Rechazar el paquete de leyes de ajuste del gobierno provincial de Tierra del Fuego, que fuera aprobado el 8 y la madrugada del 9 de enero, y que ha impuesto reducciones de salario, reducción a las jubilaciones y pensiones por discapacidad (RUPE), la injerencia del ejecutivo provincial en la caja del IPAUSS rompiendo con la autarquía característica del mismo, aumentando de la edad jubilatoria en un claro ataque a conquistas históricas de los fueguinos, como así también cierre de paritarias muy por debajo del nivel inflacionario. Asimismo solicitamos al gobierno provincial la apertura del diálogo reclamado por los gremios estatales que acampan desde hace más de un mes en los alrededores de la gobernación.

Señor presidente:

A principios de este año el nuevo gobierno de Tierra del Fuego, a cargo de Rosana Bertone (FPV) aprobó a través de la Legislatura la ley 1068 de emergencia en Seguridad Social, que contempla el aumento de la edad jubilatoria respecto del régimen vigente, llevándola a 60 años tanto para mujeres como para hombres, terminando con la jubilación adquirida al trabajar los “25 inviernos”, además se impuso un descuento salarial, de entre un 1% y un 4,5% del salario a los estatales activos y entre un 8% y un 15% a una gran parte de los jubilados con el mal llamado “fondo solidario”.

Las leyes 1070 y 1071, subsiguientes a la de emergencia en Seguridad Social tienen como finalidad terminar con la autarquía del IPAUSS, ya que divide la caja entre la

“Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego (CPSPTF)”, y la “Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego” (OSPTF).

Con el argumento de que es la única forma de financiar el déficit fiscal y jubilatorio, se han tomado estas medidas de ajuste que han sido apoyadas por el ministro del interior Rogelio Frigerio. Ello, en línea con la avanzada sobre las cajas provinciales, como pasara en diciembre pasado en la provincia de Córdoba, se trata de terminar con conquistas importantes de la clase trabajadora y en el caso fueguino terminar con la jubilación extraordinaria de los “25 inviernos” trabajados, con la jubilación ordinaria y con el 82% móvil.

El Régimen Único de Personas Especiales (RUPE) ha sufrido una quita del 5% sobre la pensión, como así también el fin de las prestaciones por parte del IPAUSS a aquellas personas que posean otra obra social. Por otro lado, el sector de profesionales de la salud también ha sufrido un ataque a condiciones laborales, como es el desconocimiento de las guardias para el ámbito médico en el cómputo para las jubilaciones, pero se mantiene la obligación de continuar pagando aportes y contribuciones. La gobernadora anunció cambios cosméticos en estos puntos del paquete de leyes, por ejemplo el no descuento del aporte “solidario” a quienes cobren menos de 26.000 pesos (un impuesto a las ganancias fueguino), el no descuento a los pensionados por discapacidad que tengan otra obra social y negociar con el sector de salud el blanqueo de las guardias. -

También se llevó adelante el despido de más de 250 talleristas docentes y de precarizados del PEL (Programa de Entrenamiento Laboral). Estos últimos son jóvenes que cobran dos mil pesos, no poseen obra social ni tampoco aportes a la obra social, pero cumplen las mismas funciones y misiones que cualquier empleado de planta. A ello, se suman los cientos de bajas y despidos en el ámbito estatal central. Solo algunos de ellos han sido reincorporados, pero bajo la planta “política”.

Ante este plan de ajuste brutal, los trabajadores nucleados en más de 23 gremios estatales llevan adelante un acampe en los alrededores de la gobernación en la ciudad de Ushuaia, como medida de reclamo para que se abra el diálogo. Todos los días se realizan asambleas a las que se van sumando trabajadores y el pueblo en su conjunto, llevando adelante una profunda deliberación sobre la crisis provincial constituyendo un verdadero espacio democrático.

Es preocupante el cuadro de ajuste sobre salarios de estatales y privados que rondan entre los 14 mil pesos a 23mil aproximadamente, cuando los gremios estiman una canasta familiar que alcanza los 28 mil pesos.

El punto máximo de la lucha se alcanzó el 9 de marzo con un acatamiento al paro provincial por arriba del 90%. Se detuvo por completo la actividad estatal y marcharon más de 10 mil personas a lo largo de Ushuaia, en la movilización más masiva de los últimos 20 años. Para recordar tanta gente en las calles hay que remontarse a las movilizaciones por justicia por Víctor Choque, el primer asesinado en democracia, durante el menemismo.

Esta respuesta de unidad y organización entre trabajadores docentes, municipales, profesionales de la salud, judiciales, empleados de distintos ministerios, trabajadores portuarios, del gremio de luz y fuerza, del IPAUSS, bancarios, va sumando la solidaridad de los trabajadores del sector metalúrgico, tal como fue el paro provincial y la movilización que llevó adelante en Río Grande la UOM el pasado 29 de marzo, también por sus reclamos propios como el pago de los salarios adeudados por la empresa FOXMAN, la efectivización de la planta temporaria, y la reincorporación de los despedidos . En esta ciudad también se ha instalado un acampe de trabajadores en una de las avenidas principales en forma permanente y otro acampe en la ciudad de Tolhuin.

Durante los últimos días, el gobierno también ha decidido utilizar todas las herramientas comunicacionales para desprestigiar la lucha y justificar el ajuste, tal es así que se puede comprobar como los canales locales y los periódicos provinciales hablan de un reclamo “desmedido”. El gobierno ha decidido intentar poner en contra a los trabajadores entre sí, pero la conciencia se encuentra muy elevada y estas burdas maniobras no han surtido el efecto esperado por la gobernadora.

En esta provincia la justicia, a instancias del ejecutivo, ha llevado adelante una fuertísima judicialización de la protesta social, como es el caso de la condena dictada en diciembre pasado a 28 camioneros y docentes, estos últimos nucleados en el SUTEF, solo 5 absoluciones, además de las causas administrativas para dejarlos fuera del ejercicio del cargo docente.

Es por todo esto, que los abajo firmantes no sólo expresamos preocupación por el nivel de conflictividad social de la provincia ante la desidia gubernamental, sino que resolvemos solicitar al gobierno provincial de Tierra del Fuego la apertura inmediata del dialogo. Asimismo rechazamos la criminalización de la protesta social, el paquete de leyes de ajuste, la separación de las cajas y la pérdida de la autarquía del IPAUSS.

Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.