ASUNTOS CONSTITUCIONALES

Comisión Permanente


Of. Administrativa: Piso P04 Oficina 449

Jefe SRA. ROJAS CAMILA SOLEDAD

Secretario administrativo DR. URIONDO FRANCISCO MANUEL

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PROYECTO DE RESOLUCION

Expediente: 1184-D-2016

Sumario: PROMOVER LA REMOCION DEL AUDITOR GENERAL DE LA NACION SEÑOR RICARDO DANIEL ECHEGARAY, POR INCONDUCTA GRAVE O MANIFIESTO INCUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES.

Fecha: 31/03/2016

Publicado en: Trámite Parlamentario N° 21

Proyecto
Promover la remoción del Auditor General de la Nación, Sr. RICARDO DANIEL ECHEGARAY, por inconducta grave o manifiesto incumplimiento de sus deberes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Constitución Nacional y de la ley 24156 artículos 124 y 126.

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


Vista las graves acusaciones contra el Sr. Ricardo Daniel Echegaray, actual Auditor General de la Nación, quien detentara en los últimos años el cargo de Titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entendemos que la gravedad institucional del caso hacen imprescindible la intervención del Congreso de la Nación a través del proceso de remoción previsto en la ley 24156 artículos 124 y 126 y articulo 85 de la Constitución Nacional.
La ley 24156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional establece en su artículo 124 que en caso de inconducta grave o manifiesto incumplimiento de sus deberes, el Auditor podrá ser removido de su cargo. La remoción debe hacerse en tanto y en cuanto la mancha que existe de corrupción es imborrable y afecta el espíritu del cuerpo haciendo que se debilite la credibilidad del tan importante organismo de control como lo es la Auditoria General de la Nación.
Si bien la ley 24156 en su art 126 impone condiciones para la designación de sus Auditores, en el caso en particular el Auditor Ricardo Daniel Echegaray ya ha sido designado en el presente año y como expresamos, actualmente existen denuncias gravísimas en contra de él, lo que promueve este pedido de remoción conforme lo indica el art 124.
La inconducta grave o manifiesto incumplimiento de sus deberes, denunciada por la Oficina Anticorrupción y por diputados se remite al incumplimiento de deberes cuando fue Titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, por innumerables irregularidades en su gestión y que hoy afecta su nueva función por haber probablemente omitido manifestar las mismas.
Se hace necesario que todo Funcionario Público y, en el caso particular, conserven intachables antecedentes para asumir o para continuar en sus funciones. Las denuncias en su contra impactaron en todos los medios y en la poblacion, ello hace que sea un impedimento de continuidad debido a que ensucia el honor que debe imperar en la AGN.
Por lo expresado sucintamente pido al cuerpo de corresponder se proceda a la remoción definitiva, por el bien de la AGN y de este Honorable Congreso de la Nación.
Proyecto

ANEXO

ANEXOS COPIA DE DIARIOS DE LA NACION
LA NACION
MARTES 29 DE MARZO DE 2016
El Gobierno, a través de la Oficina Anticorrupción (OA), le pidió al juez federal Ariel Lijo que cite a prestar declaración indagatoria al auditor general de la Nación y ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, al acusarlo de facilitar al ex vicepresidente Amado Boudou quedarse con la empresa Ciccone.
Lijo ya había desechado que Echegaray fuera acusado en la causa, pero el fiscal del caso, Jorge Di Lello, también pidió indagarlo.
Colaboradores de Echegaray dijeron a LA NACION que el pedido de la OA, que lidera Laura Alonso, "expone claramente una persecución ideológica" y una "maniobra burda de amedrentamiento contra la Justicia en pos de direccionar la investigación de manera tendenciosa y sin ningún elemento nuevo con sustento". Para la Oficina Anticorrupción, Echegaray pudo haber cometido el delito de "negociaciones incompatibles con la función pública" cuando primero pidió la quiebra de Ciccone, con lo que debilitó a la firma y permitió el ingreso de los fondos de The Old Fund para capitalizarla. Dos meses después, Ciccone pidió levantar la quiebra y la AFIP le hizo lugar en una hora y media. Es decir que el pedido de la empresa entró al juzgado el 16 de septiembre de 2010, a las 10.28, y la AFIP lo otorgó de modo incondicional a las 11.59 del mismo día. A partir de allí se le dio a la empresa un plan de facilidades que concede el administrador para enfrentar el pago de sus deudas. La OA dijo que esta secuencia se acordó con Echegaray, que se valió de sus empleados de la línea para darles órdenes y ejecutar la maniobra.
"Nos encontramos frente a un funcionario que utilizó la voluntad de un organismo público en un proceso concursal y posteriormente de quiebra para beneficio de la actividad ligada a la empresa del vicepresidente", dijo la OA, que calificó de "esencial" el aporte de Echegaray.
Boudou está a la espera de que la causa sea elevada a juicio oral junto con Alejandro Vandenbroele, señalado como su presunto testaferro, y José María Núñez Carmona, entre otros. Echegaray ya declaró como testigo y se desligó de Boudou. Allegados a Echegaray dijeron que la Sala I de la Cámara Federal dijo que corresponde a Lijo "evaluar las distintas líneas de investigación".
Para la OA, por un lado Echegaray "alegaba actuar como férreo representante del fisco, levantando la quiebra de Ciccone enarbolando una presunta gestión recaudatoria, y por otro beneficiaba intereses particulares de terceros, tales como los del ex vicepresidente de la Nación y sus cómplices".
"Echegaray no frustró ningún plan ilegal de pagos. Por el contrario, facilitó con su intervención la maniobra delictiva que concluyó en la adquisición irregular de la calcográfica por parte del ex vicepresidente y sus cómplices", enfatizó la OA en su escrito. El juez Lijo debe resolver la situación procesal de Echegaray antes de elevar el caso a juicio, como pidió el fiscal.
LA NACION
MIÉRCOLES 23 DE MARZO DE 2016
Echegaray deberá dejar la AGN si lo procesa la Justicia
Michetti y Monzó prevén su remoción si avanzan causas en su contra
La decisión está tomada: si el ex director de la AFIP Ricardo Echegaray es procesado en alguna de las causas que tiene en trámite, el oficialismo avanzará en su remoción como presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN).
La medida, reclamada por Elisa Carrió y otros dirigentes del oficialismo y de la oposición, se tomará por medio de una resolución conjunta de los presidentes del Senado, Gabriela Michetti, y de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, según confirmaron a LA NACION allegados a esos funcionarios.
Consultado por LA NACION, Echegaray sostuvo que "la ley exige en materia penal que haya una sentencia condenatoria" y no sólo un procesamiento. Pero aseguró que en caso de que hubiese avances serios en una causa en su contra, él se adelantaría a la remoción. "Si me dictan un procesamiento y esa resolución queda firme, sin instancias de apelación por delante, yo renuncio a la AGN y a cualquier otro cargo", se comprometió.
Por el momento, el escenario que daría inicio al proceso de remoción es lejano. Echegaray no está procesado en ninguna causa y el año pasado fue sobreseído en tres denuncias judiciales. Sólo cuenta con un pedido de declaración indagatoria, presentado por el fiscal Jorge Di Lello, en la causa Ciccone. El juez de ese expediente, Ariel Lijo, no tiene previsto citarlo.
Michetti y Monzó son los que el 5 de enero designaron formalmente a Echegaray al frente de la AGN, el principal órgano de control del Estado. Fue a pedido del PJ, el más importante partido de oposición, tal como lo estipula la Constitución.
De acuerdo con la ley de administración financiera (24.156), que regula el funcionamiento de la AGN, los auditores pueden ser removidos "en caso de inconducta grave o manifiesto incumplimiento de sus deberes, por los procedimientos establecidos para su designación".
La clave del tema es que en el momento de la designación Michetti y Monzó pasaron a Echegaray por el filtro del artículo 126 de la ley, que establece que "no podrán ser designados auditores generales personas que se encuentren inhibidas, en estado de quiebra o concursadas civilmente, con procesos judiciales pendientes o que hayan sido condenadas en sede penal".
Carrió, el diputado de la Coalición Cívica (CC) Fernando Sánchez, la diputada Margarita Stolbizer (GEN) y la senadora Magdalena Odarda (CC) argumentaron que la designación violaba el artículo 126. Ante esas objeciones, Echegaray hizo un descargo en el que declaró bajo juramento "no encontrarse procesado en causa judicial alguna".
Basados en esa declaración, que consignaron en la resolución para su nombramiento, Michetti y Monzó consideran que un procesamiento dictado por un juez de primera instancia bastaría para disponer la remoción.
En forma paralela a la discusión legal, distintos sectores del oficialismo redoblaron ayer la presión para lograr la salida del presidente de la AGN. A los pedidos de Carrió, que calificó la designación como "el peor error" de Mauricio Macri, se sumó ayer un reclamo del diputado radical Miguel Bazze para que Echegaray renuncie. "Desde su conducción en la AFIP se posibilitó el fraude escandaloso con el que el gobierno anterior benefició a algunos de sus amigos, como Cristóbal López, entre otros, que evadieron miles de millones de pesos en perjuicio de todos", argumentó.
Aclaración del auditor
El ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray defendió ayer su labor frente a la operatoria de facturas truchas que terminaron en la contabilidad del empresario patagónico Lázaro Báez y negó que hubiera ordenado a los técnicos del organismo que lo protegieran. Planteó además que la Justicia ya lo investigó por esa supuesta protección y que terminó sobreseído, al igual que otros funcionarios de la AFIP, "sentencia que está firme", añadió.
LA NACION
MARTES 22 DE MARZO DE 2016
El oficialismo refuerza la ofensiva contra Echegaray
Carrió acusó al ex jefe de la AFIP de haber ayudado a Cristóbal López y apuntó contra ex funcionarios que hoy trabajan en la AGN; Negri pidió informes
Echegaray quedó en la mira de los legisladores de Cambiemos
El oficialismo en la Cámara de Diputados reforzó ayer su ofensiva contra Ricardo Echegaray con un único objetivo: removerlo de su sitial en la Auditoría General de la Nación (AGN).
Se trata de una embestida por distintos frentes. Elisa Carrió, que encabeza la cruzada, lo denunció ayer ante la Justicia por haber favorecido, cuando era jefe de la AFIP, al empresario kirchnerista Cristóbal López. La semana pasada, la diputada de la Coalición Cívica pidió a la Oficina Anticorrupción (OA) que se investigue a Echegaray por presunto enriquecimiento ilícito, acusación que extendió a media docena de funcionarios de su entorno íntimo que hoy ocupan cargos jerárquicos en la AGN.
En forma paralela, el jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, elevó un pedido de informes a los miembros de la AGN sobre el intento de Echegaray -luego frustrado- de remover del plan de acción auditorías clave de la gestión kirchnerista. Entre ellas, por ejemplo, la Casa de Moneda, la Lotería Nacional y la Inspección General de Justicia (IGJ). Asimismo, el actual jefe de la AGN pretendía auditar la administración actual de Mauricio Macri en tiempo real. Los otros tres auditores que integran el colegio, Alejandro Nieva, Javier Fernández y Vilma Castillo acusaron a Echegaray de haber falseado el plan de acción de la AGN y, por mayoría, se lo derogó la semana pasada. Negri, en su escrito a los tres auditores, pretende indagar en la supuesta inconducta de Echegaray.
En diciembre pasado, Carrió había impugnado la designación del ex funcionario kirchnerista en la AGN, que había sido propuesto para el cargo por el PJ como principal partido de la oposición. Sin embargo, los presidentes de ambas cámaras del Congreso, Gabriela Michetti (Senado) y Emilio Monzó (Diputados), debieron convalidarlo tras confirmar que el candidato no tenía procesos penales pendientes, uno de los impedimentos que dispone la ley para asumir.
Carrió quedó resentida. "Fue el error más grueso de mi gobierno, no se puede designar a delincuentes ni extorsionadores en los cargos de auditorías ni en ningún cargo", asestó ayer la legisladora oficialista.
Ahora su obsesión es reunir nuevos elementos que conduzcan a la remoción de Echegaray. El ex hombre fuerte de la AFIP, en tanto, niega las acusaciones: asegura que la Justicia lo sobreseyó en todas las causas penales en su contra y que es víctima de un acoso de la política.
Pero Carrió no está dispuesta a dejar la pelea. En su presentación de ayer en la Justicia, se hizo eco de una investigación de LA NACION y acusó a Echegaray de haber permitido que el empresario López, kirchnerista y cabeza del Grupo Indalo, acumulara una deuda con la AFIP por más de 8000 millones de pesos. En su denuncia, Carrió pidió que se levante el secreto fiscal que pesa sobre la AFIP.
"Entre los años 2010 y 2015 -durante la gestión del denunciado Echegaray-, la AFIP otorgó un total de 1530 planes de pago «a medida», que representaron un total de $ 29.800 millones de pesos, para beneficiar a empresas amigas", advirtió Carrió.
La legisladora puso la lupa, también, en el entorno más cercano a Echegaray en la AGN, integrado por funcionarios que lo acompañaron también en la AFIP. La semana pasada, ante la OA, pidió que se investigue por presunto enriquecimiento ilícito a Guillermo Michel, secretario ejecutivo de Presidencia; Silvana Patricia Quinteros, secretaria de Actuaciones Colegiadas; Roberto Javier Ceferino Propato, secretario legal institucional; Julián María Coronel, jefe de Gabinete de Presidencia, y Ricardo José Marino, subgerente de Transferencias.
"Con relación a Guillermo Michel debemos aclarar que es un hombre sospechado de ser especialista en el armado de empresas fantasma, muchas vinculadas a los servicios de inteligencia", denunció la legisladora, a la vez que añadió que "Silvana Patricia Quinteros estuvo a cargo de la regional Oncca Bahía Blanca" y dijo que "Julián María Coronel aparece vinculado en la investigación sobre subsidios falsos de la Oncca".
Consultados por LA NACION, los voceros de Echegaray rechazaron las denuncias contra estos funcionarios y resaltaron que todas las designaciones tuvieron el aval del colegio de auditores, y así lo confirmó este diario. "Es una infamia", enfatizó Michel, quien sostuvo que las acusaciones de Carrió son una "copia" de una denuncia del diario Hoy, de La Plata, ya desestimada por la Justicia.
No obstante, la titular de la OA, Laura Alonso, dispuso abrir la investigación, que ayer Carrió pidió ampliar con más ex funcionarios de la AFIP, entre ellos Rafael Resnick Brenner, Julio César Nieto, Fernando Villaverde, Jorge Gustavo Arce, Sergio Mancini, Sergio Raúl Vargas, Guillermo Cabezas Fernández, Luis María Capellano, Daniel Santana, Sebastián Luis Durruti y Norberto Orlando Filippini.
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
OLIVARES, HECTOR ENRIQUE LA RIOJA UCR
GUTIERREZ, HECTOR MARIA BUENOS AIRES UCR
GIMENEZ, PATRICIA VIVIANA MENDOZA UCR
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
ASUNTOS CONSTITUCIONALES (Primera Competencia)