Su repudio hacia las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura cívico militar y reafirma su compromiso con la continuidad del proceso de Verdad y Justicia como política de Estado de carácter irrenunciable;

Reafirmar la obligación del Estado de continuar con los juicios por delitos de lesa humanidad para conocer la verdad de los hechos y condenar a todos los responsables civiles y militares;

Reafirmar el deber del Estado de mantener vivas las políticas de Memoria, Verdad y Justicia como garantía de no repetición en nuestra sociedad.

Señor presidente:

El 12 de mayo del 2010, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo, esta Cámara de Diputados sesionó sobre tablas un proyecto de declaración (057-P-2010) ingresado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, en donde el pleno se comprometió a asegurar la continuidad del proceso de verdad y justicia que se venía desarrollando en el país. En la Comisión de Derechos Humanos y Garantías los diputados y diputadas de todos los bloques firmaron esta declaración, a saber: Victoria Donda Pérez, Remo Carlotto, Elisa Carca, Ulises Forte, Maria J. Areta, Raúl Barrandeguy, Miguel A Barrios; Verónica Benas, Soledad Martínez, Fabián Peralta, Hugo Perié, Julia Perié, Elsa Quiroz, Silvia Risko, Claudia Rucci, Maria L. Storani y Juan C. Vega. Luego, en la sesión la resolución fue aprobada por unanimidad por todos los bloques.

El proceso de memoria verdad y justicia es un proceso histórico de más de tres décadas que tiene entre sus orígenes la destacada lucha del movimiento de derechos humanos de nuestro país.

En el año 2003, ésta Cámara de Diputados declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y luego, en el año 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación proclamó la inconstitucionalidad de esas leyes, dando paso así a la reapertura de las causas judiciales por delitos de lesa humanidad.

Uno de los resultados más destacable de esta política de derechos humanos es el juzgamiento a represores en toda la República Argentina. También merece mencionarse que los juicios se desarrollan ante tribunales locales y no ante tribunales ad hoc o especiales como en otros lugares del mundo. Todo ello, ha significado que nuestro país se convierta en una experiencia única y un ejemplo mundial en materia de derechos humanos,

Más de una década después de aquella decisión histórica del 2003, ya son más de 437 los genocidas condenados y 116 los jóvenes que recuperaron su identidad.

Sin embargo, a lo largo de todos estos años de avance se han encontrado obstáculos, reticencias y nuevas formas de eludir el accionar judicial: desde connivencias en las justicias federales provinciales, amedrentamiento de víctimas, familiares y testigos, ayuda para la evasión de condenados, hasta situaciones que parecieran menores como falta de organización para los debates orales, pero que cumplen con el objetivo de que no se produzcan los juicios.

Frente a esto, resulta necesario reafirmar nuevamente la obligación del Estado Argentino de continuar con los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico para condenar a todos sus responsables, y el deber del Estado de mantener vivas las políticas de Memoria, Verdad y Justicia como garantía de no repetición en nuestra sociedad.

Por todo lo expuesto, solicito me acompañen con la firma del presente proyecto de declaración.