecer una línea divisoria para seguir permitiendo que esas fuentes de trabajo no desaparezcan pero que también se continúe dando un servicio?
Comparto con ustedes el tema de los contenidos, que realmente este proyecto de ley no aborda y creo que es uno de los temas que hemos dejado de lado.
Tengo esas dos preguntas, señor presidente.
En el año 2016 realizaron una presentación ante las autoridades del Poder Ejecutivo nacional para transformarse en el cuarto operador de telefonía móvil. Lo hicieron para poder brindarles un servicio más a sus asociados. Quería saber en qué había quedado dicho pedido.
Por otro lado, deseaba realizar una pregunta a las autoridades de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. Yo también pertenezco al interior del país. Aquí parece que la banda de frecuencia -que representaría la frutilla del postre- tiene una asignación federal y la idea es achicar la brecha digital. Cerca del 20 o 30 por ciento iría a cumplimentar una necesidad de los cableoperadores y del resto de los actores de las telecomunicaciones en el sentido regional. Considero que estamos dejando de lado el criterio inicial que es el de reservar esa frecuencia de banda ancha, armar una red de seguridad pública y achicar la brecha digital, tal como lo señala la ley 27.208. ¿Consideran ustedes que esta ley es nociva para las distintas localidades?
Concretamente, el artículo 8° protege -no lo suficiente- a aquellos que ya están instalados desde hace un tiempo y le vienen poniendo el cuerpo a este tema a través de las inversiones.
¿Qué significa? ¿A partir de esta nueva ley, por ejemplo, hacer un segmento más que en localidades de equis cantidad de habitantes? O sea, vedar directamente los beneficios de esta ley para los grandes operadores.
¿Cuál sería la alternativa que plantean desde el punto de vista de establecer una línea divisoria para seguir permitiendo que esas fuentes de trabajo no desaparezcan pero que también se continúe dando un servicio?
Comparto con ustedes el tema de los contenidos, que realmente este proyecto de ley no aborda y creo que es uno de los temas que hemos dejado de lado.
Tengo esas dos preguntas, señor presidente.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor Graizer, en representación de CABASE.
SR. GRAIZER Muchas gracias por su pregunta, diputado.
Nosotros seguimos sosteniendo el proyecto de ser el cuarto operador nacional. CABASE es una asociación muy abarcativa. Tenemos todos los distintos tipos de operadores que hay en la República Argentina: pequeños operadores pymes, cableros pymes, cooperativas, cooperativas de telecomunicaciones y cooperativas de otros servicios públicos que dan alguno de todos los servicios TIC que hoy son necesarios.
Es muy importante entender que seguimos siendo coherentes con el pedido. Nosotros continuamos sosteniendo que hace falta alguien que dé servicios en el interior del interior, y somos nosotros los que estamos más cerca. CABASE es una asociación muy amplia. En ese sentido, podemos cubrir muchas regiones del país.
Entendemos que hay regiones donde no tenemos que salir a competir con los grandes operadores, donde nos vamos a matar por algo que no tiene sentido. Tenemos que seguir defendiendo el interior del interior. En ese lugar somos los únicos en condiciones de poder darlo. Con lo cual, seguimos sosteniendo ese servicio.
Nosotros seguimos sosteniendo el proyecto de ser el cuarto operador nacional. CABASE es una asociación muy abarcativa. Tenemos todos los distintos tipos de operadores que hay en la República Argentina: pequeños operadores pymes, cableros pymes, cooperativas, cooperativas de telecomunicaciones y cooperativas de otros servicios públicos que dan alguno de todos los servicios TIC que hoy son necesarios.
Es muy importante entender que seguimos siendo coherentes con el pedido. Nosotros continuamos sosteniendo que hace falta alguien que dé servicios en el interior del interior, y somos nosotros los que estamos más cerca. CABASE es una asociación muy amplia. En ese sentido, podemos cubrir muchas regiones del país.
Entendemos que hay regiones donde no tenemos que salir a competir con los grandes operadores, donde nos vamos a matar por algo que no tiene sentido. Tenemos que seguir defendiendo el interior del interior. En ese lugar somos los únicos en condiciones de poder darlo. Con lo cual, seguimos sosteniendo ese servicio.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor Delfino, en representación de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones.
SR. DELFINO En la modificación que proponemos del artículo 8, nosotros planteamos que en aquellas localidades donde el operador pyme no preste un servicio adecuado -hoy en día, en la defensa del consumidor local, los ciudadanos tienen oportunidad de hacer su reclamo- la autoridad política municipal podría gestionar ante el ENACOM levantarles la prohibición a los grandes operadores.
Mientras esto no ocurra, o sea que en la comunidad los servicios se presten adecuadamente en lo que respecta a calidad y precio fundamentalmente, que los grandes operadores no puedan entrar. Estoy hablando siempre de los grandes operadores, los MSO.
En definitiva, una vez que entran en una localidad -ya que representa muy poco en su ARPU- tienen generalmente una política depredatoria como lo están haciendo actualmente. En ese caso desaparece la pyme y el operador nacional o el gran operador toma una posición dominante que torna imposible después que haya un cambio.
Por eso, el eje central de esto es el compromiso de esta Cámara de ponerse la camiseta de las pymes. No digo no exigir ni no permitir la competencia entre pymes o entre medianos y pymes; eso siempre debería existir. Sí tenemos que defender la pyme y darle un tiempo para que se desarrolle, porque venimos de crisis en crisis y los tiempos para las pymes no son los mismos que para un gran operador. Necesitamos tiempo y tranquilidad para trabajar. Si hacemos las inversiones, necesitamos tiempo para amortizarlas.
Quiero solamente agregar algo. En la medida que se autorice una megaempresa, si no cumple, el organismo de Defensa del Consumidor debe tener facultades para revocarle la autorización.
Sucede lo siguiente: más de una vez han destruido a la competencia, después no cumplen con nada y quizás tienen diez años de una autorización para explotar el servicio. Creo que eso le está faltando a la sanción proveniente del Senado y tendría que estar en ese artículo 8°.
Mientras esto no ocurra, o sea que en la comunidad los servicios se presten adecuadamente en lo que respecta a calidad y precio fundamentalmente, que los grandes operadores no puedan entrar. Estoy hablando siempre de los grandes operadores, los MSO.
En definitiva, una vez que entran en una localidad -ya que representa muy poco en su ARPU- tienen generalmente una política depredatoria como lo están haciendo actualmente. En ese caso desaparece la pyme y el operador nacional o el gran operador toma una posición dominante que torna imposible después que haya un cambio.
Por eso, el eje central de esto es el compromiso de esta Cámara de ponerse la camiseta de las pymes. No digo no exigir ni no permitir la competencia entre pymes o entre medianos y pymes; eso siempre debería existir. Sí tenemos que defender la pyme y darle un tiempo para que se desarrolle, porque venimos de crisis en crisis y los tiempos para las pymes no son los mismos que para un gran operador. Necesitamos tiempo y tranquilidad para trabajar. Si hacemos las inversiones, necesitamos tiempo para amortizarlas.
Quiero solamente agregar algo. En la medida que se autorice una megaempresa, si no cumple, el organismo de Defensa del Consumidor debe tener facultades para revocarle la autorización.
Sucede lo siguiente: más de una vez han destruido a la competencia, después no cumplen con nada y quizás tienen diez años de una autorización para explotar el servicio. Creo que eso le está faltando a la sanción proveniente del Senado y tendría que estar en ese artículo 8°.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra la señora diputada Banfi.
SRA. BANFI Señor presidente: con respecto a cuál es el alcance de la implementación o el alcance de las competencias que hacen a defensa del consumidor, quiero aclarar que se encuentran en el marco de otras normas. Este proyecto de ley no contempla ni pretende abarcar todas las cuestiones.
Hay que mirarla de manera complementaria con otras, como por ejemplo con la Ley de Defensa del Consumidor. Incluso, la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de este Congreso está trabajando en una reforma a la Ley de Defensa del Consumidor en donde abarcaría también la competencia sobre algunas cuestiones que hacen al consumo de telecomunicaciones. Por esta razón, algunas cuestiones no se contemplan en el proyecto que hoy nos convoca.
Por otra parte, quiero hacerle una pregunta a la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. Ustedes utilizan términos como si fuesen sinónimos y quiero saber si estamos hablando de lo mismo. Cuando se refieren a los contenidos, ¿se refieren a los contenidos o la programación que va acompañando? ¿A qué se refieren cuando dicen que esta ley no contempla el tema de los contenidos?
Hay que mirarla de manera complementaria con otras, como por ejemplo con la Ley de Defensa del Consumidor. Incluso, la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de este Congreso está trabajando en una reforma a la Ley de Defensa del Consumidor en donde abarcaría también la competencia sobre algunas cuestiones que hacen al consumo de telecomunicaciones. Por esta razón, algunas cuestiones no se contemplan en el proyecto que hoy nos convoca.
Por otra parte, quiero hacerle una pregunta a la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. Ustedes utilizan términos como si fuesen sinónimos y quiero saber si estamos hablando de lo mismo. Cuando se refieren a los contenidos, ¿se refieren a los contenidos o la programación que va acompañando? ¿A qué se refieren cuando dicen que esta ley no contempla el tema de los contenidos?
SR. VARELA Yo entiendo que al modificarse esta parte de la ley 27.078 sería inapropiado que a las TIC se les regulen los contenidos, pero si las TIC van a dar televisión, en ese caso se trata de algo que estaría faltando algo.
SRA. BANFI Cuando habla de contenidos, ¿se refiere a la programación?
SR. VARELA Exactamente.
SRA. BANFI Porque eso está contemplado en otro marco. Lo referido a los contenidos está comprendido en otra parte de esta norma. No sé si fue el diputado Ziliotto o el presidente Brügge quien hizo una pregunta en este sentido. Planteando focalizadamente esta ley como una norma corta, con un objetivo específico, teniendo en cuenta que esto corresponde a una norma mucho más amplia -que es lo viene a ser la reforma de la Ley de Medios-, allí sí está contemplado todo lo que significa el proceso de contenidos. ¿Por qué? Porque si no, esta no sería una ley corta. Para el caso, trabajemos toda la ley en forma conjunta. Quizá tengamos que ver la viabilidad de trabajar sobre una norma acotada, como sucede en este caso, que tiene que ver principalmente con una necesidad funcional con respecto a las TICs y a todo lo que tiene que ver con el sistema de telecomunicaciones en la Argentina.
Por otro lado, debemos tener en cuenta lo que tiene que ver con garantizar los contenidos y su diversidad para lograr el mayor alcance respecto de los consumidores, en este caso, los usuarios de las telecomunicaciones.
Por otro lado, debemos tener en cuenta lo que tiene que ver con garantizar los contenidos y su diversidad para lograr el mayor alcance respecto de los consumidores, en este caso, los usuarios de las telecomunicaciones.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra Raúl Alberto Possetto, representante de la Asociación Cordobesa de Radiodifusión por Cable.
SR. POSSETTO Señor presidente, señores diputados: muchas gracias por la invitación a esta reunión. En honor al tiempo, hablaré en nombre de las asociaciones cordobesa y santafesina. Asimismo, anticipo que entendemos como propios los conceptos vertidos por nuestros colegas de Entre Ríos.
Somos representantes de las asociaciones santafesina y cordobesa de televisión por cable que reúnen a empresas que operan en 191 localidades en ambas provincias.
A no dudarlo: son muchas las localidades del territorio de nuestras provincias que cuentan con servicios de televisión digital y banda ancha porque fueron pymes las que aceptaron el desafío de asumir un rol emprendedor ante la ausencia de los grandes prestadores nacionales.
Estamos de acuerdo con el desarrollo de las redes que promueve el proyecto de ley como factor esencial para generar una mayor conectividad que redunde en más y mejores prestaciones de calidad a los usuarios y consumidores.
También estamos de acuerdo con la competencia porque nacimos como prestadores de televisión paga en régimen de competencia y hace más de dos décadas convivimos en competencia con servicios de televisión directa al hogar.
Sin embargo, el fin último de una norma no puede conseguirse a cualquier precio o a expensas de perjudicar o dañar a ciertos sectores, como el que representamos.
Leeré cuatro puntos sobre la cuestión de los contenidos, aunque reitero que estamos en total acuerdo con lo expuesto por nuestros colegas entrerrianos.
El primer punto dice: "Respecto de la radiodifusión por suscripción, el proyecto está dirigido a permitir el ingreso de las incumbentes telefónicas mediante la utilización de la televisión directa al hogar."
Debemos recordar que el proyecto en cuestión originalmente presentado por el Poder Ejecutivo Nacional hacía referencias a que ante la realidad actual del mercado de las TIC es conveniente fijar algunas salvaguardas que garanticen condiciones de competencia sostenible, particularmente para pymes y cooperativas.
Compartimos el criterio del proyecto en cuanto a la necesidad de dar garantías a la competencia. Sin embargo, consideramos que la solución propuesta en los diferentes artículos redactados por el Senado es insuficiente en cuanto al plazo.
Para ello, queremos remitirnos al dictamen de la comisión bicameral en oportunidad de tratar el DNU 267, que hizo referencia al ingreso de las compañías telefónicas al mercado de la radiodifusión por suscripción, recomendando un plazo de cinco años, con opción a otro de igual período.
Punto dos: "Volviendo al texto del proyecto en cuestión, ratificamos el criterio que determina que en localidades de menos de 100.000 habitantes donde opere un prestador pyme debe restringirse de manera efectiva y comprobable cualquier tipo de comercialización y operación de servicios de TDH provisto por las incumbentes y entrantes. Antes de sancionarse esta norma, debería determinarse de qué medios dispone el Estado para controlar la distribución de los dispositivos para recibir la televisión directa al hogar. Caso contrario, cualquier buena intención de la norma resultará burlada por los hechos".
Tercer punto: "En cuanto a la facultad de los municipios para anticipar la fecha de inicio de estos servicios en localidades menores a 100.000 habitantes, donde se prestara un servicio dificultoso o un mal servicio por el operador actual, queremos plantear nuestra objeción. Entendemos que esta situación puede prestarse a usos políticos o sectoriales sin una apreciación objetiva. Las cuestiones relativas a prestaciones de servicios TIC y los reclamos de usuarios deberán ser atendidos por los organismos competentes, sin modificar plazos de ingresos a las 'Telcos' con servicios de TDH".
Por último, estamos en total acuerdo con nuestros colegas de Entre Ríos en lo que respecta al cuarto punto.
Somos representantes de las asociaciones santafesina y cordobesa de televisión por cable que reúnen a empresas que operan en 191 localidades en ambas provincias.
A no dudarlo: son muchas las localidades del territorio de nuestras provincias que cuentan con servicios de televisión digital y banda ancha porque fueron pymes las que aceptaron el desafío de asumir un rol emprendedor ante la ausencia de los grandes prestadores nacionales.
Estamos de acuerdo con el desarrollo de las redes que promueve el proyecto de ley como factor esencial para generar una mayor conectividad que redunde en más y mejores prestaciones de calidad a los usuarios y consumidores.
También estamos de acuerdo con la competencia porque nacimos como prestadores de televisión paga en régimen de competencia y hace más de dos décadas convivimos en competencia con servicios de televisión directa al hogar.
Sin embargo, el fin último de una norma no puede conseguirse a cualquier precio o a expensas de perjudicar o dañar a ciertos sectores, como el que representamos.
Leeré cuatro puntos sobre la cuestión de los contenidos, aunque reitero que estamos en total acuerdo con lo expuesto por nuestros colegas entrerrianos.
El primer punto dice: "Respecto de la radiodifusión por suscripción, el proyecto está dirigido a permitir el ingreso de las incumbentes telefónicas mediante la utilización de la televisión directa al hogar."
Debemos recordar que el proyecto en cuestión originalmente presentado por el Poder Ejecutivo Nacional hacía referencias a que ante la realidad actual del mercado de las TIC es conveniente fijar algunas salvaguardas que garanticen condiciones de competencia sostenible, particularmente para pymes y cooperativas.
Compartimos el criterio del proyecto en cuanto a la necesidad de dar garantías a la competencia. Sin embargo, consideramos que la solución propuesta en los diferentes artículos redactados por el Senado es insuficiente en cuanto al plazo.
Para ello, queremos remitirnos al dictamen de la comisión bicameral en oportunidad de tratar el DNU 267, que hizo referencia al ingreso de las compañías telefónicas al mercado de la radiodifusión por suscripción, recomendando un plazo de cinco años, con opción a otro de igual período.
Punto dos: "Volviendo al texto del proyecto en cuestión, ratificamos el criterio que determina que en localidades de menos de 100.000 habitantes donde opere un prestador pyme debe restringirse de manera efectiva y comprobable cualquier tipo de comercialización y operación de servicios de TDH provisto por las incumbentes y entrantes. Antes de sancionarse esta norma, debería determinarse de qué medios dispone el Estado para controlar la distribución de los dispositivos para recibir la televisión directa al hogar. Caso contrario, cualquier buena intención de la norma resultará burlada por los hechos".
Tercer punto: "En cuanto a la facultad de los municipios para anticipar la fecha de inicio de estos servicios en localidades menores a 100.000 habitantes, donde se prestara un servicio dificultoso o un mal servicio por el operador actual, queremos plantear nuestra objeción. Entendemos que esta situación puede prestarse a usos políticos o sectoriales sin una apreciación objetiva. Las cuestiones relativas a prestaciones de servicios TIC y los reclamos de usuarios deberán ser atendidos por los organismos competentes, sin modificar plazos de ingresos a las 'Telcos' con servicios de TDH".
Por último, estamos en total acuerdo con nuestros colegas de Entre Ríos en lo que respecta al cuarto punto.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE A continuación va a hacer uso de la palabra el señor Daniel Oscar Celentano, en representación de la Asociación Argentina de Televisión por Cable -ATVC-.
SR. CELENTANO Quiero agradecer al presidente y al resto de los diputados por habernos convocado y habernos permitido hacer llegar nuestros aportes en tanto Asociación Argentina de Televisión por Cable, más allá de que resulta difícil hacerlo después de haber escuchado a los cuatro representantes de asociaciones provinciales que han intervenido en esta reunión.
A efectos de no abundar, voy a contar un pequeño relato para poner en contexto la situación y se sepa claramente de qué manera podría impactar la "ley corta" en los pequeños y medianos operadores de todo el país.
Como bien se dijo acá, la Asociación Argentina de Televisión por Cable representa a más de 700 operadores, que desarrollan los servicios de televisión por cable, acceso a internet y, en muchos casos, telefonía en más de 1.200 localidades del interior del país.
Se encuentran abonados a la televisión por cable más de 6.000.000 de domicilios, y 3.000.000 tienen acceso a banda ancha. La televisión por cable genera 25.000 puestos de trabajo en forma directa, en su gran mayoría calificados, y otro número similar en formar indirecta.
Como se ha dicho, existen más de 600 productoras locales que prestan servicios en esas más de 1.200 localidades.
Resulta lamentable que la televisión por cable o los servicios de la tecnología de la información y la comunicación sean motivo de análisis solamente desde el punto de vista tributario y que no sean tomados como una herramienta de instrucción y de educación. No sólo el entretenimiento va por ahí.
Esto surge hace más de 50 años, es decir, en la década del 60 -siglo pasado- ante la falta de una red de repetidoras que pudiera hacer llegar los contenidos al interior del país. No voy a abundar ahora en la cantidad de pioneros en la actividad y de los esfuerzos realizados para que el interior del país pudiera recibir los contenidos.
La televisión por cable es una herramienta formidable para la inclusión social. Existe una acción social destinada a los sectores más vulnerables que, lamentablemente, los grandes centros desconocen.
En la actualidad existe en todo el país una red funcionando en cada localidad. Sería fácil hacer una comparación.
Muchos de los que estamos acá peinamos canas y podemos recordar lo que sucedió el 20 de julio de 1969. Concretamente, ese día se produjo el alunizaje del Apolo 11. ¿Cuántos de ustedes vieron ese evento en vivo y en directo? Seguramente, muchos dirán que no. Yo soy del interior y puedo decir que no había manera de poder sintonizar un aparato de televisión que nos permitiera seguir dicho evento.
Hoy, en la Argentina, se recibe cualquier evento en el mismo momento en el que se produce e iguala la situación de lo que sucede en cualquier otra latitud. Estos aspectos parece que no son tenidos en cuenta.
Hoy hay que tomar conciencia de que existe una red alternativa construida y que una gran cantidad de asociados a las respectivas cámaras están prestando los servicios de la convergencia. Seguramente, alguno se encontrará retrasado y entonces tendremos que promocionarlos, contenerlos y ayudarlos a que puedan incorporar la última tecnología para que esas comunidades reciban la totalidad de los servicios. Si permitimos el ingreso de grandes jugadores a través del servicio satelital, es muy probable -tal como se mencionó anteriormente- que la actividad pase por momentos de mucha dificultad.
Tendríamos que analizar el hecho de que estuvimos encolumnados en una política de estado que ofrecía internet para todos. De acuerdo a lo que indica la ley corta, parece que no habrá inversión que permitiría la concreción de ese objetivo. Ese objetivo tenía una especie de círculo virtuoso: inversión, desarrollo de redes, acceso a la banda ancha, mejores servicios y menores precios.
Existen servicios satelitales que aparecen detrás de los grandes grupos económicos. Éstos, tienen garantizado el acceso satelital en todo el continente. Aquí no va a haber inversión. Ningún domicilio va a recepcionar un servicio de Internet más eficiente del que se recibiría a través de las redes que hoy están funcionando. Seguramente, el castigo que recibirá el pequeño y mediano prestador en aquellas localidades del interior del interior será que la red deje de seguir operando.
Vemos que este objetivo que se había planteado la política pública, ofreciendo Internet para todos, tendrá serias dificultades si no se mejoran o mantienen los plazos que verdaderamente permitan liberar la asimetría.
Es necesario dotar y dar tiempo al pequeño y mediano prestador para que consigan la estructura sustentable que les permita competir.
Desde 2005, año en que se trató en este Honorable Congreso la modificación del artículo 45 de la ley 22.285, nosotros hemos sostenido que no hay ningún problema en competir, pero la competencia tiene que ser entre iguales. Si no están dadas las condiciones para competir, lamentablemente veremos cómo los grandes operadores se llevan a la rastra al pequeño y mediano empresario de los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Respecto del proyecto, bien se dijo acá que resulta ilustrativo el dictamen que hizo el Congreso de la Nación en el momento de aprobar el decreto de necesidad y urgencia 267/15. Si usted me permite, señor presidente, voy a darle lectura. Me llevará dos minutos solamente, y decía puntualmente en relación con los plazos: "Para tal futura discusión, adelantamos desde ya la necesidad de revisar, en el marco regulatorio de transición que ahora consideramos, la imprescindible necesidad de formular una regulación que atienda con efectiva perspectiva federalista a las diversas realidades sobre las que deberá igualmente incidir, tratándose de una materia propia del derecho federal. Los marcos regulatorios que alcanzan a la totalidad de las comunicaciones audiovisuales y las telecomunicaciones del país, afectando a sus actores y destinatarios locales, deben hacerse con intervenciones direccionadas a lograr y profundizar la equidad a efectos de impedir la concentración por parte de los actores preponderantes del mercado. Pensamos así en las empresas que proveen servicios de cable en el interior del país, que merecen protección equitativa a efectos de fomentar la competencia e impedir la concentración que es siempre su rival en la libre economía de mercado. En tal sentido resulta necesario reconsiderar las condiciones y el plazo para que las actuales licenciatarias de telefonía, fija y móvil, que incuestionablemente se encuentran en una situación de poder significativo de mercado, puedan prestar el servicio de radiodifusión por suscripción, mediante vínculo físico y/o mediante vínculo radioeléctrico. Así, por caso, podría considerarse exiguo el plazo contemplado en el artículo 94 de la ley 27.078, modificado por el artículo 10 del decreto 267/15, que en principio habilitaría a extenderlo a cinco años, prorrogable por un plazo igual, conforme las condiciones de mercado en el área que se trate."
En consecuencia, entendemos que los plazos que marca el artículo 8° no son suficientes.
Para finalizar, y tratando de no caer en repeticiones respecto del artículo 3°, también nos manejamos de conformidad con que el ENACOM ponga a disposición de ARSAT las frecuencias para que, como se ha dicho, los pequeños y medianos operadores puedan prestar una oferta completa. Entendemos que a lo mejor aquí no hay que usar ningún tipo de porcentaje hasta tanto no se presente un programa que pueda verdaderamente expresar cuáles son las necesidades de cada caso puntual.
Respecto del artículo 8, este empoderamiento que se produce en la norma a favor de los concejos deliberantes parecería innecesario. No parecería lógico que un concejo deliberante a través de una acción administrativa ante el órgano de contralor pueda modificar disposiciones establecidas por una ley nacional.
Agradezco la invitación y, en función de lo que se ha dicho precedentemente y del pedido de utilizar eficientemente el tiempo, entiendo que lo que he expresado en mi exposición es suficiente.
A efectos de no abundar, voy a contar un pequeño relato para poner en contexto la situación y se sepa claramente de qué manera podría impactar la "ley corta" en los pequeños y medianos operadores de todo el país.
Como bien se dijo acá, la Asociación Argentina de Televisión por Cable representa a más de 700 operadores, que desarrollan los servicios de televisión por cable, acceso a internet y, en muchos casos, telefonía en más de 1.200 localidades del interior del país.
Se encuentran abonados a la televisión por cable más de 6.000.000 de domicilios, y 3.000.000 tienen acceso a banda ancha. La televisión por cable genera 25.000 puestos de trabajo en forma directa, en su gran mayoría calificados, y otro número similar en formar indirecta.
Como se ha dicho, existen más de 600 productoras locales que prestan servicios en esas más de 1.200 localidades.
Resulta lamentable que la televisión por cable o los servicios de la tecnología de la información y la comunicación sean motivo de análisis solamente desde el punto de vista tributario y que no sean tomados como una herramienta de instrucción y de educación. No sólo el entretenimiento va por ahí.
Esto surge hace más de 50 años, es decir, en la década del 60 -siglo pasado- ante la falta de una red de repetidoras que pudiera hacer llegar los contenidos al interior del país. No voy a abundar ahora en la cantidad de pioneros en la actividad y de los esfuerzos realizados para que el interior del país pudiera recibir los contenidos.
La televisión por cable es una herramienta formidable para la inclusión social. Existe una acción social destinada a los sectores más vulnerables que, lamentablemente, los grandes centros desconocen.
En la actualidad existe en todo el país una red funcionando en cada localidad. Sería fácil hacer una comparación.
Muchos de los que estamos acá peinamos canas y podemos recordar lo que sucedió el 20 de julio de 1969. Concretamente, ese día se produjo el alunizaje del Apolo 11. ¿Cuántos de ustedes vieron ese evento en vivo y en directo? Seguramente, muchos dirán que no. Yo soy del interior y puedo decir que no había manera de poder sintonizar un aparato de televisión que nos permitiera seguir dicho evento.
Hoy, en la Argentina, se recibe cualquier evento en el mismo momento en el que se produce e iguala la situación de lo que sucede en cualquier otra latitud. Estos aspectos parece que no son tenidos en cuenta.
Hoy hay que tomar conciencia de que existe una red alternativa construida y que una gran cantidad de asociados a las respectivas cámaras están prestando los servicios de la convergencia. Seguramente, alguno se encontrará retrasado y entonces tendremos que promocionarlos, contenerlos y ayudarlos a que puedan incorporar la última tecnología para que esas comunidades reciban la totalidad de los servicios. Si permitimos el ingreso de grandes jugadores a través del servicio satelital, es muy probable -tal como se mencionó anteriormente- que la actividad pase por momentos de mucha dificultad.
Tendríamos que analizar el hecho de que estuvimos encolumnados en una política de estado que ofrecía internet para todos. De acuerdo a lo que indica la ley corta, parece que no habrá inversión que permitiría la concreción de ese objetivo. Ese objetivo tenía una especie de círculo virtuoso: inversión, desarrollo de redes, acceso a la banda ancha, mejores servicios y menores precios.
Existen servicios satelitales que aparecen detrás de los grandes grupos económicos. Éstos, tienen garantizado el acceso satelital en todo el continente. Aquí no va a haber inversión. Ningún domicilio va a recepcionar un servicio de Internet más eficiente del que se recibiría a través de las redes que hoy están funcionando. Seguramente, el castigo que recibirá el pequeño y mediano prestador en aquellas localidades del interior del interior será que la red deje de seguir operando.
Vemos que este objetivo que se había planteado la política pública, ofreciendo Internet para todos, tendrá serias dificultades si no se mejoran o mantienen los plazos que verdaderamente permitan liberar la asimetría.
Es necesario dotar y dar tiempo al pequeño y mediano prestador para que consigan la estructura sustentable que les permita competir.
Desde 2005, año en que se trató en este Honorable Congreso la modificación del artículo 45 de la ley 22.285, nosotros hemos sostenido que no hay ningún problema en competir, pero la competencia tiene que ser entre iguales. Si no están dadas las condiciones para competir, lamentablemente veremos cómo los grandes operadores se llevan a la rastra al pequeño y mediano empresario de los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Respecto del proyecto, bien se dijo acá que resulta ilustrativo el dictamen que hizo el Congreso de la Nación en el momento de aprobar el decreto de necesidad y urgencia 267/15. Si usted me permite, señor presidente, voy a darle lectura. Me llevará dos minutos solamente, y decía puntualmente en relación con los plazos: "Para tal futura discusión, adelantamos desde ya la necesidad de revisar, en el marco regulatorio de transición que ahora consideramos, la imprescindible necesidad de formular una regulación que atienda con efectiva perspectiva federalista a las diversas realidades sobre las que deberá igualmente incidir, tratándose de una materia propia del derecho federal. Los marcos regulatorios que alcanzan a la totalidad de las comunicaciones audiovisuales y las telecomunicaciones del país, afectando a sus actores y destinatarios locales, deben hacerse con intervenciones direccionadas a lograr y profundizar la equidad a efectos de impedir la concentración por parte de los actores preponderantes del mercado. Pensamos así en las empresas que proveen servicios de cable en el interior del país, que merecen protección equitativa a efectos de fomentar la competencia e impedir la concentración que es siempre su rival en la libre economía de mercado. En tal sentido resulta necesario reconsiderar las condiciones y el plazo para que las actuales licenciatarias de telefonía, fija y móvil, que incuestionablemente se encuentran en una situación de poder significativo de mercado, puedan prestar el servicio de radiodifusión por suscripción, mediante vínculo físico y/o mediante vínculo radioeléctrico. Así, por caso, podría considerarse exiguo el plazo contemplado en el artículo 94 de la ley 27.078, modificado por el artículo 10 del decreto 267/15, que en principio habilitaría a extenderlo a cinco años, prorrogable por un plazo igual, conforme las condiciones de mercado en el área que se trate."
En consecuencia, entendemos que los plazos que marca el artículo 8° no son suficientes.
Para finalizar, y tratando de no caer en repeticiones respecto del artículo 3°, también nos manejamos de conformidad con que el ENACOM ponga a disposición de ARSAT las frecuencias para que, como se ha dicho, los pequeños y medianos operadores puedan prestar una oferta completa. Entendemos que a lo mejor aquí no hay que usar ningún tipo de porcentaje hasta tanto no se presente un programa que pueda verdaderamente expresar cuáles son las necesidades de cada caso puntual.
Respecto del artículo 8, este empoderamiento que se produce en la norma a favor de los concejos deliberantes parecería innecesario. No parecería lógico que un concejo deliberante a través de una acción administrativa ante el órgano de contralor pueda modificar disposiciones establecidas por una ley nacional.
Agradezco la invitación y, en función de lo que se ha dicho precedentemente y del pedido de utilizar eficientemente el tiempo, entiendo que lo que he expresado en mi exposición es suficiente.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor Luis Alberto Calvo, en representación de Colsecor.
SR. CALVO Señor presidente: muchas gracias por la invitación. Es difícil no caer en algunas repeticiones después de todo lo que se ha dicho, sobre todo en cuanto a la defensa del federalismo argentino, la sostenibilidad de las comunicaciones en las poblaciones pequeñas y medianas de la Argentina, donde básicamente prestan los servicios las pymes y las cooperativas.
Colsecor es una integración, es una cooperativa que integra a 220 entidades de la economía social en 20 provincias. Esta cooperativa de servicios públicos ha comenzado a desarrollar servicios de comunicación, telefónicos, de televisión por cable e internet. Hoy podemos decir que brindamos servicios de comunicación convergentes.
Se ha hablado muchísimo de la necesidad de las correcciones de asimetrías, como también de cuestiones que tienen que ver con las condiciones para la competencia. Nosotros creemos que es necesario considerar las asimetrías en un país que definitivamente no es federal porque no ha permitido un desarrollo de equidad en las pequeñas y medianas comunidades.
Me refiero no solamente a las asimetrías que existen entre las empresas, sino en términos poblacionales. Estamos ante un país que tiene una, concentración de densidades poblacionales significativas y esto ha sido producto de una desinversión de muchísimas políticas públicas del Estado en distintos gobiernos que no construyeron un país federal, como tanto se señaló aquí correctamente, que es necesario robustecer, potenciar y promover para el desarrollo de comunidades.
Se señaló también el plazo, es decir, la necesidad de tiempo para la inversión. Estamos de acuerdo, necesitamos tiempo para las inversiones y estamos de acuerdo con que un servicio de comunicación audiovisual, como (TDH), sean prestadores de servicios comunicacionales que generan una economía extractiva de los recursos de nuestras comunidades, lo cual definitivamente tiene incidencia en cuanto a que no se genera empleo local.
También tiene una afectación respecto a los contenidos en términos locales, como bien señaló la gente de Entre Ríos y luego respaldaron otras entidades.
Estamos de acuerdo en muchísimos puntos sobre la necesidad de las correcciones de asimetrías y sobre la necesidad de promover condiciones para el desarrollo comunitario en un marco de deliberaciones que generalmente se incorpora el elemento de la competencia y donde muchos pueden decir que no tienen temor a la competencia, siempre y cuando existan condiciones para competir.
Nosotros creemos que muchas veces la competencia no ordena ni promueve condiciones para el derecho humano a la comunicación. Hay que generar condiciones de sostenibilidad social y comunitaria.
En el caso de las cooperativas, las de servicios públicos tienen las dimensiones propias de sus propias comunidades, es decir, el pueblo de Santa Eufemia tiene una cooperativa de electricidad que da servicio de internet y televisión por cable y dicha cooperativa tiene la dimensión de Santa Eufemia. No le vamos a pedir que construya condiciones de amplificación, robustez e infraestructura para poder competir frente a un tirante que es un regional en términos de América Latina.
Tenemos esta particularidad en la Argentina: hay muchísimos pueblos que se construyeron sobre la base de lazos de la sociedad civil ante la ausencia del Estado. Es el dato significativo de uno de los elementos que diferencia a la Argentina de otros países de América Latina. Me refiero a que en la Argentina existen 600 pueblos con cooperativa de servicios públicos que fueron construidos por la multiplicidad de los servicios públicos y esenciales a partir de una ausencia del Estado, donde la sociedad civil se organizó, construyó emprendimientos comunitarios y abrazó la persona jurídica de las cooperativas para auto prestarse los servicios.
En ese marco, no se consideró como mercado en ningún momento. Santa Eufemia no es mercado. No se puede pensar que en Santa Eufemia la competencia vaya a mejorar las condiciones del usuario de servicios. Santa Eufemia es comunidad; y si es comunidad, es cooperativa.
Me parece que ahí hay elementos claves para comprender que tenemos que generar condiciones de inversión productiva en un país donde no hay suficiente inversión en los pequeños y medianos pueblos. También resulta necesario hacerlo con respecto a las comunicaciones, por la incidencia que tienen en términos productivos, culturales y educativos. Claro que necesitaríamos una ley marco como lo es la ley de comunicaciones convergentes, que ya fue anunciada. A tales efectos, además, se constituyó la comisión destinada a generar las primeras discusiones públicas en el parlamento argentino.
Necesitamos que la empresa pública ARSAT sea efectivamente federal. Necesitamos una gobernanza federal de las comunicaciones. Hemos padecido muchísimo no haberlo considerado así. Voy a traer un ejemplo que tal vez suene muy alejado pero que resulta útil: una de las empresas del Estado nacional más federales en la historia argentina fue Ferrocarriles Argentinos. Esta empresa se pensó exclusivamente desde el Estado nacional, y un día un gobierno nacional decidió que por muchos pueblos dejara de pasar el tren, lo cual afectó la vida productiva de muchísimos pueblos.
¿Qué va a pasar con ARSAT? Hoy está solo en el marco del Estado nacional. ¿No será el momento de pensar en que esta empresa pública se incorpore a la toma de decisiones que atañen a las regionalidades y a los Estados provinciales? Las comunicaciones convergentes son convergentes y tienen gravitación sobre la educación. La educación primaria y secundaria desde hace muchísimos años está en la órbita de los gobiernos provinciales. ¿Se puede pensar en que haya comunicación de internet en provincias que no están incorporadas a la gobernanza federal de internet, por ejemplo?
Solo hay políticas que atienden la llegada de internet a las escuelas rurales. Eso es muy importante, pero también deberíamos pensar esta problemática desde un ángulo más integral y federal.
No me refiero solamente a cómo vamos a relacionarnos con empresas mucho más grandes, sino también a cuál es la potenciación que necesitan nuestras localidades para generar una corrección de las asimetrías en términos de densidad poblacional, para que las personas vean las localidades pequeñas y medianas del país como destino posible. En esos destinos es donde quizá se puedan encontrar mejores soluciones para nuestra Nación.
Simplemente quería decir eso. Estamos de acuerdo con los plazos establecidos, que vienen de la aprobación del Senado. Asimismo, consideramos que es necesario incorporar un análisis mayor al debate, a través de un proyecto tan necesario para la Argentina como es el de la ley de comunicaciones convergentes.
Colsecor es una integración, es una cooperativa que integra a 220 entidades de la economía social en 20 provincias. Esta cooperativa de servicios públicos ha comenzado a desarrollar servicios de comunicación, telefónicos, de televisión por cable e internet. Hoy podemos decir que brindamos servicios de comunicación convergentes.
Se ha hablado muchísimo de la necesidad de las correcciones de asimetrías, como también de cuestiones que tienen que ver con las condiciones para la competencia. Nosotros creemos que es necesario considerar las asimetrías en un país que definitivamente no es federal porque no ha permitido un desarrollo de equidad en las pequeñas y medianas comunidades.
Me refiero no solamente a las asimetrías que existen entre las empresas, sino en términos poblacionales. Estamos ante un país que tiene una, concentración de densidades poblacionales significativas y esto ha sido producto de una desinversión de muchísimas políticas públicas del Estado en distintos gobiernos que no construyeron un país federal, como tanto se señaló aquí correctamente, que es necesario robustecer, potenciar y promover para el desarrollo de comunidades.
Se señaló también el plazo, es decir, la necesidad de tiempo para la inversión. Estamos de acuerdo, necesitamos tiempo para las inversiones y estamos de acuerdo con que un servicio de comunicación audiovisual, como (TDH), sean prestadores de servicios comunicacionales que generan una economía extractiva de los recursos de nuestras comunidades, lo cual definitivamente tiene incidencia en cuanto a que no se genera empleo local.
También tiene una afectación respecto a los contenidos en términos locales, como bien señaló la gente de Entre Ríos y luego respaldaron otras entidades.
Estamos de acuerdo en muchísimos puntos sobre la necesidad de las correcciones de asimetrías y sobre la necesidad de promover condiciones para el desarrollo comunitario en un marco de deliberaciones que generalmente se incorpora el elemento de la competencia y donde muchos pueden decir que no tienen temor a la competencia, siempre y cuando existan condiciones para competir.
Nosotros creemos que muchas veces la competencia no ordena ni promueve condiciones para el derecho humano a la comunicación. Hay que generar condiciones de sostenibilidad social y comunitaria.
En el caso de las cooperativas, las de servicios públicos tienen las dimensiones propias de sus propias comunidades, es decir, el pueblo de Santa Eufemia tiene una cooperativa de electricidad que da servicio de internet y televisión por cable y dicha cooperativa tiene la dimensión de Santa Eufemia. No le vamos a pedir que construya condiciones de amplificación, robustez e infraestructura para poder competir frente a un tirante que es un regional en términos de América Latina.
Tenemos esta particularidad en la Argentina: hay muchísimos pueblos que se construyeron sobre la base de lazos de la sociedad civil ante la ausencia del Estado. Es el dato significativo de uno de los elementos que diferencia a la Argentina de otros países de América Latina. Me refiero a que en la Argentina existen 600 pueblos con cooperativa de servicios públicos que fueron construidos por la multiplicidad de los servicios públicos y esenciales a partir de una ausencia del Estado, donde la sociedad civil se organizó, construyó emprendimientos comunitarios y abrazó la persona jurídica de las cooperativas para auto prestarse los servicios.
En ese marco, no se consideró como mercado en ningún momento. Santa Eufemia no es mercado. No se puede pensar que en Santa Eufemia la competencia vaya a mejorar las condiciones del usuario de servicios. Santa Eufemia es comunidad; y si es comunidad, es cooperativa.
Me parece que ahí hay elementos claves para comprender que tenemos que generar condiciones de inversión productiva en un país donde no hay suficiente inversión en los pequeños y medianos pueblos. También resulta necesario hacerlo con respecto a las comunicaciones, por la incidencia que tienen en términos productivos, culturales y educativos. Claro que necesitaríamos una ley marco como lo es la ley de comunicaciones convergentes, que ya fue anunciada. A tales efectos, además, se constituyó la comisión destinada a generar las primeras discusiones públicas en el parlamento argentino.
Necesitamos que la empresa pública ARSAT sea efectivamente federal. Necesitamos una gobernanza federal de las comunicaciones. Hemos padecido muchísimo no haberlo considerado así. Voy a traer un ejemplo que tal vez suene muy alejado pero que resulta útil: una de las empresas del Estado nacional más federales en la historia argentina fue Ferrocarriles Argentinos. Esta empresa se pensó exclusivamente desde el Estado nacional, y un día un gobierno nacional decidió que por muchos pueblos dejara de pasar el tren, lo cual afectó la vida productiva de muchísimos pueblos.
¿Qué va a pasar con ARSAT? Hoy está solo en el marco del Estado nacional. ¿No será el momento de pensar en que esta empresa pública se incorpore a la toma de decisiones que atañen a las regionalidades y a los Estados provinciales? Las comunicaciones convergentes son convergentes y tienen gravitación sobre la educación. La educación primaria y secundaria desde hace muchísimos años está en la órbita de los gobiernos provinciales. ¿Se puede pensar en que haya comunicación de internet en provincias que no están incorporadas a la gobernanza federal de internet, por ejemplo?
Solo hay políticas que atienden la llegada de internet a las escuelas rurales. Eso es muy importante, pero también deberíamos pensar esta problemática desde un ángulo más integral y federal.
No me refiero solamente a cómo vamos a relacionarnos con empresas mucho más grandes, sino también a cuál es la potenciación que necesitan nuestras localidades para generar una corrección de las asimetrías en términos de densidad poblacional, para que las personas vean las localidades pequeñas y medianas del país como destino posible. En esos destinos es donde quizá se puedan encontrar mejores soluciones para nuestra Nación.
Simplemente quería decir eso. Estamos de acuerdo con los plazos establecidos, que vienen de la aprobación del Senado. Asimismo, consideramos que es necesario incorporar un análisis mayor al debate, a través de un proyecto tan necesario para la Argentina como es el de la ley de comunicaciones convergentes.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor diputado Lousteau.
SR. LOUSTEAU Señor presidente: quiero hacerle una pregunta al señor Calvo.
Hemos hablado todo el tiempo del tema de las telecomunicaciones, pero hay que tener en cuenta también que en general las cooperativas -tal como recién mencionaba el señor Calvo, y esto es algo que a mí no se me había ocurrido- proveen muchos servicios distintos. La pregunta apunta a saber si hay algún tipo de rentabilidad o subsidio cruzado en las distintas actividades porque eso entrañaría no sólo el riesgo de desaparición de una de las actividades de la cooperativa sino que también afectaría a las restantes actividades.
Hemos hablado todo el tiempo del tema de las telecomunicaciones, pero hay que tener en cuenta también que en general las cooperativas -tal como recién mencionaba el señor Calvo, y esto es algo que a mí no se me había ocurrido- proveen muchos servicios distintos. La pregunta apunta a saber si hay algún tipo de rentabilidad o subsidio cruzado en las distintas actividades porque eso entrañaría no sólo el riesgo de desaparición de una de las actividades de la cooperativa sino que también afectaría a las restantes actividades.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor Luis Calvo.
SR. CALVO No hay subsidio cruzado porque en las cooperativas el usuario del servicio es el asociado. En este caso, la sostenibilidad de los servicios tiene que ver con el hecho de generar las condiciones para que se puedan resolver los costos en la prestación de dichos servicios. Además, la idea es generar los recursos para la capitalización social porque esto parte desde la inversión propia...
SR. LOUSTEAU ¿Eso está compartimentado en cada uno de los servicios? ¿Se entiende lo que pregunto?
SR. CALVO Sí, claro.
SR. LOUSTEAU Está compartimentado en cada uno de los servicios.
SR. CALVO Hay una organización servicio por servicio en una cooperativa que es múltiple.
SR. LOUSTEAU ¿Puede ser que esté perdiendo plata en uno y ganando en otro? ¿Se entiende lo que digo? Puede estar perdiendo plata en la provisión del servicio eléctrico y ganando en la del servicio de Internet.
SR. CALVO Hay distintas organizaciones y empresas que tienen diversas actividades productivas y habría que ver caso por caso. Lo cierto es que las cooperativas con más de 70 u 80 años no se podrían sostener si tienen un déficit estructural en los servicios esenciales.
Estamos hablando de servicios que tienen que ver con el agua potable y con la electrificación rural. En la Argentina, más del 70 por ciento de la electrificación rural está en manos de las cooperativas.
Indudablemente, ha habido un ejercicio muy responsable de parte de los dirigentes cooperativistas para sostener nuestras entidades. Se ha hecho de una forma muy cuidada a fin de que funcione correctamente.
Estamos hablando de servicios que tienen que ver con el agua potable y con la electrificación rural. En la Argentina, más del 70 por ciento de la electrificación rural está en manos de las cooperativas.
Indudablemente, ha habido un ejercicio muy responsable de parte de los dirigentes cooperativistas para sostener nuestras entidades. Se ha hecho de una forma muy cuidada a fin de que funcione correctamente.
SR. LOUSTEAU Para mí esto representa una dimensión del problema que no la había pensado antes, hasta que escuché su intervención. Si los compartimentos son estancos, todos son rentables y los costos fijos no están divididos entre esos compartimentos. Entonces, yo puedo sacar una unidad de negocios sin que peligren las otras, pero si se da alguna de las condiciones que he mencionado, los compartimentos no son estancos y parte de los costos fijos están compartidos. Entonces, si saco la vaca que da más leche, las otras pueden estar en riesgo. Quizás haya que readecuar precios, condiciones o plantas.
Como veníamos enfocados en una sola mirada, considero que ésta es una dimensión distinta. Si usted me dice que no es un problema, entonces nos quitamos un inconveniente de la cabeza.
Como veníamos enfocados en una sola mirada, considero que ésta es una dimensión distinta. Si usted me dice que no es un problema, entonces nos quitamos un inconveniente de la cabeza.
SR. CALVO No es un inconveniente. De hecho, se ha generado una convivencia. Hay una prestación de servicios producto de la demanda de la misma comunidad. Si esto no lo hacía la propia comunidad de asociados con el fin de prestar servicios de modo sostenible quizás se quedaba sin nada o se iba a vivir a una gran ciudad. Casi nadie se va del pueblo, salvo para ir a estudiar. Estamos intentando que regresen a nuestro pueblo. Esto no lo digo en función desde una insatisfacción del desarrollo armónico de la comunidad.
SR. LOUSTEAU No estoy hablando de insatisfacción por el desarrollo...
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Conozco el interior y he participado de varias cooperativas en distintos municipios. Lo que pregunta el señor diputado Lousteau es si, en definitiva, aquí se está tratando de una unidad de negocios posible que esté ejerciendo actualmente la cooperativa. En primer lugar, si esa unidad de negocios es rentable o no.
Además, si el hecho de tener algún tipo de alteración en su prestación -por ejemplo, no poder competir con jugadores mayores- afectaría la sustentabilidad del resto de los servicios que presta la cooperativa. Esa sería la pregunta.
Lo contesto, en primer lugar, desde el punto de vista jurídico. Las cooperativas son concesionarias de servicios. Por lo tanto, hay un marco regulatorio -provincial y municipal- según el servicio que se presta.
Quienes queremos ser responsables en el ejercicio de la abogacía y del derecho municipal y cooperativismo, exigimos que la mayoría de las veces tengan una contabilidad separada a los fines de que no se mezcle el ganado y pase lo que el señor diputado Lousteau está señalando.
Además, si el hecho de tener algún tipo de alteración en su prestación -por ejemplo, no poder competir con jugadores mayores- afectaría la sustentabilidad del resto de los servicios que presta la cooperativa. Esa sería la pregunta.
Lo contesto, en primer lugar, desde el punto de vista jurídico. Las cooperativas son concesionarias de servicios. Por lo tanto, hay un marco regulatorio -provincial y municipal- según el servicio que se presta.
Quienes queremos ser responsables en el ejercicio de la abogacía y del derecho municipal y cooperativismo, exigimos que la mayoría de las veces tengan una contabilidad separada a los fines de que no se mezcle el ganado y pase lo que el señor diputado Lousteau está señalando.
SR. POSSETTO Señor presidente: me parece que el ganado está mezclado: la rentabilidad es única. Excepto el caso particular de Brinkmann, donde se provee energía eléctrica, el resto es todo deficitario, porque la cooperativa todo lo puede.
Las pymes estamos atravesando una situación de competencia sin igualdad y no tenemos dónde rascar de la lata para tener algún subsidio del Estado o, a lo mejor, algunas hectáreas de soja para recibir algún beneficio extra.
Es decir, esta es la situación porque desde el Estado no sé si no hay forma o no hay voluntad de controlar los subsidios cruzados, que evidentemente los hay. No sé cuál será el organismo más eficiente para poner en caja este tema.
De todos modos, seguimos en una convivencia un tanto tirante y avanzando en nuestro proyecto de trabajo de tantos años en este tema.
Las pymes estamos atravesando una situación de competencia sin igualdad y no tenemos dónde rascar de la lata para tener algún subsidio del Estado o, a lo mejor, algunas hectáreas de soja para recibir algún beneficio extra.
Es decir, esta es la situación porque desde el Estado no sé si no hay forma o no hay voluntad de controlar los subsidios cruzados, que evidentemente los hay. No sé cuál será el organismo más eficiente para poner en caja este tema.
De todos modos, seguimos en una convivencia un tanto tirante y avanzando en nuestro proyecto de trabajo de tantos años en este tema.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Si no hay más preguntas, agradezco la presencia de todos los invitados.
Nos vemos en el próximo encuentro, señores diputados. Queda levantada la reunión.
Nos vemos en el próximo encuentro, señores diputados. Queda levantada la reunión.
Es la hora 18 y 36.