ARTÍCULO 1°.- Incorpórese como Artículo 12 Bis, el Título II. De la Educación Superior. Capítulo 3. Derechos y obligaciones, de la Ley 24521 de Educación Superior, lo siguiente:

"Art. 12 Bis.- Se prohíbe ocupar cargo o desempeñarse como autoridad, en el ejercicio de la docencia y en la integración de órganos de gobierno de las instituciones de Educación Superior a:

a) quienes hayan sido o sean condenados por delito de lesa humanidad, o hayan incurrido o incurran en actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático, aún cuando se hubieren beneficiado o beneficien por el indulto o la conmutación de la pena,

b) quienes hayan sido o sean condenadas por delitos contra la integridad sexual, aún cuando se hubieren beneficiado o beneficien por el indulto o la conmutación de la pena."

Art. 2°.- De forma.

Señor presidente:

EL 24 marzo de 1976, la dictadura cívico- militar iniciaba un sangriento período de represión y terrorismo de Estado que marcaría un punto de inflexión en la historia de la Argentina. Miles de desaparecidos, campos de concentración además de la consabida desindustrialización y reprimarización de la economía, con su consecuencias de desocupación y pauperización de la clase trabajadora.

Desde 1983, y aún en pleno proceso de recuperación de la democracia, no ha sido fácil desandar ese camino. Durante dos décadas convivimos con la impunidad para los responsables del genocidio y el terrorismo de Estado. Desde el 25 de mayo de 2003, el proyecto político que gobierna nuestro país, a la par que rompió con la lógica neoliberal impulsada por la Dictadura y continuada, aún en democracia, especialmente en la década del noventa, impulsó activamente la lucha contra la impunidad. La Memoria, verdad y justicia, se convirtieron en las banderas que enarbolaron las nuevas políticas de Estado.

La reparación de la vulneración de los derechos humanos, y las tareas de investigar, juzgar y condenar a quienes perpetraron delitos de lesa humanidad constituyen, desde hace una década por parte del Estado argentino, acciones de estricta justicia. Desde el año 2003, con la sanción de la Ley 25.779 que declaró insanablemente nulas las leyes 23.492 y 23.521, más conocidas cómo de Punto Final y Obediencia Debida, el gobierno nacional se ha propuesto poner fin a la más cruel de las impunidades y a la falta de justicia.

Actualmente, los delitos más graves cometidos contra el pueblo argentino están siendo juzgados con leyes y tribunales comunes en juicios orales y públicos. Se encuentran en curso 13 juicios orales y públicos en curso en Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, Corrientes, Tucumán, Rosario, Paraná, Santa Fe, Córdoba, San Martín, CABA y Mar del Plata; 300 causas en trámite, en etapa de instrucción o esperando el juicio oral; 923 procesados y 370 condenados.

El juzgamiento de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura cívico-militar es política de Estado en nuestro país. Pero no se trata sólo de condenar hechos atroces de nuestro pasado reciente como Nación, sino de fijar reglas claras para nuestra convivencia futura sobre la base de la memoria, la verdad y la justicia. Es en este sentido que se encamina el presente Proyecto de Ley.

En definitiva, se trata de una política de derechos humanos, y es por eso que también incluimos en esta modificación de la Ley de Educación Superior a los delitos cometidos contra la integridad sexual, comprendidos dentro del Titulo III del Libro segundo del Código Penal y modificados a partir de la Ley N° 25.087. El objetivo de esta normativa es proteger penalmente la integridad y libertad sexual de las personas, es decir, el derecho que toda persona humana tiene -por el solo hecho de serlo- de mantener relaciones y contactos sexuales sólo con quien desee, y a no tenerlas con quien no desee. Este derecho es una manifestación de la libertad individual de la persona humana, consagrada en la Constitución Nacional (Art. 1, 14, 17, 18, 19, y concordantes) y en los Tratados de Derechos Humanos que tienen jerarquía constitucional (Art. 75 Inc. 22 Const. Nac.).

Consideramos que los delitos de lesa humanidad, así como los que atentan contra la integridad sexual, deben constituir una razón insalvable para el ejercicio de la docencia, en general y en particular en la educación superior. De hecho, en su artículo 70, aunque solo referida a los primeros, la Ley 26.206 de Educación Nacional, explicita claramente que No podrá incorporarse a la carrera docente quien haya sido condenado/a por delito de lesa humanidad, o haya incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, conforme a lo previsto en el artículo 36 de la Constitución Nacional y el Título X del Libro Segundo del Código Penal, aun cuando se hubieren beneficiado por el indulto o la conmutación de la pena.

Una norma en este sentido, es una deuda pendiente con la política de derechos humanos que impulsa este proyecto político desde hace 10 años. Es por ello que solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Ley.