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COMUNICACIONES E INFORMATICA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 139
Secretario Administrativo CPN RANGUGNI SABRINA
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2144 Internos 2144/42
cceinformatica@hcdn.gob.ar
- COMUNICACIONES E INFORMATICA
Reunión del día 10/05/2016
- MEDIOS AUDIOVISUALES
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo de 2016, a la hora 17 y 32:
SR. PRESIDENTE BRÜEGGA Damos comienzo a la reunión de la Comisión de Comunicaciones e Informática del día de la fecha.
Agradecemos la visita de los representantes de las asociaciones que nos van a ilustrar sobre la temática a considerar.
Previamente, la Presidencia desea dar dos avisos importantes. En primer término, ya ha sido convocada la reunión conjunta de esta comisión y de la de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia en la que se recibirá a los representantes de las empresas telefónicas. Necesitamos imperiosamente que los señores diputados nos envíen, antes del jueves al mediodía, las preguntas que entienden que corresponden, dado que con la señora presidenta de la otra comisión estamos coordinando la reunión, a fin de que ella se desarrolle en forma ordenada. En función de las preguntas que los señores diputados vayan a formular podremos tener algún tipo de prelación en lo que respecta al otorgamiento del uso de la palabra y a la organización de la reunión.
Por lo tanto, reitero a los señores diputados que antes del jueves al mediodía deben enviar a la dirección de correo electrónico de la Secretaría de esta comisión todas las preguntas que quieran efectuar.
En segundo lugar, la Presidencia informa que falta designar dos secretarios de la comisión.
Tiene la palabra el señor diputado Seminara.
Agradecemos la visita de los representantes de las asociaciones que nos van a ilustrar sobre la temática a considerar.
Previamente, la Presidencia desea dar dos avisos importantes. En primer término, ya ha sido convocada la reunión conjunta de esta comisión y de la de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia en la que se recibirá a los representantes de las empresas telefónicas. Necesitamos imperiosamente que los señores diputados nos envíen, antes del jueves al mediodía, las preguntas que entienden que corresponden, dado que con la señora presidenta de la otra comisión estamos coordinando la reunión, a fin de que ella se desarrolle en forma ordenada. En función de las preguntas que los señores diputados vayan a formular podremos tener algún tipo de prelación en lo que respecta al otorgamiento del uso de la palabra y a la organización de la reunión.
Por lo tanto, reitero a los señores diputados que antes del jueves al mediodía deben enviar a la dirección de correo electrónico de la Secretaría de esta comisión todas las preguntas que quieran efectuar.
En segundo lugar, la Presidencia informa que falta designar dos secretarios de la comisión.
Tiene la palabra el señor diputado Seminara.
SR. SEMINARA Señor presidente: el bloque del Frente para la Victoria propone designar al señor diputado Rodrigo Rodríguez en el cargo de secretario de la comisión, dado que tiene los méritos suficientes para desempeñar y representarnos en esa función.
SR. PRESIDENTE BRÜGGER Tiene la palabra la señora diputada Rista.
SRA. RISTA Señor presidente: la semana pasada estuve en Córdoba, en las jornadas de Colsecor -donde se reúnen todas las cooperativas del país-, que se realizaron precisamente para que en los pueblos funcionen los cables, las radios y demás. Ellos me pidieron participar de estas reuniones. Ya envié el mail respectivo a la Secretaría de la comisión.
Señalo esto para que tengamos cerca a las cooperativas de radios o lo que tenga que ver con el tema audiovisual. Quiero recordarlo porque comprende a mucha gente y lo considero muy importante.
Señalo esto para que tengamos cerca a las cooperativas de radios o lo que tenga que ver con el tema audiovisual. Quiero recordarlo porque comprende a mucha gente y lo considero muy importante.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Informo a la señora diputada que en el cuarto lugar de la segunda página del listado de entidades a invitar figura precisamente Colsecor, y así está previsto desde el comienzo.
SRA. RISTA Pero ellos no lo saben.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE No lo saben porque todavía no les ha llegado la invitación. En la reunión anterior habíamos acordado como metodología que íbamos a ir invitando de a tres asociaciones por reunión, pero teniendo en cuenta también la agenda prevista en la comisión. No tenemos una agenda acotada. Además, recién estamos pensando a quiénes vamos a invitar el martes subsiguiente, ya que el próximo martes, a las 14 horas, tenemos prevista una reunión conjunta con la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, cuya duración ignoramos, por lo que mal podemos seguir con la agenda de invitados.
Aprovecho para informar que, en función de esa lista ya confeccionada, tenemos a los candidatos para invitar el martes subsiguiente. Por supuesto que Colsecor figura entre las entidades a invitar, y oportunamente le comunicaremos a esa entidad cuándo será recibida.
Aprovecho para informar que, en función de esa lista ya confeccionada, tenemos a los candidatos para invitar el martes subsiguiente. Por supuesto que Colsecor figura entre las entidades a invitar, y oportunamente le comunicaremos a esa entidad cuándo será recibida.
SRA. RISTA Simplemente lo mencioné porque ellos no se sentían invitados, y ahora sé por qué ha ocurrido eso.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Es que nadie puede sentirse invitado aún, ya que se irán enterando a medida que vayamos concretando las invitaciones. Este listado se confeccionó para tener una organización interna en la comisión, y oportunamente se cursarán las invitaciones respectivas.
Volviendo al tema, estábamos en medio de la designación de un secretario. En ese sentido, se propuso al señor diputado Rodrigo Rodríguez para ocupar una de las secretarías de la comisión. Como no hubo objeciones, ha quedado designado.
Faltaría designar quién ocuparía la otra Secretaría.
Tiene la palabra el señor diputado Wechsler.
Volviendo al tema, estábamos en medio de la designación de un secretario. En ese sentido, se propuso al señor diputado Rodrigo Rodríguez para ocupar una de las secretarías de la comisión. Como no hubo objeciones, ha quedado designado.
Faltaría designar quién ocuparía la otra Secretaría.
Tiene la palabra el señor diputado Wechsler.
SR. WECHSLER Señor presidente: dentro de los acuerdos alcanzados para la designación de autoridades, quiero proponer a la adorable diputada Blanca Rossi.
SRA. ROSSI Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Si no hay objeciones, daremos por aprobada la propuesta.
-No se formulan objeciones.
-No se formulan objeciones.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Queda entonces confirmada la diputada Blanca Rossi como secretaria de la comisión. Felicitaciones a ambos diputados por su designación. (Aplausos.)
Pasando ahora al tema que motiva la convocatoria, contamos hoy con la presencia de representantes de tres asociaciones, que son la Asociación Mundial de Radios Comunitarias -AMARC-, el Foro Argentino de Radios Comunitarias -FARCO- y la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina -ARBIA.
Tengo entendido que comenzaría FARCO, por lo que le cedo el uso de la palabra a su representante, Mariela Pugliese.
Pasando ahora al tema que motiva la convocatoria, contamos hoy con la presencia de representantes de tres asociaciones, que son la Asociación Mundial de Radios Comunitarias -AMARC-, el Foro Argentino de Radios Comunitarias -FARCO- y la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina -ARBIA.
Tengo entendido que comenzaría FARCO, por lo que le cedo el uso de la palabra a su representante, Mariela Pugliese.
SRA. PUGLIESE Señor presidente, señoras y señores diputados: soy Mariela Pugliese, actual presidenta de FARCO, que es una red de radios comunitarias. Somos aproximadamente unas cien radios en todo el país, que en muchos casos tenemos treinta años de vida -cuando empezó la historia de las radios comunitarias en la Argentina-, y en otros, en cambio, se trata de radios que nacieron, crecieron y se fortalecieron a partir de la sanción de ley 26.522, de servicios de comunicación audiovisual.
Esta red comenzó hace aproximadamente veinticinco años, en un contexto en el que los medios comunitarios éramos considerados ilegales. Nos conformamos de esta manera para buscar una protección entre nosotros mismos, entre las radios y las organizaciones, y así defendernos de las persecuciones y de la ilegalidad, e incluso para pensar recursos legales que permitieran superar los decomisos o la situación de no poder ejercer libremente el derecho a la comunicación.
Posteriormente, a lo largo de los años pudimos descubrir que además de eso teníamos muchos elementos comunes, por lo que FARCO se fue constituyendo en una red que no solamente trabaja en forma conjunta desde lo legal, sino que -sobre todo en la actualidad- también lo hace en la formación de estos medios comunitarios en todo el país, en la creación de nuevos medios y en el apoyo y acompañamiento organizacional.
Pero además, hace aproximadamente veinte años también se empezó a pensar en la importancia de un sistema de medios diferente en la Argentina, donde la palabra se distribuyera en forma equitativa y, por lo tanto, los recursos y la gestión de los medios también tuviera una participación igualitaria para todos los hombres y mujeres que en ese momento ya ejercíamos el derecho a la comunicación.
Así, a lo largo del tiempo, estas ideas e inquietudes que compartimos los medios comunitarios fueron confluyendo con otras organizaciones diferentes, como universidades, sindicatos y organizaciones de derechos humanos. De esta manera se organizó en 2004 la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que después dio lugar a la Coalición por una Comunicación Democrática.
Cuento todo esto porque tiene absolutamente que ver con la ley que fue sancionada en el Congreso Nacional y también con lo que hoy estamos planteando, que es la importancia de seguir defendiendo nuestro sector.
Por eso hablaba de un sistema de medios. En ese momento ni siquiera se pensó que fuera una ley para medios comunitarios o beneficiosa para ellos.
En este sentido también quiero señalar que a veces hay una confusión sobre quiénes somos los medios comunitarios. A veces se piensa que los medios comunitarios somos medios pequeños, barriales, que tenemos dificultades técnicas o que somos pobres. Por supuesto que todo eso tiene que ver con la historia de muchos de nuestros medios comunitarios, pero de ninguna manera tiene que ver con la definición de ellos y mucho menos con sus objetivos.
Los medios comunitarios nos caracterizamos por nuestra forma de hacer comunicación, por pararnos ante la comunicación como el ejercicio de un derecho, por construir esta comunicación desde lo colectivo, desde las comunidades. La comunicación comunitaria no es un departamento con un micrófono y con un trasmisor, sino que es aire, pero también territorio. La comunicación comunitaria se construye en el territorio y después se convierte en comunicación.
Por eso es tan importante ejercer este derecho, porque hace a la identidad de nuestro pueblo y, además, a la posibilidad de construirnos como ciudadanos y ciudadanas. A veces se confunde y se piensa: "llevo la torta de la vecina", "cuento que el perro se me escapó", y eso puede ser parte de la anécdota de un medio comunitario. Pero el medo comunitario lo que hace es tener un proyecto político comunicacional que busca trasformar la realidad de nuestras comunidades, no sólo territoriales en el territorio pequeño, sino también nacionales.
Por esa razón los medios comunitarios defendemos, por ejemplo, el 33 por ciento que conseguimos con la ley 26.522, porque lo que se está defendiendo con ese porcentaje es la disputa del sentido social. Nosotros nos paramos en un lugar que es diferente al mercado, es decir, que es distinto de pensar la comunicación como un negocio.
Pero no se trata solamente de la comunicación, ya que en nuestros medios comunitarios también se piensa la economía social y solidaria como algo diferente de la economía de mercado. Asimismo, a veces se piensa la construcción política de una forma diferente porque hay muchas maneras de pensar en lo autogestivo, en la construcción participativa, de un modo que no consiste solamente en poner un voto, sino en tener espacios de participación activa en las comunidades.
Hay una manera de ver el país y los territorios que lo conforman que es diferente. Por eso este 33 por ciento es importante, porque ahí se construye esta otra manera de ver el mundo. Y por eso es importante que este 33 por ciento sea fuerte.
Uno de los aspectos fundamentales en la ley 26.522 es el acceso en condiciones iguales al 33 por ciento con respecto a otros actores de la comunicación. Me refiero a otros actores que tienen mecanismos de mercado legítimos y con los cuales, de hecho, compartimos mucho en muchos casos, porque acá no es una cuestión de quitar el valor de otro sino todo lo contrario, es decir, de integrar un espacio común en el que diferentes formas de pensar, de actuar y de construir la comunicación sean posibles.
En ese acceso igualitario defendemos, por ejemplo, la idea de que no haya un tope a la potencia. Cuando hablo de potencia me refiero a que nuestros transmisores pueden ser igualmente potentes que los de los medios comerciales, más allá de que después, en la práctica, algunos lo sean y otros no tanto, por supuesto, pero que no sea el corset legal el que nos lo impida.
también valoramos algo que conseguimos con la ley, que es la posibilidad de que esta construcción ciudadana que son los medios comunitarios tenga un acompañamiento por parte de políticas públicas de sostenibilidad, como es, por ejemplo, el Fondo de Fomento Concursable -Fomeca-, que representa el 10 por ciento de la recaudación impositiva en medios audiovisuales y que se encuentra administrado por la autoridad de aplicación, que hoy es el Enacom.
Esta es, además, una manera de compensar las desigualdades que se establecen cuando existe un mercado como el nuestro. No voy a hablar de mercado concentrado o monopólico, porque eso es algo que cuestionamos directamente, pero lo cierto es que este es un mercado grande, lo que es válido, en el que a veces hay actores más fuertes. Ahora bien, si existe una decisión de que la comunicación realmente se ejerza como un derecho, ello requiere que el Estado intervenga para equiparar mínimamente estas condiciones.
Entonces, para nosotros el Fondo de Fomento Concursable es una de las herramientas para que esto sea posible y para que, como lo señalan los estándares de libertad de expresión y el derecho a la comunicación de la OEA, de la ONU y de la Unesco, la comunicación la podamos ejercer no solamente ciudadanos y ciudadanas, sino en realidad, todos los habitantes, porque niños y niñas, por ejemplo, también tienen el derecho a ejercerlo.
A nuestro juicio, todo esto requiere de un acompañamiento por parte del Estado, así como también lo requieren las industriales culturales o las productivas, es decir, en aquellos ámbitos donde realmente existe una decisión de que nuestro país crezca. Por eso es que el Estado toma a veces la decisión de quitar impuestos o de acompañar con herramientas como el Fondo de Fomento Concursable, subsidios o políticas específicas a algunos sectores, desde el textil o la producción de zapatos hasta los medios comunitarios y las bibliotecas populares.
En ese sentido, y preocupados por estas cuestiones que consideramos centrales, como es la posibilidad de ejercer libremente el derecho a la comunicación y la libertad de expresión, así como poder gestionar nuestros propios medios, es importante entender que el derecho a la comunicación no es algo que nos lo prestan; no es que alguien nos da lugar en su medio y eso permite que una comunidad se exprese.
El hecho de ser dueños colectivos de nuestros medios -porque no somos dueños privados- nos permite construir nuestros propios discursos y armar una agenda propia, lo que consideramos fundamental para que este derecho sea ejercido de manera plena.
En ese sentido, quiero decir que FARCO cuestiona y objeta la legalidad y la legitimidad de los decretos de diciembre de 2015 que modifican la institucionalidad que estableció la ley, y específicamente el decreto 267/15, que consideramos que directamente trastoca los valores fundamentales de la ley 26.522. Esto ocurre desde un punto de vista institucional, habida cuenta de que se modifica la pluralidad que contemplaba la ley para la conformación del directorio, que había sido muy discutida y que fue una de las propuestas que figuraba entre los 21 puntos básicos impulsados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática. En efecto, de acuerdo con la ley el directorio estaba integrado por dos miembros del Poder Ejecutivo, tres del Poder Legislativo y dos que eran elegidos por la sociedad civil a través del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Ahora, debido a la modificación introducida por el decreto, ese órgano está integrado por cuatro miembros del Poder Ejecutivo y tres del Poder Legislativo. La sociedad civil queda fuera de la posibilidad de participar de manera plural en la gestión del organismo, y además, el Poder Ejecutivo queda con una mayoría automática.
Esto es algo que trasciende la gestión particular de este gobierno, ya que está plasmado en un decreto, y si no se modifica o no se vuelve atrás con la medida, quedará vigente esta decisión vertical o autoritaria, según entienden la OEA y la ONU, como decía antes, en cuanto a la participación plural de las instituciones, y esto nos preocupa enormemente.
Además, se diluyó el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, un organismo que integrábamos no solamente los representantes de medios de todas las provincias del país sino también sectores como los medios públicos y comunitarios, los pueblos originarios, las pymes, las grandes empresas, las sociedades gestoras de derechos y todo este conglomerado que participábamos en el Consejo Federal y que teníamos importantes funciones específicas. Allí se contemplaba una democracia mucho más avanzada y plena para nuestro país, con un ejercicio que, más allá de las coyunturas políticas, mostraba que en la letra nuestro país es -o mejor dicho, era- señero en materia de políticas de comunicaciones y en leyes que fueron imitadas en toda América Latina. Incluso han convocado a FARCO -y también a otras organizaciones- para dar lineamientos tendientes a redactar las leyes de otros países de América Latina, como El Salvador, Ecuador, Brasil, Bolivia o Costa Rica.
Sr. Presidente (Brügger).- La Presidencia le recuerda que restan tres minutos del tiempo de que dispone para hacer uso de la palabra, por lo que le ruega que redondee su exposición.
Esta red comenzó hace aproximadamente veinticinco años, en un contexto en el que los medios comunitarios éramos considerados ilegales. Nos conformamos de esta manera para buscar una protección entre nosotros mismos, entre las radios y las organizaciones, y así defendernos de las persecuciones y de la ilegalidad, e incluso para pensar recursos legales que permitieran superar los decomisos o la situación de no poder ejercer libremente el derecho a la comunicación.
Posteriormente, a lo largo de los años pudimos descubrir que además de eso teníamos muchos elementos comunes, por lo que FARCO se fue constituyendo en una red que no solamente trabaja en forma conjunta desde lo legal, sino que -sobre todo en la actualidad- también lo hace en la formación de estos medios comunitarios en todo el país, en la creación de nuevos medios y en el apoyo y acompañamiento organizacional.
Pero además, hace aproximadamente veinte años también se empezó a pensar en la importancia de un sistema de medios diferente en la Argentina, donde la palabra se distribuyera en forma equitativa y, por lo tanto, los recursos y la gestión de los medios también tuviera una participación igualitaria para todos los hombres y mujeres que en ese momento ya ejercíamos el derecho a la comunicación.
Así, a lo largo del tiempo, estas ideas e inquietudes que compartimos los medios comunitarios fueron confluyendo con otras organizaciones diferentes, como universidades, sindicatos y organizaciones de derechos humanos. De esta manera se organizó en 2004 la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que después dio lugar a la Coalición por una Comunicación Democrática.
Cuento todo esto porque tiene absolutamente que ver con la ley que fue sancionada en el Congreso Nacional y también con lo que hoy estamos planteando, que es la importancia de seguir defendiendo nuestro sector.
Por eso hablaba de un sistema de medios. En ese momento ni siquiera se pensó que fuera una ley para medios comunitarios o beneficiosa para ellos.
En este sentido también quiero señalar que a veces hay una confusión sobre quiénes somos los medios comunitarios. A veces se piensa que los medios comunitarios somos medios pequeños, barriales, que tenemos dificultades técnicas o que somos pobres. Por supuesto que todo eso tiene que ver con la historia de muchos de nuestros medios comunitarios, pero de ninguna manera tiene que ver con la definición de ellos y mucho menos con sus objetivos.
Los medios comunitarios nos caracterizamos por nuestra forma de hacer comunicación, por pararnos ante la comunicación como el ejercicio de un derecho, por construir esta comunicación desde lo colectivo, desde las comunidades. La comunicación comunitaria no es un departamento con un micrófono y con un trasmisor, sino que es aire, pero también territorio. La comunicación comunitaria se construye en el territorio y después se convierte en comunicación.
Por eso es tan importante ejercer este derecho, porque hace a la identidad de nuestro pueblo y, además, a la posibilidad de construirnos como ciudadanos y ciudadanas. A veces se confunde y se piensa: "llevo la torta de la vecina", "cuento que el perro se me escapó", y eso puede ser parte de la anécdota de un medio comunitario. Pero el medo comunitario lo que hace es tener un proyecto político comunicacional que busca trasformar la realidad de nuestras comunidades, no sólo territoriales en el territorio pequeño, sino también nacionales.
Por esa razón los medios comunitarios defendemos, por ejemplo, el 33 por ciento que conseguimos con la ley 26.522, porque lo que se está defendiendo con ese porcentaje es la disputa del sentido social. Nosotros nos paramos en un lugar que es diferente al mercado, es decir, que es distinto de pensar la comunicación como un negocio.
Pero no se trata solamente de la comunicación, ya que en nuestros medios comunitarios también se piensa la economía social y solidaria como algo diferente de la economía de mercado. Asimismo, a veces se piensa la construcción política de una forma diferente porque hay muchas maneras de pensar en lo autogestivo, en la construcción participativa, de un modo que no consiste solamente en poner un voto, sino en tener espacios de participación activa en las comunidades.
Hay una manera de ver el país y los territorios que lo conforman que es diferente. Por eso este 33 por ciento es importante, porque ahí se construye esta otra manera de ver el mundo. Y por eso es importante que este 33 por ciento sea fuerte.
Uno de los aspectos fundamentales en la ley 26.522 es el acceso en condiciones iguales al 33 por ciento con respecto a otros actores de la comunicación. Me refiero a otros actores que tienen mecanismos de mercado legítimos y con los cuales, de hecho, compartimos mucho en muchos casos, porque acá no es una cuestión de quitar el valor de otro sino todo lo contrario, es decir, de integrar un espacio común en el que diferentes formas de pensar, de actuar y de construir la comunicación sean posibles.
En ese acceso igualitario defendemos, por ejemplo, la idea de que no haya un tope a la potencia. Cuando hablo de potencia me refiero a que nuestros transmisores pueden ser igualmente potentes que los de los medios comerciales, más allá de que después, en la práctica, algunos lo sean y otros no tanto, por supuesto, pero que no sea el corset legal el que nos lo impida.
también valoramos algo que conseguimos con la ley, que es la posibilidad de que esta construcción ciudadana que son los medios comunitarios tenga un acompañamiento por parte de políticas públicas de sostenibilidad, como es, por ejemplo, el Fondo de Fomento Concursable -Fomeca-, que representa el 10 por ciento de la recaudación impositiva en medios audiovisuales y que se encuentra administrado por la autoridad de aplicación, que hoy es el Enacom.
Esta es, además, una manera de compensar las desigualdades que se establecen cuando existe un mercado como el nuestro. No voy a hablar de mercado concentrado o monopólico, porque eso es algo que cuestionamos directamente, pero lo cierto es que este es un mercado grande, lo que es válido, en el que a veces hay actores más fuertes. Ahora bien, si existe una decisión de que la comunicación realmente se ejerza como un derecho, ello requiere que el Estado intervenga para equiparar mínimamente estas condiciones.
Entonces, para nosotros el Fondo de Fomento Concursable es una de las herramientas para que esto sea posible y para que, como lo señalan los estándares de libertad de expresión y el derecho a la comunicación de la OEA, de la ONU y de la Unesco, la comunicación la podamos ejercer no solamente ciudadanos y ciudadanas, sino en realidad, todos los habitantes, porque niños y niñas, por ejemplo, también tienen el derecho a ejercerlo.
A nuestro juicio, todo esto requiere de un acompañamiento por parte del Estado, así como también lo requieren las industriales culturales o las productivas, es decir, en aquellos ámbitos donde realmente existe una decisión de que nuestro país crezca. Por eso es que el Estado toma a veces la decisión de quitar impuestos o de acompañar con herramientas como el Fondo de Fomento Concursable, subsidios o políticas específicas a algunos sectores, desde el textil o la producción de zapatos hasta los medios comunitarios y las bibliotecas populares.
En ese sentido, y preocupados por estas cuestiones que consideramos centrales, como es la posibilidad de ejercer libremente el derecho a la comunicación y la libertad de expresión, así como poder gestionar nuestros propios medios, es importante entender que el derecho a la comunicación no es algo que nos lo prestan; no es que alguien nos da lugar en su medio y eso permite que una comunidad se exprese.
El hecho de ser dueños colectivos de nuestros medios -porque no somos dueños privados- nos permite construir nuestros propios discursos y armar una agenda propia, lo que consideramos fundamental para que este derecho sea ejercido de manera plena.
En ese sentido, quiero decir que FARCO cuestiona y objeta la legalidad y la legitimidad de los decretos de diciembre de 2015 que modifican la institucionalidad que estableció la ley, y específicamente el decreto 267/15, que consideramos que directamente trastoca los valores fundamentales de la ley 26.522. Esto ocurre desde un punto de vista institucional, habida cuenta de que se modifica la pluralidad que contemplaba la ley para la conformación del directorio, que había sido muy discutida y que fue una de las propuestas que figuraba entre los 21 puntos básicos impulsados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática. En efecto, de acuerdo con la ley el directorio estaba integrado por dos miembros del Poder Ejecutivo, tres del Poder Legislativo y dos que eran elegidos por la sociedad civil a través del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Ahora, debido a la modificación introducida por el decreto, ese órgano está integrado por cuatro miembros del Poder Ejecutivo y tres del Poder Legislativo. La sociedad civil queda fuera de la posibilidad de participar de manera plural en la gestión del organismo, y además, el Poder Ejecutivo queda con una mayoría automática.
Esto es algo que trasciende la gestión particular de este gobierno, ya que está plasmado en un decreto, y si no se modifica o no se vuelve atrás con la medida, quedará vigente esta decisión vertical o autoritaria, según entienden la OEA y la ONU, como decía antes, en cuanto a la participación plural de las instituciones, y esto nos preocupa enormemente.
Además, se diluyó el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, un organismo que integrábamos no solamente los representantes de medios de todas las provincias del país sino también sectores como los medios públicos y comunitarios, los pueblos originarios, las pymes, las grandes empresas, las sociedades gestoras de derechos y todo este conglomerado que participábamos en el Consejo Federal y que teníamos importantes funciones específicas. Allí se contemplaba una democracia mucho más avanzada y plena para nuestro país, con un ejercicio que, más allá de las coyunturas políticas, mostraba que en la letra nuestro país es -o mejor dicho, era- señero en materia de políticas de comunicaciones y en leyes que fueron imitadas en toda América Latina. Incluso han convocado a FARCO -y también a otras organizaciones- para dar lineamientos tendientes a redactar las leyes de otros países de América Latina, como El Salvador, Ecuador, Brasil, Bolivia o Costa Rica.
Sr. Presidente (Brügger).- La Presidencia le recuerda que restan tres minutos del tiempo de que dispone para hacer uso de la palabra, por lo que le ruega que redondee su exposición.
SRA. PUGLIESE Así lo haré, señor presidente.
Vemos con preocupación que con estos decretos vigentes y hasta que se sancione la nueva ley se estarán violando los derechos de libertad de expresión y de comunicación. Señalo esto más allá de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -donde nos presentamos para cuestionarlos- ha considerado que esos decretos son algo transitorio porque se supone que deberían ser modificados por una futura ley. Igualmente, la comisión a su vez estableció que evaluará dichos decretos.
Esto no lo decimos solamente nosotros -aunque ya lo consideramos así- sino también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo planteó en la audiencia que tuvimos, dando como hecho que es una transición y se supone que se va a rectificar con una futura ley.
Desde FARCO planteamos la preocupación de que mientras esto sucede están pasando cosas a nivel municipal, provincial y nacional donde los medios concentrados y monopólicos van reorganizando el sistema de medios de acuerdo con su funcionalidad e intereses, lo que en el caso de las radios nos afecta en parte, aunque mucho más gravemente en el del cable y las televisión. Esto no va a cambiar con una futura ley porque posiblemente no se retroceda en lo establecido.
Mientras tanto, ya se modificó -o se va hacia ello- todo el espectro, y cada día que pasa consideramos que la situación de violación de derechos es más grave. Esto no estaba sucediendo en nuestro país y nos coloca en una posición de retroceso de la calidad institucional y democrática que hasta ahora vivimos.
Vemos con preocupación que con estos decretos vigentes y hasta que se sancione la nueva ley se estarán violando los derechos de libertad de expresión y de comunicación. Señalo esto más allá de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -donde nos presentamos para cuestionarlos- ha considerado que esos decretos son algo transitorio porque se supone que deberían ser modificados por una futura ley. Igualmente, la comisión a su vez estableció que evaluará dichos decretos.
Esto no lo decimos solamente nosotros -aunque ya lo consideramos así- sino también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo planteó en la audiencia que tuvimos, dando como hecho que es una transición y se supone que se va a rectificar con una futura ley.
Desde FARCO planteamos la preocupación de que mientras esto sucede están pasando cosas a nivel municipal, provincial y nacional donde los medios concentrados y monopólicos van reorganizando el sistema de medios de acuerdo con su funcionalidad e intereses, lo que en el caso de las radios nos afecta en parte, aunque mucho más gravemente en el del cable y las televisión. Esto no va a cambiar con una futura ley porque posiblemente no se retroceda en lo establecido.
Mientras tanto, ya se modificó -o se va hacia ello- todo el espectro, y cada día que pasa consideramos que la situación de violación de derechos es más grave. Esto no estaba sucediendo en nuestro país y nos coloca en una posición de retroceso de la calidad institucional y democrática que hasta ahora vivimos.
SR. PRESIDENTE BRÜGGER Agradecemos a la señora Mariela Pugliese, representante de FARCO, por sus palabras.
La idea es que se produzca un contacto con todos los diputados que integran la comisión y las organizaciones que se presentan aquí. Por lo tanto, seguiremos en contacto por medio de las preguntas que van a elevar los diputados y diputadas a fin de que hagamos un trabajo de feed back y nos ilustremos en ese sentido.
Tiene la palabra el señor diputado D'Agostino.
La idea es que se produzca un contacto con todos los diputados que integran la comisión y las organizaciones que se presentan aquí. Por lo tanto, seguiremos en contacto por medio de las preguntas que van a elevar los diputados y diputadas a fin de que hagamos un trabajo de feed back y nos ilustremos en ese sentido.
Tiene la palabra el señor diputado D'Agostino.
SR. D'AGOSTINO Señor presidente: quiero saber si hacemos las preguntas ahora o la asociación las va a responder por escrito.
SR. PRESIDENTE BRÜGGER La Presidencia considera que, para ser más ordenados, es conveniente hacer una pregunta por bloque y realizar luego el resto de las consultas por escrito a fin de aprovechar la relación directa. Si hay acuerdo, podemos proceder de esta forma. De lo contrario, no tengo ningún inconveniente en abrir el debate. ¿Qué es lo que propone?
SR. D'AGOSTINO Si bien tenía más preguntas para hacer, voy a comenzar por formular una de ellas.
La señora Pugliese se refirió a las radios comunitarias señalando que no debían tener límites en cuanto a su potencia y haciendo mención a la reserva del 33 por ciento. Me gustaría saber si lo que quiso decir es que con el privilegio de esa reserva del 33 por ciento iguala a la habilitación de las categorías A y B de las radios comerciales.
La señora Pugliese se refirió a las radios comunitarias señalando que no debían tener límites en cuanto a su potencia y haciendo mención a la reserva del 33 por ciento. Me gustaría saber si lo que quiso decir es que con el privilegio de esa reserva del 33 por ciento iguala a la habilitación de las categorías A y B de las radios comerciales.
SR. PUGLIESE En la ley actual hay una reserva del 33 por ciento para medios sin fines de lucro. El otro 67 por ciento está abierto a medios comerciales, públicos y de pueblos originarios. En ese 33 por ciento hoy, por la ley, no hay restricciones de potencia, como así tampoco en cuanto a la posibilidad de manejar publicidad y recursos. Los medios comunitarios no tenemos restricciones porque justamente eso es lo que garantiza el derecho de comunicación.
Por supuesto que reivindicamos la posibilidad de tener categoría A o B, porque justamente consideramos que el derecho a la comunicación no tiene un tope o límite y no tiene que ser más chico para los que precisamente no están dentro del mercado.
Es verdad que en la práctica -esto también lo digo para espantar tal vez algún fantasma- no todos los medios comunitarios vamos a tener categoría A o B, porque por supuesto, así como consideramos que tiene que haber igualdad de condiciones de acceso, también respetamos y creemos que tiene que haber igualdad de condiciones y obligaciones. Es decir que los que accedan a la categoría A o B tendrán que pagar los costos económicos o de otro tipo que implique adquirirlas. Lo más probable es que no sean todas las radios comunitarias. Además debemos aclarar que en el ámbito rural, por ejemplo, donde hay muchas radios comunitarias, tampoco hay necesidad de tener una categoría A, porque con un transmisor de 250 vatios, con el que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires literalmente no se llega a tres cuadras, se llega a un territorio de varios kilómetros. De manera tal que es relativo.
En las grandes ciudades, donde existe una alta densidad poblacional, consideramos que efectivamente hay radios comunitarias que tienen absoluta capacidad de producción audiovisual y radiofónica como para ser parte del sistema de medios en la categoría A o B. Además, ahí hay una cuestión incluso de no regresividad de los derechos. En efecto, existe un derecho adquirido, y de acuerdo con la ley internacional, no se puede ir para atrás. De manera que nos parece importante respetar también ese aspecto.
Por supuesto que reivindicamos la posibilidad de tener categoría A o B, porque justamente consideramos que el derecho a la comunicación no tiene un tope o límite y no tiene que ser más chico para los que precisamente no están dentro del mercado.
Es verdad que en la práctica -esto también lo digo para espantar tal vez algún fantasma- no todos los medios comunitarios vamos a tener categoría A o B, porque por supuesto, así como consideramos que tiene que haber igualdad de condiciones de acceso, también respetamos y creemos que tiene que haber igualdad de condiciones y obligaciones. Es decir que los que accedan a la categoría A o B tendrán que pagar los costos económicos o de otro tipo que implique adquirirlas. Lo más probable es que no sean todas las radios comunitarias. Además debemos aclarar que en el ámbito rural, por ejemplo, donde hay muchas radios comunitarias, tampoco hay necesidad de tener una categoría A, porque con un transmisor de 250 vatios, con el que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires literalmente no se llega a tres cuadras, se llega a un territorio de varios kilómetros. De manera tal que es relativo.
En las grandes ciudades, donde existe una alta densidad poblacional, consideramos que efectivamente hay radios comunitarias que tienen absoluta capacidad de producción audiovisual y radiofónica como para ser parte del sistema de medios en la categoría A o B. Además, ahí hay una cuestión incluso de no regresividad de los derechos. En efecto, existe un derecho adquirido, y de acuerdo con la ley internacional, no se puede ir para atrás. De manera que nos parece importante respetar también ese aspecto.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Seguramente surgirán nuevas preguntas, señora Pugliese, por lo que nos mantendremos en comunicación. Este es el puntapié inicial de una relación con todas las asociaciones que entendemos que nos pueden ilustrar en este tema.
Vamos a escuchar ahora a los representantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias -AMARC-, Liliana Belforte, Rafael López Binaghi y Lionel Martín.
Vamos a escuchar ahora a los representantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias -AMARC-, Liliana Belforte, Rafael López Binaghi y Lionel Martín.
SRA. BELFORTE Señor presidente: en primer lugar, agradezco la invitación para participar en esta reunión. Trataré de ser sintética para no reiterar lo que ya se ha dicho.
Somos una organización hermana de FARCO, con la que hemos compartido distintas experiencias. AMARC forma parte de una organización internacional que tiene más de treinta años en lo que hace al desarrollo de la comunicación. Funciona en los seis continentes y cuenta además con una representación en América Latina y el Caribe, estando dividida en subregiones.
Por su parte, AMARC Argentina es una representación nacional con distintos colectivos, que está conformada por radios y televisoras comunitarias, así como socios y socias individuales de todo el país.
Decía que no quería ser reiterativa, pero sí quiero contar la experiencia de AMARC desde su conformación como organización, en cuanto a lo que significó la Coalición por una Radiodifusión Democrática, ese espacio creado allá por 2005 con el fin de delinear el desarrollo de una ley que contuviera sobre todo al sector sin fines de lucro.
Con relación a la pregunta que hace instantes formulaba el señor diputado D'Agostino, debemos entender por qué sería una discriminación positiva pensar la posibilidad de que hubiera un acceso determinado para los sectores sin fines de lucro a una licencia en determinadas zonas y con determinadas categorías, que en general son la E y la F, es decir, las más bajas.
De hecho, por primera vez el sector sin fines de lucro, incluyendo a las cooperativas, obtuvimos el acceso a una licencia por concurso, para ser utilizada en algunos casos por pueblos originarios, pero básicamente significó el acceso a una licencia. Creo que ese es el derecho que se ha alcanzado y que no se puede retrotraer, pues se trata de un derecho ganado y garantizado.
Quisiera manifestar el porqué de la preocupación que tenemos en este momento. En representación de FARCO, Mariela Pugliese decía algo que quiero reiterar porque me parece que no es menor. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un ámbito muy particular, ha atendido la petición de diferentes organizaciones de la sociedad civil frente a una demanda contra el Estado argentino por la violación ya referida, particularmente en cuanto a los dos decretos de necesidad y urgencia, que si bien han sido ratificados por el Congreso Nacional -que ustedes integran-, debe entenderse que nos afectan en nuestros derechos.
Mariela Pugliese recordaba que todo nuestro sector tenía una participación en el Consejo Federal desde 2009 -sin contar el año y medio que estuvo suspendida la ley-, con la implicancia que esto tuvo en la construcción de una comunicación federal. Ese Consejo Federal de Comunicación Audiovisual tenía representación de todos los sectores, y quitar ese derecho, como se hizo, nos genera una necesidad ante lo que se viene, que es una nueva legislación, en el marco de lo que ahora se llama "servicios convergentes", una ley de convergencia tecnológica o como quiera denominarse.
Quizás ustedes han sido en su momento parte del proceso que significó la no inclusión de las telecomunicaciones para que pudiera sancionarse la ley de servicios de comunicación audiovisual. No fue un tema menor para que eso sucediera.
En este proceso, que es mucho más complejo, me parece que hay tres o cuatro cuestiones a tener en cuenta. Nosotros, como organización, ahí reivindicamos lo que ha sido esta construcción, de nuevo, de estos 21 puntos de la Coalición por una Comunicación Democrática. En ese sentido, simplemente voy a puntualizar algunas cuestiones.
En primer término, el hecho de pensar que el derecho a la comunicación es un derecho adquirido. La ley anterior era un piso de derechos respecto de los cuales una de las representaciones más importantes, la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pone el acento en eso. Estamos en un momento en el que va a haber una transición, pero en ella -Mariela hacía referencia a eso- ya hay intereses afectados. Me refiero a intereses que vulneran aquello que había sido y que responde a los estándares internacionales que la Argentina ratificó, porque nuestro país ha sido parte integrante de la comisión.
Las otras cuestiones a tener en cuenta son la limitación de la concentración y las prácticas que atentan contra la democracia a la hora de limitar la promoción de la diversidad y el pluralismo, como así también la restricción de la circulación de ideas en este proceso.
Cuando se habla de nuevos actores hay que entender que eso tiene que ver con mucho de lo que es sin fines de lucro, con muchas de las radios escolares y con el proceso que se ha dado con muchos de los pueblos originarios. Los que vienen de distintas partes del país sabrán lo que significa la comunicación y el acceso a ella.
Uno de los temas fundamentales es cómo se garantiza esa diversidad, lo que tiene que ver con la cuota de pantalla, la producción local y lo que ha significado.
Hoy nosotros, charlando en la mesa con algunos compañeros, decíamos que antes habitualmente consultábamos muy asiduamente lo que era la producción de las agencias nacionales. Hoy eso no se necesita porque hay producción local, hay mucha circulación y producción en el ámbito que hoy se necesita. Debemos reforzar lo regional, la diversidad, pero con una mirada local y no centrada en Buenos Aires.
Entre otras cuestiones debemos exigir el rol activo del Estado. Este último tiene que garantizar que se cumplan los derechos a través de un marco regulatorio que sea equitativo.
Con la reunión de Colsecor ustedes tendrán elementos de análisis para entender lo que significa la circulación con la fibra óptica y el hecho de que el acceso a Internet sea equitativo, como así también el tema de la distribución de las cooperativas y todo lo que eso implica. Me parece que es algo que excede la posibilidad de precisar cada uno de esos puntos.
Por lo tanto, agradecemos este especio, pero me parece que también es interesante que ustedes puedan conocer en detalle qué es lo que se vive en cada uno de estos lugares y por qué no nos aferramos a una ley en sí misma. Entendemos que allí hubo un proceso de avance de la Argentina para garantizar el derecho a la comunicación.
Somos una organización hermana de FARCO, con la que hemos compartido distintas experiencias. AMARC forma parte de una organización internacional que tiene más de treinta años en lo que hace al desarrollo de la comunicación. Funciona en los seis continentes y cuenta además con una representación en América Latina y el Caribe, estando dividida en subregiones.
Por su parte, AMARC Argentina es una representación nacional con distintos colectivos, que está conformada por radios y televisoras comunitarias, así como socios y socias individuales de todo el país.
Decía que no quería ser reiterativa, pero sí quiero contar la experiencia de AMARC desde su conformación como organización, en cuanto a lo que significó la Coalición por una Radiodifusión Democrática, ese espacio creado allá por 2005 con el fin de delinear el desarrollo de una ley que contuviera sobre todo al sector sin fines de lucro.
Con relación a la pregunta que hace instantes formulaba el señor diputado D'Agostino, debemos entender por qué sería una discriminación positiva pensar la posibilidad de que hubiera un acceso determinado para los sectores sin fines de lucro a una licencia en determinadas zonas y con determinadas categorías, que en general son la E y la F, es decir, las más bajas.
De hecho, por primera vez el sector sin fines de lucro, incluyendo a las cooperativas, obtuvimos el acceso a una licencia por concurso, para ser utilizada en algunos casos por pueblos originarios, pero básicamente significó el acceso a una licencia. Creo que ese es el derecho que se ha alcanzado y que no se puede retrotraer, pues se trata de un derecho ganado y garantizado.
Quisiera manifestar el porqué de la preocupación que tenemos en este momento. En representación de FARCO, Mariela Pugliese decía algo que quiero reiterar porque me parece que no es menor. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un ámbito muy particular, ha atendido la petición de diferentes organizaciones de la sociedad civil frente a una demanda contra el Estado argentino por la violación ya referida, particularmente en cuanto a los dos decretos de necesidad y urgencia, que si bien han sido ratificados por el Congreso Nacional -que ustedes integran-, debe entenderse que nos afectan en nuestros derechos.
Mariela Pugliese recordaba que todo nuestro sector tenía una participación en el Consejo Federal desde 2009 -sin contar el año y medio que estuvo suspendida la ley-, con la implicancia que esto tuvo en la construcción de una comunicación federal. Ese Consejo Federal de Comunicación Audiovisual tenía representación de todos los sectores, y quitar ese derecho, como se hizo, nos genera una necesidad ante lo que se viene, que es una nueva legislación, en el marco de lo que ahora se llama "servicios convergentes", una ley de convergencia tecnológica o como quiera denominarse.
Quizás ustedes han sido en su momento parte del proceso que significó la no inclusión de las telecomunicaciones para que pudiera sancionarse la ley de servicios de comunicación audiovisual. No fue un tema menor para que eso sucediera.
En este proceso, que es mucho más complejo, me parece que hay tres o cuatro cuestiones a tener en cuenta. Nosotros, como organización, ahí reivindicamos lo que ha sido esta construcción, de nuevo, de estos 21 puntos de la Coalición por una Comunicación Democrática. En ese sentido, simplemente voy a puntualizar algunas cuestiones.
En primer término, el hecho de pensar que el derecho a la comunicación es un derecho adquirido. La ley anterior era un piso de derechos respecto de los cuales una de las representaciones más importantes, la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pone el acento en eso. Estamos en un momento en el que va a haber una transición, pero en ella -Mariela hacía referencia a eso- ya hay intereses afectados. Me refiero a intereses que vulneran aquello que había sido y que responde a los estándares internacionales que la Argentina ratificó, porque nuestro país ha sido parte integrante de la comisión.
Las otras cuestiones a tener en cuenta son la limitación de la concentración y las prácticas que atentan contra la democracia a la hora de limitar la promoción de la diversidad y el pluralismo, como así también la restricción de la circulación de ideas en este proceso.
Cuando se habla de nuevos actores hay que entender que eso tiene que ver con mucho de lo que es sin fines de lucro, con muchas de las radios escolares y con el proceso que se ha dado con muchos de los pueblos originarios. Los que vienen de distintas partes del país sabrán lo que significa la comunicación y el acceso a ella.
Uno de los temas fundamentales es cómo se garantiza esa diversidad, lo que tiene que ver con la cuota de pantalla, la producción local y lo que ha significado.
Hoy nosotros, charlando en la mesa con algunos compañeros, decíamos que antes habitualmente consultábamos muy asiduamente lo que era la producción de las agencias nacionales. Hoy eso no se necesita porque hay producción local, hay mucha circulación y producción en el ámbito que hoy se necesita. Debemos reforzar lo regional, la diversidad, pero con una mirada local y no centrada en Buenos Aires.
Entre otras cuestiones debemos exigir el rol activo del Estado. Este último tiene que garantizar que se cumplan los derechos a través de un marco regulatorio que sea equitativo.
Con la reunión de Colsecor ustedes tendrán elementos de análisis para entender lo que significa la circulación con la fibra óptica y el hecho de que el acceso a Internet sea equitativo, como así también el tema de la distribución de las cooperativas y todo lo que eso implica. Me parece que es algo que excede la posibilidad de precisar cada uno de esos puntos.
Por lo tanto, agradecemos este especio, pero me parece que también es interesante que ustedes puedan conocer en detalle qué es lo que se vive en cada uno de estos lugares y por qué no nos aferramos a una ley en sí misma. Entendemos que allí hubo un proceso de avance de la Argentina para garantizar el derecho a la comunicación.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor Rafael López Binaghi.
SR. LÓPEZ BINAGHI Señor presidente: represento a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, capítulo Argentina. Queremos agradecer mucho la invitación y este espacio de discusión.
Para no ser reiterativo solamente quiero decir que, en general, compartimos distintos espacios, no solamente dentro de las radios que conformamos AMARC Argentina, sino también con FARCO y con ARBIA en distintos espacios de vinculación. Por ende, tenemos un montón de visiones acordadas o consensuadas a través de un trabajo conjunto bastante prolongado.
Solamente quiero destacar que en relación con los decretos vigentes, sobre todo por la oposición que nosotros marcamos, hemos llevado a instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el decreto 267, que tiene que ver con esto, es decir, con discutir esa instancia de transición en la historia de la comunicación en la Argentina. Las transiciones han sido lo suficientemente largas como para consolidar sistemas de medios que tienen la concentración y que después son muy difíciles de dar vuelta o de desconcentrar. Una muestra de ello es todo el proceso que se extiende desde 2009 hasta 2015.
En otras cuestiones, bajo el argumento de la mala aplicación del texto de una ley, ésta se modifica, cuando en realidad la mala aplicación tiene que ver con no utilizarla de buena manera. Y hasta el propio argumento de estar mal aplicado nos daría a entender que si se aplicara bien se podrían conseguir cosas mejores.
Un punto que nos puede clarificar ese aspecto se vincula con la autoridad de aplicación. Más allá de cómo haya funcionado, su composición previa a los decretos de principios de este año, frente a lo ocurrido después, marca claramente un retroceso que ha sido puesto de manifiesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y más precisamente, por el relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, quien sostuvo que la autoridad de aplicación, como está hoy, no respeta ninguna de las normativas internacionales. También se objeta la dependencia del Poder Ejecutivo y la posibilidad que éste tiene de hacer cesar a cualquiera de los directores sin necesidad de explicar causa. Además, la mayoría de cuatro integrantes para que el Directorio sesione, que son justamente los que designa el Poder Ejecutivo, tampoco da cuenta de una composición democrática.
Por eso, nosotros remarcamos que los decretos vigentes nos llevan a consolidar un sistema de medios más concentrado, ya que en el proceso se van tomando decisiones -como las que se adoptan hoy en día- que luego son difíciles de desandar.
En lo que tiene que ver con la discusión de una nueva normativa, debe tenerse en cuenta que a veces los árboles nos tapan el bosque. Cuando la Resolución 9/16 del Ministerio de Comunicaciones establece que se respetará el 33 por ciento de reserva del espectro para las emisoras comunitarias, es muy importante lo que señalaba Liliana Belforte en cuanto a las condiciones en que se otorga ese 33 por ciento. Me refiero sobre todo a la posibilidad de acceso a las diferentes categorías y que se tenga en cuenta las cuestiones de sostenibilidad que están incorporadas en la ley 26.522.
Para no ser reiterativo solamente quiero decir que, en general, compartimos distintos espacios, no solamente dentro de las radios que conformamos AMARC Argentina, sino también con FARCO y con ARBIA en distintos espacios de vinculación. Por ende, tenemos un montón de visiones acordadas o consensuadas a través de un trabajo conjunto bastante prolongado.
Solamente quiero destacar que en relación con los decretos vigentes, sobre todo por la oposición que nosotros marcamos, hemos llevado a instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el decreto 267, que tiene que ver con esto, es decir, con discutir esa instancia de transición en la historia de la comunicación en la Argentina. Las transiciones han sido lo suficientemente largas como para consolidar sistemas de medios que tienen la concentración y que después son muy difíciles de dar vuelta o de desconcentrar. Una muestra de ello es todo el proceso que se extiende desde 2009 hasta 2015.
En otras cuestiones, bajo el argumento de la mala aplicación del texto de una ley, ésta se modifica, cuando en realidad la mala aplicación tiene que ver con no utilizarla de buena manera. Y hasta el propio argumento de estar mal aplicado nos daría a entender que si se aplicara bien se podrían conseguir cosas mejores.
Un punto que nos puede clarificar ese aspecto se vincula con la autoridad de aplicación. Más allá de cómo haya funcionado, su composición previa a los decretos de principios de este año, frente a lo ocurrido después, marca claramente un retroceso que ha sido puesto de manifiesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y más precisamente, por el relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, quien sostuvo que la autoridad de aplicación, como está hoy, no respeta ninguna de las normativas internacionales. También se objeta la dependencia del Poder Ejecutivo y la posibilidad que éste tiene de hacer cesar a cualquiera de los directores sin necesidad de explicar causa. Además, la mayoría de cuatro integrantes para que el Directorio sesione, que son justamente los que designa el Poder Ejecutivo, tampoco da cuenta de una composición democrática.
Por eso, nosotros remarcamos que los decretos vigentes nos llevan a consolidar un sistema de medios más concentrado, ya que en el proceso se van tomando decisiones -como las que se adoptan hoy en día- que luego son difíciles de desandar.
En lo que tiene que ver con la discusión de una nueva normativa, debe tenerse en cuenta que a veces los árboles nos tapan el bosque. Cuando la Resolución 9/16 del Ministerio de Comunicaciones establece que se respetará el 33 por ciento de reserva del espectro para las emisoras comunitarias, es muy importante lo que señalaba Liliana Belforte en cuanto a las condiciones en que se otorga ese 33 por ciento. Me refiero sobre todo a la posibilidad de acceso a las diferentes categorías y que se tenga en cuenta las cuestiones de sostenibilidad que están incorporadas en la ley 26.522.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor diputado Wechsler.
SR. WECHSLER Señor presidente: simplemente quisiera enmarcar la idea que nosotros tuvimos al efectuar esta convocatoria.
Esta es la Comisión de Comunicaciones de Informática, y la convocatoria tenía que ver con los temas que son más atinentes a su competencia. Si bien no quiero decir que no sean competentes las cuestiones que ustedes están planteando, muchas de ellas se vinculan con la libertad de expresión, cuya temática es analizada por otra comisión específica de esta Cámara. Lo digo para poner un contexto a esta reunión, ya que esta comisión trata temas específicamente tecnológicos -no sé si esa es la palabra- o que tienen que ver con las comunicaciones, más que con cuestiones inherentes a la libertad de expresión o la cultura.
Ello no quita que lo que ustedes están planteando sea competente, pero a priori yo diría que en esta comisión debemos referirnos a temas de comunicaciones e informática.
Me gustaría saber si se entiende lo que estoy tratando de plantear.
Esta es la Comisión de Comunicaciones de Informática, y la convocatoria tenía que ver con los temas que son más atinentes a su competencia. Si bien no quiero decir que no sean competentes las cuestiones que ustedes están planteando, muchas de ellas se vinculan con la libertad de expresión, cuya temática es analizada por otra comisión específica de esta Cámara. Lo digo para poner un contexto a esta reunión, ya que esta comisión trata temas específicamente tecnológicos -no sé si esa es la palabra- o que tienen que ver con las comunicaciones, más que con cuestiones inherentes a la libertad de expresión o la cultura.
Ello no quita que lo que ustedes están planteando sea competente, pero a priori yo diría que en esta comisión debemos referirnos a temas de comunicaciones e informática.
Me gustaría saber si se entiende lo que estoy tratando de plantear.
SR. LÓPEZ BINAGHI Nosotros lo entendemos. Consideramos que estamos hablando de temas de comunicación y de cómo muchas veces las cuestiones tecnológicas terminan cercenando derechos que se vinculan con la comunicación. Desde allí nos paramos, hacemos comunicación y venimos a hablar aquí. Por ejemplo, esto es clarísimo en el caso de las categorías. Si los medios comunitarios solo pueden acceder a categorías de baja potencia, mediante la tecnología estamos cercenando un derecho. Esto puede tener que ver con la libertad de expresión, pero nosotros estamos hablando de las dos cosas, porque sentimos que ambas son inseparables.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Seguro. Nuestra idea es que seamos amplios, pero como tenemos poco tiempo, y entendiendo el esfuerzo que quiere hacer el señor diputado Wechsler, debemos maximizar la presencia de ustedes y aprovecharlos en las cuestiones que hagan a la posibilidad de que el medio que están representando pueda estar presente. Queremos saber de qué manera la anterior ley los contemplaba, qué deficiencias tenía ella y qué es lo que una ley nueva podría incorporar.
Tiene la palabra el señor diputado Seminara.
Sr. Seminara.- Señor presidente: en relación con este tema, creo que no podemos transferir a los invitados un problema conceptual que tenemos que resolver los diputados. ¿Qué es la comunicación? Es un debate que nos debemos; no es un problema técnico o abstracto donde vamos a decir "por acá pasa la técnica", "por acá pasa la informática".
Me parece que por respeto a las instituciones que hemos invitado, debemos escuchar a sus representantes, hacerles las preguntas que consideremos pertinentes y finalmente, en una reunión interna de la comisión, discutir los límites que queremos poner.
Nosotros particularmente vemos muy pertinente discutir la comunicación en un sentido general, de contenido, y no desde un punto de vista estrictamente técnico o mecánico. Señalo esto porque el proyecto de ley que modifique a la norma vigente tendrá un capítulo tecnológico, pero hay muchos capítulos de impacto sociopolítico.
Creemos que la preparación que nos ha planteado el presidente tiene que ver con poder entender las distintas corrientes de pensamiento que hay en torno a esto, donde concretamente lo que están planteando los compañeros es totalmente pertinente desde la mirada de los sectores que ellos representan.
Tiene la palabra el señor diputado Seminara.
Sr. Seminara.- Señor presidente: en relación con este tema, creo que no podemos transferir a los invitados un problema conceptual que tenemos que resolver los diputados. ¿Qué es la comunicación? Es un debate que nos debemos; no es un problema técnico o abstracto donde vamos a decir "por acá pasa la técnica", "por acá pasa la informática".
Me parece que por respeto a las instituciones que hemos invitado, debemos escuchar a sus representantes, hacerles las preguntas que consideremos pertinentes y finalmente, en una reunión interna de la comisión, discutir los límites que queremos poner.
Nosotros particularmente vemos muy pertinente discutir la comunicación en un sentido general, de contenido, y no desde un punto de vista estrictamente técnico o mecánico. Señalo esto porque el proyecto de ley que modifique a la norma vigente tendrá un capítulo tecnológico, pero hay muchos capítulos de impacto sociopolítico.
Creemos que la preparación que nos ha planteado el presidente tiene que ver con poder entender las distintas corrientes de pensamiento que hay en torno a esto, donde concretamente lo que están planteando los compañeros es totalmente pertinente desde la mirada de los sectores que ellos representan.
SR. PRESIDENTE BRÜGGER Tiene la palabra el señor diputado D'Agostino.
SR. D'AGOSTINO Señor presidente: simplemente quiero agregar algo sin entrar en un debate. Uno de los elementos de mayor preocupación es el tema del 33 por ciento, de donde ustedes fueron excluidos. Luego de la 3.016 del año 2006 empezaron las adjudicaciones. En esas adjudicaciones, como no había plan técnico y ni siquiera se usaba el de 1991 porque era absolutamente absurdo, en muchos lugares la cobertura de las licencias otorgadas abarcaba una parte del 33 por ciento que le correspondía a ustedes.
Si bien soy radical y estaba a favor de la ley, cuando fuimos avanzando en el tema del plan técnico -se lo explicamos a todos y por eso la ley tiene jurisdicción federal- entendimos que tenía un impacto nacional y afectaba la soberanía nacional.
Por lo tanto, lo primero que debemos determinar es qué es lo que tenemos para poder distribuirlo. Por supuesto que eso tiene que ver con la técnica y la comunicación. Ese será uno de los elementos indispensables para ordenar el asunto. Si no tenemos eso ordenado vamos a seguir discutiendo esto.
Si bien soy radical y estaba a favor de la ley, cuando fuimos avanzando en el tema del plan técnico -se lo explicamos a todos y por eso la ley tiene jurisdicción federal- entendimos que tenía un impacto nacional y afectaba la soberanía nacional.
Por lo tanto, lo primero que debemos determinar es qué es lo que tenemos para poder distribuirlo. Por supuesto que eso tiene que ver con la técnica y la comunicación. Ese será uno de los elementos indispensables para ordenar el asunto. Si no tenemos eso ordenado vamos a seguir discutiendo esto.
SR. PRESIDENTE BRÜGGER Tiene la palabra el señor diputado Grana.
SR. GRANA Señor presidente: en el mismo sentido que el señor diputado Seminara, quiero decir que no debemos tener una mirada sesgada ante nuestros invitados.
Es cierto que el plan técnico es una cuestión importante de la ley, pero recordemos el espíritu que ha tenido la norma en el sentido de que no vino a resolver un problema técnico, sino a intentar -luego de un proceso que se inició hace muchísimos años con la discusión de esos primeros 21 puntos que, si mal no recuerdo, fueron objeto de debate durante 25 años- lograr la democratización de la palabra para poder democratizar nuestra sociedad en términos de que haya acceso a todas las voces.
Por eso los compañeros de las asociaciones que hoy están exponiendo acá no están hablando del plan técnico, sino, primero, del perjuicio que se está generando en cuanto a la democratización de la palabra desde la vigencia del decreto hasta la fecha y durante todo el tiempo en que no haya una ley que resguarde los derechos de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad en términos de capacidad de informar y de ser informados en función de lo que es la monopolización de la palabra hoy existente. Ni siquiera la ley anterior vigente se había podido aplicar en plenitud como consecuencia de las idas y vueltas que tiene nuestra legislación y de las distintas cuestiones que han pasado.
Entonces, entiendo que un capítulo de la discusión tiene que ver con ese plan técnico que ayude a garantizar que todas las voces puedan ser escuchadas en cada uno de sus niveles. Inclusive aquí se ha explicado el sentido que tienen los medios comunitarios, muchos de los cuales no pretenden tener un alcance nacional sino que quieren seguir siendo medios de la comunidad más cercana. Básicamente quieren que esa expresión de nuestra cultura y del sentir de ese lugar tenga un ámbito de expresión y pueda ser utilizada en forma democrática por el conjunto de los actores de esa comunidad.
Entonces, es importante que nosotros tomemos este tema en su integralidad, con independencia de algunas miradas más específicas que cada uno pueda tener en términos de sus saberes e inquietudes.
Ahora bien, el sentido de la discusión política, social y cultural que tuvo la ley de servicios de comunicación audiovisual, el de los decretos que firmó el presidente Macri y el de la búsqueda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tienen que ver con este camino de seguir democratizando nuestra sociedad en el marco del uso de la palabra y del acceso a la información de todas y todos los habitantes de la patria.
Por eso me parece absolutamente pertinente lo que decía el señor diputado Seminara. En este lugar se convalidó lo que a mi juicio era una atribución que el Poder Ejecutivo no tenía, ya que por más convalidado que esté un decreto de necesidad y urgencia, para mí -y para mucha gente más- se trató de un acto ilegal, porque una ley se deroga mediante otra ley y no con un decreto.
Entonces, si había una ley que resultaba defectuosa, que se había quedado en el tiempo porque la convergencia no estaba contemplada y una cantidad de cosas, lo que debería haberse hecho era ponerse a trabajar en la construcción de una ley completa en lugar de retroceder al lugar al que se retrocedió, con una actitud que, en nuestra humilde opinión, fue poco apegada al sentido de convivencia democrática, como fue el dictado de los decretos de necesidad y urgencia.
Es cierto que el plan técnico es una cuestión importante de la ley, pero recordemos el espíritu que ha tenido la norma en el sentido de que no vino a resolver un problema técnico, sino a intentar -luego de un proceso que se inició hace muchísimos años con la discusión de esos primeros 21 puntos que, si mal no recuerdo, fueron objeto de debate durante 25 años- lograr la democratización de la palabra para poder democratizar nuestra sociedad en términos de que haya acceso a todas las voces.
Por eso los compañeros de las asociaciones que hoy están exponiendo acá no están hablando del plan técnico, sino, primero, del perjuicio que se está generando en cuanto a la democratización de la palabra desde la vigencia del decreto hasta la fecha y durante todo el tiempo en que no haya una ley que resguarde los derechos de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad en términos de capacidad de informar y de ser informados en función de lo que es la monopolización de la palabra hoy existente. Ni siquiera la ley anterior vigente se había podido aplicar en plenitud como consecuencia de las idas y vueltas que tiene nuestra legislación y de las distintas cuestiones que han pasado.
Entonces, entiendo que un capítulo de la discusión tiene que ver con ese plan técnico que ayude a garantizar que todas las voces puedan ser escuchadas en cada uno de sus niveles. Inclusive aquí se ha explicado el sentido que tienen los medios comunitarios, muchos de los cuales no pretenden tener un alcance nacional sino que quieren seguir siendo medios de la comunidad más cercana. Básicamente quieren que esa expresión de nuestra cultura y del sentir de ese lugar tenga un ámbito de expresión y pueda ser utilizada en forma democrática por el conjunto de los actores de esa comunidad.
Entonces, es importante que nosotros tomemos este tema en su integralidad, con independencia de algunas miradas más específicas que cada uno pueda tener en términos de sus saberes e inquietudes.
Ahora bien, el sentido de la discusión política, social y cultural que tuvo la ley de servicios de comunicación audiovisual, el de los decretos que firmó el presidente Macri y el de la búsqueda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tienen que ver con este camino de seguir democratizando nuestra sociedad en el marco del uso de la palabra y del acceso a la información de todas y todos los habitantes de la patria.
Por eso me parece absolutamente pertinente lo que decía el señor diputado Seminara. En este lugar se convalidó lo que a mi juicio era una atribución que el Poder Ejecutivo no tenía, ya que por más convalidado que esté un decreto de necesidad y urgencia, para mí -y para mucha gente más- se trató de un acto ilegal, porque una ley se deroga mediante otra ley y no con un decreto.
Entonces, si había una ley que resultaba defectuosa, que se había quedado en el tiempo porque la convergencia no estaba contemplada y una cantidad de cosas, lo que debería haberse hecho era ponerse a trabajar en la construcción de una ley completa en lugar de retroceder al lugar al que se retrocedió, con una actitud que, en nuestra humilde opinión, fue poco apegada al sentido de convivencia democrática, como fue el dictado de los decretos de necesidad y urgencia.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Pido a los señores diputados que tratemos de escuchar a nuestros invitados. Todas estas argumentaciones las hemos oído en su momento en el recinto. Más allá de las mayorías y de las minorías, todos los diputados nos pudimos expresar durante el debate pertinente.
Entonces, por respeto a nuestros invitados, tratemos de dejar nuestras argumentaciones políticas -que todas son válidas y respetables- para el momento en que corresponda. Cuando llegue la oportunidad de tratar esta nueva iniciativa diremos si el decreto fue malo o bueno.
Entonces, por respeto a nuestros invitados, tratemos de dejar nuestras argumentaciones políticas -que todas son válidas y respetables- para el momento en que corresponda. Cuando llegue la oportunidad de tratar esta nueva iniciativa diremos si el decreto fue malo o bueno.
SR. GRANA No abriremos un debate si las opiniones nos contienen a todos.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Es públicamente conocida la oposición que tuvo la Coalición, cuyos representantes me han visitado. Nosotros nos queremos ilustrar un poco más acerca de la "cocina" de lo que nuestros invitados manejan. Conozco perfectamente el posicionamiento que tienen y respeto toda la militancia que han desarrollado alrededor de este tema, pero en esta instancia sería más rico y provechoso -ese fue el sentido de esta invitación- que nos expresaran lo que consideran que hay que valorar en una futura ley, sin condicionarlo exclusivamente a lo técnico.
De manera que no queremos limitarlos, sino aprovechar que ustedes están aquí presentes.
Tiene la palabra Mariela Pugliese.
De manera que no queremos limitarlos, sino aprovechar que ustedes están aquí presentes.
Tiene la palabra Mariela Pugliese.
SRA. PUGLIESE Señor presidente: justamente lo que yo quería responder al diputado que lo precedió en el uso de la palabra es que existe una concepción política que tiene que ver con entender la comunicación audiovisual como un bien cultural, tal como lo define la Unesco, a diferencia de las telecomunicaciones, que se encuentran regidas por la Organización Mundial del Comercio. Se trata de dos concepciones políticas completamente diferentes.
Cuando uno después pasa al aspecto técnico, encuentra que eso está reflejado. De hecho, en los decretos se contempla al cable bajo el concepto de telecomunicaciones, lo que parece algo menor, cuando en realidad de esa manera se está afectando muchos aspectos técnicos, políticos y hasta impositivos.
El señor diputado D'Agostino se refería al plan técnico, y nosotros coincidimos con lo señalado. De hecho, una de las miradas que tenemos, tanto desde AMARC como desde FARCO, es que precisamente el plan técnico es algo que no se llegó a concretar desde 2010 -cuando recién se comenzó a aplicar la ley- hasta 2015, lo que nos preocupó. Nos consideramos afectados no solamente los medios sin fines de lucro sino todos en general, porque no existe un plan técnico que nos contenga. Pero el plan técnico tiene una mirada política detrás, y entonces, todo esto que estamos discutiendo debe estar en la cabeza de quien lo arma. Porque la adjudicación, por ejemplo, de las potencias, del rango o del alcance tiene detrás una definición política de qué mundo estamos armando con esos medios. No es sólo algo que incumbe a lo ingenieril.
Por eso nos parece pertinente esta argumentación, que después se refleja en la reglamentación o en la decisión de los planes concretos, que sí tienen que ver con especificaciones técnicas.
Para terminar, queda otra cuestión. Está sobrevolando en muchos la mirada de que lo importante son los contenidos o que sea Internet libre, que todos vamos a poder acceder y entonces no haría falta preocuparnos por el espectro. Un poco me preocupa. Primero, porque no entiendo entonces por qué se dicta un decreto modificando eso, si total con Internet libre podríamos todos estar en igualdad de condiciones. Pero además porque acá tenemos que mirar a futuro. Internet, por ejemplo, es un soporte que probablemente también esté regulado por criterios de propiedad privada. Por supuesto que ya está empezando a haber consecuencias de eso, hasta en la distribución de la "torta" publicitaria.
Entonces, ahí también tenemos que tener una mirada política. Cuando digo "política" me refiero a lo que planteamos nosotros, es decir, quiénes somos, a dónde vamos, por qué nos plantamos así y por qué somos comunitarios, porque cuando tengamos una Internet mucho más regulada y limitada, si esas regulaciones y limitaciones no tienen esta concepción detrás probablemente sigan beneficiando a los más poderosos, como pasa hoy con la televisión y la radiodifusión.
Cuando uno después pasa al aspecto técnico, encuentra que eso está reflejado. De hecho, en los decretos se contempla al cable bajo el concepto de telecomunicaciones, lo que parece algo menor, cuando en realidad de esa manera se está afectando muchos aspectos técnicos, políticos y hasta impositivos.
El señor diputado D'Agostino se refería al plan técnico, y nosotros coincidimos con lo señalado. De hecho, una de las miradas que tenemos, tanto desde AMARC como desde FARCO, es que precisamente el plan técnico es algo que no se llegó a concretar desde 2010 -cuando recién se comenzó a aplicar la ley- hasta 2015, lo que nos preocupó. Nos consideramos afectados no solamente los medios sin fines de lucro sino todos en general, porque no existe un plan técnico que nos contenga. Pero el plan técnico tiene una mirada política detrás, y entonces, todo esto que estamos discutiendo debe estar en la cabeza de quien lo arma. Porque la adjudicación, por ejemplo, de las potencias, del rango o del alcance tiene detrás una definición política de qué mundo estamos armando con esos medios. No es sólo algo que incumbe a lo ingenieril.
Por eso nos parece pertinente esta argumentación, que después se refleja en la reglamentación o en la decisión de los planes concretos, que sí tienen que ver con especificaciones técnicas.
Para terminar, queda otra cuestión. Está sobrevolando en muchos la mirada de que lo importante son los contenidos o que sea Internet libre, que todos vamos a poder acceder y entonces no haría falta preocuparnos por el espectro. Un poco me preocupa. Primero, porque no entiendo entonces por qué se dicta un decreto modificando eso, si total con Internet libre podríamos todos estar en igualdad de condiciones. Pero además porque acá tenemos que mirar a futuro. Internet, por ejemplo, es un soporte que probablemente también esté regulado por criterios de propiedad privada. Por supuesto que ya está empezando a haber consecuencias de eso, hasta en la distribución de la "torta" publicitaria.
Entonces, ahí también tenemos que tener una mirada política. Cuando digo "política" me refiero a lo que planteamos nosotros, es decir, quiénes somos, a dónde vamos, por qué nos plantamos así y por qué somos comunitarios, porque cuando tengamos una Internet mucho más regulada y limitada, si esas regulaciones y limitaciones no tienen esta concepción detrás probablemente sigan beneficiando a los más poderosos, como pasa hoy con la televisión y la radiodifusión.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor Lionel Martín.
SR. MARTÍN Señor presidente: quiero complementar esto de pensar en todo lo que se va a trabajar en esta futura ley donde convergiría todo. Hay algo para tener en cuenta, que es la accesibilidad de Internet. Hoy por hoy Internet es un mercado muy concentrado en términos de los proveedores. La calidad de acceso, sobre todo, es buena o aceptable en las grandes ciudades y no en el resto. Muchas de nuestras radios se ven impedidas incluso de enviar información o notas para nuestros informativos por la dificultad de acceso a Internet y, además, por el costo.
Hoy, en este nuevo contexto, hay que pensar algo para el resto. Si nuestros transmisores se alimentan de electricidad hoy por hoy estamos teniendo grandes problemas. Incluso tenemos el caso de emisoras que durante la trasnoche apagan el transmisor o parte de la programación por el efecto del aumento tarifario.
Entonces, si no se puede encender el transmisor por el encarecimiento de la tarifa eléctrica habría que prever una forma de compensar eso para que las emisoras no se vean impedidas por la tarifa. Habría que tener una tarifa preferencial, especial o social como se ha mencionado en otros ámbitos, incluso de esta Cámara.
Hoy, en este nuevo contexto, hay que pensar algo para el resto. Si nuestros transmisores se alimentan de electricidad hoy por hoy estamos teniendo grandes problemas. Incluso tenemos el caso de emisoras que durante la trasnoche apagan el transmisor o parte de la programación por el efecto del aumento tarifario.
Entonces, si no se puede encender el transmisor por el encarecimiento de la tarifa eléctrica habría que prever una forma de compensar eso para que las emisoras no se vean impedidas por la tarifa. Habría que tener una tarifa preferencial, especial o social como se ha mencionado en otros ámbitos, incluso de esta Cámara.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE A continuación harán uso de la palabra los representantes de la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina -ARBIA-, señores Miguel Di Spalatro y Javier González.
Tiene la palabra el señor Di Spalatro.
Tiene la palabra el señor Di Spalatro.
SR. DI SPALATRO Señor presidente: gracias por la invitación. Estando en este lugar, escapar a un debate sería casi un sacrilegio, así que también quiero dar mi opinión respecto de lo que recién se debatía en cuanto a la tecnología.
Hablar de lo tecnológico y no de contenidos es casi como pensar que vamos a avanzar sobre caminos muy distintos, porque nosotros consideramos la tecnología -y estoy hablando desde los pequeños comunicadores, de las pymes- como un instrumento para ver qué mensaje es el que queremos trasmitir después. Si nosotros acá viniéramos nada más que a pedir potencia o que mejoren nuestros equipamientos estaríamos faltando a lo que es nuestra razón de ser, que precisamente es la de ver cómo vamos a llegar con ese mensaje.
Entonces, la tecnología es buena e importante, pero es aplicada precisamente a lo que nosotros tenemos como objetivo, que en este caso -y creo que nos une con todas las organizaciones que estamos aquí presentes- es considerar la comunicación como un derecho que tiene cada uno de los habitantes de los lugares en los cuales nosotros vivimos. Muchos de ustedes seguramente serán diputados que vienen del interior y prenderán la radio cuando van pasando por alguna ciudad o pueblo. Escucharán que por ahí aparece una FM con alguien que está comunicando y diciendo algo, luego lo van a llevar un trayecto en el auto y después se borrará esa señal y vendrá otra comunicando. Eso es lo que nosotros llamamos pluralidad de voces.
El término "pluralidad" se utilizó tanto porque necesitamos instalarlo de tal manera que fuera realmente algo que no se pudiese borrar de un día para el otro, como lamentablemente -y perdónenme- se ha tratado de hacer con un DNU.
La situación en la que se nos pone a todos los medios de comunicación en general, a excepción de los grandes, es de extrema vulnerabilidad frente a la no aplicación completa de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Me refiero, por ejemplo, al retiro de los fondos de fomento, que no son la solución a la situación de las radios pymes y micropymes, pero que por lo menos eran un intento que hacía el Estado nacional de acompañar lo que hacían en el interior.
Les voy a dar un pequeño ejemplo. Para un comunicador de una localidad de 3.000 habitantes, del pueblo que ustedes elijan del interior de la República Argentina -aclaro que nosotros estamos dentro del 33 por ciento del sector comercial-, ¿les parece que puede ser negocio tener una radio? ¿Realmente alguien puede pensar que tener una radio en un pueblito de 3.000 habitantes es un negocio? Lo que esa persona tiene es vocación; tiene el sentimiento de que hay que comunicar de alguna manera lo que pasa en su pueblo, pues de lo contrario allí se consumiría solo lo que llega por los grandes medios de comunicación. Entonces, es allí donde tiene que estar presente el Estado.
Si estamos pensando en una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, ante todo quiero decir que a mí me gusta mucho ese nombre porque incluye la palabra "servicios", con lo que se saca a la comunicación del contexto pura y exclusivamente comercial. En efecto, la palabra "servicio" significa estar a disposición del otro, tendiéndole la mano.
Entonces, si vamos a pensar en una nueva ley, desde la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina entendemos que la base concreta de sustentación de esa norma es la ley que ya está en vigencia, y sobre ella hay que trabajar. Ahí está explicado aquello sobre lo cual un diputado recién preguntaba: la tecnología sola no sirve absolutamente para nada, sino que vale en función del proyecto comunicacional que debe tener un país, vinculado con otro concepto que también se utilizó aquí hace unos momentos, que es la soberanía. Si queremos ser soberanos, tenemos que serlo en la palabra; debemos tener la posibilidad de que todo el mundo pueda expresarse y que lo haga desde el lugar que cada uno lo considere pertinente.
En este sentido, quienes pertenecemos al 33 por ciento comercial consideramos que en la redacción de un nuevo proyecto hay algunas cuestiones que deben ser tenidas en cuenta. Nosotros formamos parte de la Coalición por una Comunicación Democrática y estuvimos trabajando en los 21 puntos precisamente pensando en la convergencia tecnológica y en estar a disposición de ustedes. En un mercado salvaje, propio del capitalismo, el 33 por ciento comercial se lo llevan los grandes medios de comunicación. Nosotros -estoy hablando de las pequeñas empresas de comunicación- estamos mezclados con los grandes medios de comunicación.
Nuestra entidad cuenta con 1.300 asociados, pero no tengan duda de que la mayor parte de los medios de comunicación que ustedes escuchan en la República Argentina son pymes y micropymes, familias que decidieron poner una radio en el pueblo, personas que en algún momento entendieron necesario construir una comunicación diferente. Es allí donde el Estado tiene que desarrollar las políticas para que tengamos una comunicación realmente plural y comprometida con la realidad de nuestro país, en cada una de nuestras zonas geográficas.
En este sentido, consideramos necesario que estos medios tengan un tratamiento especial dentro de una nueva legislación. No pueden estar mezclados con los grandes medios de comunicación.
Muchos de nosotros no calificamos como pymes, y si vamos a un banco a pedir un crédito y decimos que somos una pyme, resulta que para encuadrar en esa categoría debemos tener una determinada cantidad de empleados que no tenemos.
Entonces, desde la Coalición por una Comunicación Democrática pensamos cómo nos podemos diferenciar y hacernos conocer, y así surgió una idea muy interesante. Nosotros somos los medios de comunicación de arraigo local. Para explicarlo brevemente, esto significa que somos los medios que nacen en un pueblo por la voluntad de la gente que vive en esa misma localidad.
Yo vengo del interior, y en mi ciudad, que tiene unos 60.000 habitantes, hay más de treinta radios. Esas treinta radios son otras tantas posibilidades distintas que tiene la gente que vive en mi pueblo de escuchar a quien quiera. Un día pueden querer despertarse con alegría y decir: "Voy a escuchar una radio que pasa música bailantera", y al otro día decir: "Hoy me quiero informar", y escuchan entonces el comunicador que más les gusta de su pueblo.
Estas son las cuestiones que queremos preservar en la nueva ley. Está bien la convergencia tecnológica y nosotros estamos perfectamente de acuerdo con incorporarla, pero debemos hacerlo sobre la base de sustentación que hoy nos da una ley que considera a la comunicación como un derecho de cada uno de nosotros, y no digo de los comunicadores sino de cada uno de los que habitamos el territorio argentino.
Hablar de lo tecnológico y no de contenidos es casi como pensar que vamos a avanzar sobre caminos muy distintos, porque nosotros consideramos la tecnología -y estoy hablando desde los pequeños comunicadores, de las pymes- como un instrumento para ver qué mensaje es el que queremos trasmitir después. Si nosotros acá viniéramos nada más que a pedir potencia o que mejoren nuestros equipamientos estaríamos faltando a lo que es nuestra razón de ser, que precisamente es la de ver cómo vamos a llegar con ese mensaje.
Entonces, la tecnología es buena e importante, pero es aplicada precisamente a lo que nosotros tenemos como objetivo, que en este caso -y creo que nos une con todas las organizaciones que estamos aquí presentes- es considerar la comunicación como un derecho que tiene cada uno de los habitantes de los lugares en los cuales nosotros vivimos. Muchos de ustedes seguramente serán diputados que vienen del interior y prenderán la radio cuando van pasando por alguna ciudad o pueblo. Escucharán que por ahí aparece una FM con alguien que está comunicando y diciendo algo, luego lo van a llevar un trayecto en el auto y después se borrará esa señal y vendrá otra comunicando. Eso es lo que nosotros llamamos pluralidad de voces.
El término "pluralidad" se utilizó tanto porque necesitamos instalarlo de tal manera que fuera realmente algo que no se pudiese borrar de un día para el otro, como lamentablemente -y perdónenme- se ha tratado de hacer con un DNU.
La situación en la que se nos pone a todos los medios de comunicación en general, a excepción de los grandes, es de extrema vulnerabilidad frente a la no aplicación completa de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Me refiero, por ejemplo, al retiro de los fondos de fomento, que no son la solución a la situación de las radios pymes y micropymes, pero que por lo menos eran un intento que hacía el Estado nacional de acompañar lo que hacían en el interior.
Les voy a dar un pequeño ejemplo. Para un comunicador de una localidad de 3.000 habitantes, del pueblo que ustedes elijan del interior de la República Argentina -aclaro que nosotros estamos dentro del 33 por ciento del sector comercial-, ¿les parece que puede ser negocio tener una radio? ¿Realmente alguien puede pensar que tener una radio en un pueblito de 3.000 habitantes es un negocio? Lo que esa persona tiene es vocación; tiene el sentimiento de que hay que comunicar de alguna manera lo que pasa en su pueblo, pues de lo contrario allí se consumiría solo lo que llega por los grandes medios de comunicación. Entonces, es allí donde tiene que estar presente el Estado.
Si estamos pensando en una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, ante todo quiero decir que a mí me gusta mucho ese nombre porque incluye la palabra "servicios", con lo que se saca a la comunicación del contexto pura y exclusivamente comercial. En efecto, la palabra "servicio" significa estar a disposición del otro, tendiéndole la mano.
Entonces, si vamos a pensar en una nueva ley, desde la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina entendemos que la base concreta de sustentación de esa norma es la ley que ya está en vigencia, y sobre ella hay que trabajar. Ahí está explicado aquello sobre lo cual un diputado recién preguntaba: la tecnología sola no sirve absolutamente para nada, sino que vale en función del proyecto comunicacional que debe tener un país, vinculado con otro concepto que también se utilizó aquí hace unos momentos, que es la soberanía. Si queremos ser soberanos, tenemos que serlo en la palabra; debemos tener la posibilidad de que todo el mundo pueda expresarse y que lo haga desde el lugar que cada uno lo considere pertinente.
En este sentido, quienes pertenecemos al 33 por ciento comercial consideramos que en la redacción de un nuevo proyecto hay algunas cuestiones que deben ser tenidas en cuenta. Nosotros formamos parte de la Coalición por una Comunicación Democrática y estuvimos trabajando en los 21 puntos precisamente pensando en la convergencia tecnológica y en estar a disposición de ustedes. En un mercado salvaje, propio del capitalismo, el 33 por ciento comercial se lo llevan los grandes medios de comunicación. Nosotros -estoy hablando de las pequeñas empresas de comunicación- estamos mezclados con los grandes medios de comunicación.
Nuestra entidad cuenta con 1.300 asociados, pero no tengan duda de que la mayor parte de los medios de comunicación que ustedes escuchan en la República Argentina son pymes y micropymes, familias que decidieron poner una radio en el pueblo, personas que en algún momento entendieron necesario construir una comunicación diferente. Es allí donde el Estado tiene que desarrollar las políticas para que tengamos una comunicación realmente plural y comprometida con la realidad de nuestro país, en cada una de nuestras zonas geográficas.
En este sentido, consideramos necesario que estos medios tengan un tratamiento especial dentro de una nueva legislación. No pueden estar mezclados con los grandes medios de comunicación.
Muchos de nosotros no calificamos como pymes, y si vamos a un banco a pedir un crédito y decimos que somos una pyme, resulta que para encuadrar en esa categoría debemos tener una determinada cantidad de empleados que no tenemos.
Entonces, desde la Coalición por una Comunicación Democrática pensamos cómo nos podemos diferenciar y hacernos conocer, y así surgió una idea muy interesante. Nosotros somos los medios de comunicación de arraigo local. Para explicarlo brevemente, esto significa que somos los medios que nacen en un pueblo por la voluntad de la gente que vive en esa misma localidad.
Yo vengo del interior, y en mi ciudad, que tiene unos 60.000 habitantes, hay más de treinta radios. Esas treinta radios son otras tantas posibilidades distintas que tiene la gente que vive en mi pueblo de escuchar a quien quiera. Un día pueden querer despertarse con alegría y decir: "Voy a escuchar una radio que pasa música bailantera", y al otro día decir: "Hoy me quiero informar", y escuchan entonces el comunicador que más les gusta de su pueblo.
Estas son las cuestiones que queremos preservar en la nueva ley. Está bien la convergencia tecnológica y nosotros estamos perfectamente de acuerdo con incorporarla, pero debemos hacerlo sobre la base de sustentación que hoy nos da una ley que considera a la comunicación como un derecho de cada uno de nosotros, y no digo de los comunicadores sino de cada uno de los que habitamos el territorio argentino.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor Javier González.
SR. GONZÁLEZ Señor presidente: pertenezco a ARBIA y estoy en el tema de las telecomunicaciones desde hace más de treinta años.
Como bien decía mi compañero, ARBIA de alguna manera nuclea a la mayoría de las radios que están en el aire en todo el país, lo que representa a casi el 80 por ciento del total. Si bien tenemos 1.500 afiliados, sabemos lo que está sucediendo en las 5.000 radios. Sabemos lo que son los permisos precarios y provisorios y cuáles son las leyes porque hemos estado en todos los debates y hemos participado de la discusión del proyecto de ley de comunicación audiovisual. Organizamos muchísimos foros en todo el país. Es decir que tenemos una historia muy importante para aportar a una nueva ley de comunicación audiovisual o a un plan técnico.
Es gracioso hablar de plan técnico cuando en este momento hay 8.000 radios en el aire. En ningún momento hemos sido objeto de consulta sobre el plan técnico, a pesar de que hace treinta años que estamos en el aire. Nosotros tenemos una especie de plan técnico ad hoc. Nunca hemos sido consultados y no hemos podido llevar adelante nuestro conocimiento sobre lo que está sucediendo.
Por otro lado, los decretos de necesidad y urgencia están eliminando algo que tienen todos los países del mundo. No conozco ningún argentino que tenga radios en los Estados Unidos. ¿Conocen algún argentino que maneje un medio de comunicación en el exterior? Estoy hablando hasta de Chile o Brasil. ¿Cuántos argentinos son dueños de canales de televisión en el extranjero? ¿Por qué nosotros permitimos eso? ¿Por qué el decreto de necesidad y urgencia vuela los monopolios de un plumazo? ¿Cómo vamos a encarar este tema desde la ley? Esto es muy importante para nuestro sector. Somos la mayoría de los medios, por lo que esa es una de las cosas que tendría que figurar inmediatamente en la Comisión de Comunicaciones. Ya deberíamos estar redactando algún tipo de artículo de defensa al respecto.
Cuando hablamos de libertad de expresión -como los compañeros de FARCO, con los que tenemos muchísimas coincidencias- justamente nos referimos a eso, es decir, a un monopolio. Yo soy el dueño y director de FM La Boca. Hace treinta años que tengo FM La Boca en la ciudad de Buenos Aires y les puedo contar lo que es la interferencia, cómo se maneja, quiénes son los dueños de los medios de comunicación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; es tremendo. Ya no hay más nombres y apellidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como director de FM La Boca debo ser un caso muy extraño. Ya no existen más los PPP, los que teníamos radios hace 30 años, porque ahora son sociedades anónimas con potencias de 40 kilovatios y ni siquiera de categoría A. Es una locura lo que está sucediendo en las grandes ciudades como Rosario, Mar Del Plata, Córdoba y Buenos Aires. Nosotros sabemos muy bien lo que está pasando; hace cinco o seis años que lo sabemos. Obviamente, nos ponemos a disposición de esta comisión.
Estamos esperando que nos convoque Silvana Giudici, que estaba trayendo a un montón de asociaciones, como por ejemplo la Colsecor, que fue mencionada aquí. Pero realmente no estamos siendo escuchados. Nos ponen a las tres asociaciones juntas en la Comisión de Comunicaciones y realmente no se nos ha levantado el teléfono. Tuvimos que ir a Nueva York a denunciar la libertad de expresión. Junto con FARCO fuimos una de las asociaciones que denunciamos esta situación. Es un hecho gravísimo en cualquier parte del mundo.
Si nosotros realmente queremos redactar una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, le tenemos que dar la palabra a la mayoría, como sucedió con la anterior norma legal. Nosotros participamos de ese sector, obviamente.
Respecto del tema de las potencias, coincidimos totalmente con lo expresado aquí por una compañera, en el sentido de que no debe haber un límite, por lo menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Nosotros pensamos en la comunicación como una cuestión horizontal. Nadie puede ser más que otro. ¿Qué vamos a redactar inmediatamente sobre el tema de las cadenas que están matando a las radios del interior del país? ¿Cómo puede ser que alguien conecte un teléfono celular a un transmisor mediante un cable? ¿Eso es una radio? ¿Qué vamos a decir sobre esto en la nueva ley de comunicación audiovisual? Eso no es una radio, sino una competencia desleal y un monopolio más grande aún que "Clarín" o cualquier otro. ¿Vamos a tomar eso en consideración o vamos a seguir con el decreto de necesidad y urgencia donde cualquiera puede tener la cantidad de medios que se le cante y decir absolutamente lo que quiera? Eso es un hecho político de libertad de expresión, acá y en cualquier parte del mundo.
Nuestro sector pone a disposición de los señores diputados nuestra experiencia de más de treinta años.
Quiero decirles que en muchas de nuestras radios existe muchísimo miedo -en la asociación estamos recibiendo mensajes todo el tiempo- de hacer lo que yo estoy haciendo aquí y que después de decir lo que uno piensa sobre los decretos de necesidad y urgencia nos vayan a cerrar las emisoras. Estamos esperando los camioncitos. Las radios nuevamente estamos esperando que ahora el Enacom nos venga a cerrar.
En verdad, esto es algo que tengo que decir en esta comisión. Más allá de tener que cerrar desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, porque ya no podemos pagar la tarifa eléctrica, y de que a muchas de nuestras radios les han retirado la pauta, tenemos esta presión de que estamos a punto de ser cerrados porque la ley no es clara.
Como bien decía mi compañero, ARBIA de alguna manera nuclea a la mayoría de las radios que están en el aire en todo el país, lo que representa a casi el 80 por ciento del total. Si bien tenemos 1.500 afiliados, sabemos lo que está sucediendo en las 5.000 radios. Sabemos lo que son los permisos precarios y provisorios y cuáles son las leyes porque hemos estado en todos los debates y hemos participado de la discusión del proyecto de ley de comunicación audiovisual. Organizamos muchísimos foros en todo el país. Es decir que tenemos una historia muy importante para aportar a una nueva ley de comunicación audiovisual o a un plan técnico.
Es gracioso hablar de plan técnico cuando en este momento hay 8.000 radios en el aire. En ningún momento hemos sido objeto de consulta sobre el plan técnico, a pesar de que hace treinta años que estamos en el aire. Nosotros tenemos una especie de plan técnico ad hoc. Nunca hemos sido consultados y no hemos podido llevar adelante nuestro conocimiento sobre lo que está sucediendo.
Por otro lado, los decretos de necesidad y urgencia están eliminando algo que tienen todos los países del mundo. No conozco ningún argentino que tenga radios en los Estados Unidos. ¿Conocen algún argentino que maneje un medio de comunicación en el exterior? Estoy hablando hasta de Chile o Brasil. ¿Cuántos argentinos son dueños de canales de televisión en el extranjero? ¿Por qué nosotros permitimos eso? ¿Por qué el decreto de necesidad y urgencia vuela los monopolios de un plumazo? ¿Cómo vamos a encarar este tema desde la ley? Esto es muy importante para nuestro sector. Somos la mayoría de los medios, por lo que esa es una de las cosas que tendría que figurar inmediatamente en la Comisión de Comunicaciones. Ya deberíamos estar redactando algún tipo de artículo de defensa al respecto.
Cuando hablamos de libertad de expresión -como los compañeros de FARCO, con los que tenemos muchísimas coincidencias- justamente nos referimos a eso, es decir, a un monopolio. Yo soy el dueño y director de FM La Boca. Hace treinta años que tengo FM La Boca en la ciudad de Buenos Aires y les puedo contar lo que es la interferencia, cómo se maneja, quiénes son los dueños de los medios de comunicación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; es tremendo. Ya no hay más nombres y apellidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como director de FM La Boca debo ser un caso muy extraño. Ya no existen más los PPP, los que teníamos radios hace 30 años, porque ahora son sociedades anónimas con potencias de 40 kilovatios y ni siquiera de categoría A. Es una locura lo que está sucediendo en las grandes ciudades como Rosario, Mar Del Plata, Córdoba y Buenos Aires. Nosotros sabemos muy bien lo que está pasando; hace cinco o seis años que lo sabemos. Obviamente, nos ponemos a disposición de esta comisión.
Estamos esperando que nos convoque Silvana Giudici, que estaba trayendo a un montón de asociaciones, como por ejemplo la Colsecor, que fue mencionada aquí. Pero realmente no estamos siendo escuchados. Nos ponen a las tres asociaciones juntas en la Comisión de Comunicaciones y realmente no se nos ha levantado el teléfono. Tuvimos que ir a Nueva York a denunciar la libertad de expresión. Junto con FARCO fuimos una de las asociaciones que denunciamos esta situación. Es un hecho gravísimo en cualquier parte del mundo.
Si nosotros realmente queremos redactar una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, le tenemos que dar la palabra a la mayoría, como sucedió con la anterior norma legal. Nosotros participamos de ese sector, obviamente.
Respecto del tema de las potencias, coincidimos totalmente con lo expresado aquí por una compañera, en el sentido de que no debe haber un límite, por lo menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Nosotros pensamos en la comunicación como una cuestión horizontal. Nadie puede ser más que otro. ¿Qué vamos a redactar inmediatamente sobre el tema de las cadenas que están matando a las radios del interior del país? ¿Cómo puede ser que alguien conecte un teléfono celular a un transmisor mediante un cable? ¿Eso es una radio? ¿Qué vamos a decir sobre esto en la nueva ley de comunicación audiovisual? Eso no es una radio, sino una competencia desleal y un monopolio más grande aún que "Clarín" o cualquier otro. ¿Vamos a tomar eso en consideración o vamos a seguir con el decreto de necesidad y urgencia donde cualquiera puede tener la cantidad de medios que se le cante y decir absolutamente lo que quiera? Eso es un hecho político de libertad de expresión, acá y en cualquier parte del mundo.
Nuestro sector pone a disposición de los señores diputados nuestra experiencia de más de treinta años.
Quiero decirles que en muchas de nuestras radios existe muchísimo miedo -en la asociación estamos recibiendo mensajes todo el tiempo- de hacer lo que yo estoy haciendo aquí y que después de decir lo que uno piensa sobre los decretos de necesidad y urgencia nos vayan a cerrar las emisoras. Estamos esperando los camioncitos. Las radios nuevamente estamos esperando que ahora el Enacom nos venga a cerrar.
En verdad, esto es algo que tengo que decir en esta comisión. Más allá de tener que cerrar desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, porque ya no podemos pagar la tarifa eléctrica, y de que a muchas de nuestras radios les han retirado la pauta, tenemos esta presión de que estamos a punto de ser cerrados porque la ley no es clara.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra la señora diputada Molina.
SRA. MOLINA Señor presidente: quiero agradecer la presencia de todos los invitados y simplemente hacerle una aclaración al último orador.
Le pido que se quede tranquilo, porque lo que acaba de mencionar ya pasó, quedó atrás el 10 de diciembre, fecha en que asumió nuestro presidente, Mauricio Macri.
Le pido entonces que no tenga más miedo, porque en la Argentina se acabaron el apriete y el miedo. Simplemente quería decirle eso, para que se quede tranquilo y confíe.
Le pido que se quede tranquilo, porque lo que acaba de mencionar ya pasó, quedó atrás el 10 de diciembre, fecha en que asumió nuestro presidente, Mauricio Macri.
Le pido entonces que no tenga más miedo, porque en la Argentina se acabaron el apriete y el miedo. Simplemente quería decirle eso, para que se quede tranquilo y confíe.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tiene la palabra el señor Di Spalatro.
SR. DI SPALATRO Señor presidente: a propósito de sugerir deberes para la comisión, ya que los han pedido, quiero señalar que en una asamblea de ARBIA hemos resuelto incorporar como socios a los canales de televisión de baja potencia. Sería interesante que la comisión se involucrase para que los canales de baja potencia de cada una de las localidades del interior de la Argentina pudieran ser incorporados a la grilla de los canales por cable que operan en esos lugares.
Este es un tema casi prioritario, ya que de ello puede depender que esos canales de televisión sobrevivan. Aclaro que no son competencia para el cable, ya que éste cobra el abono, mientras que los canales de televisión de baja potencia transmiten por aire y su único ingreso es el derivado de la publicidad.
Este es un tema casi prioritario, ya que de ello puede depender que esos canales de televisión sobrevivan. Aclaro que no son competencia para el cable, ya que éste cobra el abono, mientras que los canales de televisión de baja potencia transmiten por aire y su único ingreso es el derivado de la publicidad.
SR. PRESIDENTE BRÜGGE Tomamos nota del pedido formulado.
Agradecemos la presencia de todos nuestros invitados y seguramente nos mantendremos comunicados.
Recuerdo a los señores diputados que hasta el jueves al mediodía pueden remitir las preguntas con vistas a la reunión conjunta que el próximo martes tendremos con la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia.
Queda levantada la reunión.
Agradecemos la presencia de todos nuestros invitados y seguramente nos mantendremos comunicados.
Recuerdo a los señores diputados que hasta el jueves al mediodía pueden remitir las preguntas con vistas a la reunión conjunta que el próximo martes tendremos con la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia.
Queda levantada la reunión.