La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del art. 100 inciso 11° de la C.N. para que por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informe a esta Cámara de Diputados de la Nación acerca de los siguientes puntos vinculados al acuerdo firmado con distintos empresarios el 9 de mayo de 2016 titulado “Compromiso por el empleo”:

1. Se dé a conocer el listado, preciso y detallado, de las empresas que adhirieron al acuerdo.

2. Se informen las altas, bajas y suspensiones realizadas en los planteles de empleados correspondientes a las empresas firmantes del acuerdo durante los 90 días de vigencia del mismo, con el fin de corroborar que estas cumplieron con el compromiso adoptado de no reducirlos al menos en ese período.

3. Se detalle que ocurrió luego del vencimiento del plazo fijado y qué medidas se llevaron a cabo contra los empresarios incumplidores del mismo.

4. Se detallen los planes de inversión que las empresas firmantes del acuerdo se comprometieron a llevar adelante, como así también, la incidencia de estos en la generación de puestos de trabajo.

5.- Se precise, sector por sector, la agenda de desarrollo y de mejora en la calidad del empleo en la que empresarios, sindicatos y gobierno nacional se comprometieron a trabajar en conjunto, seguido de los resultados de la misma.

Señor presidente:

El presente pedido de informes encuentra su razón de ser en las incontables fuentes que dan cuenta de la alarmante situación que viven en estos momentos los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.

Vale recordar que ante la inminente ola de despidos que desde diciembre de 2015 azotaba, y continúa azotando al movimiento obrero, provocó la movilización del día 29 de abril del corriente año con el fin de solicitar, entre otros puntos, una ley de emergencia ocupacional que frenara los despidos masivos que venían sucintándose tanto en el sector público como en el privado.

En respuesta a esto, el 19 de mayo, el Congreso de la Nación, con acuerdo de gran parte del arco político, convirtió en ley un proyecto que tenía como fin suspender los despidos por el término de 180 días y establecía una doble indemnización para el caso en que estos se concretaran, registrándose esta bajo el N° 27.251.

Una semana después, el decreto 701/2016 oficializaba el veto total de dicha ley, argumentando que esta congelaría los empleos al mismo tiempo que incrementaría la pobreza. Incluyó también entre los considerandos que “los empresarios, desde su rol de generadores de empleo y producción, se comprometieron a no reducir los planteles de empleados durante al menos los próximos NOVENTA (90) días; a generar planes de inversión para promover más puestos de trabajo y a trabajar junto al Gobierno Nacional y a los sindicatos en una agenda de desarrollo y de mejora de calidad del empleo en el país, sector por sector”, haciendo clara alusión al acuerdo al que apunta este pedido de informes.

En el marco de la celebración de este acuerdo, firmado el 9 de mayo entre el gobierno nacional y representantes, CEOs y altos directivos de centenares de empresas de primera línea, estos últimos manifestaron que no sólo no tenían previsto reducción de personal ni suspensiones masivas, sino que por el contrario, la mayoría de ellos preveían incrementar sus planteles durante el presente año. Al mismo tiempo, calificaban a la ley de emergencia ocupacional que se debatía por ese entonces en el Congreso como un ‘cepo laboral’ que desalentaría las inversiones y la generación de nuevas fuentes de trabajo.

No sólo las constantes denuncias de despidos masivos realizadas por sindicatos representativos de distintas actividades, sino también la tasa de desempleo publicada recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos justifican sobradamente este pedido de informes. La mencionada medición de este organismo oficial arroja una desocupación del 9,3%, cuando la última medición, correspondiente al mes de noviembre de 2015, se ubicaba en un 5,9%.

Es llamativo el hecho que, a pesar del compromiso que centenares de empresas adoptaron frente al gobierno nacional de, no sólo no reducir su plantel, sino de incrementarlo, las estadísticas oficiales arrojen estos resultados. Es claro que el cumplimiento del laxo “Compromiso por el empleo” –reemplazo oficial para la vetada ley antidespidos–, no exhibe los resultados prometidos.

Es de suma importancia, Señor Presidente, que se brinde la información solicitada para poder así determinar si las empresas que asumieron este renombrado compromiso con el gobierno cumplieron con su palabra, al mismo tiempo que nos ayudará a todos a descifrar los motivos por los cuales, a pesar del esfuerzo y empeño de esas empresas por no despedir trabajadores y crear puestos de trabajo, la desocupación en nuestro país sigue creciendo, afectando sustancialmente a nuestro pueblo.

El aumento preocupante de la desocupación, la falta de medidas a favor del empleo y las políticas observadas hasta ahora por el Gobierno, que lleva nueve meses en el poder, tienden más a consolidar los males existentes que a modificar la dirección existente. Máxime si el gobierno se pasó los últimos meses negando los despidos. Hasta el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay llegó a afirmar que eran una “sensación térmica”.

La extorsión para firmar paritarias a la baja es la amenaza de despidos, ante ello el gobierno les hablo “con el corazón”, pero conociendo a la clase a la que pertenecen volverán a responderle con sus bolsillos, y si sus ganancias se ven amenazadas no dudarán en seguir despidiendo y atacando el salario como vienen haciendo muchas de las empresas que se comprometieron cínicamente a no despedir.

Por todo lo expuesto, invito a mis pares, Señores Diputados de la Nación, a que me acompañen en el presente proyecto de resolución, con su tratamiento y aprobación.