Artículo 1°: Derógase el artículo 7 del Decreto de necesidad y urgencia N° 1053/2018 de fecha 15 de noviembre de 2018.

Artículo 2°: De forma.

Señor presidente:

En menos de 60 días el Gobierno Nacional ha dictado tres normas modificatorias del régimen tarifario del servicio público de gas; una en perjuicio de los sectores de menores recursos y dos en beneficio exclusivo de las grandes empresas distribuidoras.

Mediante la primera, Resolución 14/2008 de la Secretaría de Energía (BORA 27/9/2018), se eliminaron dos importantes beneficios para las familias carenciadas, sobre todo para las del interior del país. Por un lado se suprimió la bonificación que se otorgaba a los usuarios residenciales de gas natural que lograran un ahorro en su consumo comparado con el año anterior y por otro se eliminó de la tarifa social el subsidio al segundo bloque de consumo. Estas modificaciones provocaron un aumento del 50% en la tarifa de gas abonada por los usuarios residenciales de las categorías R1 y R2, es decir más de la mitad de las familias argentinas.

Posteriormente, el pasado 5 de octubre, la misma Secretaría de Energía dictó la Resolución 20/2018 por medio de la cual se dispuso “que para las diferencias entre el precio del gas previsto en los contratos y el precio de gas reconocido en las tarifas finales de las prestadoras del servicio de distribución, valorizadas por el volumen de gas comprado desde el 1º de abril y hasta el 30 de setiembre de 2018, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) instruirá a las prestadoras del servicio de distribución al recupero del crédito a favor de los productores en línea separada en la factura de sus usuarios, en veinticuatro (24) cuotas a partir del 1º de enero de 2019". Esta disposición significaba lisa y llanamente que la corrida del dólar provocada por la impericia del gobierno debía ser pagada por todos los usuarios de gas, eso sí en 24 cuotas con intereses. Esta medida fue tan desacertada como criticada, lo que llevó al Presidente Macri a anunciar públicamente que la iba a dejar sin efecto.

Y así lo hizo; efectivamente no van a ser los usuarios del gas los que tendrán que pagarle a las distribuidoras por la diferencia en el valor del dólar, ahora vamos a ser todos los argentinos quienes deberemos hacernos cargo de la escandalosa suma de más de 20 mil millones de pesos que las distribuidoras dicen que perdieron por el aumento del dólar. También se deberán hacer cargo de la “deuda” los que ni siquiera gozan de acceso a las redes de gas, es decir, los más humildes y los alejados de los grandes centros urbanos.

Ello así en virtud del DNU cuya derogación parcial propiciamos, en cuanto dispone en la primera parte de su artículo 7°: “Establécese que el Estado Nacional asume, con carácter excepcional y con el alcance previsto en este artículo, el pago de las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregados en ese mismo período.”

En el Anexo del mencionado DNU, que modifica el Presupuesto 2018, se retrae de las sumas previstas al Ministerio del Interior, al de Hacienda y a las ENACOM un total de 38.300 millones de pesos para ser asignadas casi en su totalidad a favor de las grandes empresas distribuidoras de gas.

Lamentablemente vemos como día a día se profundiza la política económica en detrimento de quienes menos tienen y en favor del capital concentrado. Se sigue beneficiando las actividades extractivas; estas y las financieras son las grandes ganadores de este modelo y, en contraposición, los trabajadores (formales e informales) y las PyMEs resultan ser los más afectados por la crisis.

Por todo ello solicito el acompañamiento de mis colegas.