La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del Ministerio de Energía y Minería, brinde ante esta Honorable Cámara de Diputados, información precisa y detallada sobre siguientes puntos:

1. Motivo fundado por el cual se despidió a personal del Ministerio de Energía y Minería, Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, Subsecretaría de Refinación y Comercialización, Dirección Nacional de GLP (Guillermo Asato, Laura Zimbler y Eduardo Bañon, empleados con entre 13 y 15 años de desempeño en la cartera energética)

2. Acto administrativo que fundamente los despidos.

3. Nombre, cargo y/o puesto laboral de todas aquellas personas que hubieran intervenido o intervienen en cualquier investigación interna que eventualmente este en desarrollo relacionada a dichos trabajadores, incluido el iniciador del trámite.

4. Números de expedientes de los Concursos por los cuales las personas que llevan adelante las investigaciones internas han obtenido el cargo que habilita el desarrollo de las mismas y actos administrativos que los designan.

5. Enunciación de las medidas de seguridad sobre la documentación en papel e informática que garanticen la no manipulación y/o la intangibilidad de cualquier instrumento de prueba, incluso de lo emitido o elaborado por la actual gestión de gobierno.

6. Antecedentes laborales de los últimos 10 años de las personas despedidas, y antecedentes de los lugares adonde se han desempeñado laboralmente también en los últimos 10 años el Secretario de Recursos Hidrocarburíferos, Ing. Sureda; del Subsecretario de Refinación y Comercialización, Sr. Pablo Popik, de los Señores Edgardo Muzzicato y Luis Barile; a cargo de la Dirección de Gas Licuado en distintos momentos de tiempo desde diciembre a la fecha.

7. Actos administrativos, informes, notas y pases por los cuales cualquier autoridad del Ministerio de Energía y Minería, hubiera dispuesto durante todo el año 2016, los aportes que los productores de gas realizan al mercado interno de gas licuado de petróleo (butano) con destino a abastecer el mercado de garrafas, abarcando tanto los volúmenes originalmente previsto como disminuciones y/o incrementos con el preciso detalle de la compañía productora de gas que afecta. Se solicita se remita toda la documentación que abarca el tema, como ser pases, informes internos de la Dirección de Gas Licuado de Petróleo y/o cualquier otra área que hubiera intervenido.

8. Nombre, apellido y cargo de las autoridades que hubieran suscripto los documentos mencionados en el punto anterior.

9. Actos administrativos, notas, informes y pases por los que se hubiera dispuesto, durante el transcurso del corriente año, cualquier modificación a las bocas de despacho de los productores de gas y bocas de carga de los fraccionadores de glp (butano). Se solicita se remitan todos los documentos y expedientes relacionado a ello, aun tratándose de una decisión rectificada.

10. Nombre, apellido y cargo de las autoridades que hubieran suscripto los documentos mencionados en el punto anterior.

Señor presidente:

Motiva este Proyecto de Resolución la necesidad de contar con información exacta, precisa y fehaciente sobre los despidos ocurridos en el Ministerio de Energía y Minería y sobre una eventual situación de conflictos de intereses respecto a las autoridades de esa cartera energética y las decisiones que se están adoptando.

Los trabajadores despedidos son personas de larga trayectoria en la cartera energética que conforme ellos lo manifiestan sus historiales laborales no cuentan con problemas, sanciones, cesantías, disponibilidades o cuestiones de naturaleza similar a la que se les atribuye actualmente desde el Ministerio de Energía y Minería. Entre ellos Guillermo Asato, Laura Zimbler y Eduardo Bañon, empleados con entre 13 y 15 años de desempeño en la cartera energética.

Conforme las noticias periodísticas (medios escritos y televisivos), los motivos que hubieran originado los despidos se encuentran en clara oposición. Por un lado (http://www.diariobae.com/article/details/110473/escandalo-y-despidos-en-energia-por-presuntas-coimas-en-el-mercado-de-garrafas) se informa acerca de un proceso de investigación interna.

Esta situación, claramente y en ningún caso habilitaría a proceder en forma directa a los despidos de trabajadores; máxime teniendo en consideración que los funcionarios políticos involucrados estarían varios de ellos actualmente cuestionados por eventuales incompatibilidades de la Ley de Ética Pública teniendo en cuenta que su previo a asumir como funcionarios del Estado Nacional se desempeñaban en el sector productor de gas y petróleo con funciones estrechamente vinculadas a las actualmente desarrolladas en el sector público, e incluso algunos denunciados en la justicia. A pesar de ello, todos estos funcionarios siguen desempeñando sus funciones públicas, razón por la que cuesta entender porque la ley aplicada por el Ministerio de Energía y Minería no es justa y pareja para jefes y subalternos.

El único motivo que tienen los despedidos para ser sacados de sus lugares de trabajo es una nota sin firma, enviada por José Luis Sureda (Secretario de Recursos Hidrocarburíferos) a él mismo, es decir a José Luis Sureda (Secretario de Recursos Hidrocarburíferos); en donde se menciona como motivo “diversas eventuales irregularidades” mencionando a su vez a la Dirección de Sumarios e indicando que se proceda a verificar la documentación a cargo de los involucrados y en caso de corresponder se proceda a la apertura de sumario administrativo disciplinario. Dicha nota tiene fecha del día 31 de octubre, es decir unos pocos días atrás.

Esta irregular situación empeora cuando el mismo diario pocas horas después del primer artículo (http://www.diariobae.com/article/details/111229/corrientes-migratorias-embajadores-pintados-y-la-interna-petrolera-al-rojo-vivo-) detalla que la carga que se pretende colocar sobre estos empleados deviene al no poder justificar el actual gobierno una serie de actos administrativos de este año que dispensaron a productoras de gas (como PAE y Refinor) de la obligación legal de venderles gas a los “garraferos” a un precio inferior al que obtienen por inyectarlo en la red.

A la par de ello la Asociación de Trabajadores del Estado ha emitido un comunicado (http://www.atedesdeabajo.org/2016/11/despidos-en-el-ministerio-de-energia.html) en donde junto a otros sobre el mismo tema (http://izquierda-revolucionaria.org/articulo/1429/trabajadores-despedidos-costa-de-las-internas-empresariales/) se menciona que los despidos se deben a un recorte en las instituciones del Estado, a un desmantelamiento de las Dirección de Gas Licuado, tanto como a beneficios que se habrían pretendido pasar a las grandes productores de gas.

Frente a tal irregular situación respecto a trabajadores del Estado Nacional del Ministerio de Energía y Minería que ya se encontraban laborando bajo una absoluta condición de precariedad, es necesario que las autoridades del Gobierno Nacional que han llegado proponiendo un cambio, no repliquen actos y comportamientos que han causado un elevado daño institucional a los organismos del Estado Nacional.

Vemos con intensa preocupación que situaciones tratadas en distintas Audiencias Públicas por distintos miembros de esta Cámara a lo largo del tiempo, y en muchas de ellas junto y con la presencia de integrantes de la ONG Juntos por el Trabajo en Libertad, relacionadas con la persecución política de empleados del Estado Nacional con motivos de ideología política, negativa a cumplir instrucciones ilegales, denuncias sobre hechos de corrupción, coartamiento de la libertad de expresión, abuso de autoridad, acoso, hostigamientos y violencia sobre el empleado público ocurridas en distintos momentos de tiempo, puedan estar repitiéndose en el actual gobierno debido a cambios de paradigmas pretendiendo que los empleados públicos se adapten a las ideas de los nuevos funcionarios ignorando las normas que regulan cada sector.

Las consecuencias dañosas que pueden ocasionarse a un empleado de carrera del Estado Nacional al atribuirle determinadas conductas no probadas son inmensamente dañosas, no sólo desde el punto de vista laboral, sino y sobre todo personal (psico-emocional). Conductas de estas características llevadas por funcionarios políticos de cualquier gobierno, sin importar la ideología del mismo, se convierten en antidemocráticas y violatorias de nuestras normas básicas como son los derechos a los derechos a los trabajadores, el derecho de debida defensa de cualquier ciudadano, la obligación de llevar adelante procesos transparentes, la obligación de no abusar de las condiciones y facultades que otorga la condición de funcionario público y merecen por ende el tratamiento de los integrantes de ésta Cámara.

Además de todo lo anteriormente mencionado que indicaría que nos encontramos ante un hecho de eventual gravedad institucional, observamos que podemos encontrarnos frente a un claro conflicto de intereses de los funcionarios públicos actuales, teniendo en cuenta que ellos, previo a ocupar la función pública, pertenecieron a empresas del sector energético de estrecha vinculación con el tema que motiva el presente pedido de informes.

Es sabido que una decisión estatal, dado los precios actuales del gas natural inyectado a la vena de gas natural, que habilite la salida de cualquier productor de gas licuado de petróleo (butano) para que dicho producto sea inyectado al sistema de transporte de gas natural, acarrea beneficios económicos para la empresa de que se trate vinculados a la diferencia de precios entre productos; situación que cobra notable relevancia de darse en medio del presente conflicto.