ARTICULO 1º Condónense a las cooperativas prestadoras de servicios de energía eléctrica y agua potable que operen en el Territorio Nacional y sólo por las prestaciones de estos servicios, los intereses, multas y demás sanciones que pudieran corresponder por incumplimientos de obligaciones impositivas y previsionales y de la seguridad social, devengadas hasta el 31 de diciembre de 2006, inclusive.

ARTICULO 2º.- Los beneficios de esta ley comprenden a intereses y multas que no se hubieran abonado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y que correspondan por obligaciones impositivas, previsionales y de la Seguridad Social, cuya deuda de capital se cancele ante del 31 de diciembre del 2007.

ARTICULO 3º.- La condonación de sanciones dispuestas por esta ley incluyen las que pudieran ser procedentes por aplicación de la Ley 24.769 y sus modificatorias.

ARTICULO 4º: De forma.

Señor presidente:

Según un informe de Cooperar, de noviembre de 2004, en el país funcionan 615 cooperativas prestadoras de servicio eléctrico, con unos cinco millones de socios usuarios y reúnen un 10,8% de la distribución de energía. Las cooperativas prestadoras del servicio de agua potable serían 587, con cuatro millones de asociados.

La ley de emergencia económica afectó especialmente a las cooperativas eléctricas por su peculiar situación en el mercado. Ello así porque deben adquirir la energía a un precio fijado por el proveedor (en general organismos oficiales nacionales o provinciales) y deben entregarla a los usuarios también a precios fijados por los entes oficiales de contralor (en los hechos con tarifas congeladas para los usuarios residenciales que son los que reúnen los mayores consumos en los suministros de las cooperativas). Una situación no muy distinta enmarca la actividad de las cooperativas en materia de agua potable.

En el contexto de recesión que se operara se registraron duros momentos en que estas entidades se encontraron con enormes dificultades para seguir prestando el servicio público, debieron restringir inversiones y en ocasiones se vieron enfrentadas a dificultades interpretativas en la aplicación de normas salariales y/u obligadas a incumplir en tiempo y forma con sus obligaciones tributarias (por impuestos y por aportes previsionales y de la seguridad social).

Hoy, en la mayor parte de los casos, las situaciones de crisis se han superado como fruto del crecimiento económico generador de mayores ingresos.

Tanto en materia impositiva como en leyes sociales los intereses que se aplican tienen, por su magnitud, connotaciones claramente sancionatorias y se acumulan a las multas para configurar un escenario en el que, al día de hoy, que están en vías de desaparecer las crisis individuales de las cooperativas, aparece el fisco formulando reclamos de sanciones que recrean dificultades que parecían superadas.

Si unimos la característica no lucrativa de los entes prestadores, el contexto de crisis económica en que debieron desenvolverse hasta fines del año 2006 y las responsabilidades que el Estado Nacional tiene en cuanto a garantizar los servicios públicos esenciales, no puede sino justificarse este proyecto que postula la condonación de sanciones para las cooperativas prestadoras de estos servicios públicos básicos (electricidad y agua) que ya hayan cancelado la deuda de capital por obligaciones impositivas y previsionales y de la seguridad social, devengada hasta el 31 de diciembre de 2006, o en su defecto que la cancelen antes del 31 de diciembre de 2007.

Por todo lo expuesto solicito a los Señores Legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.