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COMUNICACIONES E INFORMATICA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 139
Secretario Administrativo CPN RANGUGNI SABRINA
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2144 Internos 2144/42
cceinformatica@hcdn.gob.ar
- COMUNICACIONES E INFORMATICA
Reunión del día 14/08/2018
- FOMENTO DEL DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA Y LA COMPETENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC)
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días de agosto de 2018, a la hora 17 y 17:
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Comenzamos la reunión de la Comisión de Comunicaciones e Informática, dándole la bienvenida a todos los visitantes.
Antes de abocarnos al tema que nos convoca, vamos a tratar algunas cuestiones administrativas de la comisión, que habían quedado sin resolver. Me refiero a que en la conformación de la mesa de la comisión falta la integración de un secretario más. ¿Hay algún diputado que quieran proponer?
Antes de abocarnos al tema que nos convoca, vamos a tratar algunas cuestiones administrativas de la comisión, que habían quedado sin resolver. Me refiero a que en la conformación de la mesa de la comisión falta la integración de un secretario más. ¿Hay algún diputado que quieran proponer?
SR. WECHSLER Quiero proponer para cubrir esa posición al diputado nacional Martín Lousteau, de Evolución Radical. Todos conocemos a Martín y la verdad que -independientemente de sus características profesionales y de ser un ávido lector- tuve la oportunidad de compartir alguna lucha y ciertos ideales, por lo que me pone muy contento poder proponerlo.
Esta es la comisión evolucionada en términos generales, para entender algunos factores como la cultura del trabajo, la convergencia, hacia dónde vamos los argentinos y las generaciones venideras. Por todo lo antes dicho es que propongo a Martín Lousteau.
Esta es la comisión evolucionada en términos generales, para entender algunos factores como la cultura del trabajo, la convergencia, hacia dónde vamos los argentinos y las generaciones venideras. Por todo lo antes dicho es que propongo a Martín Lousteau.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Si no hay otra propuesta, queda aceptado el diputado Martín Lousteau, como como secretario de la comisión.
Sigamos avanzando: en el Orden del Día aparece una serie de declaraciones que -por problemas que hemos tenido para poder sesionar- algunas han quedado desfasadas. Se trata de eventos, jornadas, de reconocimiento a algunos medios de comunicación que vienen cumpliendo más de cien años. Si no hay ningún tipo de oposición, me gustaría ir pasando los despachos y avanzar.
En el caso de que alguien tenga alguna observación sobre alguna de ellas, lo charlamos. Esto es al solo efecto de evitar demoras a nuestros invitados.
Por otro lado, quiero señalarles que en el día de la fecha ingresó formalmente un pedido de parte de la defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, la doctora María José Guembe, que ha solicitado participar como exponente en el tratamiento del proyecto en cuestión. Si no hay ningún tipo de oposición, la podemos incluir dentro de los invitados para que haga su exposición. Ella alega haber hecho audiencias públicas sobre la temática en las que habría recogido una serie de observaciones de los participantes, por lo que me parece importante citarla.
Sigamos avanzando: en el Orden del Día aparece una serie de declaraciones que -por problemas que hemos tenido para poder sesionar- algunas han quedado desfasadas. Se trata de eventos, jornadas, de reconocimiento a algunos medios de comunicación que vienen cumpliendo más de cien años. Si no hay ningún tipo de oposición, me gustaría ir pasando los despachos y avanzar.
En el caso de que alguien tenga alguna observación sobre alguna de ellas, lo charlamos. Esto es al solo efecto de evitar demoras a nuestros invitados.
Por otro lado, quiero señalarles que en el día de la fecha ingresó formalmente un pedido de parte de la defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, la doctora María José Guembe, que ha solicitado participar como exponente en el tratamiento del proyecto en cuestión. Si no hay ningún tipo de oposición, la podemos incluir dentro de los invitados para que haga su exposición. Ella alega haber hecho audiencias públicas sobre la temática en las que habría recogido una serie de observaciones de los participantes, por lo que me parece importante citarla.
SR. CARRO En la misma dirección, nosotros queríamos invitar a la Defensoría. Tenemos una lista de invitados que puedo acercar por mail.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Comencemos con la reunión. Recuerden que fueron invitados representantes de la empresa Telefónica y a sugerencia de los diputados que estuvieron presentes en la reunión anterior, tenemos dos especialistas que nos están visitando también. Solicitamos utilicen no más de diez minutos, a los fines de que podamos ser ordenados y avancemos.
Damos la palabra, en primera instancia, a uno de los expertos que tiene necesidad de retirarse primero. Por lo que si no hay inconveniente, tiene la palabra Martín Becerra, investigador del Conicet, especialista en medios de comunicación.
Damos la palabra, en primera instancia, a uno de los expertos que tiene necesidad de retirarse primero. Por lo que si no hay inconveniente, tiene la palabra Martín Becerra, investigador del Conicet, especialista en medios de comunicación.
SR. BECERRA Muchas gracias por la invitación. Disculpen la informalidad, pero voy a tener que retirarme antes por motivos personales.
Soy profesor de las universidades nacionales de Quilmes y de Buenos Aires, soy investigador independiente del Conicet y me dedico a temas de regulación de medios de comunicación y de tecnologías de la información y de la telecomunicación.
Considero que este proyecto al que para abreviar llamaremos "ley corta" puede tener impactos duraderos sobre la estructuración del sector de las comunicaciones y a ello voy a referirme.
Creo que algunas de las aristas más problemáticas del proyecto que envió el Poder Ejecutivo nacional al Congreso fueron matizadas o atenuadas, pero no necesariamente resultas por la Cámara de Senadores en las modificaciones que le introdujo hace un mes y medio.
En el debate que se dio en el Senado sobre este proyecto de ley, se ha diferenciado bastante entre quienes enfatizaban que el proyecto busca regular infraestructuras y quienes consideraban que también regula contenidos. Mi punto de vista es que esa disociación en verdad no es procedente porque al regular la infraestructura de las comunicaciones se está regulando directa o indirectamente las condiciones de acceso, los permisos de distribución, las reglas de transporte y los precios intermedios, o sea, los precios mayoristas y los precios finales, sean contenidos, informaciones, comunicaciones personales o entretenimientos.
Creo que para el sector de las comunicaciones se precisa una mirada regulatoria integral. En diciembre de 2015, el Poder Ejecutivo nacional prometió -cuando comenzó a modificar las leyes vigentes en materia de telecomunicaciones y de medios de comunicación- armar una comisión para redactar un proyecto de ley de comunicación integral, convergente. A dicha comisión redactora la prorrogó tres veces consecutivas, de 180 días cada una de ellas.
Incluso, en la apertura del presente año legislativo, en la Asamblea Legislativa, el presidente Mauricio Macri anunció que iba a enviar un proyecto de ley de comunicaciones integral, convergente. Ayer mismo se publicó en el Boletín Oficial una resolución del ministro de Modernización, Horacio Ibarra, que vuelve a extender por 90 días el plazo para que el Poder Ejecutivo pueda redactar un proyecto de ley que, hasta ahora, no conocemos públicamente.
Frente a la promesa de un proyecto de ley integral de comunicaciones, este proyecto de una "ley corta" es obviamente fragmentario. Es decir, expresa una mirada incompleta sobre cuál es el sentido de la política pública en materia de comunicaciones y sobre los problemas que ataca.
El proyecto cuenta con artículos que modifican reglas de compartición de infraestructura y de interconexión de redes que están regulados por la ley 27.078 Argentina Digital.
La norma también contiene artículos sobre la reserva del espectro para el uso prioritario de ARSAT que había dispuesto la ley llamada "de soberanía satelital", 27.208.
Además, el proyecto también plantea modificaciones y citas a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 relativas a qué se considera televisión por suscripción, el tema gravámenes, el tema de las reglas de juego para el acceso a contenido y la negociación de contenidos de interés.
En definitiva, este es un proyecto que modifica parcialmente tres leyes vigentes, sancionadas por este Congreso, y delega al Poder Ejecutivo nacional una discrecionalidad alta a la hora de precisar el sentido de artículos que son muy sensibles y que están redactados de modo bastante general.
Este proyecto está enmarcado en la idea de que todos los operadores puedan brindar servicios audiovisuales, en particular servicios de televisión por suscripción, que ahora se le llama también de telecomunicaciones. Pero al no haber modificaciones de fondo, solo algunos pocos operadores van estar en condiciones de ofrecer el conjunto de los servicios de lo que se llama servicios convergentes. El resto los actores, lamentablemente no van a poder contar con los recursos que se necesitan para brindar esos servicios convergentes.
Para referirme a algunos aspectos puntuales del proyecto, el mismo comienza con artículos vinculados a la idea de compartir infraestructura pasiva. Esas reglas de juego están redactadas en abstracto. Es decir que soslaya las condiciones reales en que operan los actores de los mercados de telecomunicaciones y TIC y las grandes asimetrías que existen entre estos operadores de telecomunicaciones y TIC.
En todo el mundo se aplica una regla a los grandes actores que tienen poder significativo o poder dominante de mercado, que es la regla de compartir infraestructura como estímulo a la competencia y a las condiciones de operación de los más pequeños. Sin embargo, en este proyecto se propone sin considerar esta cuestión.
El texto aprobado por el Senado desnaturaliza parte de la función reservada para la empresa ARSAT en cuestiones de espectro, que puede impactar sobre operadores que, como digo, son de tamaño pequeño o mediano y también sobre operadores estatales, como pueden ser las SAPEM.
Este artículo que influye sobre ARSAT está orientado fundamentalmente a cumplir con un anuncio que ha hecho el ministro de Modernización para nuevas licitaciones de telefonía 4G sin que el Estado haya limpiado el espectro de la licitación 4G que hizo hace casi tres años y pico. Y si bien sé que vamos a tener muchas diferencias con los colegas que están aquí para opinar en materia de telefonía móvil, seguramente no en este punto.
Entonces, nuevamente tenemos aquí un problema de lo que el proyecto plantea como ideal y las condiciones reales del funcionamiento del mercado.
Los artículos 10 y 11 del proyecto otorgan facultades regulatorias al ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones creado mediante un decreto por el presidente Macri. Su integración misma vulnera los principios de regulación democrática sobre medios de comunicación, libertad de expresión y telecomunicaciones. Al ser un ente cuya totalidad integrante es el presidente, tal como dice el decreto que lo creó, puede quitar de lado y puede pedir la renuncia "sin expresión de causa".
Creo que la incapacidad de tener un proyecto integral de regulación de las comunicaciones demuestra que este proyecto de "ley corta" ha estado, básicamente, concebido por la idea de compensar a las empresas telefónicas por los beneficios regulatorios que ha obtenido en estos últimos años el grupo Clarín para la expansión que ha protagonizado en los últimos años. Sin terminar de asimilar que hoy ya es tarde, incluso, para esa compensación porque lo que se les otorga a las telefónicas es también otorgado al grupo Clarín; puesto que a través de la fusión es también uno de los operadores más importantes de telefonía.
Entonces, las disposiciones que pretenden nivelar las concesiones de política pública hacia los más grandes pierden de vista, sobre todo, la consideración de los pequeños y medianos operadores en el resto del país.
Lo que esta norma pretende puede tener un impacto en el acceso a infraestructura, su mantenimiento, la generación de contenidos locales, la atención de usuarios en las distintas localidades y la contribución al empleo -local y regional- que realizan pymes y cooperativas en todo el territorio nacional.
Desde mi punto de vista, cuando uno observa el sistema y la estructura del sector de las comunicaciones en la Argentina -en todo el país y no solamente en los grandes centros urbanos- rápidamente advierte que no todo es mercado ni todo puede serlo. Es decir que si se deja el sector solamente a la discrecionalidad de las reglas de la mercantilización, entonces buena parte de la Argentina es inviable; es decir que buena parte del territorio argentino, de las economías regionales, de los actores locales y de las necesidades sociales de información y de comunicación local no son posibles.
Obviamente este es un tema estratégico, que no se limita a las asimetrías geográficas sino que se potencia también con las desigualdades socioeconómicas que estructuran a nuestra sociedad.
En muchos casos se pierde de vista que mientras que, por ejemplo, en telefonía móvil o en telefonía fija tenemos un sector muy concentrado con una tendencia que es fronteriza a la cartelización -en el comportamiento de precios finales y de servicios que observamos en esos mercados- en otros sectores de actividad, como puede ser la televisión por suscripción, tenemos un ecosistema bastante más diverso.
Tanto en televisión por suscripción como en conectividad a Internet, en la Argentina tenemos cerca de 3.000 operadores -ello abarca televisión paga de conectividad a Internet- la mayoría de los cuales, por supuesto, son mucho más intensivos en la creación de empleo en términos relativos y tienen, como dije, una dimensión de impacto en las economías locales, en la identidad y en la cultura local.
Soy profesor de las universidades nacionales de Quilmes y de Buenos Aires, soy investigador independiente del Conicet y me dedico a temas de regulación de medios de comunicación y de tecnologías de la información y de la telecomunicación.
Considero que este proyecto al que para abreviar llamaremos "ley corta" puede tener impactos duraderos sobre la estructuración del sector de las comunicaciones y a ello voy a referirme.
Creo que algunas de las aristas más problemáticas del proyecto que envió el Poder Ejecutivo nacional al Congreso fueron matizadas o atenuadas, pero no necesariamente resultas por la Cámara de Senadores en las modificaciones que le introdujo hace un mes y medio.
En el debate que se dio en el Senado sobre este proyecto de ley, se ha diferenciado bastante entre quienes enfatizaban que el proyecto busca regular infraestructuras y quienes consideraban que también regula contenidos. Mi punto de vista es que esa disociación en verdad no es procedente porque al regular la infraestructura de las comunicaciones se está regulando directa o indirectamente las condiciones de acceso, los permisos de distribución, las reglas de transporte y los precios intermedios, o sea, los precios mayoristas y los precios finales, sean contenidos, informaciones, comunicaciones personales o entretenimientos.
Creo que para el sector de las comunicaciones se precisa una mirada regulatoria integral. En diciembre de 2015, el Poder Ejecutivo nacional prometió -cuando comenzó a modificar las leyes vigentes en materia de telecomunicaciones y de medios de comunicación- armar una comisión para redactar un proyecto de ley de comunicación integral, convergente. A dicha comisión redactora la prorrogó tres veces consecutivas, de 180 días cada una de ellas.
Incluso, en la apertura del presente año legislativo, en la Asamblea Legislativa, el presidente Mauricio Macri anunció que iba a enviar un proyecto de ley de comunicaciones integral, convergente. Ayer mismo se publicó en el Boletín Oficial una resolución del ministro de Modernización, Horacio Ibarra, que vuelve a extender por 90 días el plazo para que el Poder Ejecutivo pueda redactar un proyecto de ley que, hasta ahora, no conocemos públicamente.
Frente a la promesa de un proyecto de ley integral de comunicaciones, este proyecto de una "ley corta" es obviamente fragmentario. Es decir, expresa una mirada incompleta sobre cuál es el sentido de la política pública en materia de comunicaciones y sobre los problemas que ataca.
El proyecto cuenta con artículos que modifican reglas de compartición de infraestructura y de interconexión de redes que están regulados por la ley 27.078 Argentina Digital.
La norma también contiene artículos sobre la reserva del espectro para el uso prioritario de ARSAT que había dispuesto la ley llamada "de soberanía satelital", 27.208.
Además, el proyecto también plantea modificaciones y citas a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 relativas a qué se considera televisión por suscripción, el tema gravámenes, el tema de las reglas de juego para el acceso a contenido y la negociación de contenidos de interés.
En definitiva, este es un proyecto que modifica parcialmente tres leyes vigentes, sancionadas por este Congreso, y delega al Poder Ejecutivo nacional una discrecionalidad alta a la hora de precisar el sentido de artículos que son muy sensibles y que están redactados de modo bastante general.
Este proyecto está enmarcado en la idea de que todos los operadores puedan brindar servicios audiovisuales, en particular servicios de televisión por suscripción, que ahora se le llama también de telecomunicaciones. Pero al no haber modificaciones de fondo, solo algunos pocos operadores van estar en condiciones de ofrecer el conjunto de los servicios de lo que se llama servicios convergentes. El resto los actores, lamentablemente no van a poder contar con los recursos que se necesitan para brindar esos servicios convergentes.
Para referirme a algunos aspectos puntuales del proyecto, el mismo comienza con artículos vinculados a la idea de compartir infraestructura pasiva. Esas reglas de juego están redactadas en abstracto. Es decir que soslaya las condiciones reales en que operan los actores de los mercados de telecomunicaciones y TIC y las grandes asimetrías que existen entre estos operadores de telecomunicaciones y TIC.
En todo el mundo se aplica una regla a los grandes actores que tienen poder significativo o poder dominante de mercado, que es la regla de compartir infraestructura como estímulo a la competencia y a las condiciones de operación de los más pequeños. Sin embargo, en este proyecto se propone sin considerar esta cuestión.
El texto aprobado por el Senado desnaturaliza parte de la función reservada para la empresa ARSAT en cuestiones de espectro, que puede impactar sobre operadores que, como digo, son de tamaño pequeño o mediano y también sobre operadores estatales, como pueden ser las SAPEM.
Este artículo que influye sobre ARSAT está orientado fundamentalmente a cumplir con un anuncio que ha hecho el ministro de Modernización para nuevas licitaciones de telefonía 4G sin que el Estado haya limpiado el espectro de la licitación 4G que hizo hace casi tres años y pico. Y si bien sé que vamos a tener muchas diferencias con los colegas que están aquí para opinar en materia de telefonía móvil, seguramente no en este punto.
Entonces, nuevamente tenemos aquí un problema de lo que el proyecto plantea como ideal y las condiciones reales del funcionamiento del mercado.
Los artículos 10 y 11 del proyecto otorgan facultades regulatorias al ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones creado mediante un decreto por el presidente Macri. Su integración misma vulnera los principios de regulación democrática sobre medios de comunicación, libertad de expresión y telecomunicaciones. Al ser un ente cuya totalidad integrante es el presidente, tal como dice el decreto que lo creó, puede quitar de lado y puede pedir la renuncia "sin expresión de causa".
Creo que la incapacidad de tener un proyecto integral de regulación de las comunicaciones demuestra que este proyecto de "ley corta" ha estado, básicamente, concebido por la idea de compensar a las empresas telefónicas por los beneficios regulatorios que ha obtenido en estos últimos años el grupo Clarín para la expansión que ha protagonizado en los últimos años. Sin terminar de asimilar que hoy ya es tarde, incluso, para esa compensación porque lo que se les otorga a las telefónicas es también otorgado al grupo Clarín; puesto que a través de la fusión es también uno de los operadores más importantes de telefonía.
Entonces, las disposiciones que pretenden nivelar las concesiones de política pública hacia los más grandes pierden de vista, sobre todo, la consideración de los pequeños y medianos operadores en el resto del país.
Lo que esta norma pretende puede tener un impacto en el acceso a infraestructura, su mantenimiento, la generación de contenidos locales, la atención de usuarios en las distintas localidades y la contribución al empleo -local y regional- que realizan pymes y cooperativas en todo el territorio nacional.
Desde mi punto de vista, cuando uno observa el sistema y la estructura del sector de las comunicaciones en la Argentina -en todo el país y no solamente en los grandes centros urbanos- rápidamente advierte que no todo es mercado ni todo puede serlo. Es decir que si se deja el sector solamente a la discrecionalidad de las reglas de la mercantilización, entonces buena parte de la Argentina es inviable; es decir que buena parte del territorio argentino, de las economías regionales, de los actores locales y de las necesidades sociales de información y de comunicación local no son posibles.
Obviamente este es un tema estratégico, que no se limita a las asimetrías geográficas sino que se potencia también con las desigualdades socioeconómicas que estructuran a nuestra sociedad.
En muchos casos se pierde de vista que mientras que, por ejemplo, en telefonía móvil o en telefonía fija tenemos un sector muy concentrado con una tendencia que es fronteriza a la cartelización -en el comportamiento de precios finales y de servicios que observamos en esos mercados- en otros sectores de actividad, como puede ser la televisión por suscripción, tenemos un ecosistema bastante más diverso.
Tanto en televisión por suscripción como en conectividad a Internet, en la Argentina tenemos cerca de 3.000 operadores -ello abarca televisión paga de conectividad a Internet- la mayoría de los cuales, por supuesto, son mucho más intensivos en la creación de empleo en términos relativos y tienen, como dije, una dimensión de impacto en las economías locales, en la identidad y en la cultura local.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Le pido que vaya redondeando porque ya estamos en el tiempo.
SR. BECERRA Como no. Tal como dijo el especialista Guillermo Goldstein, si no se atienden las especificidades de las economías regionales y de las distintas localidades del país, el destino de estos operadores pequeños y medianos es convertirse en dealers locales de los operadores más grandes. Van a ser sucursales con un impacto ciertamente negativo en los contenidos que producen y el empleo que hoy tienen.
Para cerrar, entonces diría que frente a los problemas que tiene el proyecto de ley en consideración, me parece que la vía más razonable sería centrarse en atender la laboriosa promesa hasta ahora no cumplida de redactar un proyecto de ley integral que dé cuenta de las distintas realidades que tiene el sector de las comunicaciones en nuestro país y de sus distintas necesidades.
Para cerrar, entonces diría que frente a los problemas que tiene el proyecto de ley en consideración, me parece que la vía más razonable sería centrarse en atender la laboriosa promesa hasta ahora no cumplida de redactar un proyecto de ley integral que dé cuenta de las distintas realidades que tiene el sector de las comunicaciones en nuestro país y de sus distintas necesidades.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Antes de darle la palabra al próximo disertante, solicito al público presente que hablen en voz baja porque estamos en una sala en la que retumban todos los diálogos que tienen entre ustedes.
SR. CARRO Teniendo en cuenta que Martín Becerra se va a retirar no sé si podríamos formular preguntas antes de que hable el siguiente expositor. Por lo menos tengo una pregunta y no quisiera perderme su respuesta.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Si se trata solo de una pregunta, no hay problema, porque si no estaríamos privilegiando a un expositor frente a los otros.
SR. CARRO Es una pregunta bastante específica. Me parece que en tu exposición sobrevolaste sobre el tema, pero me gustaría preguntar con precisión si considerando la fusión que ya se autorizó sobre Cablevisión y Telecom -paralelo a que se estaba discutiendo esta ley en el Senado-, ¿no te parece que sigue habiendo abusos de posición significativa de mercado, a pesar de que se apruebe esta ley así tal como está? ¿No deberíamos incorporar en este proyecto de ley algunas normas específicas o reponer algunos de los artículos que fueron derogados por decreto en diciembre de 2015? ¿Cuál es tu postura frente a la posición dominante de mercado?
SR. BECERRA Todos los que están aquí saben perfectamente que el sector de las comunicaciones tiene una tendencia inherente a la concentración. Eso no es secreto para nadie. El problema se da cuando la concentración es excesiva, según los estándares de la OCDE, por ejemplo, cuando efectivamente obtura la posibilidad de competencia. Es decir que toca dos derechos consagrados por la Constitución: el del artículo 42, sobre derecho a la competencia, de no distorsión del mercado, y el derecho a la libertad de expresión.
Desde mi punto de vista, la concentración excesiva de las comunicaciones afecta a estos dos derechos y hoy no tienen una tutela razonable en la regulación vigente.
Desde mi punto de vista, la concentración excesiva de las comunicaciones afecta a estos dos derechos y hoy no tienen una tutela razonable en la regulación vigente.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor diputado Yasky.
SR. YASKY Justo ahora estamos discutiendo el tema de la OCDE. ¿Esta ley corta nos aleja de esos estándares de la OCDE, nos pone en un plano en el que habría una simetría notable?
SR. BECERRA Repito que no tengo nada que ver con el sector de las telefónicas, pero habría que leer la observación que hace Telefónica Argentina, recurso que interpuso ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia respecto de la fusión de Cablevisión y Telecom donde cita cuáles son los estándares de la OCDE. Eso me excede.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Muchísimas gracias, Becerra.
Tiene la palabra Tomas Mihura Gradin, director de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de la empresa Claro.
Tiene la palabra Tomas Mihura Gradin, director de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de la empresa Claro.
SR. WECHSLER Señor presidente: se acuerda que en la reunión informativa anterior le había pedido que hablara en primer término el otro especialista, antes de darle la palabra a las empresas.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Si no hay oposición, lo hacemos así.
Disculpe, señor Mihura.
Tiene la palabra José Crettaz, director de carrera de Ciencias de la Comunicación, Gestión de Medios y Entretenimiento, Fundación UADE.
Disculpe, señor Mihura.
Tiene la palabra José Crettaz, director de carrera de Ciencias de la Comunicación, Gestión de Medios y Entretenimiento, Fundación UADE.
SR. CRETTAZ Muchas gracias por la invitación.
Soy periodista y en los últimos veinte años me tocó seguir la evolución de la regulación del negocio de las telecomunicaciones en la Argentina.
Soy licenciado en Comunicación Social y tengo una maestría en Administración de Empresas. Vengo a exponer en nombre del Centro de Estudios sobre la Convergencia de las Comunicaciones -Convercom-, que es un grupo en formación de especialistas que en los últimos años fueron advirtiendo -cada uno desde su ámbito profesional- el estancamiento de la Argentina en el despliegue de infraestructura y de servicios de comunicaciones y el consiguiente impacto de ese atraso en el desarrollo económico, social y cultural de los argentinos.
Vengo a contarles, si me permiten, esa triste historia, que esta comisión tiene la oportunidad de empezar a cambiar.
La Argentina ha sido un país pionero en la adopción de las tecnologías de la comunicación: el telégrafo, la radio, la televisión por cable, la telefonía móvil y el acceso a internet son solo algunos de los ejemplos que lo confirman. Esa actitud llega hasta nuestros días con el lugar destacado que el país tiene en el ámbito del comercio electrónico o el que empieza a tener las Fintech y AgTech, que son las tecnologías vinculadas a las finanzas y al agro, entre otros sectores.
Buena parte de esos desarrollos son fruto de la necesidad y más de la oportunidad. Muchos de ellos tuvieron origen en el interior profundo de nuestro país.
Pero desde el estallido económico de 2001 y con mayor énfasis desde 2003, aquél ímpetu emprendedor e innovador encontró un enorme obstáculo en políticas públicas desacertadas y regulaciones anacrónicas presentadas como novedosas. Hubo también una responsabilidad en la sociedad que no demandó mejores servicios con más énfasis, y de los periodistas, académicos y demás actores de la vida pública que no advirtieron adecuadamente el retroceso que con barniz de modernidad estaba ocurriendo.
Mientras otros países avanzaron hacia regulaciones convergentes que establecieron reglas comunes en mercados cuyas fronteras habían sido derribadas por la irrupción digital -como los Estados Unidos, España, Chile, Brasil y México- aquí se optó por seguir el camino de las leyes de medios con finalidades exclusivamente políticas y carácter mayormente antidemocrático. Tal es así que en muchos de los países en donde se aprobaron este último tipo de leyes está siendo revisado y corregido, cuando no derogado -como en Ecuador o Bolivia- y en otros no termina de reglamentarse, como en Uruguay.
La ley de servicios de comunicación audiovisual de 2009; su reglamentación muy escueta, en 2010; el fracaso de los primeros concursos de frecuencias de canales de televisión, en 2011; la judicialización de cuatro artículos y el fallo dividido de la Corte Suprema, en 2009; la nueva ley de telecomunicaciones Argentina Digital, de 2014, nunca reglamentada; y hasta la ley de soberanía satelital de 2015, consumieron un tiempo precioso en discursos y debates inútiles. Al menos en cada una de esas instancias se perdió la oportunidad de crear un marco regulatorio convergente que estimulara la inversión y la competencia.
Por momentos, asistimos a debates insólitos donde se hablaba de desmonopolización mientras se consolidaban durante años monopolios locales y oligopolios nacionales que descremaron a los usuarios, rehenes casi siempre y con suerte de una sola red fija o móvil.
Mientras eso ocurría, el acceso a internet se hizo más caro y de peor calidad, algo que afectó sobre todo a los ciudadanos de menores recursos y a quienes viven más lejos de los grandes centros urbanos.
Tuvimos extensos apagones de telefonía móvil que afectaron a millones de personas durante jornadas enteras. La red 3G colapsó, y la red 4G tardó en desplegarse porque durante una década no tuvimos licitaciones de espectro, recurso vital de las nuevas comunicaciones. Hubo negligencia, parálisis, mala praxis y probablemente, corrupción como lo advirtieron varios informes de la Auditoría General de la Nación.
En 2015, el decreto de necesidad y urgencia número 265, aceptado por la Cámara de Diputados, inició una nueva etapa que se está evidenciando especialmente trabajosa, con marchas y contramarchas, con bastante improvisación, pero con un nuevo rumbo.
Tenemos un incipiente y aún muy débil mercado convergente desde enero de 2018 y solamente limitado al área metropolitana. Pueden empezar a verse los resultados de lo que se frenó durante tanto años, en la localidad de Vicente López que funciona a estos efectos como una suerte de laboratorio, donde compiten dos redes de cable, una de cobre y una flamante red de fibra al hogar, al menos entre las redes fijas. Aun sin paquetes formales de servicios, los precios están bajando y los servicios medidos grosso modo en ancho de banda y calidad de imagen están mejorando. Son los primeros beneficios de la competencia convergente, aún incompleta, porque todavía no se dio el paso de la paquetización.
Aunque sea un nuevo avance, lento y trabajoso, el proyecto que esta comisión tiene en consideración va en esa misma dirección. Completa un cronograma del comienzo de la competencia efectiva por zonas, que está previsto con plazos generosos de protección para los actores más pequeños en esta "ley corta" en tratamiento. Pero esta protección de los actores más pequeños, lamentablemente no distingue a los que innovaron e invirtieron de aquellos que solo expoliaron a sus clientes y vecinos.
El proyecto, entones, impulsa tímidamente la compartición de infraestructura pasiva necesaria para acelerar el despliegue de redes fijas de nueva generación. Libera porciones relevantes de espectro de la absurda cárcel en la que se pretendió congelarlo y plantea unas reglas básicas para el acceso de todos los jugadores a los contenidos relevantes. Sin embargo, es realmente una "ley corta".
Como se empieza a observar en los laboratorios de la convergencia como Vicente López y se mira con ojos de usuario, hubiese sido mejor avanzar más rápido y más decididamente, con una sola ley de comunicaciones convergentes que unifique finalmente el Frankenstein regulatorio vigente, lleno de flecos de normas diversas, antiguas y contradictorias.
Está claro que este proyecto es el resultado del consenso parlamentario posible y no del que podría desearse.
La "ley corta" será un paso más, todavía no definitivo, hacia una regulación que acelere el despliegue de redes de fibra, fundamentales para un desarrollo económico, social y cultural del país, con igualdad de oportunidades.
Este no es un sector económico más porque la conectividad está en la base del desarrollo de muchos otros sectores y de la libertad de las personas, de decidir en qué lugar del país quedarse a vivir o afincarse.
Con esta ley aprobada no se habrá resuelto aun lo que hace falta: que todos los servicios puedan ser ofrecidos y paquetizados por todos los operadores, sobre cualquier red, sin distinción de tecnologías y en cualquier lugar.
Pero si este proyecto se convierte en ley, habrá nuevos instrumentos para desplegar redes fijas y móviles y se avanzará en infraestructura.
Eso no será suficiente porque aún queda pendiente cómo hará la Argentina para estimular la producción de los contenidos culturales y de entretenimiento, audiovisuales o editoriales y servicios y aplicaciones de todo tipo que vayan a distribuirse sobre esas redes.
¿Qué lugar ocupará nuestro país en la globalización digital, que pone en competencia a los productos y servicios locales con los del resto del mundo? ¿Qué espacio tendrá cada región argentina en ese nuevo mundo que requiere de una mirada más amplia, que comprenda la nueva economía digital y tenga también alguna dosis de geopolítica?
Una vez resuelta la hoja de ruta de la convergencia en infraestructura, será momento de dar esa otra discusión.
Ojalá que ese debate sea pronto.
Soy periodista y en los últimos veinte años me tocó seguir la evolución de la regulación del negocio de las telecomunicaciones en la Argentina.
Soy licenciado en Comunicación Social y tengo una maestría en Administración de Empresas. Vengo a exponer en nombre del Centro de Estudios sobre la Convergencia de las Comunicaciones -Convercom-, que es un grupo en formación de especialistas que en los últimos años fueron advirtiendo -cada uno desde su ámbito profesional- el estancamiento de la Argentina en el despliegue de infraestructura y de servicios de comunicaciones y el consiguiente impacto de ese atraso en el desarrollo económico, social y cultural de los argentinos.
Vengo a contarles, si me permiten, esa triste historia, que esta comisión tiene la oportunidad de empezar a cambiar.
La Argentina ha sido un país pionero en la adopción de las tecnologías de la comunicación: el telégrafo, la radio, la televisión por cable, la telefonía móvil y el acceso a internet son solo algunos de los ejemplos que lo confirman. Esa actitud llega hasta nuestros días con el lugar destacado que el país tiene en el ámbito del comercio electrónico o el que empieza a tener las Fintech y AgTech, que son las tecnologías vinculadas a las finanzas y al agro, entre otros sectores.
Buena parte de esos desarrollos son fruto de la necesidad y más de la oportunidad. Muchos de ellos tuvieron origen en el interior profundo de nuestro país.
Pero desde el estallido económico de 2001 y con mayor énfasis desde 2003, aquél ímpetu emprendedor e innovador encontró un enorme obstáculo en políticas públicas desacertadas y regulaciones anacrónicas presentadas como novedosas. Hubo también una responsabilidad en la sociedad que no demandó mejores servicios con más énfasis, y de los periodistas, académicos y demás actores de la vida pública que no advirtieron adecuadamente el retroceso que con barniz de modernidad estaba ocurriendo.
Mientras otros países avanzaron hacia regulaciones convergentes que establecieron reglas comunes en mercados cuyas fronteras habían sido derribadas por la irrupción digital -como los Estados Unidos, España, Chile, Brasil y México- aquí se optó por seguir el camino de las leyes de medios con finalidades exclusivamente políticas y carácter mayormente antidemocrático. Tal es así que en muchos de los países en donde se aprobaron este último tipo de leyes está siendo revisado y corregido, cuando no derogado -como en Ecuador o Bolivia- y en otros no termina de reglamentarse, como en Uruguay.
La ley de servicios de comunicación audiovisual de 2009; su reglamentación muy escueta, en 2010; el fracaso de los primeros concursos de frecuencias de canales de televisión, en 2011; la judicialización de cuatro artículos y el fallo dividido de la Corte Suprema, en 2009; la nueva ley de telecomunicaciones Argentina Digital, de 2014, nunca reglamentada; y hasta la ley de soberanía satelital de 2015, consumieron un tiempo precioso en discursos y debates inútiles. Al menos en cada una de esas instancias se perdió la oportunidad de crear un marco regulatorio convergente que estimulara la inversión y la competencia.
Por momentos, asistimos a debates insólitos donde se hablaba de desmonopolización mientras se consolidaban durante años monopolios locales y oligopolios nacionales que descremaron a los usuarios, rehenes casi siempre y con suerte de una sola red fija o móvil.
Mientras eso ocurría, el acceso a internet se hizo más caro y de peor calidad, algo que afectó sobre todo a los ciudadanos de menores recursos y a quienes viven más lejos de los grandes centros urbanos.
Tuvimos extensos apagones de telefonía móvil que afectaron a millones de personas durante jornadas enteras. La red 3G colapsó, y la red 4G tardó en desplegarse porque durante una década no tuvimos licitaciones de espectro, recurso vital de las nuevas comunicaciones. Hubo negligencia, parálisis, mala praxis y probablemente, corrupción como lo advirtieron varios informes de la Auditoría General de la Nación.
En 2015, el decreto de necesidad y urgencia número 265, aceptado por la Cámara de Diputados, inició una nueva etapa que se está evidenciando especialmente trabajosa, con marchas y contramarchas, con bastante improvisación, pero con un nuevo rumbo.
Tenemos un incipiente y aún muy débil mercado convergente desde enero de 2018 y solamente limitado al área metropolitana. Pueden empezar a verse los resultados de lo que se frenó durante tanto años, en la localidad de Vicente López que funciona a estos efectos como una suerte de laboratorio, donde compiten dos redes de cable, una de cobre y una flamante red de fibra al hogar, al menos entre las redes fijas. Aun sin paquetes formales de servicios, los precios están bajando y los servicios medidos grosso modo en ancho de banda y calidad de imagen están mejorando. Son los primeros beneficios de la competencia convergente, aún incompleta, porque todavía no se dio el paso de la paquetización.
Aunque sea un nuevo avance, lento y trabajoso, el proyecto que esta comisión tiene en consideración va en esa misma dirección. Completa un cronograma del comienzo de la competencia efectiva por zonas, que está previsto con plazos generosos de protección para los actores más pequeños en esta "ley corta" en tratamiento. Pero esta protección de los actores más pequeños, lamentablemente no distingue a los que innovaron e invirtieron de aquellos que solo expoliaron a sus clientes y vecinos.
El proyecto, entones, impulsa tímidamente la compartición de infraestructura pasiva necesaria para acelerar el despliegue de redes fijas de nueva generación. Libera porciones relevantes de espectro de la absurda cárcel en la que se pretendió congelarlo y plantea unas reglas básicas para el acceso de todos los jugadores a los contenidos relevantes. Sin embargo, es realmente una "ley corta".
Como se empieza a observar en los laboratorios de la convergencia como Vicente López y se mira con ojos de usuario, hubiese sido mejor avanzar más rápido y más decididamente, con una sola ley de comunicaciones convergentes que unifique finalmente el Frankenstein regulatorio vigente, lleno de flecos de normas diversas, antiguas y contradictorias.
Está claro que este proyecto es el resultado del consenso parlamentario posible y no del que podría desearse.
La "ley corta" será un paso más, todavía no definitivo, hacia una regulación que acelere el despliegue de redes de fibra, fundamentales para un desarrollo económico, social y cultural del país, con igualdad de oportunidades.
Este no es un sector económico más porque la conectividad está en la base del desarrollo de muchos otros sectores y de la libertad de las personas, de decidir en qué lugar del país quedarse a vivir o afincarse.
Con esta ley aprobada no se habrá resuelto aun lo que hace falta: que todos los servicios puedan ser ofrecidos y paquetizados por todos los operadores, sobre cualquier red, sin distinción de tecnologías y en cualquier lugar.
Pero si este proyecto se convierte en ley, habrá nuevos instrumentos para desplegar redes fijas y móviles y se avanzará en infraestructura.
Eso no será suficiente porque aún queda pendiente cómo hará la Argentina para estimular la producción de los contenidos culturales y de entretenimiento, audiovisuales o editoriales y servicios y aplicaciones de todo tipo que vayan a distribuirse sobre esas redes.
¿Qué lugar ocupará nuestro país en la globalización digital, que pone en competencia a los productos y servicios locales con los del resto del mundo? ¿Qué espacio tendrá cada región argentina en ese nuevo mundo que requiere de una mirada más amplia, que comprenda la nueva economía digital y tenga también alguna dosis de geopolítica?
Una vez resuelta la hoja de ruta de la convergencia en infraestructura, será momento de dar esa otra discusión.
Ojalá que ese debate sea pronto.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor diputado Ziliotto.
SR. ZILIOTTO Señor presidente: quiero hacer una pregunta que surge de una de las apreciaciones que hizo el señor Crettaz y que va en línea con lo que planteó el ministro Ibarra en su visita al Senado de la Nación. Tiene que ver con el espectro radioeléctrico que está reservado al servicio del federalismo, al servicio de una red pública de alcance federal, al servicio de desarrollo integral de las comunicaciones en toda la geografía argentina del interior profundo, no aquí.
¿Por qué se avanza sobre un patrimonio que está y tiene una afectación específica y federal para ponerla al servicio del mercantilismo de esta ley? ¿No puede ser una opción que los que cobran realmente sean eficientes e inviertan como corresponde? ¿Por qué necesitan sí o sí ese espectro radioeléctrico que está reservado para otro fin? No entiendo por qué cuando falta algo se lo manotea al interior del país, se manotea a los que menos tienen.
Desde fines de 2015 ARSAT tiene obligación de hacer una red gubernamental de telecomunicación al servicio de la seguridad pública. Aquí se encuentran entrelazados los Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y todos los organismos de desarrollo y seguridad.
¿Por qué queremos sacarle ese espectro? Por más que no lo dice la ley se sobreentiende, porque además es lo que han manifestado las autoridades, no solo en el Senado sino también públicamente. ¿Por qué no planteamos la eficiencia por otro lado y no siempre ver cómo le saco algo al Estado para invertir?
¿Por qué se avanza sobre un patrimonio que está y tiene una afectación específica y federal para ponerla al servicio del mercantilismo de esta ley? ¿No puede ser una opción que los que cobran realmente sean eficientes e inviertan como corresponde? ¿Por qué necesitan sí o sí ese espectro radioeléctrico que está reservado para otro fin? No entiendo por qué cuando falta algo se lo manotea al interior del país, se manotea a los que menos tienen.
Desde fines de 2015 ARSAT tiene obligación de hacer una red gubernamental de telecomunicación al servicio de la seguridad pública. Aquí se encuentran entrelazados los Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y todos los organismos de desarrollo y seguridad.
¿Por qué queremos sacarle ese espectro? Por más que no lo dice la ley se sobreentiende, porque además es lo que han manifestado las autoridades, no solo en el Senado sino también públicamente. ¿Por qué no planteamos la eficiencia por otro lado y no siempre ver cómo le saco algo al Estado para invertir?
SR. PRESIDENTE BRÜGGE ¿Está clara la pregunta?
SR. CRETAZZ Creo que es más una afirmación que una pregunta.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Más allá de las afirmaciones, el diputado le hizo una pregunta concreta, de por qué, si lo sabe...
SR. ZILIOTTO Como cuento con la versión del Poder Ejecutivo, quería tu opinión porque sos especialista.
SR. CRETTAZ Por qué el Poder Ejecutivo impulsa esta iniciativa habría que preguntárselo al Poder Ejecutivo. Le puedo decir que espectro que no se usa es espectro que no sirve, o sea, no tiene una utilidad, y con más razón en el ámbito de las comunicaciones móviles, que ya no son solamente telefonía, son básicamente acceso a Internet.
Las comunicaciones móviles tienden a ser, básicamente, una plataforma más, incluso a futuro y en competencia con las redes fijas, pensando en el 5G. Entonces la Argentina ha tenido una trayectoria de no licitar frecuencias, y eso fue lo que provocó el colapso de las redes 3G y el hecho de que la Argentina sea uno de los últimos países de América Latina en licitar las frecuencias 4G: que esté la reserva para la red de seguridad.
Entiendo -quizá Martín Becerra me puede corregir- que está en un decreto, en realidad tampoco, porque la ley de soberanía satelital ya preveía un uso a través de ARSAT de ese espectro.
Lo que entiendo que el gobierno está queriendo hacer es "desencapsular" eso y creo que es materia de abogados constitucionalistas revisar si puede hacerse con una ley de estas características, yo no puedo emitir opinión sobre eso porque no soy exégeta.
Las comunicaciones móviles tienden a ser, básicamente, una plataforma más, incluso a futuro y en competencia con las redes fijas, pensando en el 5G. Entonces la Argentina ha tenido una trayectoria de no licitar frecuencias, y eso fue lo que provocó el colapso de las redes 3G y el hecho de que la Argentina sea uno de los últimos países de América Latina en licitar las frecuencias 4G: que esté la reserva para la red de seguridad.
Entiendo -quizá Martín Becerra me puede corregir- que está en un decreto, en realidad tampoco, porque la ley de soberanía satelital ya preveía un uso a través de ARSAT de ese espectro.
Lo que entiendo que el gobierno está queriendo hacer es "desencapsular" eso y creo que es materia de abogados constitucionalistas revisar si puede hacerse con una ley de estas características, yo no puedo emitir opinión sobre eso porque no soy exégeta.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor diputado Ziliotto.
SR. ZILIOTTO Acepto su respuesta desde su punto de vista; sí esa infraestructura está ociosa porque hay un incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo. Tiene un fin específico que es achicar la brecha digital y está claramente en el anexo 2 de la ley 27.208 y tiene obligaciones del Estado.
No están achicando la brecha digital del interior del país con el centro del país, por eso está disponible, porque hay un incumplimiento de la ley. Y esto no se lo estoy diciendo a usted sino al resto de los diputados; por eso están "disponibles", para que puedan ser trasladadas y utilizadas para los operadores.
No están achicando la brecha digital del interior del país con el centro del país, por eso está disponible, porque hay un incumplimiento de la ley. Y esto no se lo estoy diciendo a usted sino al resto de los diputados; por eso están "disponibles", para que puedan ser trasladadas y utilizadas para los operadores.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Bien, sí, después será motivo de la discusión porque aparte es un escrito y quién no conoce temas de derecho...
SR. RAMÓN Perdón, presidente, quisiera formular una pregunta...
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor diputado Lousteau, quién estaba anotado en la lista de oradores para hacer una pregunta. ¿Usted también va a querer formular una pregunta?
SR. RAMÓN Sí.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor diputado Lousteau.
SR. LOUSTEAU No es una pregunta, es para los dos. Más allá de las opiniones personales y profesionales que tengan sobre la legislación vigente, esa es la legislación vigente y estamos apuntando a modificarla. Entonces uno entiende, por el cariz de ambas exposiciones, que una apunta a cuál es el proceso de discusión colectiva para superar todas las falencias y lograr una integralidad en el sistema jurídico general y en la regulación general y la otra refiere a que esto es suficiente en vistas de lo anterior.
Como en esta materia en especial, por la escala y por el volumen de inversiones se parece a muy pocas otras, pero aun así tiene contradicción en cada una de las medidas que uno toma porque hay un compromiso, por ejemplo, entre el nivel de competencia y el nivel de inversión que uno desea. Como en toda aquella inversión en donde el costo hundido es lo suficientemente importante.
Lo mismo pasa con la capacidad de generar contenidos y la pluralidad y el nivel de supervivencia. Hay un montón de cuestiones en donde la calibración fina de la regulación hace al impacto final que vamos a tener en un montón de áreas que tienen intereses contradictorios entre sí. Entonces, una de las preguntas es ¿por qué no es mejor abordarlas desde una integralidad en lugar de buscar un parche de lo anterior?
El segundo aspecto es que la Argentina tiene dos características que no comparte con muchos otros países en esta materia. Una es que es un país federal y desigual.
La otra es: "esto es suficiente en vista de lo anterior". En esta materia en especial, por la escala, por el volumen de inversión, que se parece muy poco a algunas otras, tiene una contradicción entre cada una de las medidas que uno toma porque hay un compromiso, por ejemplo, entre el nivel de competencia y el nivel de inversión que uno desea, como en toda inversión en donde el costo hundido es lo suficientemente importante. Lo mismo pasa con la capacidad de generar contenidos y la pluralidad y el nivel de supervivencia.
Entonces, existen un montón de cuestiones en donde la calibración fina de la regulación hace al impacto final que vamos a tener en varias áreas con intereses contradictorios entre sí. Por lo tanto, una de las preguntas es ¿por qué no es mejor abordarla desde la integralidad en lugar de buscar un parche de lo anterior?
La segunda pregunta es: en vista de que la Argentina tiene dos características que no comparte con muchos otros países en esta materia, una que es un país federal y desigual, y la otra es que tiene una red ya instalada lo suficientemente plural; y en vista de que tenemos que lograr una integralidad para corregir todo lo anterior, de la sensibilidad que tiene cada una de las medidas que vamos a tomar, ¿cuál es la relevancia del caso de Vicente López para el resto de la Argentina?
Uno puede decir que en Vicente López funciona bien por un montón de cuestiones, pero si pienso en otra jurisdicción del interior, ese mismo modelo que da mejores resultados en cuanto a precio, nivel de inversiones, etcétera, por ahí da un resultado contrario en otro lugar donde ya tengo una red pero no hay nivel de competencia o tamaño nivel de mercado suficiente para generar competencia.
Entonces, quizás la apropiación de esa red por parte de un jugador más grande sin competencia suficiente genera el impacto inverso al que se está logrando en Vicente López.
Como en esta materia en especial, por la escala y por el volumen de inversiones se parece a muy pocas otras, pero aun así tiene contradicción en cada una de las medidas que uno toma porque hay un compromiso, por ejemplo, entre el nivel de competencia y el nivel de inversión que uno desea. Como en toda aquella inversión en donde el costo hundido es lo suficientemente importante.
Lo mismo pasa con la capacidad de generar contenidos y la pluralidad y el nivel de supervivencia. Hay un montón de cuestiones en donde la calibración fina de la regulación hace al impacto final que vamos a tener en un montón de áreas que tienen intereses contradictorios entre sí. Entonces, una de las preguntas es ¿por qué no es mejor abordarlas desde una integralidad en lugar de buscar un parche de lo anterior?
El segundo aspecto es que la Argentina tiene dos características que no comparte con muchos otros países en esta materia. Una es que es un país federal y desigual.
La otra es: "esto es suficiente en vista de lo anterior". En esta materia en especial, por la escala, por el volumen de inversión, que se parece muy poco a algunas otras, tiene una contradicción entre cada una de las medidas que uno toma porque hay un compromiso, por ejemplo, entre el nivel de competencia y el nivel de inversión que uno desea, como en toda inversión en donde el costo hundido es lo suficientemente importante. Lo mismo pasa con la capacidad de generar contenidos y la pluralidad y el nivel de supervivencia.
Entonces, existen un montón de cuestiones en donde la calibración fina de la regulación hace al impacto final que vamos a tener en varias áreas con intereses contradictorios entre sí. Por lo tanto, una de las preguntas es ¿por qué no es mejor abordarla desde la integralidad en lugar de buscar un parche de lo anterior?
La segunda pregunta es: en vista de que la Argentina tiene dos características que no comparte con muchos otros países en esta materia, una que es un país federal y desigual, y la otra es que tiene una red ya instalada lo suficientemente plural; y en vista de que tenemos que lograr una integralidad para corregir todo lo anterior, de la sensibilidad que tiene cada una de las medidas que vamos a tomar, ¿cuál es la relevancia del caso de Vicente López para el resto de la Argentina?
Uno puede decir que en Vicente López funciona bien por un montón de cuestiones, pero si pienso en otra jurisdicción del interior, ese mismo modelo que da mejores resultados en cuanto a precio, nivel de inversiones, etcétera, por ahí da un resultado contrario en otro lugar donde ya tengo una red pero no hay nivel de competencia o tamaño nivel de mercado suficiente para generar competencia.
Entonces, quizás la apropiación de esa red por parte de un jugador más grande sin competencia suficiente genera el impacto inverso al que se está logrando en Vicente López.
SR. CRETTAZ El caso de Vicente López tiene quince, veinte días o un mes, como mucho, por eso lo mencioné; pero podría haber mencionado otros lugares de la Capital Federal donde, por ejemplo, la empresa Telefónica ya está ofreciendo velocidades a nivel residencial, de 300 megas con fibra óptica. Les recuerdo que la Argentina prácticamente no tiene fibra óptica y otros países, por citar casos extremos como España, llegan al 80 por ciento y algún vecino como Uruguay está muy bien posicionado.
Por otra parte, habría que hacer alguna referencia a la cuestión de la competencia efectiva porque solemos hablar de miles de operadores como si eso significara competencia cuando cualquiera de nosotros sabe que cuando va a muchas localidades del interior tienen un solo proveedor de telefonía móvil, un solo proveedor de televisión paga, un solo proveedor de telefonía fija, y a lo sumo tiene un par de alternativas -raro en el interior, pero podría suceder- de acceso a internet. Entonces, esa competencia de la que se suele hablar y a la que habría que defender de cierta tendencia a la concentración, no existe en la mayor parte del país.
Es cierto que la Argentina tiene características específicas, pero no son muy distintas de otros países. Sin ir más lejos, Estados Unidos es un país grande territorialmente; una diferencia estaría en que la población en nuestro país está distribuida muy desigualmente: hay territorios muy extensos con muy baja población y muy alta concentración de población en lugares muy pequeños. Esa es una diferencia sustancial, pero después tiene diversidad de actores también.
Por otra parte, habría que hacer alguna referencia a la cuestión de la competencia efectiva porque solemos hablar de miles de operadores como si eso significara competencia cuando cualquiera de nosotros sabe que cuando va a muchas localidades del interior tienen un solo proveedor de telefonía móvil, un solo proveedor de televisión paga, un solo proveedor de telefonía fija, y a lo sumo tiene un par de alternativas -raro en el interior, pero podría suceder- de acceso a internet. Entonces, esa competencia de la que se suele hablar y a la que habría que defender de cierta tendencia a la concentración, no existe en la mayor parte del país.
Es cierto que la Argentina tiene características específicas, pero no son muy distintas de otros países. Sin ir más lejos, Estados Unidos es un país grande territorialmente; una diferencia estaría en que la población en nuestro país está distribuida muy desigualmente: hay territorios muy extensos con muy baja población y muy alta concentración de población en lugares muy pequeños. Esa es una diferencia sustancial, pero después tiene diversidad de actores también.
SR. LOUSTEAU El ingreso promedio es muy difícil.
SR. CRETTAZ La Capital Federal, por ejemplo, tiene un nivel de ingreso promedio alto y sin embargo, se ha frenado también la competencia que podría haberse experimentado hace mucho años en la Argentina a partir de la Capital Federal.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Vaya sintetizando.
SR. CRETTAZ Simplemente era eso. No sé si le respondí.
Vicente López es un caso pero podemos citar otro: Santa Rosa, La Pampa, donde Cablevisión compite con una cooperativa local. Sin embargo, no hay una competencia en todos los servicios.
Me parece que no hace falta ser muy sofisticado ni creer en la especificidad natural que podría tener la Argentina en cuanto a características que la hagan distinta de cualquier parte del mundo, hace falta mirar un poco en el derecho comparado qué es lo que se ha permitido y cuáles son los servicios en competencia en otros lugares donde hay pocos operadores de escala nacional en competencia en todos los servicios y puede haber particularidades locales, que tal vez sí es donde se pueda hacer esa sintonía fina de tiempos. Entiendo que están suficientemente considerados en el texto que se está tratando.
Vicente López es un caso pero podemos citar otro: Santa Rosa, La Pampa, donde Cablevisión compite con una cooperativa local. Sin embargo, no hay una competencia en todos los servicios.
Me parece que no hace falta ser muy sofisticado ni creer en la especificidad natural que podría tener la Argentina en cuanto a características que la hagan distinta de cualquier parte del mundo, hace falta mirar un poco en el derecho comparado qué es lo que se ha permitido y cuáles son los servicios en competencia en otros lugares donde hay pocos operadores de escala nacional en competencia en todos los servicios y puede haber particularidades locales, que tal vez sí es donde se pueda hacer esa sintonía fina de tiempos. Entiendo que están suficientemente considerados en el texto que se está tratando.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Muy bien. Muchísimas gracias.
SR. LOUSTEAU Perdón, señor presidente.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tratemos de no dialogar.
SR. LOUSTEAU Una cosa para mí es importante: ¿por qué frente a la necesidad de sintonía tan fina en un montón de cuestiones es mejor corregir solo una parte y dejar discrecionalidad al Poder Ejecutivo en lugar de tener una discusión más profunda?
SR. CRETTAZ Esa es una respuesta corta. ¿Hace falta una ley de comunicaciones convergente, una ley que derogue completamente los aspectos sueltos de leyes que están a medio aplicar o no y que unifique todos estos saldos regulatorios que han quedado en distintos ámbitos, que haga más comprensiva la normativa, por ejemplo, para los actores que no tienen la posibilidad de contratar estudios de abogados y superespecialistas, los licenciatarios más pequeños, que la regulación sea más sencilla de conocer y de utilizar por parte de esos actores más pequeños? Sí, claramente hace falta.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra Becerra.
SR. BECERRA Considero que efectivamente es necesaria una mirada más integral, menos cortoplacista.
Hoy tenemos un Frankenstein en materia regulatoria en comunicaciones. Ustedes son diputados de esta comisión, lo conocen mejor que yo, por supuesto. O sea, hay aspectos de la ley de Lanusse de 1972, la ley de telecomunicaciones, hay aspectos del decreto 764 de la Presidencia de De la Rúa, hoy hay aspectos de la resolución 5 de la SECOM, sobre calidad del servicio. Hoy tenemos una ley de servicios de comunicación audiovisual, Argentina digital y soberanía satelital, parcialmente vigentes. Es decir, el resultado de todas estas normas parcialmente vigentes ofrece un caos regulatorio. Por supuesto, los abogados de las grandes, de las medianas, de las pequeñas, de las que son cooperativas o tienen fines de lucro, o las comunitarias, todos los que se dedican al tema tienen que hacer una especie de doctorado para entender qué inciso, de qué artículo, de qué ley cabe para tal regla de juego o para tal otra.
En consecuencia, todos están bastante disconformes. Para mí la prueba es que este proyecto de "ley corta", finalmente no es defendido por nadie, por ningún actor social concreto. Es raro que una ley no interpele los intereses de algunos actores en particular que salgan públicamente a decir que esta ley es beneficiosa, o va a diseminar mejor las redes, o las va a hacer más eficientes o va generar más empleo. Eso todavía no lo vemos.
Acuerdo en algo que dijo mi querido José Crettaz y es en el hecho de que el resultado del trámite en el Senado también dejó más insatisfechos a todos, o si se quiere ver con una mirada optimista, un poco menos molestos a los que estaban más molestos al principio.
Es decir, es una ley parcial, corta, que no atiende una mirada integral de las comunicaciones y que sí procura equilibrar relaciones de fuerzas que se perciben en el espacio público como muy desequilibradas en favor de un solo sector.
Hoy tenemos un Frankenstein en materia regulatoria en comunicaciones. Ustedes son diputados de esta comisión, lo conocen mejor que yo, por supuesto. O sea, hay aspectos de la ley de Lanusse de 1972, la ley de telecomunicaciones, hay aspectos del decreto 764 de la Presidencia de De la Rúa, hoy hay aspectos de la resolución 5 de la SECOM, sobre calidad del servicio. Hoy tenemos una ley de servicios de comunicación audiovisual, Argentina digital y soberanía satelital, parcialmente vigentes. Es decir, el resultado de todas estas normas parcialmente vigentes ofrece un caos regulatorio. Por supuesto, los abogados de las grandes, de las medianas, de las pequeñas, de las que son cooperativas o tienen fines de lucro, o las comunitarias, todos los que se dedican al tema tienen que hacer una especie de doctorado para entender qué inciso, de qué artículo, de qué ley cabe para tal regla de juego o para tal otra.
En consecuencia, todos están bastante disconformes. Para mí la prueba es que este proyecto de "ley corta", finalmente no es defendido por nadie, por ningún actor social concreto. Es raro que una ley no interpele los intereses de algunos actores en particular que salgan públicamente a decir que esta ley es beneficiosa, o va a diseminar mejor las redes, o las va a hacer más eficientes o va generar más empleo. Eso todavía no lo vemos.
Acuerdo en algo que dijo mi querido José Crettaz y es en el hecho de que el resultado del trámite en el Senado también dejó más insatisfechos a todos, o si se quiere ver con una mirada optimista, un poco menos molestos a los que estaban más molestos al principio.
Es decir, es una ley parcial, corta, que no atiende una mirada integral de las comunicaciones y que sí procura equilibrar relaciones de fuerzas que se perciben en el espacio público como muy desequilibradas en favor de un solo sector.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Muchas gracias, Becerra.
Ahora sí le doy la palabra al director de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de la empresa Claro, Tomas Mihura Gradin.
Ahora sí le doy la palabra al director de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de la empresa Claro, Tomas Mihura Gradin.
SR. MIHURA GRADIN Muchas gracias por la invitación.
En primer lugar y en líneas generales, la empresa Claro está bastante de acuerdo con lo manifestado por José Crettaz respecto de la industria y de la convergencia de los servicios, de las falencias que tiene la Argentina en el crecimiento y la expansión de esos servicios y en lo que llamamos la convergencia, el cuádruple play o como queramos llamarla.
También es cierto que tenemos una deficiencia normativa o una jungla normativa importante porque desde la ley del 72 hasta hoy, tenemos decretos, resoluciones y leyes que hacen de esto un sector bastante complejo en el aspecto regulatorio y jurídico.
El proyecto de una "ley corta", en su origen, resolvía algunos de los problemas que eran planteados por la industria, en este caso por Claro, en cuanto a la posibilidad de comenzar a prestar servicios en convergencia y en competencia. Es decir, la empresa Claro apoyaba en su momento el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo, toda vez que Claro entendía que, para poder competir en situación de igualdad o cercanía de igualdad con algunos de los operadores era necesario contar con un sistema y con la posibilidad de ofrecer televisión satelital para poder competir con la televisión por cable.
Como todos sabrán, no es lo mismo desplegar una red de televisión satelital que una red de televisión por cable. Los tiempos y los costos son distintos. Una cosa no obsta a la otra y el futuro de las telecomunicaciones es el cable, es la fibra óptica -eso lo sabemos-, pero era el motivo por el cual, de alguna manera, la compañía Claro apoyaba ese proyecto de ley.
El proyecto original y el que fue sancionado por el Senado, en líneas generales, tiene cuatro aspectos. Uno de ellos es el de compartición de infraestructura pasiva.
En ese sentido, la empresa Claro entiende que ese principio general ya estaba previsto y está plasmado de alguna manera en las distintas normas, con más o menos detalle. Existe hoy en los servicios de TIC la obligación de compartir infraestructura pasiva. Después habrá que ver si en cada servicio en particular habría que detallar un poco más o un poco menos, defendiendo los intereses y las posiciones de los operadores chicos versus los grandes, y los operadores locales versus los nacionales.
Otro aspecto es que aparece el concepto de compartición de infraestructura de servicios públicos. Para la compañía Claro eso no innova demasiado porque es facultativo y, eventualmente en caso de concretarse, debe guardar principios competitivos de igualdad y no exclusividad. Pero eso no sumaría demasiado para Claro.
Los temas centrales que preveía Claro en el proyecto de una "ley corta" y que le interesaban a la empresa, básicamente eran dos. Uno era la posibilidad de entrar a competir en convergencia a partir de 2018. Algo que se llamaba DTH. Claro veía esto como la principal y única posibilidad de empezar a competir con otros operadores. Saben a qué operador me estoy refiriendo, claramente el fusionado.
El proyecto que es aprobado por el Senado difiere los plazos de una manera tal que, sinceramente, para Claro no es apetecible ni interesante. Es decir, llevar esto hasta el 2021 o 2022 es lo mismo que nada; es patearlo para adelante, protegiendo a alguien que no sabemos realmente quién es. Porque si realmente va a haber competencia y convergencia, me gustaría saber a quién se pretende proteger con esta dilación de la televisión satelital.
Pero suponiendo que se apruebe este proyecto de ley, en principio, Claro no está interesado en competir en ese servicio. Con lo cual, sigue rengo o trunco el cuádruple play, la convergencia y la competencia de servicios con el resto de los operadores.
El otro tema que le interesaba a la empresa Claro es el tema del espectro, el tan mentado espectro que hoy tiene reservado ARSAT, porque es una reserva la que se hace y no es una asignación.
El espectro es propiedad del Estado y el regulador es quien debe decidir de qué manera se asigna ese espectro en base a determinadas normas. Hay que recordar cómo fue asignada la reserva de ARSAT, de dónde surge ese espectro, que en su gran mayoría es el espectro que estaba reservado para el cuarto operador entrante de la telefonía móvil, en la subaste del 2014; algunos se acordarán de eso.
En materia espectral, no soy técnico ni especialista, pero los técnicos bien saben y podrían llegar a exponer acá en Diputados que no es lo mismo contar con 10, con 20 o con 30 megas, y tampoco es lo mismo contar con 10 megas juntos o con 10 megas separados.
Es decir que en materia espectral tanto la calidad como la cantidad del espectro importan; desde hace tiempo estábamos en deuda con respecto a la calidad para el consumidor argentino, fue largamente esperada.
José Crettaz habló de diez años, las compañías tuvieron que esperar once años para poder empezar a lanzar el 4G. A partir de ahí se hizo todo el despliegue de 4G, y hoy por hoy, tenemos necesidad de mejorar esos servicios. Claramente somos conscientes de que ese servicio debe ser mejorado y la forma de hacerlo es con espectro. O sea, no se puede mejorar ese servicio instalando antenas; es una cuestión de espectro, de velocidad y de capacidad, de subida y bajada. Estamos hablando de intercambio de datos y los datos crecen y se duplican año a año.
Entonces, hoy por hoy las operadoras estamos necesitando con mucha urgencia ese espectro. Ese u otro, un espectro que le permita a las operadoras poder resolver una demanda que actualmente viene de sus clientes, de los argentinos. Cualquier deficiencia en el servicio de telefonía móvil está dada por eso, o principalmente por eso. Después hay otras causas como el despliegue de infraestructura, instalación de antenas, temas municipales que bien conocen, ordenanzas, etcétera.
Entonces, el proyecto de "ley corta" tal como está hoy con la sanción del Senado, ¿implica una mejora? Podría decir que sí mejora en algún sentido, ya que vuelve a sacar del caballo de Troya -como decimos nosotros- donde estaba el espectro ARSAT, lo vuelve a poner a disponibilidad de la gente, de los argentinos y no está a disponibilidad de ARSAT, de Claro o de Telefónica; está a disponibilidad de los argentinos.
Es decir, es necesario ese espectro para mejorar el servicio de telefonía móvil y punto; sea ese u otro. Pero hoy el único espectro disponible para mejorar el 4G es el espectro que tiene ARSAT, por lo menos los 60 de los 90 Megahertz que tiene reservado ARSAT.
Después está Terra Contenidos y habrá que ver cómo se regula este tema, las telecomunicaciones no son solamente un tema regulatorio sino que es una cuestión de competencia. Acá tiene que intervenir fuertemente la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia porque hay temas competitivos muy grandes que están alrededor de todo esto. No tenemos mucho más para mencionar.
Claro está en la Argentina desde 1993, emplea alrededor de 4.000 a 5.000 trabajadores directos y otro tanto en forma indirecta. Es decir, no es una empresa que llegó ayer sino que ya tiene sus veinte o veinticinco años de antigüedad en el país.
Viene invirtiendo en la Argentina alrededor de 500 millones de dólares por año, en forma sostenida y más en el año que fue la subasta de espectro de 4G; con lo cual Claro está comprometido con el servicio que presta y necesita que se den las condiciones y las reglas necesarias para ir hacia la convergencia de servicios.
¿Quién va a estar interesado o quién va a ser el principal y beneficiado con esto? El consumidor final. Es decir, después el regulador, el gobierno, el Poder Legislativo y el Ejecutivo tendrán que ver cómo equilibran la cancha, cómo hacen que los desequilibrios naturales o legales se equilibren de alguna manera. Sí, efectivamente, y hay distintas opciones y no es solo limitando el ingreso a la televisión satelital, no es solo limitando el ingreso en el despliegue de fibra sino haciendo otras reglas de juego. Cualquier pregunta, estoy a disposición.
En primer lugar y en líneas generales, la empresa Claro está bastante de acuerdo con lo manifestado por José Crettaz respecto de la industria y de la convergencia de los servicios, de las falencias que tiene la Argentina en el crecimiento y la expansión de esos servicios y en lo que llamamos la convergencia, el cuádruple play o como queramos llamarla.
También es cierto que tenemos una deficiencia normativa o una jungla normativa importante porque desde la ley del 72 hasta hoy, tenemos decretos, resoluciones y leyes que hacen de esto un sector bastante complejo en el aspecto regulatorio y jurídico.
El proyecto de una "ley corta", en su origen, resolvía algunos de los problemas que eran planteados por la industria, en este caso por Claro, en cuanto a la posibilidad de comenzar a prestar servicios en convergencia y en competencia. Es decir, la empresa Claro apoyaba en su momento el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo, toda vez que Claro entendía que, para poder competir en situación de igualdad o cercanía de igualdad con algunos de los operadores era necesario contar con un sistema y con la posibilidad de ofrecer televisión satelital para poder competir con la televisión por cable.
Como todos sabrán, no es lo mismo desplegar una red de televisión satelital que una red de televisión por cable. Los tiempos y los costos son distintos. Una cosa no obsta a la otra y el futuro de las telecomunicaciones es el cable, es la fibra óptica -eso lo sabemos-, pero era el motivo por el cual, de alguna manera, la compañía Claro apoyaba ese proyecto de ley.
El proyecto original y el que fue sancionado por el Senado, en líneas generales, tiene cuatro aspectos. Uno de ellos es el de compartición de infraestructura pasiva.
En ese sentido, la empresa Claro entiende que ese principio general ya estaba previsto y está plasmado de alguna manera en las distintas normas, con más o menos detalle. Existe hoy en los servicios de TIC la obligación de compartir infraestructura pasiva. Después habrá que ver si en cada servicio en particular habría que detallar un poco más o un poco menos, defendiendo los intereses y las posiciones de los operadores chicos versus los grandes, y los operadores locales versus los nacionales.
Otro aspecto es que aparece el concepto de compartición de infraestructura de servicios públicos. Para la compañía Claro eso no innova demasiado porque es facultativo y, eventualmente en caso de concretarse, debe guardar principios competitivos de igualdad y no exclusividad. Pero eso no sumaría demasiado para Claro.
Los temas centrales que preveía Claro en el proyecto de una "ley corta" y que le interesaban a la empresa, básicamente eran dos. Uno era la posibilidad de entrar a competir en convergencia a partir de 2018. Algo que se llamaba DTH. Claro veía esto como la principal y única posibilidad de empezar a competir con otros operadores. Saben a qué operador me estoy refiriendo, claramente el fusionado.
El proyecto que es aprobado por el Senado difiere los plazos de una manera tal que, sinceramente, para Claro no es apetecible ni interesante. Es decir, llevar esto hasta el 2021 o 2022 es lo mismo que nada; es patearlo para adelante, protegiendo a alguien que no sabemos realmente quién es. Porque si realmente va a haber competencia y convergencia, me gustaría saber a quién se pretende proteger con esta dilación de la televisión satelital.
Pero suponiendo que se apruebe este proyecto de ley, en principio, Claro no está interesado en competir en ese servicio. Con lo cual, sigue rengo o trunco el cuádruple play, la convergencia y la competencia de servicios con el resto de los operadores.
El otro tema que le interesaba a la empresa Claro es el tema del espectro, el tan mentado espectro que hoy tiene reservado ARSAT, porque es una reserva la que se hace y no es una asignación.
El espectro es propiedad del Estado y el regulador es quien debe decidir de qué manera se asigna ese espectro en base a determinadas normas. Hay que recordar cómo fue asignada la reserva de ARSAT, de dónde surge ese espectro, que en su gran mayoría es el espectro que estaba reservado para el cuarto operador entrante de la telefonía móvil, en la subaste del 2014; algunos se acordarán de eso.
En materia espectral, no soy técnico ni especialista, pero los técnicos bien saben y podrían llegar a exponer acá en Diputados que no es lo mismo contar con 10, con 20 o con 30 megas, y tampoco es lo mismo contar con 10 megas juntos o con 10 megas separados.
Es decir que en materia espectral tanto la calidad como la cantidad del espectro importan; desde hace tiempo estábamos en deuda con respecto a la calidad para el consumidor argentino, fue largamente esperada.
José Crettaz habló de diez años, las compañías tuvieron que esperar once años para poder empezar a lanzar el 4G. A partir de ahí se hizo todo el despliegue de 4G, y hoy por hoy, tenemos necesidad de mejorar esos servicios. Claramente somos conscientes de que ese servicio debe ser mejorado y la forma de hacerlo es con espectro. O sea, no se puede mejorar ese servicio instalando antenas; es una cuestión de espectro, de velocidad y de capacidad, de subida y bajada. Estamos hablando de intercambio de datos y los datos crecen y se duplican año a año.
Entonces, hoy por hoy las operadoras estamos necesitando con mucha urgencia ese espectro. Ese u otro, un espectro que le permita a las operadoras poder resolver una demanda que actualmente viene de sus clientes, de los argentinos. Cualquier deficiencia en el servicio de telefonía móvil está dada por eso, o principalmente por eso. Después hay otras causas como el despliegue de infraestructura, instalación de antenas, temas municipales que bien conocen, ordenanzas, etcétera.
Entonces, el proyecto de "ley corta" tal como está hoy con la sanción del Senado, ¿implica una mejora? Podría decir que sí mejora en algún sentido, ya que vuelve a sacar del caballo de Troya -como decimos nosotros- donde estaba el espectro ARSAT, lo vuelve a poner a disponibilidad de la gente, de los argentinos y no está a disponibilidad de ARSAT, de Claro o de Telefónica; está a disponibilidad de los argentinos.
Es decir, es necesario ese espectro para mejorar el servicio de telefonía móvil y punto; sea ese u otro. Pero hoy el único espectro disponible para mejorar el 4G es el espectro que tiene ARSAT, por lo menos los 60 de los 90 Megahertz que tiene reservado ARSAT.
Después está Terra Contenidos y habrá que ver cómo se regula este tema, las telecomunicaciones no son solamente un tema regulatorio sino que es una cuestión de competencia. Acá tiene que intervenir fuertemente la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia porque hay temas competitivos muy grandes que están alrededor de todo esto. No tenemos mucho más para mencionar.
Claro está en la Argentina desde 1993, emplea alrededor de 4.000 a 5.000 trabajadores directos y otro tanto en forma indirecta. Es decir, no es una empresa que llegó ayer sino que ya tiene sus veinte o veinticinco años de antigüedad en el país.
Viene invirtiendo en la Argentina alrededor de 500 millones de dólares por año, en forma sostenida y más en el año que fue la subasta de espectro de 4G; con lo cual Claro está comprometido con el servicio que presta y necesita que se den las condiciones y las reglas necesarias para ir hacia la convergencia de servicios.
¿Quién va a estar interesado o quién va a ser el principal y beneficiado con esto? El consumidor final. Es decir, después el regulador, el gobierno, el Poder Legislativo y el Ejecutivo tendrán que ver cómo equilibran la cancha, cómo hacen que los desequilibrios naturales o legales se equilibren de alguna manera. Sí, efectivamente, y hay distintas opciones y no es solo limitando el ingreso a la televisión satelital, no es solo limitando el ingreso en el despliegue de fibra sino haciendo otras reglas de juego. Cualquier pregunta, estoy a disposición.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE ¿Algún señor diputado quiere hacerle alguna consulta al representante de Claro?.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE El gerente de asuntos regulatorios no va a hablar, entonces tiene la palabra el señor Alejandro Lastra, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Telefónica.
SR. LASTRA Muchísimas gracias por la invitación para poder dar nuestros puntos de vista. Voy a tratar de ser breve por ser el último y trataré de aprovechar algunas cosas en las que hay coincidencias con los expositores anteriores.
Si yo tuviera que poner este tema en un titular, diría que la Argentina ha venido demorando la convergencia durante muchos años y cuando se propone hacerla, lamentablemente, la sigue demorando y pone reglas que son asimétricas y que generan beneficios para unos y no para todo el conjunto de los actores.
En materia de comunicaciones -y en esto creo que hubo coincidencia en los cuatro que hemos expuesto hoy-, se necesitan reglas claras, que alienten la inversión y la competencia. La Argentina necesita desarrollo de infraestructura, necesitamos poder asegurar los jugadores en un entorno de normas equitativas.
Desde Telefónica consideramos que la neutralidad tecnológica es inherente a la convergencia. ¿Qué significa neutralidad tecnológica? Significa que haya regulación por servicio y no por tecnología, como ha sido históricamente.
La reducción de la brecha digital en un país como la Argentina -ya lo han descripto, por lo que no voy a ahondar en eso- requiere de articulación pública privada, requiere del aliento a la inversión y del desarrollo de infraestructura. Una regulación que auspicie esto va a generar mejor calidad y mayor asequibilidad para los ciudadanos.
A fines de mayo nos convocó el Senado para hablar sobre este proyecto de ley, conocido como "ley corta", y nos pareció en aquel momento un primer paso auspicioso hacia el camino a la convergencia. No es el tótem de lo que requiere la legislación, sabemos que -como su nombre lo dice- es una ley corta, pero nos pareció un primer paso auspicioso.
Sin embargo, hay dos cosas que sucedieron desde aquella presentación del 23 de mayo al día de la fecha. La primera es que se aprobó una de las fusiones más grandes de la historia de la República Argentina, y en nuestra opinión, las reglas que se le impuso a esta fusión no resuelven los problemas de competencia que un actor de la relevancia del fusionado puede generar. Podemos ahondar en algunos de los aspectos. Como ya hicimos público, hemos impugnado la decisión de la Secretaría de Comercio, pero la realidad es que sin duda es un evento diría clave y grave en relación a cómo va a desarrollarse la competencia en la Argentina y los impactos que eso pueda tener en el sector.
El segundo aspecto a considerar -al cual ya se han referido los que me precedieron en el uso de la palabra-, es que el Senado introdujo modificaciones al proyecto de ley que en nuestra opinión licuaron sus efectos o lo postergaron.
Entonces, de alguna manera lo que nosotros entendíamos que era un proyecto que equilibraría ciertas reglas de juegos -Mihura fue muy claro en algunos elementos-, pareciera que están diluidos en su impacto.
Resalto algunos aspectos. Nuestra posición es que antes de cualquier asignación debería existir un plan integral de espectro. La Argentina ha ido asignando espectro, se han judicializado esas asignaciones, hay espectros que están interferidos.
Me parece que es necesario que antes de la asignación de espectro el Poder Ejecutivo genere un plan de asignación, de certezas de cómo debería distribuírselos. Siempre debemos tener en cuenta que el espectro es el beneficio de los ciudadanos y de los usuarios; lo explota una compañía pero el servicio lo termina aprovechando el usuario, como bien lo describió Mihura recientemente.
El segundo aspecto que nos parece relevante en esto es mantener y sostener la neutralidad tecnológica para que se regulen los servicios y no las tecnologías. Prohibir a un competidor el uso de determinada tecnología es inhibir a los ciudadanos de obtener la posibilidad de un servicio. Simplemente, es básicamente eso.
En relación con el proyecto de ley, lo relevante es que los efectos buscados con las modificaciones introducidas por el Senado quedan licuados o postergados en sus efectos.
Para finalizar, la Argentina ha demorado la convergencia. La convergencia la creemos positiva porque genera una dinámica en el sector que es necesaria. Es preciso que las reglas que impongamos no discriminen y sean equitativas, que no beneficien a unos y perjudiquen a otros. Es necesario generar reglas en las que exista un ecosistema integral en donde los grandes, los medianos y los pequeños -con reglas claras- podamos competir sin ningún problema, sin generar asimetrías que son innecesarias.
No estamos en una época de cambio, estamos ante un cambio de era. Tenemos muchos temas que resolver de la vida digital. Hay muchos temas por abordar desde el punto de vista regulatorio y de interacción del ser humano con la tecnología.
Me parece que rápidamente tenemos que poner reglas de juego para que haya un incremento de inversiones y para que haya competencia y desarrollo de infraestructuras en Argentina. Debemos empezar a discutir los desafíos que nos propone la revolución digital de la que estamos siendo parte.
Las empresas de telecomunicaciones somos objetos y sujetos de esta revolución. En este sentido, creo que se vuelve fundamental mirar lo que han hecho otros países. Hoy se mencionaban a los países de la OCDE que, tanto en el desarrollo de infraestructura como el tema de competencias, recomiendan la creación de políticas públicas que propendan al desarrollo de nuestra industria.
Si yo tuviera que poner este tema en un titular, diría que la Argentina ha venido demorando la convergencia durante muchos años y cuando se propone hacerla, lamentablemente, la sigue demorando y pone reglas que son asimétricas y que generan beneficios para unos y no para todo el conjunto de los actores.
En materia de comunicaciones -y en esto creo que hubo coincidencia en los cuatro que hemos expuesto hoy-, se necesitan reglas claras, que alienten la inversión y la competencia. La Argentina necesita desarrollo de infraestructura, necesitamos poder asegurar los jugadores en un entorno de normas equitativas.
Desde Telefónica consideramos que la neutralidad tecnológica es inherente a la convergencia. ¿Qué significa neutralidad tecnológica? Significa que haya regulación por servicio y no por tecnología, como ha sido históricamente.
La reducción de la brecha digital en un país como la Argentina -ya lo han descripto, por lo que no voy a ahondar en eso- requiere de articulación pública privada, requiere del aliento a la inversión y del desarrollo de infraestructura. Una regulación que auspicie esto va a generar mejor calidad y mayor asequibilidad para los ciudadanos.
A fines de mayo nos convocó el Senado para hablar sobre este proyecto de ley, conocido como "ley corta", y nos pareció en aquel momento un primer paso auspicioso hacia el camino a la convergencia. No es el tótem de lo que requiere la legislación, sabemos que -como su nombre lo dice- es una ley corta, pero nos pareció un primer paso auspicioso.
Sin embargo, hay dos cosas que sucedieron desde aquella presentación del 23 de mayo al día de la fecha. La primera es que se aprobó una de las fusiones más grandes de la historia de la República Argentina, y en nuestra opinión, las reglas que se le impuso a esta fusión no resuelven los problemas de competencia que un actor de la relevancia del fusionado puede generar. Podemos ahondar en algunos de los aspectos. Como ya hicimos público, hemos impugnado la decisión de la Secretaría de Comercio, pero la realidad es que sin duda es un evento diría clave y grave en relación a cómo va a desarrollarse la competencia en la Argentina y los impactos que eso pueda tener en el sector.
El segundo aspecto a considerar -al cual ya se han referido los que me precedieron en el uso de la palabra-, es que el Senado introdujo modificaciones al proyecto de ley que en nuestra opinión licuaron sus efectos o lo postergaron.
Entonces, de alguna manera lo que nosotros entendíamos que era un proyecto que equilibraría ciertas reglas de juegos -Mihura fue muy claro en algunos elementos-, pareciera que están diluidos en su impacto.
Resalto algunos aspectos. Nuestra posición es que antes de cualquier asignación debería existir un plan integral de espectro. La Argentina ha ido asignando espectro, se han judicializado esas asignaciones, hay espectros que están interferidos.
Me parece que es necesario que antes de la asignación de espectro el Poder Ejecutivo genere un plan de asignación, de certezas de cómo debería distribuírselos. Siempre debemos tener en cuenta que el espectro es el beneficio de los ciudadanos y de los usuarios; lo explota una compañía pero el servicio lo termina aprovechando el usuario, como bien lo describió Mihura recientemente.
El segundo aspecto que nos parece relevante en esto es mantener y sostener la neutralidad tecnológica para que se regulen los servicios y no las tecnologías. Prohibir a un competidor el uso de determinada tecnología es inhibir a los ciudadanos de obtener la posibilidad de un servicio. Simplemente, es básicamente eso.
En relación con el proyecto de ley, lo relevante es que los efectos buscados con las modificaciones introducidas por el Senado quedan licuados o postergados en sus efectos.
Para finalizar, la Argentina ha demorado la convergencia. La convergencia la creemos positiva porque genera una dinámica en el sector que es necesaria. Es preciso que las reglas que impongamos no discriminen y sean equitativas, que no beneficien a unos y perjudiquen a otros. Es necesario generar reglas en las que exista un ecosistema integral en donde los grandes, los medianos y los pequeños -con reglas claras- podamos competir sin ningún problema, sin generar asimetrías que son innecesarias.
No estamos en una época de cambio, estamos ante un cambio de era. Tenemos muchos temas que resolver de la vida digital. Hay muchos temas por abordar desde el punto de vista regulatorio y de interacción del ser humano con la tecnología.
Me parece que rápidamente tenemos que poner reglas de juego para que haya un incremento de inversiones y para que haya competencia y desarrollo de infraestructuras en Argentina. Debemos empezar a discutir los desafíos que nos propone la revolución digital de la que estamos siendo parte.
Las empresas de telecomunicaciones somos objetos y sujetos de esta revolución. En este sentido, creo que se vuelve fundamental mirar lo que han hecho otros países. Hoy se mencionaban a los países de la OCDE que, tanto en el desarrollo de infraestructura como el tema de competencias, recomiendan la creación de políticas públicas que propendan al desarrollo de nuestra industria.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE ¿Tenemos preguntas?
Tiene la palabra el señor diputado Ziliotto.
Tiene la palabra el señor diputado Ziliotto.
SR. ZILIOTTO Comparto con ustedes la opinión acerca de la importancia del espectro radioeléctrico y más todavía con el representante de Telefónica cuando dice que hay que hacerlo eficientemente. Hay muchas cosas que hacer eficiente en la República Argentina y el espectro es uno de ellas.
También tienen que entender que -y esto va en relación con la reflexión que hizo el representante de Claro- cuando en su momento se decidió utilizar el espectro radioeléctrico que estaba destinado al cuarto operador de telefonía celular se pensó en varios cuartos pero que tuviera una función social a partir de actores sociales y actores públicos, que cumplan con lo que es un servicio público. Si bien es cierto que no hemos podido llevar el servicio al interior del país -en esto seguramente no vamos a coincidir-, la telefonía celular debe ser un servicio público.
Por eso creo que aquí hay que ser eficiente y destinar una parte para la función social. Por eso defiendo la ley más allá de quien la hizo o no la hizo.
Entiendo la posición de ustedes porque son una empresa y el principal objetivo son las ganancias, pero si ustedes tienen la utilización de todo el espectro, tal cual queda como está redactado en la sanción que viene del Senado, ustedes van a ser eficientes en el servicio en los grandes centros urbanos, pero no van a ir al interior profundo del país porque no hay ganancia.
Entonces, hay otros actores sociales que pueden poner la cuota de federalismo, de justicia social y de integralidad. En muchos lugares, como mencionó José Crettaz, -en Santa Rosa, La Pampa, de donde vengo-, hay una competencia sana en el servicio de triple play entre Cablevisión y la cooperativa de Santa Rosa.
Por eso creo que el espectro radioeléctrico debe ser eficiente y a partir de ahí habrá que ver cuáles son las inversiones necesarias para que todo el mundo pueda cumplir con el rol que le corresponde, tanto el Estado como los privados.
También tienen que entender que -y esto va en relación con la reflexión que hizo el representante de Claro- cuando en su momento se decidió utilizar el espectro radioeléctrico que estaba destinado al cuarto operador de telefonía celular se pensó en varios cuartos pero que tuviera una función social a partir de actores sociales y actores públicos, que cumplan con lo que es un servicio público. Si bien es cierto que no hemos podido llevar el servicio al interior del país -en esto seguramente no vamos a coincidir-, la telefonía celular debe ser un servicio público.
Por eso creo que aquí hay que ser eficiente y destinar una parte para la función social. Por eso defiendo la ley más allá de quien la hizo o no la hizo.
Entiendo la posición de ustedes porque son una empresa y el principal objetivo son las ganancias, pero si ustedes tienen la utilización de todo el espectro, tal cual queda como está redactado en la sanción que viene del Senado, ustedes van a ser eficientes en el servicio en los grandes centros urbanos, pero no van a ir al interior profundo del país porque no hay ganancia.
Entonces, hay otros actores sociales que pueden poner la cuota de federalismo, de justicia social y de integralidad. En muchos lugares, como mencionó José Crettaz, -en Santa Rosa, La Pampa, de donde vengo-, hay una competencia sana en el servicio de triple play entre Cablevisión y la cooperativa de Santa Rosa.
Por eso creo que el espectro radioeléctrico debe ser eficiente y a partir de ahí habrá que ver cuáles son las inversiones necesarias para que todo el mundo pueda cumplir con el rol que le corresponde, tanto el Estado como los privados.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor diputado Carro.
SR. CARRO A través de las palabras de los invitados escucho y veo la preocupación de grandes empresas que brindan servicios monopólicos o cuasi-monopólicos. Algunas empresas ven que otras tienen mayores beneficios otorgados por el gobierno, porque efectivamente autorizan una megafusión y luego demoran dos o tres años para que otras empresas puedan ingresar. Entiendo que allí hay un trato desigual, solo que veo que el trato desigual se da en grupos monopólicos y no escucho que el servicio que tienen que prestar tiene que cumplir con un derecho humano, que es nuestro derecho ciudadano a la comunicación. No veo en las intervenciones ninguna preocupación sobre cómo van a cumplir con ese derecho.
Cuando el diputado Ziliotto habla de defender el espectro porque este tiene que ser usado con un sentido social y federal, porque efectivamente la disputa entre las grandes empresas de la comunicación va a estar en relación con los lugares donde puedan hacer negocios, y donde no hagan buenos negocios no se van a cubrir.
Entonces, la pregunta es si tienen en claro cuáles son los derechos que tienen que respetar para hacer guita con el espectro que, en definitiva, es propiedad de todos los argentinos. Si me voy a poner a defender aquí el derecho de una empresa, quisiera que sea el de una empresa que va a garantizar los derechos que tenemos como ciudadanos.
No veo la preocupación de cumplir con los derechos que tienen los ciudadanos en ninguna de las intervenciones.
En ese sentido, quería saber en qué medida son conscientes de los derechos que tienen que quedar resguardados. Porque toda la fundamentación del proyecto de la "ley corta" habla de competencia, de competitividad, de la OCDE, de la Organización Mundial del Comercio, pero no habla de la UNESCO ni de los derechos que tenemos los ciudadanos a la pluralidad de contenidos y diversidad de opciones. Porque, justamente, lo que se está equiparando ahora es que lo audiovisual sea a través de satélite o de cable y dejen de tener que cumplir con obligaciones que establecía la ley de servicios de comunicación audiovisual. Lo digo yo, que vivo en una ciudad que está a 20 kilómetros de Córdoba capital y como el único servicio que tengo es por aire, no puedo ver ninguno de los canales del lugar en el que vivo, ni los locales, ni los de la ciudad ni los de la provincia. Por eso me gustaría escuchar en estas argumentaciones de qué manera van a solucionar ese problema que tenemos los argentinos.
Cuando el diputado Ziliotto habla de defender el espectro porque este tiene que ser usado con un sentido social y federal, porque efectivamente la disputa entre las grandes empresas de la comunicación va a estar en relación con los lugares donde puedan hacer negocios, y donde no hagan buenos negocios no se van a cubrir.
Entonces, la pregunta es si tienen en claro cuáles son los derechos que tienen que respetar para hacer guita con el espectro que, en definitiva, es propiedad de todos los argentinos. Si me voy a poner a defender aquí el derecho de una empresa, quisiera que sea el de una empresa que va a garantizar los derechos que tenemos como ciudadanos.
No veo la preocupación de cumplir con los derechos que tienen los ciudadanos en ninguna de las intervenciones.
En ese sentido, quería saber en qué medida son conscientes de los derechos que tienen que quedar resguardados. Porque toda la fundamentación del proyecto de la "ley corta" habla de competencia, de competitividad, de la OCDE, de la Organización Mundial del Comercio, pero no habla de la UNESCO ni de los derechos que tenemos los ciudadanos a la pluralidad de contenidos y diversidad de opciones. Porque, justamente, lo que se está equiparando ahora es que lo audiovisual sea a través de satélite o de cable y dejen de tener que cumplir con obligaciones que establecía la ley de servicios de comunicación audiovisual. Lo digo yo, que vivo en una ciudad que está a 20 kilómetros de Córdoba capital y como el único servicio que tengo es por aire, no puedo ver ninguno de los canales del lugar en el que vivo, ni los locales, ni los de la ciudad ni los de la provincia. Por eso me gustaría escuchar en estas argumentaciones de qué manera van a solucionar ese problema que tenemos los argentinos.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Voy a sintetizar las preguntas de los dos diputados. Disculpen que haga de intérprete, pero me parece importante para aprovechar la presencia de los invitados.
Por un lado, el diputado Ziliotto pregunta qué pasa con las zonas donde posiblemente no exista una gran cantidad de población. La otra es cómo van a hacer para bajar los contenidos locales a través de los sistemas satelitales, como plantea el diputado Carro.
Me parece que son dos preguntas importantes y que ustedes están en condiciones de poder darnos, por lo menos, alguna pista.
Tiene la palabra el señor diputado Ramón.
Por un lado, el diputado Ziliotto pregunta qué pasa con las zonas donde posiblemente no exista una gran cantidad de población. La otra es cómo van a hacer para bajar los contenidos locales a través de los sistemas satelitales, como plantea el diputado Carro.
Me parece que son dos preguntas importantes y que ustedes están en condiciones de poder darnos, por lo menos, alguna pista.
Tiene la palabra el señor diputado Ramón.
SR. RAMÓN Señor presidente: ¡qué bueno que estén las empresas Telefónica y Claro!
Vengo de la provincia de Mendoza y todas las preguntas están apuntadas a nuestro grave problema relacionado con el federalismo, sobre todo en los lugares más alejados.
En la provincia de Mendoza hay un proceso judicial, que es una acción colectiva que involucra a los tres portadores de telefonía celular. Estaría bueno que tomen nota, si quieren. Se trata del expediente 10.035 del 2004, radicado en el segundo juzgado federal de Mendoza, secretaría N°3 y cuya carátula es: "Protectora, Asociación de Defensa del Consumidor contra CNC, -hoy ENACOM-, por amparo, pedido de información".
En ese juicio se le reclama al organismo del Estado porque las empresas de telefonía celular tenían que hacer un aporte del 2 por ciento de su facturación para proveer al fideicomiso del servicio universal de las comunicaciones.
En ese proceso judicial se demostró que las empresas no habían hecho ese aporte, cuyo objetivo era hacer que el servicio de telefonía fija y el acceso a la red de internet pudiera tener desarrollado el hard, en los lugares más alejados, no solo de la provincia de Mendoza sino de todo el país.
Eso tuvo sentencia y al día de hoy, la pregunta que le hago en concreto es si la empresa Claro o las otras dos competidoras han realizado ese aporte y qué desarrollo han hecho para el servicio universal de las comunicaciones en los lugares más alejados de la Argentina.
Vengo de la provincia de Mendoza y todas las preguntas están apuntadas a nuestro grave problema relacionado con el federalismo, sobre todo en los lugares más alejados.
En la provincia de Mendoza hay un proceso judicial, que es una acción colectiva que involucra a los tres portadores de telefonía celular. Estaría bueno que tomen nota, si quieren. Se trata del expediente 10.035 del 2004, radicado en el segundo juzgado federal de Mendoza, secretaría N°3 y cuya carátula es: "Protectora, Asociación de Defensa del Consumidor contra CNC, -hoy ENACOM-, por amparo, pedido de información".
En ese juicio se le reclama al organismo del Estado porque las empresas de telefonía celular tenían que hacer un aporte del 2 por ciento de su facturación para proveer al fideicomiso del servicio universal de las comunicaciones.
En ese proceso judicial se demostró que las empresas no habían hecho ese aporte, cuyo objetivo era hacer que el servicio de telefonía fija y el acceso a la red de internet pudiera tener desarrollado el hard, en los lugares más alejados, no solo de la provincia de Mendoza sino de todo el país.
Eso tuvo sentencia y al día de hoy, la pregunta que le hago en concreto es si la empresa Claro o las otras dos competidoras han realizado ese aporte y qué desarrollo han hecho para el servicio universal de las comunicaciones en los lugares más alejados de la Argentina.
SR. MIHURA GRADIN Desde ya, las empresas privadas tienen un fin. En el caso de Claro, el lucro no es el principal sino que es un fin que se da por consecuencia. Es decir, si yo tengo un cliente que está insatisfecho, probablemente se me vaya a Telefónica -Movistar en este caso- o a Personal.
Yo tengo que cuidar a ese cliente que hoy día demanda datos, demanda atención, que ya no es el cliente cautivo que teníamos antes. Hoy el cliente se puede mover de una compañía a la otra sin decir "me voy" y sin pagar un peso. Eso es un costo para la compañía y es el principal activo que hoy tiene.
Hoy, Claro no está mirando el lucro final. La empresa tiene financieros y socios que sí miran los números finales, pero ponen delante de ese número final la satisfacción del cliente. Todos los años, cuatro veces al año, se hace una medición objetiva de la satisfacción del cliente. Constantemente se está mirando eso. A Claro no le sirve un cliente disconforme, porque se va a ir a la competencia.
Desde ya que, si tengo que ir a un pueblito alejado, probablemente haga el análisis costo-beneficio y tal vez el costo sea mayor que el beneficio. Entonces estoy mirando más otras ciudades, donde tengo menor costo.
Esas son las empresas privadas, esas son las empresas con fines de lucro, claramente, y ahí viene la interacción y la intervención del Estado con distintas medidas: competitivas, de subsidios, las que sean.
Hay 20 mil millones de formas de compensar este desequilibrio natural producido por el mercado. Y eso hace el Estado, no pretendan que nosotros, como privados, les equilibremos eso.
Yo tengo que cuidar a ese cliente que hoy día demanda datos, demanda atención, que ya no es el cliente cautivo que teníamos antes. Hoy el cliente se puede mover de una compañía a la otra sin decir "me voy" y sin pagar un peso. Eso es un costo para la compañía y es el principal activo que hoy tiene.
Hoy, Claro no está mirando el lucro final. La empresa tiene financieros y socios que sí miran los números finales, pero ponen delante de ese número final la satisfacción del cliente. Todos los años, cuatro veces al año, se hace una medición objetiva de la satisfacción del cliente. Constantemente se está mirando eso. A Claro no le sirve un cliente disconforme, porque se va a ir a la competencia.
Desde ya que, si tengo que ir a un pueblito alejado, probablemente haga el análisis costo-beneficio y tal vez el costo sea mayor que el beneficio. Entonces estoy mirando más otras ciudades, donde tengo menor costo.
Esas son las empresas privadas, esas son las empresas con fines de lucro, claramente, y ahí viene la interacción y la intervención del Estado con distintas medidas: competitivas, de subsidios, las que sean.
Hay 20 mil millones de formas de compensar este desequilibrio natural producido por el mercado. Y eso hace el Estado, no pretendan que nosotros, como privados, les equilibremos eso.
SR. CARRO Por ejemplo, protegiendo el espectro.
SR. TOGNETTI El espectro es el aire que usan los clientes como si fuera un servicio. Lo tenga el Estado o lo tengan las compañías.
Hoy tenemos 90 Megahertz que desde hace cinco años no están disponibles, si lo va a usar el Estado y va a hacer una red, genial, el espectro está ahí. Pero si tengo equis cantidad de clientes, 20 millones, 18, o los que fueran, que no les alcanza con el espectro que actualmente tienen, tengo que satisfacer esa demanda de los clientes. ¿Cómo lo hago? Con espectro; no tengo otra forma.
Es decir, si no llego a satisfacer la demanda el regulador me reclama a mí, me dice que el cliente está insatisfecho y el cliente hoy es muy demandante. No es el cliente de antes que llamaba y cortaba. Hoy quiere usar los datos, las autopistas. Entonces esa es la realidad de por qué la inversión tal vez no llegue hasta los puntos más recónditos del país.
Hoy tenemos 90 Megahertz que desde hace cinco años no están disponibles, si lo va a usar el Estado y va a hacer una red, genial, el espectro está ahí. Pero si tengo equis cantidad de clientes, 20 millones, 18, o los que fueran, que no les alcanza con el espectro que actualmente tienen, tengo que satisfacer esa demanda de los clientes. ¿Cómo lo hago? Con espectro; no tengo otra forma.
Es decir, si no llego a satisfacer la demanda el regulador me reclama a mí, me dice que el cliente está insatisfecho y el cliente hoy es muy demandante. No es el cliente de antes que llamaba y cortaba. Hoy quiere usar los datos, las autopistas. Entonces esa es la realidad de por qué la inversión tal vez no llegue hasta los puntos más recónditos del país.
SR. ZILIOTTO Para eso está el Estado.
SR. TOGNETTI No. Suma el Estado a esa actividad privada, la actividad privada no es menor. El Estado tiene que fomentarla de alguna manera, ya sea con grandes, medianos, o pequeños.
O sea, el Estado puede meterse personalmente o puede derivar y delegar esa función a operadores y cada operador tiene su función según su tamaño, según su know how o según su capacidad.
Es decir, por los costos, no es lo mismo prestar un servicio de telefonía móvil en el país que prestarlo en La Quiaca, disculpen si alguien es de allí. En La Quiaca los costos y las realidades son distintos.
Les puedo asegurar que prestar un servicio de telefonía móvil requiere una inversión multimillonaria, por eso hay tres prestadoras. Diría que dentro de la industria y de los mercados de América Latina somos uno de los países donde más jugadores hay. O sea, es una industria donde realmente hay competencia, el promedio de precios de América Latina es más alto que los precios que hoy tiene la telefonía celular en la Argentina.
Después hay otras industrias como la televisión, Internet, banda ancha fija y eso es lo que tenemos que ver. Entonces, si queremos ser convergentes, analicemos todo el mapa y veremos que la única forma de hacerlo es fomentando a las grandes, a las medianas y a las pequeñas empresas; no es limitándolas.
Si empezamos a poner límites al espectro o a las fechas en que yo pueda empezar a dar televisión paga, vamos a demorar y dilatar la convergencia, el cuádruple play. ¿Y quién va a ser el perjudicado? El cliente, el usuario.
O sea, el Estado puede meterse personalmente o puede derivar y delegar esa función a operadores y cada operador tiene su función según su tamaño, según su know how o según su capacidad.
Es decir, por los costos, no es lo mismo prestar un servicio de telefonía móvil en el país que prestarlo en La Quiaca, disculpen si alguien es de allí. En La Quiaca los costos y las realidades son distintos.
Les puedo asegurar que prestar un servicio de telefonía móvil requiere una inversión multimillonaria, por eso hay tres prestadoras. Diría que dentro de la industria y de los mercados de América Latina somos uno de los países donde más jugadores hay. O sea, es una industria donde realmente hay competencia, el promedio de precios de América Latina es más alto que los precios que hoy tiene la telefonía celular en la Argentina.
Después hay otras industrias como la televisión, Internet, banda ancha fija y eso es lo que tenemos que ver. Entonces, si queremos ser convergentes, analicemos todo el mapa y veremos que la única forma de hacerlo es fomentando a las grandes, a las medianas y a las pequeñas empresas; no es limitándolas.
Si empezamos a poner límites al espectro o a las fechas en que yo pueda empezar a dar televisión paga, vamos a demorar y dilatar la convergencia, el cuádruple play. ¿Y quién va a ser el perjudicado? El cliente, el usuario.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor Lastra.
SR. LASTRA Trataré de abordar los tres temas. En relación con el espectro, cuando hablamos de tener un plan nacional de espectro y darle certeza a los jugadores no estamos diciendo que hay que destruir jugadores. Estamos diciendo que tiene que haber una administración en beneficio del ciudadano.
En este sentido, hay un tema que creo fue abordado por Mihura Gradin, en cuanto a que el negocio de telefonía celular requiere de escala. Las inversiones para poner infraestructura en telefonía celular requieren de escala. Por eso, en general, se habla de pocos operadores de red y existe la figura del operador móvil virtual, que es una figura que está en la República Argentina.
Nosotros hemos sido los primeros en firmar un convenio con cooperativas, probablemente sean las que -de alguna manera y con menor inversión- puedan dar un servicio a sus clientes, e incluso, en localidades del interior del país. Usan la infraestructura que puede desarrollar un operador de escala. Las distintas formas en que la OMV se puede dar puede incluir el hecho de compartir la infraestructura en algunos lugares. Por ello creo que la industria tiene soluciones posibles para hacer eficiente la asignación de espectro, su utilización, la competencia y el servicio a los clientes.
Dije al principio que sin articulación público-privada la Argentina, por sus características, tenía inconvenientes y hablé de la competencia, la calidad y la asequibilidad. Así como nuestra situación geográfica es compleja porque tenemos lugares alejados de los centros urbanos donde hay clientes o ciudadanos que tienen que estar conectados, también hay clientes que por sus ingresos les cuesta acceder a un servicio que es caro.
Y allí es donde entra el servicio universal, que nos preguntaba si hacemos el aporte. El servicio universal tiene un aporte. Lo que usted está cuestionando entiendo que es una etapa en que no estuvo regulado, y los aportes se están haciendo. Les puedo traer las fechas; los aportes se están haciendo.
El servicio universal es un fideicomiso creado por el Estado; una porción de los ingresos lo pagan los actores, que no es el 2 por ciento sino el 1 por ciento. El Estado tiene el derecho, el deber y la facultad de licitar sobre actores para hacer programas de servicio universal. En algunos casos esos actores pueden ser las grandes compañías, en otros pueden ser las pequeñas compañías atendiendo a distintas necesidades.
Sería muy interesante tener programas de servicio universal que realmente atiendan algunas circunstancias, pero el servicio universal es dinero de la industria que genera también una industria aportada al Estado nacional -en un sistema de fideicomiso, por llamarlo de alguna manera, podemos discutirlo pero históricamente era un fideicomiso- al servicio de la industria, y lo administraba o lo administra el Estado nacional.
En este sentido, hay un tema que creo fue abordado por Mihura Gradin, en cuanto a que el negocio de telefonía celular requiere de escala. Las inversiones para poner infraestructura en telefonía celular requieren de escala. Por eso, en general, se habla de pocos operadores de red y existe la figura del operador móvil virtual, que es una figura que está en la República Argentina.
Nosotros hemos sido los primeros en firmar un convenio con cooperativas, probablemente sean las que -de alguna manera y con menor inversión- puedan dar un servicio a sus clientes, e incluso, en localidades del interior del país. Usan la infraestructura que puede desarrollar un operador de escala. Las distintas formas en que la OMV se puede dar puede incluir el hecho de compartir la infraestructura en algunos lugares. Por ello creo que la industria tiene soluciones posibles para hacer eficiente la asignación de espectro, su utilización, la competencia y el servicio a los clientes.
Dije al principio que sin articulación público-privada la Argentina, por sus características, tenía inconvenientes y hablé de la competencia, la calidad y la asequibilidad. Así como nuestra situación geográfica es compleja porque tenemos lugares alejados de los centros urbanos donde hay clientes o ciudadanos que tienen que estar conectados, también hay clientes que por sus ingresos les cuesta acceder a un servicio que es caro.
Y allí es donde entra el servicio universal, que nos preguntaba si hacemos el aporte. El servicio universal tiene un aporte. Lo que usted está cuestionando entiendo que es una etapa en que no estuvo regulado, y los aportes se están haciendo. Les puedo traer las fechas; los aportes se están haciendo.
El servicio universal es un fideicomiso creado por el Estado; una porción de los ingresos lo pagan los actores, que no es el 2 por ciento sino el 1 por ciento. El Estado tiene el derecho, el deber y la facultad de licitar sobre actores para hacer programas de servicio universal. En algunos casos esos actores pueden ser las grandes compañías, en otros pueden ser las pequeñas compañías atendiendo a distintas necesidades.
Sería muy interesante tener programas de servicio universal que realmente atiendan algunas circunstancias, pero el servicio universal es dinero de la industria que genera también una industria aportada al Estado nacional -en un sistema de fideicomiso, por llamarlo de alguna manera, podemos discutirlo pero históricamente era un fideicomiso- al servicio de la industria, y lo administraba o lo administra el Estado nacional.
SR. RAMÓN Si me permite hacer una aclaración, nombré un expediente judicial en donde está acreditado que el dinero nunca fue depositado.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Está bien, pero será cuestión de hablar o hacer los pedidos correspondientes al ministerio, que son los que tienen el conocimiento y el manejo del servicio.
SR. LASTRA Déjeme ser brutal, no estamos en mora con nuestros pagos. Lo digo, después podemos discutir todo lo que quiera. Nosotros consideramos que no estamos en mora con la obligación de pagar el servicio universal.
SR. RAMÓN Pero en el expediente está al revés, 2004.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Por favor, diputado.
SR. RAMÓN Sí, sí, disculpe.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor Tognetti.
SR. TOGNETTI Perdón, voy a hacer una aclaración con respecto al servicio universal. Si el expediente es del año 2004, seguramente no se haya hecho ningún aporte a esa fecha porque el Estado no había dispuesto los medios para comenzar con el aporte del servicio universal.
En el año 2008 se dicta un nuevo reglamento de servicio universal y en el año 2009 el regulador genera la cuenta y crea el fondo fiduciario donde los prestadores empezamos a realizar los aportes.
El dinero que correspondió desde el año 2001 a 2008, previsionado por las empresas pero no entregado al Estado, fue aportado en ese momento a través de resoluciones particulares que el gobierno dispuso para entregar el dinero o realizar horas de servicio universal.
Y una aclaración adicional: las obras de servicio universal no las definimos los prestadores sino el Estado. A nosotros nos encantaría participar en eso porque, de última, son obras adicionales que realizamos; pero es dinero propiedad del Estado de acuerdo con la ley 27.078 del año 2014 que maneja directamente el Estado a través de un fondo fiduciario que está en el Banco Nación.
En el año 2008 se dicta un nuevo reglamento de servicio universal y en el año 2009 el regulador genera la cuenta y crea el fondo fiduciario donde los prestadores empezamos a realizar los aportes.
El dinero que correspondió desde el año 2001 a 2008, previsionado por las empresas pero no entregado al Estado, fue aportado en ese momento a través de resoluciones particulares que el gobierno dispuso para entregar el dinero o realizar horas de servicio universal.
Y una aclaración adicional: las obras de servicio universal no las definimos los prestadores sino el Estado. A nosotros nos encantaría participar en eso porque, de última, son obras adicionales que realizamos; pero es dinero propiedad del Estado de acuerdo con la ley 27.078 del año 2014 que maneja directamente el Estado a través de un fondo fiduciario que está en el Banco Nación.
SR. RAMÓN Me permite una aclaración, señor presidente. Es muy cortita.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Pero muy corta...
SR. RAMÓN Usted sabe por qué le digo esto, disculpe mi intromisión en el tema, pero soy el abogado que llevó adelante el juicio donde se obtuvo sentencia en el año 2014 del juzgado de primera instancia de la Cámara Federal. En ese juicio se le intimó y al día de hoy no está cumplido. Los depósitos que usted dice que se han hecho no están acreditados en el expediente judicial.
Para que quede claro que lo que usted dice que es un cumplimiento, en ese juicio colectivo que abarca a toda la Nación no está acreditado el pago de los aportes de las empresas que ustedes representan. Y se lo digo con la autoridad que me da ser el abogado que patrocina esa causa.
Para que quede claro que lo que usted dice que es un cumplimiento, en ese juicio colectivo que abarca a toda la Nación no está acreditado el pago de los aportes de las empresas que ustedes representan. Y se lo digo con la autoridad que me da ser el abogado que patrocina esa causa.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Es una aclaración del diputado. En todo caso, si ustedes sienten la necesidad de enviar la documentación, la comisión está abierta para recibirla y transmitírsela al diputado.
Tiene la palabra el señor Crettaz.
Tiene la palabra el señor Crettaz.
SR. CRETTAZ Creo que no se le respondió al diputado sobre la cuestión del derecho a la comunicación y a la pluralidad de voces. Me parece relevante destacar que es importante abandonar una mirada analógica de la comunicación y adoptar una mirada digital.
En términos analógicos, la oferta de contenidos era muy limitada y acotada a un puñado de canales, a un puñado de radios y en términos digitales. El problema es en realidad que la oferta es prácticamente ilimitada y universal.
¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se satisface el derecho a la comunicación? Asegurando que todo argentino, viva donde viva dentro del territorio nacional, tenga acceso a redes de fibra óptica, es decir, a internet de banda ancha, de no menos de 100 megas. Si bien sería oportuno que la Argentina empiece a contar la banda ancha en gigas, y no en megas, con la cantidad que acabo de mencionar vamos empezar a dar la posibilidad de que cualquier persona en cualquier lugar, conectada con el dispositivo que sea, pueda ver el contenido que desee de manera completamente libre. Y no solamente se trata de contenidos. Es aquí donde empezamos a hablar de convergencia: además de los contenidos están los servicios. Para poner un ejemplo, el Estado exige a muchos contribuyentes subir declaraciones juradas o hacer presentaciones de diverso tipo en internet. Supongo que aquí hay gente que ha tenido inconvenientes al intentar cumplir con esos trámites cuando está en el interior del país, donde en general no hay buena conectividad.
El derecho a la comunicación a su vez contiene otros derechos: la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de estar informado. Además, brinda acceso a servicios de educación, de salud, etcétera. Por tal motivo, queremos asegurar el despliegue de infraestructura de fibra óptica en todos los lugares de la Argentina.
Como se ha dicho aquí, obviamente hay quienes no tienen la posibilidad de cubrir económicamente el costo de ese despliegue. Por tal motivo, habrá que contemplar cómo se integra socialmente a esos sectores de nuestra sociedad.
En términos analógicos, la oferta de contenidos era muy limitada y acotada a un puñado de canales, a un puñado de radios y en términos digitales. El problema es en realidad que la oferta es prácticamente ilimitada y universal.
¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se satisface el derecho a la comunicación? Asegurando que todo argentino, viva donde viva dentro del territorio nacional, tenga acceso a redes de fibra óptica, es decir, a internet de banda ancha, de no menos de 100 megas. Si bien sería oportuno que la Argentina empiece a contar la banda ancha en gigas, y no en megas, con la cantidad que acabo de mencionar vamos empezar a dar la posibilidad de que cualquier persona en cualquier lugar, conectada con el dispositivo que sea, pueda ver el contenido que desee de manera completamente libre. Y no solamente se trata de contenidos. Es aquí donde empezamos a hablar de convergencia: además de los contenidos están los servicios. Para poner un ejemplo, el Estado exige a muchos contribuyentes subir declaraciones juradas o hacer presentaciones de diverso tipo en internet. Supongo que aquí hay gente que ha tenido inconvenientes al intentar cumplir con esos trámites cuando está en el interior del país, donde en general no hay buena conectividad.
El derecho a la comunicación a su vez contiene otros derechos: la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de estar informado. Además, brinda acceso a servicios de educación, de salud, etcétera. Por tal motivo, queremos asegurar el despliegue de infraestructura de fibra óptica en todos los lugares de la Argentina.
Como se ha dicho aquí, obviamente hay quienes no tienen la posibilidad de cubrir económicamente el costo de ese despliegue. Por tal motivo, habrá que contemplar cómo se integra socialmente a esos sectores de nuestra sociedad.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Quiero agradecer nuevamente la presencia de los invitados.
Si no hay más preguntas, damos por finalizada la reunión.
Si no hay más preguntas, damos por finalizada la reunión.