PROYECTO DE TP


Expediente 5961-D-2016
Sumario: EXPRESAR REPUDIO POR LA DECISION DE ESTABLECER INSTALACIONES DESIGNADAS A RETENER A LAS PERSONAS INFRACTORAS DE LA LEY 25871, DE MIGRACIONES, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS
Fecha: 06/09/2016
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 121
Proyecto
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:


Declarar su repudio y su seria preocupación, por la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de establecer instalaciones que estarán destinadas a retener a las personas infractoras de la Ley de Migraciones Nº 25.871, en tanto contraviene los principios de la Constitución Nacional, la normativa Internacional, el principio de progresividad de los Derechos Humanos, y hiere profundamente la noción común de integración regional plasmada en el Mercosur.
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que informe sobre la vigencia de ésta medida, las condiciones y el tiempo en que las personas estarían retenidas y cualquier plan previsto respecto de la misma.

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


Que el 19 de agosto de 2016, el Director Nacional de Migraciones argentino, la Ministra de Seguridad Nacional, y el Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires rubricaron un acuerdo por el cual la Ciudad entrega en comodato un inmueble que estará destinado “de manera exclusiva al alojamiento de las personas infractoras de la Ley 25.871 y su normativa complementaria”. La Dirección de Migraciones emitió un comunicado donde señaló que allí “se retendrán a las personas que hayan cometido infracciones a la Ley de Migraciones vinculadas con el ingreso ilegal al territorio o dictámenes judiciales, previo a su expulsión del territorio”.
El convenio, con vigencia a partir del 1 de septiembre, tendrá una duración de 4 años. Por su parte, será la Policía Federal la que “se ocupará del traslado y custodia de los extranjeros retenidos”.
Que esta medida del Poder Ejecutivo Nacional constituye un claro retroceso en materia de tratamiento de la inmigración, no sólo hacia el interior del país, sino en el marco de la integración regional, y más aún de todo el cono sur, donde no existen establecimientos de detención de inmigrantes.
En efecto, la Ley argentina que reformó en el año 2004 la ley de la dictadura militar, es considerada un modelo a nivel internacional, ya que abandonó los criterios de “combate” a la inmigración. La normativa sólo habilita la detención de los migrantes para situaciones muy puntuales y como última instancia, en caso de una orden judicial firme de expulsión del país y luego de que el Estado le otorgara al extranjero la posibilidad de regularizar su situación.
Pero esta medida habilita la detención del inmigrante irregular, lo que representa una forma de castigo o con fines disuasorios, en lugar de abordar las causas que originan la migración irregular.
En todo caso, y este es el espíritu de la Ley de migraciones, la migración irregular no hay que combatirla, sino que hay que resolverla. Por otra parte, la creación de centros de detención refleja una falsa vinculación entre migración y delito que ninguna estadística avala.
Existen numerosos inmigrantes que por pertenecer al MERCOSUR, por ejemplo, tienen derecho a residir en la Argentina, pero por falta de información no han logrado regularizar su situación, y aquí es donde debe intervenir el Estado a favor de las personas.
Es por eso que la delegación diplomática de Bolivia en argentina expresó su malestar por esta medida.
Que esta medida retrógrada contraviene el principio de progresividad de los derechos humanos, que indica que allí donde se ha reconocido un derecho, como el de ser asistido en la regularización de la documentación, no es admisible un retroceso en el ejercicio de ese derecho, como es por el contrario disponer la detención de aquellos inmigrantes con documentación incompleta o irregular.
La medida del Poder Ejecutivo Nacional significa pasar de la ayuda a los migrantes con sus papeles, lo cual mejora sus condiciones de acceder a un trabajo formal, de consumo, de vivienda, a mirarlos como infractores y sospechosos, Donald Trump, feliz.
Pero además, y desde la mirada del MERCOSUR, la medida del Gobierno hiere profundamente la idea de integración que es fundante de nuestro bloque regional y del PARLASUR, órgano parlamentario que representa como ninguno las nociones de diversidad, democracia representativa e integración.
Es que estigmatizar y alimentar la xenofobia son actitudes no sólo prohibidas por los más elementales principios de derechos humanos, sino que también hacen intrincado cualquier proceso de integración.
Con éstas medidas, se desconocen los principios plasmados en el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional, sobre los derechos y garantías que son “para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
FERREYRA, ARACELI CORRIENTES PERONISMO PARA LA VICTORIA
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
SEGURIDAD INTERIOR (Primera Competencia)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO