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ASUNTOS CONSTITUCIONALES

Comisión Permanente

Of. Administrativa: Piso P04 Oficina 449

Secretario Administrativo DR. URIONDO FRANCISCO MANUEL

Jefe SRA. ROJAS CAMILA SOLEDAD

Martes 14.00hs

Of. Administrativa: (054-11) 60752431 Internos 2431/32

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PROYECTO DE LEY

Expediente: 1147-D-2016

Sumario: ACCESO A LA INFORMACION Y TRANSPARENCIA DE GESTION PUBLICA. REGIMEN.

Fecha: 31/03/2016

Publicado en: Trámite Parlamentario N° 21

Proyecto
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN PÚBLICA
TÍTULO I
Sujetos, definiciones, principios y alcance
Artículo 1º - Sujetos legitimados. Toda persona tiene derecho a buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reutilizar y redistribuir información que esté en custodia o bajo control de cualquier autoridad pública o de alguna de las personas privadas -físicas o de existencia ideal- alcanzadas por esta ley, sin necesidad de invocar un derecho subjetivo o interés alguno ni contar con patrocinio letrado. Los sujetos obligados deben, a su vez, proporcionar la información en los términos previstos por esta ley.
Artículo 2º - Definiciones. A los efectos de esta ley, se entiende por información pública todo dato que conste en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato y que sea o deba ser generado u obtenido por los sujetos individualizados en el artículo 4º de la presente ley. Esta definición incluye toda constancia que obre o deba obrar en poder o bajo el control de tales sujetos o cuya producción sea financiada total o parcialmente con fondos públicos o que sirva de base para una decisión de naturaleza administrativa, tales como las actas de reuniones oficiales.
Artículo 3º - Principios. Esta ley sostiene los siguientes principios:
Principio de publicidad: toda la información producida u obtenida por los sujetos obligados se presume pública, salvo las excepciones previstas por esta ley.
Principio de transparencia: todo ciudadano tiene derecho a conocer cuál ha sido el proceso que han seguido los organismos obligados por la presente ley para llegar a una determinada decisión, así como conocer quienes han intervenido en el trámite administrativo y el porqué se ha decidido de un determinado sentido.
Principio máxima divulgación: toda la información bajo el poder o el control del sujeto obligado es accesible para todas las personas. El acceso a la información pública sólo puede ser limitado cuando concurra alguna de las excepciones taxativamente previstas en esta ley.
Principio de informalismo: las reglas del procedimiento para acceder a la información deben facilitar el ejercicio del derecho y su inobservancia nunca puede constituir un obstáculo para ello. Los sujetos obligados no pueden fundar el rechazo de la solicitud de información en el incumplimiento de requisitos formales o de reglas de procedimiento.
Principio del máximo acceso: la información debe publicarse de forma completa, con la mayor cantidad de medios disponibles.
Principio de apertura: la información debe ser accesible en formatos electrónicos abiertos, que faciliten su procesamiento por medios automáticos que permitan su reutilización o su redistribución por parte de terceros.
Principio de disociación: en aquel caso en el que parte de la información se encuadre dentro de las excepciones taxativamente establecidas por esta ley, la información no exenta debe ser publicada en una versión del documento que tache, oculte o disocie aquellas partes sujetas a la excepción.
Principio de no discriminación: se debe entregar información a todas las personas que lo soliciten, en condiciones de igualdad, excluyendo cualquier forma de discriminación y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud.
Principio de máxima premura: la información debe ser publicada con máxima celeridad y en tiempos compatibles con la preservación de su valor.
Principio de gratuidad: el acceso a la información es gratuito, en tanto no se requiera su reproducción. Sólo el costo de reproducción, sus soportes y los gastos de envío, en su caso, son a costa del solicitante.
Principio de control: el cumplimiento de las normas que regulan el derecho de acceso a la información será objeto de fiscalización permanente. Las resoluciones que denieguen solicitudes de acceso a la información podrán ser recurridas ante otro órgano.
Principio de responsabilidad: el incumplimiento de las obligaciones que esta ley impone, originará responsabilidades y dará lugar a las sanciones disciplinarias o penales que correspondan.
In dubio pro petitor: la interpretación de las disposiciones de esta ley o de cualquier reglamentación del derecho de acceso a la información debe ser efectuada, en caso de duda, siempre en favor de la mayor vigencia y alcance del derecho a la información.
Artículo 4º - Sujetos obligados. Son sujetos obligados por las disposiciones de esta ley:
a) Los órganos, organismos o entes de la administración central y descentralizada y entes estatales en general;
b) El Poder Legislativo y los organismos que funcionen en su órbita;
c) El Poder Judicial;
d) El Ministerio Público;
e) Los demás órganos creados expresamente por la Constitución Nacional;
f) Las empresas y sociedades del Estado, entendiéndose por tales a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales en las que el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias;
g) Las entidades públicas no estatales en el ejercicio de funciones públicas;
h) Las asociaciones empresariales, sindicales y entidades u otras organizaciones o personas privadas a las que se les otorgaren subsidios o aportes del Estado nacional, en lo atinente a la utilización o actividades desarrolladas con dichos aportes o subsidios;
i) Las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado nacional;
j) Las empresas privadas a las que se les haya otorgado, mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma jurídica, la prestación de un servicio público o la explotación de un bien del dominio público, en lo atinente a la utilización o actividades desarrolladas con respecto a dicho servicio público o explotación del bien de dominio público;
k) Los entes cooperadores creados por ley, así como también las empresas, asociaciones civiles sin fines de lucro, fundaciones o cooperativas que colaboren con las funciones esenciales del Estado y que se encuentren vinculadas con el Estado a través de convenios o cualquier otra forma asociativa, en lo que sea materia de ejecución de los referenciados convenios;
l) Los fideicomisos que se constituyeren total o parcialmente con recursos o bienes del Estado nacional.
La enunciación realizada en el presente artículo, en ningún caso puede ser interpretada en forma restrictiva como exclusión de sector alguno de la actividad pública.
TÍTULO II
Del acceso a la información
CAPÍTULO I
Solicitudes de información
Artículo 5º - Solicitud. La solicitud de información puede ser presentada ante el sujeto obligado de quien se requiere la información o bien ante la autoridad de aplicación competente, por escrito, por vía electrónica, verbalmente o por cualquier otro medio análogo, sin sujeción a formalidad alguna. No es necesaria la manifestación del propósito o motivo del requerimiento.
En caso que la información no pueda ser entregada de manera inmediata, debe suministrarse al solicitante de la información el número de expediente o constancia correspondiente a su pedido.
Artículo 6º - Plazos. El sujeto obligado requerido debe responder a la solicitud de información en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. El plazo se puede prorrogar en forma excepcional por otros diez (10) días hábiles, si existen circunstancias especiales que justifiquen la imposibilidad de entregar en término la información solicitada, de conformidad con el artículo siguiente. En ese caso, el sujeto obligado requerido debe notificar la decisión fundada de utilizar la prórroga y explicar cuáles son las circunstancias inusuales que, a su criterio, motivan su utilización.
Si el sujeto obligado requerido argumenta, de manera razonable y fundada, que no es el responsable de dar satisfacción a la solicitud, debe reenviar el pedido a la Autoridad de Aplicación de la presente ley en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles. Tanto en el supuesto previsto en el párrafo anterior como en el caso en el que la solicitud fuere presentada ante la autoridad de aplicación, dicha autoridad deberá, en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles, identificar y reenviar la solicitud al sujeto obligado que tuviere en su poder o bajo su control la información solicitada. La autoridad de aplicación notificará al solicitante a qué sujeto obligado fue derivado su requerimiento, la fecha de reenvío y, en la medida de lo posible, la fecha de recepción de la solicitud por el sujeto obligado.
El sujeto obligado al que se le hubiere reenviado la solicitud de información, debe responderla en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, contados desde la recepción de la solicitud remitida por la autoridad de aplicación.
Artículo 7º - Prórroga. Serán consideradas circunstancias justificantes de la prórroga del plazo de respuesta:
a) La necesidad de buscar y reunir la información solicitada, en otros establecimientos que estuviesen físicamente separados de la oficina encargada de procesar el pedido;
b) La necesidad de buscar, reunir y examinar apropiadamente una voluminosa cantidad de informes, diferentes e independientes entre sí, que se soliciten en un solo pedido;
c) La necesidad de realizar consultas a otro organismo que pueda tener un interés importante en la decisión respecto del pedido. En caso de que el transcurso del plazo de diez (10) días ocasione un riesgo para la utilidad y la eficacia de la información solicitada, el sujeto obligado debe responder en un plazo menor al establecido por esta ley. El solicitante debe informar al sujeto obligado y, en su caso, acreditar cuáles son las circunstancias que hacen necesaria una respuesta en un plazo menor.
Artículo 8º - Respuesta. La información solicitada preferentemente se entregará en la forma y por el medio que el solicitante señale. El solicitante sólo debe solventar el costo de reproducción de la información que requiera, el que no puede exceder el valor de la reproducción del material y soporte de la misma, y, eventualmente, el costo de envío, si así fuese necesario y lo requiriera.
Toda información pública deberá estar disponible con el mayor nivel de apertura y desagregación compatible disponible. La solicitud no implica la obligación del sujeto obligado de crear o producir información con la que no cuente o deba contar al momento de efectuarse el pedido, salvo que el Estado estuviere legalmente obligado a producirla en virtud de normas internas o de tratados internacionales.
En caso de que la información solicitada por el requirente, esté disponible en medios impresos o formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber a aquél la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información previamente publicada.
Artículo 9º - Denegatoria. El sujeto obligado sólo puede negarse a brindar la información, por acto fundado, si se verifica que tal información está incluida en alguna de las excepciones taxativamente previstas por esta ley o que no cuenta con la misma. En este último caso debe reenviar la solicitud a la autoridad de aplicación competente.
El silencio del sujeto obligado requerido, la ambigüedad o la inexactitud de su respuesta constituyen negativas injustificadas a brindar la información solicitada, resultando los responsables pasibles de las sanciones previstas en esta ley.
Tanto las resoluciones que conceden la información como aquellas que la deniegan deben indicar que, si el solicitante no está satisfecho con la respuesta que se le brinda, puede reclamar por las vías previstas en los artículos 18º y 19º de esta ley. Tal notificación debe incluir la reproducción textual de esos artículos.
Artículo 10. - Responsabilidad de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos que incumplan los deberes impuestos por esta ley serán pasibles de las sanciones disciplinarias que se establecen en este artículo, sin perjuicio de las demás responsabilidades que por otras leyes les correspondan. Las conductas que se consideran falta disciplinaria y sus sanciones son las siguientes:
a) La entrega o puesta a disposición de la información en forma incompleta o defectuosa o con omisión de las formas, los plazos o las modalidades establecidas en la esta ley y en sus reglamentaciones será sancionada con apercibimiento o suspensión sin goce de haberes de hasta diez (10) días;
b) La falta de respuesta a una solicitud de información y la denegatoria al acceso o a la entrega de información, sin fundamento en las causas de justificación previstas en esta ley, serán sancionadas con suspensión sin goce de haberes de hasta treinta (30) días;
c) La entrega o puesta a disposición de información que se encuadre dentro de las excepciones taxativamente establecidas por esta ley, será sancionada con suspensión sin goce de haberes de hasta treinta (30) días, salvo que la ley especial que establezca la reserva o secreto de la información prevea una sanción disciplinaria más grave, en cuyo caso se aplicará esta última;
d) El incumplimiento de la resolución por la que la autoridad de aplicación respectiva resuelva el recurso administrativo previsto en el artículo 18, será sancionado con cesantía.
e) El incumplimiento de otros requerimientos expedidos por la autoridad de aplicación correspondiente será sancionado con suspensión sin goce de haberes de hasta treinta (30) días. Cuando corresponda la aplicación de una nueva suspensión y de ello resulte la acumulación de más de treinta (30) días de suspensión en un año, contados a partir de la primera suspensión, se aplicará la cesantía por razón de reincidencia.
Las sanciones serán impuestas de acuerdo con las circunstancias acreditadas, el grado de culpa o dolo, el perjuicio ocasionado y los antecedentes que registrare el funcionario en relación con el cumplimiento de esta ley.
Las sanciones se aplicarán por las autoridades competentes y de acuerdo con los procedimientos administrativos y judiciales propios del régimen al que se encuentre sujeto el funcionario sumariado.
El plazo de prescripción para aplicar las sanciones disciplinarias previstas en este artículo es de un (1) año contado desde la comisión de la falta, y únicamente será interrumpido el plazo por la comisión de una nueva falta, la iniciación del sumario y la resolución que lo concluya.
El solicitante de la información, los terceros interesados y la autoridad de aplicación competente pueden instar los procedimientos sumariales y la aplicación de las sanciones previstas en este artículo e intervenir en calidad de parte en las actuaciones judiciales respectivas. A los efectos de lo dispuesto en este párrafo, la autoridad de aplicación competente en cada caso deberá ser informada de modo inmediato y fehaciente de toda actuación sumarial que se inicie de acuerdo con lo establecido en este artículo.
Están excluidos del régimen disciplinario de este artículo el presidente de la Nación, el jefe de Gabinete de Ministros, los ministros del Poder Ejecutivo, los jueces de la Nación y magistrados del Ministerio Público y los legisladores nacionales, los cuales quedan sujetos a las responsabilidades previstas en la Constitución Nacional, las normas orgánicas respectivas y el Código Penal de la Nación.
Artículo 11. - Responsabilidad de los sujetos obligados que no sean funcionarios públicos. En el caso de los sujetos obligados incluidos en el inciso f) del artículo 4º, cuyos patrimonios no sean íntegramente estatales, y de los enumerados en los incisos f), g), h), j), k) y l) del artículo 4º, la comisión de alguna de las conductas tipificadas en el primer párrafo del artículo anterior será sancionada con multa, de acuerdo con la siguiente escala:
a) Hasta diez (10) salarios mínimos vitales y móviles, en el caso previsto en el inciso a) del artículo anterior;
b) Hasta treinta (30) salarios vitales y móviles, en los casos previstos en los incisos b), c) y e) del artículo anterior;
c) Hasta cuarenta (40) salarios mínimos vitales y móviles, en el caso previsto en el inciso d) del artículo anterior.
Las sanciones establecidas en este artículo se aplicarán sin perjuicio de las demás responsabilidades que por otras leyes les correspondan a las personas físicas y jurídicas involucradas.
Las sanciones aplicadas en virtud de este artículo a las personas jurídicas incluidas en el inciso f) del artículo 4º, cuyos patrimonios no sean íntegramente estatales, no obstan a la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo anterior a las personas físicas que las integren en representación del Estado Nacional o sus entes descentralizados, en caso de corresponder.
La multa será impuesta a petición del solicitante de la información, de tercero interesado o de oficio por la Oficina de Información Pública correspondiente, y su monto se determinará de acuerdo con las circunstancias acreditadas, el grado de culpa o dolo, el perjuicio ocasionado y los antecedentes que registrare el sujeto obligado en relación con el cumplimiento de esta ley.
El Poder Ejecutivo nacional reglamentará el procedimiento, el cual debe garantizar el ejercicio pleno del derecho de defensa del sujeto sumariado. El solicitante de la información y el tercero interesado tendrán calidad de denunciantes.
La resolución que imponga la sanción será impugnable únicamente mediante un recurso directo de apelación por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal o por ante las cámaras federales con asiento en las provincias, según corresponda conforme al lugar de comisión de la falta, dentro del plazo establecido en el artículo 25, último párrafo, de la ley 19.549. El recurso tendrá efecto suspensivo.
El recurso directo deberá presentarse fundado ante el tribunal competente, el que solicitará de inmediato a la Oficina de Información Pública correspondiente la remisión de las actuaciones administrativas correspondientes, las que deberán ser elevadas en el plazo de cinco (5) días hábiles judiciales.
Todas las sanciones aplicadas a los sujetos obligados alcanzados por este artículo se publicarán de modo permanente en el sitio web de la Oficina de Información Pública correspondiente, una vez que adquieran firmeza.
El plazo de prescripción para aplicar las sanciones administrativas previstas en este artículo es de un (1) año a contar desde la comisión de la falta, y únicamente será interrumpido por la comisión de una nueva falta, la iniciación del sumario y la resolución que lo concluya.
Los recursos obtenidos por la percepción de las multas impuestas de acuerdo con lo establecido en este artículo serán destinados al programa "Asignación Universal por Hijo" o aquel que lo reemplace en un futuro.
CAPÍTULO II
De la transparencia activa
Artículo 12. - Transparencia activa. Los sujetos obligados contemplados en el artículo 4º incisos a), b), c), d), e) y f) deben publicar, en el plazo de 180 (ciento ochenta) días contados desde que se constituya la autoridad de aplicación, en forma obligatoria en sus respectivos sitios de Internet, de manera accesible, gratuita, actualizada y procesable por medios automáticos, en los casos que corresponda, la siguiente información:
a) Su estructura orgánica, funciones y atribuciones;
b) Las facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos;
c) El marco normativo que les sea aplicable;
d) La nómina de autoridades y personal que ejercen funciones en forma permanente, transitoria o por una relación contractual, incluyendo consultores, pasantes y personal de los proyectos financiados por organismos multilaterales, entes cooperadores u otras organizaciones vinculadas con convenios, detallando sus respectivas funciones, posición en el escalafón y categoría salarial;
e) Las escalas salariales, incluyendo todos los componentes y subcomponentes del salario total, correspondientes a todas las categorías de empleados, funcionarios, consultores, pasantes y contratados;
f) Todo acto o resolución de carácter general, especialmente las normas que establecieren beneficios para el público en general o para un sector, y las actas en las que conste la deliberación de un cuerpo colegiado, cuando así ocurra, como la versión taquigráfica y los dictámenes jurídicos y técnicos producidos antes de la decisión y que le hayan servido de sustento o antecedente;
g) Los informes de los votos de cada miembro en todos los procesos de decisión de los organismos colegiados;
h) La información sobre el presupuesto asignado, sus modificaciones durante el ejercicio y el estado de ejecución presupuestaria, hasta el último nivel de desagregación en que se procesen;
i) El listado completo de las licitaciones, concursos, contrataciones, obras públicas y adquisiciones de bienes y servicios, con especificación de sus objetivos, características, montos y proveedores, así como los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas proveedoras, en su caso;
j) Toda transferencia de fondos públicos y sus beneficiarios, incluyendo todo aporte económico entregado a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas;
k) Los informes de auditorías o evaluaciones, internas o externas, realizadas ex ante, durante o ex post, referidas al propio organismo, sus programas, proyectos y actividades;
l) Los permisos o autorizaciones otorgados, especificando sus beneficiarios;
m) Todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda presentar peticiones o de alguna otra manera incidir en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del organismo obligado;
n) Un índice de trámites y procedimientos que se realicen ante el organismo, así como los requisitos y criterios de asignación para acceder a las prestaciones;
o) Un índice de la información en poder o bajo el control del sujeto obligado, incluyendo la nómina de aquellos documentos calificados como secretos o reservados y, en este último caso, la denominación del documento y la individualización del acto o resolución en el que conste tal calificación;
p) Un registro electrónico de solicitudes de información y respuestas, que contenga una lista de las solicitudes recibidas y la información divulgada;
q) Las sentencias definitivas o resoluciones equivalentes, en todas las instancias judiciales, así como los dictámenes del Ministerio Público y del Procurador General del Tesoro que establecieren criterios para la interpretación y aplicación de la ley, con omisión de los nombres, en los casos en que no puedan ser revelados por disposición de otras leyes o convenciones internacionales;
La autoridad de aplicación será responsable de definir los esquemas de publicación pertinentes, que deberán ser implementados de forma obligatoria por los sujetos obligados especificados en este artículo.
Artículo 13. - Portal de Internet. En cumplimiento del artículo anterior, la autoridad de aplicación es responsable de la construcción de un portal de Internet que sirva de guía para la búsqueda y el acceso a los respectivos sitios web de cada uno de los sujetos obligados, así como de ayuda para la reutilización de la información.
Artículo 14. - Publicación en el Boletín Oficial. Es libre y gratuito el acceso vía Internet a la edición diaria de la totalidad de las secciones del Boletín Oficial de la República Argentina, durante el día hábil administrativo de su publicación gráfica.
Los anexos de los actos administrativos emanados del Poder Ejecutivo nacional no publicados en la edición gráfica del Boletín Oficial de la República Argentina, podrán visualizarse en forma libre y gratuita a través del sitio que al efecto establezca la autoridad de aplicación en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional.
Artículo 15. - Presentación de informes anuales. Antes del 1° de marzo de cada año, los sujetos obligados contemplados en el artículo 4º, incisos a), b), c), d), e) y f) deben presentar a la autoridad de aplicación un informe correspondiente al año calendario anterior. Dicho informe debe incluir:
a) La cantidad de solicitudes de información que le fueron presentadas y el objeto de cada una de ellas;
b) La cantidad de solicitudes respondidas, así como las pendientes; las prórrogas por circunstancias excepcionales; el tiempo de procesamiento y la cantidad de agentes involucrados en la tarea;
c) La cantidad de resoluciones que hubieren denegado solicitudes de información y los fundamentos de cada una de ellas;
d) La cantidad de acciones judiciales iniciadas de acuerdo con la presente ley y, en su caso, su resultado;
e) La información relativa a las sanciones disciplinarias;
f) Las medidas adoptadas para el mejor cumplimiento de esta ley.
TÍTULO III
Excepciones, recursos y autoridad de aplicación
CAPÍTULO I
Excepciones
Artículo16. - Excepciones al ejercicio del derecho. Los sujetos obligados comprendidos en esta ley sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida, en alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de información expresamente clasificada como reservada mediante un decreto del presidente de la Nación, por razones de defensa, seguridad o política exterior. La reserva en ningún caso puede alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición de las políticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la Nación;
b) Cuando se trate de información expresamente clasificada como reservada mediante resolución de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Nación o por decreto de cualquiera de sus presidentes y que se correspondan con actuaciones de naturaleza reservada o secreta de conformidad con la legislación vigente. La reserva en ningún caso puede alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición de las políticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la Nación;
c) Cuando una ley del Congreso de la Nación declare que algún tipo de información referida a seguridad, defensa o política exterior es clasificada como reservada e inaccesible al público o bien estableciere un procedimiento especial para acceder a ella. La reserva en ningún caso puede alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición de las políticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la Nación;
d) Cuando se trate de información que pueda poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario y así lo hubiera evaluado fundadamente la autoridad competente;
e) Cuando se trate de secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos pertenecientes al sujeto obligado y que tuvieren un valor sustancial o fuere razonable esperar que lo tuviere y cuya revelación pudiere perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado;
f) Cuando se trate de secretos industriales, financieros, comerciales, científicos técnicos o tecnológicos suministrados a un ente u organismo estatal en la confianza de que no serían revelados, cuando fuesen individualizados su carácter de protegidos. También se entiende que procede esta excepción cuando la revelación de la información, sin fundamento en la defensa del interés público, pueda provocar importantes pérdidas o ganancias financieras, la pérdida de posiciones competitivas o interferencias en la celebración o ejecución de contratos. Pero cuando el interés vinculado con la salud y seguridad públicas y con la protección del medio ambiente fuere claramente superior en importancia a los intereses particulares de terceros, deberá revelarse la información;
g) Cuando se trate de información preparada por los órganos de la administración dedicados a regular o supervisar instituciones financieras o preparados por terceros para ser utilizados por esos organismos y que se refieren a exámenes de situación, evaluación de su sistema de operación o condición de funcionamiento;
h) Cuando se trate de información que obre en poder de la Unidad de Información Financiera encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información tendiente a la prevención e investigación de la legitimación de activos proveniente de ilícitos, o del organismo o entidad que eventualmente la reemplazare o absorbiere sus funciones;
i) Cuando se trate de información preparada por asesores jurídicos o abogados de la administración, cuya publicidad pueda revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o divulgue las técnicas o procedimientos de investigación; o cuando la información prive a una persona del pleno derecho a un juicio justo;
j) Cuando se trate de información referida a datos personales de carácter sensible, en los términos de la ley 25.326, cuya publicidad constituya una vulneración al derecho a la intimidad, salvo que exista interés legítimo del solicitante y se cuente con el consentimiento expreso de la persona a la que se refiere la información solicitada. En caso de duda se estará a lo que dictamine la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales;
k) Cuando se trate de información amparada por el secreto fiscal y estadístico;
l) Cuando la divulgación de determinación pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona;
m) Cualquier información protegida por el secreto profesional;
n) Cuando se trate de información de carácter judicial cuya divulgación estuviese vedada por otras leyes o por compromisos contraídos por la República Argentina en convenciones internacionales.
o) Cuando se tratare de información expresamente clasificada como reservada o secreta por una ley del Congreso de la Nación.
Artículo 17. - Información parcialmente reservada. En el caso de que exista un documento con información reservada, los sujetos obligados deben permitir el acceso a la parte del documento no alcanzado por las excepciones detalladas en el artículo anterior.
Asimismo, se debe indicar expresamente la omisión de la información, por estar contemplada en una de las excepciones, así como la extensión y ubicación de la información omitida, salvo que ese dato atente contra el interés protegido por la excepción.
CAPÍTULO II
Recursos
Artículo 18. - Recurso administrativo. El solicitante de la información puede, dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la resolución que hubiere denegado la solicitud o que la hubiere evacuado de modo deficiente, presentar un recurso administrativo ante la autoridad de aplicación competente, de conformidad con lo establecido en el artículo 21º de la presente ley.
El recurso interpuesto fuera del plazo indicado en el párrafo anterior se considerará como denuncia de ilegitimidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1º, inciso e), apartado 6), de la ley 19.549.
Vencido el plazo fijado en el artículo 6º de esta ley y, en su caso, la prórroga dispuesta, sin que el sujeto obligado resuelva la solicitud de información, el solicitante podrá interponer el recurso previsto en este artículo en cualquier momento, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción.
Cuando la información solicitada se refiera a personas físicas o jurídicas privadas y la reserva o secreto haya sido establecido en exclusivo interés de aquéllas, la autoridad de aplicación interviniente podrá mediar entre el requirente, la persona a quien la información se refiere y el sujeto obligado, a fin de lograr la publicidad de la información, sin necesidad de agotar el procedimiento recursivo. El solicitante y la persona a quien la información se refiere pueden negarse a participar de la mediación o poner fi n a ella en cualquier momento. La mediación no suspenderá el plazo para resolver previsto en el párrafo siguiente.
La autoridad de aplicación, previa sustanciación del recurso que garantice el debido proceso de todos los sujetos involucrados y dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles administrativos contados a partir de la recepción, puede decidir:
a) Rechazar el recurso;
b) Requerir al sujeto obligado que tome las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones que le impone esta ley.
La autoridad de aplicación debe notificar su decisión al solicitante, al sujeto obligado y a cualquier interesado, en forma fehaciente.
La decisión dictada puede ser impugnada judicialmente por la vía prevista en el artículo siguiente por el solicitante, por la persona a quien la información se refiera y por el sujeto obligado cuando se trate de alguno de los incluidos en los incisos g), h) y j) del artículo 4º. En la notificación de la resolución dirigida a las personas enumeradas precedentemente deberá indicarse la posibilidad de accionar judicialmente, con transcripción del artículo siguiente.
Artículo 19. - Recurso judicial. Toda persona cuyo derecho de acceso a la información pública se vea lesionado, restringido, alterado o amenazado, por incumplimientos de la presente ley, puede interponer la apelación judicial de acceso a la información ante los Tribunales competentes según lo establecido por esta Ley.
La apelación judicial de acceso a la información tramitará de acuerdo con el procedimiento previsto para el juicio sumarísimo, en todo lo que no sea modificado por esta ley.
No será ni necesario ni obligatorio agotar la instancia de apelación administrativa establecida por la presente Ley.
La acción de acceso a la información debe ser interpuesta dentro de un plazo no mayor a sesenta (60) días hábiles contados, según corresponda, a partir de:
a) La notificación de la resolución que haya denegado la solicitud o del vencimiento de los plazos establecidos para la contestación de la solicitud, o a partir de la verificación de cualquier otro incumplimiento de lo establecido por esta Ley;
b) La notificación de la resolución que rechace la apelación administrativa prevista en el Artículo Anterior o del vencimiento del plazo establecido para el dictado de la resolución de la apelación administrativa, de acuerdo con lo establecido por la presente Ley.
La resolución es recurrible ante la Cámara Contencioso Administrativa Federal, en el plazo de diez (10) días hábiles.
Artículo 20. - Carga de la prueba. La carga de la prueba de la existencia de una excepción aplicable al caso deberá recaer en la autoridad pública. En particular, la autoridad deberá establecer:
a) Que la excepción es legítima y estrictamente necesaria en una sociedad democrática;
b) Que la divulgación de la información podría causar un daño sustancial a un interés protegido por esta Ley; y
c) Que la probabilidad y el grado de dicho daño es superior al interés público en la divulgación de la información.
CAPÍTULO III
Autoridades de aplicación (Oficinas de Información Pública)
Artículo 21. - Oficinas de información. Se crean como Autoridad de Aplicación de la presente Ley, las siguientes Oficinas de Información Pública, a saber:
1) Una oficina de información del Poder Ejecutivo, como órgano desconcentrado dependiente del Poder Ejecutivo nacional;
2) Una oficina de información del Congreso de la Nación, dependiente de los presidentes de ambas Cámaras, en lo relativo a los miembros designados respectivamente por cada una de éstas;
3) Una oficina de información del Poder Judicial, como órgano desconcentrado dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
4) Una oficina de información del Ministerio Público Fiscal, como órgano desconcentrado dependiente de la Procuración General de la Nación;
5) Una oficina de información del Ministerio Público de la Defensa, como órgano desconcentrado dependiente de la Defensoría General de la Nación; y
6) Una oficina de información de la Defensoría del Pueblo de la Nación, como órgano desconcentrado dependiente del Defensor del Pueblo de la Nación.
Las cinco primeras actuarán en el marco de la órbita de competencia de cada poder del Estado respectivamente, y la sexta lo hará cuando el sujeto obligado sea alguna de las personas u organizaciones privadas alcanzadas por esta Ley y la propia de la Defensoría del Pueblo.
En ningún caso será admisible la avocación de las competencias atribuidas a las respectivas Oficinas de Información Públicas por las autoridades de las cuales dependen.
Artículo 22. - Integración. Las Oficinas de Información Pública se integrarán de la siguiente manera:
1) La del Poder Ejecutivo por 3 (tres) representantes; designados por el Poder Ejecutivo nacional;
2) La del Poder Legislativo, por 6 (seis) representantes del Congreso de la Nación; (Tres) designados por cada Cámara en proporción a la representación política;
3) La del Poder Judicial por 3 (tres) representantes; designados por el Consejo de la Magistratura;
4) Las del Ministerio Público Fiscal, por tres (3) miembros designados por la Procuración General de la Nación;
5) La del Ministerio Público de la Defensa, por tres (3) miembros designados por la Defensoría General de la Nación;
6) La del Defensor del Pueblo de la Nación, por tres (3) miembros designados por el Defensor del Pueblo de la Nación.
La integración de cada oficina deberá asegurar la representación por género y deberá recaer sobre personas con acreditada idoneidad y competencia en la materia.
Cada miembro durará cuatro años en sus funciones, pudiendo ser nuevamente designados por una sola vez, resultando incompatible el ejercicio de la función con el desempeño de cualquier otra actividad pública o privada, salvo el desempeño de cargos docentes que no importen dedicación exclusiva.
Las oficinas de información pública deberán designar un Presidente cada año. La presidencia de la Oficina de Información Pública del Congreso de la Nación será alterativa y corresponderá un año a uno de los miembros designados por cada Cámara.
Cada oficina dictará su reglamento interno y sus normas de funcionamiento.
Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se atenderán de las partidas presupuestarias asignadas por la Ley de Presupuesto o leyes especiales.
Artículo 23. - Votación. Las oficinas de información colegiadas requieren para sesionar la mayoría de sus integrantes, y tomarán sus decisiones por mayoría de votos. El presidente tiene voto doble en caso de empate.
Artículo 24. - Funciones. Son funciones de cada oficina de información, entre otras:
1) Aplicar, garantizar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley;
2) Vigilar la disponibilidad en tiempo y forma de la información de acceso público;
3) Confeccionar informes anuales sobre la ejecución de esta Ley;
4) Recibir denuncias de particulares respecto de incumplimientos de esta Ley.
5) Resolver fundadamente los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados;
6) Administrar la puesta en marcha de cada portal de Internet de los organismos de los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 4° de la presente Ley;
7) Realizar actividades de capacitación de funcionarios públicos en materias de transparencia y acceso a la información;
8) Realizar actividades de difusión e información al público, para promover la transparencia de la función pública, la publicidad de la información de los órganos estatales, y el derecho de acceso a la información, por cualquier medio de comunicación;
9) Efectuar estadísticas y reportes sobre el cumplimiento de esta Ley;
10) Velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la Ley tengan carácter secreto o reservado.
TÍTULO IV
Disposiciones finales
Artículo 25. - Fuentes documentales. El Estado debe abstenerse de contratar la explotación exclusiva de sus fuentes documentales.
Artículo 26. -Reglamentación. Cada autoridad de aplicación reglamentará la presente Ley dentro de los sesenta (60) días de constituida, para su ejecución en el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las atribuciones reglamentarias del Poder Ejecutivo nacional de conformidad con lo previsto por el artículo 99º inciso 2) de la Constitución Nacional.
Artículo 27. - Exhibición. Las oficinas de atención al público correspondientes a los sujetos obligados en el artículo 4º, incisos a), b), c), d), e) y f) deberán exhibir en lugares visibles para el público las obligaciones derivadas de esta Ley, de acuerdo a lo que disponga oportunamente la autoridad de aplicación competente.
Artículo 28. - Adhesión. Invitase a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a dictar normas similares a la presente en sus respectivos ámbitos de competencia.
Artículo 29. - De forma.

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


El derecho al libre acceso a la información pública ha suscitado la presentación de numerosos proyectos en ambas Cámaras del Congreso de la Nación, con el objeto de garantizarlo y regularlo adecuadamente. Incluso han existido proyectos que han avanzado con sanción en sendas Cámaras pero que ya han perdido estado parlamentario, tal como el Proyecto 1579-D-2014, que contaba con mi firma y la de los Diputados –mandato cumplido- Juan Mario Pais, Carlos E. Gdansky, Mario A. Metaza, Cristina I. Ziebart y Jorge A. Cejas, y que en esta ocasión se reproduce casi en su totalidad.
En ese orden de ideas, sigue siendo motivo de permanente reclamo de la sociedad civil, de diversas organizaciones no gubernamentales y de periodistas y operadores de los medios de comunicación social, el de avanzar con una legislación que reglamente adecuadamente este derecho, lo cual sin dudas constituye una legítima demanda de la sociedad a fin de profundizar y enraizar prácticas transparentes en la administración pública, mejorando con ello el control social.
En ese sentido, ha cobrado especial relevancia el caso “Giustiniani, Rubén Héctor e/ Y.P.F. S.A. s/ amparo por mora”, resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 10/11/2015. En rigor, el máximo tribunal reiteró en esta oportunidad consideraciones expuestas en otros fallos.
A su vez, antes que los pronunciamientos de la Corte Suprema, no es menor y poco trascendente el paso dado por el Poder Ejecutivo nacional a través del Decreto 1172/2003, por el que se aprobó un reglamento de acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, así como también en tal norma se reglamentó las audiencias públicas, la publicidad de la gestión de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, para la elaboración participativa de normas, sin perjuicio de lo cual dicho avance debe consolidarse con un instrumento de jerarquía superior que tenga operatividad en todos los Poderes y organismos del estado nacional, para lo cual indubitadamente debe tener la jerarquía de una Ley.
La teleología de la presente iniciativa parlamentaria hace referencia a la doble dimensión del derecho a reglamentar. Pues por un lado está el acceso a la información pública como derecho de los ciudadanos y por otro, como necesaria contrapartida la exigencia de una administración transparente.
A su vez también hemos tenido en cuenta los diversos instrumentos legales vigentes en el derecho público provincial en donde existían normas que receptaban en plenitud el derecho a la información pública, inclusive con anterioridad a la reforma de la Constitución Nacional de 1994, tales como las leyes vigentes en las provincias de Río Negro, Jujuy y Chubut.
Es pertinente señalar que en un Estado social democrático, en la materia hay dos tendencias contradictorias que necesariamente deben armonizarse, por un lado la protección de la intimidad y privacidad del ciudadano, y por el otro el más amplio acceso a la información administrada por el Estado, que en muchos casos contiene información sensible de ciudadanos. (Palazzi, Pablo, "El derecho de acceso a la información pública en la ley 104 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en El Derecho Legislación Argentina, Boletín 4, 26/2/1999.)
El suministro de información a los habitantes significa que la acción de gobierno se hace frente a ellos, reconociéndolos como sujetos activos de la vida pública y no como simple cumplidores de las disposiciones gubernamentales, pues "El acceso a la información, a la vez de conformarse como un aspecto importante de la libertad de expresión, se conforma como un derecho que fomenta la autonomía de las personas, y que les permite la realización de un plan de vida que se ajuste a su libre decisión".
La información pública que se encuentra administrada por el Estado resulta valiosa para el ciudadano, quien -en un sistema republicano y representativo de gobierno- tiene derecho político, consagrado constitucionalmente de acceder a aquella, ya que le permitirá participar en los asuntos públicos, juzgar correctamente la actuación de sus representantes y, eventualmente, hacerlos responsables de los errores y aciertos de los mismos.
Corresponde destacar que el derecho de acceso a la información pública encuentra su fundamento en las propias bases del sistema representativo y republicano de gobierno, ya que no hay sociedad civil libre, ni civilizada, que no se asiente en el primero de los presupuestos que la viabilizan, el conocimiento de lo que el Estado hace y deja de hacer, para así poder controlarlo y cambiarlo conforme a procedimientos legítimos y legales que permitan una articulación razonable entre el Estado y esa sociedad que, a partir de sus actos u omisiones, alentará o desalentará la expansión o retracción tanto del poder de su Estado como de sí misma. (Informe del relator especial para la Libertad de Expresión 2002, cap. IV, "Libertad de expresión y pobreza", "El acceso a la información pública como ejercicio de la libertad de expresión de los pobres", ptos. 16 y 17. Fuente: página web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.) El uso secreto e injustificado del poder del Estado repugna al Estado de derecho y al adecuado funcionamiento de una sociedad democrática.
"El acceso a la información pública es un derecho fundado en el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y transparencia de la Administración. La publicidad constituye un presupuesto fáctico indispensable para controlar el ejercicio del poder, habida cuenta de que no se puede controlar aquello que se desconoce. Los funcionarios públicos se encuentran obligados a preservar la información personal cuya divulgación pudiera afectar la intimidad y derechos de las personas, como a satisfacer las demandas de información pública, siendo pasibles de responsabilidad disciplinaria frente al incumplimiento de esa obligación." (Informe del relator especial para la Libertad de Expresión 2002, cap. IV, "Libertad de expresión y pobreza", "El acceso a la información pública como ejercicio de la libertad de expresión de los pobres", ptos. 16 y 17. Fuente: página web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos)
"El acceso a la información se ha establecido claramente como un derecho humano en los diversos instrumentos internacionales pertinentes y en la jurisprudencia del sistema interamericano. En primer lugar, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19 establece que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones. Asimismo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo IV recoge el derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio, como un derecho inherente a todo ser humano. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13 protege, asimismo, el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Finalmente, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2001 hace eco de esta facultad de acceder a información pública y resalta nuevamente que el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos." (RECOMENDACIONES SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA OEA, (AG/RES. 2288 (XXXVII-O/07): Puntos resolutivos 8 a. y 13 a.))
"El derecho de acceso a la información [...], ha sido reconocido por la jurisprudencia de la Corte Suprema como derecho de naturaleza social, que garantiza a toda persona -física o jurídica, pública o privada- el conocimiento y la participación en todo cuanto se relaciona con los procesos políticos, gubernamentales y administrativos y se evidencia en tanto enderezado a la obtención de información sobre los actos públicos como inherente al sistema republicano y a la publicidad de los actos de gobierno". (C. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala III, "Centro de Implementación de Políticas Públicas E. y C. y otro c. Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Nación", La Ley, 2005-D, 848. En este mismo sentido, C. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala IV, "Asociación del Personal Legislativo -APL- c. Estado nacional - Honorable Senado ley 23.551 s/ diligencia preliminar", 3/6/2004)
Asimismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Claude Reyes y otros v. Chile" interpretó que el artículo 13º de la Convención consagra el derecho humano de acceso a la información. En este sentido, la Corte estableció las siguientes directrices: 1) Que el artículo 13º de la Convención, al estipular expresamente los derechos de "buscar y a recibir informaciones," protege el derecho de toda persona a acceder a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención; 2) Que el actuar del Estado se debe regir por los principios de publicidad y transparencia y el principio de máxima divulgación - este último que establece una presunción de que toda información es accesible, excepto cuando esté sujeta a un sistema restringido de excepciones; 3) Que el silencio no puede ser una respuesta ante una solicitud de información; 4) Que dicho derecho tiene como contrapartida obligaciones positivas por parte del Estado; 5) Que el Estado debe suprimir tanto de las normas como de las prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violaciones a las garantías previstas en la Convención, así como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías; 6) Que el Estado debe garantizar la efectividad de un procedimiento administrativo adecuado para la tramitación y resolución de las solicitudes de información, que fije plazos para resolver y entregar la información, y que se encuentre bajo la responsabilidad de funcionarios debidamente capacitados; 7) Que el Estado debe garantizar el derecho a ser oído y otorgar un recurso rápido y sencillo para hacer efectivo este derecho y 8) Que el Estado debe capacitar a los órganos, autoridades y agentes públicos en materia de acceso a información.
El debate acerca de los alcances sobre el acceso a la información pública está a la orden del día en toda Latinoamérica, ya que se entiende que en una sociedad democrática, la regla general consiste en permitir el acceso ciudadano a todos los documentos públicos. De allí que constituya un deber constitucional de las autoridades públicas entregarle, a quien lo solicite, informaciones claras, completas, oportunas, ciertas y actualizadas sobre cualquier actividad del Estado. (En similar sentido La Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-491/07. 27 de junio de 2007. Considerando 11)º.
Conforme lo expuesto, y teniendo presente que para lograr una efectiva democracia participativa, sin dudas resulta un imperativo dotar al ciudadano de instrumentos adecuados para lograr la "transparencia administrativa" facilitando el acceso a la información administrada por el Estado, como una efectiva manifestación del ejercicio pleno de la libertad de expresión, que conforme lo establece el artículo 13º del Pacto de San José de Costa Rica (ratificado por ley 23.054 y norma de rango constitucional) es "...la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones de toda índole...".
En este marco, y conforme los antecedentes supra señalados, entiendo que una ley que garantice el libre acceso a la información administrada por el Estado, debe ampliar los horizontes, abarcando inclusive aquella información que en manos de los particulares tenga la calificación legal de pública en razón de la materia, pues de lo contrario, a través de una tercerización en los particulares, se podría vedar el acceso de información pública.
Legitimación Pasiva:
La legitimación pasiva es la obligación del estado y de determinados sujetos privados de entregar la información requerida, la cual debe ser amplia abarcando todo tipo de órganos y autoridades públicas como así también a entes que colaboren en el quehacer público.
Es por esto último que se debe tener en cuenta que para la verdadera existencia de un derecho de acceso a la información amplio también las empresas privadas, los organismos internacionales, las organizaciones intergubernamentales y no-gubernamentales que presten servicios públicos o colaboren con ellos, utilicen o no fondos públicos o manejen información de interés público deben responder a las solicitudes de información y hacer de los principios de publicidad y transparencia materia corriente en su actuar. (RECOMENDACIONES SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA OEA, (AG/RES. 2288 (XXXVII-O/07): Puntos resolutivos 8 a. y 13 a. http://www.oas.org/dil/esp/CP-CAJP-2599-08_esp.pdf).
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que: “Ello es así, ya que en Fallos: 335:2393 esta Corte ha sostenido que aun cuando la persona a la que se requiere información no revista carácter público o estatal, se encuentra obligada a brindarla si son públicos los intereses que desarrolla y gestiona (conf. considerandos 6° y 13)…Que, en consecuencia, y tal como el propio ordenamiento lo reconoce, la empresa desempeña importantes y trascendentes actividades, en las que se encuentra comprometido el interés público, por lo que no puede, en el marco de los principios de una sociedad democrática y de acuerdo a la jurisprudencia reseñada, negar información de indudable interés público, que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión” (conf. “Giustiniani, Rubén Héctor e/ Y.P.F. S.A. s/ amparo por mora”, Corte Suprema de Justicia de la Nación el 10/11/2015, considerandos 14º y 17º)
Herramientas procesales:
Como contrapartida natural al reconocimiento del acceso a la información como derecho, se encuentra la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento y ejercicio del mismo. A su vez, la OEA (en sus vastas recomendaciones), ha establecido que el Estado debe garantizar el derecho de las personas a ser oídas con las debidas garantías y a un recurso judicial sencillo y rápido para hacer efectivo este derecho. Si no existe un recurso judicial con estas características, el Estado debe crearlo para aquellos casos en que se haya rechazado la solicitud de acceso.
Es así que al solicitante al cual los organismos del Estado de alguna manera u otra le han demorado, denegado o infringido su solicitud de información, tiene el derecho de un proceso de apelación frente a una autoridad independiente que tenga el poder de adoptar decisiones obligatorias y coercibles.
Excepciones permitidas:
La normativa proyectada sin dudas determina que el secreto sea una excepción expresamente legislada por ley. La necesidad de ser restrictivos para imponer excepciones fue descripta ya por el sociólogo alemán Max Weber, quien daba cuenta a principios del Siglo XX cómo el fenómeno burocrático tiende a aumentar el espacio de los "secretos oficiales". Afirmando que: "aumentar la superioridad de los profesionalmente informados manteniendo en secreto sus conocimientos e intenciones. La administración burocrática siempre tiende a ser una administración de "sesiones secretas": en la medida de lo posible, oculta a toda crítica sus conocimientos y sus acciones". (Weber, Max: Burocracia en "Ensayos de sociología contemporánea". Ediciones Martínez Roca. Barcelona, 1972. Páginas 285-286).
Asimismo a partir del caso Claude Reyes, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se puede afirmar categóricamente que las causales que justifiquen la negación de una solicitud de información, deben ser, mínimas e indispensables y deben cumplir con los siguientes requisitos: a) estar establecidas por la ley; b) estar claramente definidas, ser taxativas, y reducirse al mínimo posible; c) tener un fin legítimo, entendiendo por tal la protección de los derechos o reputación de terceros, la seguridad nacional y el orden o moral pública; y d) ser necesarias y proporcionales para una sociedad democrática.
"Además de ser un derecho humano, el acceso a la información es un derecho democrático necesario para la gobernabilidad efectiva del Estado. Esta visión del acceso a la información como un derecho político dentro del sistema democrático proviene de la Carta Democrática Interamericana (aprobada el 11 de septiembre de 2001, en Lima, Perú), la cual tiene presente la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos." (RECOMENDACIONES SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA OEA, (AG/RES. 2288 (XXXVII-O/07): Puntos resolutivos 8 a. y 13 a.)
El derecho de acceso a la información aparece como un requisito esencial en la formación de la opinión pública, pues permite que las personas formen y expresen sus opiniones libremente; de tal manera que, en la confrontación de esas opiniones con las de los demás, se configure un espacio pluralista para el ejercicio responsable de la participación democrática.
A su vez la OEA reconoce que el acceso a la información es un requisito sine quo non para mantener un sistema de eficiencia en el manejo de los recursos públicos como así también para la lucha contra la corrupción.
En definitiva el derecho al acceso a la información configura un derecho instrumental, en tanto es una precondición al ejercicio de otros derechos, entre ellos el de libertad de expresión, el de la participación en la vida pública, etc.
Información administrada por el Estado Nacional:
Los conceptos de "democracia" y "república" se han transformado a lo largo del tiempo, es recién a partir de la segunda mitad del siglo XX, con motivo de la necesidad de "desburocratizar" el accionar del Estado para hacerlo más transparente y cercano a la sociedad civil, en donde surgen las primeras leyes de acceso a la información pública. Así en 1966 EEUU dictó su primera ley de libertad de información, Finlandia, Dinamarca y Noruega dictaron leyes similares al poco tiempo. Desde ese entonces diversos países fueron incorporando el derecho al acceso a la información, ya sea por vía constitucional (Ej. Grecia, España y Portugal), o por vía legal (Ej: Canadá, Francia, Italia, Perú, México, Australia, Nueva Zelanda, etc.). (Lavalle, Cobo, Dolores: "Derecho de acceso a la información Pública", Editorial Astrea. 2009)
Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de 1980/81, ha definido a la libertad de información es "la facultad jurídica que asiste a toda persona, individual o colectivamente considerada, para expresar, transmitir y difundir su pensamiento; paralela y correlativamente", resultando evidente que dicha potestad sólo se puede concretar garantizando el acceso a las fuentes de información con más la consecuente libertad de recibir y difundir dicha información [Corte Interamericana- Opinión Consultiva 5/85 13/11/1985, el artículo 13º del Pacto de San José de Costa Rica señala que quienes están bajo la protección de la Convención "tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole"].
En función de lo expuesto, la presente iniciativa legislativa prevé plasmar el derecho humano - de clara incidencia colectiva - a la información en términos generales y amplios, garantizando el libre acceso a la información pública y estableciendo el procedimiento al que deben ajustarse los obligados a brindarla, incorporando en la norma qué debe entenderse por información pública estatal, ello en la inteligencia que tal concepto es más abarcativo que aquella que surge específicamente de los actos de gobierno propiamente dichos, sino que debe reputarse por tal a la totalidad de la información administrada por el Estado y sus organismos.
El principio general proyectado es el del acceso libre a la información administrada por el Estado, con las mínimas excepciones universalmente reconocidas en función de la protección de intereses legítimos del Estado y los particulares, tales como el acceso a los datos personales que revelen origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual de las personas físicas (Conf. Artículo 2º ley 25.326), y aquella que tenga el carácter de reservada o secreta dispuesta por ley, decreto o resolución ministerial, o parlamentaria o acordada de la Corte, con fundamento en razones de defensa, seguridad nacional, política exterior, política económico-financiera sensible, política tributaria o científico-técnica, deba considerarse reservada o secreta a los fines de preservar los intereses del Estado y la sociedad toda.
En el año 1998 en el fallo "Urteaga, Facundo Raúl c. Estado nacional - Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. - s/ amparo ley 16.986" (15/10/1998), la Corte Suprema de Justicia de la Nación ahondó sobre el derecho al libre acceso a la información. En aquella oportunidad el Juez Petracchi manifestó en el considerando 11, que: "El "derecho al libre acceso a la información", recibido expresamente en nuestro ordenamiento constitucional en el Artículo 13, inc. 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también aparece claramente vinculado al hábeas data en el derecho comparado latinoamericano. Así, sigue esta línea la constitución Política de Colombia (1991), en cuanto establece, con mayor amplitud aún que el pacto citado, que "Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley" (Artículo 74; acerca de la aplicación jurisprudencial de esta norma, confr. la sentencia publicada en ED, 166-40, referida a la autorización judicial a un periodista para acceder a los registros migratorios de entrada y salida del país del ex presidente peruano Alan García, asilado en Colombia). Del mismo modo, la Constitución de 1993 del Perú reconoce en su Artículo 2 inc. 5º, el derecho de toda persona a "solicitar sin expresión de causa la información que requiera, con la excepción de aquellas que afecten la intimidad o las que se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional", derecho que, con su notable amplitud, está garantizado con el recurso de hábeas data (Artículo 200 inc. 3º). También la Constitución Brasilera de 1988 asegura el derecho de información general (Artículo 5º, XIV), por un lado, y el instrumento del hábeas data, por el otro, para asegurar el conocimiento de informaciones relativas a la persona impetrante y para rectificar los datos (Artículo 5º, LXXII).
En la legislación federal norteamericana, la interrelación de la "Freedom of information Act" (FOIA, 5 USC Sec. 552) y la "Privacy Act" (5 USC Sec. 552a) constituye un claro exponente de la complementación entre el deber del Estado de poner a disposición del ciudadano la información que obre en su poder, y las restricciones a que se lo somete en cuanto a sus posibilidades en el manejo de los datos con que cuenta acerca de los individuos. De este modo, la FOIA establece la libertad de las fuentes estatales de información. De acuerdo con ella, por regla general, el Estado está obligado a suministrar la información que se le requiera, sin que el solicitante deba invocar interés particular alguno, y la negativa de la agencia estatal a proporcionarla deberá estar fundada en alguna de las excepciones previstas. La "Privacy Act", por su parte, tiene por función otorgar a los individuos mayor control sobre la obtención, diseminación y exactitud de la información sobre ellos registrada en los archivos del gobierno (confr. "Miller v. United States" (ED NY) 630 F Supp 347; "Vymetalic v. FBI" 251 US App DC 402, 785 F2d 1090). Como se señala en la declaración de fines de la ley, el objeto de su sanción fue "conceder al individuo ciertas salvaguardas contra la invasión de su privacidad personal por parte de las agencias requirentes".
Es así que en este marco se individualiza suficientemente los sujetos públicos obligados y se establecen los principios generales en la materia, estableciendo el procedimiento de acceso, la autoridad de aplicación y las sanciones para aquellos operadores estatales que obstruyan o vulneren este derecho humano.
Un párrafo aparte merece el rol que se le asigna en el presente proyecto al Defensor del Pueblo de la Nación, a fin que el mismo se constituya en autoridad de aplicación en cuanto al acceso a la información pública en poder de sujetos no estatales, como los que se encuentran expresamente individualizados en el presente proyecto, como son aquellas personas físicas o jurídicas que sean personas públicas no estatales, las asociaciones empresariales, sindicales y entidades u otras organizaciones o personas privadas a las que se les otorgaren subsidios o aportes del Estado nacional, en lo atinente a la utilización o actividades desarrolladas con dichos aportes o subsidios, las empresas privadas a las que se les haya otorgado, mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma jurídica, la prestación de un servicio público o la explotación de un bien del dominio público, en lo atinente a la utilización o actividades desarrolladas con respecto a dicho servicio público o explotación del bien de dominio público y también los entes cooperadores creados por ley, así como también las empresas, asociaciones civiles sin fines de lucro, fundaciones o cooperativas que colaboren con las funciones esenciales del Estado y que se encuentren vinculadas con el Estado a través de convenios o cualquier otra forma asociativa, entre otros sujetos de derecho no estatal, y en la necesidad de establecer una autoridad de aplicación con competencia para regular, controlar y hasta sancionar los eventuales incumplimientos de la norma proyectada, hemos entendido que el Defensor del Pueblo de la nación como órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación con competencia constitucional y legal en la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados por la Constitución Nacional y las leyes está investido de suficiente facultades para constituirse en autoridad de aplicación.
Señor Presidente, en el entendimiento que la sociedad y nuestra Constitución reclaman no sólo el libre acceso a la información de naturaleza pública administrada por el Estado, sino también ampliar los horizontes de la participación y el control social en materias que hacen a la calidad del ambiente y al consumo de bienes y servicios, es que solicito a mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa.
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
TOMAS, HECTOR DANIEL SAN JUAN FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ
GIOJA, JOSE LUIS SAN JUAN FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ
CASTRO, SANDRA DANIELA SAN JUAN FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
ASUNTOS CONSTITUCIONALES (Primera Competencia)
JUSTICIA
PETICIONES, PODERES Y REGLAMENTO
PRESUPUESTO Y HACIENDA
Trámite en comisión(Cámara de Diputados)
Fecha Movimiento Resultado
12/04/2016 INICIACIÓN DE ESTUDIO Aprobado sin modificaciones con dictamen de mayoría y dictamen de minoría
14/04/2016 INICIACIÓN DE ESTUDIO Aprobado sin modificaciones con dictamen de mayoría y dictamen de minoría
21/04/2016 CONTINUACIÓN DE ESTUDIO Aprobado sin modificaciones con dictamen de mayoría y dictamen de minoría
Dictamen
22/04/2016
Cámara Dictamen Texto Fecha
Diputados Orden del Dia 0023/2016 ESTE EXPEDIENTE HA SIDO TENIDO A LA VISTA EN EL O/D 23/16 22/04/2016