Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, con el fin de instarle a que, a través del Ministerio de Trabajo defina e implemente un Programa de Tipificación, Capacitación y Certificación o Validación para los Trabajadores Rurales Especializados en: a) Manejo de Agroquímicos y Agro veterinarios, b) Manejo de Maquinaria Agrícola, Herramientas e implementos, c) Manejo de Cargas, d) Manejo de Instalaciones Eléctricas, e) Manejo de Animales, f) Detección y Control de Incendios; y que estimule y apoye a los Estados Provinciales a adherir a dicho programa en sus respectivos territorios, a efectos de elevar eficaz y eficientemente los niveles de salud y seguridad en el trabajo rural.

Señor presidente:

A un lustro luego de iniciado el nuevo siglo, la situación laboral en la Argentina dista de ser adecuada para su población económicamente activa, ni en cantidad ni en calidad. Los niveles de desempleo y subempleo continúan siendo alarmantes, a la vez que las condiciones de inestabilidad e inseguridad en que se desenvuelven laboralmente cientos de miles de personas exponen claramente la debilidad en que se encuentra sumido el mundo del trabajo en la Argentina luego de más de una década de desestructuración económica y social.

Múltiples (en cantidad, calidad y óptica de análisis) son los estudios, proyectos y declaraciones que han abordado la situación de la clase trabajadora Argentina. En particular, el proceso de desarticulación interna en la que la ha sumido la aplicación de políticas de desregulación durante la década de 1990, las consecuencias sociales de los procesos de destrucción de puestos de trabajo y la precarización de los niveles de estabilidad y calidad de desempeño del trabajo, han sido los tópicos más abordados. Sin embargo, no todos los sectores económicos se han convertido en objeto de dichas iniciativas; en particular, el sector de la producción agropecuaria no fue abordado integralmente, si bien se cuentan por decenas las investigaciones académicas, las declaraciones de prensa y los pronunciamientos institucionales, concentrados en aspectos puntuales o en subsectores determinados. Es así, entonces, que la cuestión de la salud y la seguridad en el trabajo ha sido sistemáticamente dejada de lado en la indagación, el análisis y la reflexión sobre el trabajo rural.

Los años de la década de 1990 pueden considerarse, en relación al mundo del trabajo, como una etapa de deconstrucción global de las relaciones laborales. No sólo fue un período en el cual se desmontó un conjunto de derechos adquiridos por parte del colectivo trabajador, que se fueron afianzando a lo largo de varias décadas precedentes, sino que también comenzó a montarse un nuevo esquema relacional entre el capital y el trabajo. Un esquema que convirtió lo que antes era la excepción, en una norma: la precariedad.

Si ese proceso fue general para el conjunto de las relaciones laborales, mucho más acentuado se vivió esto en la actividad agropecuaria, donde las particulares características que presenta el trabajo agrario y su colectivo trabajador, acentuaron aquella precariedad.

La temporalidad contractual, el establecimiento de relaciones permanentes por fuera de los regímenes legales, las condiciones salud y de seguridad en el trabajo cada vez más precarias, el desarraigo del trabajador y la delegación de la administración del trabajo agrario en terceros actores son algunos de los rasgos que fueron haciéndose más notorios.

En diversas investigaciones efectuadas desde distintos ámbitos se ha podido observar que el nivel de concientización respecto de las cuestiones de salud y seguridad en el trabajo es bajo, tanto a nivel de los mismos trabajadores como entre los patrones y los representantes de las corporaciones empresarias del sector, al tiempo que la objetivación de las condiciones laborales y de las causales de accidentes y de enfermedades del trabajo es débil.

Mientras los dirigentes corporativos tienden a subsumir la mejora en las condiciones de salud y seguridad en el trabajo a la evolución de los costos y la rentabilidad empresaria, los trabajadores y los productores señalan que, por un lado, los accidentes son, grosso modo, evitables con una mayor compenetración del trabajador en las tareas que realiza, y por el otro, que las enfermedades profesionales constituyen una cuestión del pasado, y son hoy inexistente.

La precariedad de las condiciones laborales pasó a constituirse en la norma que rige la situación del empleo agropecuario, donde la flexibilización regía de hecho, más allá de ciertas regulaciones normativas, desde antes de los años de 1990. Esa precariedad no se manifiesta tanto en las condiciones de vida del colectivo trabajador, si bien estas están por debajo del nivel mínimo muchas veces, sino también en la carencia de acceso a derechos básicos, como al descanso anual, al de una jornada de trabajo de duración razonable, al de la estabilidad en el puesto de trabajo, al de contar con una cobertura médica mínima y adecuada y al de ejercer su trabajo de manera saludable y segura.

Si bien el sector rural argentino cuenta con una legislación específica en higiene y seguridad en el trabajo agrario (Decreto 617/97 y Resolución SRT 79/97), lo cual constituye un avance importante en el ámbito internacional, la misma no ha trascendido a los establecimientos agropecuarios puesto que los naturales difusores (las ART, la SRT y las corporaciones agrarias) no se actúan activamente en esta temática en el medio agrario.

A este respecto, los estudios disponibles señalan cuáles son las temáticas centrales que deberían concentrar las acciones de mejoramiento de las condiciones de salud y seguridad mencionadas.

En primer lugar, se destaca la urgente necesidad de estructurar un programa de capacitaciones a trabajadores y patrones en:

-manejo de agroquímicos y agro veterinarios

-manejo de maquinaria agrícola, herramientas e implementos

-manejo de cargas

-manejo de instalaciones eléctricas

-manejo de animales

-detección y control de incendios

El resultado de esta identificación permite derivar, entonces, la necesidad prioritaria que es objeto de esta Resolución: que ciertas tareas agropecuarias sean tipificadas profesionalmente, y que para su ejercicio exista una regulación, sencilla pero eficaz, que garantice la capacidad de esos trabajadores, a través de una acreditación de validez nacional.

Así, por ejemplo, convendría diseñar y ejecutar una capacitación específica para operadores de maquinaria agrícola, aplicadores de agroquímicos, para aplicadores de agro veterinarios y para motosierristas. La realización de dichas capacitaciones y la incorporación de los capacitados a un registro específico permitiría a esos trabajadores contar con un certificado que avale su capacidad y le permita acceder a un puesto laboral específico y mejor remunerado, al tiempo que esto redunda en un beneficio para el titular de la explotación en el sentido de que tiene la certeza de que el trabajador al que contrata sabe cómo ejercer su profesión en forma segura, evitando así accidentes y enfermedades profesionales.

En razón de lo expuesto es que esta Resolución insta firmemente al Poder Ejecutivo Nacional a que diseñe e implemente un sistema de tipificación, certificación o validación del trabajo rural especializado, en tanto que se trata de una estrategia sencilla, eficaz y eficiente para mejorar las condiciones de salud y seguridad laboral en el que se desenvuelve el trabajo rural en la Argentina.