La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su apoyo, solidaridad y reconocimiento histórico por la Memoria, la Verdad y la Justicia ante el desarrollo del juicio oral y público con el nombre de MEGA CAUSA LA PERLA – CAMPO LA RIBERA. Este juicio alcanza su momento histórico el 25 de agosto de 2016, sentenciando a los responsables de los crímenes de Lesa Humanidad en la provincia de Córdoba en el período 1975-1979.

Señor presidente:

En el marco de una política de Estado que con una visión amplia de derechos humanos contemplan Memoria, Verdad y Justicia, los poderes democráticos y republicanos de la Argentina documentaron y llevaron adelante con tiempos diversos, las cuestiones relacionadas con los procesos judiciales y acciones de reparación consecuentes. Entre ellos, el juicio sobre la llamada “Mega Causa La Perla” comenzó el 4 de diciembre de 2012 en los Tribunales Federales de Córdoba, para juzgar a los responsables intelectuales y materiales de delitos de Lesa Humanidad relacionados a ella.

El juicio de la “Mega Causa La Perla” está sustentado por 22 expedientes que involucran delitos de Lesa Humanidad acontecidos entre 1975 y 1979 en la Provincia de Córdoba. Resultaron víctimas del llamado “plan sistemático de extermino a la oposición política” 375 personas que fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas. Entre estas víctimas se encontraban estudiantes, empresarios, trabajadores, profesionales, en su mayoría entre los 17 y 27 años, con participación en organizaciones políticas, sociales, culturales, sindicales y laborales.

Los delitos investigados se realizaron en centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, como “La Perla”, “Malagueño-La Perla Chica” y “Campo La Ribera”; D2, dependencia de la Policía de la Provincia de Córdoba y en distintas comisarías del interior provincial. Estos delitos refirieron a la Privación Ilegítima de la Libertad, torturas, robos de bebés, violaciones, abusos sexuales, homicidios calificados, imposición de tormentos, allanamientos ilegítimos, usurpación y robo de propiedad privada, secuestros y tormentos. En total, fueron imputados 44 personas que cumplían funciones militares, policiales y civiles, que accionaban arbitrariamente vulnerando las garantías constitucionales de todo Estado de Derecho.

La dramática experiencia de este período de la historia argentina donde se vulneró la soberanía popular y se actuó fuera de todo Estado de Derecho, debe ser repudiada y recordada desde todos los ámbitos sociales, en su trágica dimensión para que NUNCA MÁS se repitan hechos de quebrantamiento de la democracia y puedan garantizarse para todos los tiempos el respeto de las libertades, derechos y garantías constitucionales establecidos por la soberanía popular.

Por los motivos expuestos precedentemente, solicito a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto de Declaración.